RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07718-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07718-00

Fecha
28 de enero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07718-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación Nacional. Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Ever Alonso Quintero Benítez, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Antioquia. Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07718-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

28 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07718-00
Demandante: Ever Alonso Quintero Benítez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Sanción moratoria por no pago en tiempo de cesantías
/ Defecto fáctico
Decisión: Negar el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Ever Alonso Quintero Benítez en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. Ever Alonso Quintero Benítez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia proferida el 28 de mayo
de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 05837-33-33-002-2023-00575-01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:

2.1. El 27 de mayo del 20222, solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías a
las que legalmente tenía derecho ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio3. La Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia expidió
la Resolución ANTIOV2023000448 del 21 de julio de 2023 con la que reconoció la

1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
2 Fecha en la cual afirma el demandante se radicó la solicitud, la cual es objeto de discusión y en la

que se fundamenta el reclamo constitucional formulado, en la medida en que tanto el juez de primera
instancia (2 de mayo de 2023) como el de segunda (8 de junio de 2023) toman fechas distintas para
efectos de establecer si existió mora en el pago de cesantías parciales.
3 En adelante Fomag.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07718-00
Demandante: Ever Alonso Quintero Benítez

cesantía solicitada, cuyo pago solo fue efectuado el 23 de agosto del 2022, con más
de 395 días de mora.

2.2. En uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó
demanda en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag y el
departamento de Antioquia, con el fin de que se declarara la nulidad del acto
administrativo 2023030410558 del oficio 3271 FNPSM del 6 de septiembre de 2023,
expedido por el ente departamental y del acto ficto configurado el 4 de diciembre de
2023, respecto de la petición radicada el 4 de septiembre de 2023 ante el Fomag,
mediante los cuales se negó el reconocimiento de la sanción moratoria establecida
en las Leyes 1071 de 2006 y 1955 de 2019.

2.3. El Juzgado Sexto Administrativo de Turbo, en sentencia del 26 de marzo de
2025 accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda, por lo que
declaró la nulidad del oficio 3271 FNPSM 2023030410558 del 6 de septiembre de
2023, al considerar que, cuando el acto es expedido en forma extemporánea, se
contabilizan los 70 días desde la radicación de la solicitud, luego de lo cual, se
genera la mora, de manera que, entre la fecha de radicación (2 de mayo de 2023)
y la del pago (23 de agosto de 2023) trascurrieron 74 días hábiles, razón por la cual,
existió mora. Decisión contra la cual la parte demandada interpuso recurso de
apelación.

2.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 28 de mayo de 2025
revocó el fallo de primera instancia al considerar que no era posible tomar como
fecha de radicación de la solicitud el envío sin la documentación completa, por el
contrario, se evidenció de algunos de los documentos aportados y del acto
administrativo acusado que, la presentación a satisfacción ocurrió el 8 de junio de
2023.

2.5. Se vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir en defecto fáctico, en
tanto:

«[…] (i) La entidad territorial excedió ampliamente el plazo legal para requerir al docente
tras la presentación de su solicitud de cesantías el 22 de julio de 2022, ya que, conforme
al parágrafo del artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, la administración contaba con un
término perentorio de diez (10) días hábiles siguientes a la radicación para efectuar dicho
requerimiento, pero solo lo hizo hasta el 2 de mayo de 2023, según consta en la
información registrada en la constancia generada por el sistema Humano en Línea.

(ii) La autoridad departamental, tanto en sede administrativa como judicial, no acreditó
la existencia de una circunstancia excepcional que justificara el incumplimiento
sustancial del término de diez (10) días hábiles para informar al interesado sobre
presuntas inconsistencias en su solicitud; en consecuencia, se generó en el peticionario
una legítima confianza en que su deprecación estaba siendo tramitada normalmente.

