Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07723-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07723-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07723-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
23 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-07723-001
Accionante : Ricardo Andrés Gómez Arroyave
Accionado : Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B
Vinculados : Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Zipaquirá y
Departamento de Cundinamarca - Secretaría de Transporte y
Movilidad de Cundinamarca
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, multa de tránsito, perjuicios
materiales y morales
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela incoada
por Ricardo Andrés Gómez Arroyave contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y reparación
integral.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por
el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a
la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda
en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
2. El 3 de diciembre de 2025, el señor Ricardo Andrés Gómez Arroyave, quien actúa por
medio de apoderada judicial, interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
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Expediente electrónico disponible en SAMAI.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07723-00
Accionante: Ricardo Andrés Gómez Arroyave
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
administración de justicia y reparación integral, presuntamente vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.
3. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia de 4 de septiembre de 2025,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B revocó parcialmente la providencia de 4 de marzo del 2021, en la que el
Juzgado Segundo (2°) Administrativo de Zipaquirá negó las pretensiones formuladas en
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra el departamento
de Cundinamarca y la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca
[expediente 25899-33-33-001-2018-00132-01]. En su lugar, pidió que se ordene a la
autoridad accionada emitir un nuevo fallo en el que se le reconozcan los perjuicios
materiales y morales.
1.3 Hechos2.
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por el
accionante, se puede evidenciar que, el 11 de junio de 2017 una autoridad de tránsito le
impuso la orden de comparendo núm. 15788687, por presuntamente conducir un
vehículo en estado de embriaguez.
5. En el trámite administrativo adelantado por la Secretaría de Transporte y Movilidad del
Departamento de Cundinamarca, se expidió la Resolución núm. 185 del 18 de julio de
2017, por medio de la cual se le declaró contraventor y se le impuso multa de 360 salarios
mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), junto con la suspensión de la licencia de
conducción por cinco años. Contra esa decisión interpuso recurso de apelación, resuelto
desfavorablemente mediante la Resolución núm. 071 del 18 de agosto de 2017.
6. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó
demanda contra el Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Transporte y
Movilidad (expediente 25899-33-33-001-2018-00132-01), encaminada a obtener la
nulidad de la Resolución núm. 185 del 18 de julio de 2017, confirmada mediante la
Resolución núm. 071 del 18 de agosto de 2017; y, en consecuencia, que se condenara
a la demandada al pago de perjuicios materiales y morales.
7. Que, de ese asunto ordinario conoció el Juzgado Segundo Administrativo de
Zipaquirá que, mediante sentencia del 4 de marzo de 2021, negó las pretensiones.
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Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico, índice 2.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
8. Inconforme con esa decisión, interpuso recurso de apelación, desatado el 4 de
septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, que revocó lo resuelto por el a quo y declaró la nulidad de las referidas
resoluciones, al considerar que no se «[…]evidenci[aba] que el procedimiento adelantado por la
autoridad de tránsito en contra del señor Ricardo Andrés Gómez se hubiese realizado conforme a las
disposiciones normativas que regulan la materia y a los presupuestos establecidos por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-633 de 3 de septiembre de 2014, aplicable para la fecha de ocurrencia
de los hechos (11 de junio de 2017).» .
9. Respecto de los perjuicios materiales y morales, precisó que, «[…]de la revisión de los
medios de prueba [a]portados al expediente no se logra[ba] evidenciar esa afectación material y moral
del demandante, [por lo que] no hay lugar a reconocer los perjuicios solicitados».
10. Sobre la precedente situación, el actor sostiene que la providencia reprochada incurre
en defecto sustantivo al «[…] realiza[r] una interpretación contraevidente -interpretación contra
legem- o claramente irrazonable o desproporcionada que afecta los intereses de las partes ; además,
interpreta de manera restrictiva el artículo 90 de la Constitución Política, que consagra la cláusula
general de responsabilidad del Estado, al exigir una prueba del perjuicio que, por su naturaleza, se
infiere del daño ya probado».
