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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07722-00

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07722-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Negar la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Transporte. SEGUNDO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor Pedro Juan Salgado Montes contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión y El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo por no cumplir con el requisito de inmediatez. TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07722-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

29 de enero de 2026

Demandante: Pedro Juan Salgado Montes
Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Primera de Decisión y otro
Rad: 11001-03-15-000-2025-07722-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07722-00
Demandante: PEDRO JUAN SALGADO MONTES
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, SALA PRIMERA
DE DECISIÓN Y OTRO

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Declara
improcedente por no cumplir con el requisito de inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por el señor Pedro Juan Salgado
Montes, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor Pedro Juan Salgado Montes, por intermedio de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Primera de Decisión y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de
Sincelejo, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la dignidad
humana y a la reparación integral.

La parte demandante consideró vulneradas las mencionadas garantías con
ocasión de la sentencia del 11 de julio de 2024, que confirmó el fallo del 17 de
marzo de 2022, mediante las cuales se negaron las pretensiones de la demanda
de reparación directa con radicado 70001-33-33-008-2010-00072-00/01,
promovida por el actor contra la Nación - Ministerio de Transporte - Unión
Temporal Interventorías y el Instituto Nacional de Vías (en adelante INVIAS).

En concreto, solicitó a esta Corporación:

PRIMERO.- Amparar los derechos fundamentales del accionante al
debido proceso, acceso a la justicia, igualdad y dignidad humana.

1
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Demandante: Pedro Juan Salgado Montes
Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Primera de Decisión y otro
Rad: 11001-03-15-000-2025-07722-00

SEGUNDO.- Dejar sin efectos la sentencia de 11 de julio de 2024 del
Tribunal Administrativo de Sucre.
TERCERO.- Ordenar emitir una nueva sentencia, valorando
integralmente la prueba y aplicando el precedente.

CUARTO.- Subsidiariamente, ordenar rehacer el análisis probatorio y
jurídico conforme a la Constitución1.

1.2. Hechos

La parte actora narró los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala,
resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente asunto:

El señor Pedro Juan Salgado Montes comenzó a trabajar con la Unión Temporal
Interventorías, contratista de INVIAS, bajo contratos por obra o labor: primero
como auxiliar de laboratorio entre julio de 2006 y mayo de 2007, y luego como
cadenero II desde junio de 2007 hasta agosto de 2008.

La parte actora relató que el 27 de octubre de 2007, durante la extracción de
muestras de asfalto en una obra pública 2 contratada por INVIAS y el Ministerio
de Transporte, bajo la vigilancia de la Unión Temporal Interventorías, sufrió un
accidente al golpear con un mazo de hierro un cincel deteriorado, cuya cabeza
se partió y le causó una lesión en la mano derecha, además de impactar a otro
trabajador en el abdomen, intensificándose el dolor tras retomar la labor.

Señaló que, pese a que la actividad estaba dirigida por ingenieros y personal
especializado, no recibió atención inmediata ni una revisión médica adecuada, y
que, tras un corto descanso, se le indicó que debía seguir trabajando.

Indicó que, después del accidente, sufrió inflamación y dolor en la muñeca lo que
le impidió trabajar, por lo que buscó atención en la Clínica Integral de Sucre,
donde primero le diagnosticaron un esguince y luego lesiones óseas. Esto lo
llevó a ser inmovilizado, operado y sometido a fisioterapia, sin lograr mejoría.

Manifestó que, desde 2008, había continuado con pérdida de movilidad y fuerza
en la mano derecha, por lo que el 13 de octubre de 2020 acudió a la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Sucre para la evaluación de su
incapacidad laboral. Dicha junta le otorgó un porcentaje de incapacidad del
19,10%, cifra que consideró insuficiente frente a la magnitud de sus limitaciones.

Como consecuencia de lo anterior ejerció el medio de control de reparación
directa para buscar la indemnización de los perjuicios. En primera instancia, el
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo negó las
pretensiones de la demanda3 al considerar que no había responsabilidad
administrativa ni patrimonial atribuible a las entidades demandadas y que el
perjuicio se había originado por la culpa exclusiva del demandante.

1 Trascripción literal del original con posibles errores.
2 En el sector conocido como el Raicero, en la carretera que une los municipios de San Juan de

Betulia y San Luis de Sincé, Sucre.
3 Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, sentencia del 17 de marzo de

2022. Rad. 70001-33-31-008-2010-00072-00.

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Explicó que, ante la anterior decisión interpuso recurso de apelación el cual fue
desatado por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre
que confirmó la negativa mediante sentencia dictada el 11 de julio de 2024 4, al
concluir que no se probó falla del servicio ni deficiencia en la herramienta, pues
la sola declaración del demandante no era suficiente, y que el medio de control
de reparación directa no procedía contra el empleador al tratarse de un asunto
laboral contractual; en consecuencia, al no acreditarse responsabilidad
administrativa ni emplearse la vía judicial adecuada, se confirmaron las
decisiones negativas de primera instancia.

