Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07722-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07722-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07722-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
16 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-07722-011
Accionante : Pedro Juan Salgado Montes
Accionados : Tribunal Administrativo de Sucre - Juzgado Octavo (8°)
Administrativo de Sincelejo
Vinculados : Ministerio del Transporte, la Unión Temporal Interventorías, al
el Instituto Nacional De Vías – INVIAS y QBE Seguros (hoy
Zurich Seguros)
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, reparación directa por
accidente laboral
Decisión : Sentencia de segunda instancia
1. Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el actor contra el fallo de
29 de enero del 2026, emitido por el Consejo de Estado, Sección Quinta2, que
declaró improcedente el amparo deprecado.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el accionante frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
3. El demandante interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad, dignidad humana y reparación integral
1
Expediente electrónico disponible en Samai.
2
C. P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
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Accionante: Pedro Juan Salgado Montes
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado
Octavo (8°) Administrativo Oral de Sincelejo.
4. Por consiguiente, solicitó «[…] [d]ejar sin efectos la sentencia de 11 de julio de 2024 del
Tribunal Administrativo de Sucre» y «[…] [o]rdenar emitir una nueva sentencia, valorando
integralmente la prueba y aplicando el precedente».
1.3 Hechos3.
5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por
los accionantes, se puede evidenciar que, el 5 de julio de 2006, Pedro Juan
Salgado Montes suscribió un contrato laboral con la Unión Temporal
Interventorías, en ejecución del cual, el 27 de octubre de 2007, realizó labores de
extracción de muestras de asfalto en la vía que conecta a Betulia con Sincé,
específicamente en el sector conocido como El Raicero en el departamento de
Sucre. En dicha jornada, el empleado utilizó un mazo de hierro de 3.5 kilogramos
y una platina artesanal, pero tras asestar un golpe, sintió un dolor agudo en su
extremidad superior derecha.
6. En vista de ello, descansó unos minutos y retomó la actividad, pero un segundo
impacto agravó el padecimiento de forma severa, por lo que, al día siguiente,
acudió a su lugar de trabajo, impartió instrucciones a otro obrero y se dirigió a la
clínica para atender su afección. Los médicos, en esa oportunidad, le
diagnosticaron lesiones de carácter físico que requirieron intervenciones
quirúrgicas y fisioterapia posterior.
7. Posteriormente, el 13 de octubre de 2020 la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Sucre evaluó al trabajador y dictaminó una pérdida de capacidad
laboral del 19.10 %. Así las cosas, el afectado interpuso una demanda en uso del
medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de
Transporte, el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) y la Unión Temporal
Interventorías, bajo el radicado 70001-33-33-008-2010-00072-00/01. En dicho
trámite, solicitó la declaratoria de responsabilidad extracontractual y el pago de
perjuicios materiales y morales, para ello argumentó que el accidente laboral
3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
2
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Accionante: Pedro Juan Salgado Montes
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ocurrió por la omisión de los deberes de cuidado por cuenta de los demandados y
por la provisión de una herramienta no idónea.
8. El Juzgado Octavo Administrativo Oral de Sincelejo conoció el proceso en
primera instancia y emitió sentencia el 17 de marzo de 2022, en la que declaró
probada la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Transporte
y la excepción de culpa exclusiva de la víctima propuesta por el INVÍAS, por lo
que, negó la totalidad de las pretensiones de la demanda. El juez sustentó su
decisión en el supuesto descuido del trabajador, dado que, omitió detener su labor
al sentir el primer impacto, lo cual, generó la posterior afectación física.
9. De este modo, el apoderado del demandante apeló la providencia, para lo que
argumentó que, el juez de primera instancia ignoró que las omisiones de las
demandadas incrementaron el riesgo asumido por el trabajador. Señaló que, los
ingenieros supervisores ordenaron el uso de una herramienta defectuosa y
omitieron la prestación de primeros auxilios una vez sucedió el accidente. Así las
cosas, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión, profirió
sentencia el 11 de julio de 2024 y confirmó el fallo absolutorio. El Tribunal validó
la tesis de la culpa exclusiva de la víctima y descartó la responsabilidad patrimonial
de las demandadas.
