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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07713-01

Fecha
8 de mayo de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07713-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 23 de enero de 2026 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por Myriam Lucy Rosero Caicedo contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección B, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07713-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

8 de mayo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07713-01
Accionante: Myriam Lucy Rosero Caicedo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07713-01
Accionante: Myriam Lucy Rosero Caicedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección B
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de procedencia. Improcedencia - Relevancia constitucional y Subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionada contra la sentencia
proferida el 23 de enero de 2026 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado que accedió a la solicitud de tutela que formuló la señora Myriam Lucy Rosero
Caicedo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Myriam Lucy Rosero Caicedo, por conducto de apoderado judicial, interpuso acción de
tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social 1, los cuales estima vulnerados por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección B, con
ocasión de la sentencia proferida el 8 de agosto de 2025, mediante la cual se confirmó el
fallo emitido el 7 de mayo de 2025 por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de
Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda promovida en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho iden tificado con el radicado núm. 11001-
33-35-012-2024-00071-00/01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:

2.1. Myriam Lucy rosero Caicedo presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación -Ministerio de Educación, Fondo

1 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado 5B0CD7764DD2147C

ACE28840B867297B E6FCACFBEC1985F9 605AC3318342B443 .

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07713-01
Accionante: Myriam Lucy Rosero Caicedo

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG y Fiduciaria la Previsora S.A.
y a la Secretaría de Educación de Bogotá con el propósito de obtener la nulidad de la
Resolución 4178 del 9 de noviembre de 2023 mediante la cual se negó la solicitud de
reliquidación de la pensión de jubilación , y el oficio S-2023-246429 del 31 de julio de 2023
que negó la solicitud de descuentos por concepto de aportes al sistema de seguridad
social sobre la totalidad de los factores salariales devengados.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que:

“3.1. Se ordene realizara los trámites necesarios para la Secretaría de
Educación de Bogotá D.C., realice los descuentos sobre los factores que se
solicitan para su inclusión y a su vez efectúe el aporte de los mismos al sistema
pensiona (sic) (FONPREMAG).

3.2. Consecuentemente, con la pretensión anterior se ordene la revisión y ajuste
de la pensión de jubilación, incluyendo, además, de los ya reconocidos, todos
los factores salariales devengados por la docente, en el año anterior al
CUMPLIMIENTO DEL STATUS PENSIONAL, además, teniendo en cuenta que,
de la PRIMA DE VACACIONES, se realizó los descuentos a seguridad social,
según el Acto legislativo 01 de 2005, se deben incluir todos los factores
salariales sobre los que hubiese realizado cotizaciones.

CUARTO: Condenar a las entidades demandadas a reconocer y pagar (…) el valor
de los reajustes que se causen por los conceptos referidos en los numerales
anteriores, desde el momento en qué se le reconoció esta pensión, descontando lo
que se haya cancelado.

QUINTO: Condenar a las entidades demandas a reconocer y pagar la INDEXACIÓN
sobre las sumas de dinero adeudadas por concepto de la re liquidación pensión
jubilación, referidos en los numerales anteriores, aplicando lo certificado por el DANE
desde el momento del reconocimiento de la pensión hasta que se haga efectivo el
pago, conforme a lo establecido en los artículos 187 y 192 del CPACA”2.

2.2. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Doce Administrativo del Circuito
de Bogotá bajo el radicado número 11001-33-35-012-2024-00071-00, autoridad judicial
que, mediante sentencia del 7 de mayo de 2025, negó las pretensiones de la demanda.
Consideró que, conforme a la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, el
ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación de la demandante, únicamente
podía integrarse con los factores salariales expresamente previstos en el artículo 1 de la
Ley 62 de 1985 y sobre los cuales se h ubieren efectuado aportes.

Asimismo, precisó que, si bien el Decreto 1381 de 1997 regula la prima de vacaciones,
dicha normativa no le atribuye carácter salarial. Igualmente, indicó que la remisión al
Decreto Ley 1045 de 1978 no resulta aplicable en materia de liquidación pensional, toda
vez que el régimen correspondiente se encontraba determinado por las Leyes 33 y 62 de
1985.

2.3. Inconforme con dicha decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, al
estimar que el a quo omitió valorar que sobre la prima de vacaciones sí se realizaron

2 Índice 00008
del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado 2F4C25FBD50A8D33
D35A9150316C46F7 8BE26FE26A73DE3E 86A315207EE368C5 , carpeta “11001333501220240007100”, archivo
“01DemandaAnexos”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07713-01
Accionante: Myriam Lucy Rosero Caicedo

cotizaciones al sistema de seguridad social, razón por la cual dicho factor debía incluirse
en el ingreso base de liquidación.

Sostuvo, además, que la Ley 62 de 1985 no podía aplicarse de manera restrictiva, puesto
que el Acto Legislativo 01 de 2005 impone considerar todos los factores respecto de los
cuales se hayan efectuado aportes.

2.4. Mediante sentencia del 8 de agosto de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó el fallo de primera instancia.

La autoridad judicial fundamentó su decisión en la jurisprudencia de unificación del
Consejo de Estado, particularmente en la sentencia SUJ-014-CE-S2-2019, conforme a la
cual, para los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, el ingreso base de liquidación de la pensión únicamente puede integrarse
con los factores salariales expresamente previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985
y sobre los cuales se hayan efectuado aportes al sistema pensional.

Bajo este entendido, sostuvo que la exclusión de la prima de vacaciones resultaba acorde
con el ordenamiento jurídico, en tanto dicho emolumento no se encuentra dentro de los
factores taxativamente previstos en la norma aplicable, ni se acreditó su inclusión como
base de cotización durante el periodo relevante. Asimismo, explicó que las disposiciones
que regulan dicha prestación no le atribuyen carácter salarial para efectos pensionales,
ni modifican el régimen especial aplicable al caso.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó al juez constitucional el amparo de derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social. En consecuencia,
pidió dejar sin efectos la sentencia de segunda proferida el 8 de agosto de 2025 por la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
dentro del proceso identificado con el radicado núm. 11001-33-35-012-2024-00071-01 y,
en su lugar, ordenar a dicha autoridad judicial emitir una decisión de reemplazo en la se
disponga “al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a
revisar y ajustar la pensión jubilación del docente , incluyendo además de los factores
reconocidos, adicionalmente se debe reconocer la PRIMA DE VACACIONES, factor
sobre el cual se hicieron cotizaciones a seguridad social”3.

Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora señaló que, mediante Resolución
9341 del 30 de agosto de 2022, se reconoció y ordenó el pago de su pensión de jubilación,
con inclusión en la liquidación de la asignación básica, la bonificación pedagógi ca y la
bonificación mensual. No obstante, indicó que, pese a haber solicitado la reliquidación de
la prestación, no se incluyó la prima de vacaciones, factor sobre el cual se realizaron
aportes a seguridad social durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional,
esto es, entre el 28 de agosto de 2020 y el 28 de agosto de 2021.

3 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado 5B0CD7764DD2147C

ACE28840B867297B E6FCACFBEC1985F9 605AC3318342B443.

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Accionante: Myriam Lucy Rosero Caicedo

Invocó el artículo 6 del Acto Legislativo 01 de 2005, que establece que las pensiones
deben liquidarse con base en los factores respecto de los cuales se hubieren efectuado
cotizaciones.

Igualmente, sostuvo que se vulneró su derecho fundamental a la igualdad, pues en
decisiones proferidas el 11 de julio, 22 y 26 de septiembre, 4 y 11 de octubre y 15 de
noviembre de 2023, distintas subsecciones de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca accedieron a la inclusión de la prima de vacaciones en
la liquidación pensional.

Adicionalmente, afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo,
al efectuar una interpretación errónea del Acto Legislativo 01 de 2005 y de la Ley 62 de
1985, lo que condujo a excluir la prima de vacaciones de la liquidación pensional. Explicó
que dicha interpretación resultó excesivamente restrictiva, dado que omitió considerar
otros emolumentos devengados que sirvieron de base para efectuar aportes, entre ellos
la prima de vacaciones.

Finalmente, indicó que la providencia cuestionada desconoció el precedente fijado por la
Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ-014-CES2-
2019 del 25 de abril de 2019, conforma a la cual las pensiones de jubilación reconocidas
por el FOMAG a docentes vinculados hasta el 26 de junio de 2003 deben liquidarse con
observancia de la Ley 62 de 1985 y teniendo en cuenta todos los factores salariales que
sirvieron de base para efectuar aportes.

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 9 de diciembre de 20254, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela; vinculó como terceros con interés al
Juzgado Doce Administrativo de Bogotá y a la Nación -Ministerio de Educación Nacional-
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; requirió al mencionado juzgado
para que remitiera copia del expediente ordinario objeto de amparo, ordenó notificar a los
sujetos procesales y suspendió los términos.

Una vez surtidas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección B 5,
por conducto del magistrado ponente de la providencia cuestionada, se opuso a las
pretensiones de amparo. Sostuvo que no compartía los argumentos relacionados con la
presunta vulneración de derechos fundamentales, toda vez que la decisión cuestionada
expuso razones suficientes, claras y coherentes para negar las pretensiones de la
demanda, determinación que, además, fue adoptada con observancia de las garantías
procesales y en aplicación del ordenamiento jurídico vigente.

4 Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado DD05587C0FE3B18B 31536235E3429D1D

64EBB8749172B9CE 0A1B0D74D23B1AE7.
5 Índice 00009 del expediente digital de primera instancia, certificado 5A72B679EB31694C FC8090701A47BFED

6286F79ECCBB628B 3E62F8C767F4EC4E.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07713-01
Accionante: Myriam Lucy Rosero Caicedo

En ese sentido, afirmó que la parte actora no identificó defectos concretos atribuibles a
la providencia censurada, sino que manifestó una discrepancia interpretativa respecto de
las normas aplicables al caso.

Luego de transcribir apartes de la sentencia cuestionada, indicó que esta se ajustó al
marco normativo y jurisprudencial aplicable, sin que se configure vulneración alguna de
los derechos fundamentales invocados.

4.2. El Ministerio de Educación Nacional6 solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela, al considerar que no se satisface el requisito de relevancia
constitucional.

Asimismo, advirtió que no se demostró que las presuntas irregularidades alegadas
comprometieran gravemente la subsistencia, existencia digna o acceso efectivo a la
administración de justicia de la accionante. De igual forma, señaló que tampoco se
acreditó una afectación indirecta de derechos fundamentales derivada de la tardanza en
la respuesta a solicitudes administrativas, en los términos fijados por la jurisprudencia
constitucional.

Por otra parte, solicitó su desvinculación del trámite constitucional por falta de legitimación
en la causa por pasiva, en razón a que los cuestionamientos formulados por la parte
actora se dirigen exclusivamente contra providencias judiciales respecto de las cuales
dicha entidad no tiene injerencia, en virtud de los principios de autonomía e
independencia judicial.

4.3. El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá 7 allegó copia digital del
expediente ordinario. No obstante, guardó silencio frente a las pretensiones y hechos
expuestos en la acción de tutela.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 23 de enero de 20268, la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado amparó el derecho fundamental al debido proceso de la
accionante, al considerar que la decisión cuestionada incurrió en un defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente.

Lo anterior, por cuanto negó la inclusión de la prima de vacaciones en la reliquidación
pensional de la tutelante, pese a que, a juicio del juez constitucional de primera instancia,
las normas especiales le atribuyen naturaleza salarial y permiten disponer las medidas
necesarias para garantizar el recaudo de los aportes correspondientes.