11. En ese mismo sentido, en defecto fáctico, toda vez que, «[…] realiz[ó] una valoración
contraevidente de la situación. Da por probado un hecho (la sanción ilegal) pero se niega a reconocer sus
consecuencias lógicas y directas. Es irrazonable concluir que una persona sometida a una sanción de tal
magnitud por una actuación irregular del Estado no sufre ningún tipo de perjuicio moral o material. […]
omitió valorar el expediente en su conjunto como prueba del litigio y los costos que este necesariamente
acarreó».
12. Finalmente, en violación directa de la Constitución, al considerar que, la «[…]decisión
vulnera el derecho a la reparación integral de las víctimas de la acción u omisión de las autoridades
públicas. Dejar una actuación dañina, sin una completa reparación económica y moral es permitir que
el Estado lesione los derechos de los ciudadanos sin asumir plenamente las consecuencias de sus
actos; por consiguiente, se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de la Constitución» .
II. TRÁMITE PROCESAL
13. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 20 de
enero de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i) ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B; y
(ii) dispuso vincular al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Zipaquirá y al
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Departamento de Cundinamarca - Secretaría de Transporte y Movilidad, en los términos
del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestación de la acción.
2.1.1 El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Zipaquirá3.
14. Manifestó que, los reproches constitucionales no se dirigen contra actuación alguna
del Despacho ni contra la sentencia proferida en primera instancia, sino que recaen sobre
la decisión proferida por la Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. En consecuencia, precisó que no es la autoridad llamada a responder
por las pretensiones invocadas por el accionante en la tutela.
2.1.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
B4.
15. Solicitó negar el amparo, al considerar que la acción de tutela no satisface los
requisitos generales ni específicos contra providencias judiciales, en especial el de
relevancia constitucional. Lo anterior, por cuanto la sentencia cuestionada se sustentó
en el material probatorio allegado al proceso y, con base en su valoración, concluyó que
los perjuicios reclamados por el accionante no fueron acreditados.
2.1.3. El departamento de Cundinamarca – Secretaría de Transporte y Movilidad5.
16. Adujo que, no vulneró derecho fundamental alguno del accionante y, en ese sentido,
sostuvo que su actuación fue conforme con la normatividad aplicable al trámite
administrativo.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
17. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021.
3
Visible a índice 16 de SAMAI.
4
Visible a índice 21 de SAMAI.
5
Visible a índice 25 de SAMAI.
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3.2 La acción.
18. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.
3.3 Problema jurídico.
19. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto del derecho fundamental que pueda comportar el fallo del 4 de
septiembre de 2025, por medio del cual la Sección Primera, Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones formuladas en
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el tutelante contra
el Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Transporte y Movilidad (expediente
25899-33-33-001-2018-00132-01), pero negó el reconocimiento de los perjuicios
materiales y morales reclamados; y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías
superiores al debido proceso, acceso a la administración de justicia y reparación integral
invocadas en la solicitud de amparo.
3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.
20. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la
inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte
permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el
reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el
fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad
envolvía una vía de hecho.
21. La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de
todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra
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decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio de
autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una
providencia judicial, derechos fundamentales.
22. La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que, una sentencia fuera calificada
como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al
menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que
se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece
de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y
(iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúa
completamente al margen del proceso establecido.
23. Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-
590 de 2005, se destacó su carácter excepcional, vale decir cuando de manera
protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
24. Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar
cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente
constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia
constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de
actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
25. Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla
el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
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determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
26. Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, la cual, solamente cuando tenga indudable
relevancia constitucional resulta procedente.
27. Al respecto, la Corte indica que, los defectos o vicios que debe presentar la decisión
que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental
absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento
establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión;
(iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las
consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
28. Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba
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improcedente para controvertir decisiones judiciales6, rectificó su posición mediante
sentencia de 31 de julio de 20127, en el sentido de disponer que la acción constitucional
es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con
observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad
al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos8.