10. En primer lugar, el demandante alegó un defecto fáctico, porque, en su
entender, el Tribunal Administrativo de Sucre ignoró medios de prueba
fundamentales dentro del plenario, en concreto, el testimonio de Alfredo Miguel
Martínez y el interrogatorio de parte de Pedro Juan Salgado Montes, pruebas que,
según dice, demostraban que la herramienta suministrada (un mazo y una platina)
fue artesanal, defectuosa y no apta para la tarea encomendada.
11. En segundo lugar, el actor invocó un defecto sustantivo debido a que el
Tribunal Administrativo de Sucre concluyó que la reparación directa «no era idónea»,
por lo que esta decisión contradijo la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre
la responsabilidad estatal por la supervisión deficiente en obra pública, el
incremento injustificado del riesgo, la omisión en seguridad industrial y los
derechos de los trabajadores del contratista. Adicionalmente manifestó que se
habrían configurado también los defectos de desconocimiento del precedente y
decisión sin motivación, pero no ahondó en su análisis.
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1.4 Contestaciones de la acción.
1.4.1 Juzgado Octavo (8°) Administrativo de Sincelejo4 pidió declarar la
improcedencia de la acción de tutela, a su parecer la sentencia de primera instancia
del 17 de marzo de 2022 se ajustó a la normatividad y a los precedentes
jurisprudenciales vigentes. En vista de ello, manifestó que el despacho no cometió
los defectos alegados ni vulneró los derechos fundamentales del actor.
1.4.2 El Ministerio del Transporte5 solicitó el rechazo de todas las pretensiones
frente a la entidad, la declaratoria de improcedencia y requirió su desvinculación
total del proceso. La institución argumentó que, los hechos no guardaron relación
con el ministerio, pues su naturaleza correspondió a la de un ente programático y
planificador sin competencia para evaluar providencias judiciales. De igual modo,
alegó que la acción incumplió los requisitos de inmediatez y relevancia
constitucional, pues el actor intentó utilizar la tutela como una instancia adicional.
1.4.3 El Instituto Nacional de Vías (INVÍAS)6 requirió que los argumentos del
accionante fuesen desestimados. Para justificar su petición, argumentó que el
INVÍAS no tuvo relación contractual ni laboral con el actor, pues él se vinculó con la
Unión Temporal Interventorías. Así las cosas, sostuvo que la lesión derivó de la
negligencia exclusiva del trabajador, quien decidió continuar sus labores sin solicitar
primeros auxilios. Además, manifestó que la acción de amparo careció del requisito
de inmediatez y que la conducta del actor constituyó un abuso del derecho al intentar
reabrir un debate probatorio ya concluido.
1.4.4 Zurich Colombia Seguros S.A.7 pidió que se declare la improcedencia de las
pretensiones y pidió que el juez constitucional declarara que el Tribunal
Administrativo de Sucre no vulneró los derechos fundamentales en discusión. Esta
postura se sustentó en que la acción de amparo careció de relevancia constitucional
y se utilizó de forma incorrecta para revivir un debate legal finalizado.
1.5 Providencia impugnada8.
4
Expediente judicial de primera instancia en SAMAI, índice 9.
5
Expediente judicial de primera instancia en SAMAI, índice 11.
6
Expediente judicial de primera instancia en SAMAI, índice 12.
7
Expediente judicial de primera instancia en SAMAI, índice 13.
8
Índice 17 del expediente de Samai de primera instancia en Samai.
4
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12. Mediante sentencia del 29 de enero del 2026, el Consejo de Estado, Sección
Quinta declaró improcedente el amparo deprecado, al considerar que «[…] la acción
de tutela no cumple con el requisito de inmediatez, pues de la revisión del expediente se constató
que la notificación de la decisión de segunda instancia controvertida fue notificada a las partes
mediante correo el 6 de diciembre de 2024. Lo que significa que la providencia quedó ejecutoriada
el 13 de diciembre de la misma anualidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 302 del Código
General del Proceso. […] Sin embargo, se observa que el actor presentó la solicitud de amparo el 3
de diciembre de 2025, esto es más de 11 meses después de ejecutoriada la sentencia cuestionada,
lo cual resulta irrazonable en este caso para acudir al juez» y que a pesar de haber informado las
dificultades médicas que afrontó, no informó la razón por la que no acudió a su apoderado judicial
previamente».
