Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07751-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07751-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07751-01
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
8 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D. C., ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07751-01
Demandante: CORPORACIÓN DE DERECHO PRIVADO CLUB CARTAGENA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Tema: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia por
falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se modificará la sentencia de primera instancia, en el sentido de declarar
improcedente la solicitud de amparo.
2. El asunto carece de relevancia constitucional, en tanto lo pretendido por la parte actora
no es obtener la protección de derechos fundamentales, sino acceder a una instancia
adicional, pues sus argumentos evidencian la intención de que el juez de tutela se
adentre en un análisis propio del de la acción popular, así como simples inconformidades
con la providencia cuestionada.
II. ANTECEDENTES
Demanda
3. El 4 de diciembre de 20251, la Corporación de Derecho Privado Club Cartagena —en
adelante, Club Cartagena— instauró demanda de tutela2 contra la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad3.
Hechos relevantes4
4. El señor José María Caballero Salguedo presentó demanda contra el Distrito Turístico
y Cultural de Cartagena de Indias —en adelante, distrito de Cartagena—, en ejercicio de
la acción popular, para que se protegieran los derechos colectivos a la moralidad
1 Índice 2 del expediente de primera instancia, archivo «10ED_CorreoElectronico».
2 Índice 2 del expediente de primera instancia, archivo «11ED_Demanda».
3 También reclamó el amparo de los principios de buena fe, confianza legítima y supremacía constitucional, así como
del deber estatal de garantizar los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.
4 Extraídos de la demanda de tutela y de sus anexos.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07751-01
Demandante: Corporación de Derecho Privado Club Cartagena
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
administrativa y al patrimonio público. En su criterio, estos resultaron vulnerados por la
venta de un inmueble de dicha entidad territorial al Club Cartagena, por un valor muy
inferior al del avalúo catastral.
5. Tal demanda originó el proceso 13001-23-31-000-2011-00178-01, cuyo trámite en
primera instancia correspondió al Tribunal Administrativo de Bolívar. En sentencia del 19
de octubre de 2017, la Sala de Decisión n.° 1 de esa corporación amparó los derechos
colectivos invocados por el demandante y declaró «la nulidad absoluta» del contrato de
compraventa celebrado entre el Club Cartagena y el distrito demandado.
6. Estos últimos apelaron la decisión y, por sentencia del 3 de junio de 2025, la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado la modificó, en el sentido de
amparar los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público y
de declarar la cesación de los efectos del contrato de compraventa. Al respecto, explicó
esto:
7. La celebración del mencionado contrato implicó la vulneración del derecho colectivo
a la moralidad administrativa, ya que se encaminó al suministro de bienes y servicios por
parte del Club Cartagena a funcionarios del distrito demandado, con elusión de la
justificación de su necesidad y del procedimiento de selección del contratista
correspondiente. Esto, a su vez, en tanto incluyó tal suministro como forma de pago del
inmueble objeto de compraventa, aun cuando ello no fue contemplado en el Acuerdo 030
de 2006, en el que se facultó al alcalde de Cartagena para disponer de bienes cedidos
por la Nación y se establecieron las modalidades de pago de las ventas respectivas,
incluyendo «especies», pero sin especificar que estas abarcaran bienes y servicios.
8. Adicionalmente, no estuvo precedido de una licitación pública, que era obligatoria
conforme a los artículos 24 y 30 de la Ley 80 de 1993 e, incluso, al Acuerdo 030 de 2006.
Así, además, contravino los principios de igualdad, transparencia, imparcialidad,
participación, responsabilidad y publicidad, establecidos en los artículos 209 de la
Constitución y 3 de la Ley 489 de 1998.
9. Por lo anterior, procedía ordenar la cesación de los efectos del contrato, pero no
declarar su nulidad, pues, en la sentencia de unificación del 4 de octubre de 2021, la
Sala Décima Especial de Revisión del Consejo de Estado estableció que, desde antes
de la expedición del CPACA, esa determinación le está vedada al juez de la acción
popular.
10. De otra parte, el contrato aludido implicó la vulneración del derecho colectivo al
patrimonio público, pues el bien sobre el que versó no es susceptible de enajenación.
Esto, dado que incluye áreas de playa y de bajamar, es decir, de uso público, como lo
evidenció un informe considerado en la Resolución 035 del 27 de febrero de 2008,
proferida por la Capitanía del Puerto de Cartagena y confirmada por esa autoridad el 12
de febrero de 2009, en la que se declaró la ocupación ilegal de dichas áreas por parte
del Club.