Relató que, cuando el litigio llegaba a su desenlace, su salud se deterioró
gravemente, impidiéndole defenderse de inmediato. Desde el 2 de octubre de
2024 sufrió diverticulitis perforada que lo obligó a una colostomía y a varias
cirugías complejas, entre ellas una laparotomía y el cierre de estoma realizado
el 25 de noviembre de 2025. Durante ese tiempo permaneció postrado, con dolor
constante y dependencia total de terceros, lo que le impidió comunicarse con su
apoderado para dar instrucciones sobre la tutela.

1.3. Sustento de la vulneración

A juicio de la parte actora, con las providencias cuestionadas se desconocieron
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia, a la igualdad, a la dignidad humana y a la reparación integral.

Señaló que la vulneración se mantenía vigente y constante, pues la decisión
adversa lo había privado de los recursos indispensables para costear su
recuperación y tratamientos, afectando su mínimo vital.

En su concepto, los fallos debatidos incurrieron en los siguientes defectos

• Defecto fáctico, por cuanto el tribunal ignoró pruebas determinantes, en
particular el testimonio de Alfredo Miguel Martínez Arrieta y el
interrogatorio del propio demandante. Dichas declaraciones confirmaban
que la herramienta utilizada era artesanal y peligrosa, que el accidente
ocurrió en presencia de los supervisores y que se omitió el deber de
socorro. Sostuvo que el juez concluyó lo contrario a lo demostrado en el
acervo probatorio.

• Defecto sustantivo, pues el fallo había contradicho la jurisprudencia del
Consejo de Estado al concluir que la acción de reparación directa «no era
idónea», desconociendo las reglas aplicables sobre responsabilidad
estatal derivada de la falla en la supervisión de obras públicas, la omisión
en materia de seguridad industrial y los riesgos creados.

• Desconocimiento del precedente, pues, a pesar de citar la jurisprudencia

4 Tribunal Administrativo de sucre, Sala Primera de Decisión. Sentencia del 11 de julio de 2024.

M.P. Rufo Arturo Carvajal Argoty. Radicado 70-001-33-33-008-2010-00072-01.
Notificada el 6 de diciembre de 2024. Índice 20 de Samai Rad. 70-001-33-33-008-2010-00072-
01. Ejecutoriada el 13 de diciembre de 2024.

3
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pertinente, decidió en sentido opuesto sin explicar por qué se apartaba de
la obligatoriedad del precedente vertical.

• Motivación aparente, dado que, la sentencia resultó contradictoria y
superficial, omitiendo el análisis de aspectos esenciales como la
supervisión estatal y la omisión de primeros auxilios, lo que configuró una
ausencia de motivación real.

Finalmente reiteró que debía aplicarse el principio de inmediatez flexible, debido
a su condición de sujeto de especial protección constitucional como adulto mayor
de 62 años en estado de debilidad manifiesta, y que la vulneración a su mínimo
vital era continua y actual. Destacó, además, que dicha condición agravó la
desprotección generada por la sentencia y configuró un perjuicio irreparable.

1.4. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto del 10 de diciembre de 2025, se admitió la solicitud de tutela, y se
ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de
Sucre, Sala Primera de Decisión y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
Judicial de Sincelejo en calidad de demandados.

Del mismo modo, se vinculó como terceros con interés a la ministra de
Transporte, al representante legal de la Unión Temporal Interventorías [o quien
haga sus veces], al director general del INVIAS y al gerente de QBE Seguros
[hoy Zurich Seguros] para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en el
presente trámite constitucional.

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.4.1. Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Sincelejo

El juez octavo administrativo oral del circuito de Sincelejo rindió informe en los
siguientes términos:

Explicó que, su despacho había emitido el 17 de marzo de 2022 una sentencia
de primera instancia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda, al declararse probada la culpa exclusiva de la víctima y la falta de
legitimación en la causa por parte del Ministerio de Transporte.

Sostuvo que, la providencia se había ajustado a la normatividad y a los
precedentes jurisprudenciales vigentes, afirmando que no se cometieron errores
fácticos ni se vulneraron los derechos fundamentales del actor.

Finalmente, pidió declarar la improcedencia de la acción, y aportó el expediente
del proceso5.