En consecuencia, dejó sin efectos la sentencia del 8 de agosto de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

6 Índice 00010 del expediente digital de primera instancia, certificado 566032391CCD52BB D53F4C27AE678A8F

D0E5C7F99AD77B3D 5650CF6D868EA2F3.
7 Índice 00009 del expediente digital de primera instancia, certificado 7C113073D5348C07 CEA55C942F1313A2

47B30531B867FB48 EC3B5FA37487673A.
8 Índice 00014 del expediente digital de primera instancia, certificado D091BDB371953356 AD0390BE6FFDFFFC

2069D91B917FAE7D 12A89FC1DAE34D77.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07713-01
Accionante: Myriam Lucy Rosero Caicedo

dentro del expediente radicado con el núm. 11001-33-35-012-2024-00071-01, y ordenó
a dicha autoridad judicial que, dentro del término de veinte (20) días hábiles, profiriera
una nueva decisión conforme a las consideraciones expuestas en la providencia de
tutela.

El juez constitucional de primera instancia abordó de manera conjunta el estudio de los
defectos invocados por la parte actora, al advertir que los argumentos formulados
guardaban relación con la interpretación normativa y jurisprudencial efectuada por la
autoridad judicial accionada para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión
reconocida a la señora Rosero Caicedo.

En primer lugar, puso de presente que en el expediente ordinario obraba certificación
salarial en la que constaba que la accionante devengó, entre otros conceptos, la prima
de vacaciones.

Posteriormente, explicó que dicha prestación podía ser considerada factor salarial, a
partir de una interpretación sistemática de las normas que la regulan. Sobre el particular,
indicó que el Decreto 1381 de 1997, que creó la prima de vacaciones para los docentes,
remite al Decreto Ley 1045 de 1978, cuyo artículo 45 reconoce su carácter salarial y su
aptitud para integrar la base de cotización pensional de los empleados públicos.

Con fundamento en ello, concluyó que la autoridad judicial accionada:

“omitió realizar un análisis sistemático del artículo 6 del Decreto 2709 de 1994, en
concordancia con los artículos 1 y 6 del Decreto 1381 de 1997 y el artículo 45 del
Decreto Ley 1045 de 1978, con los cuales hubiese podido advertir que la prima
de vacaciones tenía una naturaleza salarial, que servía de base para efectuar las
respectivas cotizaciones a pensión”9.

En ese contexto, estimó jurídicamente viable incluir la prima de vacaciones en el ingreso
base de liquidación, aun cuando dicho factor no estuviera expresamente previsto en la
Ley 62 de 1985, dado que existían disposiciones especiales que ampliaban los factores
salariales relevantes sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

Adicionalmente, señaló que, conforme a la jurisprudencia emitida por esa subsección,
incluso en aquellos eventos en los que no se hubieren efectuado cotizaciones sobre
determinado factor salarial, el juez contaba con la facultad de ordenar el recaudo de los
aportes correspondientes.

Por consiguiente, concluyó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente al excluir la prima de vacaciones de la
reliquidación pensional.

9 Ibid.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07713-01
Accionante: Myriam Lucy Rosero Caicedo

6. Impugnación10

El magistrado ponente de la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca presentó escrito de impugnación en contra de la
decisión de primera instancia.

Manifestó que no compartía el análisis efectuado por el a quo constitucional, dado que, a
su juicio, no resultaba procedente el estudio sistemático propuesto en la providencia
impugnada.

Lo anterior, por cuanto las normas allí citadas regulaban aspectos de naturaleza salarial
y no prestacional, mientras que los requisitos para la reliquidación pensional ya habían
sido definidos por la jurisprudencia de unificación aplicable al asunto, sin que existiera
margen para interpretaciones distintas.

Precisó que la jurisprudencia relativa a la reliquidación de pensiones docentes, en el
marco del régimen de transición, ha establecido que el ingreso base de liquidación debe
determinarse conforme a las Leyes 33 y 62 de 1985, incluyendo únicamente aquellos
factores salariales respecto de los cuales se hubieren efectuado cotizaciones efectivas.

Añadió que la inclusión de factores salariales en la liquidación pensional depende de la
acreditación de su efectiva erogación y cotización, carga probatoria que corresponde
asumir a la parte demandante.

Finalmente, precisó que la jurisprudencia que admite la inclusión de determinados
factores salariales en escenarios particulares, como aquellos relacionados con contratos
de prestación de servicios, no resulta aplicable al caso concreto, por tratarse de una
docente oficial vinculada al régimen especial del magisterio. En consecuencia, solicitó
revocar el fallo de tutela de primera instancia y mantener incólume la decisión adoptada
dentro del proceso ordinario.

Mediante auto del 10 de marzo de 202611, la magistrada ponente de la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado concedió la impugnación interpuesta por la
parte accionada.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.

10 Índice 00018 del expediente digital de primera instancia, certificado 02820F237DDEC731 2668FA26A05B850C

A2E0DEEE66DA4190 414628F511FA8DB8.
11 Índice 00020 del expediente digital de primera instancia, certificado C04A9CF5ABB2CDEC 13ED02116A11C652

4FDEC5E3DC841370 524D4E2F06FF1DA1.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07713-01
Accionante: Myriam Lucy Rosero Caicedo

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque Myriam
Lucy Rosero Caicedo es la titular de las garantías constitucionales que afirma fueron
vulneradas, en su condición de demandante dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 11001-33-35-012-2024-
00071-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección B fue la autoridad que
profirió la decisión que, según la tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
23 de enero de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, que amparó las pretensiones de la accionante

Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte actora.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200512 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela 13 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 14.

12 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
14 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07713-01
Accionante: Myriam Lucy Rosero Caicedo

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”15.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía
e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 16.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;

cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del pre cedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconoce n la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
14 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
16 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que
el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más
amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la
petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 17.

4.2. Subsidiariedad.

Sobre el particular, resulta importante destacar que este requisito está definido
expresamente en el artículo 86 superior como presupuesto general de procedencia de la
acción de tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló
en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 18.

Cuando se trata de tutelas presentadas en contra de providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el amparo
se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios que el
legislador tiene previstos para controvertir las decisiones judiciales, con el fin de: (i)
prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso
ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de
defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos atiendan un mínimo de
diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar errores o
descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial 19.

17 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
18“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
19 Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.