3.5 Caso concreto.
29. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y reparación
integral del actor; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno;
(iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de la aludida
garantía superior; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, en la medida en que, la
providencia atacada quedó ejecutoriada el 23 de septiembre de 20259 y la solicitud de
amparo se radicó el 3 de diciembre de 2025, es decir, dentro de los 6 meses; y (v) la
determinación acusada no es de tutela.
30. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del
asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo, comoquiera que, pese
a que el actor alegó también defecto fáctico y violación directa de la Constitución, se
advierte que sus reproches y la génesis de la vulneración invocada radican, a su juicio,
en una presunta indebida aplicación normativa relacionada con la responsabilidad del
Estado, luego de la declaratoria de nulidad de las resoluciones mediante las cuales se le
impuso una multa de tránsito y se ordenó la suspensión de la licencia de conducción, por
6
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de
Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín
Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela
Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-
01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre
de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
7
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
8
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre
de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010,
exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de
marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
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El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 16 de septiembre de 2025, motivo por
el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 18 del mismo mes y año, conforme al artículo 205 (numeral 2)
del CPACA.
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lo que, en virtud del principio de oficiosidad, que señala que el juez de tutela está en la
obligación de interpretar de manera extensiva el escrito inicial10, resulta procedente
analizar este trámite a partir de la aludida causal de procedencia de tutela contra
providencia judicial.
3.5.1 Defecto sustantivo.
31. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los
jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las
autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas que
regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
32. La jurisprudencia constitucional11 ha estimado que la providencia judicial proferida
con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto sustantivo,
que se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en una disposición
legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada, declarada inexequible,
versa sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace
de ella el juez es paradójica o simplemente se omite aplicarla. Al respecto, la Corte
Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en
una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar
a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de
los derechos constitucionales12.
33. En el presente caso el demandante sostiene que la decisión reprochada incurre en
defecto sustantivo, por cuanto «[…] realiza[r] una interpretación contraevidente -interpretación
contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada que afecta los intereses de las partes ;
además, interpreta de manera restrictiva el artículo 90 de la Constitución Política, que consagra la
cláusula general de responsabilidad del Estado, al exigir una prueba del perjuicio que, por su naturaleza,
se infiere del daño ya probado».
34. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en el fallo objeto de censura,
concluyó:
10
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela, esta Corte
ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los derechos fundamentales
de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida es su deber esclarecer los
hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y en esta
medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
11
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
12
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07723-00
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[…]
p) Así las cosas, dado que la sanción impuesta al señor Ricardo Andrés Gómez obedeció a
la infracción de lo dispuesto en el literal f) del artículo 131 de la Ley 769 de 2002 — esto es,
conducir un vehículo automotor bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias
psicoactivas— , y teniendo en cuenta que, en el asunto sub examine, la autoridad de tránsito
requirió al ahora demandante con el fin de realizarle un examen clínico de alcoholemia, la
Sala pone de presente que dicho requerimiento debía realizarse con el cumplimiento de las
plenas garantías que integran el debido proceso, es decir, la autoridad de tránsito debía
informar al conductor de forma precisa y clara aspectos como: i) la naturaleza y objeto de la
prueba; ii) el tipo de pruebas disponibles, las diferencias entre ellas y la forma de
controvertirlas; iii) los efectos que se desprenden de su realización; iv) las consecuencias que
se siguen de la decisión de no permitir su práctica; v) el trámite administrativo que debe
surtirse con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella; y
vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo que se inicia con
la orden de comparendo y todas las demás circunstancias que aseguren completa
información por parte del conductor requerido, antes de asumir una determinada conducta al
respecto.
q) No obstante lo anterior, si bien en la diligencia de audiencia pública celebrada el 10 de julio
de 2017, en la cual se recibió la declaración del patrullero de la Policía Nacional Luis Norberto
Sánchez Jiménez (autoridad de tránsito que adelantó el procedimiento), este manifestó que
dicho procedimiento se llevó a cabo otorgando plenitud de garantías al presunto infractor, lo
cierto es que los medios probatorios obrantes en el expediente se limitan a pruebas
documentales y videograbaciones que únicamente permiten verificar la existencia del examen
clínico de embriaguez con la respectiva acta de consentimiento y la afectación al orden
público el día de los hechos, sin que se evidencie que el procedimiento adelantado por la
autoridad de tránsito en contra del señor Ricardo Andrés Gómez se hubiese realizado
conforme a las disposiciones normativas que regulan la materia y a los presupuestos
establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-633 de 3 de septiembre de 2014,
aplicable para la fecha de ocurrencia de los hechos (11 de junio de 2017).
