Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07745-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07745-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07745-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
30 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07745-00
Accionante: ALVARO LEÓN FLÓREZ SEPULVEDA
Accionado: UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A
LAS VÍCTIMAS (UARIV) Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: tutela contra una acción de la misma naturaleza.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela promovida el 5 de diciembre de 2025 1 por el
señor Álvaro León Flórez Sepúlveda, quien actúa en nombre propio, contra la
Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas2, el Juzgado Treinta y Seis
Administrativo Oral de Medellín y el Tribunal Superior de Medellín3. A su juicio,
dichas autoridades judiciales vulneraron sus derechos fundamentales al derecho de
petición, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, acceso a la administración
de justicia y a la igualdad.
ANTECEDENTES
Hechos relevantes
1. El señor Álvaro León Flórez Sepúlveda afirmó que ostenta la condición de víctima
por desplazamiento forzado, debidamente inscrito en el Registro Único de Víctimas
(RUV). En tal condición, solicitó ante la UARIV el reconocimiento y pago de la
indemnización administrativa correspondiente. Mediante la Resolución número
4102019-1132381 del 22 de abril de 2021, la entidad reconoció dicha medida, pero
supeditó su entrega a la aplicación del Método Técnico de Priorización 4, conforme
a criterios demográficos, socioeconómicos, de caracterización del daño, de avance
en la reparación integral, disponibilidad presupuestal y número de víctimas
beneficiarias en cada vigencia fiscal.
2. Ante la inconformidad con el tiempo de espera y los resultados del MTP, el
accionante presentó un nuevo derecho de petición ante la UARIV el 18 de julio de
1 Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL
viernes, 5 de diciembre de 2025 con secuencia: 12503”.
2 En adelante: UARIV.
3 El accionante sostiene en el escrito de tutela que la presente acción se dirige contra el Tribunal
Superior de Medellín; sin embargo, del examen del expediente se advierte que, en realidad, la
autoridad judicial demandada es el Tribunal Administrativo de Antioquia. En consecuencia, a lo largo
de la presente sentencia se hará referencia a dicha corporación como la entidad accionada.
4 En adelante: MTP
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Radicación: 11001031500020250774500
Accionante: Álvaro León Flórez Sepúlveda
Accionado: Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas (Uariv) y Otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
2025, a través del cual solicitó la fijación de una fecha para el pago de la
indemnización con criterio de priorización por razones de salud. Sostuvo que la
entidad no dio respuesta a dicha solicitud, razón por la cual promovió acción de
tutela por presunta vulneración del derecho fundamental de petición.
3. Mediante Sentencia del 7 de noviembre de 2025, el Juzgado Treinta y Seis
Administrativo de Oralidad de Medellín declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado, al constatar que la UARIV dio respuesta previa y debidamente
notificada al derecho de petición presentado por el tutelante el 18 de julio de 2025,
como se reseña a continuación.
4. La entidad explicó que tras aplicar el MTP y ante la falta de acreditación de una
situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad —edad igual o superior a
68 años, enfermedad huérfana, ruinosa, catastrófica o de alto costo, o
discapacidad—, el señor Álvaro León Flórez Sepúlveda, de 59 años y sin
discapacidad demostrada, debía permanecer en la ruta general, razón por la cual
no resultó priorizado para la vigencia 2024. Asimismo, informó que aplicaría
nuevamente dicho método durante el segundo semestre de 2025 y que comunicaría
oportunamente el resultado, conforme a la Resolución No. 01049 de 2019 y su
anexo técnico.
5. Frente a la solicitud de priorización por razones de salud, la Unidad precisó que
no era posible acceder a lo solicitado, dado que la documentación médica aportada
no cumplió con los requisitos exigidos por la Circular 0009 de 2017 de la
Superintendencia Nacional de Salud ni por las Resoluciones Nos. 113 de 2020 y
1197 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social, por lo que concluyó que
la respuesta fue de fondo y debidamente notificada.
6. El accionante impugnó el fallo de tutela de primera instancia, al considerar que la
respuesta de la entidad no resolvió de fondo su solicitud ni valoró su historia clínica
ni el dictamen de pérdida de capacidad laboral. El actor insistió en la fijación de una
fecha para el pago de la indemnización.