1.6 La impugnación9.
13. Inconforme con esa determinación, el tutelante la impugnó, tras considerar que
el a quo no tuvo en cuenta la historia clínica en la que se evidenciaban las
intervenciones quirúrgicas a las que se había sometido en ese interregno de tiempo,
y que no había podido acudir con su apoderado judicial debido a que aquel solo
contaba con poder para representarlo en el proceso ordinario y debido a su
condición de salud física y mental no pudo contactarse con él a tiempo.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
14. En virtud de los artículos 3210 del Decreto ley 2591 de 199111 y 2512 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201913 expedido por la sala plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción.
15. La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada
por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue
concebida como un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su
9
Índice 22 del expediente de Samai de primera instancia.
10
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
11
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
12
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
13
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
5
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amenaza o transgresión, en principio, frente a la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública, y, en casos concretos respecto a particulares, siempre que no se
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo
transitorio.
16. El perjuicio se considera irremediable, cuando concurren unas circunstancias
específicas que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse
presentes, a saber: (i) que su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta
suficiente que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la
gravedad de los hechos sea de tal magnitud que cause un daño de gran intensidad
sobre la persona afectada; (iii) que resulte urgente la medida de protección para
que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la
acción sea impostergable, esto es, que de configurarse el perjuicio no exista forma
de reparar el daño producido a ese derecho14.
2.3 Problema Jurídico.
17. Se contrae a determinar si el proceso que nos ocupa cumple con los requisitos
de procedibilidad de la acción, de ser afirmativa esta respuesta, se deberá
establecer si el Tribunal Administrativo de Sucre incurrió en un defecto fáctico, en
sus dimensiones negativa o positiva, al omitir y valorar de forma arbitraria elementos
probatorios determinantes sobre las condiciones laborales y de seguridad del
trabajador, vulnerando con ello sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia.
18. Si bien el actor cuestiona tanto la sentencia del Juzgado octavo (8°)
Administrativo de Sincelejo, como la del Tribunal Administrativo de Sucre, la Sala
se limitará a realizar el estudio respecto de esta última, al considerar que es la que
resolvió definitivamente el caso en estudio y acogió integralmente el debate surtido
en la primera y segunda instancia.
2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.
19. La acción de tutela contra providencia judicial es una medida excepcional de
control judicial frente a las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales, que
14
Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
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posee una serie de requisitos de procedibilidad estrictos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
20. Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
21. Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad, la cual,
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.
22. Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
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terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
23. Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo
del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales15, pero rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201216, en el sentido de disponer que,
la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren
derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados
jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
jurisprudencia; lineamientos que, esta subsección con anterioridad al fallo citado ha
aplicado en los términos antes expuestos17.
2.5 Caso concreto.
24. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración
de los derechos fundamentales a la debido proceso, acceso a la administración de
justicia, igualdad, dignidad humana y reparación integral o de los actores; (ii) contra
15
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C.
P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-
429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2
de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-
01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
16
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
17
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-
00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
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la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los
hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores;
y (iv) la determinación acusada no obedece a una acción de tutela.
25. Ahora bien, sobre el requisito de inmediatez, la Sala observa que, aunque la
tutela se presentó transcurridos más de 6 meses después de la ejecutoria del fallo
cuestionado18, el demandante, en el escrito inicial y en la impugnación expuso las
razones por las cuales, no le fue posible acudir de manera oportuna a este
mecanismo constitucional, tal y como se pasa a ver:
Fecha Actividad Médica / Anotaciones sobre la Situación del Paciente
Evento
02/10/2024 Laparotomía Ingreso por perforación diverticular. Se realizó
exploratoria de sigmoidectomía y colostomía tipo Hartmann.
urgencia.