(iii) En las consideraciones del caso concreto, el Tribunal reconoce que la sanción
moratoria procede cuando hay un incumplimiento injustificado de los términos legales
para el reconocimiento de cesantías (p. 32); no obstante, omite valorar la información
clara contenida en la constancia generada por el sistema Humano en Línea, donde se
evidencia que la solicitud fue presentada desde el 22 de julio de 2022 y que solo hasta

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07718-00
Demandante: Ever Alonso Quintero Benítez

el 2 de mayo de 2023 la Secretaría de Educación Territorial realizó la validación de
documentos e informó al docente sobre inconsistencias, a pesar de que la normativa
aplicable establece un plazo máximo de 10 días hábiles para efectuar dicho
requerimiento.

(iv) El juez colegiado afirmó que “...la solicitud de cesantías fue presentada de manera
completa el día 8 de junio de 2023”; sin embargo, para esa fecha la entidad territorial ya
había completado nuevamente la etapa de validación de documentos y se encontraba
adelantando el estudio de la prestación económica, tal como se desprende de la
constancia generada por el sistema Humano en Línea, documento que refleja la
trazabilidad del trámite administrativo, en el cual dichas actuaciones corresponden a
fases internas a cargo exclusivo de la administración, sin participación ni intervención
del docente.

(v) La autoridad judicial no precisó cuál fue el requerimiento que, según el parágrafo del
artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, habría realizado la Secretaría de Educación del
Departamento de Antioquia tras el cargue efectuado el 1º de junio de 2023, ya que en la
sentencia no se hace mención a ninguna actuación en ese sentido; en consecuencia, no
existe prueba que respalde la afirmación de que la solicitud se completó el 8 de junio de
2023.

(vi) El juez colegiado incumplió el deber de motivación, en tanto la tesis relativa a la
supuesta presentación correcta de la solicitud hasta el 8 de junio de 2023 no guarda
correspondencia con el acervo probatorio incorporado al expediente ordinario, razón por
la cual la decisión adoptada carece de sustento y legitimidad.

(vii) La contestación a la demanda constituye la oportunidad procesal para que el
extremo pasivo aporte los medios de prueba destinados a desvirtuar los hechos y
pretensiones formulados en su contra; sin embargo, este deber procesal no fue cumplido
por la Nación - Ministerio de Educación - Fomag ni el Departamento de Antioquia, ya que
no se justificó porqué se presentó una demora de más de nueve meses para efectuar el
requerimiento de que trata el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006 y, tampoco demostraron
que el cargue nuevamente de la petición de cesantías del 1 de junio de 2023 se hizo de
manera incompleta. […]». (sic)

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la
sentencia proferida el día 28 de mayo de 2025 dentro del expediente radicado No.
05837-33-33-002-2023-00575-01, transgredió los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, GRATUIDAD y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA del señor EVER ALONSO QUINTERO BENÍTEZ, habida cuenta que las
razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y al precedente judicial
del órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un análisis
del caso concreto congruente con los medios de prueba, con el fin de lograr el
esclarecimiento de los hechos objeto de litigio y, (ii) aplicando en debida forma la
normatividad que reglamenta las competencias en el procedimiento administrativo
definido para la gestión de las solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías
en favor de los docentes del Fomag y, el régimen de la condena en costas. […]».
(sic)

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07718-00
Demandante: Ever Alonso Quintero Benítez

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo de Antioquia4 solicitó declarar la improcedencia del
amparo pretendido porque la inconformidad del demandante se limitó a cuestionar
la valoración probatoria y la interpretación judicial ya realizada, lo cual no constituía
un asunto de relevancia constitucional ni un defecto fáctico, pues la decisión se basó
en la fecha de radicación completa, certificada en el acto administrativo —dotado
de presunción de legalidad y no controvertido oportunamente— y no en el
documento aportado por el actor que no acreditaba la entrega de la documentación
completa. Así, se aplicó de manera correcta la jurisprudencia y los términos legales
para concluir que no hubo mora, sin que la tutela pudiera usarse como una tercera
instancia para reabrir debates de legalidad ya resueltos.

