Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07756-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07756-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07756-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07756-01
Demandante: LIBARDO RIVERA RIVERA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Tema: Tutela contra providencia judicial – Revoca para en su lugar,
declarar la improcedencia por no superar el requisito de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 2 de febrero de 2026 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, a través de la cual se negó el amparo de los derechos
fundamentales solicitados por el actor.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Lbardo Rivera Rivera, actuando en nombre propio, promovió acción de
tutela1 contra el Consejo de Estado, Sección Primera, a efectos de que le sean
amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, y a la igualdad.
La trasgresión de las citadas garantías, la atribuyó a la sentencia del 28 de noviembre
de 2024, que negó las pretensiones elevadas al interior del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-03-24-000-2013-00386-
00, adelantado por la Sociedad STANTON S.A.S., contra la Superintendencia de
Industria y Comercio (en adelante, SIC).
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
1 La cual fue radicada el 5 de diciembre de 2025 con secuencia: 12519 – índice 01 del aplicativo Samai.
1
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Demandante: Libardo Rivera Rivera
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
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[…] 2. Dejar sin efecto la providencia de única instancia proferida el día 28 de
noviembre de 2024 dentro del radicado 11001-03-24-000-2013-00386-00 por
configurar una vía de hecho.
3. Ordenar al Despacho judicial accionado emitir una nueva decisión respetando los
parámetros constitucionales y garantizando el debido proceso.
4. Cualquier otra orden que el juez constitucional considere necesaria para la
protección efectiva de mis derechos […]2
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El 22 de agosto de 1967, la Sociedad STANTON S.A.S., obtuvo ante la División de
Signos Distintivos de la SIC el registro de la marca «BAXTER», para distinguir
productos relativos a calzados y accesorios, siendo recalificados en el año 1977,
otorgándosele el respectivo certificado de registro.
El 3 de mayo de 2010, el señor Libardo Rivera Rivera3 presentó solicitud de
cancelación por no uso de la denominada marca, la cual fue resuelta de manera
desfavorable por la dependencia aludida mediante Resolución No. 10721 del 28 de
febrero de 2012, y revocada de manera parcial por el superintendente delegado
para la Propiedad Industrial mediante Resolución 00009744 del 13 de marzo de
2013, en el sentido de excluir de su cobertura el vestuario y la sombrerería,
productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, en criterio de la parte actora dicho acto se expidió en contravía de las
disposiciones previstas en los artículos 156 y 165 de la decisión No. 486 del 14 de
septiembre de 2000 adoptada por la Comisión de la Comunidad Andina, y los
artículos 29, 58 y 61 de la Constitución Política.
Ello, al considerar que, si bien, la citada disposición prevé la cancelación parcial del
registro de una marca o la limitación de su cobertura «cuando la falta de uso solo
afecta a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese
registrada la marca»; también lo es que ésta no opera ipso facto, sino que requiere
de una adecuada valoración en cuanto a la identidad o similitud entre los productos
para los cuales se mantiene la marca.
Con fundamento en lo expuesto, la Sociedad STANTON S.A.S., a través de
apoderado judicial, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en
aras de obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 00009744 y que,
como consecuencia, se negara la cancelación parcial por no uso de la marca
«BAXTER», para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación
Internacional de Niza, manteniendo la cobertura inicial para los citados productos.
2 Transcripción del texto original con posibles errores.
3 Quien intervino en el proceso ordinario en calidad de tercero con interés.
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Demandante: Libardo Rivera Rivera
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La demanda correspondió por reparto al Consejo de Estado, Sección Primera que,
mediante sentencia de única instancia del 28 de noviembre de 2024, dispuso:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo acusado, esto es, la
Resolución núm. 00009744 de 13 de marzo de 2013, expedida por la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO denegar la solicitud de
cancelación parcial por no uso del registro núm. 65655, correspondiente a la marca
“BAXTER”, cuyo titular es la sociedad STANTON S.A.S.; y publicar la parte
resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
Como sustento, precisó que, de conformidad con lo previsto en el artículo 165 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, si el titular de una marca
prueba el uso, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo
el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino
con relación a alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el
producto respecto del cual sí acreditó su uso, así como de todos aquellos que
resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el
registro.
