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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07702-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07702-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 26 de febrero de 2026 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Aristarco Romero Meriño contra el Consejo de Estado-Sección Quinta, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-07702-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

22 de mayo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07702-01
Accionante: Aristarco Romero Meriño

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07702-01
Accionante: Aristarco Romero Meriño
Accionado: Consejo de Estado-Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de procedencia. Relevancia constitucional – improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 26 de febrero de 2026 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, mediante la cual declaró improcedente el amparo respecto del defecto fáctico
y negó la solicitud de tutela frente al presunto desconocimiento del precedente judicial.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Aristarco Romero Meriño, por conducto de apoderado judicial 1, interpuso acción de tutela
con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, a elegir y
ser elegido, a participar en el ejercicio del poder político, a acceder al desempeño de
funciones y cargos públicos y al debido proceso 2, los cuales considera vulnerados por el
Consejo de Estado Sección Quinta, con ocasión de la sentencia proferida el 20 de febrero
de 2025, que revocó el fallo dictado el 18 de septiembre de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión de Oralidad-Sección B y, en su lugar,
accedió a las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad electoral
identificado con el radicado número 08001-23-33-000-2023-00448-00/01.

2. Hechos

La solicitud de amparo se sustenta en los siguientes supuestos fácticos:

1 Poder conferido al abogado Joaquín José Vives Pérez. Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el

aplicativo SAMAI, certificado DA986C9427B73994 D6AE814FA869062C D525F44F619B6355 61F88B4142F28C86 .
2 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado F5FF90284EB54D99

26E7209F1D4642BF A2136E2FC02AE62C 977C4C9ABF0F84DD .

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07702-01
Accionante: Aristarco Romero Meriño

2.1. Aristarco Romero Meriño se inscribió ante la Registraduría General del Estado Civil
como candidato a la alcaldía del municipio de Ponedera por el Partido Alianza Verde para
el certamen electoral del 29 de octubre de 2023.

2.2. Adujo que, durante su campaña electoral recibió el apoyo del Partido Nuevo
Liberalismo. Como consecuencia de ello, el señor Romero Meriño asistió a múltiples
reuniones con candidatos al Concejo Municipal de Pondera del Partido Nuevo
Liberalismo.

2.3. El 29 de octubre de 2023 se llevaron a cabo las elecciones de autoridades territoriales
para el período constitucional 2024-2027, en las cuales el señor Aristarco Romero Meriño,
candidato del partido Alianza Verde, fue elegido alcalde municipal de Ponedera
(Atlántico).

2.4. Con fundamento en lo anterior, el 6 de diciembre de 2023, el señor Israel Antonio
Oliveros Guette presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral,
contra el acto de elección de Aristarco Romero Meriño como alcalde de Ponedera
(Atlántico) para el periodo 2024-2027, por presunta configuración de doble militancia en
la modalidad de apoyo, de conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la
Constitución Política, el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 y el numeral 8 del artículo 275
del CPACA.

Sostuvo que, aunque el demandado fue elegido con el aval del Partido Alianza Verde,
respaldó candidatos del Partido Nuevo Liberalismo al Concejo Municipal de Ponedera,
entre ellos Jesús David Vizcaíno Ruiz, así como a Isabella Pulgar, candidata del Partido
Liberal a la Asamblea Departamental del Atlántico, pese a que su colectividad política
contaba con listas propias para dichas corporaciones públicas

2.5. El asunto le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de
Decisión Oral-Sección B, bajo el radicado número 08001-23-33-000-2023-00448,
autoridad judicial que, mediante sentencia del 18 de septiembre de 2024 negó las
pretensiones de la demanda. Sostuvo que la conducta prohibida se configuraba por
ofrecer respaldo, no por recibir acompañamiento, aunado a que el Partido Nuevo
Liberalismo no inscribió candidato propio a la alcaldía y autorizó a sus militantes a apoyar
al señor Romero Meriño.

2.6. Inconforme con dicha decisión, el señor Israel Antonio Oliveros Guette interpuso
recurso de apelación. Señaló que no se practicaron los testimonios de Isabella Pulgar,
Liceth González, Eduardo Serge, Eliécer Arrieta, Margarita Júbiz y Jesús David Vizcaíno,
pese a haber sido decretados, declaraciones que consideró esenciales para establecer
las circunstancias de tiempo, modo y de las reuniones políticas cuestionadas.

Adicionalmente, afirmó que la providencia resultaba contradictoria, pues concluyó que no
existió doble militancia y, al mismo tiempo, aceptó que el demandado promovió el voto a
favor de Jesús David Vizcaíno como candidato del Nuevo Liberalismo al concejo
municipal de Ponedera.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07702-01
Accionante: Aristarco Romero Meriño

Sostuvo que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, una sola manifestación
de apoyo resultaba suficiente para configurar la conducta prohibida y que en el
expediente obraban diversas expresiones de respaldo a candidatos del Nuevo
Liberalismo y a Isabella Pulgar como aspirante liberal a la asamblea departamental.
Indicó, además, que el propio demandado admitió su asistencia a reuniones de dichos
candidatos, circunstancia que evidenciaba el apoyo político cuestionado.

Asimismo, cuestionó que se hubiera validado una supuesta adhesión del Nuevo
Liberalismo con posterioridad a la inscripción del demandado y a los hechos objeto de
reproche, sin acreditarse los requisitos exigidos para una coalición válida. Finalmente,
afirmó que las fotografías y videos allegados permitían establecer las circunstancias de
tiempo, modo y lugar de las conductas analizadas y que la decisión desconoció el
precedente relacionado con la doble militancia.

2.7. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 20 de febrero de
2025, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad de la
elección del señor Aristarco Romero Meriño como alcalde de Ponedera (Atlántico) para
el período 2024-2027, contenida en el Formulario E-26 ALC del 8 de noviembre de 2023,
y ordenó la cancelación de la respectiva credencial.

Sostuvo que en el expediente estaba plenamente acreditado que el demandado solicitó
a la comunidad apoyar las aspiraciones del señor Jesús David Vizcaíno como candidato
del Partido Nuevo Liberalismo al Concejo Municipal de Ponedera, pese a que el Partido
Alianza Verde contaba con lista propia para dicha corporación, razón por la cual concluyó
que se configuró la prohibición de doble militancia.

