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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07702-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07702-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por Aristarco Romero Meriño respecto del defecto fáctico, por lo expuesto. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo de Aristarco Romero Meriño en relación con el desconocimiento del precedente, por los motivos dados. TERCERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado y la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 27. QUINTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-07702-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 26 de febrero de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07702-00
Demandante: Aristarco Romero Meriño
Demandado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto fáctico - Relevancia
constitucional | Desconocimiento del precedente – Doble militancia – Nulidad electoral -
Niega

Síntesis del caso: El accionante cuestionó la providencia de segunda instancia que revocó
el fallo de primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad de su elección como alcalde.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Aristarco Romero
Meriño contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 3 de diciembre de 2025, Aristarco Romero Meriño presentó,
mediante apoderado judicial, una acción de tutela con solicitud de medida
provisional2 en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, a elegir
y ser elegido, a participar en el ejercicio del poder político, a acceder al
desempeño de funciones y cargos públicos y al debido proceso, con

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 La parte demandante solicitó como medida previa al fallo, suspender los efectos de la Sentencia de 20 de febrero

de 2025 y, de manera subsidiaria, pidió ordenar a la gobernación de Atlántico y a la Registraduría Nacional del
Estado Civil que no convoquen ni realicen una nueva elección de alcalde municipal de Ponedera hasta que se
resuelve de fondo la acción de tutela. No obstante, mediante Auto de 5 de diciembre de 2025, el despacho
ponente negó la medida provisional, porque “no se puede dar por cierta la vulneración de derechos
fundamentales ni los defectos en los que, según Aristarco Romero Meriño, incurrió la autoridad judicial
demandada, toda vez que, ello conllevaría, en sí mismo, a emitir un pronunciamiento propio del fondo del asunto
sin contar con elementos de juicio suficientes, la intervención del demandado y terceros con interés ni la revisión
del proceso ordinario”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07702-00
Demandante: Aristarco Romero Meriño
Demandado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente – Niega
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ocasión de la Sentencia de 20 de febrero de 20253, proferida en el proceso
de nulidad electoral No. 08001-23-33-000-2023-00448-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte accionante solicitó (se
trascribe):

“1.1. Amparar los siguientes derechos fundamentales de Aristarco Romero
Meriño, consagrados por los artículos 13 y 40 de la Constitución: derecho a ser
elegido, derecho a elegir, derecho a participar en el ejercicio del poder
político, derecho a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos,
derecho a la igualdad y al debido proceso.

1.2. Como medida definitiva, dejar sin efecto la sentencia de segunda
instancia, de 20 de febrero de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, expediente: 08001-23-33-000-2023-00448-01, por medio de la cual
revocó la sentencia de 18 de septiembre de 2024 del Tribunal Administrativo del
Atlántico que había negado las pretensiones de la demanda y, en su lugar,
declaró la nulidad la elección de mi poderdante como alcalde del municipio
de Ponedera, para el período 2024-2027 y canceló su credencial como tal.

1.3. Una vez suspendidos los efectos en los términos del numeral anterior,
ordenar a la Sección Quinta del Consejo de Estado que, dentro de los 30 días
siguientes, profiera una nueva sentencia de segunda instancia, en el referido
proceso de nulidad electoral, que acate las consideraciones del fallo de tutela
que ampare los derechos fundamentales y mantenga la vigencia de la
elección de Aristarco Romero Meriño como alcalde de municipio de Ponedera
por el período 2024-2027”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:

4. 1) El 6 de diciembre de 2023, Israel Antonio Oliveros Guette presentó
el medio de control de nulidad electoral contra el acto de elección de
Aristarco Romero Meriño como alcalde de Ponedera (Atlántico), periodo
2024-2027, por doble militancia en la modalidad de apoyo, según los
artículos 107 constitucional, 2 de la Ley 1475 de 2011 y numeral 8 del artículo
275 del CPACA. Aunque el alcalde fue elegido con el aval del partido
Alianza Verde, respaldó candidatos del Nuevo Liberalismo al concejo
municipal de Ponedera, entre ellos a Jesús David Vizcaíno Ruiz, y a Isabella
Pulgar como candidata del Partido Liberal a la asamblea departamental de
Atlántico, pese a que su colectividad tenía lista propia para esas
corporaciones.

