RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07723-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07723-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07723-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Confirmar la sentencia de 23 de febrero de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07723-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07723-01
Accionante: RICARDO ANDRÉS GÓMEZ ARROYAVE
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se anularon actos
administrativos y se accede a restablecimiento, pero se niega la
indemnización de perjuicios materiales y morales por falta de pruebas.
Defecto fáctico en su dimensión negativa

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el señor Ricardo Andrés Gómez Arroyave, quien actúa a través de
apoderada judicial, contra la sentencia de 23 de febrero de 2026 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó las
pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 3 de diciembre de 2025, la parte actora solicitó al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia y a la reparación integral, supuestamente vulnerados por la autoridad
judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“Con base en la vulneración al debido proceso, al acceso material a la administración de
justicia, a la reparación integral y el consecuente defecto sustantivo y fáctico de la
sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, del 4 de septiembre de 2025, se solicita al Juez de Tutela lo siguiente:

1. Amparar los Derechos Fundamentales del señor RICARDO ANDRES GOMEZ
ARROYAVE, en particular el Debido Proceso, el Acceso a la Administración de Justicia
y el derecho a la Reparación Integral.

2. Revocar Parcialmente la Sentencia de Segunda Instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en lo que respecta a la negativa de reconocimiento de
perjuicios materiales y morales.

3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Primera, Subsección B)
que, en un término perentorio, profiera una nueva sentencia que sea coherente con la
nulidad de los actos administrativos ya declarada, y que, en consecuencia:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07723-01
Accionante: Ricardo Andrés Gómez Arroyave

i) Reconozca y Tase los Perjuicios Morales sufridos por el accionante, bajo los principios
de reparación integral y equidad, conforme al precedente del Consejo de Estado,
reconociendo la presunción del daño moral ante la sanción injusta.
ii) Reconozca y Condene los Perjuicios Materiales (Daño Emergente y Lucro Cesante)
causados por la actuación irregular del Estado, incluyendo, pero sin limitarse a:

 Los gastos de defensa técnica incurridos en la vía administrativa y judicial.

 La pérdida del valor y la imposibilidad de disponer/enajenar el vehículo de placas
CZU211 durante los siete años que duró el proceso, debido a la anotación de la sanción
ilegal.

4. Ordenar el Resarcimiento de Perjuicios y la Condena en Costas a cargo del
Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Transporte y Movilidad.

5. Ordenar al Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá, el cumplimiento del auto de
obedézcase del día 9 de octubre de 2025, notificando efectivamente a la Secretaría de
Transporte y Movilidad de Cundinamarca que cese de manera inmediata todo cobro o
registro de la multa o sanción impuesta por las Resoluciones N.°185 y N.°071 de 2017,
las cuales fueron declaradas nulas por el fallo del Tribunal”.

2. Hechos

El demandante relató que el 11 de junio de 2017 se le impuso la orden de
comparendo núm. 15788687, por presuntamente conducir un vehículo en estado de
embriaguez y que fue llevado al Hospital Municipal Divino Salvador del municipio de
Sopó, Cundinamarca, para practicarle la prueba de alcoholemia, sin embargo, esta
no se pudo realizar.

Señaló que la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca expidió la
Resolución núm. 185 de 18 de julio de 2017, por medio de la cual se le declaró
contraventor y se le impuso multa de 360 salarios mínimos legales diarios vigentes,
junto con la suspensión de la licencia de conducción por 5 años, decisión que fue
confirmada mediante Resolución núm. 071 del 18 de agosto de 2017.

Afirmó que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho presentó demanda contra el departamento de Cundinamarca, Secretaría
de Transporte y Movilidad, con el fin de que se anularan las Resoluciones núm. 185
de 18 de julio de 2017 y 071 de 18 de agosto de 2017, además que se le condenara
al pago de 50 smlmv por concepto de perjuicios materiales y 100 smlmv por los
perjuicios morales, además del pago de los intereses moratorios que se causen por
el incumplimiento del fallo.

Señaló que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Zipaquirá en
sentencia de 4 de marzo de 20211, negó las pretensiones de la demanda y condenó
al demandante al pago de costas y agencias en derecho, pues la autoridad de
tránsito demandada actuó conforme a las normas de tránsito vigente.

Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de
apelación. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 4 de septiembre de 2025 la revocó y, en su
lugar, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados. A título de
restablecimiento del derecho ordenó a la entidad demandada declarar que el

1
En un primer momento la decisión se publicó con la fecha de “04 de marzo de 2020”, sin embargo, por auto de 22 de abril
de 2021, el juzgado la corrigió y quedó: “04 de marzo de 2021”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07723-01
Accionante: Ricardo Andrés Gómez Arroyave

accionante no se encuentra obligado al pago de la multa impuesta, ni a la
suspensión de la actividad de conducción por 5 años, que en caso de que se
hubiese pagado el valor de la multa se realicen la devolución de los dineros
cancelados debidamente indexados y eliminar y cancelar la anotación relacionada
con la orden de comparendo núm. 115788687 de 11 de junio de 2017 fijada en el
Registro Único Nacional de Tránsito. Adicionalmente, negó las pretensiones
tendientes al pago de los perjuicios materiales y morales, en tanto no se allegaron
las pruebas que demuestre la configuración de estos.

3. Fundamentos de la acción

La parte accionante manifestó que “la presente solicitud de amparo reúne a
cabalidad los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, tales como: i) relevancia constitucional, ii) subsidiariedad,
iii) inmediatez y iv) motivación”.

Luego, afirmó que si bien la providencia objetada reconoce la actuación irregular de
la administración, lo cierto es que se contradice al negar los perjuicios, “bajo el
argumento de una supuesta falta de prueba”.

Sostuvo que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta que se afectó su buen
nombre al ser registrado como infractor de tránsito por una falta grave, además que
fue sometido a un proceso administrativo y judicial, aunado al hecho de que su
vehículo perdió valor en razón a la imposibilidad de venderlo por estar vinculado a
un proceso sancionatorio de tránsito y el hostigamiento que soportó por parte de la
Secretaría de Movilidad de Cundinamarca.

Resaltó que el Tribunal ignoró la zozobra, la angustia y la aflicción que padece una
persona que es injustamente sancionada y “tildado como borracho”, además de la
jurisprudencia del Consejo de Estado que afirma que el perjuicio moral se presume.

Señaló que “exigir una prueba directa de este padecimiento interno es imponer una
carga probatoria imposible y desconocer la naturaleza misma del daño moral” y que
la autoridad judicial accionada confunde la necesidad de probar el daño con la
necesidad de probar el perjuicio moral, para lo cual se apoyó en la sentencia T-169
de 2013 de la Corte Constitucional.

De otro lado, aseguró que el perjuicio material en la modalidad del daño emergente
estaba demostrado, pues era innegable que incurrió en gastos “para su defensa
técnica, tanto en la vía administrativa como en la judicial, para poder demostrar la
arbitrariedad de la que fue víctima. Estos costos de defensa constituyen un daño
emergente directo, causado por la actuación ilegal de la administración. El propio
expediente judicial es la prueba de la necesidad de haber contratado a un abogado.
El Tribunal, al anular la sanción, valida que esta defensa era necesaria y justificada,
negar el reconocimiento de estos gastos es dejar el daño parcialmente sin reparar”.

Indicó que no pudo disponer del patrimonio que representaría la venta de su
vehículo durante siete años, toda vez que al tener una multa no había posibilidad
de enajenar el bien mueble de manera alguna.

Afirmó que “se desconoce totalmente el contexto de trabajo del señor Gómez
Arroyave, toda vez que para el desarrollo de su trabajo como Parapentista de nivel

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07723-01
Accionante: Ricardo Andrés Gómez Arroyave

internacional y con su trabajo en varias zonas abruptas de Colombia, el vehículo es
esencial para sus desplazamientos, llevar sus implementos y poderse retirar sin
inconvenientes de lugares alejados donde se realiza la práctica de este deporte.
Con la imposición de la multa el accionante durante todos estos años ha tenido que
recurrir a familiares, amigos que conduzcan su vehículo, o contratar chofer, gastos
considerables que no solo abarcan sus necesidades de movilidad laboral, sino
también las necesidades básicas de su vida al tener que depender de servicios
públicos de transporte”.