2.8. El 25 de febrero de 2025, el demandado solicitó la aclaración de la providencia al
señalar que el enlace del video que sustentó la nulidad no estaba disponible al momento
del fallo y, pese a ello, se le otorgó pleno valor probatorio con base en la descripción del
juez de primera instancia y en datos no corroborados, lo que generaba duda sobre la
valoración probatoria.

Afirmó, además, que la divergencia entre ambas instancias generaba dudas respecto de
los criterios aplicables para configurar la doble militancia en la modalidad de apoyo,
particularmente en relación con el contexto político y la autorización otorgada por el
partido Nuevo Liberalismo para respaldar su candidatura.

Finalmente, señaló que, ante la ausencia de los formularios E-6 y E-8 en el expediente,
debía precisarse cuáles fueron los medios de prueba idóneos utilizados para acreditar la
inscripción de los candidatos respecto de quienes se predicó el apoyo político
cuestionado.

2.9. Mediante providencia del 30 de octubre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de
Estado negó la solicitud de aclaración y advirtió a las partes sobre la eventual imposición
de sanciones por conductas dilatorias, de conformidad con lo previsto en el artícul o 295
del CPACA y el artículo 147 del CGP.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07702-01
Accionante: Aristarco Romero Meriño

Consideró que los argumentos expuestos pretendían reabrir el debate probatorio y
cuestionar la legalidad, los requisitos y el alcance del análisis probatorio efectuado por el
juez natural del proceso. En consecuencia, concluyó que la solicitud buscaba controvertir
aspectos sustanciales de la decisión, propósito ajeno al mecanismo procesal de
aclaración.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“1.1. Amparar los siguientes derechos fundamentales de ARISTARCO ROMERO
MERIÑO, consagrados por los artículos 13 y 40 de la Constitución:

• Derecho a ser elegido
• Derecho a elegir
• Derecho a participar en el ejercicio del poder político
• Derecho a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos
• Derecho a la igualdad
• Debido Proceso

1.2. Como medida definitiva, dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia, de
20 de febrero de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
expediente: 08001-23-33-000-2023-00448-01, por medio de la cual revocó la
sentencia de 18 de septiembre de 2024 del Tribunal Administrativo del Atlántico que
había negado las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró la nulidad la
elección de mi poderdante como alcalde del municipio de Ponedera, para el período
2024-2027 y canceló su credencial como tal.

1.3. Una vez suspendidos los efectos en los términos del numeral anterior, ordenar a
la Sección Quinta del Consejo de Estado que, dentro de los 30 días siguientes,
profiera una nueva sentencia de segunda instancia, en el referido proceso de nulidad
electoral, que acate las consideraciones del fallo de tutela que ampare los derechos
fundamentales y mantenga la vigencia de la elección de ARISTARCO ROMERO
MERIÑO como alcalde de municipio de Ponedera por el período 2024-2027”3.

Como fundamento de sus pretensiones, sostuvo que la decisión cuestionada incurrió en
defecto fáctico en su dimensión positiva, en tanto sustentó la decisión de anular la
elección de Aristarco Romero Meriño en una prueba ilícita derivada de un interrogatorio
de parte con alcance de confesión y efectuó una valoración equivocada de un mensaje
de datos, sin observar los requisitos previstos en la Ley 527 de 1999.

Asimismo, señaló que la providencia incurrió en defecto fáctico en su dimensión negativa,
debido a que adoptó la decisión sin contar con soporte probatorio suficiente para aplicar
el supuesto normativo de la doble militancia, ante la ausencia de prueba sobre: (i) la
calidad de candidato de Jesús Vizcaíno; (ii) la inscripción de una lista al Concejo
Municipal de Ponedera por parte del Partido Alianza Verde; y (iii) la configuración de una
valoración razonable e integral del material probatorio.

Finalmente, sostuvo que la Sección Quinta se apartó de su propia línea jurisprudencial al
restar relevancia a la organización del evento y a la afinidad política de los asistentes,

3 Ibid.

4

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Accionante: Aristarco Romero Meriño

para centrar el análisis exclusivamente en la existencia de una manifestación inequívoca
de apoyo político. Indicó que, en asuntos similares4, no se declaró la nulidad electoral
cuando el demandado asistió por invitación de otros partidos o cuando el presunto apoyo
tuvo lugar en reuniones privadas orientadas a respaldar su propia candidatura, con
limitada difusión pública. En ese contexto, afirmó que el presente asunto no presenta
diferencias sustanciales que justifiquen un tratamiento distinto.

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 5 de diciembre de 20255, el magistrado ponente de la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela; vinculó como
terceros con interés a la Sección B del Tribunal Administrativo de Atlántico, Israel Antonio
Oliveros Guette, la Registradora Nacional del Estado Civil, el Partido Alianza Verde y el
Partido Nuevo Liberalismo; negó la medida provisional solicitada; ofició a la autoridad
judicial accionada para que remitiera copia del expediente objeto de amparo; y ordenó
notificar a los sujetos procesales.

Posteriormente, mediante auto del 16 de febrero de 2026 6, el despacho ponente vinculó
al Consejo Nacional Electoral, Procuraduría General de la Nación, Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, Municipio de Ponedera (Atlántico) y departamento de
Atlántico

Una vez efectuadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. El Sección Quinta del Consejo de Estado 7 por conducto del magistrado ponente
de la providencia cuestionada, contestó la solicitud de amparo y solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela, por no satisfacerse los requisitos de subsidiariedad
y relevancia constitucional; subsidiariamente, pidió negar las pretensiones de la
demanda.

Sostuvo que los argumentos planteados por la parte actora no cumplen el requisito de
relevancia constitucional, en tanto se orientan exclusivamente a controvertir la valoración
probatoria efectuada por el juez natural por resultar contraria a sus intereses, con el
propósito de obtener un nuevo pronunciamiento del juez de tutela sobre asuntos ya
definidos dentro del proceso ordinario

En ese sentido, indicó que la solicitud de amparo evidencia la intención de reabrir el
debate surtido en segunda instancia dentro del medio de control de nulidad electoral, sin
que se advierta una tensión real entre la providencia cuestionada y los derechos
fundamentales invocados. Por ello, afirmó que la controversia se limita a cuestionar la
interpretación jurídica y probatoria a la que arribó el juez ordinario.