En línea con lo expuesto, indicó que, conforme a lo señalado por dicha Sala de
Decisión en sentencia del 12 de noviembre de 20204, para que los productos o
servicios sean similares, no solamente tienen que tener la misma naturaleza o
finalidad, sino que dicho concepto debe ser ampliado a que sean conexos o
relacionados, frente a lo cual, se ha determinado que uno o dos criterios son
suficientes para establecer la conexión competitiva, es decir, que no se requiere de
la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha
conexidad.
Por consiguiente, refirió que, al haberse cancelado parcialmente el registro de la
marca BAXTER para prendas de vestir y sombrerería, sin haber tenido en cuenta
que éstos eran conexos frente al producto que sí demostró su uso, [calzado], se
vulneró el contenido de la disposición normativa aludida, circunstancia que dio lugar
a la declaratoria de nulidad del acto administrativo acusado.
El 17 de marzo de 2025, el señor Libardo Rivera presentó solicitud de aclaración y
adición del fallo aludido, la cual fue resuelta de manera desfavorable mediante auto
del 25 de septiembre de 2025 al considerar que los argumentos planteados por el
tercero interviniente, estaban encaminados a reabrir el debate relacionado con la
cobertura para la cual fue originalmente concedida la marca cuestionada, debate
que fue zanjado y resuelto en la providencia cuestionada, sin que existieran
4Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de
noviembre de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación. 11001-03-24 000-
2008-00397-00.
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verdaderos motivos de duda para acceder a lo peticionado, además de no haberse
omitido aspectos relacionados con las pretensiones de la demanda, o con cualquier
otro asunto de derecho que debiera ser objeto de pronunciamiento.
Dicho proveído fue notificado a las partes por estado del 10 de octubre de 20255.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que, a través de la providencia acusada, el Consejo de
Estado, Sección Primera incurrió en los siguientes defectos:
(i) Sustantivo: por cuanto se abstuvo de aplicar la normatividad aplicable en su
sentido estricto y obligatorio, ya que la misma se hizo extensiva a los demás
productos de la nueva clase correspondiente que no tenía amparados la sociedad
demandante.
En igual sentido, refirió que la decisión enjuiciada desconoce el marco regulatorio
que delimita los requisitos, condiciones y alcance del registro, toda vez que la
autoridad judicial accionada omitió dar aplicación al artículo 3º del Decreto 755 de
1972 que estipula que «[…] las reclasificaciones de marcas se limitarán a los
productos comprendidos en la clase a que se refería la clasificación anterior y no
podrán extenderse a los demás productos de la nueva clase correspondiente, sino
mediante los trámites de otra solicitud».
Con fundamento en lo anterior precisó que, la Sección Primera de esta corporación
se refirió al mencionado decreto desde apreciaciones subjetivas, sin efectuar un
análisis conforme a los criterios objetivos de interpretación gramatical, sistemático,
y teleológico, con sujeción a la jurisprudencia y a los principios constitucionales.
(ii) Fáctico, al considerar que la Sala desconoció pruebas determinantes para la
solución del caso, omitiendo pronunciarse sobre elementos probatorios decisivos
como lo son, las certificaciones expedidas por la SIC que dan cuenta de los
productos autorizados en el registro marcario 65655; al igual que la sentencia
proferida por el Juzgado Cuarenta y Ocho Penal del Circuito Judicial de Bogotá, que
demuestra que el aludido registro está limitado para calzado y sus respectivos
accesorios.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante providencia del 11 de diciembre de 2025, el magistrado ponente de
primera instancia avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar
como autoridad judicial accionada a la Sección Primera del Consejo de Estado6.
5 Índice 140 del expediente ordinario.
6 Notificación enviada a: ces1secr@consejoestado.ramajudicial.gov.co notifpcordoba@consejodeestado.gov.co
lbastidasg@consejodeestado.gov.co notifcmantilla@consejodeestado.gov.co lmartinezf@consejodeestado.gov.co
notifnpena@consejodeestado.gov.co dmontezumac@consejodeestado.gov.co jfayadc@consejodeestado.gov.co
crodriguezf@consejodeestado.gov.co notifgosorio@consejodeestado.gov.co
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Así mismo, vinculó como terceros con interés jurídico a la Superintendencia de
Industria y Comercio7 [quien fungió como extremo pasivo de la litis dentro del trámite
ordinario], y a la Sociedad STANTON S.A.S.8 [en calidad de demandante].
