Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07713-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07713-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07713-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
23 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07713-00
Accionante: Myriam Lucy Rosero Caicedo
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: reliquidación de la pensión de jubilación.
Subtema 3: defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por la señora Myriam Lucy Rosero Caicedo contra
la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
1. Síntesis del caso
La señora Myriam Lucy Rosero Caicedo presentó escrito de tutela con la pretensión
de amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al
mínimo vital y a la seguridad social, que consideró vulnerados por la Subsección B
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con ocasión
de la sentencia del 8 de agosto de 2025, proferida dentro del expediente identificado
con el radicado núm. 11001-33-35-012-2024-00071-00/01 que confirmó la decisión
de primera instancia dictada por el Juzgado Doce Administrativo de Bogotá.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
en el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07713-00
Accionante: Myriam Lucy Rosero Caicedo
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
2. La señora Myriam Lucy Rosero Caicedo presentó demanda1 en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (Fomag), Fiduciaria la Previsora SA (Fiduprevisora), con las
pretensiones de que se declarara la nulidad de la Resolución 4178 del 9 de
noviembre de 2023 que negó la reliquidación de la pensión de jubilación; y el oficio
S-2023-246429 del 31 de julio de 2023 que negó la solicitud de descuentos a
seguridad social de la totalidad de los factores salariales devengados.
3. En consecuencia, pidió que se ordenara realizar los descuentos y aportes sobre
los factores devengados, y revisar y ajustar la pensión de jubilación con la inclusión
de todos los factores salariales que percibió durante el año anterior al cumplimiento
de su estatus pensional «teniendo en cuenta que de la prima de vacaciones se
efectuaron los descuentos a seguridad social».
4. El asunto correspondió al Juzgado Doce Administrativo de Oralidad de Bogotá
bajo el radicado 11001-33-35-012-2024-00071-00, autoridad que, luego de
adelantado el proceso, emitió sentencia el 7 de mayo de 20252 en la que negó las
pretensiones de la demanda. Esta decisión fue apelada por la parte actora.
5. En segunda instancia, la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió fallo el 8 de agosto de 2025 3 en el que
confirmó la sentencia del 7 de mayo de 2025. Como fundamento de su decisión, citó
las sentencias de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 28
de agosto de 20184 y del 25 de abril de 20195 y sostuvo que a la señora Myriam
Lucy Rosero Caicedo le aplican las leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989, toda vez
que se vinculó el 8 de febrero de 1993.
6. Argumentó que, revisadas las pruebas del proceso ordinario, el factor
pretendido en la liquidación de la pensión por la demandante no se hallaba enlistado
en las normas que rigen la materia, y tampoco se logró probar que se hubieran
efectuado aportes de la prima de vacaciones que devengó la demandante.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
7. La señora Myriam Lucy Rosero Caicedo solicitó al juez constitucional6 que
ampare sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo
vital y a la seguridad social; que deje sin efectos la sentencia del 8 de agosto de
2025 y, en consecuencia, que ordene a la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferir un nuevo fallo en el que condene
al Fomag a lo siguiente:
1 Samai, expediente núm. 11001-33-35-012-2024-00071-00, índice 2, certificado núm. FB98C1E3B5FD2818
968138B7CEBB9519 D1050EC7A74A7947 63DFC4B9CA981665.
2
Samai, expediente núm. 11001-33-35-012-2024-00071-00, índice 21, certificado núm. 5EA257881618EA99
9CD97F5DD05E6B62 94C52E54767BDF6E 6F8F4FC6B42582D.
3 Samai, expediente núm. 11001-33-35-012-2024-00071-01, índice 10, certificado núm. A2695D8F24A40236
AB7EF17F025CE3F5 D01439820B425CE2 DF3A5AFDF6A5838B.
4 Expediente núm. 52001-23-33-000-2012-00143-01
5 Expediente núm. 68001-23-33-000-2015-00569-01.
6 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-07713-00, índice 2, certificado núm. 5B0CD7764DD2147C
ACE28840B867297B E6FCACFBEC1985F9 605AC3318342B443.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07713-00
Accionante: Myriam Lucy Rosero Caicedo
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
[R]evisar y ajustar la pensión jubilación de la docente, incluyendo además de los
factores reconocidos, adicionalmente se debe reconocer la PRIMA DE
VACACIONES, factor sobre el cual se hicieron cotizaciones a seguridad social 7.
8. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que con
Resolución 9341 del 30 de agosto de 2022 se reconoció y ordenó el pago de su
pensión de jubilación con la inclusión en la liquidación de la asignación básica, la
bonificación pedagógica y la bonificación mensual; sin embargo, pese a que solicitó
la reliquidación de la prestación, no fue incluida la prima de vacaciones, factor del
cual le descontaron los aportes a seguridad social en el año anterior a adquirir el
estatus pensional, esto es, del 28 de agosto de 2020 al 28 de agosto de 2021.
9. Citó el artículo 6 del Acto Legislativo 01 de 2005, que dispone que las pensiones
se deben liquidar teniendo en cuenta los factores sobre los cuales se efectuaron
cotizaciones. Adujo que se vulneró su derecho fundamental a la igualdad, puesto
que, en sentencias del 11 de julio, 22 y 26 de septiembre, 4 y 11 de octubre y 15 de
noviembre de 20238, las distintas subsecciones de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca accedieron a las pretensiones de inclusión de la
prima de vacaciones en la liquidación de la pensión.
10. Destacó la constitucionalidad e importancia de los derechos fundamentales a la
seguridad social y enunció jurisprudencia sobre los derechos adquiridos y al mínimo
vital y de los principios de sostenibilidad financiera del sistema pensional, de
protección del erario y de favorabilidad en materia laboral.
11. Manifestó que la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto sustantivo en la sentencia
del 8 de agosto de 2025 porque efectuó una indebida interpretación del Acto
Legislativo 01 de 2005 y de la Ley 62 de 1985, al desestimar la inclusión de la prima
de vacaciones en la liquidación de la pensión de jubilación de la accionante.
12.De esta manera, explicó que las autoridades judiciales accionadas realizaron
una interpretación restrictiva de las normas referidas sin tener en cuenta otros
emolumentos devengados por la accionante que sirvieron de base para calcular los
aportes, como la prima de vacaciones.
13. Asimismo, expuso que se desconoció que la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación SUJ-014-CES2-2019 del 25 de abril de 2019,
indicó que las pensiones de jubilación reconocidas por el Fomag para los docentes
vinculados hasta el 26 de junio de 2003, por remisión de la Ley 91 de 1989, se
debían determinar con un ingreso base de liquidación calculado conforme a la Ley
62 de 1985, en cuyo contenido se indica que los factores salariales a tener en cuenta
para liquidar las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden serían
aquellos emolumentos que sirvieron de base para calcular los aportes.
7 Se transcribe incluso con errores.
8 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expedientes núms. 11001-33-35-029-2021-00343-01, 11001-33-35-
030-2022-00086-01, 11001-33-35-021-2022-00042-01, 11001-33-35-013-2021-00251-01, 11001-33-35-013-
2021-00251-01 y 11001-33-42-050-2022-00445-01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07713-00
Accionante: Myriam Lucy Rosero Caicedo
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
2.3. Trámite procesal
16. El despacho ponente, mediante auto del 9 de diciembre de 20259, admitió la
demanda de tutela, vinculó al Juzgado Doce Administrativo de Oralidad de Bogotá
y a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, requirió el expediente ordinario núm. 11001-33-35-012-
2024-00071-00/01 y ordenó las notificaciones de rigor.
2.4. Intervenciones
17. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca10 contestó que no vulneró los derechos fundamentales de la
accionante y que en el escrito de tutela no se expuso un defecto concreto en el que
haya incurrido en la sentencia del 8 de agosto de 2025. Reiteró los argumentos de
la decisión objeto de reparos y sostuvo que valoró el material probatorio aportado al
proceso ordinario y las normas que rigen la materia.
