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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07748-00

Fecha
22 de enero de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07748-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES) , por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07748-00 Actor: HERMES FERNANDO LATORRE CALVACHE ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO (NARIÑO)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07748-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

22 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07748-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: HERMES FERNANDO LATORRE CALVACHE ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE TAMINANGO (NARIÑO)
TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO,
DURANTE LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA, LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA DIO POR TERMINADO EL TRÁMITE INCIDENTAL Y SE ABSTUVO
DE EJECUTAR LA SANCIÓN IMPUESTA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LIBERTAD.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

DE PASTO1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO2.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor HERMES FERNANDO LATORRE CALVACHE, actuando en

nombre propio y en calidad de alcalde del MUNICIPIO DE

1
En adelante el Juzgado.
2
En adelante el Tribunal.

2

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Actor: HERMES FERNANDO LATORRE CALVACHE ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE TAMINANGO (NARIÑO)

TAMINANGO (NARIÑO), en ejercicio de la acción de tutela prevista

en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de

sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia y a la libertad, los cuales estima vulnerados

por el JUZGADO y el TRIBUNAL, al haber proferido,

respectivamente, las providencias de 27 de noviembre y 2 de

diciembre de 2025, dentro del incidente de desacato adelantado en

la acción constitucional identificada con el número único de

radicación 2025-00170-00.

I.2. Hechos

Afirmó que la señora LUCÍA PATRICIA DÍAZ ENRÍQUEZ promovió

acción de tutela contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE

PENSIONES (COLPENSIONES)3 y el MUNICIPIO DE

TAMINANGO (NARIÑO)4, al considerar vulnerados sus derechos

fundamentales a la seguridad social, al debido proceso y al mínimo

vital, con ocasión a la omisión en la liquidación y pago de los aportes

a la seguridad social durante el tiempo que prestó sus servicios en el

referido ente territorial.

Indicó que a la acción constitucional le fue asignado el número único

de radicación 2025-00170-00 y le correspondió por reparto

3
En adelante Colpensiones.
4
En adelante Municipio.

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3

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MUNICIPIO DE TAMINANGO (NARIÑO)

correspondió al JUZGADO, que mediante sentencia de 17 de

septiembre de 2025 amparó el derecho fundamental a la seguridad

social y, le ordenó en su calidad de representante del MUNICIPIO

que, en el término de quince (15) días contados a partir de la

notificación de la decisión debía realizar la correspondiente

liquidación del cálculo actuarial y el pago correspondiente a los

aportes a pensión.

Señaló que la señora DÍAZ ENRÍQUEZ promovió incidente de

desacato por incumplimiento del fallo de tutela ante el JUZGADO

que, mediante providencia de 27 de noviembre de 2025, lo sancionó

en su calidad de alcalde del MUNICIPIO con multa de 10 días de

salario mínimo legal mensual vigente5 (smlmv) y 1 día de arresto,

por considerar que no se acreditó el cumplimiento de la orden de

amparo.

Refirió que mediante providencia de 2 de diciembre de 2025 el

TRIBUNAL al resolver el grado jurisdiccional de consulta, confirmó

la sanción impuesta en su contra, al concluir que la orden judicial no

fue acatada.

I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, las providencias judiciales incurrieron en

defecto fáctico, por cuanto no realizaron una debida valoración de

5
En adelante SMLMV.

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4

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las pruebas obrantes en el expediente que le permitían establecer el

cumplimiento de la orden por pago integral de la obligación.

Mencionó que de haberse valorado debidamente las pruebas

documentales aportadas al trámite incidental, se habría concluido

que no existió negligencia, por el contrario, se probó debidamente

que la mora en el pago de los aportes obedeció a la tardanza de

COLPENSIONES en el suministro idóneo para el recaudo, pues la

tesorería de la entidad territorial no contaba con la información

necesaria para el giro de los recursos debido al bloqueo de la

plataforma digital.

Aseguró que las autoridades judiciales también incurrieron en

defecto sustantivo, por inaplicación de la figura de hecho

superado, pues, a su juicio, las circunstancias que soportaban la

imposición de la sanción era la existencia de una deuda insoluta, sin

embargo, eso cambió el 2 de diciembre de 2025, por cuanto el ente

territorial realizó el pago total de los aportes a COLPENSIONES.