11. De ese modo, el bien mencionado no constituye un baldío, por lo que el Acuerdo 030
de 2006 ni siquiera era aplicable.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07751-01
Demandante: Corporación de Derecho Privado Club Cartagena
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Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
12. El magistrado Alberto Montaña Plata, integrante de la subsección demandada, aclaró
su voto. Adujo, entre otras cuestiones5, que en dicho acuerdo se contempló el pago en
especie, cuya típica manifestación es la entrega de bienes y servicios, como se estipuló
en el contrato involucrado. También señaló que, según la Resolución 035 del 27 de
febrero de 2008, las áreas de playa y de bajamar podían haber resultado de una
«acreción sedimentaria», lo que imponía analizar las consecuencias del cambio de la
naturaleza del bien durante el proceso.
Pretensiones
13. Para el amparo de sus derechos fundamentales, el Club Cartagena solicitó (i) que se
deje sin efectos la sentencia del 3 de junio de 2025, proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera de esta corporación, (ii) que «se revoque» el fallo del 19 de octubre de
2017, dictado por la Sala de Decisión n.° 1 del Tribunal Administrativo de Bolívar, y (iii)
que se denieguen las pretensiones del actor popular.
14. Subsidiariamente, reclamó ordenar a dicha subsección que emita una nueva
sentencia, aplicando el criterio implementado en la sentencia del 6 de marzo de 2013,
expedida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso
13001-23-31-000-2001-00051-01, originado en el ejercicio de la acción popular contra el
distrito de Cartagena y la Compañía Hotelera de Cartagena de Indias S.A., entre otros,
con ocasión de la apropiación áreas de playa por parte de esta última.
Fundamentos
15. El Club Cartagena sostuvo esto:
16. La Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación —en adelante,
Subsección B— incurrió en un defecto sustantivo por vulneración del debido proceso,
pues sustentó su decisión en razones que no fueron alegadas por el actor popular y que,
por ende, no se pudieron controvertir: (i) el encubrimiento de un contrato de suministro
con la forma de pago del inmueble y (ii) el incumplimiento de la obligación de realizar una
licitación pública.
17. Con la primera de esas razones, tal subsección ignoró que el Club Cartagena obró
de buena fe, sin ninguna prueba, y que la voluntad de las partes del contrato de
compraventa era establecer un pago en especie, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo
030 de 2006.
18. Con la segunda, obvió que, en virtud de dicho acuerdo, el Club Cartagena tenía
preferencia para la adquisición del predio por haberlo ocupado pacíficamente durante
más de cinco años y la venta correspondiente podía efectuarse de forma directa.
Además, al exigir la realización de una licitación pública, no solo contravino tal acto
5 Las otras razones versan sobre su desacuerdo, en general, con la prohibición de que el juez de la acción
popular anule contratos, y con la jurisprudencia tenida en cuenta en el fallo, que dice que la moralidad
administrativa se vulnera cuando se transgrede una norma y se comprueba un interés particular. En su
criterio, ese derecho colectivo puede verse afectado con el solo desconocimiento de disposiciones que
desarrollan los valores de la función administrativa y se debe analizar la conducta de la Administración, no
del servidor.
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Demandante: Corporación de Derecho Privado Club Cartagena
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Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
administrativo —el acuerdo— y la autonomía del distrito de Cartagena «para disponer de
sus bienes fiscales y establecer situaciones excepcionales», sino la Ley 80 de 1993,
según la cual es posible prescindir de la licitación cuando se pretenda celebrar un
contrato con entidades sin ánimo de lucro, como el Club.
19. Por todo lo anterior, la Subsección B también incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del Acuerdo 030 de 2006, cuya legalidad no fue cuestionada. Además,
como ese desconocimiento se dio bajo la invocación de la Ley 80 de 1993, se examinó
la legalidad de tal acuerdo, con lo que se configuró un defecto orgánico.
20. De otra parte, al calificar el inmueble como un bien de uso público, dicha subsección
incurrió en los siguientes defectos:
21. En uno sustantivo por interpretación irrazonable del artículo 167 del Decreto Ley 2324
de 1984, en el que establecieron las definiciones de las áreas de playa y de bajamar, a
las que no se ajusta dicho inmueble.