7. A través de providencia del 3 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, modificó la sentencia de primera instancia y
negó el amparo constitucional, al concluir que: (i) el accionante presentó un derecho
de petición; (ii) la entidad accionada dio respuesta previa a la interposición de la
acción de tutela; y (iii) dicha respuesta resolvió de fondo los interrogantes
planteados, al ofrecer una contestación cierta, congruente y precisa.
8. La Sala destacó que la entidad explicó que pese a encontrarse reconocido como
víctima y beneficiario de la indemnización administrativa, debía aplicarse el MTP
para determinar si el accionante accedía o no a la ruta priorizada. Asimismo, indicó
que, con base en los documentos aportados, no fue posible confirmar la existencia
de una enfermedad ruinosa, catastrófica o de alto costo, ni una situación de
discapacidad, razón por la cual el certificado médico allegado no resultó válido y los
demás soportes no permitieron su valoración por falta de legibilidad, lo que obligaba
2
Radicación: 11001031500020250774500
Accionante: Álvaro León Flórez Sepúlveda
Accionado: Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas (Uariv) y Otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
a continuar en la ruta general. También aclaró que no era posible señalar una fecha
o plazo aproximado para el pago, en atención a la disponibilidad presupuestal.
9. La inconformidad del impugnante se centró en que la respuesta no habría sido
clara ni precisa, al no valorar adecuadamente los soportes aportados ni fijar una
fecha cierta para la entrega de los recursos. Sin embargo, la Sala evidenció que la
entidad sí respondió a cada uno de los planteamientos formulados y explicó las
razones por las cuales no procedía la priorización solicitada. Adicionalmente,
constató que el accionante no contaba con 65 años, según la copia de la cédula de
ciudadanía obrante en el expediente, y que, aún de cumplir dicha edad, no satisfacía
los requisitos objetivos para acceder a la ruta priorizada.
10. En consecuencia, el Tribunal concluyó que no se configuró vulneración alguna
del derecho fundamental de petición ni del debido proceso. No obstante, en atención
a la condición del accionante como víctima del conflicto armado, instó a la UARIV a
aplicar el MTP durante el año 2025, en caso de no haberlo hecho, y a notificarle
debidamente el resultado, con expresión clara de los fundamentos de la decisión.
Pretensiones
11. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):
“PRIMERA: DECLARAR que el JUZGADO TREINTA Y SEIS
ADMINISTRATIVO ORAL DE Medellín Y TRIBUNAL SUPERIOR DE
Medellín – Vinculado COMITÉ UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN
A LAS VICTIMAS está vulnerando el derecho fundamental al debido
proceso, e igualdad y dignidad humana y que en el marco de sus
competencias procedan a ORDENAR al COMITÉ UNIDAD DE ATENCIÓN
Y REPARACIÓN A LAS VICTIMAS que en el término que el despacho
considere pertinente, se ordene el pago de la indemnización por
desplazamiento forzado teniendo en consideración el daño irremediable al
no aplicar la ruta prioritaria y la indemnización ya adquirida no supere lo
establecido por el honorable consejo de estado (60 días) 2014-03198-
00(AC.”5.
Fundamentos de la demanda de tutela
12. El peticionario manifestó que la presente acción de tutela se fundamenta en el
artículo 86 de la Constitución Política, así como en los Decretos 2591 de 1991 y 306
de 1992, que regulan su procedencia y trámite. Igualmente, encuentra sustento en
el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 2 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones que consagran el derecho a
contar con recursos judiciales efectivos para la protección de los derechos
fundamentales.
13. Indicó que, en cuanto al derecho de petición de las víctimas del conflicto
armado, la jurisprudencia del Consejo de Estado precisó que las solicitudes de
5 Índice electrónico 02 de SAMAI. 3ED_Demanda1(.pdf) NroActua 2.
