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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07725-01

Fecha
23 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07725-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

23 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero de Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-07725-011
Accionante : Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado : Tribunal Administrativo del Magdalena
Acción : Tutela (impugnación)
Decisión : Confirma rechazo

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el accionante contra el auto
de 19 de diciembre de 2025, emitido por el Consejo de Estado, Sección Primera2,
que rechazó la acción de tutela de la referencia por no haberse subsanado, de
conformidad con los requerimientos relacionados en proveído de 9 de los mismos
mes y año.

I. ANTECEDENTES

El señor Jorge Francisco Nieto Rodríguez, quien actúa en nombre propio, instaura
acción de tutela, con el fin de obtener el amparo de su derecho fundamental de
petición, presuntamente vulnerado por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

Del anterior trámite constitucional, conoció, en primera instancia, el Consejo de
Estado, Sección Primera que, a través de auto de 9 de diciembre de 2025 lo
inadmitió, con el fin que el demandante, dentro de los tres (3) días siguientes a la
notificación de esa providencia, (i) «[…] indi[cara] con claridad la presunta actuación que
estima vulneradora de s[u] derech[o] fundamenta[l] y las pretensiones a obtener a través de la acción
constitucional de la referencia, habida cuenta que los argumentos expuestos en el escrito de tutela
resultan confusos»; y (ii) «[…] precisar[a] contra quién se dirige el presente mecanismo de
amparo, pues si bien indica que es el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, en el
escrito de tutela no señala […] actuación y/o decisión alguna que esta autoridad haya proferido y
dentro de qué proceso judicial».

Esta decisión fue notificada el 10 de diciembre de 2025; sin embargo, el accionante

1
Expediente electrónico disponible en Samai.
2
C. P. Nubia Margoth Peña Garzón.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07725-01
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

no subsanó las falencias allí relacionadas, razón por la cual, mediante proveído de
19 de los mismos mes y año el Consejo de Estado, Sección Primera rechazó el
trámite constitucional de la referencia, en atención a lo previsto por el artículo 17 3
del Decreto 2591 de 19914.

Posteriormente, el actor mediante escrito enviado el 14 de enero de 20265, al correo
electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado, impugnó la precitada
determinación, con fundamento en que se le presentó un «[…] evento fortuito (daño de
[su] equipo de cómputo) que [l]e impidió cumplir con el plazo otorgado» y, en todo caso, «[…] la

formalidad no puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia», concedida con auto de

27 siguiente6.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Impugnación contra rechazo de tutela.

Debe advertirse que las normas que regulan la tutela no prevén todos los aspectos
procesales que pueden acaecer en su trámite, motivo por el cual el artículo 4º del
Decreto 306 de 19927 autoriza la remisión al Código de Procedimiento Civil8 para
suplir dichos vacíos. No obstante, para ello es imperioso que las normas de este
compendio normativo no contraríen la naturaleza jurídica de la acción constitucional,
es decir, que no desconozcan su «trámite simplificado»9, porque la convertiría en un
proceso judicial ordinario. Así lo precisó la Corte Constitucional10, al sostener:

[…] el trámite de esta acción es, conforme a su regulación por el Decreto 2591 de 1991
desprovisto de las formalidades propias de los procesos que se adelantan ante las
distintas ramas de la jurisdicción del Estado.

Ello significa, entonces, que no resulta admisible extender por analogía todas las
normas del Código de Procedimiento Civil al trámite de la acción de tutela, pues de esa
manera podría darse a la misma un tratamiento similar al de cualquier proceso civil,
pese a que la Constitución exige para ella un procedimiento ‘sumario’, esto es
simplificado, breve, donde no es posible ni la admisión de todos los incidentes que si lo
serían en un proceso civil o en un proceso contencioso administrativo, como tampoco
son de recibo los recursos no expresamente previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3
«Si no pudiere determinarse el hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela se prevendrá al solicitante para que la
corrija en el término de tres días, los cuales deberán señalarse concretamente en la correspondiente providencia. Si no la
corrigere, la solicitud podrá ser rechazada de plano».
4
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
5
Índice 00013 del expediente de Samai de primera instancia.
6
Índice 00015 del expediente de Samai de primera instancia.
7
«Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se
aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho
decreto».
8
Normativa que estuvo vigente hasta el 1º de enero de 2014, fecha en la que entró en vigor el Código General del Proceso
(CGP), el cual en su artículo 626 (letra c) la derogó.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M. P. Natalia Ángel Cabo.
10
Auto 258 de 2007, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07725-01
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

En un pronunciamiento posterior, la Corte Constitucional11, sobre el particular,
adujo:

[…] el procedimiento de tutela es especial, preferente y sumario, pues tiene por finalidad
la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. En
consecuencia, no le es dable al juez constitucional, aplicar por analogía todas las
normas del procedimiento civil, especialmente, lo relacionado con los recursos no
previstos expresamente en las disposiciones que expresamente regulan la acción de
tutela.