5. 2) El Tribunal Administrativo de Atlántico mediante la providencia de
18 de septiembre de 2024 negó las pretensiones de la demanda. Concluyó
que no se acreditaron actos concretos e inequívocos de apoyo indebido y
que la conducta prohibida se configuraba por ofrecer respaldo, no por

3 La Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado el 26 de noviembre de 2025 elaboró la constancia de

ejecutoria de la sentencia. Señaló que la solicitud de aclaración y adición de la sentencia se resolvió de manera
negativa el 30 de octubre de 2025, por lo que fue notificada y quedó ejecutoriada el 6 de noviembre de 2025.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07702-00
Demandante: Aristarco Romero Meriño
Demandado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente – Niega
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recibir acompañamiento. Señaló además que el Nuevo Liberalismo no
inscribió candidato propio a la alcaldía y autorizó a sus militantes a apoyar
al demandado.

6. El Tribunal analizó de manera individual las fotografías y los videos
aportados y descartó su valor demostrativo. Señaló que, aunque en uno de
los videos Aristarco Romero Meriño invitó a los asistentes a votar por Jesús
David Vizcaíno y le alzó el brazo, lo que permitía identificarlo como
candidato al concejo municipal de Ponedera por el partido Nuevo
Liberalismo, no se acreditó que la reunión hubiera sido organizada por el
demandado ni que el público hubiera sido convocado por él. Añadió que
no se probó que los asistentes fueran militantes o simpatizantes del partido
Alianza Verde y que, si el evento fue promovido por el propio candidato al
concejo, resultaba natural que el entonces aspirante a la alcaldía solicitara
apoyo a los presentes.

7. 3) Israel Antonio Oliveros Guette apeló la decisión porque no se
practicaron los testimonios de Isabella Pulgar, Liceth González, Eduardo
Serge, Eliécer Arrieta, Margarita Júbiz y Jesús David Vizcaíno, pese a haber
sido decretados. Indicó que esas declaraciones resultaban esenciales para
establecer el lugar, la fecha, los organizadores y los asistentes a las reuniones
políticas. Sostuvo que la providencia era contradictoria, pues concluyó que
no existió doble militancia y, al mismo tiempo, aceptó que el demandado
promovió el voto a favor de Jesús David Vizcaíno como candidato del
Nuevo Liberalismo al concejo municipal de Ponedera.

8. Argumentó que, con base en la jurisprudencia del Consejo de Estado,
una sola manifestación de apoyo bastaba para configurar la conducta
prohibida y que en el expediente obraban múltiples expresiones de respaldo
a candidatos del Nuevo Liberalismo y a Isabella Pulgar como aspirante
liberal a la asamblea departamental. Añadió que el demandado reconoció
su asistencia a reuniones de esos candidatos, lo que evidenciaba apoyo.
Reprochó que se hubiera convalidado una supuesta adhesión del Nuevo
Liberalismo posterior a la inscripción del demandado y a los actos
cuestionados, sin que se acreditaran los requisitos de una coalición válida.
Afirmó que las fotos y videos permitían verificar las circunstancias de tiempo,
modo y lugar, y que la decisión desconoció el precedente sobre doble
militancia.

9. 4) La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la Sentencia
de 20 de febrero 2025 revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar,
declaró la nulidad de la elección de Aristarco Romero Meriño como alcalde
y ordenó la cancelación de las credenciales. Concluyó que no se demostró
apoyo del demandado a las candidaturas de Liceth González, Margarita

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07702-00
Demandante: Aristarco Romero Meriño
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente – Niega
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Júbiz, Eliécer Arrieta ni Eduardo Serge del partido Nuevo Liberalismo, pues
solo se acreditó su presencia en algunos eventos sin que existieran actos
concretos e inequívocos de respaldo. Respecto de Jesús David Vizcaíno, las
fotografías no evidenciaron apoyo claro. Aunque el enlace de Facebook
que contenía el video ya no estaba disponible al momento de la decisión,
la primera instancia sí lo reprodujo y lo puso en conocimiento del
demandado en audiencia de pruebas.

10. Al revisar el video incorporado en la audiencia, correspondiente a una
publicación de 13 de octubre de 2023 en el perfil de Facebook “Jorge
TVPonedera”, el Consejo de Estado estableció que el demandado levantó
la mano del candidato, exaltó sus cualidades, afirmó darle su voto de
confianza e invitó al público a votar por el Nuevo Liberalismo número 24.
Asimismo, destacó que el demandado reconoció esas manifestaciones en
el interrogatorio de parte, por lo que la Sala sostuvo que una sola expresión
clara e inequívoca de respaldo configuraba la doble militancia, sin
relevancia sobre quién organizó el evento o la afinidad política de los
asistentes. Señaló, además, que la autorización del Nuevo Liberalismo para
apoyar al demandado no lo habilitaba para respaldar a sus candidatos,
dado que su partido tenía lista propia al concejo. Con base en ello, declaró
acreditada la nulidad por doble militancia en modalidad de apoyo.