4 Citó las siguientes sentencias proferidas por el Consejo de Estado-Sección Quinta en los expedientes 05001-23-33-

000-2024-00004-01 y 11001-03-28-000-2024-00046-00.
5 Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado 020E6488677A1069 55E744991057565A

4CCBC05F5205FFEF BA02A0BB643CAAF5.
6 Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado BF476ADEA8BD0E8E 36240A255277310A

92EB50A2F0CA1633 2A553FB799679154.
7 Índice 00009 del expediente digital de primera instancia, certificado DA3E156D39C88FAB 276CDC4E1498725F

38967BF147C6B433 8C6405E6AB6BF2A1.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07702-01
Accionante: Aristarco Romero Meriño

Asimismo, expuso que, respecto de la presunta ausencia de prueba sobre la inscripción
del señor Jesús Vizcaíno como candidato al Concejo Municipal de Ponedera por el
Partido Nuevo Liberalismo, aspecto que, en criterio del accionante, impedía acreditar la
configuración de la doble militancia ante la falta de los formularios E-6, E-7, E-8 y E-26,
la sentencia cuestionada no abordó dicho asunto debido a que no fue objeto del recurso
de apelación. Para sustentar esa afirmación, citó el siguiente aparte de la providencia
cuestionada:

“143. En primer lugar, es necesario aclarar que el a quo dio por probados la mayoría
de los elementos configurativos de la doble militancia (frente a lo cual no se elevó
algún reparo), a excepción del presupuesto objetivo de la conducta, relativo a la
ejecución de actos positivos y concretos de favorecimiento político a candidatos de
otras colectividades, por lo que el análisis en esta instancia se circunscribirá a este
específico aspecto”8.

Con fundamento en lo anterior, señaló que el análisis efectuado en la decisión
cuestionada se ajustó a los argumentos formulados por el apelante y respetó los límites
funcionales del juez de segunda instancia.

Finalmente, frente a la valoración del video reproducido en audiencia de pruebas, que,
según el accionante, no correspondía al enlace inicialmente aportado, indicó que, si la
intención del demandante era controvertir la autenticidad del referido medio de prueba,
el mecanismo procesal procedente era la tacha de falsedad prevista en el artículo 269
del CGP y dentro de la oportunidad probatoria correspondiente. En consecuencia,
concluyó que la acción de tutela no puede utilizarse para reabrir un debate relacionado
con presuntos yerros procesales ocurridos en primera instancia, frente a los cuales ya
existen decisiones ejecutoriadas.

4.2. La Registraduría Nacional del Estado Civil9, solicitó su desvinculación del trámite
constitucional, al considerar que carece de competencia para pronunciarse respecto de
las pretensiones formuladas por el accionante. Explicó que la Constitución y la ley le
atribuyen funciones relacionadas con la dirección y organización de los procesos
electorales, el registro civil y la identificación de las personas, mientras que la expedición
de providencias judiciales corresponde exclusivamente a los jueces de la República, de
conformidad con las competencias propias de cada proceso judicial.

4.3. La parte actora10 infirmó que, mediante Decreto 428 del 5 de diciembre de 2025, el
Gobernador del Atlántico convocó a elecciones atípicas en el municipio de Ponedera para
el 1 de febrero de 2026.

Por otra parte, se pronunció respecto al informe allegado por el magistrado ponente de
la Sección Quinta del Consejo de Estado y adujo que como el fallo de primera instancia
le había sido favorable, no tenía por qué interponer el recurso de apelación para
cuestionar la ausencia de prueba de uno de los elementos de la doble militancia.

8 Ibid.
9 Índice 00011 del expediente digital de primera instancia, certificado 16D37643C67775CC 21A715F3332EA940
D7E0A74816C935B5 FF80A317CEAD5346.
10 Índice 00015 del expediente digital de primera instancia, certificado 40BB13614BD8DBD5 496BB7E02A181BE1

04FD8DA2C08DD124 50949A95F91F514A.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07702-01
Accionante: Aristarco Romero Meriño

4.4. La Procuraduría General de la Nación 11 solicitó que se declarara su falta de
legitimación en la causa por pasiva. Señaló que, conforme a las funciones
constitucionales y legales asignadas a dicha entidad, no le corresponde resolver las
pretensiones formuladas en la presente acción de tutela ni garantizar directamente los
derechos fundamentales invocados por el accionante.

Asimismo, indicó que no desplegó conducta activa u omisiva alguna que permita atribuirle
una eventual vulneración o amenaza de los derechos fundamentales alegados en la
solicitud de amparo.

4.5. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 12 manifestó que las
pretensiones formuladas y los hechos expuestos en la acción de tutela resultan ajenos a
su objeto misional, toda vez que carece de competencia respecto de las decisiones
adoptadas por las autoridades judiciales.

En consecuencia, afirmó que no podría ser destinataria de una eventual orden judicial
orientada a satisfacer las pretensiones de la demanda, por cuanto los hechos que
originaron la controversia no guardan relación con sus funciones ni con su ámbito
competencial. Por ello, solicitó su desvinculación del trámite constitucional.

4.6. El Consejo Nacional electoral13 solicitó su desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva debido a que no es la autoridad competente para satisfacer las
pretensiones del accionante.

4.7. El departamento del Atlántico 14, por conducto de apoderado judicial, manifestó que
las pretensiones formuladas en la solicitud de amparo desbordan la órbita funcional de la
entidad territorial, en tanto la acción u omisión que dio origen a la controversia no provino
del departamento ni guarda relación con sus competencias constitucionales y legales.

En consecuencia, sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva y solicitó su
desvinculación del trámite constitucional.