Expresó que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo “por desconocimiento del
precedente y de la ley”, pues realizó una interpretación contraevidente o
claramente irrazonable o desproporcionada que afectó los intereses de las partes,
además que interpretó de manera restrictiva el artículo 90 de la Constitución Política
que consagra la cláusula general de responsabilidad del Estado, al exigir una
prueba del perjuicio que, por su naturaleza, se infiere del daño ya probado

Indicó que se configuró el defecto fáctico, en tanto en la providencia objetada se
realizó una valoración contraevidente, pues se dio por probada la sanción ilegal, sin
embargo, se negó a reconocer las consecuencias lógicas y directas, es decir, que
el actor no sufrió ningún tipo de perjuicio moral o material. Agregó que el Tribunal
omitió valorar el expediente en su conjunto, del cual se evidenció los costos que se
le generaron en virtud de la multa impuesta.

Mencionó que en la sentencia objetada se incurrió en violación directa de la
Constitución, toda vez que “la decisión vulnera el derecho a la reparación integral
de las víctimas de la acción u omisión de las autoridades públicas. Dejar una
actuación dañina, sin una completa reparación económica y moral es permitir que
el Estado lesione los derechos de los ciudadanos sin asumir plenamente las
consecuencias de sus actos; por consiguiente, se abstiene de aplicar la excepción
de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución”.

Sostuvo que en el presente asunto se configuró un perjuicio material en las
modalidades de daño emergente continuado y lucro cesante, por la imposibilidad de
vender el vehículo y los gastos que esto le generó como el pago de impuestos,
seguro, mantenimiento y depreciación.

Resaltó que la afectación persiste, más aún con la providencia objetada que le negó
el reconocimiento y pago de la indemnización por los perjuicios materiales y
morales.

Señaló que “en virtud del paso del tiempo obro el fenómeno de la prescripción en la
sanción impuesta al accionante de forma irregular, sin embargo, el Tribunal no
accedió a la medida cautelar que evitara el perjuicio irremediable causado y demoro
dos años en resolver la misma, desnaturalizando el carácter de esta herramienta
jurídica, con su negligencia, además de forma negativa, a este respecto la honorable
Corte Constitucional se manifiesta en sentencia SU-179 de 2021”.

Por último, manifestó que la “providencia atacada, le ofrece a mi cliente una victoria
pírrica, le dice: ‘Usted tenía razón, el Estado actuó ilegalmente en su contra’, pero
al mismo tiempo le comunica: ‘Usted debe asumir solo todas las consecuencias de
esa ilegalidad: la angustia, los gastos, la parálisis de sus bienes y la afectación a su
buen nombre durante siete años’”, y menciona la sentencia de 26 de febrero de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07723-01
Accionante: Ricardo Andrés Gómez Arroyave

2013 de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, radicado
núm. 05001-23-31-000-1995-00971-01.

4. Oposición

4.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B

El magistrado ponente de la sentencia objetada pidió que se negaran las
pretensiones de la acción de tutela, porque no se demostró la vulneración de los
derechos fundamentales alegados.

Afirmó que la acción de tutela no cumple con los requisitos generales ni los
específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
pues la acción instaurada por el señor Ricardo Andrés Gómez no reviste relevancia
constitucional ni se advierte irregularidad procesal alguna con efecto decisivo en la
sentencia impugnada.

Resaltó que la decisión de 4 de septiembre de 2025 se ajustó a derecho y fue
debidamente motivada, por lo que no se configuran los defectos fáctico y sustantivo.

4.2. Respuesta del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Zipaquirá

La titular del despacho informó que los reparos propuestos en el escrito de tutela se
limitan a la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que no
es la llamada a responder por las pretensiones del demandante.

4.3. Respuesta de la Gobernación de Cundinamarca

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Transporte y Movilidad
manifestó que la acción de tutela no cumple con el requisito de la subsidiariedad,
toda vez que cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para solicitar la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales fue
declarado contraventor.

6. Sentencia de tutela impugnada

La Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante
sentencia de 23 de febrero de 2026, decidió negar las pretensiones de la acción de
tutela, al considerar que no se incurrió en el defecto sustantivo alegado.