Mencionó que mantener la orden de arresto en su contra, resulta

abiertamente inconstitucional por vulneración de los principios de

necesidad y proporcionalidad.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,

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5

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en consecuencia:

“[…] PRIMERO: Declarar que las autoridades judiciales accionadas
(Tribunal Administrativo de Nariño y Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito de Pasto) vulneraron mis derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO (Art. 29 C.P.), al ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Art. 229 C.P.) y a la LIBERTAD
PERSONAL (Art. 28 C.P.), al imponer y confirmar una sanción de
arresto bajo un esquema de responsabilidad objetiva,
desconociendo las pruebas de imposibilidad material y diligencia
administrativa que obraban en el expediente.

SEGUNDO: Como consecuencia del amparo, DEJAR SIN EFECTOS
JURÍDICOS el ordinal PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO de la parte
resolutiva del Auto No. Des04-2025-662- SO del 2 de diciembre de
2025 proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño, y
consecuencialmente, el Auto del 27 de noviembre de 2025
proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Pasto, única y exclusivamente en cuanto impusieron sanción de
ARRESTO DE UN (1) DÍA y MULTA DE 10 SMLMV en contra de
HERMES FERNANDO LATORRE CALVACHE, en su calidad de Alcalde
Municipal de Taminango.

TERCERO: Declarar la configuración de un HECHO SUPERADO POR
CUMPLIMIENTO INTEGRAL, reconociendo que la obligación de
hacer y dar contenida en el fallo de tutela primigenio (pago de
aportes pensionales) fue satisfecha en su totalidad por el Municipio
de Taminango el día 2 de diciembre de 2025, mediante el pago de
la suma de $4.766.357 a favor de Colpensiones, lo cual extinguió
el fundamento fáctico y jurídico para mantener cualquier medida
coercitiva.

CUARTO: Ordenar al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Pasto que, en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación del fallo:

1. Se abstenga de librar las órdenes de captura a los organismos
de seguridad del Estado (Policía Nacional, SIJIN, CTI).

2. Si dichas órdenes ya hubieren sido emitidas, proceda a su
CANCELACIÓN INMEDIATA ante las respectivas autoridades de
policía.

3. Se abstenga de iniciar cualquier trámite de cobro coactivo
respecto a la multa impuesta, o decrete la terminación del mismo
si ya se hubiere iniciado, por sustracción de materia […]”.
(Destacado pertenece al texto).

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I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO señaló que no ha vulnerado los derechos

fundamentales invocados, por cuanto la omisión que generó la

imposición de la sanción se fundamentó en una discusión inocua que

afectó los derechos de la parte interesada dentro de la acción

constitucional cuestionada, ante el incumplimiento de las

obligaciones por parte del MUNICIPIO.

Afirmó que el mencionado ente territorial presentó una solicitud de

inaplicación de la sanción, la cual se encuentra pendiente de

resolución.

I.5.2.- El TRIBUNAL solicitó denegar las pretensiones de la acción

de tutela de la referencia, en la medida que la decisión que profirió

en su momento está debidamente motivada, ya que en ella se

efectuó una relación detallada de las disposiciones constitucionales y

normativas aplicables al asunto, por ende, no hay lugar a considerar

la configuración de una vía de hecho.

I.5.3.- COLPENSIONES solicitó ser desvinculada del presente

trámite constitucional por carecer de legitimación en la causa por

activa, en razón a que, no ha vulnerado los derechos fundamentales

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deprecados por la parte actora y, además, porque las pretensiones

invocadas no son de su competencia.

I.5.4.- Los señores LUCÍA PATRICIA DÍAZ ENRÍQUEZ, JUAN

CARLOS LEÓN MAYA y JOSÉ LUIS SANTAELLA BERMÚDEZ,

vinculados en calidad de terceros con interés directo en las resultas

del proceso, pese a ser notificados del presente trámite, guardaron

silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala advierte que COLPENSIONES solicitó ser desvinculada de la

presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por

pasiva.

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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).