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Sociedad STANTON S.A.S.
Manifestó que, la acción de tutela de la referencia no cumple con los requisitos
establecidos para que una decisión judicial debidamente proferida sea revocada por
estar incursa en una vía de hecho.
Refirió que el asunto planteado por el accionante carece de relevancia
constitucional, ya que se limita a exigirle al juez constitucional que reabra el debate
probatorio zanjado de manera previa por el juez natural de conocimiento, sin que
resulte dable utilizar el mecanismo aludido como una tercera instancia.
Precisó que, contrario a lo manifestado por el tutelante el Consejo de Estado,
Sección Primera, sí valoró la totalidad de las pruebas que le fueron aportadas e
inclusive los certificados de titularidad y vigencia que emitió la Superintendencia de
Industria y Comercio (autoridad competente), con base en las resoluciones
correspondientes, al punto que varios fragmentos de dichos certificados fueron
plasmados en la misma decisión.
Conforme a lo analizado solicitó que se deniegue el amparo solicitado o en su
defecto, se declare la improcedencia de la acción.
1.6.2. Consejo de Estado, Sección Primera
La titular del despacho ponente de la decisión que se cuestiona allegó escrito en el
que manifestó que, el amparo solicitado no cumple con los requisitos para que
proceda la acción de tutela contra providencia judicial.
Lo anterior, al advertir que en la sentencia acusada se valoró adecuadamente el
material probatorio allegado al proceso y se garantizó el debido proceso de las
partes, ya que en ella se explicó con suficiencia y claridad las razones por las que
no era procedente la cancelación parcial, por no uso del registro de la marca
nominativa BAXTER, para distinguir productos de la clase 25 del Decreto 755 de
1972; además de considerar que, contrario a lo afirmado por el actor, la Sala sí
7 Notificación enviada a: notificacionesjud@sic.gov.co
8 Notificación enviada a: direccioncontable@stanton.co
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analizó las diferentes certificaciones expedidas por la SIC que daban cuenta de los
productos protegidos por la referida marca.
En este orden, aseveró que el mecanismo de la referencia se torna improcedente,
por cuanto lo pretendido por el señor Rivera es reabrir un nuevo debate, dentro de
un proceso en el que no se desconocieron sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, como tampoco se advierte la
configuración de los defectos aducidos en el escrito de amparo, razón por la cual
solicita que se denieguen las pretensiones.
1.6.3. Libardo Rivera Rivera
El 26 de enero de 2026 allegó escrito en el que manifestó que se opone a los
argumentos de defensa expuestos por las autoridades accionadas y demás
intervinientes en sus respectivas contestaciones.
1.6.4. La Superintendencia de Industria y Comercio, pese a ser debidamente
notificada de la existencia del presente asunto, no se pronunció sobre la acción de
tutela.
1.7 Sentencia de primera instancia
Mediante providencia del 2 de febrero de 2026, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B negó el amparo de los derechos fundamentales invocados
por el accionante, al considerar que, conforme a la motivación desplegada por la
autoridad judicial accionada en la providencia acusada, se evidencia que lo debatido
por la parte actora es un desacuerdo con las consideraciones efectuadas por el juez
de la causa, pretendiendo que se realice un nuevo estudio de legalidad que no
procede en sede de tutela.
Lo anterior, al estimar que, la Sección Primera de esta corporación al momento de
proferir la sentencia enjuiciada, efectúo el estudio del asunto desde las pruebas
aportadas, arribando de manera posterior a las conclusiones pertinentes con
fundamento en la jurisprudencia y la normatividad que regula la materia,
convirtiéndose en lo que es objeto de debate mediante el presente asunto, a través
de los diferentes cargos formulados por el actor.