22. En uno fáctico por desconocimiento del informe 05-2-J-05 del 26 de mayo de 2006 y
de la Resolución 0677-2015 del 4 de noviembre de 2015, proferidos por la Dimar, que
acreditaron que el predio es un «área de acreción consolidada» y, por ende, constituye
un baldío6.
23. Al respecto, la Subsección B debía tener en cuenta que, en la escritura pública 948
del 24 de septiembre de 1999, elevada en la Notaría Sexta de Cartagena, el alcalde de
ese distrito «declaró» dicho predio como baldío, con fundamento en el artículo 123 de la
Ley 388 de 1997.
24. Igualmente, aunque el mismo predio es vigilado por la Dimar, no fue caracterizado
como área de playa o de bajamar en el Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena,
lo que, además, no se desprende automáticamente de tal vigilancia.
25. Aparte, las resoluciones tenidas en cuenta para calificar el inmueble como de uso
público no podían servir de sustento, pues fueron revocadas por la Dimar con la
Resolución 0677-2015 del 4 de noviembre de 2015, que fue ignorada. Adicionalmente,
en esta última no se decidió sobre el carácter jurídico, la adquisición o los derechos del
predio.
26. De otro lado, la Subsección B debió considerar que, según el mencionado informe,
(i) la Dimar no podía dejar sin efectos la escritura pública 948 del 24 de septiembre de
1999 ni el registro de esta, que no fue controvertido, y (ii) el predio tiene un área
«consolidada» de 5.573,7 metros cuadrados, rodeada de «playas vegetadas», sobre la
que puede acreditarse «propiedad privada o pública». Además, esa área es distinta de
la considerada en el fallo cuestionado, que es de 7.749 metros.
6 Para sustentar esa conclusión, el Club Cartegena invocó las leyes 62 de 1937, 94 de 1945 y 10 de 1981, el Decreto
Ley 2376 de 1956, el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia en el proceso identificado con la radiación interna
7367 y las sentencias del 7 de diciembre de 1990 y del 26 de noviembre de 2008, proferidas por esta corporación en
los procesos identificados con las radicaciones interna 2275 y externa 13001-23-31-000-2000-99073-01.
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Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
27. Finalmente, se desconoció la sentencia del 6 de marzo de 2013, expedida por la
Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación en el proceso 13001-23-31-
000-2001-00051-01, cuya discusión versó sobre un predio ubicado en el mismo sector
del Club Cartagena y en el que se ordenó compensar el bien de uso público afectado
con un lote de igual dimensión.
Trámite en primera instancia
28. Por auto del 16 de diciembre de 20257, la magistrada sustanciadora en primera
instancia admitió la demanda de tutela y dispuso notificar, como terceros con interés, al
Tribunal Administrativo de Bolívar, así como a José María Caballero Salguedo, al distrito
de Cartagena, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio
Público y a las demás personas que intervinieron en el proceso contencioso-
administrativo. Adicionalmente, ordenó fijar y publicar un aviso de la existencia del
presente trámite.
Intervenciones
29. El magistrado Fredy Hernando Ibarra Martínez, integrante de la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado8, solicitó declarar improcedente la solicitud de
amparo, debido a la falta de relevancia constitucional del asunto. Esto, en tanto lo
pretendido por el Club Cartagena es acceder a una instancia adicional, pues sus
argumentos no se encaminaron a demostrar una vulneración de derechos
fundamentales, sino a controvertir la sentencia del 3 de junio de 2025.
30. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias9 alegó su falta de
legitimación en la causa por pasiva, dado que no causó la vulneración de derechos
fundamentales alegada.
31. La Dirección General Marítima10 advirtió que la demanda de tutela no se dirigió en
su contra y que, en todo caso, no vulneró ningún derecho fundamental en el
procedimiento administrativo sancionatorio adelantado contra el Club Cartagena por
ocupación de bienes de uso público.
32. Los demás terceros con interés guardaron silencio.
Sentencia impugnada
33. Por sentencia del 19 de febrero de 202611, la Sección Cuarta de esta corporación
negó la solicitud de amparo constitucional, con fundamento en esto:
34. Se cumplieron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. En cuanto al de relevancia constitucional, se encontró que lo
pretendido no era acceder a una instancia adicional, en tanto la Subsección B de la
7 Índice 4 del expediente de primera instancia.