5. El Ministerio de Educación Nacional5 pidió su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva y que se declarara la improcedencia de la
solicitud de tutela, con el argumento de que no existe acción u omisión que le fuera
atribuible, en tanto la tutela contra decisiones judiciales era excepcional y, en este
caso, no se cumplieron los requisitos jurisprudenciales de procedencia, pues el
debate planteado por el demandante versó sobre aspectos de mera legalidad y de
naturaleza económica sin relevancia constitucional, además de no evidenciarse un
perjuicio irremediable ni la configuración de un defecto específico que habilitara el
amparo.

6. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio6.

2. Consideraciones

7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia de
la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v)
análisis de la Sala.

2.1. Competencia

8. De conformidad con lo dispuesto los artículos 86 de la Constitución Política y el
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1.º del Decreto 333 del 6 de
abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.

4 Archivo obrante en el índice 9 del Samai.
5 Archivo obrante en el índice 11 del Samai.
6 Mediante auto del 5 de diciembre de 2025, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó vincular

al Juzgado Sexto Administrativo de Turbo y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07718-00
Demandante: Ever Alonso Quintero Benítez

2.2. Cuestión previa – de la legitimación en la causa por pasiva

9. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho
a reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre, la
protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de
1991:

Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior.

10. Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de
tutela, la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente7:

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental8. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”9, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta
Fundamental.”10 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales
(oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección
del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es
demandado. […]».

11. Ahora bien, el Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declarara su falta
de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, no vulneró derecho
fundamental alguno de la parte demandante y tampoco hay una relación directa
entre lo pretendido y las acciones que esa autoridad pueda desplegar para su
cumplimiento.

12. Revisado el expediente, se advierte que, en el auto admisorio de la solicitud de
tutela se ordenó su vinculación en calidad de tercero interesado, al figurar como

7 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
8 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
9 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
10 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07718-00
Demandante: Ever Alonso Quintero Benítez

demandado en el proceso contencioso en cuestión y en aras de salvaguardar sus
derechos de defensa y contradicción, razón por la cual se negará su solicitud.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

13. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 12. Al
respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».

14. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

15. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado13 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.

16. Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, MP María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07718-00
Demandante: Ever Alonso Quintero Benítez

inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

17. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 15,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los
requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de
tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales16.

18. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

19. La Sala deberá definir: ¿si Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los
derechos fundamentales de Ever Alonso Quintero Benítez con ocasión de la
sentencia del 28 de mayo de 2025 dictada dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05837333300220230057501, con la que
incurrió, presuntamente, en defecto fáctico al negar las pretensiones de la
demanda?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

20. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.5.2. Defecto fáctico

21. En primer lugar, se advierte que el defecto fáctico que el actor le atribuye a la
sentencia objeto de análisis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional17, tiene
una dimensión negativa y otra positiva.

22. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez

15 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
17 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de

2015, T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07718-00
Demandante: Ever Alonso Quintero Benítez

omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»18, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»19. La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»20.

23. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.5.3. Sobre el caso concreto

24. Ever Alonso Quintero Benítez acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la providencia proferida el 25 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia en cuanto negó las pretensiones de la demanda al considerar que la única
fecha que se podía tomar como de radicación era aquella en la que se aportó la
documentación completa, tal como consta en el acto administrativo de
reconocimiento.

25. Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en defecto
fáctico, en tanto el Tribunal Administrativo de Antioquia omitió valorar
adecuadamente pruebas esenciales, en especial, la constancia del Sistema
Humano en Línea. Por ello, tomar como fecha de radicación el 8 de junio de 2023,
careció de soporte probatorio, lo que, a su vez, desconoció que la solicitud fue
presentada desde el 27 de mayo de 2022 y nuevamente cargada el 1.º de junio de
2023, sin requerimientos dentro del término legal.