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La Corte Constitucional 20 ha sostenido que es deber de la parte accionante desplegar
todos los mecanismos judiciales que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos, pues de no ser así, se correría el riesgo de interferir en las competencias de
las distintas autoridades judiciales.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que revocará la decisión de primera instancia, por cuanto la presente
acción constitucional no satisface los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad, conforme pasa a explicarse.

5.1. Del examen del escrito de tutela se advierte que la actora argumentó que la
providencia cuestionada no realizó una interpretación integral del Acto Legislativo 01 de
2005 ni de la Ley 62 de 1985, al excluir la prima de vacaciones de la liquidación pensional,
pese a que sobre este factor salarial había realizado las respectivas cotizaciones.

Asimismo, indicó que se vinculó al servicio docente antes de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, razón por la cual su pensión debía liquidarse con el 75% de todo lo
devengado, esto es, con inclusión de los factores que sirvieron de base para efectuar las
cotizaciones, entre ellos, la prima de vacaciones.

De igual forma, señaló que la decisión cuestionada desconoció la sentencia de unificación
SUJ-014-CES2-2019 del 25 de abril de 2019, según la cual las pensiones de los docentes
vinculados hasta el 26 de junio de 2003, por remisión de la Ley 91 de 1989, debían
liquidarse conforme a la Ley 62 de 1985, lo que permitía incluir los emolumentos que
sirvieron de base para calcular los aportes.

5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados por el Tribunal Administrativo de
-Sección Segunda-Subsección B se advierte que, en la sentencia proferida el 8 de agosto
de 2025, dicha autoridad arribó a la siguiente conclusión:

“De manera que, en el caso concreto, al encontrarse amparada la pensión de la
parte actora por lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, esto es, aplicando una tasa de
reemplazado (sic) del 75% al promedio de los salarios devengados en el último año
de servicio. En el presente asunto, por concordancia normativa, han de tomarse los
factores salariales previstos en la Ley 62 de 1985 de forma taxativa no acabada, esto
es, excluyendo los devengados los cuales no se hallen allí dispuestos. A menos de
lograr demostrarse que, sobre aquellos no relacionados en la norma, se hicieron los
aportes correspondientes garantizándose el derecho, empero, a su vez se mantiene
el principio de equilibrio fiscal.

Así las cosas, en este asunto, de conformidad con los hechos probados, se evidencia
que a la parte demandante se le reconoció la prestación a partir del 29 de agosto de
2021.

Ahora bien, deben determinarse qué factores de los devengados por el extremo activo
están relacionados con los enlistados en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, pues
son los únicos que pueden tenerse en cuenta en el reconocimiento de la pensión o
de su reliquidación. Asimismo, si se demostró por la parte actora la cotización de los

20 Sentencia C-590 de 2005.

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haberes que no se hallen dentro de la norma en cita, acorde lo considerado
previamente21.

Bajo ese contexto, la autoridad judicial accionada examinó el acervo probatorio obrante
en el expediente y, en relación con los factores salariales, indicó:

“Del material probatorio obrante en el expediente es menester resaltar varios aspectos
frente a los factores salariales, en ese sentido, dentro del reconocimiento se tuvieron
en cuenta los siguientes haberes: «asignación básica mensual», «bonificación
mensual» y la «bonificación pedagógica», dado el promedio de salarios del año de
servicios anterior al cumplimiento de la fecha de estatus de jubilada [28 de agosto de
2021], en forma proporcional y en el lapso allí determinado.

Teniéndose en cuenta que el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 enlista como factores
taxativos: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio. En la medida de lo ya considerado, se
debe reconocer aquellos haberes sobre los cuales efectivamente se haya cotizado al
sistema, y no sólo devengados, aparte de los enlistados en la norma. Si se cumpliera
estos requisitos enunciados, se garantizaría el derecho en ese caso, accediéndose a
lo pretendido, sin que se viera afectada la sostenibilidad presupuestaria o fiscal.

En consecuencia, dado lo expuesto en el párrafo anterior, ni los factores salariales
pretendidos se hallan enlistados en la norma. Como tampoco se logró evidenciar de
manera efectiva que sobre aquellos se hubiese cotizado al sistema pensional.

Por otra parte, esta Sala no comparte la postura sostenida por el extremo activo en el
decir que el factor «prima de vacaciones» se hicieron los descuentos a seguridad
social por la sigla [***] que obra en el certificado. Dentro del plenario no se logra
evidenciar en cuantía cierta dichos aportes, o cotizaciones, pues si bien se denota del
material probatorio la percepción del haber, se extraña siquiera una prueba siquiera
sumaria.

Aquel elemento probatorio puede constar en un soporte de nómina, u otros medios,
donde se permita demostrar en un valor cierto y determinable el descuento en
concreto aportado al sistema de seguridad social sobre el haber estimado. Está de
más indicar que aportar esta documental es una carga probatoria que le corresponde
a la parte demandante dar a conocer, por lo tanto, ante su ausencia no habría lugar
a su reconocimiento”22.

Para arribar a dicha conclusión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección B, luego de establecer los hechos probados en el expediente,
realizó un análisis de la “unificación en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado sobre la liquidación pensional de los servidores públicos / De los
docentes afiliados al FOMAG”23.

Al respecto, el tribunal mencionó que la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió
sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019 con radicado
68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-17), en la que desarrolló y complementó todo lo

21 Índice 00010 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho radicado número 11001-33-35-012-2024-

00071-01 en el aplicativo SAMAI, certificado A2695D8F24A40236 AB7EF17F025CE3F5 D01439820B425CE2
DF3A5AFDF6A5838B.
22 Ibid.
23

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establecido en materia de liquidación pensional de los docentes oficiales afiliados al
FOMAG.