8 Índice 13 del expediente de primera instancia.
9 Índice 18 del expediente de primera instancia, archivo «35_MemorialWeb_Otro-INFORMEDETUTELADE».
10 Índice 12 del expediente de primera instancia, archivo «31_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda».
11 Índice 20 del expediente de primera instancia.
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Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró lesionados varios derechos colectivos
por motivos diferentes a los alegados por el actor popular, lo que, según el Club
Cartagena, implicó una vulneración de derechos fundamentales.
35. No se configuró un defecto sustantivo por indebida interpretación del Decreto 030
de 2006, pues lo que hizo dicha subsección fue lo siguiente:
36. Por un lado, analizó ese acto administrativo para verificar si se lesionó el derecho
colectivo a la moralidad administrativa, lo que no estaba vedado por no haber sido
alegado por el actor popular, en tanto esta corporación12 ha establecido que el juez de la
acción popular «está revestido de amplias facultades para definir la protección del
derecho, prevenir la amenaza o vulneración y procurar la restauración del daño».
37. Por otro, determinó que tal acuerdo ni siquiera era aplicable, porque el bien
involucrado era de uso público y, en consecuencia, inenajenable.
38. Tampoco se configuró un defecto fáctico, ya que la conclusión sobre dicho bien se
sustentó en la valoración de los medios de prueba relevantes. Además, la definición de
las áreas de playa y de bajamar, así como las consecuencias de la acreción
sedimentaria, eran aspectos que debían discutirse en el trámite de la acción popular y,
por ende, analizados por el juez natural.
39. Finalmente, el caso resuelto en la sentencia del 6 de marzo de 2013, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación, no era análogo al abordado
por la autoridad judicial demandada, la cual, por consiguiente, no estaba obligada a
observar tal sentencia.
Impugnación
40. El Club Cartagena solicitó revocar la anterior decisión13, por esto:
41. Se convalidó la interpretación de la Subsección B sobre la intención de las partes del
contrato de compraventa, pues reiteró que «se trató» del suministro de bienes, pese a
que, en realidad, aquellas establecieron un pago en especie.
42. Al respecto, se evidenció una divergencia entre la interpretación de dicha subsección
y la de los contratantes frente al negocio jurídico, lo que era insuficiente para considerar
vulnerado el derecho colectivo a la moralidad administrativa, pues el vicio encontrado
podía subsanarse con la supresión de los efectos de la cláusula relativa al pago, de modo
que la totalidad de este se efectuara en dinero.
43. Adicionalmente, aunque el juez de la acción popular tenga amplias facultades para
«definir la protección del derecho, prevenir la amenaza o vulneración y procurar la
restauración del daño», lo cierto es que la Subsección B (i) privó al mencionado club de
la posibilidad de controvertir la interpretación que se le dio a la compraventa, (ii) se
12 Se citó la sentencia del 16 de mayo de 2007, proferida por la Sección Tercera de esta corporación en el proceso
25000-23-25-000-2003-01252-02.
13 Índices 28, 29 y 30 del expediente de primera instancia, archivo identificado con el certificado
«C47EFEFEB38DF6D1 (…)».
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Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
pronunció sobre un aspecto no debatido en el proceso y (iii) determinó que lo pretendido
era encubrir un contrato de suministro, sin contar con ninguna prueba y sin buscar una
explicación de las partes al respecto.
44. Aparte, dicha subsección se contradijo al reprochar la forma de pago aludida y, al
mismo tiempo, establecer que el bien involucrado es de uso público, pues esto último
impedía cualquier enajenación y, por ende, era irrelevante calificar tal forma de pago
para determinar que se vulneraron derechos colectivos.
45. Por otro lado, el fallador de primer grado no «atendió» los reparos planteados en la
demanda de tutela para desvirtuar la condición de uso público del mencionado bien y, al
afirmar que la Subsección B lo calificó como tal con sustento en los medios de prueba
relevantes, ignoró que:
46. (i) La Resolución 0941 del 12 de diciembre de 2007 de la Alcaldía Mayor de
Cartagena y el informe de avalúo del predio, expedido el 27 de diciembre de 2007 por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, evidenciaban que el inmueble es un baldío.
47. (ii) El informe de la Dimar, en el que se incluyó el predio entre los vigilados por esa
autoridad, no permitía concluir que hubiera áreas de uso público, pues ello no se deriva
automáticamente de tal vigilancia.