1.8. Impugnación
La parte actora allegó escrito de impugnación en el que indicó que, no se encuentra
de acuerdo con el análisis efectuado por el juez constitucional de primera instancia,
toda vez que, en su criterio, el trámite del asunto no fue valorado con sujeción a los
hechos planteados en el escrito de amparo, ya que, en el mismo se dejó precisado
de manera clara que, al momento de efectuarse la reclasificación de los productos
no se podía extender la cobertura a todos los servicios de la clase 25, conforme al
artículo 3º del Decreto 755 de 1972.
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De igual forma, refirió que, con la sentencia acusada se incurrió en un defecto
sustantivo, toda vez que, la decisión adoptada se edificó sobre un presupuesto
fáctico y jurídico manifiestamente equivocado, derivado de la actuación irregular de
la autoridad administrativa, lo que condujo a reconocer efectos jurídicos respecto de
productos que nunca fueron válidamente concedidos.
De modo que, la determinación de excluir de la pluricitada marca el vestuario y la
sombrerería, resulta abiertamente contraria a derecho, por cuanto tales productos
nunca hicieron parte del ámbito de protección del registro marcario original.
Señaló que, de dicha manera, la administración incurrió en una actuación
materialmente carente de objeto, al pretender sustraer del registro unos productos
que jurídicamente jamás estuvieron amparados en el registro No. 65655,
configurándose así una decisión no solo errada, sino ontológicamente inconsistente
dentro del ordenamiento jurídico.
Por consiguiente, esbozó que la actuación derivada de la administración indujo al
juez de lo contencioso administrativo a decidir sobre una realidad jurídica
inexistente, trasladando al ámbito judicial un error originado en sede administrativa,
otorgándole apariencia de legalidad, desaciertos todos que según su criterio,
configuran un yerro estructural que desborda el margen de interpretación razonable
y vulnera los principios de legalidad, congruencia y verdad material, en tanto termina
por legitimar una situación que carece de sustento jurídico desde su origen.
De ahí que, la discrepancia planteada no gire en torno a la interpretación de la
conexidad competitiva efectuada por la autoridad judicial accionada, sino en un
aspecto previo, determinante y jurídicamente ineludible, como lo es, la inexistencia
de cobertura jurídica respecto de los productos cuya protección terminó siendo
reconocida de manera indebida, elementos que fueron puesto de presente en las
diferentes intervenciones realizadas al interior del proceso ordinario y que desvirtúa
por completo la construcción posterior realizada por la jurisdicción.
Colofón a lo anterior, precisó que, contrario a lo señalado por la Sección Primera de
esta Corporación, no es jurídicamente admisible predicar conexidad respecto de
aquello que jamás ha existido dentro del ámbito de protección de un derecho
marcario, pues según sentir, la conexidad presupone necesariamente la existencia
jurídica previa de los productos amparados comparables; por ende, sin dicho
presupuesto, cualquier análisis deviene artificial, especulativo y contrario al
ordenamiento jurídico.
Iteró que, por parte de la autoridad judicial accionada se efectuó una valoración
equivocada de los elementos de prueba allegados al expediente, toda vez que el
certificado de registro marcario 65655, correspondiente a la marca «BAXTER»,
desde su concesión y hasta la fecha, únicamente tenía una cobertura para identificar
«Calzado de todas clases y accesorio para los mismos como tacones, punteras y
similares», sin que en ella se encontrara incluido el vestido y la sombrerería, como
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se demuestra con las certificaciones expedidas por la SIC, y que fueron adjuntadas
en el expediente administrativo que nos ocupa.
Por lo tanto, coligió que, asimilar una renovación a una ampliación, constituye un
error sustancial de interpretación que desborda el contenido del acto administrativo
acusado, pues cualquier modificación del alcance del registro, en particular, la
inclusión de nuevos productos o servicios exige necesariamente el agotamiento de
un trámite autónomo, sujeto a verificación de requisitos y a control de legalidad
propio.
Interpretación que, según su sentir, no resulta aislada, sino que corresponde a una
línea reiterada del Consejo de Estado, en la que se ha determinado que la
renovación del registro marcario es un mecanismo exclusivo de conservación de su
vigencia, mas no una vía para alterar su contenido material o ampliar su cobertura.