En atención a lo citado, se concluye que, resulta dable acoger las normas del CGP
en el trámite de tutela, siempre que no sean contrarias a su naturaleza preferente y
sumaria, premisa que, en lo concerniente a los recursos, impide aplicar por analogía
todos los señalados en aquel compendio normativo, por cuanto solo proceden los
estipulados en el Decreto 2591 de 1991, como lo ha indicado la jurisprudencia
constitucional.

En ese orden de ideas, como el referido Decreto 2591 de 1991 establece la
impugnación como único recurso dentro de la acción de tutela y, comoquiera que,
la Corte Constitucional, en su jurisprudencia, ha señalado que las decisiones de
rechazo de este mecanismo constitucional pueden ser objeto de esta12, la Sala
procederá a resolver la alzada interpuesta por el actor contra el auto de 19 de
diciembre de 2025, emitido por el Consejo de Estado, Sección Primera, que
rechazó la acción de tutela de la referencia por no haberse subsanado.

2.2 Análisis del caso concreto.

Verificada la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai, se
observa que, el 3 de diciembre de 2025 el accionante instauró la acción de tutela de
la referencia; sin embargo, presentó un escrito ambiguo y confuso, razón por la cual,
el Consejo de Estado, Sección Primera , a través de auto de 9 de los mismos mes
y año la inadmitió, con el fin que, dentro de los tres (3) días siguientes a la
notificación de esa providencia: (i) «[…] indi[cara] con claridad la presunta actuación que
estima vulneradora de s[u] derech[o] fundamenta[l] y las pretensiones a obtener a través de la acción
constitucional de la referencia, habida cuenta que los argumentos expuestos en el escrito de tutela
resultan confusos»; y (ii) «[…] precisar[a] contra quién se dirige el presente mecanismo de
amparo, pues si bien indica que es el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, en el

11
Auto 97 de 2017, M. P. Alejandro Linares Cantillo.
12
Sentencia T-313 de 2018, M. P. Carlos Bernal Pulido.
3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07725-01
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

escrito de tutela no señala […] actuación y/o decisión alguna que esta autoridad haya proferido y
dentro de qué proceso judicial», decisión que fue notificada el día siguiente13.

Ahora bien, se evidencia que dicho plazo transcurrió sin que el demandante
atendiera el requerimiento efectuado en el aludido proveído de 9 de diciembre de
2025 en el que se inadmitió su acción de tutela, motivo por el cual, el Consejo de
Estado, Sección Primera, por medio de providencia de 19 de los mismos mes y año,
dispuso su rechazo.

Sobre el particular, cabe precisar que el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991,
establece:

ARTICULO 17. CORRECCI[Ó]N DE LA SOLICITUD. Si no pudiere determinarse el
hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela se prevendrá al solicitante para que la
corrija en el término de tres días, los cuales deberán señalarse concretamente en la
correspondiente providencia. Si no la corrigiere, la solicitud podrá ser rechazada de
plano.

Si la solicitud fuere verbal, el juez procederá a corregirla en el acto, con la información
adicional que le proporcione el solicitante.

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-483 de 200814, al analizar la
constitucionalidad del referido artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, señaló:

[…] 6. Alcance del rechazo de la solicitud de tutela prevista en el inciso primero
del artículo 17 del Decreto 2591 de 1991.

En efecto, la norma parcialmente demandada, el inciso primero del artículo 17 del
Decreto 2591 de 1991, se ocupa de regular lo referente a la corrección de la solicitud
de tutela y al rechazo de la misma. Sobre esto último establece que: “[s]i no pudiere
determinarse el hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela se prevendrá al
solicitante para que la corrija en el término de tres días, los cuales deberán señalarse
concretamente en la correspondiente providencia. Si no las corrige, la solicitud podrá
ser rechazada de plano.”

El aparte de la norma acusada permite al juez rechazar la acción de tutela cuando se
cumplan las condiciones que a continuación se presentan: (i) que no pueda
determinarse los hechos o la razón que fundamenta la solicitud de protección; (ii) que
el juez haya solicitado al demandante ampliar la información, aclararla o corregirla en
un término de tres (3) días, expresamente señalados en la correspondiente providencia;
y que (iii) este término haya vencido en silencio sin obtener ningún pronunciamiento del
demandante al respecto15.