Bajo el mismo contexto, indicó que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, expediente
radicado bajo el n.º 52001-23-33-000-2012-00143-01, resolvió variar la postura que había
sostenido, en especial la Sección Segunda, interpretando la finalidad del Legislador en la
Ley 100 de 1993, expresando:

“89. Entonces la razonabilidad de ese cambio legislativo está en poder conciliar la
finalidad que motiva la reforma pensional con la confianza y la expectativa de los
ciudadanos que están próximos a pensionarse, es decir, garantizar el interés general
sin sacrificar del todo el interés particular. Es importante precisar que un cambio en el
sistema de pensiones necesariamente implica el establecimiento de requisitos y
condiciones, en principio, menos favorables, para adquirir la pensión, por eso se
requiere un periodo de transición que permita implementar de manera ponderada y
equilibrada el nuevo régimen, concretamente, para aquellas personas que, bajo las
condiciones legales anteriores, podrían adquirir su pensión en un corto periodo de
tiempo”.

Por lo que estableció que existían dos grupos de personas, en atención a las
circunstancias pensionales así:

“(…)
49. El primer grupo de personas fue aquel que tenía unos derechos, garantías o
beneficios adquiridos y establecidos conforme a las disposiciones normativas
anteriores, para quienes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley hubieren
cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encontraran pensionados
por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público,
oficial, semioficial en todos los órdenes del régimen de prima media y del sector
privado en general (artículo 11).

50. El segundo grupo de personas, al que quiso proteger el legislador, fue a aquel
que estaba próximo a adquirir el derecho a la pensión conforme a las disposiciones
legales anteriores. Para este grupo, la Ley 100 de 1993 otorgó una vigencia ultractiva
de algunos elementos del régimen pensional que lo cobijaba, concediéndole a dicho
régimen unos efectos con el fin que a medida que estas personas cumplieran los
requisitos para acceder a una pensión adquirieran el derecho en los términos
previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

51. Ciertamente, la Ley 100 de 1993, en su artículo 36, estableció el régimen de
transición como mecanismo de protección frente al impacto del tránsito legislativo en
materia pensional para quienes no hubieren consolidado el derecho a la pensión
durante la vigencia normativa anterior, pero estaban próximos a cumplir los requisitos
para ello, caso en el cual se les mantendrían algunos presupuestos para acceder a la
pensión en condiciones particulares, más favorables y diferentes frente a quienes
fueran cobijados por el Sistema General de Pensiones (…)”.

En virtud de lo anterior, el tribunal convocado explicó que, para el segundo grupo de
personas determinados en la citada transcripción, fijó una regla jurisprudencial sobre el
ingreso base de liquidación en el régimen de transición, consistente en “El Ingreso Base
de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del
régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen
con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones

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previsto en la Ley 33 de 1985”. Y resaltó que, en relación con la jurisprudencia
constitucional, se entiende la aplicación no sólo de la Ley 33 de 1985, sino de los
regímenes especiales a los que se remita.

Aunado a lo anterior, agregó que se establecieron dos subreglas jurisprudenciales, en las
cuales se excluyó a los afiliados al FOMAG de la primera de ellas, mas no de la segunda.
Señaló que dicha situación correspondía al caso objeto de estudio, razón por la cual
transcribió lo siguiente:

“(…)
95. La Sala Plena considera importante precisar que la regla establecida en esta
providencia, así como la primera subregla, no cobija a los docentes afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues fueron exceptuados del
Sistema Integral de Seguridad Social por virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993
y su régimen pensional está previsto en la Ley 91 de 1989. Por esta razón, estos
servidores no están cobijados por el régimen de transición.

El artículo 15 de la Ley 91 de 1989 “Por la cual se crea el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio”, en cuanto al derecho pensional de los
docentes, dispone:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
[…]
B. Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional […]».

Solo los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003 (26 de junio de 2003) tendrán los derechos del régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por así disponerlo el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el cual señala:

«ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El
régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que
se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para
el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán
los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción
de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres […]»

Es decir, si la vinculación al servicio docente fue con anterioridad a dicha fecha, en
lo referente al régimen pensional se les aplica la normativa anterior a la Ley 812 de
2003, esto es, como se dijo, la Ley 91 de 1989 (artículo 15).

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Esta regulación fue ratificada por el parágrafo transitorio 1° del Acto Legislativo 001
de 2005, al disponer:

«[…] Parágrafo transitorio 1º. El régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de
esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la
citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema
General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.»

Así las cosas, para los docentes vinculados con posterioridad al 26 de junio de
2003, su derecho pensional se adquiere conforme al Sistema General de
Pensiones, una vez cumplidos los requisitos previstos en él, con excepción de
la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres
(artículo 81 de la Ley 812 de 2003).

96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición
son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones.

97. Esta subregla se sustenta en el artículo 1° de la Constitución Política que consagra
el principio de solidaridad como uno de los principios fundamentales del Estado Social
de Derecho.

98. El artículo 48 constitucional define la Seguridad Social como “un servicio público
de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del
Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los
términos que establezca la Ley”. El legislador (artículo 2 de la Ley 100 de 1993)
explica este principio como “[…] la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las
generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el
principio del más fuerte hacia el más débil”.

99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización
pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada
pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el
artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad,
el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones.

101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la
Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el
artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales
que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban
simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros conceptos devengados
por el trabajador durante el último año de prestación de servicio, va en contravía del
principio de solidaridad en materia de seguridad social. La inclusión de todos los
factores devengados por el servidor durante el último año de servicios fue una tesis
que adoptó la Sección Segunda a partir del sentido y alcance de las expresiones
“salario” y “factor salarial”, bajo el entendido que “constituyen salario todas las sumas
que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios”
con fundamento, además, en los principios de favorabilidad en materia laboral y
progresividad; sin embargo, para esta Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la

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voluntad del legislador, el que, por virtud de su libertad de configuración enlistó los
factores que conforman la base de liquidación pensional y a ellos es que se debe
limitar dicha base.

102. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera que el tomar en cuenta
solo los factores sobre los que se han efectuado los aportes, no afecta las finanzas
del sistema ni pone en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del
resto de habitantes del territorio colombiano, cuya asegurabilidad debe el Estado, en
acatamiento de los principios constitucionales de universalidad y eficiencia.