11. 5) El 25 de febrero de 2025, el demandado solicitó la aclaración de la
providencia al señalar que el enlace del video que sustentó la nulidad no
estaba disponible al momento del fallo y, pese a ello, se le otorgó pleno valor
probatorio con base en la descripción del juez de primera instancia y en
datos no corroborados, lo que generaba duda sobre la valoración
probatoria. Indicó que la divergencia entre ambas instancias creaba
incertidumbre sobre los criterios para configurar la doble militancia en la
modalidad de apoyo, en especial respecto del contexto político, incluida la
autorización del Nuevo Liberalismo para respaldar su candidatura. Añadió
que, ante la ausencia de los formularios E-6 y E-8 en el expediente, debía
precisarse cuáles fueron los medios idóneos para acreditar la inscripción de
los candidatos respecto de quienes se predicó el apoyo.

4 Providencia enjuiciada “Allí se observa al demandado levantando la mano de un ciudadano y se le escucha

realizar las siguientes expresiones ante el público asistente: [U]n pelao que [inaudible] lo va a representar
dignamente en el concejo, en el concejo de Ponedera como coadministrador se necesita una persona crítica,
constitutiva como tú, por eso, mi voto de confianza significa [inaudible] Nuevo Liberalismo número (el público
responde “dos”) Nuevo Liberalismo número (el público responde nuevamente “dos”). Un aplauso para Jesús
Vizcaíno. De lo anterior, para la sala es claro que sí hubo una expresión específica y contundente de respaldo por
parte del señor Romero Meriño hacia la candidatura del señor Jesús David Vizcaíno. Concretamente, el
demandado exaltó las virtudes del candidato, afirmó que le daba su voto de confianza y, al final, incitó a los
asistentes a gritar el partido Nuevo Liberalismo y el número en la tarjeta electoral, lo que denota su intención de
pedir el apoyo de la comunidad a la candidatura de ese ciudadano. De hecho, el propio demandado aceptó
haber realizado tales manifestaciones al rendir su declaración de parte en la audiencia de pruebas antes referida”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07702-00
Demandante: Aristarco Romero Meriño
Demandado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente – Niega
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12. 6) El 30 de octubre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado
negó la solicitud de aclaración y advirtió a las partes sobre eventuales
sanciones por conductas dilatorias conforme con el artículo 295 del CPACA
y el artículo 147 del CGP. Consideró que los argumentos buscaban reabrir el
debate probatorio y cuestionaban la legalidad, los requisitos y el alcance
del análisis de las pruebas realizado por el juez natural. Concluyó que la
petición pretendía controvertir la valoración probatoria y el fundamento de
la decisión, lo que implicaba un cuestionamiento de fondo improcedente a
través de la aclaración.

13. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, el accionante
señaló que la Sentencia de 20 de febrero de 2025, dictada por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, al considerar que incurrió en defecto fáctico
al declarar la doble militancia sin pruebas suficientes. Afirmó que no se
acreditó la calidad de candidato de Jesús Vizcaíno al concejo de Ponedera
por el Partido Nuevo Liberalismo, pues no obran los formularios electorales
exigidos como prueba solemne de inscripción, aceptación y resultados.
Señaló que tampoco se probó la inscripción de lista por parte de la Alianza
Verde y que la jurisprudencia5 de la Sección Quinta exige prueba
específica6 para acreditar candidaturas, sin otorgar valor suficiente a
expresiones públicas o material audiovisual para ese fin7. Agregó que la
decisión se apoyó en un mensaje de datos y en un video no incorporados
en los términos de la Ley 527 de 19998, sin acreditación de su origen,
integridad, accesibilidad ni identificación del iniciador, con
desconocimiento del principio de inmediación.

14. Señaló que la Sección Quinta adoptó un criterio contrario a sus
precedentes al considerar irrelevante quién organizó el evento o la afinidad
política de los asistentes, con énfasis exclusivo en la existencia de una
manifestación inequívoca de apoyo. Indicó que en casos similares no se
declaró la nulidad cuando el demandado asistió por invitación de otros
partidos9 o cuando el apoyo ocurrió en una reunión privada organizada
para respaldar su propia candidatura, con restricciones a la difusión

5 “jConsejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de febrero de 2017, expediente: 11001-03-28-000-2014-00112-

00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez”. También, ver “Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 20 de
octubre de 2022, expediente: 11001-03-28-0000-2022-00168-00, M.P. Rocío Araújo Oñate”.
6 “Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 25 de julio de 2024, expediente: 68001-23-33-000-2023-00807-

01, M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez”.
7 “Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 12 de septiembre de 2024, expediente: 66001-23-33-000-2024-