26. Al descender al caso en concreto, se evidencia que el Tribunal Administrativo
de Antioquia efectúo un estudio desde las pruebas aportadas al proceso, con
fundamento en el cual decidió los cargos planteados por la entidad apelante, así:

«[…] “ii) Términos del trámite administrativo:

Aclarado lo anterior y conforme a todo lo ya expuesto, en el caso concreto se encentra
lo siguiente:

• El 8 de junio del 2023 quedó radicada de manera completa y expresa ante la Secretaría
de Educación del Departamento de Antioquia, la solicitud de pago de cesantías parciales
con destino a compra de vivienda, por parte del docente Ever Alonso Quintero Benítez.
Ello según consta en resolución de reconocimiento de cesantías allegada con la
demanda, la cual se encuentra ejecutoriada, goza de presunción de legalidad en todo su
contenido y que, además, al no haber sido recurrida en vía administrativa por parte de la
demandante, ni demandada su nulidad en este proceso, conlleva a determinar que aquel
consintió totalmente en lo allí expuesto y, por lo tanto, surte plenos efectos jurídicos.

18 Corte Constitucional, Sentencia T-442 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell.
19 Sentencia SU-159 de 2002, MP Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
20 Sentencia T-538 de 1994.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07718-00
Demandante: Ever Alonso Quintero Benítez

[…]
De igual manera, si se revisa el documento de trazabilidad allegado con la demanda
(que también es prueba documental), se puede constatar que la fecha que tomó el
Despacho de primera instancia para dictar su sentencia (2 de mayo del 2023), no es la
fecha de radicación de la solicitud de la prestación, pues en aquella se le informa
expresamente al peticionario que la solicitud solo será radicada cuando se constate que
la documentación está completa, radicación ésta que solo se presenta el 08 de junio del
2023.
[…]
Nótese igualmente como en dicho documento de trazabilidad, se mantiene informado al
demandante de qué tipo de actuación está realizando: para el 2 de mayo del 2023 se le
informa que su documentación NO HA SIDO RADICADA y que solo hasta cuando se
verifique que la misma esta(sic) completa procederá a radicarla, incluso, el 1° de junio
del 2023, la solicitud le es devuelta al peticionario para que agregue los datos de la
solicitud de prestación que requiere, y una vez el peticionario subsana el requisito
exigido, el 07 de junio de 2023 le establecen expresamente que aún no ha sido radicada
la solicitud prestacional y que únicamente cuando se verifique que la documentación
está completa, la misma será radicada, radicación que se confiere exclusivamente el 08
de junio del 2023. Esta situación entonces, no es ajena al conocimiento del demandante,
pues, entre otros, el 1° de junio le es devuelta la solicitud para ser corregida pues está
incompleta y el 07 de junio del 2023 se le advierte al demandante que sus documentos
corregidos se encuentran en estado de validación y que, tan solo si los mismos se
encuentran acorde con los requerimientos, la solicitud se entenderá presentada y
radicada.

Además de ello, en documento obrante a folio 008 (que igualmente constituye prueba
documental) figura expresamente que la solicitud de la prestación fue radicada el 08 de
junio del 2023
[…]
De esta manera, se concluye que, la fecha de radicación que se debe tener en cuenta a
efectos de iniciar el conteo de los términos, es aquella en la cual, la entidad radica la
solicitud con la documentación completa, y no otra, fecha ésta que puede vislumbrarse
expresamente en la parte considerativa del acto administrativo de reconocimiento o en
el documento de trazabilidad que emite la entidad territorial, y que, difiere notoriamente
de la fecha en la cual se presenta la solicitud, pues como sucedió en el presente caso,
la misma puede ser devuelta al peticionario para que sea corregida o subsanada tal
como lo ordena la norma.

Ahora bien, ante la presencia de 3 documentos emanados de la administración, incluido
un acto administrativo en firme, que aseveran que la fecha de presentación de la solicitud
de la prestación fue el 08 de junio del 2023, y otro, que me dice que el demandante
presentó una solicitud sin radicación por parte de la entidad el 2 de mayo del 2022, las
simples reglas de la lógica y de la experiencia, así como el principio de unidad de la
prueba o apreciación de las pruebas en su conjunto, llevan a concluir, que, si tengo 4
documentos en los cuales, en 3 de ellos se asevera que la petición fue presentada de
manera completa el 08 de junio del 2023, frente a otro que establece una fecha distinta
y sin constancia de documentación completa, el peso de la prueba se inclina hacia
aquellos y no al contrario, como se malentiende en primera instancia.