48. (iii) La Resolución 035 del 27 de febrero de 2008, proferida por la Capitanía del Puerto
de Cartagena, fue revocada por la Dimar mediante la Resolución 0677-2015 del 4 de
noviembre de 2015.
49. El juez de tutela de primera instancia desconoció que el caso resuelto por la
Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación en la sentencia del 6 de marzo
de 2013 sí era análogo al presente, pues en él (i) se dispuso una medida compensatoria
frente al uso de un bien de uso público, debido a la existencia de edificaciones destinadas
al desarrollo del objeto de la sociedad demandada, como sucede en el Club Cartagena,
y (ii) se debatió sobre un terreno ubicado en el mismo sector de dicho club, surgido, al
igual que este, por desplazamiento de un cuerpo de agua.
50. Finalmente, como se expuso en la demanda de tutela, se vulneró el derecho
fundamental al debido proceso y se configuraron los defectos fáctico y sustantivo.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
51. Conforme a los artículos 86 de la Constitución y 32 del Decreto Ley 2591 de 1991,
concordantes con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019, por el que se expidió
el Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia.
Problemas jurídicos
52. La Sala determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia de primera instancia.
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53. Para ello, verificará si se cumplen los requisitos generales14 de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Solo en caso afirmativo 15 , también
determinará si la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos o causales
específicas de procedencia invocadas por el Club Cartagena, vulnerando así sus
derechos fundamentales.
Análisis del caso concreto
54. La solicitud de amparo del Club Cartagena satisface los requisitos generales de
procedencia16, a excepción del de relevancia constitucional del asunto.
55. Sobre dicho requisito, la Corte Constitucional, de manera consistente y
consolidada17, ha explicado que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia
adicional de los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera
legalidad o de índole patrimonial, o la apreciación propia de los jueces naturales.
Además, ha advertido que aquella es inidónea si lo pretendido es que el juez
constitucional se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación
propios de las especialidades de cada jurisdicción.
56. En concordancia con lo anterior, en la sentencia del 5 de agosto de 2014 18, la Sala
Plena de esta corporación indicó que, para considerar acreditado el requisito de
relevancia constitucional, se requiere, primero, que el actor cumpla una carga
argumentativa mínima, es decir, que explique suficientemente la vulneración de derechos
fundamentales alegada, y, segundo, que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional del proceso en el cual se profiera la providencia cuestionada.
14 En la sentencia de unificación 215 de 2022, la Corte Constitucional indicó que tales requisitos son (i) legitimación
en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad; (iv) relevancia constitucional del asunto; (v) identificación clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales invocados y que, si fue
posible, debieron manifestarse en el proceso correspondiente; (vi) carácter determinante de la irregularidad procesal
alegada, si es el caso, y (vii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela ni un fallo mediante el cual
la Corte Constitucional o el Consejo de Estado hayan resuelto, respectivamente, una demanda de inconstitucionalidad
o de nulidad por inconstitucionalidad. Además, en la sentencia de unificación 388 de 2023, dicha corte estableció que,
por vía de tutela, tampoco pueden controvertirse sentencias interpretativas de la Sección de Apelación del Tribunal
para la Paz de la JEP, expedidas «como consecuencia de una petición específica de algún órgano de dicha
Jurisdicción y que detenten exclusivamente un carácter general, impersonal y abstracto».
15 En la misma sentencia de unificación 215 de 2022, reiterando lo dispuesto en las sentencias C-590 de 2005 y SU-
026 de 2021, la Corte Constitucional explicó que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
está sometida al cumplimiento de los requisitos generales y de las causales específicas dispuestos para el efecto.
Además, señaló que los primeros son «presupuestos cuyo completo cumplimiento es una condición indispensable
para que el juez de tutela pueda entrar a valorar de fondo el asunto (énfasis añadido)». Así, el incumplimiento de uno
de ellos basta para declarar la improcedencia de la solicitud de amparo y, por ende, torna innecesario estudiar si se
configuró alguna de esas causales específicas.