08/02/2025 Colonoscopia total bajo Se identificó proctitis por desviación y se confirmó que
sedación. la colostomía era funcional.
04/04/2025 Ingreso por Urgencias. El paciente consultó por «mucho dolor» abdominal,
disuria y dolor en la rodilla derecha. Se diagnosticó
infección urinaria (E. coli), sinovitis en la rodilla y
arritmia cardíaca no especificada.
26/04/2025 Consulta de control Paciente asintomático, pero refiere no contar con
externo (Cirugía barreras ni bolsas de colostomía. Se encontraba en
Gastrointestinal). plan de cierre de la misma.
19/08/2025 Consulta de control Se planifican los procedimientos quirúrgicos para el
general (Cirugía cierre de la colostomía, incluyendo anastomosis y
General). eventrorrafia.
14/10/2025 Consulta de Reitera la situación de vulnerabilidad: «No tengo
seguimiento (Medicina bolsas de colostomía». Se describe como un paciente
General). con antecedentes de obstrucción intestinal,
actualmente asintomático.
24/11/2025 Ingreso hospitalario Ingresa para el cierre definitivo del estoma. Se
programado. encuentra en buen estado general, sin dolor al ingreso.
25/11/2025 Intervención quirúrgica Se realiza cierre de estoma, eventrorrafia vía abierta,
mayor. sigmoidectomía y lisis de adherencias peritoneales.
26/11/2025 a Evolución El paciente evoluciona satisfactoriamente,
30/11/2025 postquirúrgica. manteniéndose hemodinámicamente estable, aunque
presentó un episodio transitorio de dolor precordial el
29/11 que fue descartado como evento cardíaco.
01/12/2025 Alta Médica. El paciente recibe el alta con indicaciones de
tratamiento ambulatorio (antibióticos y analgésicos)
tras una buena evolución clínica.
26. En efecto, se describió que, el señor Salgado Montes soportó intervenciones
quirúrgicas de alta complejidad, tales como una laparotomía, una sigmoidectomía y
el manejo continuo de una colostomía, además de enfrentar patologías
concurrentes como hipertensión y arritmias cardíacas. Por consiguiente, este
cúmulo de padecimientos lo postró y le causó una convalecencia física significativa
18 La providencia atacada quedó ejecutoriada el 13 de diciembre de 2024 y la solicitud de amparo se radicó el 29 de octubre
siguiente.
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que limitó de forma material y objetiva su capacidad de reacción para acudir de
manera expedita ante la jurisdicción constitucional. En consecuencia, la demora en
la interposición del amparo no derivó de una inactividad injustificada, sino de la
imposibilidad real de defender sus derechos frente a su estado de vulnerabilidad
extrema en que se encontraba; razón por la cual, esta corporación revocará el fallo
impugnado para declarar acreditado el requisito de inmediatez y habilitar el análisis
de fondo sobre los defectos formulados.
27. Por otra parte, en el presente asunto, la Sala se abstendrá de emitir un
pronunciamiento de fondo respecto de los defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente y decisión sin motivación, de conformidad con las siguientes
consideraciones:
28. En primer lugar, frente al defecto sustantivo, la jurisprudencia constitucional ha
decantado que este se estructura, entre otros escenarios, por la inaplicación de las
normas determinantes para la resolución del asunto19, pero el cargo planteado
carece de una carga argumentativa mínima que habilite su estudio, toda vez que el
accionante omitió señalar cuáles fueron las disposiciones normativas concretas que
el operador judicial desconoció o inaplicó, así como tampoco indicó cuál era la
interpretación jurídica correcta que la entidad accionada debió emplear.
29. En segundo lugar, en cuanto al desconocimiento del precedente, la
jurisprudencia20 establece que este yerro exige identificar que el funcionario judicial
se apartó de las reglas fijadas por sus superiores jerárquicos o de su propio
precedente sin explicar de manera expresa, amplia y suficiente las razones de dicha
modificación, así las cosas, la argumentación del actor resulta insuficiente, pues no
individualizó cuáles fueron las sentencias o reglas jurisprudenciales específicas
inobservadas, ni sustentó el sentido bajo el cual dichos pronunciamientos debieron
aplicarse a su situación fáctica particular.