• El Departamento de Antioquia, expidió la Resolución de reconocimiento de la
prestación ANTIOV2023000448 el día 15 de junio del 2023, la cual, según documento
obrante a folio 08 del expediente allegado por FIDUPREVISORA, fue notificado el 26 de
junio de 2023 y entregada pero rechazada por FIDUPREVISORA – FOMAG el 12 de
julio del 2023.
[…]
• Rechazada la solicitud, el 14 de julio de 2023, se devuelve a la entidad territorial, quien
decide volver a estudiarla y generar un nuevo acto administrativo aclaratorio el 25 de

9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07718-00
Demandante: Ever Alonso Quintero Benítez

julio del 2023, buscando que el pago le sea aprobado a la demandante y, el cual, entrega
al FOMAG el 10 de agosto del 2023.
[…]
La Fiduprevisora S.A, puso el dinero reconocido a disposición del demandante en la
entidad bancaria el 23 de agosto del 2023 según certificación obrante a folio 15 del
expediente.
[…]
En este orden de ideas, si la solicitud de cesantías fue presentada de manera completa
el día 08 de junio del 2023-pues como ya se indicó, prevalece la fecha prevista no solo
en el acto administrativo no recurrido y ejecutoriado que goza de presunción de
legalidad, así como también en el documento de trazabilidad, entre otros-, en situaciones
normales, esa sería la fecha a partir de la cual se inicia el conteo de los términos para el
reconocimiento y pago de la prestación, sin embargo, en el presente asunto, se observa,
que si bien el Departamento de Antioquia profirió la resolución de reconocimiento inicial
el día 15 de junio del 2023 y notifica la misma el 26 de junio de ese mismo año, lo cierto
es que FIDUPREVISORA se niega a realizar el pago por falencias en el acto
administrativo no recurrido el día 12 de julio del 2023. Ante ello, buscando que se autorice
el pago a la demandante, el Departamento de Antioquia procedió a aclarar la resolución
de reconocimiento, profiriendo una complementaria el día 21 de julio de 2023, notificando
la misma el 26 de julio de ese mismo año, la cual tampoco fue recurrida por el
demandante, lo que implica que, consentía tanto en la decisión tomada como en el
contenido.
[…]
Ahora bien, se debe tener en cuenta que, la sanción moratoria, es una sanción que
castiga la actitud negligente de quien tiene a cargo el trámite de reconocimiento de la
prestación cuando sin justificación alguna, sobrepasa el límite de tiempo establecido,
más, sin embargo, cuando existe una causa legal que la justifique, constituye causal que
exonera a la administración de la aplicación de sanciones; ello, claro está, siempre y
cuando dicha circunstancia no sobrepase un tiempo prudencial.

Siendo así, para la Sala, tanto la solicitud de subsanación hecha al demandante como
la aclaración realizada, inciden en el conteo de los términos y constituyen acciones
legítimas emanadas de la administración, cuyas consecuencias, igualmente, debe
soportar el administrado que consintió dichos actos, pues se reitera, el solo hecho de no
interponer los recursos procedentes, implica que el administrado consiente en las
consecuencias, igualmente, debe soportar el administrado que consintió dichos actos,
pues se reitera, el solo hecho de no interponer los recursos procedentes, implica que el
administrado consiente en las consecuencias derivadas del acto administrativo, que, en
el presente, supusieron la tardanza en el pago de la prestación.

Dicho esto, la sala analizara si en condiciones normales -esto es sin tener en cuenta la
incidencia en el procedimiento de la aclaración realizada-, la prestación fue pagada a
tiempo, y únicamente en el evento de que ello no haya sido así, se entrara a determinar
cuál fue la incidencia real de dicha aclaración en el procedimiento prestacional.