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Accionante: Álvaro León Flórez Sepúlveda
Accionado: Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas (Uariv) y Otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
indemnización por reparación administrativa deben resolverse dentro de un término
razonable, que ha fijado en sesenta (60) días, aún en ausencia de un plazo legal
expreso. Lo anterior, en atención a la especial protección constitucional que cobija
a esta población y al deber de la administración de emitir respuestas de fondo,
claras y oportunas.
14. Asimismo, señaló que el Alto Tribunal precisó que el término previsto en el
artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 para resolver las solicitudes de inclusión en el
Registro Único de Víctimas resulta aplicable, por analogía, a las peticiones
relacionadas con la reparación administrativa, en especial a aquellas presentadas
durante la vigencia del Decreto 1290 de 2008, con el fin de garantizar la efectividad
del derecho de petición y la protección reforzada de las víctimas.
Trámite en primera instancia
15. Mediante auto del 10 de diciembre de 20256, el despacho sustanciador admitió
la presente acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar a la parte
accionada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Asimismo,
dispuso la vinculación del Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de
Oralidad, del Ministerio Público y de los demás intervinientes dentro del proceso de
tutela identificado con el radicado 05001-33-33-036-2025-00389-00/01. De igual
forma, el despacho requirió al señor Álvaro León Flórez Sepúlveda para que, dentro
del término de tres (3) días contados a partir de la notificación efectiva de la
providencia, precisara la acción u omisión que atribuye al Tribunal Superior de
Medellín, así como los hechos y demás elementos relevantes que sustentan su
reclamación, bajo el apremio de no tener a dicha autoridad como parte accionada
en el trámite constitucional.
Intervenciones
16. La UARIV7 informó que el señor Álvaro León Flórez Sepúlveda se encuentra
incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV) por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado, bajo el radicado 677578-3367986. Precisó que el
accionante no cuenta con criterios de priorización para el reconocimiento de la
indemnización administrativa. Indicó, además, que la entidad ya dio respuesta a la
solicitud elevada por el peticionario, a través del oficio que anexo al memorial de
contestación, y que, por los mismos hechos expuestos en la presente acción
constitucional, también remitió respuesta al Juzgado Treinta y Seis Administrativo
de Oralidad de Medellín, circunstancia que afirma puede ser debidamente
acreditada dentro del expediente.
17. Adicionalmente, la UARIV solicitó el rechazo de la acción de tutela, al considerar
que el accionante incurrió en temeridad. Al respecto, sostuvo que el peticionario
promovió más de una acción de tutela sustentada en los mismos hechos, con
6 Índice electrónico 05 de SAMAI. 5Autoqueadmite_220250774500ADMITEAL(.pdf) NroActua 4.
7 Índice electrónico 013 de SAMAI. 16_MemorialWeb_Respuesta-RESPUESTA_TUTELA_895(.pdf)
NroActua 13.
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
identidad de partes y de pretensiones, sin que mediara una justificación razonable
para ello, con el fin de obtener decisiones contradictorias o de alcanzar una ventaja
procesal indebida.
18. Por medio de Auto del 10 de diciembre de 2025, se le solicitó al demandante
precisar la acción u omisión atribuida al Tribunal Superior de Medellín, así como los
hechos y demás elementos relevantes que sustentan su reclamación constitucional.
El 16 de diciembre de 2025, el señor Alvaro León Flórez Sepulveda allegó
memorial, en el que manifestó lo siguiente8:
“ÁLVARO LEÓN FLÓREZ SEPULVEDA identificado como aparece al pie de
mi correspondiente firma, acudo muy respetuosamente a su despacho a
manifestarles por qué el juez omitió no dar aplicación a la ruta prioritaria, esto
se considera una omisión judicial que vulnera el derecho a la justicia y
posiblemente, el propio derecho fundamental solicitado, máxime que el
suscrito es sujeto de especial protección constitucional mayor de 59 años y
en condición de discapacidad física calificado por la junta de invalidez con una
merma de capacidad laboral del 44% en adelante como se evidencia en las
pruebas aportadas y no es justo que nosotros las victimas recurramos a las
acciones de tutela para que nos amparen nuestros derechos fundamentales
y nuestros guardianes de la constitución nos nieguen este derecho, ya que la
tutela efectiva es el medio más eficaz para amparar nuestros derechos
fundamentales, por lo que considero que estos jueces vulneraron mis
derechos fundamentales establecidos en la ley 1448 del 2011, ley 2421 del
2024 art 13, decreto 1377 del 2014 art 6 y 7 decreto 1084 del 2015 art
2.2.7.4.7 y 2.2.7.3.1, así mismo en la resolución interna 582 del 2021 art 2
literal A, debido a que la historia clínica y los dictámenes son los documentos
idóneos para que se verifiquen los diagnósticos del suscrito y no nos
interpongan trabas y cargas desproporcionadas para acceder a la
indemnización exigiendo un certificado de discapacidad que las secretarias
de discapacidad se demoran hasta más de un año para otorgarlo y muchas
víctimas mueren esperando este certificado”.