r) Por lo expuesto, se revocará la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones
de la demanda y, en su lugar, se declarará la nulidad de los actos administrativos contenidos
en la Resolución N.°185 de 18 de julio de 2017, por medio del cual se declaró como
contraventor de las normas de tránsito al señor Ricardo Andrés Gómez […] y de la Resolución
N.°071 de 18 de agosto de 2017, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación
interpuesto contra la anterior decisión.
[…]
u) Ahora bien, respecto de la solicitud de reconocimiento de perjuicios materiales, cabe
destacar que, si bien la parte actora aduce que los mismos ascienden a una suma equivalente
a 50 SMLMV, no allegó medio probatorio alguno que permita acreditar la causación de los
mismos, ya que las pruebas que obran en el proceso no son suficientes para demostrar que,
como consecuencia de los actos reprochados, se hubiera causado al demandante un
perjuicio.
v) En igual sentido, respecto del reconocimiento de perjuicios morales en favor del
demandante por la suma equivalente a 100 SMLMV, cabe precisar que el daño moral, según
la jurisprudencia del Consejo de Estado: “(...) comporta aflicción, dolor, angustia y en general,
padecimientos varios, o como ha solido decirse, dichas consecuencias “son estados del
espíritu de algún modo contingentes y variables en cada caso y cada cual siente o
experimenta a su modo (...)”
[…]
w) En ese orden de ideas, ya que de la revisión de los medios de prueba portados al
expediente no se logra evidenciar esa afectación material y moral del demandante, no hay
lugar a reconocer los perjuicios solicitados.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07723-00
Accionante: Ricardo Andrés Gómez Arroyave
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
35. De lo expuesto se colige que, contrario a lo indicado por el tutelante, la autoridad
demandada sí aplicó en debida forma el artículo 90 Superior. En efecto, la Corporación
partió de un análisis de legalidad del procedimiento adelantado por la administración
contra el actor y, al constatar que no fue acorde a la normatividad aplicable y a las
exigencias fijadas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-633 de 2014, declaró la
nulidad de los actos administrativos que impusieron la multa y la suspensión de la licencia
de conducción, con el restablecimiento consecuente.
36. Sin embargo, respecto del reconocimiento de perjuicios materiales y morales, el
Tribunal distinguió entre la ilegalidad del acto y la acreditación del daño indemnizable.
Para ello, afirmó que, la parte actora se limitó a cuantificar los perjuicios, pero no aportó
elementos de convicción que permitieran constatar su causación, intensidad o relación
directa con los actos anulados. Por esa razón, negó el reconocimiento indemnizatorio, al
estimar insuficiente el acervo probatorio para concluir la existencia de una afectación
material y moral.
37. En ese orden, la anulación de los actos administrativos no conlleva, por sí misma, la
demostración de los daños pretendidos, dado que, la carga de acreditarlos recaía en el
demandante, mediante prueba idónea y pertinente, exigencia que acorde a lo analizado
por el Tribunal no se satisfizo.
38. En consecuencia, no se configuró el defecto sustantivo alegado por el accionante,
puesto que, la determinación objeto de reproche estuvo debidamente fundamentada,
tanto normativamente como de conformidad con la postura jurisprudencial del Consejo
de Estado sobre la materia.
39. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que efectúa
el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no observa
vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su intervención.
IV. DECISIÓN
40. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto el accionante
no acreditó que la providencia del 4 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B hubiere incurrido en
defecto sustantivo. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07723-00
Accionante: Ricardo Andrés Gómez Arroyave
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
41. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia y reparación integral invocados por el señor Ricardo Andrés
Gómez Arroyave, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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