18. La Nación, Ministerio de Educación Nacional11 manifestó que la solicitud de
amparo es improcedente porque carece de relevancia constitucional, pues el asunto
expuesto por la parte actora plantea una controversia de naturaleza estrictamente
económica, derivada de un litigio que involucra intereses privados, por lo que dicha
situación excede la competencia del juez de tutela.
19. Por otro lado, indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez
que los argumentos de la tutela se dirigen a cuestionar unas decisiones judiciales,
frente a las cuales no tiene injerencia alguna, debido a la independencia y
autonomía que rige a las autoridades accionadas. En consecuencia, solicitó su
desvinculación del presente trámite constitucional.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
20. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente
solicitud de amparo interpuesta por la señora Myriam Lucy Rosero Caicedo contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
3.2. Legitimación en la causa
21. La legitimación en la causa por activa de la señora Myriam Lucy Rosero Caicedo
está acreditada porque es la demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio,
desconocieron sus derechos fundamentales.
9 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-07713-00, índice 4, certificado núm. DD05587C0FE3B18B
31536235E3429D1D 64EBB8749172B9CE 0A1B0D74D23B1AE7.
10 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-07713-00, índice 4, certificado núm. DD05587C0FE3B18B
31536235E3429D1D 64EBB8749172B9CE 0A1B0D74D23B1AE7.
11 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-07713-00, índice 4, certificado núm. DD05587C0FE3B18B
31536235E3429D1D 64EBB8749172B9CE 0A1B0D74D23B1AE7.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07713-00
Accionante: Myriam Lucy Rosero Caicedo
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Tribunal Administrativo de Cundinamarca
22. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección
B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, debido a
que fue la autoridad que profirió la sentencia del 8 de agosto de 2025 objeto de
estudio.
23. Por otro lado, se advierte que la Nación, Ministerio de Educación Nacional
solicitó su desvinculación al considerar que no estaba llamada a responder por la
vulneración de los derechos fundamentales de la accionante.
24. Al respecto, la Sala debe aclarar que su vinculación al presente asunto fue en
calidad de tercero con interés, en aras de garantizar sus derechos de defensa y
contradicción. En ese orden, al no acudir a este trámite constitucional como
autoridad accionada, no es posible declarar su falta de legitimación en la causa por
pasiva. Por lo anterior, se negará dicho requerimiento.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
25. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 12, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional13.
26.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
27.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales14 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
13 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
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De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución15.
3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
28. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional16
en su jurisprudencia ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad, sobre las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia17.
29.
En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio,
impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.
30. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
31. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 8 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, fue notificada el 15 de agosto siguiente, y la demanda de tutela se
presentó el 3 de diciembre de 2025, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto
por la jurisprudencia constitucional18 y del Consejo de Estado19 como razonable.
32. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido contra la
decisión que le puso fin a la actuación judicial.
15 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17 Ibidem.
La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el
requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente
legal y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea
exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se
discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un
aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que
la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las
cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
18 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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33. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
34. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo y de
desconocimiento del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo
en los términos que planteó la parte actora.
3.4. Problema jurídico
35. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B vulneró los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad
social de la señora Myriam Lucy Rosero Caicedo. En particular, deberá establecer
si incurrió en los defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente al proferir
la sentencia del 8 de agosto de 2025, en la cual decidió no incluir la prima de
vacaciones en el ingreso base de liquidación de la pensión que le fue reconocida a
la demandante.
36.Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; ii)
aspectos generales del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales; y iii) el
caso concreto.
3.4.1. El defecto sustantivo
37. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado20.
38.
De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
39. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en
su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las
normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
20 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
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principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]21.
40. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
41.
Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).22
3.4.2. El desconocimiento del precedente
42. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas23.
43. Al respecto, la Corte Constitucional24 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados
y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por
las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la
obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:
90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto
21 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
23 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el
ordenamiento constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar”
la vigencia de un orden justo, lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento
en estos principios, una autoridad judicial tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la
misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez cuenta, desde luego, con autonomía para
valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso de que lo sea, de apartarse
de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo contrario desconoce el
precedente horizontal».
24 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
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de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al
imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia
para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo
principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el
ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un
principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la
aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales25.
44. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia26.
45. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»27.
46. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela28.
47.
Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
25 Se transcribe incluso con errores.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
27 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
28 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del
precedente horizontal o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y
suficiencia. El primero exige que el juez enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares
(es decir, que reconozca expresamente el precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un
precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo requiere exponer razones suficientes y válidas a
la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio jurisprudencial
o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto o suficiente para
resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto el
derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores
judiciales.»
9
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Accionante: Myriam Lucy Rosero Caicedo
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tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación29.
48. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.
3.4.3. Aspectos generales del régimen pensional aplicable a los docentes
oficiales conforme la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de
abril de 2019.
49. La sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, el 25 de abril de 201930, definió las reglas para determinar el ingreso base
de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente oficial
afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
50. Dicha providencia precisó que de conformidad con el parágrafo transitorio 1 del
Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, existen dos
regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la pensión de
jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y territoriales,
cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo. Estos
regímenes son:
(i) Los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 que, con ocasión de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen
pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33
de 198531, en el que los únicos factores que se deben tener en cuenta en el
ingreso base de liquidación son aquellos sobre los que se hubiesen realizado los
respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 62 de
1985. Al respecto se indicó lo siguiente:
En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de
pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo
aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con
el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor
diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
(ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les
aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y
29 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
30 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-
CES2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).
31 «Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales
para el Sector Público».
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797 de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. En ese orden, el ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en
la Ley 100 de 1993, con los factores dispuestos en el Decreto 1158 de 1994,
sobre los cuales se hubiesen realizado las respectivas cotizaciones. En relación
con tales docentes, en la sentencia de unificación se fijó la siguiente regla:
Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los
que se efectuaron las respectivas cotizaciones.
51.
Este criterio diferenciador establecido en la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, en garantía de la sostenibilidad
financiera del sistema, sin que se afecten derechos adquiridos.
3.4.4. La determinación del ingreso base de liquidación.
52. En este punto, es pertinente precisar que el artículo 1 de la Ley 62 de 1985,
que modificó la Ley 33 de 1985, dispuso que los factores que se debían tener en
cuenta para tal efecto son «[la] asignación básica, [los] gastos de representación;
[las] primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; [los] dominicales
y feriados; [las] horas extras; [la] bonificación por servicios prestados; y [el] trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio».
53. La norma citada también previó que, «[e]n todo caso, las pensiones de los
empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes».
54. En relación con los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación
de la pensión, el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 estableció un listado taxativo de
los factores que se pueden incluir en el IBL, siempre y cuando sobre ellos se hayan
realizado aportes a seguridad social. Asimismo, el contexto de la norma admite la
inclusión de otros conceptos en el IBL, bajo la condición de que hayan sido
reconocidos normativamente como factores salariales, y servido de base para las
cotizaciones a seguridad social.
55. Lo anterior atiende al contenido integral del artículo 1 de la Ley 62, que en su
primera parte relacionó los principales factores a tener en cuenta, y, en la segunda,
dejó a salvo la posibilidad de incluir los que hayan servido de base para calcular los
aportes a seguridad social.
56.
Así pues, se advierte que la norma permite un margen de protección reforzado
para el derecho a la seguridad social, por ejemplo, cuando factores adicionales a
los señalados en la Ley 62 de 1985 son considerados como base de cotización por
11
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normas especiales, sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema, toda vez que
debe verificarse y/o garantizarse que sobre aquellos se efectúen los aportes
correspondientes.
57. Además, porque tal perspectiva está en consonancia con el Acto Legislativo 01
de 2005, en cuanto señala que «para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán
en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones», y con pronunciamientos de unificación, como la sentencia del 28 de
agosto de 2018 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en la que frente a las reglas aplicables a los destinatarios de la Ley 33 de
1985, por aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, indicó que:32
La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición
son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones.
3.5. Caso concreto
58. La señora Myriam Lucy Rosero Caicedo acudió a la acción de tutela con el fin
de que se amparen sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
al mínimo vital y a la seguridad social. En consecuencia, solicitó que se deje sin
efectos la sentencia del 8 de agosto de 2025, proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y que se ordene a
la autoridad accionada expedir una nueva providencia que disponga la reliquidación
de su pensión de jubilación, con la inclusión de la prima de vacaciones.