19. El Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral de Medellín y el Tribunal Superior
guardaron silencio, pese haber sido notificados9.
CONSIDERACIONES
Competencia
20. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201910.
8 Índice electrónico 012 de SAMAI. 15RECIBEMEMORIAL_Memorial_alvaroleon2(.pdf) NroActua
12.
9 Índice electrónico 07 de SAMAI. Soporte notificación Auto que admite dema(.pdf) NroActua 7.
10 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.
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Accionante: Álvaro León Flórez Sepúlveda
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Cuestión previa
21. La UARIV sostuvo que en el presente asunto podría configurarse la temeridad,
al considerar que el actor habría presentado varias acciones de tutela fundadas en
los mismos hechos, sin exponer justificación alguna para ello.
22. Sin embargo, la Sala advierte que la afirmación planteada por la entidad
accionada no se encuentra debidamente acreditada. En efecto, esta se limitó a
sostener, de manera genérica, que el tutelante habría promovido múltiples acciones
de tutela con identidad de partes, causa petendi y objeto, sin identificar ni
individualizar los procesos constitucionales a los que hace referencia, ni aportar
elementos de juicio que permitan corroborar dicha circunstancia. Esta insuficiencia
probatoria impide a la Sala verificar que el accionante haya acudido reiteradamente
contra la misma autoridad con fundamento en los mismos hechos y pretensiones,
así como constatar la existencia de mala fe o deslealtad procesal, y, en
consecuencia, declarar la configuración de la temeridad en el ejercicio de la acción
de tutela.
23. Con el propósito de verificar lo expuesto por la entidad demandada, la Sala
realizó una búsqueda en la plataforma SAMAI, en la cual se identificó un proceso11
en el que el señor Álvaro León Flórez Sepúlveda figura como accionante y la UARIV
como parte demandada. No obstante, no fue posible acceder al contenido del
expediente12, circunstancia que impide establecer si dicho proceso corresponde
efectivamente a los mismos hechos, derechos presuntamente vulnerados y partes,
elementos indispensables para estructurar la figura de la temeridad.
24. Aunado a lo anterior, la Sala no puede perder de vista la situación particular del
actor, quien ostenta la condición de víctima de desplazamiento forzado, lo cual
impone un deber de análisis reforzado y restrictivo frente a la eventual declaratoria
de temeridad, en atención a los principios de acceso efectivo a la administración de
justicia y protección reforzada de las víctimas del conflicto armado13.
11 Ante el Juez 19 Administrativo Oral de Medellín, identificado bajo el radicado
05001333301920220059000.
12 Una vez revisado el expediente a través de la plataforma SAMAI, se constató que todas las
actuaciones registradas aparecían en cero (0), razón por la cual no fue posible visualizar documento
alguno.
13 La Corte Constitucional, en Sentencias T-002 de 2023 y T-220 de 2021 señaló que la acción de
tutela es el mecanismo judicial idóneo, eficaz y célere para garantizar, con la urgencia requerida, los
derechos fundamentales de la población desplazada. Por ello, al analizar su procedencia, no puede
exigirse a las víctimas un cumplimiento estricto de los requisitos de procedencia de la acción de
tutela, sino que debe realizarse un examen concreto y flexible, atendiendo a sus condiciones de
especial vulnerabilidad. En ese sentido, el alto tribunal constitucional ha respaldado de manera
consistente el uso de la tutela como expresión del trato preferente y reforzado que el Estado debe
brindar a quienes se encuentran en situación de desplazamiento forzado. Además, ha destacado
que estas víctimas enfrentan contextos de extrema precariedad, barreras educativas y traumas
derivados del hecho victimizante, así como temores que dificultan su capacidad de denuncia y
actuación, razones que refuerzan la necesidad de un análisis judicial sensible y garantista.