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Ahora bien, comoquiera que COLPENSIONES fue vinculada en

calidad de accionada dentro de la acción constitucional objeto de

cuestionamiento, le asiste interés directo en las resultas del proceso

constitucional de la referencia, razón por la cual la Sala denegará la

solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por

pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

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elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una

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absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado .[11]

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

De la procedencia de la acción de tutela contra decisiones

dictadas dentro del trámite incidental

La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela

contra providencias que resuelven incidentes de desacato o

solicitudes de cumplimiento es procedente únicamente de manera

excepcional, “siempre que se cumplan los requisitos de procedencia

de la acción de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, se

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constate una vulneración o una amenaza a los derechos

fundamentales del sancionado”6.

Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha establecido algunos

requisitos formales y materiales que se deben tener presentes al

momento de hacer el examen de procedibilidad. Así, en sentencia

SU-034 de 20187, esa Corporación señaló:

«[…] [P]ara enervar mediante acción de tutela la providencia
que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se
reúnan los siguientes requisitos:

i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente
si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado
jurisdiccional de consulta, si es del caso–.

ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente,
por lo menos, la configuración una de las causales específicas
(defectos).

iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben
ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del
incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a
colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas
que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y
que el juez no tenía que practicar de oficio […]».

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

dejen sin efecto las providencias de 27 de noviembre y 2 de

diciembre de 2025, proferidas, respectivamente por el JUZGADO

6
Cfr. Sentencia T-325 de 2015.
7
M.P. Alberto Rojas Ríos.

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y el TRIBUNAL, dentro del incidente de desacato adelantado en la

acción constitucional identificada con el número único de radicación

2025-00170-00.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia y a la libertad, habida cuenta que, a juicio

de la actora, incurrieron en el defecto fáctico, por cuanto no

realizaron una debida valoración de las pruebas obrantes en el

expediente que le permitían establecer el cumplimiento de la orden

por pago integral de la obligación.

Aseguró que las autoridades judiciales también incurrieron en

defecto sustantivo, por inaplicación de la figura de hecho superado,

pues, a su juicio, las circunstancias que soportaban la imposición de

la sanción era la existencia de una deuda insoluta, sin embargo, eso

cambió el 2 de diciembre de 2025, por cuanto el ente territorial

realizó el pago total de los aportes a Colpensiones.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial; y ii) de superarse tal derrotero,

establecer si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los

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derechos fundamentales invocados e incurrieron en los defectos

alegados.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que de las

actuaciones registradas en el aplicativo de consulta SAMAI8 se logra

evidenciar que, contra las providencias cuestionadas, el actor el 3 de

diciembre de 20259 solicitó la inaplicación de la sanción impuesta.

Igualmente, se observa que el JUZGADO mediante auto de 9 de ese

mes y año10, ordenó correr traslado a las partes de la solicitud de

inaplicación de la sanción, actuación que fue notificada el mismo día.

Asimismo, se evidencia que dicho despacho judicial profirió auto el

15 de enero de 202611, en el que se abstuvo de ejecutar la sanción

impuesta al actor y dio por terminado el trámite incidental objeto de

cuestionamiento, de la siguiente manera:

“[…] Procedencia de la declaratoria de inejecución de la
sanción por desacato

Se sabe que el principal requisito para que proceda la cesación o
inejecución de los efectos de la sanción por desacato, es que la
accionada haya demostrado el cumplimiento pleno al fallo de
tutela, de tal manera que, ejecutar la sanción resulte carente de
sentido y objeto, pues de conocimiento amplio es que la sanción
impuesta dentro del trámite del incidente de desacato persigue el
cumplimiento de la orden de tutela, mas no se trata de una sanción

8
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=520013333004202500
170005200133
9
Índice núm. 36 del expediente digital.
10
Índice núm. 38 del expediente digital.
11
https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/5200133/52001333300
420250017000/C131FCAE6C96FE53D74FDEC607884077302769FDC038A8139D5E526694C10834/2

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penal, y en el presente asunto se acreditó el cumplimiento de fallo,
razón por la cual es procedente abstenerse de ejecutar la sanción.
En este mismo sentido se pronunció el Consejo de Estado – Sala
de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta, en fallo de
fecha 27 de junio de 2018.