59. Para la parte actora, la providencia cuestionada no efectuó una interpretación
integral y adecuada del Acto Legislativo 01 de 2005 y de la Ley 62 de 1985, al
desestimar la inclusión de la prima de vacaciones en la liquidación de la pensión por
aportes, pese a que respecto de esta prestación se efectuaron cotizaciones dada
su condición de factor salarial.
60. En este sentido, precisó que la accionante se vinculó al servicio docente con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, por lo que su pensión debía
liquidarse con el 75% de todo lo devengado, es decir, con los factores sobre los
cuales se hicieron las cotizaciones al sistema de seguridad social, incluso la prima
de vacaciones.
61. También, refirió que la decisión acusada no tuvo en cuenta que la sentencia de
unificación SUJ-014-CES2-2019 del 25 de abril de 2019 indicó que las pensiones
de jubilación reconocidas a los docentes vinculados hasta el 26 de junio de 2003,
por remisión de la Ley 91 de 1989, se debían liquidar con un ingreso base de
liquidación calculado conforme a la Ley 62 de 1985, según los factores referidos en
la norma, lo que implica incluir los demás emolumentos que habían servido de base
para calcular los aportes.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, radicado
núm. 52001-2333-000-2012-00143-01.
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62. Al respecto, la Sala abordará el estudio conjunto de los defectos propuestos por
la parte actora, por cuanto los argumentos planteados en el escrito de tutela están
relacionados con la interpretación normativa y jurisprudencial desarrollada por la
autoridad judicial accionada para determinar el ingreso base de liquidación con el
que se definió el valor de la pensión reconocida a la señora Myriam Lucy Rosero
Caicedo, lo cual, en criterio de la tutelante no fue debidamente analizado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la media en que excluyó
injustificadamente la «prima de vacaciones».
3.5.1. Fundamentos de la sentencia objeto de tutela
63. Así pues, revisadas las pruebas aportadas al trámite de tutela, la Sala observa
que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desestimó la inclusión de la prima
de vacaciones en la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Myriam
Lucy Rosero Caicedo con fundamento en el siguiente análisis:
Del material probatorio obrante en el expediente es menester resaltar varios aspectos
frente a los factores salariales, en ese sentido, dentro del reconocimiento se tuvieron
en cuenta los siguientes haberes: «asignación básica mensual», «bonificación
mensual» y la «bonificación pedagógica», dado el promedio de salarios del año de
servicios anterior al cumplimiento de la fecha de estatus de jubilada [28 de agosto de
2021], en forma proporcional y en el lapso allí determinado.
Teniéndose en cuenta que el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 enlista como factores
taxativos: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio. En la medida de lo ya considerado, se
debe reconocer aquellos haberes sobre los cuales efectivamente se haya cotizado al
sistema, y no sólo devengados, aparte de los enlistados en la norma. Si se cumpliera
estos requisitos enunciados, se garantizaría el derecho en ese caso, accediéndose a
lo pretendido, sin que se viera afectada la sostenibilidad presupuestaria o fiscal.
En consecuencia, dado lo expuesto en el párrafo anterior, ni los factores salariales
pretendidos se hallan enlistados en la norma. Como tampoco se logró evidenciar de
manera efectiva que sobre aquellos se hubiese cotizado al sistema pensional.
Por otra parte, esta Sala no comparte la postura sostenida por el extremo activo en el
decir que el factor «prima de vacaciones» se hicieron los descuentos a seguridad
social por la sigla [***] que obra en el certificado. Dentro del plenario no se logra
evidenciar en cuantía cierta dichos aportes, o cotizaciones, pues si bien se denota del
material probatorio la percepción del haber, se extraña siquiera una prueba siquiera
sumaria.