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Accionante: Álvaro León Flórez Sepúlveda
Accionado: Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas (Uariv) y Otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Problema jurídico y metodología de la decisión
25. En la Sentencia SU-108 de 2018, la Corte Constitucional sostuvo que el juez de
tutela tiene el deber de identificar con claridad aquello que la parte accionante
persigue mediante el amparo constitucional, con el propósito de garantizar una
protección efectiva de los derechos fundamentales invocados. En esa providencia,
el Tribunal explicó que el principio de oficiosidad, en estrecha relación con el
principio de informalidad, exige que el juez asuma un papel activo en la conducción
del proceso constitucional.
26. Dicho rol activo se manifiesta no solo en la adecuada interpretación de la
solicitud de tutela, sino también en la valoración integral de los elementos fácticos y
probatorios que permitan comprender de manera completa la situación puesta en
su conocimiento. De esta forma, el juez constitucional se encuentra en capacidad
de adoptar una decisión de fondo que consulte la justicia material, aborde de
manera integral la problemática planteada y provea una solución efectiva y
adecuada, orientada a la protección inmediata de los derechos fundamentales,
cuando a ello haya lugar.
27. A través de auto del 10 de diciembre de 2025, el despacho sustanciador requirió
al señor Álvaro León Flórez Sepúlveda para que, dentro del término de tres (3) días
contados desde la notificación, aclarara la acción u omisión atribuida al Tribunal
Superior de Medellín y los hechos que la sustentan, con la advertencia de que, de
no hacerlo, dicha autoridad no sería tenida como parte accionada en el trámite
constitucional.
28. El 16 de diciembre de 2025, el señor Alvaro León Flórez Sepulveda allegó
memorial, en el cual manifestó que el juez de tutela incurrió en una omisión judicial
al no aplicar la ruta de priorización, circunstancia que, a su juicio, vulneró sus
derechos fundamentales. En particular, expresó: “Álvaro León Flórez Sepúlveda,
identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, acudo muy
respetuosamente a su despacho a manifestar por qué el juez omitió dar aplicación
a la ruta prioritaria, lo cual considero una omisión judicial”.
29. Además, dentro de las pretensiones de la presente acción de amparo
constitucional, el actor solicita que se declare al Juzgado Treinta y Seis
Administrativo Oral de Medellín y al Tribunal Superior de Medellín responsables de
la vulneración de los derechos fundamentales de petición, igualdad y dignidad
humana.
30. Frente a lo anterior, esta Sala interpreta que la presente acción de tutela se
dirige contra el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Medellín, autoridad judicial que conoció de una acción de tutela
promovida anteriormente por el actor.
31. A partir de este contexto, corresponde a la Sala determinar si el presente
amparo se dirige contra una providencia adoptada en el marco de otra acción de
tutela, supuesto que, por regla general, conduce a su improcedencia, conforme a la
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Radicación: 11001031500020250774500
Accionante: Álvaro León Flórez Sepúlveda
Accionado: Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas (Uariv) y Otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional. En efecto, se advierte que el
demandante promovió previamente una acción de amparo contra la UARIV, la cual
conoció el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral de Medellín y en segunda
instancia el Tribunal Administrativo de Antioquia, y luego instauró una nueva acción
de tutela14 contra este último órgano judicial. Esta secuencia procesal exige
examinar si se configura una tutela contra tutela, hipótesis que, en principio, resulta
improcedente y solo admite excepciones estrictas en los términos fijados por la
jurisprudencia constitucional.
32. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Sala adoptará la siguiente
ruta de análisis: (i) reiteración de jurisprudencia respecto de la procedencia de la
acción de tutela contra sentencias de tutela; y (ii) análisis del caso concreto.