En primer lugar, precisó que se estudiaba de fondo el asunto bajo la causal
denominada defecto sustantivo, comoquiera que pese a que el actor alegó también
defecto fáctico y violación directa de la Constitución, se advierte que sus reproches
y la génesis de la vulneración invocada radican, a su juicio, en una presunta indebida
aplicación normativa relacionada con la responsabilidad del Estado, luego de la
declaratoria de nulidad de las resoluciones mediante las cuales se le impuso una
multa de tránsito y se ordenó la suspensión de la licencia de conducción, por lo que,
en virtud del principio de oficiosidad, que señala que el juez de tutela está en la
obligación de interpretar de manera extensiva el escrito inicial, resulta procedente
analizar este trámite a partir de la aludida causal de procedencia de tutela contra
providencia judicial.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07723-01
Accionante: Ricardo Andrés Gómez Arroyave

De otro lado, señaló que la autoridad demandada sí aplicó en debida forma el
artículo 90 Superior, más aún cuando el Tribunal partió de un análisis de legalidad
del procedimiento adelantado por la administración contra el actor y al constatar que
no fue acorde a la normatividad aplicable y a las exigencias fijadas por la Corte
Constitucional en la sentencia C-633 de 2014, declaró la nulidad de los actos
administrativos que impusieron la multa y la suspensión de la licencia de
conducción, con el restablecimiento consecuente.

Por último, indicó que el Tribunal distinguió entre la ilegalidad del acto y la
acreditación del daño indemnizable, para ello, afirmó que la parte actora se limitó a
cuantificar los perjuicios pero no aportó elementos de convicción que permitieran
constatar su causación, intensidad o relación directa con los actos anulados. Por
esa razón, negó el reconocimiento indemnizatorio, al estimar insuficiente el acervo
probatorio para concluir la existencia de una afectación material y moral.

7. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual solicitó que se
revocara y se accediera al amparo constitucional solicitado.

Afirmó que fue sometido a una sanción ilegal de 5 años de suspensión de licencia
y un reporte de 9 años en las bases de datos SIMIT y RUNT, las cuales siguen
vigentes, toda vez que la Gobernación de Cundinamarca no lo ha retirado de sus
bases de datos.

Resaltó que no existe norma ni deber jurídico que obligue a un ciudadano a soportar
una sanción derivada de un acto administrativo declarado nulo por violar las plenas
garantías del debido proceso, por lo que es evidente que el daño es antijurídico.

Señaló que el daño le resultaba imputable al Estado por haber incurrido en falla del
servicio, “al haberse probado que la Secretaría de Transporte de Cundinamarca
emitió las Resoluciones 185 y 071 de 2017 con vicios de procedimiento y guías
médicas caducadas, así se configuró la conducta administrativa que generó el daño.
El Fallo 20097 aclara que, probada la falla y el daño, surge la obligación de
indemnizar”.

Indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, pues se le
exigió una prueba del dolor o los gastos alegados, para lo cual se ignoró la prueba
indiciaria.

Aseguró que el daño emergente se evidencia por la defensa técnica que le tocó
sufragar durante el proceso administrativo y judicial, lo que era un hecho notorio y
probado. Igualmente, frente al perjuicio moral sostuvo que la magnitud de la sanción
“permite presumir” la aflicción y angustia, por lo que negarlos sería contradecir la
función satisfactoria de la indemnización “en la Sentencia 20097”.

Agregó que si el Estado no hubiera emitido resoluciones con falsa motivación y
vicios de procedimiento, el señor Gómez Arroyave no habría tenido que desviar sus
recursos personales para financiar este litigio. Por lo tanto, los honorarios son una
consecuencia directa de la falla en el servicio estatal y su no reconocimiento viola
el principio de reparación integral.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07723-01
Accionante: Ricardo Andrés Gómez Arroyave

Mencionó que “la sentencia respalda la tesis de que el actor no aportó ‘elementos
de convicción’ suficientes; sin embargo, exigir una ‘probatio diabólica’ para
demostrar el dolor o la angustia derivados de una suspensión ilegal de 5 años
constituye un obstáculo desproporcionado al acceso a la administración de justicia,
ciertos perjuicios se presumen por la gravedad de la vulneración, situación que fue
ignorada bajo el pretexto de la autonomía judicial”.