5 Índice 9 de Samai.

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1.4.2. Ministerio de Transporte

El coordinador del Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Transporte allegó respuesta con fecha del 16 de diciembre de 2025.

Indicó que, desconocía los hechos relatados y los consideró un recuento de un
trámite procesal ajeno. Añadió que el accionante buscaba revocar una sentencia
y reabrir un debate probatorio ya cerrado en un proceso de reparación directa,
simplemente porque no estaba conforme con la decisión.

Señaló que el Ministerio de Transporte no tenía por qué estar involucrado en el
proceso, ya que los hechos y las pretensiones no guardaban relación alguna con
la entidad, ni había participado en la supuesta vulneración.

Explicó que, conforme al Decreto 087 de 2011, el Ministerio de Transporte era
un ente programático y planificador, encargado de formular políticas en materia
de transporte e infraestructura, sin competencia para emitir juicios de validez
respecto de providencias judiciales dictadas por jueces o tribunales
administrativos.

Alegó que la acción de tutela no había cumplido con los requisitos de inmediatez
ni de relevancia constitucional, argumentando que dicho mecanismo no podía
emplearse como una instancia adicional para corregir asuntos ya definidos por
la autoridad competente. Citó la Sentencia de Unificación SU128/21 para
reafirmar que la tutela contra providencias judiciales era excepcional y no
constituía un juicio de corrección.

Solicitó que se rechazaran todas las pretensiones del accionante frente a la
entidad, por carecer de fundamento legal y fáctico respecto del ministerio.
Además, que se declarara la improcedencia de la acción de tutela y la falta de
legitimación en la causa por pasiva. Finalmente, requirió de manera expresa que
el Ministerio de Transporte fuera desvinculado de la totalidad del proceso.

1.4.3. Instituto Nacional de Vías – INVIAS

La señora Ana Catalina Escobar Marsiglia, actuando en calidad de apoderada
judicial del INVIAS arrimó escrito en el cual se opuso a la acción de tutela
interpuesta por el señor Salgado Montes.

Argumentó que el INVIAS no había tenido relación contractual ni laboral con el
accionante, dado que este se encontraba vinculado a la Unión Temporal
Interventoría.

Reconoció que el accidente se había producido con una herramienta defectuosa,
pero sostuvo que la gravedad de la lesión obedeció a la negligencia del
trabajador. Afirmó que el señor Salgado decidió voluntariamente continuar con
sus labores tras el primer impacto, sin informar a sus superiores ni solicitar
primeros auxilios, lo que configuró una culpa exclusiva de la víctima.

Señaló que las decisiones adoptadas en primera y segunda instancia, por el

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Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo y la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, estuvieron ajustadas
a derecho y se fundamentaron en una valoración integral de las pruebas, con
pleno respeto del debido proceso.

Manifestó que la acción carecía de los requisitos generales de procedencia,
particularmente el de inmediatez, ya que había transcurrido un periodo
prolongado desde la ejecutoria de la providencia sin causa legítima que lo
justificara. Subrayó que la conducta del demandante constituía un abuso del
derecho y un intento de instrumentalizar la tutela para reabrir un debate
probatorio concluido, con el fin de instaurar una «tercera instancia» ajena al
ordenamiento jurídico.

Requirió que se desestimaran los argumentos del accionante, enfatizando que
no se habían acreditado los defectos fácticos o sustantivos alegados ni la
existencia de un perjuicio irremediable.

1.4.4. Zurich Colombia Seguros S.A.,

El apoderado expuso una serie de argumentos fácticos y jurídicos para oponerse
a las pretensiones del accionante:

Respecto de los hechos enumerados en la acción de tutela, manifestó que no le
constaban, argumentando que se trataban de circunstancias ajenas a la
compañía aseguradora y a su objeto social, ateniéndose a lo que resultara
demostrado dentro del proceso.

Reseñó que, la tutela no cumplía con los requisitos de procedencia contra
providencias judiciales, especialmente por carecer de relevancia constitucional.
Explicó que el mecanismo estaba siendo usado de forma incorrecta para revivir
un debate legal ya cerrado, en vez de proteger derechos fundamentales.

Explicó que, la tutela no debía usarse como una instancia extra para discutir
decisiones de los jueces, quienes tenían libertad para interpretar la ley. Señaló
que la decisión atacada no fue arbitraria ni abusiva, sino fruto de un análisis
objetivo de la normativa. Añadió que en la sentencia de segunda instancia no se
presentó ningún defecto sustantivo, procedimental ni desconocimiento del
precedente, por lo que la providencia era correcta y conforme al derecho.