00003-01, acumulado con 66001-23-33-000-2024-00005-00, M.P. Gloria María Gómez Montoya”. También ver,
“Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 6 febrero de 2025, expediente: 11001-03-28-000-2023-00144-00
(ppal), M.P. Luis Alberto Álvarez Parra”.
8 “Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de noviembre de 2024, expediente:20001-23-33-000-2023-

00301-02, M.P. Gloria María Gómez Montoya”. También ver, “Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17
de octubre de 2024, expediente: 27001-23-33-000-2023-00139-01, M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez” y “Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia de 28 de noviembre de 2024, expediente: 66001-23-33-000-2023-00322-01, M.P.
Omar Joaquín Barreto Suárez”.
Asimismo, se refiero a la Sentencia C-604 de 2016 de la Corte Constitucional.
9 “Expediente: 05001-23-33-000-2024-00004-01”

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pública10,. Sostuvo que en el presente asunto no existían diferencias
sustanciales que justificaran un tratamiento distinto.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados11

15. La Sección Quinta del Consejo de Estado12 pidió declarar
improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, al
considerar que el accionante pretende controvertir una valoración
probatoria adversa y obtener una nueva decisión, con cuestionamientos
limitados a la interpretación legal y probatoria del juez electoral.

16. De manera subsidiaria, sostuvo que no incurrió en defecto fáctico,
pues la supuesta falta de prueba sobre la inscripción del candidato del
Nuevo Liberalismo no fue objeto de apelación y el estudio se limitó al
presupuesto objetivo de la conducta, esto es, a la existencia de actos
positivos y concretos de apoyo. Indicó que la valoración del video se realizó
de forma integral junto con la declaración del demandado en audiencia,
oportunidad en la que podía controvertir su incorporación o tacharlo de
falso conforme con el artículo 269 del CGP. En consecuencia, afirmó que no
se cumplía el requisito de subsidiariedad, ya que la tutela no podía reabrir
debates probatorios que debieron plantearse en el proceso ordinario.

17. La Registraduría Nacional del Estado Civil13, el Consejo Nacional
Electoral14, la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado15 y la
Procuraduría General de la Nación16 alegaron falta de legitimación pasiva
en la causa, al señalar que sus competencias no guardaban relación con
los hechos objeto del proceso. La Registraduría indicó, además, que no se
acreditó ninguno de los defectos invocados y que se buscaba convertir la
acción de tutela en una tercera instancia para controvertir la decisión.

18. El Tribunal Administrativo de Atlántico, Israel Antonio Oliveros Guette,
el Partido Alianza Verde, el Partido Nuevo Liberalismo, el departamento de
Atlántico y el municipio de Ponedera, pese a que fueron debidamente
notificados17, guardaron silencio.

10“Expediente 11001-03-28-000-2024-00046-00”.
11 Mediante Auto de 5 de diciembre de 2025, el despacho ponente (1) admitió la acción de tutela, (2) tuvo como

demandado a la Sección Quinta del Consejo de Estado, y, (3) vinculó a la Sección B del Tribunal Administrativo de
Atlántico, Israel Antonio Oliveros Guette, la Registradora Nacional del Estado Civil, el Partido Alianza Verde y el
Partido Nuevo Liberalismo, como terceros con interés en el asunto.
12 Índice 9 de Samai.
13 Índice 11 de Samai.
14 Índice 25 de Samai.
15 Índice 24 de Samai.
16 Índice 23 de Samai.
17 Índices 7, 20, 21 y 22 de Samai.

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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de derechos y defectos. 2.2. Solicitudes de desvinculación.
2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial. 2.5. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales. 2.6. Conclusiones.

2.1. Identificación de derechos y defectos

19. Pese a que la parte accionante señaló en su solicitud de amparo
como violados distintos derechos fundamentales, esta Sala centrará su
análisis en la vulneración del derecho al debido proceso, pues ante una
presunta vulneración de garantías constitucionales en el marco de una
actuación judicial, cobra relevancia estudiar si este derecho fue lesionado
durante el desarrollo del trámite judicial ordinario. Aunado a ello, la
vulneración de los derechos constitucionales invocados surge como
consecuencia de la misma afrenta al debido proceso. En consecuencia, en
el evento de encontrar lesionado este derecho, existirá razón suficiente para
conceder el amparo.

20. Aunque la tutela alude principalmente al defecto fáctico por falta de
acreditación de todos los elementos de la causal de nulidad de doble
militancia, por la valoración de un video distinto al aportado con la
demanda y por la indisponibilidad de acceso al vídeo en segunda instancia,
la Sala advierte que también se plantea el desconocimiento del
precedente. El accionante sostuvo que, en casos similares, la Sección Quinta
ha considerado relevante establecer quién organizó el evento y si los
asistentes eran afines al partido del demandado. Por lo tanto, la Sala
estudiaría el defecto fáctico y el desconocimiento del precedente, de
cumplirse con los requisitos generales y específicos frente a dichos defectos.