Para terminar, afirmó que en la sentencia impugnada no se valoró la afectación
profesional y reputacional, la depreciación del activo ni la mora judicial en el curso
del procedimiento contravencional como en el trámite judicial.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
acción de tutela y, en su lugar, acceder a la protección constitucional solicitada
porque la autoridad judicial demandada incurrió en el defecto fáctico.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos2 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos3, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20124, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 5,
precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales,
lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de
2
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
3
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
4
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
5
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07723-01
Accionante: Ricardo Andrés Gómez Arroyave

sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión,
el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 20056.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico7; (ii) Defecto procedimental absoluto8; (iii) Defecto
fáctico9; (iv) Defecto material o sustantivo10; (v) Error inducido11; (vi) Decisión sin
motivación12; (vii) Desconocimiento del precedente13 y (viii) Violación directa de la
Constitución14.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo15 y de la Corte Constitucional16.

6
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
7
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
8
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
9
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
10
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
11
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
12
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
13
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
14
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de 2023 y SU-061
de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
15
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de
diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C.
P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, entre otras.
16
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07723-01
Accionante: Ricardo Andrés Gómez Arroyave

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Ricardo Andrés Gómez Arroyave presentó acción de tutela contra
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por la supuesta vulneración a sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y a la reparación integral, con la sentencia de
4 de septiembre de 2025, por la cual revocó la decisión de primera instancia, anuló
los actos administrativos que lo declararon contraventor y negó el pago de la
indemnización solicitada.

En primera instancia, la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado negó las pretensiones de la solicitud de amparo constitucional, luego de
considerar que la autoridad judicial no incurrió en el defecto sustantivo alegado,
pues el demandante no demostró el daño alegado.

En el escrito de impugnación, la parte actora consideró que se incurrió en defecto
fáctico, pues no se aplicó la prueba indiciaria, además de que en proceso ordinario
era un hecho notorio los gastos que debió sufragar para ejercer su defensa, la
depreciación que sufrió el automotor, así como la imposición de la carga de probar
los perjuicios morales, los cuales se presumen.

La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada que negó las pretensiones
de la solicitud de amparo, en tanto no se demostró que la autoridad judicial
accionada incurrió en el defecto fáctico alegado en la impugnación. Con el fin de
respaldar esa determinación, se realizará un breve recuento de las actuaciones
adelantadas en el curso del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, así:

El accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra
el departamento de Cundinamarca, Secretaría de Transporte y Movilidad, con la
pretensión de que se anularan las Resoluciones núm. 185 de 18 de julio de 2017 y
071 de 18 de agosto de 2017, además que se le condenara al pago de 50 smlmv,
por concepto de perjuicios materiales, y 100 smlmv por perjuicios morales, además
del pago de los intereses moratorios que se causen por el incumplimiento del fallo.

Con respecto a la indemnización solicitada, afirmó que los perjuicios alegados
obedecían a la tasación de los valores mensuales de sus obligaciones, las cuales
se cuantificaron desde la suspensión de la licencia hasta la interposición de la
conciliación prejudicial. Adicionalmente, señaló que quedó sin trabajo en razón al
incumplimiento de sus compromisos laborales como consecuencia de la injusta
suspensión de la licencia de conducción.

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Zipaquirá en fallo de 4 de marzo
de 2021, negó las pretensiones de la demanda y condenó al demandante al pago
de costas y agencias en derecho, bajo el argumento de que la autoridad de tránsito
demandada actuó conforme a las normas vigentes. Adicionalmente, consideró que
el informe pericial sobre la determinación clínica forense de embriaguez utilizado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07723-01
Accionante: Ricardo Andrés Gómez Arroyave

para establecer la orden de comparendo constituyó un elemento de juicio idóneo
para la determinación del estado de embriaguez del accionante, del cual se
concluyó que el diagnóstico era que el actor tenía segundo grado por los síntomas
que presentaba.

El demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, en el que
reprochó la valoración que se hizo de la prueba técnica, así como unos supuestos
errores en la notificación de las providencias que convocaban para la celebración
de la audiencia inicial y la de pruebas. Igualmente, se refirió al procedimiento que
realizaron los agentes de policía, quienes no contaban con el alcohosensor o
alcoholímetro, además que fue llevado al establecimiento hospitalario bajo criterios
subjetivos, no porque contaran con una prueba técnica que estableciera el grado de
embriaguez.

La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en sentencia de 4 de septiembre de 2025, revocó la decisión del a
quo y, en su lugar, declaró la nulidad de las Resoluciones núm. 185 de 18 de julio
de 2017 y 071 de 18 de agosto de 2017, y como restablecimiento del derecho
ordenó a la entidad demandada i) declarar que el señor Ricardo Andrés Gómez
Arroyave no se encontraba obligado al pago de la multa impuesta en los actos
administrativos declarados nulos, ni a la suspensión de la actividad de conducción
por 5 años impuesta en los administrativos demandados, ii) en el evento de que la
persona sancionada hubiese pagado el valor de la multa impuesta en los actos
antes referidos, realizar la devolución de la suma de dinero cancelada, debidamente
indexada y iii) eliminar y cancelar la anotación relacionada con la orden de
comparendo núm. 115788687 de 11 de junio de 2017 cargada en el Registro Único
Nacional de Tránsito y en las demás bases de datos que hayan servido como fuente
de información en la actuación administrativa. En lo demás, negó las pretensiones
de la demanda.

En lo que interesa en el presente asunto, el Tribunal negó la indemnización
solicitada porque, en lo referente al perjuicio material, no allegó medio probatorio
alguno que permitiera acreditar su causación, ya que las pruebas que obraban en
el proceso no eran suficientes para demostrar que, como consecuencia de los actos
reprochados, se hubiera causado al demandante un perjuicio.

Finalmente, en lo relacionado con los perjuicios morales también los negó con
sustento en jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a partir de
la cual explicó que este “comporta aflicción, dolor, angustia y en general,
padecimientos varios, o como ha solido decirse, dichas consecuencias son estados
del espíritu de algún modo contingentes y variables en cada caso y cada cual siente
o experimenta a su modo” y que debe ser acreditado, sin embargo, de “la revisión
de los medios de prueba aportados al expediente no se logra evidenciar esa
afectación material y moral del demandante, no hay lugar a reconocer los perjuicios
solicitados”.

Efectuado el relato de los principales argumentos en los que se sustentó la decisión
objeto de tutela, la Sala procede a abordar el defecto alegado en el escrito de
impugnación de acuerdo con el planteamiento del problema jurídico, así:

En torno al defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se configura
cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07723-01
Accionante: Ricardo Andrés Gómez Arroyave

o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya desconocido
manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la prueba
sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de
determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no
procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al
ámbito funcional de esta jurisdicción”.

Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse el defecto
fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta generalmente
cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo,
fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la
Constitución17, o cuando se dan por establecidas circunstancias sin que exista
material probatorio que respalde su decisión18.

Es decir que, dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el debate
probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para resolver el
caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores manifiestos del
fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.

Descendiendo al asunto bajo examen, se observa que la parte actora considera que
la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en la decisión de 4 de septiembre de 2025, incurrió en defecto fáctico, pues omitió
la valoración de la prueba indiciaria, se le impuso la carga excesiva frente al perjuicio
moral y, adicionalmente, tampoco se valoró la afectación profesional y reputacional
ni la depreciación del automotor.

Al respecto, la Sala observa que en el proceso ordinario se aportaron y decretaron
las siguientes pruebas:

• Copia simple de la orden de comparendo núm. 15788687.
• Copia simple de la licencia de conducción del señor Ricardo Andrés Gómez
Arroyave.
• Copia simple del acta de consentimiento suscrita por el actor para la práctica
del examen clínico de embriaguez.
• Copia simple del formato de consentimiento informado para la realización del
mencionado examen clínico.
• Copia simple de solicitud de análisis de 11 de junio de 2017.
• Copia simple del protocolo guía para el informe pericial sobre determinación
clínica forense de embriaguez de “11/05-sic/2017”, realizado al demandante,
en el que se concluyó que su estado de embriaguez era de grado dos.