Así, si la solicitud fue radicada de manera completa el 08 de junio del 2023, los 15 días
hábiles con que contaba el Departamento de Antioquia para expedir el acto
administrativo de reconocimiento, notificar y poner a disposición de FIDUPREVISORA el
mismo, fenecían el 1 de julio del 2023, y, dado que el acto administrativo fue expedido
el 15 de junio del 2023 y notificado el 26 de junio de ese mismo año, pero entregada al
FOMAG el 12 de julio del 2023, el trámite inicial resulta extemporáneo. Ante ello,
conforme a las reglas del Consejo de Estado, a partir del 1° de julio del 2023, se deben
contar los 10 días de ejecutoria del acto administrativo, los cuales, fenecían el 17 de julio
del 2023, fecha a partir de la cual, el FOMAG cuenta con 45 días para pagar la prestación
y que corrían hasta el 21 de septiembre del 2023, y como los dineros fueron puestos a
disposición el 23 de agosto del 2023, no se presentó la mora endilgada, lo cual,
igualmente hace que esta Sala omita pronunciarse sobre los efectos de la aclaración del

10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07718-00
Demandante: Ever Alonso Quintero Benítez

acto administrativo de reconocimiento pues en uno u otro caso la conclusión a la que se
llega seria la misma. […]». (sic)

27. Como se observa, el Tribunal Administrativo de Antioquia advirtió que la solicitud
de pago de cesantías parciales de Ever Alonso Quintero Benítez quedó radicada
completamente el 8 de junio de 2023, conforme se consignó en la resolución de
reconocimiento de cesantías allegada con la demanda, la cual estaba ejecutoriada
y gozaba de presunción de legalidad, por no ser recurrida administrativamente ni
demandada. La anterior conclusión la ratificó adicionalmente con la documentación
aportada con la demanda y la contestación, en concreto, la información del sistema
de radicación de la solicitud.

28. En ese entendido, concluyó que, si bien era cierto que el 2 de mayo de 2023 se
ingresaron los datos requeridos, también lo era que solo hasta el 8 de junio de 2023
la entidad territorial tuvo por radicada la solicitud porque en esa fecha fue
presentada de forma completa; de allí que el 7 de junio de 2023, se le señalara al
demandante que sus documentos estaban en estado de validación y que, si se
encontraban acorde con los requerimientos, la solicitud se entendería recibida y
radicada.

29. Revisado el expediente del proceso ordinario y la decisión adoptada por la
autoridad judicial, se advierte que con la demanda se aportó el reporte de la
plataforma «Sistema Humano en Línea», el cual también obra en los antecedentes
administrativos de la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías parciales
de Ever Alonso Quintero Benítez, decretados y allegados al proceso, en el que se
registró la siguiente información:

11

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07718-00
Demandante: Ever Alonso Quintero Benítez

30. Al respecto, debe precisarse que la controversia planteada en el presente asunto
gira en torno a la fecha en la que se radicó la solicitud de pago de cesantías
parciales por compra de vivienda, pues:

30.1. El demandante en el escrito inicial señaló que aquella fue radicada el 27 de
mayo de 2022, como se observa:

«[…] TERCERO: Teniendo de presente estas circunstancias, mi representado(a), por
laborar como docente en los servicios educativos estatales en el DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA, en la I.E. ANTONIO ROLDAN BETANCUR; le solicitó al Ministerio de
Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales el Magisterio, el día 27 DE MAYO
DE 2022 el reconocimiento y pago de la cesantía a que tenía derecho. […]». (sic)

30.2. El Juzgado Sexto Administrativo de Turbo, en sentencia del 26 de marzo de
2025 estableció el 2 de mayo de 2023 como fecha de presentación, al considerar:

«[…] La solicitud de reconocimiento fue radicada el 2 de mayo de 2023 y el
Departamento de Antioquia profirió la Resolución 2023000448 el 21 de julio de 2023, es
decir, en forma extemporánea, pues el término legal para su expedición vencía el 24 de
mayo de 2023. […]». (sic)

31. Deducciones que tienen su génesis en el referido documento, es decir, el reporte
de la plataforma «Sistema Humano en Línea» en el cual, como se puede apreciar,
figuran ambas fechas denominadas “solicitar certificación” y “validación de
documentos”, respectivamente, sin embargo, llama la atención de la Sala que en
aquel también obran las actuaciones nombradas “solicitar prestación” en fechas 22
de julio de 2022 y 1.° de junio de 2023, entre otras, las cuales por su literalidad
podrían significar el inicio de la actuación administrativa con el fin de obtener la
prestación requerida.