Aquel elemento probatorio puede constar en un soporte de nómina, u otros medios,
donde se permita demostrar en un valor cierto y determinable el descuento en
concreto aportado al sistema de seguridad social sobre el haber estimado. Está de
más indicar que aportar esta documental es una carga probatoria que le corresponde
a la parte demandante dar a conocer, por lo tanto, ante su ausencia no habría lugar
a su reconocimiento
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Conforme a todo lo expuesto, la Sala considera que lo resuelto por el juez en primera
instancia se halla en línea con lo aquí dispuesto. Por lo tanto, se confirmará la decisión
adoptada que negó las pretensiones de la demanda. 33.
64. En efecto, el Tribunal accionado concluyó que la señora Myriam Lucy Rosero
Caicedo tenía derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación con la inclusión
en la liquidación de la asignación básica mensual, la bonificación mensual y la
bonificación pedagógica, y determinó que el factor prima de vacaciones debía ser
excluido, puesto que, a pesar de que sí lo devengó, no se probó que de este se
hubieran realizado descuentos para los aportes a cotización.
3.5.2. Las consideraciones de la Sala respecto al defecto alegado por la actora
65. Pues bien, para determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en los defectos expuestos por la accionante en el escrito de tutela, la Sala
debe precisar que al expediente de nulidad y restablecimiento del derecho se aportó
el certificado de salarios expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá en el que consta
que la señora Myriam Lucy Rosero Caicedo devengó, entre otros factores, la prima
de vacaciones.
66. Respecto a la prima de vacaciones para los educadores estatales, la Sala
destaca que se trata de un factor creado mediante el Decreto 1381 de 1997 34, en
cuyo artículo 1 se estableció lo siguiente:
Créase la prima de vacaciones para los docentes de los Servicios Educativos
Estatales, en una proporción del 40% del salario mensual para el año de 1997 y del
50% a partir del año 1998.
67. A su vez, el artículo 6 del referido decreto indicó que: «Los aspectos generales
referidos a esta prestación, no contemplados en este decreto y que no le sean
contemplados, se regirán por lo establecido en el Decreto-ley 1045 de 1978 y por
las normas que lo reglamenten, modifiquen o sustituyan».
68. En este orden, se advierte que la prima de vacaciones a favor de los docentes
oficiales, por disposición expresa del artículo 6 del Decreto 1381 de 1997, se rige
por el Decreto Ley 1045 de 1978, en los aspectos que no fueron regulados en su
norma de creación. Así, al remitirse a esta última, se advierte que, de acuerdo con
el artículo 4535, es un concepto de carácter salarial base de cotización en la medida
en que fue previsto para la liquidación de cesantías y pensiones de los empleados
públicos36.
69.De esta manera, se observa que la autoridad judicial accionada omitió realizar
un análisis sistemático del artículo 6 del Decreto 2709 de 1994, en concordancia
33 Se transcribe incluso con errores.
34
«Por medio del cual se establece la prima de vacaciones para los docentes de los servicios públicos
Educativos Estatales»
35 «Decreto Ley 1045 de 1978, artículo 45. «De los factores de salario para la liquidación de cesantía y
pensiones. Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren
derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se tendrá en cuenta los siguientes
factores de salario: […] k) La prima de vacaciones […]».
36 En este sentido se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 13 de
febrero de 2025, radicado núm. 25000-23-42-000-2019-01210-01 (1889-2023).
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con los artículos 1 y 6 del Decreto 1381 de 1997 y el artículo 45 del Decreto Ley
1045 de 1978, con los cuales hubiese podido advertir que la prima de vacaciones
tenía una naturaleza salarial, que servía de base para efectuar las respectivas
cotizaciones a pensión.
70. Así pues, era viable incluir la prima de vacaciones en el IBL de la pensión de la
accionante, bajo una interpretación armónica de la normativa que regula la materia,
que permitía inferir que existen factores salariales adicionales a los señalados en la
Ley 62 de 1985 que son considerados como base de cotización por normas
especiales, lo cual no pone en riesgo la sostenibilidad del sistema, toda vez que
sobre aquellos se exige la realización de los aportes correspondientes.