2.2. Solicitudes de desvinculación

21. En relación con las solicitudes de desvinculación presentadas por
Registraduría Nacional del Estado Civil, Consejo Nacional Electoral, la
Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado y la Procuraduría
General de la Nación, la Sala las resolverá de manera desfavorable, ya que,
aunque no se alega vulneración de derechos fundamentales respecto de
dichas entidades, las decisiones que eventualmente se adopten podrían
afectarlas porque fueron vinculadas al proceso de nulidad electoral y por
las competencias a su cargo.

2.3. Fijación de la controversia

22. Corresponde a Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedencia de la acción de tutela, si la Sección Quinta del Consejo de

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Estado, como juez de segunda instancia, al revocar el fallo de primera
instancia y declarar la nulidad de la elección del alcalde de Ponedera
(Atlántico), desconoció los hechos probados y la jurisprudencia aplicable
sobre doble militancia en la modalidad de apoyo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

23. En este caso, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela respecto del defecto fáctico alegado, porque no se cumplieron con
los requisitos generales de subsidiariedad ni de relevancia constitucional.

24. La Sala evidenció que, particularmente, el reparo de que se valoró un
video distinto al aportado con la demanda no cumple con el requisito de
subsidiariedad18, en la medida en que: 1) existía un mecanismo de defensa
judicial idóneo que no fue agotado por la parte actora, y 2) no se acreditó
la existencia de un perjuicio irremediable.

25. Sobre la existencia de un mecanismo de defensa judicial idóneo, la
Sala advierte que el reparo del accionante, consistente en que el Consejo
de Estado sustentó su decisión en un video reproducido en primera instancia
a partir de un enlace de Facebook distinto al incorporado al proceso, podía
formularse en la audiencia de pruebas mediante la tacha de falsedad
prevista en el artículo 269 del CGP (se trascribe):

“Artículo 269. Procedencia de la tacha de falsedad. La parte a quien se
atribuya un documento, afirmándose que está suscrito o manuscrito por ella,
podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a
esta, y en los demás casos, en el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo
como prueba.

Esta norma también se aplicará a las reproducciones mecánicas de la voz o
de la imagen de la parte contra quien se aduzca.

No se admitirá tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca
de influencia en la decisión.

Los herederos de la persona a quien se atribuye un documento deberán
tacharlo de falso en las mismas oportunidades”.

26. En consecuencia, el accionante estaba facultado para tachar de
falsedad el vídeo reproducido durante la audiencia de pruebas de la
primera instancia; sin embargo, no hizo ningún reproche, por lo que ambas
instancias valoraron las pruebas que fueron debidamente recaudadas.

18 El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86 constitucional, señaló que la tutela resulta

improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

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27. La acción de tutela no puede servir como un mecanismo procesal
que supla la deficiencia probatoria y argumentativa, ya que el reparo
alegado podía examinarse a través de los mecanismos ordinarios de
defensa, sin necesidad de la intervención del juez constitucional.

28. El cuestionamiento sobre el video surgió en la audiencia de primera
instancia, que era el escenario adecuado para controvertir su autenticidad
y alcance probatorio. No es admisible acudir al juez constitucional para
plantear un asunto que debió debatirse dentro del proceso ordinario, salvo
que los medios disponibles no fueran idóneos o existiera un perjuicio
irremediable, circunstancias que no se acreditaron en este caso.

29. Por otra parte, la Sala encuentra que tampoco se cumplió con el
requisito de relevancia constitucional, porque el accionante pretende
controvertir la valoración probatoria del juez natural porque no coincide con
su interpretación sobre el caso, al reprochar la indisponibilidad de acceso al
vídeo en segunda instancia, conforme con la Ley 527 de 1999. El actor
instrumentaliza el amparo constitucional para extender el debate
probatorio, con el objetivo de que el proceso nulidad electoral sea resuelto
en favor de sus intereses.

30. Desde la contestación de la demanda solicitó que el video se valorara
conforme con la Ley 527 de 199919, entre ellos, el atributo de accesibilidad y
reiteró ese argumento en la acción de tutela. No objetó la valoración del
juez de primera instancia cuando le resultó favorable y solo cuestiona el
análisis de la segunda instancia porque le fue adverso. La Sala advierte que
la Sección Quinta se pronunció de manera expresa y amplia sobre la Ley
527 de 1999, en particular sobre la accesibilidad y el alcance de las
pruebas20. Asimismo, se recuerda que la tutela no puede convertirse en una
tercera instancia para reabrir ese debate.

