Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07741-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07741-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-07741-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
6 de febrero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07741-00
Accionante: José Luis Benedetty Caballero
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07741-00
Demandante: José Luis Benedetty Caballero
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales y especiales de procedencia.
Relevancia constitucional – Improcedencia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por José Luis Benedetty Caballero en
contra del Consejo de Estado, Sección Quinta.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
José Luis Benedetty Caballero, en nombre propio, presentó acción de tutela en la
que solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, así como el principio de congruencia, que
consideró vulnerados por la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ocasión de
la sentencia del 28 agosto de 2025, dictada en única instancia, dentro del proceso
de nulidad identificado con el radicado número 11001-03-24-000-2023-00204-00.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica 1:
2.1. El accionante promovió demanda de nulidad con el fin de que se dejaran sin
efectos los artículos 29, parágrafo transitorio y 33 del Acuerdo 270 de 2017 “Por el
cual se adoptó el Estatuto General de la Universidad de Córdoba”, pues a su juicio,
para su adopción no se cumplió con el quórum necesario previsto en los estatutos
de la universidad y los consejeros participantes en la decisión incurrieron en
conflicto de intereses.
1 Ibídem. / actuaciones del proceso electoral incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001032400020230
0204001100103.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07741-00
Accionante: José Luis Benedetty Caballero
2.2. Mediante auto del 3 de noviembre de 2023 la Sección Primera del Consejo de
Estado admitió la demanda. No obstante, el 10 de abril de 2025 se ordenó la
remisión del expediente a la Sección Quinta de esta corporación .
2.3. En auto del 7 de julio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Quinta dio
aplicación a lo dispuesto en el artículo 182 A, numeral 1, literales b) y c) de la Ley
1437 de 2011 con el objeto de dictar sentencia anticipada. En consecuencia, declaró
no probada la excepción de cosa juzgada; fijó el litigio 2; decretó las pruebas
invocadas por las partes y corrió traslado para alegar de conclusión y para que el
Ministerio Público emitiera concepto.
2.4. El 28 de agosto de 2025, dictó fallo de única instancia, que negó las
pretensiones de la demanda. Sostuvo que, en sentencia del 13 de abril de 2023 3, la
Sala analizó el artículo 29 del Acuerdo 270 de 2017 por la supuesta desviación de
poder fundamentado en el beneficio de quienes en ese momento ocupaban los
cargos y concluyó que la ampliación del período de los miembros del CSU se hizo
en procura del interés general, por ello, señaló que la Sala se atendría a lo ahí
resuelto.
Respecto al cargo por no cumplir con el quórum decisorio para la aprobación de la
reforma de los estatutos, la autoridad accionada señaló que a la sesión acudieron 7
miembros, entre ellos, el rector quien participa con voz pero sin voto y, aunque
también asistió el secretario general, no tenía la facultad decisoria, por ello, se
cumplió con la mayoría simple exigida, en la medida que la decisión quedó aprobada
con 5 votos de los 6 que tenían poder decisorio, superando el mínimo exigido para
el cuórum deliberatorio y decisorio como lo imponía el reglamento.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
La parte actora solicitó al juez constitucional amparar los derechos fundamentales
invocados. Como consecuencia de ello, pidió i) declarar la invalidez de la
providencia atacada y; ii) ordenar a la autoridad judicial accionada emitir una
sentencia de reemplazo. Como sustento de la acción de tutela, la parte actora
planteó los siguientes argumentos:
3.1. Sostuvo que la providencia censurada incurrió en una irregularidad procesal
decisiva al desconocer la fijación del litigio establecida en el auto del 7 de julio de
2025, por lo que vulneró el núcleo esencial del debido proceso y el derecho de
defensa de la parte actora.
2 Consistió en «Determinar si los artículos 29 y 33 del Acuerdo 270 del 12 de diciembre de 2017 «por el cual se
adopta el estatuto general de la Universidad de Córdoba» están viciados de nulidad por infracción de los
artículos 3 y 4 del reglamento interno del Consejo Superior (Acuerdo 103 de 2014). // Para el efecto, se analizará
si la forma en que esas disposiciones fueron discutidas y aprobadas por los integrantes del consejo superior
universitario afectó el cuórum deliberatorio, configuró un conflicto de intereses y de sconoció los principios de
moralidad y transparencia».