71. Ahora bien, la Sala no desconoce que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca argumentó que en el proceso ordinario no quedó probado que de la
prima de vacaciones que percibió la demandante le hubieran descontado para
aportes a cotización; y que, en algunos apartes, la demandante sostiene que sí le
efectuaron dichos descuentos.
72. Sobre este punto, es preciso advertir que, además de que se observa que la
autoridad accionada no ejerció sus poderes oficiosos para decretar pruebas en
materia laboral, esta Subsección ha ordenado en asuntos de similares condiciones
fácticas y jurídicas a las entidades de previsión para que realicen las gestiones
necesarias para el cobro de dichos aportes. Así, en sentencia del 10 de julio de
202537, se dispuso:
La NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO podrá recaudar las cotizaciones en
favor del demandante en el tiempo en que estuvo contratado a través de órdenes de
prestación de servicios y que no se efectuaron. De igual forma, el accionante, en caso
de no haberlo hecho, tendrá que realizar los aportes a su cargo durante su vinculación
a través de contratos de prestación de servicios. También, el Fondo podrá reclamar
la cuota parte a las demás entidades de previsión social o fondos de pensiones en los
que el peticionario realizó cotizaciones.
Los aportes correspondientes a los periodos referidos deben calcularse teniendo en
cuenta los honorarios pactados en los distintos contratos de prestación de servicios,
con fundamento en la parte motiva de esta sentencia.
73. Más recientemente, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado profirió sentencia del 16 de octubre de 202538, en la que ordenó lo siguiente:
106. En este orden de ideas, se confirmará parcialmente la sentencia de primera
instancia, y adicionará el numeral segundo de la decisión, en cuanto a exhortar a la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio para que recaude ante los entes territoriales correspondientes las
cotizaciones en favor de la demandante en el tiempo en que estuvo contratada a
través de órdenes de prestación de servicios y que no se efectuaron.
37 Expediente núm. 17001-23-33-000-2020-00036-01.
38 Expediente núm. 25000-23-42-000-2021-00493-01.
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Tribunal Administrativo de Cundinamarca
[…]
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia proferida el 21 de septiembre de
2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D, que accedió a las pretensiones de la demanda, salvo la condena en costas a la
parte accionada, que se revoca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: ADICIONAR al numeral segundo de la parte resolutiva de la anterior
sentencia el siguiente inciso:
Se exhorta a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio para que recaude ante los entes territoriales
correspondientes las cotizaciones en favor de la señora Nelly Ramírez Pedraza en el
tiempo en que estuvo contratada a través de órdenes de prestación de servicios y que
no se efectuaron.
74. De todo lo expuesto, la Sala encuentra que la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en los defectos
sustantivo y de desconocimiento del precedente, en la medida en que negó la
inclusión de la prima de vacaciones en la reliquidación pensional de la tutelante, no
obstante que las normas especiales le otorgan la condición de factor salarial y que
la accionada podía ordenar las disposiciones pertinentes para asegurar el cobro de
los respectivos aportes.
4. Conclusiones
75. En virtud de lo anterior, la Subsección amparará el derecho fundamental al
debido proceso de la señora Myriam Lucy Rosero Caicedo; y dejará sin efectos la
sentencia del 8 de agosto de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
76. En consecuencia, se ordenará a la autoridad judicial accionada que en un
término de 20 días contados a partir de la notificación de esta providencia emita una
nueva providencia, en la que decida la apelación interpuesta por la parte
demandante dentro del expediente con radicado núm. 11001-33-35-012-2024-
00071-01, de acuerdo con las consideraciones expuestas en esta providencia.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07713-00
Accionante: Myriam Lucy Rosero Caicedo
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Segundo: Conceder el amparo del derecho fundamental al debido proceso de la
señora Myriam Lucy Rosero Caicedo, por los motivos expuestos en esta decisión.
Tercero: Dejar sin efectos la sentencia del 8 de agosto de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
dentro del expediente con radicado núm. 11001-33-35-012-2024-00071-01, en
atención a las razones expresadas en esta decisión.
Cuarto: Ordenar a la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, en el término de veinte (20) días hábiles
contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera una nueva decisión
en la que atienda lo indicado en la parte considerativa de esta providencia.
Quinto: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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