Reiteración de jurisprudencia respecto de la procedencia de la acción de
tutela contra sentencias de tutela
33. Para efectos de analizar la procedencia de la acción de tutela cuando el objeto
de control es un proceso de tutela, la jurisprudencia constitucional ha considerado
indispensable realizar, como primer paso, una distinción conceptual y práctica: (i) si
la acción se dirige directamente contra la sentencia de tutela, o (ii) si se orienta
contra actuaciones específicas adelantadas dentro del trámite de tutela, ya sean
anteriores o posteriores al fallo.
34. Esta diferenciación no es meramente formal. De ella depende el régimen de
procedencia aplicable, el tipo de irregularidad que puede alegarse, el alcance del
control constitucional y las consecuencias sobre la cosa juzgada. En efecto,
mientras que la sentencia de tutela, como decisión de fondo, se encuentra
amparada por una protección reforzada derivada de la cosa juzgada constitucional,
las actuaciones procesales que la preceden o la siguen pueden, en determinados
supuestos, ser objeto de control a través de una nueva acción de tutela, siempre
que se configuren vulneraciones autónomas a derechos fundamentales y se
cumplan los requisitos generales de procedibilidad.
35. En atención a las circunstancias del caso, la Subsección únicamente expondrá
las reglas de la hipótesis (i). La regla general, fijada en la Sentencia SU-1219 de
2001 y reiterada en múltiples pronunciamientos posteriores, es la de la
improcedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela. Esta regla se
estructura de manera diferenciada según el juez que profiere la sentencia
cuestionada. Cuando la sentencia de tutela ha sido emitida por la Sala Plena o por
alguna de las Salas de Revisión de la Corte Constitucional, la regla de
improcedencia es absoluta. En estos casos, no es posible instaurar una nueva tutela
para controvertir la decisión, por cuanto: (i) la Corte Constitucional actúa como
órgano de cierre en materia de tutela y garante de la supremacía e integridad de la
Constitución; (ii) la decisión adquiere el carácter de cosa juzgada constitucional, que
no puede ser desconocida mediante un nuevo amparo, y (iii) el ordenamiento prevé
un mecanismo específico y restringido para corregir eventuales irregularidades
14 La cual conoce este despacho.
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Radicación: 11001031500020250774500
Accionante: Álvaro León Flórez Sepúlveda
Accionado: Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas (Uariv) y Otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
graves: el incidente de nulidad, que debe promoverse ante la propia Corte y cumple
una función excepcional, orientada a salvaguardar el debido proceso en la actuación
de ese tribunal15.
36. Por otro lado, cuando la sentencia de tutela ha sido proferida por jueces o
tribunales distintos de la Corte Constitucional, la regla también es la de
improcedencia. No obstante, la jurisprudencia ha reconocido una excepción de
carácter extraordinario y restrictivo cuando se acredita la existencia de fraude y, por
tanto, el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta. En estos eventos, la tutela puede
proceder excepcionalmente, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: (i)
ausencia de identidad procesal: la nueva acción de tutela no puede reproducir la
misma relación procesal de la tutela cuestionada; esto es, no debe coincidir
plenamente en partes, objeto y causa, de manera que no se esté ante un simple
intento de reabrir el litigio ya decidido; (ii) demostración clara y suficiente del fraude:
no basta con alegar un desacuerdo con la interpretación del juez o con el sentido
de la decisión. Es necesario acreditar que la sentencia de tutela se ha utilizado como
instrumento para consumar un negocio o situación fraudulenta, con afectación
ilegítima de derechos de terceros o del interés general, y (iii) inexistencia de otro
medio de defensa judicial eficaz: la tutela conserva su carácter subsidiario y
residual. Solo procede si no existe recurso, acción o mecanismo judicial ordinario o
extraordinario que permita remediar la situación generada por la sentencia
fraudulenta16.
37. Esta excepción no habilita un control general de legalidad ni una tercera
instancia encubierta sobre las sentencias de tutela. Su justificación radica en la
necesidad de impedir que el principio de cosa juzgada se convierta en refugio de
actuaciones abiertamente contrarias a la justicia material y al orden constitucional.