3 Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta. Sentencia del 13 de abril de 2023.
MP Carlos Enrique Moreno Rubio. Radicación: 11001-03-24-000-2020-00387-00. Salvamento Parcial de Voto:
Luis Alberto Álvarez Parra y Rocío Araújo Oñate
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07741-00
Accionante: José Luis Benedetty Caballero
3.2. Alegó que existe una contradicción entre el auto que desestimó la cosa juzgada
y la sentencia final, pues la autoridad judicial omitió el análisis de fondo sobre el
conflicto de intereses y la violación de los principios de transparencia y moralidad
previamente delimitados.
3.3. Indicó que el fallo adolece de un defecto por incongruencia al apartarse de la
bitácora procesal y eludir el debate sustancial, bajo el argumento de una resolución
previa adoptada en otro expediente.
3.4. Adujo que se configura una violación del precedente judicial horizontal dictado
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, el cual otorga carácter vinculante y
medular a la fijación del litigio como garantía de certidumbre, seguridad jurídica y
lealtad procesal.
3.5. Por último, señaló que la decisión judicial reprochada constituye una vía de
hecho al variar sorpresivamente las reglas del debate una vez ejecutoriada la
fijación del litigio, lo que genera un escenario de indefensión que sacrifica la eficacia
de los principios constitucionales y la justicia rogada.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 5 de diciembre de 20254 se admitió la acción de tutela y se
ordenó la vinculación de la Universidad de Córdoba.
4.2. La Sección Quinta del Consejo de Estado 5 remitió copia digital del expediente
de nulidad. Asimismo, presentó informe en el que manifestó que la controversia no
reviste relevancia constitucional, en tanto, el actor cuestion ó las consideraciones
que sustentaron la providencia enjuiciada sin demostrar la forma en que se
estructuró la vulneración alegada.
Agregó que los fundamentos fácticos que sustentaron el supuesto conflicto de
intereses y la presunta violación de los principios de transparencia y moralidad
fueron analizados en la sentencia del 13 de abril de 2023 dentro del expediente
radicado 11001-03-24-000-2020-00387-00. En consecuencia, debía atender a dicha
decisión y no pronunciarse nuevamente sobre el asunto.
4.3. La Universidad de Córdoba 6 solicitó que se declare improcedente la acción,
en la medida que acceder las pretensiones plantadas en el escrito de amparo,
implicaría desconocer la autonomía universitaria, crear una incertidumbre
institucional y afectaría gravemente la confianza en la administración de justicia.
4 Índice 00004 del aplicativo SAMAI.
5 Índices 00010 y 00011 del aplicativo SAMAI.
6 Índice 00013 del aplicativo SAMAI.
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Accionante: José Luis Benedetty Caballero
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de José
Luis Benedetty Caballero al ser titular de los derechos que afirma fueron vulnerados,
dado que actuó como demandante en el proceso de nulidad identificado con el
radicado número 11001-03-24-000-2023-00204-00.
2.2. Por otro lado, está probada la legitimación en la causa por pasiva de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por cuanto fungió como juez de única
instancia dentro del proceso mencionado, y es su decisión a la que la parte actora
atribuye la afectación de sus garantías constitucionales.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20057 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
7 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07741-00
Accionante: José Luis Benedetty Caballero
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 8 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 9.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”10.