32. De tal manera, ante la falta de certeza sobre la fecha exacta en la cual fue
radicada la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías parciales para
compra de vivienda, resulta razonable la inferencia efectuada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia al concluir que la solicitud fue radicada de manera
completa el 8 de junio de 2023, en la medida en que ello fue consignado en la
resolución de reconocimiento de cesantías, la cual se encuentra ejecutoriada, goza
de presunción de legalidad en todo su contenido, máxime si se tiene en cuenta que
el demandante no aportó prueba, más allá del reporte de la plataforma «Sistema
Humano en Línea», que permitiera ratificar la fecha en la cual, aseguró, radicó la
solicitud ante el departamento de Antioquia.

33. Sumado a esto, como lo afirmó el tribunal demandado, debe tenerse en cuenta
que el referido acto administrativo de reconocimiento no fue recurrido y además,
revisado el documento de trazabilidad, en todo momento se le informó al
demandante que la documentación se tendría por no radicada hasta el momento
que se verificara que aquella estaba completa, lo cual solo ocurrió el 8 de junio de
2023, tan es así que, de manera previa: «[…] el 1° de junio le es devuelta la solicitud
para ser corregida pues está incompleta y el 07 de junio del 2023 se le advierte al
demandante que sus documentos corregidos se encuentran en estado de validación y que,

12

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07718-00
Demandante: Ever Alonso Quintero Benítez

tan solo si los mismos se encuentran acorde con los requerimientos, la solicitud se
entenderá presentada y radicada. […]» (sic).

34. Por otra parte, si bien el demandante sustentó el reclamo constitucional
formulado en sede de tutela en pronunciamientos de igual índole proferidos por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y Sección Cuarta21, es
pertinente aclarar que, pese a que aquellos obedecieron a situaciones en las que
también se discutió la fecha de radicación de la solicitud para determinar el
momento a partir del cual debía iniciarse el conteo del término para reclamar la
sanción por mora en el pago de cesantías parciales, lo cierto es que fueron emitidos
en procesos de naturaleza constitucional con efectos inter-partes. Además, no
puede perderse de vista que los supuestos fácticos deben analizarse de manera
particular de acuerdo con el material probatorio aportado en cada caso en concreto,
lo cual impide aplicar un criterio decisional de manera indistinta.

35. Así, una vez revisada la motivación de la providencia judicial cuestionada en la
que el juez natural del asunto se pronunció sobre cada uno de los argumentos
expuestos por el demandante, debe precisarse que, más allá de concretar las
razones por las cuales se configura el defecto fáctico, lo que se evidencia es el
desacuerdo del demandante con las consideraciones efectuadas por el juez de la
causa, con lo cual pretende que se realice un nuevo estudio de legalidad que no
procede en sede de tutela.

36. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

37. Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en defecto
fáctico, debido a que fue proferida de conformidad con las normas que regulan la
materia y aquella se apoyó en el material probatorio aportado al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado.

38. En vista de lo anterior, se reitera lo que existe es una inconformidad con el
resultado de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela,
en la medida en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, CP

Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia del 25 de septiembre de 2025, Rad. No. 11001-03-15-000-
2025-05598-00, demandante: Dora Elena León Álzate contra el Tribunal Administrativo de Antioquia;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, CP
Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia del 23 de octubre de 2025, Rad. No.
11001031500020250607200, demandante: Beryenith Marcela Muñoz contra el Tribunal
Administrativo del Quindío; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, CP Milton Chaves García, sentencia del 5 de diciembre de 2025, Rad. No.
11001031500020240593900, demandante: Fabián Alberto Duque Chancy contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

13

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07718-00
Demandante: Ever Alonso Quintero Benítez

3. Conclusión

39. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales de Ever Alonso Quintero Benítez, en la solicitud de
tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación Nacional.

Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Ever Alonso
Quintero Benítez, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

14

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.