103. Por el contrario, con esta interpretación (i) se garantiza que la pensión de los
beneficiarios de la transición se liquide conforme a los factores sobre los cuales se ha
cotizado; (ii) se respeta la debida correspondencia que en un sistema de contribución
bipartita debe existir entre lo aportado y lo que el sistema retorna al afiliado y (iii) se
asegura la viabilidad financiera del sistema. (…).» [Énfasis del texto] [Negrillas con
subrayado de la Sala]”24.

La autoridad judicial accionada advirtió que lo anterior fue reiterado en la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019, providencia en la cual el máximo tribunal de lo
contencioso administrativo aclaró, amplió y complementó las consideraciones
previamente expuestas, al mantener los criterios aplicables para el reconocimiento o la
reliquidación de la pensión de los docentes afiliados al FOMAG, en los siguientes
términos:

“(…)
37. De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos
los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez
para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio
público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está
condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de
cada docente, así:

I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres.
(…)

46. El régimen pensional para los servidores públicos del orden nacional a la entrada
en vigencia de la Ley 91 de 1989, era el previsto en la Ley 33 de 1985. Por lo tanto,
el régimen aplicable a los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981,
nacionales y nacionalizados4, y para aquellos que se nombren a partir del 1 citada
Ley 33 de 19855.

47. De acuerdo con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985: “El empleado oficial que sirva
o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de
cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le
pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por
ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último
año de servicio”.

24 Ibid.

16

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48. El literal B del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 no fijó condiciones
ni requisitos especiales para el goce de la pensión de jubilación docente. La misma
norma dispuso que los docentes tienen derecho a una pensión de jubilación, cuando
cumplan los requisitos de ley, equivalente al 75% sobre el salario mensual promedio
del último año de servicio docente. Los requisitos de ley en cuanto a edad y tiempo
de servicios son los señalados en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

49. Las pensiones de los docentes se liquidan de acuerdo con las reglas previstas en
el artículo 3º de la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

50. El artículo 1º de la Ley 62 de 1985, establece: i) la obligación de pagar los aportes;
ii) los factores que conforman la base de liquidación de los aportes proporcionales
a la remuneración del empleado del orden nacional que son : asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio y; iii) la base de liquidación de la pensión, que en todo caso
corresponderá a “los mismos factores que hayan servido de base para calcular los
aportes”.

51. En criterio de la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y
sobre los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de
la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en el
mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de
la pensión de jubilación de los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985
son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

53. La Ley 91 de 1989 estableció en el artículo 8º un esquema de cotizaciones o
aportes de la Nación como empleadora, y de los docentes como trabajadores, distinto
al de los empleados públicos del orden nacional. En el mencionado artículo 8º, que
contiene los recursos con los que se financia el Fomag, se incluyeron en los
numerales 1 y 3, el 5% del sueldo básico mensual del personal afiliado al Fondo, y el
8% equivalente al aporte de la Nación sobre “los factores salariales que forman parte
del rubro de pago por servicios personales de los docentes”, respectivamente.
(…)
66. Los docentes, como ya lo precisó la Sala, están exceptuados del Sistema General
de Pensiones, por lo que no les aplica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que
establece un régimen de transición y fija reglas propias para el Ingreso Base de
Liquidación al disponer que: “El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las
personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para
adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor según
certificación que expida el DANE”. Por la misma razón, tampoco les aplica la regla
sobre Ingreso Base de Liquidación prevista en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993
que fija en 10 años el periodo que se debe tomar para la liquidación de la mesada
pensional.

67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a
partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir
del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige
por las siguientes reglas:

✓ Edad: 55 años

17

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Accionante: Myriam Lucy Rosero Caicedo

✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para calcular
los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
(…)
68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que
ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó
para hombres y mujeres en 57 años7. Esto quiere decir, que para el ingreso base de
liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley
100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
(…)
73. Como se dijo en la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de 28 de agosto de 2018, “La Corte Constitucional, en sentencia C-816
de 2011, estableció que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo
de Estado, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -autoridades de
cierre de las correspondientes jurisdicciones- y la Corte Constitucional - como
guardiana de la Constitución -, tienen valor vinculante por emanar de órganos
diseñados para la unificación de la jurisprudencia, y en virtud de los principios de
igualdad, buena fe y seguridad jurídica previstos en los artículos 13 y 83 de la
Constitución Política. Por lo tanto, su contenido y la regla o norma jurídica que
exponen, tienen características de permanencia, identidad y carácter vinculante y
obligatorio”.

74. En esta oportunidad y retomando lo indicado la Sala Plena de la Corporación, se
acudirá al método de aplicación en forma retrospectiva del precedente, disponiendo
para ello, que las reglas jurisprudenciales que se han fijado en este pronunciamiento
se acojan de manera obligatoria en todos los casos pendientes de solución tanto en
vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos
en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables.

75. Como se ha dicho, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad
jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por
ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no
aplicación de esta sentencia.

76. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación
las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas con fundamento en la tesis
que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado a partir de la sentencia de 4
de agosto de 2010, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que
si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia
que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que
defina la prosperidad o no de la causal invocada. (…). [Énfasis del texto]” 25

A partir de lo transcrito, el juez ordinario explicó que se desprendían dos situaciones que
debían identificarse en cada caso. Como primera hipótesis, señaló que, cuando un
docente hubiere sido vinculado con anterioridad al 26 de junio de 2003, su pensión debía
reconocerse mediante la aplicación de una tasa de reemplazo del 75% sobre el salario

25 Ibid.

18

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07713-01
Accionante: Myriam Lucy Rosero Caicedo

mensual promedio del último año de servicios, en virtud del régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional.

Precisó que ello obedecía a lo dispuesto en las Leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989.
Adicionalmente, indicó que en tales eventos debía reconocerse una prima de medio año
equivalente a una mesada pensional.

Como segundo escenario, señaló que, cuando un docente hubiere sido vinculado con
posterioridad a la fecha antes indicada, resultaban aplicables las disposiciones
contenidas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Esto es, lo establecido en la
jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, en armonía con lo dispuesto por la
Corte Constitucional. En ese sentido, precisó que los factores sobre los cuales debían
efectuarse los aportes o cotizaciones al sistema pensional eran aquellos previstos en el
Decreto 1158 de 1994.