30. Por último, respecto a la decisión sin motivación, la mentada jurisprudencia21
precisa que esta falencia implica el incumplimiento del deber de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones,
pero lo que evidencia la Sala es que, el alegato del demandante se dirige
19
Tal y como lo reitera la Corte Constitucional en la sentencia T-084 de 2025.
20
En concreto la sentencia T-407 de 2016 de la Corte Constitucional.
21
Ibidem.
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materialmente a formular un defecto fáctico, dado que cuestiona una supuesta
omisión en la valoración probatoria, pero no logra demostrar la ausencia o carencia
absoluta de elementos argumentativos que estructuren verdaderamente un fallo sin
motivación.
31. En vista de todo lo anterior, se analizará el cargo del defecto fáctico en punto a
las pruebas que, de acuerdo con el relato del actor, fueron mal apreciadas en la
providencia judicial cuestionada; por lo demás, los alegatos relacionados con el
defecto sustantivo y desconocimiento del precedente se declararan improcedentes
por incumplir el requisito de carga argumentativa mínima suficiente.
2.5.1 Defecto fáctico
32. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 22.
33. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los
eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra23.
34. El apoderado alegó que la corporación ignoró pruebas determinantes para su
defensa, dado que omitió valorar adecuadamente el testimonio de Alfredo Miguel
Martínez Arrieta, quien declaró que la herramienta era una platina afilada, artesanal
y peligrosa, fabricada por la empresa. Además, el testigo aseveró que el accidente
ocurrió en presencia de los ingenieros jefes sin que se brindaran primeros auxilios
ni una valoración médica.
35. Adicionalmente, manifestó que el accionado desestimó el interrogatorio del
actor, quien declaró que actuó bajo presión y órdenes directas del ingeniero jefe.
22
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
23
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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Por consiguiente, el accionante apuntó que estas declaraciones destruyeron la tesis
del tribunal sobre el libre albedrío del trabajador y la culpa exclusiva de la víctima.
36. Con el propósito de dilucidar si el referido reproche tiene o no asidero jurídico,
resulta oportuno verificar los argumentos del Tribunal accionado referentes a la
valoración de las pruebas antes referidas en la siguiente forma:
3. En el presente asunto, si bien se halla probado el daño que se dice ocasionado, con
las afectaciones a la integridad personal del demandante, no encuentra prueba que
haya sido o el MINISTERIO DE TRANSPORTE o el INVÍAS los causantes de este.
Al efecto, la narrativa de lo ocurrido efectuado por el demandante y de quienes
comparecieron al proceso como testigos, indica que día el 27 de octubre de 2007, el
señor PEDRO JUAN SALGADO MONTES se encontraba laborando en el sector
conocido como el Raicero, ubicado en la carretera que conduce del Municipio de Betulia
al Municipio de Sincé, cuando a eso de las 10:00 a.m., mientras golpeaba con un mazo
de hierro que pesaba 3.5 kilogramos aproximadamente -una platina en forma de cincel-
, para extraer muestras de ensayo de concreto asfáltico para ser llevado al laboratorio,
resultó lesionado en sus extremidades, conducta que no puede tacharse, como
pretende el recurrente, de abusiva o exagerada y que le sea imputable a los entes
públicos traídos como demandados al proceso, en tanto, la existencia de un contrato
de trabajo, per se, señalaba las obligaciones laborales, el sitio de trabajo, las
herramientas a utilizar y la manera de cómo realizar el trabajo.
En otras palabras, para el trabajador no era desconocida la herramienta utilizada, ni
sus características, ni sus condiciones o naturaleza y así fueron aceptadas
contractualmente. A su vez, esta afirmación permite concluir que para demostrar la falta
de idoneidad de la citada herramienta de trabajo, con ello, que existieron condiciones
que superaban las que se esperaban de la relación laboral, era necesario traer al legajo
prueba que indique tales falencias o la falta de idoneidad de la herramienta, lo cual no
ocurrió.