16 Se cumple el requisito de legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva, pues el Club Cartagena es
el titular de los derechos fundamentales cuya protección se reclama y la autoridad judicial demandada es la presunta
causante de su vulneración, por lo que es la llamada a responder por esta, si se comprueba. También se satisface el
requisito de inmediatez, ya que la acción de tutela se ejerció en un término razonable, pues la demanda respectiva
se presentó el 4 de diciembre de 2025 y la sentencia cuestionada se profirió el 3 de junio de ese año y se notificó el
24 de junio siguiente. Igualmente, se cumple el requisito de subsidiariedad, porque se agotó el mecanismo de defensa
judicial ordinario procedente, es decir, la apelación, y los reproches de la parte actora no corresponden a ninguna de
las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión. Además, se identificó claramente la causa de la
lesión de derechos fundamentales alegada, no se planteó una irregularidad procesal propiamente dicha y, aunque la
providencia controvertida fue proferida por una sala de decisión del Consejo de Estado, no tuvo por objeto la resolución
de una demanda de nulidad por inconstitucionalidad.
17 Al respecto, pueden consultarse las sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de 2022, así como
la sentencia T-131 de 2021.
18 Proceso 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
57. Además, la Corte Constitucional19 ha establecido que, si la solicitud de amparo se
encamina a cuestionar una providencia de una alta corte, debe evidenciar, a primera
vista, una afectación desproporcionada de derechos fundamentales derivada de una
actuación judicial arbitraria.
58. Ahora, el Club Cartagena reprochó la sentencia de primera instancia, alegando que
en el contrato de compraventa se estableció un pago en especie. Esto último implica una
discusión sobre la interpretación de tal negocio jurídico y, por ende, evidencia el propósito
de que el juez de tutela se adentre en un análisis propio de la autoridad judicial
demandada, quien, precisamente, efectuó tal interpretación para concluir que se
vulneraron derechos colectivos.
59. Adicionalmente, el Club sostuvo que la divergencia entre su interpretación y la de la
Subsección B sobre la forma de pago dispuesta en dicho contrato era insuficiente para
considerar vulnerado el derecho colectivo a la moralidad administrativa, y que la
calificación de tal forma de pago era irrelevante porque se determinó que el bien
involucrado era de uso público. Ambos alegatos comportan una simple inconformidad
con la argumentación de tal subsección, de modo que no permiten siquiera sospechar
de una decisión arbitraria o caprichosa.
60. Por otro lado, la parte actora sostuvo que dicha subsección lesionó su derecho
fundamental al debido proceso, en tanto declaró vulnerada la moralidad administrativa
por dos razones que no fueron alegadas por el actor popular y que, por ende, no pudo
controvertir: (i) el encubrimiento de un contrato de suministro con la forma de pago del
inmueble y (ii) el incumplimiento de la obligación de realizar una licitación pública.
61. Sobre el particular, es importante indicar que, en la sentencia de unificación del 5 de
junio de 2018, la Sala Seis Especial de Decisión de esta corporación expuso que se ha
aceptado la expedición de fallos ultra y extra petita por parte del juez de la acción
popular, lo que abarca la posibilidad de pronunciarse sobre hechos adicionales a los
expuestos en la demanda, siempre que se relacionen con la acción u omisión reprochada
inicialmente y, en general, con la causa petendi.
62. Ahora, las dos razones mencionadas por el Club Cartagena versan sobre la esencia
del reparo del actor popular: la lesión de derechos colectivos con ocasión del contrato de
compraventa celebrado entre ese club y el distrito de Cartagena. Así, no es posible
siquiera sospechar que la Subsección B se haya apartado de la causa petendi al fundar
su decisión en tales razones ni, por ende, que haya causado una vulneración de
derechos fundamentales al haberlo hecho.
63. Aparte, el Club señaló que las razones aludidas implicaron un desconocimiento de
su buena fe, sin prueba alguna, así como del Acuerdo 030 de 2006 y de la Ley 80 de
1993. Ello no da cuenta de la configuración de los defectos fáctico y sustantivo, sino que
entraña una simple inconformidad con la apreciación de la autoridad judicial demandada
y una discusión de mera legalidad.