17
Sentencia T-781 de 2011. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
18
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07723-01
Accionante: Ricardo Andrés Gómez Arroyave

• Copia simple de la hoja de vida del actor.
• Certificado laboral del accionante.
• Certificado de prestación de servicios de transporte emitido por la empresa
Transporte Sopó Ltda.
• Copia simple de la historia clínica del señor Gómez Arroyave.
• Copia simple de las Resoluciones núm. 185 de 18 de julio de 2017 y 071 de
18 de agosto de 2017.
• Copia simple del acta de declaración juramentada elevada ante la Notaría
Tercera del Círculo de Armenia de la señora Pilar Arroyave Jiménez, madre
del demandante.
• Copia simple de las certificaciones bancarias relacionadas con las
obligaciones financiera del demandante.
• Copia simple del expediente administrativo relacionado con el proceso
sancionatorio derivado del comparendo núm. 15788687 adelantado contra el
señor Ricardo Andrés Gómez Arroyave, así como las diligencias de pruebas
que se adelantaron.
De lo anterior, no se observa algún elemento de convicción que le permitiera al juez
natural del asunto evidenciar los perjuicios materiales y morales que alega. En
efecto, las pruebas antes mencionadas lo que pretendían era atacar la presunción
de legalidad de los actos administrativos demandados, pero no ofrecían elementos
de juicio relacionados con los perjuicios materiales ni morales, conclusión a la que
llegó la autoridad judicial accionada luego de estudiarlas en conjunto.
Ahora bien, el demandante alega que el Tribunal no valoró la afectación profesional
y reputacional ni la depreciación de su automotor, para lo cual la Sala no observa
alguna prueba allegada por el accionante tendiente a demostrar dichas afectaciones
y que probara el nexo causal entre los actos administrativos y el daño alegado. De
hecho, del escrito de tutela e impugnación, el demandante solo cuestiona el hecho
de que no pudo vender su vehículo y que la sanción generó un rechazo en la
sociedad en su contra, sin embargo, ninguna de estas situaciones fue probada en
el curso del proceso ordinario, máxime cuando se basan en conjeturas, lo que no
resulta suficiente para evidenciar el defecto alegado.

Igualmente, en lo referente al daño moral, la autoridad judicial accionada con
sustento en la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló
que, en este caso en particular, se debía probar lo que el actor consideró que era
un “prueba diabólica” o de imposible consecución, para la cual esta Sala aclara que
el demandante contaba con diferentes medios probatorios para demostrar el daño,
la relación causal y el perjuicio moral.

La Sala no desconoce que el daño moral tiene existencia autónoma y se configura
una vez satisfechos los criterios generales del daño, es decir, que sea particular,
determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien
jurídicamente tutelado. Por consiguiente, si bien es cierto que en algunos casos el
perjuicio moral es más sencillo evidenciarlo, lo cierto es que esto no exime a la parte
interesada de cumplir con esa carga de la prueba para establecer los perjuicios que,
en su sentir, se causaron.

Por otra parte, el accionante reprocha el hecho de que no se valorara la prueba
indiciaria por parte de la autoridad judicial accionada. Sin embargo, se debe precisar
que este fue un argumento nuevo que no se planteó en el escrito de tutela desde

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07723-01
Accionante: Ricardo Andrés Gómez Arroyave

un principio, razón por la cual, de abordarse en esta providencia se podría generar
una vulneración del derecho al debido proceso y defensa de la autoridad judicial
accionada, por lo que la Sala se sustrae de su estudio de fondo.

Finalmente, la Sala advierte que el interesado no cumplió con la carga probatoria,
respecto de la cual se debe recordar que dicho postulado es un principio procesal
conocido como “onus prodandi, incumbit actori”, el cual se encuentra desarrollado
en el artículo 167 del Código General del Proceso que establece: “incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico
que ellas persiguen”. Por consiguiente, le correspondía al actor probar los perjuicios
alegados, mas no pretender que se le reconocieran de manera automática, por el
hecho de que se anularan los actos administrativos demandados en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Conforme a lo anterior, se confirmará la sentencia impugnada que negó las
pretensiones de la acción de tutela.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA

Primero.- Confirmar la sentencia de 23 de febrero de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.