31. Además, el video no fue el único fundamento de la decisión
enjuiciada, porque la Sección Quinta valoró de manera conjunta el
contenido reproducido en audiencia y el interrogatorio de parte, en el cual
el demandado reconoció de manera expresa haber brindado apoyo a
candidatos de otra colectividad. El juez de segunda instancia explicó

19 Contestación de la demanda. “C. FRENTE A LAS PRUEBAS Con relación a las pruebas presentadas por el
Demandante y que denomina como “Pantallazo de la Web” y “VIDEOS”, solicito se de aplicación al artículo 11 de
la Ley 527 de 1999 por cuanto en su valoración deberá considerar la forma en como se ha generado, archivado
o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la
información”
20 Providencia enjuiciada “Por lo anterior, se tiene que los requisitos de equivalencia funcional –que se deben

verificar para los documentos electrónicos y físicos–, contenidos en los artículos 6°, 7°, 8° y 9° de la Ley 527 de 1999
–como se vio– solo serán exigibles cuando los extremos procesales arrimen a las causas en las que participan
verdaderos mensajes de datos –compréndase correos electrónicos, vínculos de internet, fotografías publicadas en
redes sociales con su respectivo link–; pero no sus reproducciones físicas, pues en dichos eventos el régimen
aplicable será el general de los documentos que, en principio, se presumen auténticos, a las voces del artículo 244
del Código General del Proceso (…)”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07702-00
Demandante: Aristarco Romero Meriño
Demandado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente – Niega
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explícitamente que, aunque el enlace ya no estaba disponible, podía
valorar el video reproducido en audiencia y contrastarlo con los demás
elementos probatorios, en especial la declaración del demandado.

32. En consecuencia, el accionante expresa su inconformidad con lo
decidido por el juez y con la valoración probatoria realizada, al considerar
que, ante la indisponibilidad de acceso al video en segunda instancia,
debía efectuarse una apreciación distinta de ese elemento de prueba. Lo
anterior evidencia una simple discrepancia de criterios en torno a la forma
valorar y resolver el caso, circunstancia que no satisface el requisito de
relevancia constitucional.

33. Por otra parte, el accionante planteó que la autoridad judicial incurrió
en un defecto fáctico al no haber verificado y acreditado todos los
elementos de la causal de doble militancia en modalidad apoyo, porque, a
su juicio, de haberlo hecho, no hubiera podido declarar la nulidad electoral.

34. Respecto del alegado defecto fáctico por falta de verificación de
todos los elementos de la doble militancia, la Sala observa que la Sección
Quinta limitó su análisis al objeto de la apelación. La providencia enjuiciada
señaló que la primera instancia dio por probados los demás elementos de la
causal y que no existió reparo frente a ellos, por lo cual el estudio se
circunscribió al presupuesto objetivo relativo a la ejecución de actos
positivos y concretos de apoyo21.

35. En consecuencia, el juez de segunda instancia no volvió sobre cada
uno de los presupuestos de la causal de nulidad electoral, sino que se
pronunció exclusivamente sobre lo apelado, por lo que no le era exigible
abordar asuntos que no fueron objeto de apelación. Esto significa que el
accionante fundamenta el defecto fáctico en una supuesta valoración
defectuosa del material probatorio, al considerar que no se volvieron a
estudiar los demás elementos de la causal nulidad.

36. Habida cuenta de lo anterior, es evidente que la acción de tutela se
plantea como una tercera instancia para obtener una nueva calificación
sobre el alcance que el juez natural dio al caso y para que se realice una
revaloración minuciosa de cada uno de los elementos para que se confirme
la decisión de primera instancia y no se anule su elección. No obstante, la
Sala concluye que el juez no adoptó una decisión arbitraria ni injustificada,
pues la sustentó en el alcance del recurso de apelación. En casos análogos

21 Providencia enjuiciada ““En primer lugar, es necesario aclarar que el a quo dio por probados la mayoría de los

elementos configurativos de la doble militancia (frente a lo cual no se elevó algún reparo), a excepción del
presupuesto objetivo de la conducta, relativo a la ejecución de actos positivos y concretos de favorecimiento
político a candidatos de otras colectividades, por lo que el análisis en esta instancia se circunscribirá a este
específico aspecto”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07702-00
Demandante: Aristarco Romero Meriño
Demandado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente – Niega
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de doble militancia en la modalidad de apoyo, la Sección Quinta del
Consejo de Estado ha dado un tratamiento similar a la apelación. Por tanto,
la aplicación de ese criterio no resulta sorpresiva para el ciudadano, ya que
encuentra respaldo en casos similares en los que se ha limitado el análisis a
los aspectos expresamente cuestionados en la apelación22.