Con fundamento en el desarrollo jurisprudencial previamente expuesto, el tribunal advirtió
que procedería a resolver el problema jurídico planteado y, en consecuencia, sostuvo:

“Del acápite probatorio se evidencia que la señora Myriam Lucy Rosero Caicedo fue
vinculada al FOMAG de manera previa al 26 de junio de 2003 [8 de febrero de 1993,
Resolución n.º 202 del 1.º de febrero de 1993]. En consecuencia, a la parte
demandante le es aplicable lo dispuesto en las Leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989.

La Ley 33 de 1985, por la cual se dictan algunas medidas en relación con las cajas
de previsión y con las prestaciones sociales para el sector público, dispuso:

«ARTICULO 1º. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá
derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual
vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.
(…).» [Énfasis de la Sala]

A su vez, la Ley 62 de 1985, por la cual se modificó el artículo 3.º de la Ley 33 del 29
de enero de 1985, señaló:

«ARTÍCULO 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier
Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja,
ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o
como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de
liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado
oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de
empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación;
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y
feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre
se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los
aportes. (…).» [Énfasis de la Sala]

De las normas transcritas, se prevé que la pensión al amparo de la Ley 33 de 1985
se liquida con el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante
el último año de servicio. A su turno, la Ley 62 del mismo año, enlista unos factores

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07713-01
Accionante: Myriam Lucy Rosero Caicedo

que, previamente a la anterior jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado26,
se entendían meramente enunciativos y no taxativos. Ahora bien, esta postura ya no
se mantiene vigente, pues se establece que, a pesar de la enunciación por parte de
la norma, con todo, se lograse demostrar que se hicieron aportes sobre haberes no
enlistados, eventualmente, se tendría el derecho acorde los medios probatorios
aportados.

De esta forma, en este asunto se presenta una situación en concreto que debe ser
analizada, esto es, se observa el cumplimiento de los requisitos establecidos en las
Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985. Pues se cumplieron los 20 años de servicio, en ese
sentido, le fue reconocida la prestación con fundamento en lo dispuesto en la Ley 33
de 1985, que en el parágrafo 2.º del artículo 1.º, se señala:

«PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley
hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán
aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a
la presente Ley.

Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados
oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando
cumplan los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco
(55), si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de
acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro.
(…).» [Énfasis de la Sala]”27

Conforme a lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, señaló que el
asunto bajo estudio se enmarcaba en las condiciones descritas en el citado parágrafo.

5.3. A partir de lo anterior, se advierte que la autoridad judicial accionada efectuó un
análisis detallado del régimen pensional aplicable a los docentes afiliados al FOMAG, así
como de las Leyes 33 y 62 de 1985, de la Ley 91 de 1989 y de la jurisprudencia de
unificación del Consejo de Estado. Asimismo, verificó la fecha de vinculación de la
accionante y el régimen jurídico aplicable a su situación particular, concluyendo que su
pensión debía liquidarse con el 75% del salario promedio del último año de servicios y
únicamente con los factores salariales previstos en la Ley 62 de 1985 o respecto de los
cuales se acreditara una cotización efectiva.

Bajo ese contexto, el tribunal concluyó que el factor salarial cuya inclusión pretendía la
parte actora no se encontraba enlistado en la normativa aplicable y que, además, no
existía prueba suficiente que demostrara la realización de aportes sobre la prima de
vacaciones, pues la accionante no acreditó de manera cierta y verificable que se hubieren
efectuado descuentos al sistema pensional respecto de dicho factor.

5.4. Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por el juez
competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma
arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni que se
hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el desarrollo

26 Consejo de Estado Expediente 2006-07590, sentencia del 4 de agosto de 2010, M.P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila
27 Ibid.

20

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Accionante: Myriam Lucy Rosero Caicedo

del proceso ordinario. Tanto así que se sustentó en la decisión de unificación proferida
por el Consejo de Estado en lo relativo a la liquidación de pensiones.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa
que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara que no basta
la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general
de procedencia de relevancia constitu cional, se requiere demostrar: i) su existencia; ii)
su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela
debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal
vulneración 28.

5.5. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer su
interpretación normativa y jurisprudencial sobre las consideraciones expuestas por la
autoridad enjuiciada, así como su discrepancia frente a la decisión adoptada en cuanto a
la negativa del reconocimiento de la prima de vacaciones como factor salarial del IBL y,
de esta manera, continuar con el debate surtido en el trámite del proceso primigenio, sin
que haya demostrado la violación de los derechos fundamentales para el que pidió su
protección.

Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada por la
parte accionante está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que reitera argumentos de
índole legal y probatorio desarrollados en el marco del proceso ordinario, sin esbozar las
razones concretas por las cuales los derechos fundamentales invocados fueron
vulnerados con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional,
toda vez que la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.

5.6. Ahora bien, en cuanto al cargo por desconocimiento del precedente, que el a quo
constitucional consideró configurado, la Sala precisa que el precedente29 se constituye
en un pilar del Estado de Derecho, pues busca asegurar la coherencia en la aplicación del
ordenamiento jurídico, a través de las decisiones judiciales que sean razonablemente
previsibles. Por su alcance, se constituye en una herramienta de protección de los
principios a la confianza legítima y a la buena fe al momento de resolver un caso sometido
a su jurisdicción.

Adicionalmente, su origen radica en la autoridad judicial que lo crea, por lo que existen dos
clases de precedente a saber: el horizontal y el vertical. El primero, comprende “aquellas
sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial”;
mientras que el segundo, “se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a
nivel constitucional. Así, para la mayoría de los asuntos, el precedente vertical que deben
seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por
el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los

28 Sentencia SU-215 de 2022.
29 Sentencia SU-113/2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Accionante: Myriam Lucy Rosero Caicedo

casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas,
son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los
operadores judiciales inferiores”30.