4.8. El tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión Oral-Sección B, Israel
Oliveros Guette, el Partido Alianza Verde, el Partido Nuevo Liberalismo y el municipio de
Ponedera guardaron silencio a pesar de haber sido notificados en debida forma.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 26 de febrero de 202615, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo respecto del defecto fáctico y

11 Índice 00023 del expediente digital de primera instancia, certificado 4FE64747AA997F76 AFE07F27D9A8AAC4

B01D342F0B21A588 3175AB00A971F5FF.
12 Índice 00024 del expediente digital de primera instancia, certificado 0A161ED3065323F8 BEE11C5DE8ED1E30

B8AC504C2CC653F1 7EF5578FA6D87130.
13 Índice 00025 del expediente digital de primera instancia, certificado B15110B81EE689DE 14B938891A2793C0

689FB8E51C410F79 C513EFBDC19E5417.
14 Índice 00026 del expediente digital de primera instancia, certificado BE8133404B4D474D ED476A03E8482E6B

0D3F534F3A77286F 9516927E59D205B2.
15 Índice 00029 del expediente digital de primera instancia, certificado DBBD94A0CF4A8496 6163598DEDAE7CCE

416B627E6729B92E 1CCC3BDCEB87AEC8.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07702-01
Accionante: Aristarco Romero Meriño

negó la solicitud de tutela frente al presunto desconocimiento del precedente judicial.

El juez constitucional de primera instancia sostuvo que el reparo relacionado con la
supuesta valoración de un video distinto al aportado con la demanda no satisfacía el
requisito de subsidiariedad, por cuanto existía un mecanismo de defensa judicial idóneo
que no fue agotado por la parte actora, y no se acreditó la configuración de un perjuicio
irremediable.

Para sustentar dicha conclusión, indicó que el cuestionamiento pudo formularse durante
la audiencia de pruebas mediante la tacha de falsedad prevista en el artículo 269 del
CGP. Sin embargo, advirtió que el ahora accionante guardó silencio en la correspondiente
etapa procesal, circunstancia que evidenciaba la falta de agotamiento de los mecanismos
ordinarios de defensa judicial.

Adicionalmente, señaló que tampoco se satisfacía el requisito de relevancia
constitucional, dado que el actor pretendía controvertir la valoración probatoria efectuada
por el juez natural, por no coincidir con su interpretación del asunto, particularmente en
relación con la indisponibilidad de acceso al video en segunda instancia y la aplicación
de la Ley 527 de 1999. En ese sentido, concluyó que la parte actora instrumentalizaba la
acción de tutela con el propósito de prolongar el debate probatorio y obten er una decisión
favorable dentro del proceso de nulidad electoral.

Asimismo, indicó que, aunque la solicitud de tutela se sustentaba principalmente en la
configuración de un defecto fáctico derivado de: (i) la falta de acreditación de todos los
elementos estructurales de la causal de nulidad por doble militancia; (ii) la valoración de
un video distinto al aportado con la demanda; y (iii) la imposibilidad de acceder al referido
video en segunda instancia, también se planteaba un presunto desconocimiento del
precedente judicial. Precisó que el accionante alegó que, en asuntos similares, la Sección
Quinta del Consejo de Estado había considerado relevante determinar quién organizó el
evento político y si los asistentes eran afines al partido del demandado.

En relación con el cargo por desconocimiento del precedente, el a quo constitucional
encontró acreditados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela y,
en consecuencia, efectuó el correspondiente análisis de fondo.

Sobre el particular, luego de examinar las providencias invocadas como presuntamente
desconocidas, concluyó que estas no constituían precedente aplicable al caso concreto,
debido a que se sustentaban en supuestos fácticos y probatorios diferentes. Por ello,
consideró que no resultaba constitucionalmente admisible pretender la aplicación
analógica de decisiones judiciales cuyas particularidades fácticas difieren de aquellas que
dieron lugar a la providencia objeto de censura.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07702-01
Accionante: Aristarco Romero Meriño

6. Impugnación16

La parte actora presentó escrito de impugnación en contra de la decisión de primera
instancia y reiteró los argumentos expuestos en la solicitud de tutela.

Sostuvo que el juez constitucional de primera instancia erró al considerar que la tacha de
falsedad prevista en el artículo 269 del CGP constituía el mecanismo idóneo de defensa
para controvertir el video reproducido durante la audiencia de pruebas.

Al respecto, afirmó que el video proyectado en dicha diligencia no provenía del enlace
electrónico aportado al proceso y que, además, nunca fue incorporado formalmente como
prueba dentro del expediente. En ese sentido, señaló que, de conformidad con el artículo
198 del CGP, durante el interrogatorio de parte el declarante únicamente puede
reconocer documentos que obren válidamente en el proceso. Por consiguiente, sostuvo
que, al no encontrarse incorporado al expediente el mismo enlace que fue proyectado en
la audiencia, cualquier reconocimiento efectuado sobre dicho material carecía de valor
probatorio.

Agregó que la parte demandante allegó los enlaces electrónicos en un folio separado,
aunque adjunto al escrito de demanda, razón por la cual consideró que la oportunidad
procesal para formular una eventual tacha de falsedad correspondía a la contestación de
la demanda y no a la audiencia de pruebas.

Asimismo, puso de presente que la acción de tutela no pretendía promover un nuevo
examen de asuntos meramente legales, sino obtener la protección de garantías
constitucionales superiores, controversia que, a su juicio, trasciende el juicio de mera
legalidad propio de los procesos contencioso-administrativos, en la medida en que
involucra la definición del alcance de derechos fundamentales.

Finalmente, sostuvo que en el presente asunto no se alegó el desconocimiento del
precedente judicial. Precisó que las providencias de la Sección Quinta citadas en la
demanda fueron invocadas únicamente con el propósito de evidenciar la supuesta
apreciación caprichosa y arbitraria del material probatorio, particularmente del video
exhibido en la audiencia de pruebas y de las declaraciones rendidas por el interrogado
respecto de dicho elemento de convicción.

Mediante auto del 27 de marzo de 202617, el magistrado ponente de la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado concedió la impugnación interpuesta por la
parte accionante.

16 Índice 00037 del expediente digital de primera instancia, certificado B3C88493523DC686 1CEA78C964F56C58

4CB3FBB91AE1F005 A94F4795029D3A3D.
17 Índice 00040 del expediente digital de primera instancia, certificado AC0F5E8289986E69 5C26C0ED40EED6C1

ED563A8BCF36B8F1 605ECE74D5583950.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07702-01
Accionante: Aristarco Romero Meriño

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
Aristarco Romero Meriño es el titular de las garantías constitucionales que afirma fueron
vulneradas, en su condición de demandado dentro del medio de control de nulidad
electoral identificado con el radicado núm. 08001-23-33-000-2023-00448-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Consejo
de Estado-Sección Quinta fue la autoridad que profirió la decisión que, según la parte
actora, vulneró sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
26 de febrero de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, mediante la cual declaró improcedente el amparo respecto del defecto fáctico
y negó la solicitud de tutela frente al presunto desconocimiento del precedente judicial.

Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte actora.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200518 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que

18 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Accionante: Aristarco Romero Meriño

habilitan la interposición de la tutela 19 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 20.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”21.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía
e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 22.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la

19 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
20 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decis ión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
20 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
21 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
22 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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Accionante: Aristarco Romero Meriño

controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que
el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más
amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la
petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 23.

4.2. Subsidiariedad.

Sobre el particular, resulta importante destacar que este requisito está definido
expresamente en el artículo 86 superior como presupuesto general de procedencia de la
acción de tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló
en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 24.

23 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
24“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.

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Accionante: Aristarco Romero Meriño

Cuando se trata de tutelas presentadas en contra de providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el amparo
se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios que el
legislador tiene previstos para controvertir las decisiones judiciales, con el fin de: (i)
prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso
ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de
defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos atiendan un mínimo de
diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar errores o
descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial 25.

La Corte Constitucional 26 ha sostenido que es deber de la parte accionante desplegar
todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el riesgo de interferir en las
competencias de las distintas autoridades judiciales.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que modificará la decisión de primera instancia, por cuanto la presente
acción constitucional no satisface los requisitos de relevancia constitucional ni de
subsidiariedad, conforme a las razones que se exponen a continuación.

5.1. Del análisis del escrito de tutela se advierte que la parte actora sostuvo que la
providencia cuestionada incurrió en defecto fáctico, tanto en su dimensión positiva como
negativa.

En relación con el defecto fáctico en su dimensión positiva, afirmó que la nulidad de la
elección de Aristarco Romero Meriño se sustentó en una prueba ilícita, interrogatorio de
parte con alcance de confesión, y en una valoración errónea de un mensaje de datos, al
no verificarse el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 527 de 1999.

Por su parte, respecto del defecto fáctico en su dimensión negativa, sostuvo que la
autoridad judicial accionada aplicó la causal de doble militancia sin contar con soporte
probatorio suficiente, debido a: (i) la ausencia de prueba sobre la calidad de candidato de
Jesús David Vizcaíno; (ii) la falta de acreditación de la inscripción de una lista al Concejo
Municipal de Ponedera por parte del Partido Alianza Verde; y (iii) una supuesta
apreciación arbitraria del material probatorio allegado al proceso.

Adicionalmente, indicó que la Sección Quinta del Consejo de Estado se apartó de su
propia línea jurisprudencial al concentrar el análisis exclusivamente en la existencia de
una manifestación inequívoca de apoyo político y restar relevancia a aspectos como la
organización del evento y la afinidad política de los asistentes. Precisó que, en asuntos
similares, no se declaró la nulidad electoral cuando el demandado asistió por invitación
de otros partidos políticos o cuando el presunto apoyo tuvo lugar en reuni ones privadas
orientadas a respaldar su propia candidatura, sin que existieran diferencias sustanciales
que justificaran un tratamiento distinto en el asunto objeto de estudio.

25 Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.
26 Sentencia C-590 de 2005.

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Accionante: Aristarco Romero Meriño

No obstante, se advierte que, al sustentar el recurso de apelación, la parte actora precisó
que “no se alegó el desconocimiento del precedente, sino que se invocaron unas
sentencias de la Sección Quinta para evidenciar la caprichosa y arbitraria apreciación de
la prueba - video exhibido en la audiencia de pruebas y las declaraciones del interrogado
al respecto-, en el fallo de nulidad del alcalde de Ponedera” 27. Razón por la cual esta
subsección se limitará al análisis de procedencia del cargo relativo al defecto fáctico.

5.2. Ahora bien, del examen de los aspectos abordados por la Sección Quinta del Consejo
de Estado se advierte que, en la sentencia proferida el 20 de febrero de 2025, dicha
autoridad judicial arribó a la siguiente conclusión:

136. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el análisis del material probatorio, el
demandante insistió en que las piezas documentales aportadas sí demostraban la
configuración de la doble militancia bajo la modalidad de apoyo en cabeza del señor
Romero Meriño.

137. Para resolver, se precisa que esta Sección, en decisiones recientes 28, ha
considerado que la Ley 527 de 1999, en armonía con las directrices fijadas por la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, definió los
mensajes de datos como toda aquella información «generada, enviada, recibida,
almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares…», y los
reconoció como medios de prueba en el marco de cualquier actuación administrativa
y judicial, cobijando, por ende, los procesos de nulidad electoral.

138. De acuerdo con lo planteado en esa normatividad, el mensaje de datos puede
tener el mismo valor probatorio de un documento físico cuando cumpla con los
siguientes equivalentes funcionales: (i) su contenido sea accesible para posteriores
consultas (artículo 6° ejusdem); (ii) se conozca la identidad de su generador (artículo
7° ejusdem); (iii) se garantice su integridad, excluyendo cualquier tipo de alteración
(artículo 8° ejusdem). Todo ello, con el propósito de reafirmar la validez probatoria de
estos medios de convicción digitales, –entiéndase correos electrónicos, fotos y videos
subidos a las redes sociales, leyendas que acompañan los “post” de Instagram y
Facebook–, como requisitos ineludibles para su apreciación, de acuerdo con las
reglas de la sana crítica y sus particularidades propias 29.

Bajo ese contexto, la autoridad judicial accionada señaló que, pese a lo anterior, la
legislación procesal ha distinguido entre los mensajes de datos como medios de prueba
y las reproducciones de su contenido.

En ese sentido, precisó que una cosa es el mensaje de datos en su formato original , como
ocurre con los correos electrónicos, enlaces de internet o fotografías publicadas en redes
sociales con su respectivo vínculo electrónico, y otra distinta la reproducción o
representación de la información contenida en dichos medios, desprovista de sus
condiciones originales de generación, transmisión o conservación.