Solicitó que, se rechazaran por improcedentes todas las pretensiones del
accionante. También pidió que se declarara que el Tribunal Administrativo de
Sucre no había vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a la justicia, pues las decisiones tomadas respetaron las
garantías procesales y se ajustaron a la ley. Finalmente, pidió que se
reconocieran como pruebas los documentos aportados y los que ya estaban
incorporados en el proceso judicial.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1.º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

El Ministerio de Transporte solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional; sin embargo, la Sección no accederá a dicha petición, dado que
la entidad fue vinculada a la acción de tutela como tercero, en su calidad de
sujeto procesal pasivo dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el radicado 70001-33-31-008-2010-00072-00/01, así que le
asiste un interés en las resultas del trámite constitucional de la referencia.

2.3. Problema jurídico

Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte actora,
las autoridades judiciales demandadas desconocieron sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad, a la dignidad humana y a la reparación integral.

Lo anterior, con ocasión de las sentencias del 17 de marzo de 2022 [notificada
el 18 de marzo de 2022] y 11 de julio de 2024 [notificada el 6 de diciembre de
2024], dictadas por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de
Sincelejo y la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre,
respectivamente, por medio de las cuales dichas autoridades negaron las
pretensiones de la demanda de reparación directa con radicado 70-001-33-33-
008-2010-00072-00/01, promovida por el señor Pedro Juan Salgado Montes
contra la Nación - Ministerio de Transporte la Unión Temporal Interventorías y el
INVÍAS.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20126, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

6 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para
la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.

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Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva

2.5.1. En lo referente al requisito de inmediatez cabe señalar que este
presupuesto exige que la tutela se presente tan pronto se produce el hecho, acto
u omisión al que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales, o
por lo menos dentro de un término prudencial y consecuencial a su ocurrencia.

Esto es así, debido a que la tutela fue estatuida por el constituyente con el objeto
de proveer una protección inmediata de los derechos fundamentales
conculcados, lo que supone que el amparo sea rápido, urgente, actual y eficaz.7

En criterio de la Sección, el plazo prudencial para acudir a este mecanismo
constitucional es el de 6 meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual
se calcula desde el día hábil siguiente a la ejecutoria de la última providencia
judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud de protección y la presentación
de la misma, y cuando este es excesivo se declara su improcedencia.

A pesar de lo anterior, en cada caso concreto se estudia si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, para que se flexibilice su consideración y
se pueda entrar al fondo del debate jurídico planteado, tales circunstancias
fueron fijadas por la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015, cuya tesis
es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, en los siguientes términos:

(...) i) [E]xista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo,
el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto
por sus derechos, continúa y es actual.8

En el caso bajo estudio, se constató que el accionante interpuso la acción de
tutela el 3 de diciembre de 2025 contra las sentencias proferidas el 17 de marzo
de 2022 y el 11 de julio de 2024, emitidas respectivamente por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo y por la Sala Primera de Decisión
del Tribunal Administrativo de Sucre.

De la revisión de la solicitud de amparo se observó que el demandante justificó
la inmediatez de la acción con el argumento de la «inmediatez flexible».

7 El artículo 86 de la Carta prevé que «toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante

los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos (...)».
8 Ver sentencias T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010 y T-576 de 2010.

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Explicó que no pudo ejercer su defensa a tiempo por su delicado estado de salud,
ya que entre octubre de 2024 y noviembre de 2025 estuvo postrado, dependiente
y aislado socialmente debido a una diverticulitis perforada y varias cirugías
complejas, lo que le impidió dar instrucciones a su abogado.

También señaló que la vulneración de sus derechos fundamentales era actual y
persistente, afectando su mínimo vital y su dignidad, y pidió que, por ser un
adulto mayor de 62 años en condición de debilidad, el juez aplicara un criterio
más flexible y proporcional.

Al respecto, se advierte que la acción de tutela no cumple con el requisito de
inmediatez, pues de la revisión del expediente se constató que la notificación de
la decisión de segunda instancia controvertida fue notificada a las partes
mediante correo el 6 de diciembre de 2024. Lo que significa que la providencia
quedó ejecutoriada el 13 de diciembre de la misma anualidad, conforme a lo
dispuesto en el artículo 302 del Código General del Proceso9.

Sin embargo, se observa que el actor presentó la solicitud de amparo el 3 de
diciembre de 2025, esto es más de 11 meses después de ejecutoriada la
sentencia cuestionada, lo cual resulta irrazonable en este caso para acudir al
juez.