Acorde con lo señalado, concluyó que la controversia planteada reviste de
relevancia constitucional, ya que no se está ante una simple discrepancia
interpretativa ni frente a un intento de reabrir un debate jurídico ya resuelto.
Por el contrario, en el asunto sometido a consideración de la Sala, resulta evidente
que a través de la decisión acusada la corporación judicial accionada se apartó del
contenido normativo aplicable, omitió valorar las pruebas que resultaban
determinantes para resolver el caso concreto, y desfiguró el problema jurídico
planteado, vaciando así de contenido las garantías mínimas del debido proceso.
En conclusión, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y se
conceda el amparo de los derechos fundamentales invocados, procediendo a dejar
sin efectos la providencia judicial cuestionada, para que se profiera una nueva
decisión ajustada a los parámetros constitucionales.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte actora,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 7º del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el Acuerdo 080 de 20199.
2.2. Problema jurídico
Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado y la decisión emitida en primera
instancia, corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la sentencia
9 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B el 2 de febrero
de 2026. Para lo cual, se deberán abordar los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
• ¿El Consejo de Estado, Sección Primera, vulneró los derechos
fundamentales del actor, con ocasión de la sentencia proferida el 28 de
noviembre de 2024, que negó las pretensiones elevadas al interior del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-03-
24-000-2013-00386-00, adelantado por la Sociedad STANTON S.A.S.,
contra la Superintendencia de Industria y Comercio.?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad y; (iii) el caso
concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 10
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema11 y declaró su
procedencia.12
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth
García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
12 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
Sobre este punto, es necesario traer a colación las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202213.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
13 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal14 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico15; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional16.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal17”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales18”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental […]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto19, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal20. (Resaltado de la Sala)
2.5. Caso concreto
Como se señaló, la parte actora cuestiona la sentencia proferida el 28 de noviembre
de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Primera, al interior del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado de manera previa, y en el que
se negaron las pretensiones de la demanda.
El a quo constitucional negó el amparo de los derechos fundamentales invocados
14 Sentencia SU-573 de 2019.
15 Sentencia SU-103 de 2022.
16 Sentencia SU-103 de 2022.
17 Sentencia SU-103 de 2022.
18 Sentencia SU-128 de 2021.
19 Sentencia SU-573 de 2019.
20 Ib.
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por el señor Libardo al considerar que, conforme a la motivación desplegada por la
autoridad judicial accionada en la providencia acusada, los reparos realizados por
el tutelante ponen en evidencia su desacuerdo con las consideraciones efectuadas
por el juez de la causa, pretendiendo que se realice un nuevo estudio de legalidad
que no procede en sede de tutela.
Con todo y ello, la parte actora impugnó la decisión anterior y solicitó que se revoque
la sentencia de primera instancia al estimar que no resolvió el problema jurídico
planteado, ello, por cuanto la controversia suscitada no gira en torno a la
interpretación de la conexidad competitiva efectuada por la autoridad judicial
accionada, sino en un aspecto previo, determinante y jurídicamente ineludible, como
lo es, la inexistencia de cobertura jurídica respecto de los productos cuya protección
terminó siendo reconocida de manera indebida.
Colofón a lo anterior, precisó que contrario a lo señalado por la Sección Primera de
esta Corporación, no es jurídicamente admisible predicar conexidad respecto de
aquello que jamás ha existido dentro del ámbito de protección de un derecho
marcario, toda vez que, la conexidad presupone necesariamente la existencia
jurídica previa de los productos amparados comparables; y por ende, sin dicho
presupuesto, cualquier análisis resulta contrario al ordenamiento jurídico.
Por lo que señaló que, tanto en la Resolución 00009744 del 13 de marzo de 2013,
como en la sentencia acusada se amplió la cobertura inicial de la marca
cuestionada, toda vez que, a su juicio, el registro de la misma se concedió
únicamente para identificar «calzado de todas clases y accesorio para éstos, como
tacones, punteras y similares», sin que en ella se encontrara incluido, el vestido y la
sombrería.
No obstante, considera la Sala que los reparos realizados por el tutelante no
cumplen con el requisito general de relevancia constitucional, por cuanto, no se
avizora un argumento sólido que demuestre la transgresión de sus garantías
constitucionales que permitan superar el referido presupuesto tratándose de acción
de tutela contra providencia judicial.