Análisis del caso concreto
38. Álvaro León Flórez Sepúlveda, víctima de desplazamiento forzado inscrita en el
RUV, obtuvo el reconocimiento de la indemnización administrativa por parte de la
UARIV mediante Resolución número 4102019-1132381 del 22 de abril de 2021,
condicionada a la aplicación del MTP y a la disponibilidad presupuestal. Inconforme
con el tiempo de espera, el actor presentó en julio de 2025 un derecho de petición
en el que solicitó fecha de pago con priorización por salud y, ante la supuesta falta
de respuesta, promovió acción de tutela, la cual fue negada por los jueces al
constatar que la entidad sí respondió de manera oportuna y de fondo.
39. En primer lugar, la Sala analizará la legitimación en la causa por activa y por
pasiva. En segundo lugar, verificará si en el presente asunto se configura alguna de
las excepciones reconocidas por la jurisprudencia constitucional que permiten la
procedencia excepcional de una acción de tutela contra una sentencia de tutela.
15 Sentencia SU-627 de 2015.
16 Corte Constitucional, Sentencias T-218 de 2012 y T-373 de 2014.
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Radicación: 11001031500020250774500
Accionante: Álvaro León Flórez Sepúlveda
Accionado: Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas (Uariv) y Otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Legitimación en la causa por activa y pasiva
40. En primer lugar, Alvaro León Flórez Sepulveda cuenta con legitimación en la
causa por activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales
cuya vulneración invoca. En tal condición, actúa como la persona directamente
afectada por las decisiones adoptadas por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo
Oral de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, providencias que, según
afirma, transgredieron sus garantías constitucionales.
41. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la
causa por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el
Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral de Medellín y el Tribunal Administrativo
de Antioquia, autoridades judiciales que emitieron las providencias a las que se les
atribuye la trasgresión de los derechos fundamentales reclamados por el
accionante.
Tutela contra acción de la misma naturaleza
42. El demandante promovió inicialmente acción de tutela contra la UARIV, la cual
fue conocida en primera instancia por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo de
Oralidad de Medellín y, en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo de
Antioquia. Con posterioridad, el actor interpuso una nueva acción de tutela contra
dicha autoridad judicial, la cual es objeto de conocimiento por parte de esta Sala.
43. En el presente asunto, se advierte que no se configura ninguno de los supuestos
excepcionales previstos por la jurisprudencia constitucional que habilitan la
procedencia de una acción de tutela contra una sentencia de la misma naturaleza.
Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido de manera reiterada que la tutela
contra tutela tiene un carácter estrictamente excepcional y restrictivo, de modo que
solo resulta procedente cuando la providencia cuestionada ha sido proferida por
autoridades judiciales distintas de dicha Corporación y, adicionalmente, se
demuestra la existencia de un fraude procesal de tal entidad que vicie la decisión
adoptada y permita predicar la configuración del fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta.
44. En el caso concreto, luego de examinar los documentos obrantes en el
expediente y de confrontarlos con las reglas fijadas por la jurisprudencia
constitucional, la Sala observa que ninguna de las actuaciones reprochadas por el
accionante se subsume en las hipótesis extraordinarias que permitirían la
procedencia de una acción de tutela contra tutela. En efecto, no se reprocha la
configuración de maniobras fraudulentas en la expedición de las providencias
cuestionadas ni se advierte un uso abusivo o desviado del mecanismo de amparo,
razón por la cual no se estructura el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta.
45. En consecuencia, la Sala concluye que la presente acción de tutela es
improcedente, toda vez que el actor dirige el amparo constitucional contra una
decisión adoptada dentro de una acción de la misma naturaleza, sin que en el caso
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Radicación: 11001031500020250774500
Accionante: Álvaro León Flórez Sepúlveda
Accionado: Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas (Uariv) y Otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
concreto se acrediten las circunstancias excepcionales definidas por la Corte
Constitucional que habilitan su procedencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Álvaro León Flórez Sepúlveda, quien actúa en nombre propio, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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