4.1. Relevancia constitucional
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 11.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
8 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
9
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que
ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento esta blecido; c) defecto fáctico, esto es,
cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto
material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexist entes
o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo
condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa l a legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
11 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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Accionante: José Luis Benedetty Caballero
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto. Además, indicó que, si la providencia
objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el estudio de procedibilidad debe ser
mucho más estricto, lo que implica verificar la existencia de una actuación
claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto12.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. Al analizar los cargos, la parte actora sostuvo que la providencia cuestionada
incurrió en: i) una irregularidad procesal grave al ignorar los puntos del conflicto
definidos en el auto de fijación del litigio; ii) una contradicción evidente, pues el
12 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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juzgador descartó la cosa juzgada al inicio del proceso pero usó ese mismo
argumento en la sentencia para no estudiar el fondo del asunto; iii) un defecto por
falta de coherencia, al evitar el debate sobre la moralidad y transparencia mediante
una remisión injustificada a un expediente distinto; iv) desconocimiento de las
reglas de la Sección Quinta del Consejo de Estado que obligan a respetar el marco
de la controversia para garantizar la seguridad jurídica; y v) una vía de hecho por el
cambio sorpresivo de las condiciones del juicio, situación que dejó a la accionante
sin oportunidad de defenderse frente a los nuevos criterios impuestos por el tribunal.
5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados en la sentencia cuestionada,
se observa que la Sección Quinta del Consejo de Estado arribó a las siguientes
conclusiones:
“De la alternancia de los miembros del consejo directivo al momento de
votar, que pudo constituir conflicto de interés que atenta contra la
transparencia y moralidad
53. Pese a que este argumento se sustenta en el supuesto beneficio mutuo
de los consejeros al momento de deliberar y votar la modificación de los
estatutos demandados, lo cierto es que la sala, en sentencia del 13 de abril
de 2023, analizó el artículo 29 del Acuerdo 270 de 2017 bajo la imputación
de desviación de poder fundamentado en el beneficio impersonal de quienes
en ese momento ocupaban los cargos y se pronunció de la siguiente forma:
Para abordar el citado aspecto, la Sala diferenció para su estudio los
conceptos de «ampliación» y «prórroga», los cuales como bien se
detallarán in extenso definen los aspectos sustanciales que permiten
definir los alcances de uno y otro.
Esta identificación posibilita a la Sección desarrollar en un primer
acercamiento el por qué no se transgredió el ordenamiento superior,
partiendo de una lectura sistemática y contextual de los apartes
demandados, la jurisprudencia constitucional y decisiones de esta
Sección. Así, tales modificaciones generales hechas a los estatutos,
conforme a las pruebas arrimadas al proceso, están amparadas en la
autonomía universitaria dentro de los límites que el ordenamiento jurídico
tiene para tal figura, tal como se esbozará en los apartes subsiguientes.
Del plan de gobierno expedido por la Universidad de Córdoba para la
vigencia 2015-2018 y que fue aportado en virtud del decreto oficioso de
prueba, si bien no tenía taxativamente descrito que la modificación y/o
actualización de los estatutos fuere una meta, ni tampoco que hubiese
existido un plazo para ello, no es menos cierto que, partiendo de la
interpretación propugnada por la Corte Constitucional, se advierte que,
existió un objetivo denominado «Eje modernización administrativa y buen
gobierno» cuyo norte fue transformar las formas de gobierno y la
modernización de la gestión administrativa y cumplir los mandatos del
Estado.
Finalidades que, como tiene sentada la normativa, reconocen a las
universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus
autoridades académicas y administrativas, todo ello, para el cumplimiento
de su misión social e institucional.”
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Accionante: José Luis Benedetty Caballero
El anterior aspecto se ve nutrido con la «línea estratégica» establecida
en el citado documento, en la cual se contempló «realizar el estudio
técnico de la estructura orgánica (…)», ello quiere decir que la
Universidad de Córdoba pretendía realizar una serie de cambios de fondo
a como venían realizándose los procesos y procedimientos de sus
órganos administrativos, lo cual, se refuerza con la «línea de acción»
definida para este objetivo8 que determinó: «Realizar la revisión y
actualización de los procedimientos del Procesos (sic) Administrativos».
Aspectos que en efecto garantizan que, con la ampliación de tales
periodos, el plan de gobierno como ruta de navegación, los contemplara
dentro de sus metas a conseguir.
Lo dicho hasta el momento tiene justificación si se analiza la definición
que da el Diccionario de la Lengua Española, a las expresiones «plan» y
«plan de servicios» el primero entendido, como un modelo sistemático de
una actuación pública o privada, que se elabora anticipadamente para
dirigirla y encauzarla, el segundo, aquel que se elabora por las
administraciones públicas para ordenar la previsión y ejecución de sus
respectivos servicios.