19 Sentencia de unificación 215 de 2022.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07751-01
Demandante: Corporación de Derecho Privado Club Cartagena
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
64. Por otro lado, la parte actora afirmó que el a quo no «atendió» los argumentos
planteados para desvirtuar la condición de uso público del bien, consistentes en que este
es un baldío porque (i) sus características no corresponden a las definiciones de playa y
de bajamar contenidas en el artículo 167 del Decreto Ley 2324 de 1984, y (ii) tal
naturaleza —la de baldío— se evidenció (a) en la escritura pública 948 del 24 de
septiembre de 1999, elevada en la Notaría Sexta de Cartagena, (b) en el Plan de
Ordenamiento Territorial de ese distrito, (c) en la Resolución 0941 del 12 de diciembre
de 2007 de la Alcaldía Mayor de Cartagena, (d) en el informe de avalúo emitido el 27 de
diciembre de 2007 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), (e) en el informe
05-2-J-05 del 26 de mayo de 2006, expedido por la Dimar, y (f) en la Resolución 0677-
2015 del 4 de noviembre de 2015, proferida por esta última autoridad, en la que se
revocaron las resoluciones tomadas en cuenta por la Subsección B.
65. Al respecto, la Sala advierte que, para concluir que se involucraron áreas de uso
público, dicha subsección valoró, tanto la Resolución 035 del 27 de febrero de 2008 —
proferida por la Capitanía del Puerto de Cartagena y confirmada el 12 de febrero de 2009
por esa autoridad, en la que se declaró la ocupación ilegal de zonas de playa y de
bajamar—, como (i) la resolución del 16 de marzo de 2015 de la Dimar, en la que se
modificó la aludida resolución 035, declarando responsable al Club Cartagena «por la
ocupación indebida o no autorizada de aguas y playas marítimas», (ii) la contestación a
la demanda por parte del Club Cartagena, en la que se reconoció la sanción impuesta a
este por ocupación ilegal de bienes de uso público, y (iii) varios de los documentos
mencionados en sede de tutela: la escritura pública 948 del 24 de septiembre de 1999,
la Resolución 0941 del 12 de diciembre de 2007 de la Alcaldía Mayor de Cartagena, el
informe de avalúo catastral del Igac y el informe de la Dimar20.
66. Lo anterior, aunado a que los argumentos planteados por el Club Cartagena para
controvertir el carácter de uso público del inmueble implican una discusión propia del
trámite de la acción popular, permite concluir que tales argumentos lejos de acreditar la
configuración de los defectos fáctico y sustantivo, únicamente dan cuenta de una
inconformidad con el resultado de la valoración probatoria de la autoridad judicial
demandada: la declaración de la vulneración del derecho colectivo al patrimonio público
y la pérdida de efectos del contrato de compraventa.
67. De otra parte, el caso resuelto por la Subsección C de la Sección Tercera de esta
corporación en la sentencia del 6 de marzo de 2013 consistió en la apropiación de áreas
de mar y de playa mediante la ejecución de obras y la posterior inclusión de tales áreas
en un predio de naturaleza privada, a través de un englobe —acto unilateral—.
68. Esto difiere del asunto abordado por la autoridad judicial aquí demandada, en el que
se enajenó un inmueble contentivo de áreas de playa y de bajamar, mediante un contrato
de compraventa —acto bilateral— sustentado en la calificación de tal inmueble como
baldío y en el que se pactó una forma de pago mixta: dinero y bienes y servicios. Así, al
20 Ver páginas 27 a 34 de la sentencia cuestionada, ubicada en el índice 52 del expediente de segunda instancia del
proceso 13001-23-31-000-2011-00178-01, almacenado parcialmente en Samai.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07751-01
Demandante: Corporación de Derecho Privado Club Cartagena
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
contrario de lo alegado por el Club Cartagena, la mencionada sentencia no constituía
precedente21.
69. Por todo lo explicado, se concluye que lo pretendido por el Club no es obtener la
protección de sus derechos fundamentales, sino acceder a una instancia adicional por
vía de tutela. En consecuencia, a diferencia del a quo, esta Sala considera que el asunto
carece de relevancia constitucional, por lo que modificará la sentencia de primera
instancia, en el sentido de declarar improcedente la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR la sentencia del 19 de febrero de 2026, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que quedará así:
1. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo de la Corporación de
Derecho Privado Club Cartagena.
SEGUNDO. NOTIFÍQUESE a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. ENVÍESE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
21 En la sentencia de unificación 380 de 2021, la Corte Constitucional explicó que el precedente judicial corresponde
a «una sentencia previa relevante para la solución de un nuevo caso bajo examen judicial, debido a que contiene un
pronunciamiento sobre un problema jurídico basado en hechos similares, desde un punto de vista jurídicamente
relevante, al que debe resolver el juez (énfasis añadido)».
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