La sola afirmación del interesado no puede tomarse como prueba que brinde certeza
frente a lo perseguido. De tal manera, que no existiendo la certeza pedida no se podría
emitir sentencia condenatoria en este asunto.
4. En relación con la presunta omisión de parte de quienes fungían como superiores
jerárquicos del demandante, en el expediente, si bien se dice que se dejó al trabajador
continuar con su labor, tal eventualidad no se desligó de las prestaciones laborales
propias del contrato de trabajo, ni excedió los límites que las mismas establecen, pues,
no obra en el expediente prueba que indique un actuar desbordado o exagerado e
incluso, no puede dejarse de lado que el libre albedrio del accionante actuó en contra
de lo que ahora se pretende, pues, la decisión de continuar laborando fue propia, que
no ordenada de manera directa (no existe prueba de que esto haya ocurrido).
6. En relación con el directo empleador del trabajador demandante UNIÓN TEMPORAL
INTERVENTORÍAS, al traerse a colación lo antes dicho, no puede desligarse lo
ocurrido del contrato de trabajo, tanto, en lo relacionado con el accidente mismo, como
en la atención médica y prestacional que de ahí pudo surgir solo podían ser reclamadas
tomando como fuente la relación laboral, dejando al medio de control de reparación
directa sin idoneidad para tal efecto, consecuencialmente, permitiendo que las
pretensiones sean negadas como bien lo hizo la primera instancia.
37. Así, aunque las declaraciones abordaron el uso de una herramienta artesanal y
las circunstancias temporales del accidente, a juicio del Tribunal, estas pruebas no
lograron estructurar una falla del servicio, una omisión de supervisión o un
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incremento del riesgo directamente imputable al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS)
o a la Nación – Ministerio de Transporte.
38. En vista de ello, el Tribunal Administrativo de Sucre concluyó, a partir del análisis
de las pruebas conforme a los criterios de la sana crítica, que el daño se materializó
por la determinación del empleado de reanudar las labores de extracción del asfalto
pese a percibir el dolor inicial.
39. Por tanto, las conclusiones a las que arribó el Tribunal demandado, al margen
de haber resultado desfavorables a los intereses del demandante, no pueden ser
calificadas como constitutivas de un error fáctico, pues dicha decisión se produjo en
ejercicio de la discreta autonomía del juez, quien, al valorar las pruebas
testimoniales, está en mejores condiciones que cualquier otro administrador de
justicia para evaluarlas críticamente, en tanto, la inmediación de la prueba le dota
de elementos adicionales que resultan ser determinantes al momento de su
valoración.
40. Al respecto, la Corte Constitucional ha recordado que la autonomía con que
cuenta el juez para valorar la prueba dentro de cierto grado de discrecionalidad,
cuando sus conclusiones están fundadas en una crítica objetiva fundada en la lógica
y en los principios de racionalidad jurídica que deben guiar los pronunciamientos de
la justicia, descarta la posibilidad de calificar su decisión como violatoria de
derechos fundamentales, puesto que, se trata, simplemente, de la actividad ejercida
de manera razonable al amparo de los principios constitucionales de autonomía e
independencia judicial8.
41. En este contexto, lo que la Sala advierte es una divergencia en la apreciación
de un mismo conjunto de pruebas, lo que no es suficiente para estructurar un
defecto fáctico en punto de una indebida valoración probatoria, puesto que para que
ello resulte configurado es necesario que el juez de instancia se separe por
completo de los hechos probados, situación que no se muestra evidente en este
asunto.
III. DECISIÓN
42. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto la parte
demandante no acreditó que la providencia cuestionada incurrió en las causales
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especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
invocadas, por tal motivo, se revocará el fallo impugnado, que declaró improcedente
el amparo deprecado y se negará el mismo.
43. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 29 de enero del 2026, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró improcedente el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
igualdad, dignidad humana y reparación integral invocados por el señor Pedro Juan
Salgado Montes, para en su lugar NEGAR el amparo conforme a la motivación de
esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto
ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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