Esto quiere decir que no se cumplió el presupuesto de procedibilidad bajo
estudio, pues aquel no es un término que se considere razonable para acudir al
juez constitucional, dado que el plazo prolongado del tiempo permite deducir que
se ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección deprecada,
desvirtuándose así la inminencia de la afectación.

Si bien el accionante señaló en el escrito de tutela que « […] se interpone dentro
de un marco de inmediatez flexible, conforme a la doctrina constitucional
reiterada, toda vez que el accionante se encontró material, física y
psicológicamente imposibilitado para ejercer oportunamente los mecanismos de
defensa judicial, debido a un estado de salud extremadamente grave y
prolongado […]».

Lo cierto es que dicho argumento no se encuentra debidamente sustentado,
pues si bien la parte actora refirió las cirugías realizadas dentro del tiempo en
que debía interponer el recurso, no logró demostrar la existencia de
circunstancias excepcionales que permitan a esta Sala justificar el análisis de la
acción fuera del término considerado razonable por la jurisprudencia, ya que en
ningún momento explicó por qué no acudió a su apoderado con anticipación.

Adicionalmente, no se acreditó imposibilidad alguna derivada de los
procedimientos quirúrgicos para que el señor Salgado Montes interpusiera la
acción constitucional. La sola alegación de una «imposibilidad psicológica» no
justificaba flexibilizar el requisito de inmediatez

9 «(…) Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días
después de notificadas (...)».

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Pedro Juan Salgado Montes
Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Primera de Decisión y otro
Rad: 11001-03-15-000-2025-07722-00

Máxime cuando dicho requisito, en el caso de tutelas contra providencias
judiciales, resulta estricto, pues basta con que la decisión que se señala como
vulneradora de derechos sea conocida y se encuentre ejecutoriada para que la
persona acuda ante el juez constitucional en busca de amparo.

Respecto al alegato « […] el accionante quien es un ADULTO MAYOR, viene
superando una situación crítica de salud, se encuentra en estado de
INDEFENSIÓN, por lo cual es sujeto de especial protección Constitucional […]»
es menester precisar que dicha circunstancia no implica, por sí sola, la
flexibilización del requisito de inmediatez, ya que para ello deben concurrir
factores adicionales que ya han sido expuestos10:

(...) Ahora bien, la jurisprudencia constitucional entiende la “tercera edad” como
la etapa que inicia cuando la persona mayor supera la expectativa de vida
certificada por el DANE11.De acuerdo con la Corte,

“la calidad de “persona de la tercera edad” solo puede ostentarla quien no solo
es un adulto mayor, sino que ha superado la esperanza de vida. No todos los
adultos mayores son personas de la tercera edad; por el contrario, cualquier
persona de la tercera edad será un adulto mayor”12.

54. De lo anterior es posible concluir, como lo ha establecido la Corte, que los
instrumentos de protección de los derechos de las personas mayores
amparan, por regla general, a quienes cuentan con 60 años de edad o
más13, por lo que cobijan a las personas que superan la expectativa de vida y
por tanto se consideran de la tercera edad.14

Por lo tanto, para la Sala no son admisibles los argumentos presentados por el
accionante para superar el requisito de inmediatez, toda vez que no se enmarcan
en alguna de las situaciones que la Corte Constitucional ha establecido como
justificación, es decir, que (i) se encuentre en una situación que lo ubique en
estado de vulnerabilidad (indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros); (ii) la inactividad vulnera el núcleo esencial de
los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) existe un nexo causal
entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; y iv) la vulneración a sus derechos ha sido permanente en el tiempo.

Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción, debido a que no
se satisface el requisito de inmediatez exigido por la jurisprudencia
constitucional.

10 Sentencia T-077 de 2024.
11 «A esta se le conoce como la “tesis de la vida probable”».
12 «Sentencia T-013 de 2020».
13 «La sentencia SU-109 de 2022 estableció que: “Un adulto mayor es aquel que cuenta con

sesenta (60) años de edad o más y, excepcionalmente, a la persona ‘mayor de 55, cuando sus
condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen’, a efectos de acceder a
determinados programas sociales” ».
14 «Sentencias T-086 de 2015, C-177 de 2016, T-598 de 2017, T-394 de 2021 y T-005 de 2023,

entre otras». Destacado por la Sala.

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Demandante: Pedro Juan Salgado Montes
Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Primera de Decisión y otro
Rad: 11001-03-15-000-2025-07722-00

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Negar la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de
Transporte.

SEGUNDO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el
señor Pedro Juan Salgado Montes contra el Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Primera de Decisión y El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
Judicial de Sincelejo por no cumplir con el requisito de inmediatez.

TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente
el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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