Así entonces, del análisis de las sentencias mencionadas por el juez de tutela de primera
instancia (expedientes 17001-23-33-000-2020-00036-01 y 25000-23-42-000-2021-
00493-01), esta subsección resalte que, si bien aluden al estudio de una situación
análoga a lo pretendido en el caso bajo estudio, lo cierto es que estas corresponden a
decisiones emitidas por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
lo que en principio no comportaría un precedente pacífico, esto, en la medida en que no
se observa que la Subsección A haya emitido decisión en el mismo sentido.

Sobre el particular, se pone de presente que la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en sentencia del 20 de noviembre de 2025, proferida dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 73001-23-33-000-2021-
00408-01, al analizar una controversia semejante a la que ahora ocupa la atención de la
Sala, precisó:

“Por último, se negará la inclusión de la prima de vacaciones en la base pensional,
por cuanto tal emolumento no se encuentra enlistado en el artículo 1.º de la Ley 62
de 1985 como computable para esos fines, amén de que en las normas que regulan
el servicio docente tampoco tiene atribuida esa cualidad. A esta misma conclusión
arribó esta subsección en la sentencia del 4 de septiembre de 2025, dictada dentro
del expediente 25000-23-42-000-2021-00455-01 (4695-2023)”.

Así entonces, se advierte que las sentencias proferidas en procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho en asuntos con identidad fáctica a la del presente caso,
proferidas por una sola de las subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, corresponden a un pronunciamiento judicial, sin que por el hecho de que verse
en los mismos hechos se pueda concluir que constituyen precedente con fuerza
vinculante y obligatoria de una sentencia de unificación, en la medida en que no se
encuentra acredita que la totalidad de la Sección se encuentre de acuerdo con esa
postura. Por tanto, no se puede concluir que estas providencias componen un precedente
en el cual, el juez natural de la causa debió basar su estudio.

Sumado a lo anterior, la parte accionante no desarrolló en su solicitud de amparo un
análisis metodológico y comparativo que permitiera establecer la identidad jurídica entre
esos fallos, así como la inaplicación de alguna regla de unificación y la decisión aquí
cuestionada.

El respeto al precedente exige no solo la referencia a decisiones previas, sino también la
exposición clara y estructurada de los puntos de coincidencia entre los casos analizados,
con el fin de demostrar que el fallo objeto de censura se apartó injustificadamente de la
jurisprudencia aplicable.

5.7. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada por
la parte actora está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del medio

30 Ibidem.

22

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07713-01
Accionante: Myriam Lucy Rosero Caicedo

de control de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que reitera argumentos de
índole legal y probatorio desarrollados en el marco del proceso ordinario, sin esbozar las
razones concretas por las cuales los derechos fundamentales invocados fueron
vulnerados con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional,
toda vez que, como ya se dijo, la decisión censurada se sustenta en el principio de
autonomía judicial.

Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter excepcional,
para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y entre
sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que su
procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión proveniente de una
autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique, como
lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera una instancia
adicional a lo ya surtido.

Para el efecto, se reitera que el hecho de que la parte accionante no esté de acuerdo con
el análisis probatorio realizado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección B no habilita para que el juez constitucional interfiera en la
apreciación realizada por la autoridad judicial, en tanto, no se vislumbra que los
argumentos de la solicitud de amparo sean de carácter constitucional, sino que, se insiste,
pretenden reabrir un debate que ya fue zanjado por el juez de instancia.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 31, lo que se opone a que use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 32.

5.8. Al margen de lo expuesto, esta judicatura pone de presente que si la parte actora
consideraba que la decisión emitida el 8 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección B, se profirió en contravía de la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, pudo haber acudido al recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia previsto en los artículos 25633 y 25734 del
CPACA.

En ese orden, la subsección resalta que el mencionado recurso se incorporó al
ordenamiento jurídico como un instrumento judicial destinado a proteger el precedente
vertical contenido en las sentencias de unificación del Consejo de Estado. Su finalidad
consiste en garantizar la unidad del derecho, su interpretación y aplicación uniforme, así

31 SU-215 de 2022.
32 Ibid.
33 ARTÍCULO 256. Fines. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tiene como fin asegurar la unidad

de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que
resulten perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos
procesales.
34 ARTÍCULO 257. Procedencia. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia procede contra las

sentencias dictadas en única y en segunda instancia por los tribunales administrativos, tanto para los procesos que se
rigen por el Decreto 01 de 1984 como para aquellos que se tramitan por la Ley 1437 de 2011.
(…)
PARÁGRAFO . En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral y pensional procederá
el recurso extraordinario sin consideración de la cuantía.

23

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07713-01
Accionante: Myriam Lucy Rosero Caicedo

como salvaguardar los derechos de las partes y de terceros afectados, e incluso reparar
los agravios causados por la sentencia recurrida.

Para cumplir este propósito, la ley permite una excepción al carácter ejecutorio de las
sentencias. Por ello, su única causal consiste en que la decisión impugnada contradiga o
se oponga a una sentencia de unificación 35. Esta condición define su carácter
excepcional, pues no constituye una nueva instancia ni un mecanismo para reabrir el
debate jurídico, “sino una herramienta puntual para decantar criterios y plasmar líneas de
interpretación que perduren en el tiempo”36.

En ese contexto, la Sala concluye que la acción de tutela tampoco cumple con el requisito
de subsidiariedad, ya que la parte actora contaba con otro medio de defensa judicial. En
efecto, pudo acudir al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia para
cuestionar la decisión y demostrar su contradicción con la sentencia de unificación del 25
de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

En consecuencia, la Sala procederá a revocar la decisión proferida en primera instancia
del 23 de enero de 2026 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, para en su lugar, declarar la improcedencia de todos los cargos por no cumplir
con los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 23 de enero de 2026 por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR
improcedente la acción de tutela promovida por Myriam Lucy Rosero Caicedo contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección B, conforme a
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE

35 “Artículo 258. Causal. Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia cuando la sentencia

impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado”.
36 Corte Constitucional, sentencia C-179 de 2016.

24

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07713-01
Accionante: Myriam Lucy Rosero Caicedo

WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE

SABF

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