Al margen de los presupuestos anteriores es necesario destacar que, de acuerdo con
el apartado final del primer inciso del artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, el rechazo
de la solicitud de tutela, no reviste un carácter obligatorio, sino facultativo para el juez
que conoce de la acción. Sobre este particular el citado apartado dispone expresamente
que: “… [s]i no las corrige, la solicitud podrá ser rechazada de plano”.

13
Índice 00007 del expediente de Samai de primera instancia.
14
M. P. Rodrigo Escobar Gil.
15
Auto 227 de 2006 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto)
4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07725-01
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

Por lo tanto, aún cuando en un caso concreto concurran las condiciones enunciadas
previamente, el rechazo de la acción de tutela no es un imperativo para el juez
constitucional. Sobre la base de los principios de oficiosidad y de informalidad, el juez
cuenta con amplias atribuciones -facultades y poderes- para asumir un papel activo en
el proceso en busca del conocimiento y claridad sobre los hechos materia de la
actuación judicial. Así, si él considera que durante el trámite cuenta con la capacidad
jurídica para establecer los hechos que originaron la presentación de la solicitud de
amparo, debe dejar de lado la opción del rechazo de la misma y continuar el
procedimiento, de tal forma, que la actuación concluya con una decisión de fondo, en la
que se protejan los derechos fundamentales del accionante que han sido vulnerados, o
en caso de la denegatoria del amparo, con el señalamiento de las razones que llevaron
al fallador a negar la protección de los mismos.

Es decir, el rechazo de la acción de tutela previsto en la norma acusada procedería en
el evento en el que concurran las condiciones plasmadas anteriormente y, además, que
el juez de conocimiento llegue al convencimiento que ni siquiera haciendo uso de sus
facultades y poderes procesales podrá establecer la situación de hecho que llevó al
actor a presentar la solicitud de amparo. (Énfasis propio).

Con base en lo expuesto, se advierte que, en el asunto sub examine (i) se configura
la causal de rechazo de la acción de tutela, por cuanto, se reitera, el actor no la
corrigió dentro del término de 3 días proporcionado para el efecto en el auto que la
inadmitió y, (ii) pese a que el juez, en virtud del principio de oficiosidad, debe
interpretar de manera extensiva el escrito inicial16, lo cierto es que, en este caso no
es posible dilucidar la situación de hecho.

En este orden de ideas, se confirmará el auto de 19 de diciembre de 2025, emitido
por el Consejo de Estado, Sección Primera, que rechazó la acción de tutela de la
referencia.

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, cabe anotar que, aunque el tutelante indicó
que se le presentó una situación de fuerza mayor que le impidió atender el
requerimiento en el término otorgado (daño de su computador), lo cierto es que, a
través de cualquier otro equipo podía acceder a la herramienta de búsqueda de esta
Corporación, denominada Samai, únicamente con el número de radicado del
proceso (11001-03-15-000-2025-07725-00) y verificar en qué estado se encontraba,
así como también pudo haber subsanado las irregularidades señaladas en el auto
inadmisorio en el mismo memorial con el que impugnó la determinación de rechazar
su demanda, no obstante, solo se limitó a afirmar que «[…] la formalidad no puede ser
un obstáculo para el acceso a la justicia», lo cual resulta reprochable para la Sala,

16
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los derechos
fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida es su
deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07725-01
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

máxime, cuando la carga mínima de quien instaura una acción de tutela es formular
los hechos y pretensiones de manera precisa y clara, de tal forma que sea viable
realizar un estudio de fondo.

Sin perjuicio de lo anterior y a modo de pedagogía judicial, se le indica al accionante
que, si a bien lo tiene, puede formular nuevamente acción de tutela con el mismo
objeto, la cual, con una mejor redacción y atendiendo las inconsistencias advertidas
en el auto de 9 de diciembre de 2025 (precisar las partes y las pretensiones), podrá
ser admitida en el despacho al que le corresponda.

En consecuencia, se

DISPONE:

PRIMERO. CONFIRMAR el auto de 19 de diciembre de 2025, emitido por el
Consejo de Estado, Sección Primera, que rechazó la acción de tutela de la
referencia, por las razones indicadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. COMUNICAR el presente proveído a la Sección Primera de esta
Corporación y remitir copia.

CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto
ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

6

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