Por lo anterior, debe decirse que, del análisis del plan de gobierno, bien
puede tenerse como finalidad legítima del CSU, la modificación de sus
estatutos realizando los cambios que permitieran conseguir las metas
más próximas, atribución que, conforme a lo dicho anteriormente, lo
contempló el Consejo Superior Universitario, como una de sus metas.
En este orden, la mejora en la prestación de servicio de educación y la
ampliación en el período del rector y de los integrantes del CSU coexisten
armónicamente en el caso concreto, habida cuenta que, conforme a los
fines indicados en los artículos 210 y 6711 de la Carta, se vela por la
mejora en la calidad del servicio, garantizando que un nuevo término de
sus máximas autoridades asegure las condiciones necesarias para la
actualización e internacionalización de los nuevos programas; proyectos
e ideales concebidos en el acuerdo general que superan la anterior visión
prevista en el año 1994, fecha de la que data el estatuto universitario
primigenio. (…). Negrillas propias.
54. Así las cosas, pese a que los fundamentos fácticos de la demanda hacen
referencia al beneficio personal de los consejeros con la modificación de los
estatutos porque se retiraron alternadamente de la sesión de uno en uno y
de la misma forma fueron reingresando y votando positivamente la
propuesta, se advierte que la sentencia citada concluyó que la ampliación
del período de los miembros del CSU se hizo en procura del interés general,
razón por la que la Sala se atendrá a lo allí resuelto y no se pronunciará
nuevamente sobre el particular”.
5.3. En conclusión, para la autoridad judicial convocada: i) el reproche sobre la
presunta alternancia de los miembros del Consejo Superior Universitario para votar
en beneficio propio carece de objeto, pues la Sala determinó en sentencia del 13 de
abril de 2023 que la modificación estatutaria respondió a una finalidad legítima y no
a una desviación de poder; ii) la ampliación de los periodos institucionales encontró
sustento en la autonomía universitaria y en el cumplimiento del plan de gobierno,
objetivos que prevalecen sobre el supuesto interés particular de los consejeros; iii)
el análisis de la cosa juzgada material era determinante, toda vez que existía un
pronunciamiento previo (sentencia del 13 de abril de 2023), que validó la
coexistencia armónica entre la extensión del mandato y la mejora en la calidad del
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servicio educativo. Así, aunque las acciones difieran formalmente la validez de la
modificación estatutaria ya había sido objeto de un juicio de legalidad definitivo; iv)
como la Corporación ya había definido que los cambios normativos se ajustaron al
interés general, resultaba imperativo acatar lo resuelto anteriormente y omitir un
nuevo pronunciamiento sobre hechos que ya fueron juzgados bajo una misma
unidad de materia.
5.4. En virtud de lo anterior, la Sala advierte que el debate planteado en este caso
fue adecuadamente examinado por el juez competente. Asimismo, no se aprecia
que la decisión haya sido dictada de forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los
hechos y fundamentos normativos, ni que se hayan trasgredido los derechos
fundamentales de la parte actora durante el desarrollo del proceso de nulidad.
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitu cional,
se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su
carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes
que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración 13.
5.5. Por consiguiente, para la Sala es claro que la parte accionante pretende
imponer su interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad
enjuiciada, así como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y
continuar con el debate surtido en el trámite del proceso de nulidad sin que haya
demostrado la violación del derecho fundamental para el que pidió su protección.
Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del referido asunto, toda
vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados, sin esbozar
las razones concretas por las cuales el derecho fundamental invocado fue vulnerado
con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda
vez que la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.
5.6. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.
13 Sentencia SU215 de 2022.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07741-00
Accionante: José Luis Benedetty Caballero
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 14, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o
de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario15.
5.7. Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito
de relevancia constitucional y por consiguiente se declarará improcedente el
amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
José Luis Benedetty Caballero en contra del Consejo de Estado, Sección Quinta por
no superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
Notifíquese y Cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SFGS
14 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
15 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
10
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