27 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado F5FF90284EB54D99

26E7209F1D4642BF A2136E2FC02AE62C 977C4C9ABF0F84DD .
28 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 1º de julio del 2021. Radicación 050001 -23-33 000-2020-00006-

01. M.P. Rocío Araújo Oñate (E). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia
del 10 de agosto de 2023. Expediente 11001032800020220019800. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.[cita textual].
29 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia, certificado 77806FB84D669B42 42D9330A1062CA7B

C364411BF048442D 6019932941C7A1D1.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07702-01
Accionante: Aristarco Romero Meriño

Respecto de estas últimas, indicó que tanto la legislación como la jurisprudencia
constitucional han reconocido la procedencia de aplicar las reglas de valoración propias
de la prueba documental.

Así entonces, consideró que, el artículo 247 del CGP, aplicable por remisión expresa del
artículo 21 del CPACA, preceptúa que “serán valorados como mensajes de datos los
documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados,
enviados, o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca con exactitud. La simple
impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas
generales de los documentos”. Al respecto sostuvo:

“141. Por lo anterior, se tiene que los requisitos de equivalencia funcional –que se
deben verificar para los documentos electrónicos y físicos–, contenidos en los
artículos 6°, 7°, 8° y 9° de la Ley 527 de 1999 –como se vio– solo serán exigibles
cuando los extremos procesales arrimen a las causas en las que participan
verdaderos mensajes de datos –compréndase correos electrónicos, vínculos de
internet, fotografías publicadas en redes sociales con su respectivo link–; pero no sus
reproducciones físicas, pues en dichos eventos el régimen aplicable será el general
de los documentos que, en principio, se presumen auténticos, a las voces del artículo
244 del Código General del Proceso.

142. Precisado lo anterior, se advierte que el punto de la controversia radica en una
posible valoración indebida de las pruebas con las que la parte actora pretendía
demostrar el apoyo brindado por el señor Aristarco Romero Meriño, candidato del
partido Alianza Verde a la Alcaldía de Ponedera (Atlántico), a la señora Isabella Pulgar
como candidata del partido Liberal Colombiano a la asamblea de ese departamento
y a distintos aspirantes del partido Nuevo Liberalismo al concejo del referido
municipio.

143. En primer lugar, es necesario aclarar que el a quo dio por probados la mayoría
de los elementos configurativos de la doble militancia (frente a lo cual no se elevó
algún reparo), a excepción del presupuesto objetivo de la conducta, relativo a la
ejecución de actos positivos y concretos de favorecimiento político a candidatos de
otras colectividades, por lo que el análisis en esta instancia se circunscribirá a este
específico aspecto.

144. Según se tiene, el demandante aportó una serie de fotografías, junto con los
enlaces o links de publicaciones de la red social Facebook en las que se alojan
algunos videos, que corresponden a distintos eventos en los que, en su criterio, el
demandado realizó actos concretos e inequívocos de apoyo a esos ciudadanos, así:

(…)

174. En relación con el enlace que, según el actor, contiene el video de este evento,
se que al dar clic en el link https://www.facebook.com/watch/?v=1004312557291446,
tampoco es posible su consulta ya que se muestra el siguiente mensaje:

175. Con todo, al igual que los anteriores enlaces, el Tribunal Administrativo de
Atlántico sí lo pudo consultar en primera instancia y, de hecho, su contenido fue
puesto de presente al demandado en la audiencia de pruebas del 21 de mayo de
2024, en la que se recibió su declaración de parte.

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Accionante: Aristarco Romero Meriño

176. Al revisar el video de esa diligencia es posible apreciar el contenido del video en
cuestión, el cual corresponde a una publicación realizada el 13 de octubre de 2023
en un perfil de Facebook denominado «Jorge TVPonedera», en el que se registra la
reunión que, según el actor, se realizó el 7 de octubre de ese año en el estadero «La
Sede Juniorista».

177. Allí se observa al demandado levantando la mano de un ciudadano y se le
escucha realizar las siguientes expresiones ante el público asistente:

[U]n pelao que [inaudible] lo va a representar dignamente en el concejo, en el
concejo de Ponedera como coadministrador se necesita una persona crítica,
constitutiva como tú, por eso, mi voto de confianza significa [inaudible] Nuevo
Liberalismo número (el público responde “dos”) Nuevo Liberalismo número (el
público responde nuevamente “dos”). Un aplauso para Jesús Vizcaíno.

178. De lo anterior, para la sala es claro que sí hubo una expresión específica y
contundente de respaldo por parte del señor Romero Meriño hacia la candidatura del
señor Jesús David Vizcaíno.

179. Concretamente, el demandado exaltó las virtudes del candidato, afirmó que le
daba su voto de confianza y, al final, incitó a los asistentes a gritar el partido Nuevo
Liberalismo y el número en la tarjeta electoral, lo que denota su intención de pedir el
apoyo de la comunidad a la candidatura de ese ciudadano.

180. De hecho, el propio demandado aceptó haber realizado tales manifestaciones al
rendir su declaración de parte en la audiencia de pruebas antes referida.

181. En la diligencia en cuestión, al señor Romero Meriño se le presentó el video en
cuestión para que se pronunciara sobre su contenido, ante lo cual admitió que sí pidió
a los asistentes a esa reunión que votaran por el señor Jesús David Vizcaíno:

Pregunta demandante: Una vez observados los videos, sírvase manifestar el
interrogado, ¿por qué en la presentación de Jesús Vizcaíno brindó apoyo y pidió
públicamente a la comunidad que votaran por el candidato número 2 del Nuevo
Liberalismo, tal como lo demostramos, y además aparece publicidad completa de
L64 dentro de este espacio? Respuesta demandado: Ya le respondo con todo
gusto mi estimado doctor. En todas las reuniones que yo participé siempre pedí
apoyo a mis candidatos, para llegar al primer cargo requiero de un concurso
de apoyos y unas listas al concejo que me apoyaran. Obviamente que tengo
que promover el voto también para mis candidatos al concejo, en ese caso a
Jesús Vizcaíno. Y obviamente lo hice con todo el rigor y estuve presente en
la mesa directiva. Y nunca, te reitero, nunca en ninguna mesa, ni le alcé el brazo,
ni estuve acompañado en ninguna reunión del L64. Que algún votante adepto
tenga alguna publicidad, sea trabajador o amigo del L64 ya eso no es competencia
mía, ya ahí pues yo no puedo quebrantarle su derecho al voto con el L64. (min.
26:37 a 28:10) [Énfasis de la sala]

182. De acuerdo con lo anterior, no cabe duda, porque así lo reconoció en su
declaración, que el demandado sí apoyó al señor Jesús David Vizcaíno, a pesar de
tratarse de un candidato distinto a los avalados por su partido Alianza Verde al
Concejo Municipal de Ponedera.