Ello es así, por cuanto de la lectura de estos se logra evidenciar que (i) el debate
gira en torno a un asunto de interpretación meramente legal, además que, (ii) no se
observa, a primera vista, la afectación a derechos fundamentales como el debido
proceso, ya que no se alegó algún reproche frente a su ejercicio de defensa y
contradicción dentro del trámite adelantado al interior del proceso ordinario
adelantado.
Así mismo, se advierte que el amparo constitucional estudiado no tiene la identidad
o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos constitucionales, en
la medida que, los argumentos expuestos por el tutelante ponen en evidencia una
inconformidad con la conclusión a la que llegó el juez natural de la causa, pues
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revisada la motivación desplegada por el a quo en la sentencia censurada, se
avizora que frente a los reparos realizados por el señor Rivera Rivera, se indicó:
Al respecto, la Sala advierte que no le asiste razón puesto que de la revisión de los
antecedentes administrativos, se advierte que si bien es cierto que la marca
“BAXTER” inicialmente se registró en 1967, y en ese momento se encontraba vigente
la Clasificación de Productos y servicios prevista en el Decreto 1707 de 1931, también
lo es que la SIC, mediante la Resolución núm. 06941 de 8 de octubre de 19845 ,
determinó que dicho registro amparaba productos de la Clase 25 del Decreto 755 de
1972, como se advierte a continuación:
[…]
Por lo tanto, para la Sala, dicho acto goza de presunción de legalidad y, en ese
sentido, debe atenerse a lo allí dispuesto.
Además, también consta una certificación expedida por la Oficina de Registro, con
anterioridad a dicha Resolución, de fecha 18 de marzo de 1983, en la que también
consta que la marca “BAXTER”, con certificado de registro núm. 65655, amparaba
productos de la Clase 25 del Decreto 755 de 1972:
[…]
Ahora, de conformidad con el Decreto 755 de 1972, los productos cobijados bajo la
Clase 25 son los siguientes: “[…] vestidos, con inclusión de botas, zapatos, zapatillas,
sombrería […]”. Por lo tanto, la Sala considera que no le asiste razón al tercero con
interés directo en las resultas del proceso y, en ese sentido, la cobertura que debía
tenerse en cuenta para la expedición de los actos acusados era la anteriormente
mencionada, como en efecto lo realizó la entidad demandada.
Aunado a lo anterior, se evidencia que tanto en el escrito de amparo, como en la
impugnación formulada el señor Libardo Rivera, reitera los argumentos que fueron
estudiados a lo largo del proceso ordinario, y que además se plantearon en la
solicitud de aclaración y adición a la sentencia acusada, siendo resueltos por la
autoridad accionada mediante auto del 25 de septiembre de 2025 en el que se
precisó:
De lo expuesto en precedencia, se observa que la Sala enfatizó en que fue a través
de la Resolución núm. 06941 de 8 de octubre de 1984 que la SIC determinó que la
marca “BAXTER” con certificado 65.655, amparaba productos comprendidos en la
Clase 25 del Decreto 755 de 1972, los cuales incluían no solo “[…] calzado de todas
las clases y accesorios como tacones, punteras y similares […]”, sino toda la
generalidad de los productos comprendidos en la mencionada Clase, los cuales
comprenden: “[…] vestidos, con inclusión de botas, zapatos, zapatillas, sombrería
[…].
En ese sentido, al incluir la referencia en su cobertura los diferentes certificados de
registro y renovación, solicitudes de renovación y certificaciones expedidas por la
entidad demandada la frase genérica “[…] productos de la Clase 25 del Decreto 755
de 1972 […]”, se entiende que éstos incluyen productos tales como “[…] vestidos, con
inclusión de botas, zapatos, zapatillas, sombrería […]”, los cuales comprenden la
Clase 25 del Decreto 755 de 1972, lo que quedó consignado en la providencia en
comento.