37. La Sala recuerda que las diferencias interpretativas que existieren
entre la demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí
mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del
juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las discrepancias
entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión vía
tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de amparo
de derechos fundamentales de carácter excepcional23.

38. Respecto del desconocimiento de precedente invocado, la Sala
encuentra que se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela, porque no existe medio de defensa judicial idóneo y
eficaz que permitiera a la parte accionante alegar el reparo planteo vía

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 21 de noviembre de

2024, Radicado 47001-23-33-000-2023-00287-01 “Tal como se dijo con precedencia, el elemento que se cuestiona
por la parte recurrente es el objetivo, puesto que se considera que se hizo una indebida valoración probatoria
frente al supuesto apoyo a la señora María Alejandra Peralta Cotes, cuyo análisis recaerá en ese aspecto. Lo
anterior, en razón a que el ámbito de competencia del juez de segunda instancia está limitado a los argumentos
propuestos con el recurso de apelación, como así lo dispone los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso,
aplicables por remisión de los artículos 296 y 306 del CPACA. Por lo tanto, se reitera que la Sala se pronunciará
exclusivamente en relación con los reparos concretos formulados por el recurrente”. También ver, Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 21 de noviembre de 2024 “Al
respecto, resulta del caso recordar que la competencia del juez de segunda instancia se encuentra limitada a los
argumentos expuestos en el recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del
Código General del Proceso27 aplicables por remisión de los artículos 296 y 306 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo tanto, la Sala se pronunciará exclusivamente en relación
con los reparos concretos formulados por el recurrente. Precisado lo anterior, corresponde analizar cada uno de
los argumentos esgrimidos por el apelante, de cara a la providencia recurrida Según se tiene, el punto cuestionado
en esta instancia es si el gesto del demandado que quedó registrado en el video de la reunión política que tuvo
lugar el 21 de octubre de 2023, en el polideportivo Los Alpes de la ciudad de Neiva, constituye o no, un acto
inequívoco de apoyo a la aspiración de Rodrigo Villalba Mosquera a la Gobernación del Huila. En ese orden de
ideas, resulta del caso analizar el referido video, con el fin de determinar si el alegado apoyo se encuentra
demostrado o no, solo en caso de que aquel se encuentre probado, habrá lugar a estudiar los testimonios
referenciados en la apelación, tal como se fijó en el problema jurídico anteriormente expuesto”. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 8 de mayo de 2025, Radicado 52001-
23-33-000-2023-00362-03 “De acuerdo con el fallo de primera instancia y los argumentos expuestos en el recurso
de apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia de primera
instancia. Sobre el punto, se tendrán en cuenta los límites de la competencia del juez ad quem, a partir de la
fijación del litigio señalada por el tribunal, la providencia de primer grado y los reparos del recurrente. En
consecuencia, deberá establecerse si el señor Luis Álvaro Zambrano incurrió en doble militancia política en la
modalidad de apoyo, puesto que, en criterio del apelante, aquel le brindó su respaldo a Carlos Alberto Villota
Morales, inscrito a la Alcaldía de Chachagüí (Nariño) por el movimiento denominado «Manos Unidas para el
Progreso», pese a que su colectividad, Partido Conservador Colombiano, tenía candidato propio para esa misma
dignidad. Se advierte que al tenor de lo previsto en el artículo 320 del Código General del Proceso6 , «[e]l recurso
de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los
reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión», disposición
que debe interpretarse en concordancia con lo señalado en el artículo 328 Ibidem, según el cual «[e]l juez de
segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio
de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley»”.
23 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659

de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07702-00
Demandante: Aristarco Romero Meriño
Demandado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente – Niega
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tutela y procurar la defensa de los derechos presuntamente vulnerados.
Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la providencia
de 30 de octubre de 2025 que resolvió de manera negativa la solicitud de
aclaración y adición de la sentencia enjuiciada (6/11/202524) y la
interposición de la presente acción de tutela (3/12/202525). No se enjuició un
fallo de tutela, pues la controversia se relacionó con una sentencia de
segunda instancia dictada en el marco de un proceso de nulidad electoral.
Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la
presunta vulneración derivada de ellos.

39. Por último, la controversia tiene relevancia constitucional por tratarse
de la presunta afectación del derecho fundamental al debido proceso de
la accionante con ocasión de una providencia cuyo debate gira en torno
al desconocimiento del precedente, argumento que no podía plantearse
antes de la expedición de la providencia enjuiciada. Lo anterior obedece a
que el accionante cuestiona la aplicación que la segunda instancia hizo del
precedente, la cual considera sorpresiva y determinante para la adopción
de una decisión adversa a sus intereses y sobre la cual no tuvo oportunidad
de pronunciarse. En consecuencia, no se pretende someter la controversia
a una nueva instancia.