183. En este punto, aunque no se aportaron los formularios E-6 y E-8 que dan cuenta
de la inscripción de los candidatos de dicha colectividad al concejo de ese municipio,
la sala encuentra demostrada la existencia de estos aspirantes con base en el Acta
General de Escrutinio del 10 de noviembre de 2023 aportada con la demanda, en la
que se evidencia que dos de ellos fueron declarados electos en la referida
corporación:

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Accionante: Aristarco Romero Meriño

184. Lo anterior, confirma que el partido Alianza Verde sí tenía una lista propia de
aspirantes que fue desconocida por el demandado al otorgar su respaldo al señor
Jesús David Vizcaíno.

185. Además, el hecho de que el partido Nuevo Liberalismo hubiera autorizado a sus
candidatos y militantes a respaldar las aspiraciones del señor Romero Meriño a la
alcaldía de ese municipio, no implicaba que el demandado también pudiera
respaldarlos, ya que su colectividad tenía una lista propia de aspirantes al Concejo
Municipal de Ponedera que le impedía favorecer a ciudadanos distintos a los inscritos
por su agrupación”30.

La autoridad judicial accionada se apartó de la valoración efectuada por el tribunal de
primera instancia, el cual, aunque encontró acreditado que el demandado brindó respaldo
al señor Jesús David Vizcaíno, consideró que no estaba demostrado que hubiera
organizado la reunión, convocado a los asistentes o que estos fueran afines al Partido
Alianza Verde.

No obstante, la Sección Quinta del Consejo de Estado sostuvo que, para la configuración
de la conducta de doble militancia en la modalidad de apoyo, basta acreditar una
manifestación clara e inequívoca de respaldo a un candidato distinto de aquellos
avalados por la propia colectividad política, sin que resulte determinante establecer quién
organizó el evento o cuál era la afinidad política de los asistentes.

Con fundamento en lo anterior, concluyó que se encontraba plenamente acreditada la
doble militancia, en tanto se demostró que el demandado solicitó apoyo para Jesús David
Vizcaíno, candidato del Partido Nuevo Liberalismo al Concejo Municipal de Ponedera,
pese a que el Partido Alianza Verde contaba con lista propia para dicha corporación
pública.

5.3. En ese orden, la Sala advierte que la Sección Quinta del Consejo de Estado expuso
de manera suficiente, clara y razonada las razones por las cuales consideró configurada
la causal de doble militancia, al encontrar acreditado que el señor Romero Meriño
manifestó de forma expresa e inequívoca su respaldo a Jesús David Vizcaíno, candidato
del Partido Nuevo Liberalismo al Concejo Municipal de Ponedera, pese a que el Partido
Alianza Verde contaba con lista propia para dicha corporación.

Para arribar a esa conclusión, la autoridad judicial accionada consideró válidas y
susceptibles de valoración las pruebas allegadas al proceso, particularmente los registros
audiovisuales y la declaración rendida por el propio demandado, quien reconoció haber
solicitado apoyo para el mencionado candidato. Asimismo, precisó que, para la
configuración de la conducta reprochada, no resultaba determinante establecer quién
organizó el evento, quién convocó a los asistentes o cuál era la afinidad política de estos,
sino verificar la existencia de actos positivos, concretos e inequívocos de respaldo a un
candidato perteneciente a una colectividad distinta de aquella que avaló al demandado.

30 Ibid.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07702-01
Accionante: Aristarco Romero Meriño

En ese sentido, concluyó que el respaldo otorgado por el demandado desconoció la
prohibición de doble militancia y vulneró el deber de lealtad política frente a la colectividad
que avaló su candidatura.

Pues bien, los elementos expuestos permiten a la Sala concluir, con claridad, que el
debate planteado por la parte actora fue debidamente examinado por el juez natural de
la causa. De igual forma, no se advierte que la decisión cuestionada hubiese sido
adoptada de manera arbitraria, caprichosa o desprovista de sustento fáctico y normativo,
ni que durante el trámite ordinario se hubieran vulnerado las garantías fundamentales de
la parte accionante.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa
que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara que no basta
la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general
de procedencia de relevancia constitu cional, se requiere demostrar: i) su existencia; ii)
su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela
debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal
vulneración 31.

Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención de
lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera vulnerados y
eleve su argumentación a rango constitucional.

5.4. Ahora bien, respecto al defecto fáctico alegado por la parte accionante a la luz del
requisito de relevancia constitucional, es preciso recordar que la Corte Constitucional ha
señalado que este se configura cuando “resulta evidente que el apoyo probatorio en que
se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado
(...)”32 o cuando “se hace manifiestamente irrazonable la valoración probatoria hecha por
el juez en su providencia”33.

En esa medida, la indebida valoración de las pruebas ya sea desde su dimensión positiva
o negativa34, solo adquiere relevancia constitucional cuando el yerro es ostensible,
flagrante y manifiesto, y tiene la entidad suficiente para incidir en el sentido de la decisión

31 Sentencia SU-215 de 2022.
32 Corte Constitucional, sentencia T-393 de 2017, T-567 de 1998, reiterada en sentencias como la T-555 de 1999, T-

1100 de 2008, T-781 de 2011, entre otras.
33 Corte Constitucional, sentencia SU-399 de 2012.
34 Corte Constitucional, sentencia T-385 de 2018. “La Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones en las que

se puede apreciar el defecto fáctico: 1.) La dimensión negativa del defecto fáctico, según aquella, abarca supuestos
como los siguientes: i) ignorar o no valorar, injustificadamente, medios de prueba trascendentales frente a la decisión
adoptada; ii) decidir al margen de las pruebas que le hubieren impedido la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la providencia; iii) no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en los que el juez se encuentre
habilitado legalmente para hacerlo, y siempre que de las circunstancias del caso se derive la obligación de hacerlo
para esclarecer hechos oscuros o difusos. 2.) La dimensión positiva del defecto fáctico puede abarcar supuestos
tales como: i) valorar pruebas ilícitas, siempre que las mismas hubieren sido determinantes del sentido de la
decisión; ii) decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conduzcan a demostrar los hechos en que se
fundamenta la providencia judicial que se cuestiona en tutela”.