[…]
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Además, conforme se precisó en la referida sentencia, no le asiste razón al tercero
con interés directo en las resultas del proceso cuando afirma que la Sala no se
pronunció respecto del Decreto 755 de 1972 pues, en ella se aclaró que,
precisamente, la cobertura que debía tenerse en cuenta para la expedición del acto
acusado era la prevista en ese Decreto, como en efecto lo realizó la entidad
demandada; y que si bien es cierto que la marca “BAXTER” inicialmente se registró
en 1967, y en ese momento se encontraba vigente la Clasificación de Productos y
servicios prevista en el Decreto 1707 de 1931, también lo es que la SIC, mediante la
Resolución núm. 06941 de 8 de octubre de 1984, determinó que dicho registro
amparaba productos de la Clase 25 del Decreto 755 de 1972.
De lo expuesto se colige que la aseveración realizada por el tutelante en el sentido
de señalar que, la determinación de excluir de la pluricitada marca el vestuario y la
sombrerería, resulta abiertamente contraria a derecho, y que por parte de la
autoridad judicial accionada se efectuó una valoración equivocada de los elementos
de prueba allegados al expediente, tampoco supera el presupuesto analizado, en la
medida que los argumentos expuestos por el accionante no gozan de raigambre
constitucional.
Sobre la valoración de los medios de prueba, es preciso mencionar que es un
ejercicio intelectual en el que el director del proceso, aplicando las reglas de la sana
crítica y las máximas de la experiencia, determina el valor que asigna a cada uno
de estos. Lo cual, se encuentra cobijado por la independencia y autonomía que
gozan las autoridades judiciales, por lo que, salvo en casos excepcionalísimos21, no
es viable su reproche en esta instancia judicial.
En este orden, y si bien la parte actora intenta exponer las razones por las cuales
considera que la Sección Primera de esta Corporación incurrió en una vulneración
de sus derechos fundamentales, en realidad lo que se evidencia es una simple
inconformidad con lo dispuesto por el a quo en la sentencia censurada, y las
conclusiones a las cuales arribó, lo cual, per se, no implica una trasgresión de los
mencionados derechos.
Por tanto, se hace notorio que el señor Libardo Rivera busca imponer su criterio, el
cual estima más acertado, sobre el del operador judicial, lo cual revela un
desconcierto respecto al sentido de la decisión. En este orden de ideas, se advierte
que la administración de justicia garantiza que los funcionarios judiciales gocen de
autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia por la que, en
principio, no es procedente reprochar sus decisiones vía acción de tutela.
21 El defecto fáctico, en su dimensión positiva, puede acreditarse en dos escenarios. Primero, respecto de
aquellas pruebas que pueden ser valoradas de manera libre y amplia, el funcionario judicial incurre en tal defecto
cuando actúa contra la razonabilidad. Caso en el que (i) no respeta las reglas de la lógica deóntica al establecer
la premisa fáctica, (ii) resuelve la controversia acudiendo a su propio capricho, (iii) no valora íntegramente el
acervo, o (iv) funda su convencimiento en pruebas impertinentes, inconducentes o ilícitas. Segundo, si el
legislador establece que del elemento probatorio p debe seguirse q, incurre en un defecto fáctico si concluye
algo distinto sin ofrecer una justificación para ello (v. gr. la probada falsedad del documento). En cualquiera de
los dos eventos antedichos, el juez desconoce el derecho al debido proceso de las partes y, en consecuencia,
vía tutela, la decisión podrá dejarse sin efectos.
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Aunado lo expuesto, se reitera que el juez constitucional no está instituido como
órgano de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos que se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto estableció el
legislador, ya que, de avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción
de tutela y la desarticulación de la organización judicial.
Así las cosas, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad judicial demandada,
que amerite la intervención del juez constitucional, en tanto que, la acción de tutela
no se encuentra instituida para resolver asuntos de tal naturaleza legal, y por ende
la misma se deviene en improcedente.
Acorde con lo analizado, la Sala revocará la sentencia del 2 de febrero de 2026
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que negó el
amparo, y en su lugar, se declarará improcedente el mecanismo por no satisfacer
el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 2 de febrero de 2026 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B que negó el amparo, para en
su lugar, DECLARAR improcedente la acción constitucional promovida por el señor
Libardo Rivera Rivera contra el Consejo de Estado, Sección Primera, por no superar
el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el
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