2.5. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales.

40. Respecto del desconocimiento del precedente26, la Sala encuentra
que las providencias invocadas no constituían precedente aplicable al
caso, ya que se basan en supuestos fácticos y probatorios distintos. No
resulta constitucionalmente admisible pretender la aplicación análoga de
decisiones con diferencias fácticas frente a la providencia objeto de
reproche. Para tal efecto, se analizan las decisiones citadas:

41. La Sentencia de 26 de septiembre de 2024, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, Radicado 05001-23-33-000-2024-00004-01,
estudió la nulidad electoral contra la elección de un alcalde, inscrito con el
aval del Partido Liberal Colombiano y coavalado por otras colectividades,
al considerarse que apoyó candidatos del Partido Independientes pese a
que su partido tenía listas propias. En primera instancia se declaró la nulidad.

24 La Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado señaló en la constancia de ejecutoria que la
providencia enjuiciada quedó ejecutoria a partir del 6 de noviembre de 2025.
25 Según acta Individual de reparto.
26 La aplicación del precedente judicial en un caso determinado, encuentra su fundamento en el criterio

desarrollado por la Corte Constitucional (Sentencia T- 760A de 2011), según el cual, la actividad interpretativa que
se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la
igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios
judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se
haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente
horizontal).

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07702-00
Demandante: Aristarco Romero Meriño
Demandado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente – Niega
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En segunda instancia se confirmó respecto de algunos candidatos. Sin
embargo, frente a uno de ellos se concluyó que, aunque existían videos, no
se acreditó un apoyo concreto, claro e inequívoco, ya que el contexto
evidenció que el demandado fue invitado a un acto derivado de un
acuerdo de adhesión y recibió respaldo a su candidatura. Ante la duda
probatoria y la ausencia de una manifestación inequívoca de apoyo, no se
consideró acreditada la conducta.

42. En contraste, en la decisión enjuiciada, no existió duda sobre el apoyo
brindado, pues el demandado reconoció de manera expresa que respaldó
a un candidato de otra colectividad. La Sección Quinta no desconoció su
precedente, ya que las pruebas no generaron incertidumbre. El
reconocimiento expreso del apoyo excluyó la posibilidad de entender que
el demandado solo recibía respaldo político. La invitación al evento no
constituyó un criterio diferenciador.

43. La Sentencia de 8 de agosto de 2024, proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, Radicado 11001-03-28-000-2024-00046-00 analizó la
nulidad de la elección de una gobernadora inscrita por una coalición cuyo
aval principal fue otorgado por el Partido Conservador. Se alegó apoyo
indebido a un candidato de otra colectividad. El Consejo de Estado negó
las pretensiones al no acreditarse proselitismo. Las manifestaciones
ocurrieron en un desayuno privado sin finalidad de influir en el electorado,
con restricciones a la presencia de medios. Además, otras expresiones se
produjeron en otros escenarios y antes de que fueran candidatos. Por último,
precisó que sola presencia conjunta de candidatos de diferentes
colectividades no configura doble militancia.

44. Por el contrario, en la decisión enjuiciada, no se acreditó que el apoyo
se hubiera dado en un contexto privado ni existieron restricciones para
impedir su difusión. Obra un interrogatorio de parte en el que el demandado
reconoció de forma expresa el respaldo brindado a un candidato de otro
partido. En el precedente citado se probó una conducta activa orientada
a mantener la reserva del encuentro, circunstancia que no se presenta en
la providencia enjuiciada. Por tanto, no existió incertidumbre sobre la forma
en que el demandado otorgó apoyo a un candidato de distinta
colectividad.

45. La Sala concluye que no se trata de casos análogos. Existen
diferencias fácticas relevantes respecto de la certeza de los hechos, el
contexto del apoyo y la conducta asumida por el demandado. La
autoridad judicial accionada no estaba obligada a seguir decisiones que
no constituyen precedente aplicable por las diferencias acreditadas.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07702-00
Demandante: Aristarco Romero Meriño
Demandado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente – Niega
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2.6. Conclusiones

46. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela respecto del defecto fáctico y negará el
amparo solicitado en relación con el desconocimiento del precedente.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
Aristarco Romero Meriño respecto del defecto fáctico, por lo expuesto.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo de Aristarco Romero Meriño en
relación con el desconocimiento del precedente, por los motivos dados.

TERCERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la Agencia Nacional
de la Defensa Jurídica del Estado y la Procuraduría General de la Nación,
por las razones expuestas.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 27.

QUINTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

27 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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