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Accionante: Aristarco Romero Meriño

adoptada35. Por ello, para que se configure este defecto es indispensable identificar la
prueba que no fue valorada o que fue apreciada de manera irrazonable, así como
demostrar que tal irregularidad tenía la potencialidad de modificar el resultado de la
decisión judicial cuestionada.

Bajo ese entendido, la Sala advierte que la parte actora sostuvo que la autoridad judicial
incurrió en un defecto fáctico porque pasó por alto la falta de disponibilidad de acceso al
video en segunda instancia, conforme a la Ley 527 de 1999. No obstante, el convocante
no desarrolló argumentos dirigidos a demostrar de qué manera el análisis realizado por
la autoridad judicial vulneraba sus garantías constitucionales, pues se limitó a exponer su
teoría del caso, en el sentido que apoyara sus pretensiones de éxito.

En ese orden, los argumentos relacionados con la configuración de un defecto fáctico no
exponen una irracionabilidad en la interpretación probatoria por parte del Consejo de
Estado-Sección Quinta, sino que pretenden, nuevamente, insistir en mostrar una solución
distinta al caso concreto de manera favorable a los intereses del tutelante, pues no
advierten reparos concretos, de carácter iusfundamental en contra del análisis realizado
por la autoridad judicial.

Lo expuesto resulta suficiente para que la Sala se releve del análisis de este cargo, en la
medida en que la solicitante no desarrolló sus argumentos en función del defecto fáctico
invocado, pues su reparo se circunscribió en señalar que existió un yerro probatorio, pero
omitió explicar con claridad en que cambiaría la decisión tal circunstancia.

5.5. Adicionalmente, en lo relacionado con la falta de verificación de todos los elementos
de la doble militancia, es pertinente precisar que la Sección Quinta del Consejo de Estado
limitó su estudio a los aspectos objeto de apelación, particularmente al presupuesto
objetivo relativo a los actos de apoyo político. La Sala pone de presente que la autoridad
judicial al delimitar el recurso de apelación consideró que no era exigible pronunciarse
nuevamente sobre elementos que no fueron controvertidos en este.

Así entonces, la decisión judicial cuestionada no fue arbitraria ni injustificada, pues se
sustentó en el alcance del recurso de apelación y en criterios jurisprudenciales aplicados
en casos similares. Reiteró que las diferencias de interpretación entre el accionante y el
juez natural no constituyen, por sí solas, una razón suficiente para habilitar la intervención
excepcional del juez de tutela contra providencias judiciales.

5.6. Ahora bien, esta Sala considera, tal como lo sostuvo el a quo constitucional, que el
reparo relacionado con la supuesta valoración de un video distinto al aportado con la
demanda no satisface el requisito de subsidiariedad.

Sobre el particular, se pone de presente que la acción de tutela no constituye el
mecanismo idóneo para plantear cuestionamientos que no fueron oportunamente

35 Sentencias T-442 de1994 y T-456 de 2010.“(…) El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad

que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello sería contrario al principio
de que la tutela es un medio alternativo de def ensa judicial, aparte de que se invadiría la órbita de la competencia y la
autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones.(…)”. (Resaltado de la Sala).

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07702-01
Accionante: Aristarco Romero Meriño

sometidos a consideración del juez natural de la causa, pues admitir lo contrario implicaría
invadir la órbita competencial del funcionario judicial encargado de resolver el proceso de
nulidad electoral.

En ese sentido, la Sala advierte que, si al momento de la reproducción del video el
accionante consideraba que dicho material no debía ser valorado o que no correspondía
al aportado por la parte demandante, debió formular el respectivo reproche dentro de l a
audiencia de pruebas, de conformidad con lo previsto en el artículo 269 36 del CGP.

Así las cosas, esta judicatura encuentra acreditado que dicho cuestionamiento no fue
planteado en el trámite ordinario y que, en consecuencia, el accionante pretende que el
juez constitucional examine un reparo que no puso en conocimiento de la autoridad
judicial competente en la oportunidad procesal correspondiente.

Tal circunstancia desconoce abiertamente el requisito de subsidiariedad, razón por la cual
el cargo formulado deviene improcedente.

5.7. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada por
la parte actora está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del medio
de control de nulidad electoral, toda vez que reitera argumentos de índole legal y
probatorio desarrollados en el marco del proceso ordinario, sin esbozar las razones
concretas por las cuales los derechos fundamentales invocados fueron vulnerados con
la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que,
como ya se dijo, la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.

5.8. Pues bien, es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera
una instancia adicional a lo ya surtido.

Para el efecto, se reitera que el hecho de que la parte accionante no esté de acuerdo con
el análisis probatorio realizado por el la Sección Quinta del Consejo de Estado no habilita
para que el juez constitucional interfiera en la apreciación realizada por la autoridad
judicial, en tanto, no se vislumbra que los argumentos de la solicitud de amparo sean de
carácter constitucional, sino que, se insiste, pretenden reabrir un debate que ya fue
zanjado por el juez de instancia.

36 ARTÍCULO 269. PROCEDENCIA DE LA TACHA DE FALSEDAD. La parte a quien se atribuya un documento,

afirmándose que está suscrito o manuscrito por ella, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se
acompañó a esta, y en los demás casos, en el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo como prueba.
Esta norma también se aplicará a las reproducciones mecánicas de la voz o de la imagen de la parte contra quien se
aduzca.
No se admitirá tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión.
Los herederos de la persona a quien se atribuye un documento deberán tacharlo de falso en las mismas oportunidades.

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Accionante: Aristarco Romero Meriño

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 37, lo que se opone a que use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 38.

5.9. En consecuencia, la Sala procederá a modificar la decisión proferida en primera
instancia el 26 de febrero de 2026 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, para en su lugar, declarar la improcedencia de cargos por defecto fáctico por
no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, ni subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 26 de febrero de 2026 por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Aristarco Romero Meriño contra el
Consejo de Estado-Sección Quinta, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
SABF

37 SU-215 de 2022.
38 Ibid.

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