Así las cosas, debemos decir que en el asunto que hoy nos ocupa,
es procedente declarar la inejecución de la sanción que se impuso
en este incidente de desacato, mediante auto del 27 de noviembre
de 2025, providencia que fue confirmada por el Tribunal
Administrativo de Nariño con auto del 2 de diciembre del año en
mención, toda vez que en el expediente se encuentra acreditado
que el MUNICIPIO DE TAMINANGO ha dado cumplimiento total a la
sentencia de tutela, así se haya hecho de manera tardía. […]

En mérito de lo expuesto, EL JUZGADO CUARTO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO:

RESUELVE:

PRIMERO. - ABSTENERSE DE EJECUTAR la sanción impuesta al
Dr. FERNANDO LATORRE CALVACHE, representante legal del
MUNICIPIO DE TAMINANGO, identificado con C.C. 87.060.112 con
arresto de un (1) día, y multa equivalente a diez (10) días de
salario mínimo legal vigente, impuesta mediante auto del 27 de
noviembre de 2025, providencia que fue confirmada por el Tribunal
Administrativo de Nariño, mediante auto del 2 de diciembre de
2025.
SEGUNDO. - TERMINAR el incidente de desacato en contra del
MUNICIPIO DE TAMINANGO (N), por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO. - Sin lugar a oficiar a las entidades competentes
encargadas de cumplir las sanciones impuestas, toda vez que no
se había efectivizado la orden emitida por este Despacho […]”.
(Destacado pertenece al texto).

Asimismo, la Sala advierte que la Secretaría del JUZGADO notificó

la aludida providencia por vía electrónica a las partes el 16 de enero

de 2026, tal y como se observa en el aplicativo de consultas SAMAI,

así:

“[…]

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[…]”.

En virtud de lo precedente, la Sala observa que la finalidad de la

acción de tutela de la referencia era que el JUZGADO diera por

concluido el trámite incidental e invalidara la sanción impuesta a la

parte actora dentro del incidente de desacato adelantado en la acción

constitucional identificada con el número único de radicación 2025-

00170-00, lo cual aconteció estando en trámite la presente acción

constitucional12, por lo que desaparecieron las circunstancias fácticas

que dieron lugar a que se promoviera la presente acción y, en

consecuencia, se configura la carencia actual de objeto por hecho

superado.

Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia

actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la

sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad

material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna

12
La acción de tutela de la referencia fue radicada el 3 de diciembre de 2025, conforme consta en el
índice 2 del expediente digital obrante en SAMAI.

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orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han

sido encomendados»13. Y en la misma sentencia se precisó que el

fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las

siguientes figuras:

“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o
afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto.

El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo
es procedente el resarcimiento del daño originado por la
violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de
la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla general,
esta resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una
finalidad preventiva y no indemnizatoria.

(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en
el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del
obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a
los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar
la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y,
por tanto, se superó la afectación y resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la
actualidad, no se encuentran afectados ni amenazados
(regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991) .

(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta en
casos en que como producto del acaecimiento de una situación
sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la parte
demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea
porque el actor asumió la carga que no le correspondía, porque
a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de la litis,
o por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la
intervención del juez de tutela […]”14. (Se resalta).

13
Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.
14
Ibídem.

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En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales

se ha dado cumplimiento a lo perseguido por la accionante, ha

indicado lo siguiente:

“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados
o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite
cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho,
el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde
su efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que
justifica la intervención preferente del juez constitucional. Se
sigue de lo dicho, que la carencia actual de objeto se presenta a
través de dos eventos, a saber: el hecho superado y el daño
consumado. El primero acaece cuando se supera la afectación
de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde su
finalidad constitucional por cuanto la decisión que pudiere
adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento
en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con
ello no se va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia
constitucional lo explica así: La carencia actual de objeto por
hecho superado se da cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda
de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal
sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”15.

Consecuente con lo anterior, comoquiera que el JUZGADO dio por

concluido el trámite incidental y además se abstuvo de ejecutar la

sanción impuesta dentro del proceso objeto de la solicitud de amparo

de la referencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto debido

a que los hechos que originaron la presente acción de tutela han sido

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33-
000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda. Demandado: Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad.

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superados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES) , por las razones expuestas en la parte motiva

de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR

HECHO SUPERADO, por las razones expuestas en la parte motiva de

esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de enero de 2026.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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