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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07757-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07757-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado de la presente acción de tutela, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 3 Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-07757-00 Demandante: Constructora Astrum SAS (antes Proyecto 2000 Ltda.) 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07757-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

5 de marzo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07757-00
Demandante: Constructora Astrum SAS (antes Proyecto 2000 Ltda.)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 5 de marzo de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07757-00
Demandante: CONSTRUCTORA ASTRUM SAS (ANTES PROYECTO 2000 LTDA.)
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA.

Temas: Mora judicial en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la sociedad Constructora Astrum SAS
contra el Consejo de Estado, Sección Primera.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 5 de diciembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado, la sociedad Constructora Astrum SAS pidió la protección de su derecho
fundamental al debido proceso.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la tardanza del
Consejo de Estado, Sección Primera, en resolver un recurso de apelación presentado
contra el auto del 6 de septiembre de 2016, dictado por el Tribunal Administrativo del
Magdalena que declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 47001-23-31-000-2015-00032-00/01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO. Que se ampare al señor CARLOS JAVIER RUEDA VESGA, representante legal de
CONSTRUCTORA PROYECTO 2000 LTDA. Hoy ASTRUM S.A.S. el derecho fundamental al señor
debido proceso por mora judicial injustificada.

SEGUNDO. Que se ordene al CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA, la resolución expedita el
caso radicado No. 47001233100020150003201 dentro de un término prudencial.

TERCERO. Que se ordene al CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA, promover decisión de
fondo con celeridad y cumplimiento de los términos esbozados en la parte considerativa de la acción.
(sic para toda la cita)

3. Hechos

Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

La sociedad Proyecto 2000 Ltda., hoy Constructora Astrum SAS, promovió demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el distrito turístico, cultural e histórico de
Santa Marta, para que se declarara la nulidad de la Resolución 139 del 18 de febrero de
2011, <<Por medio de la cual se dispone la revocatoria directa del Acto Administrativo del 29 de
octubre de 2009 y se ordena el archivo definitivo de una actuación administrativa>> . A título de

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07757-00
Demandante: Constructora Astrum SAS (antes Proyecto 2000 Ltda.)

restablecimiento del derecho pidió que se continuara con el trámite administrativo del
proceso con radicado 014-2006 y que se dejara vigente la Resolución del 29 de octubre
de 2009, en la que la entidad demandada había ordenado la fijación de una caución,
equivalente al 10% de la suma de treinta mil millones de pesos que había reclamado.
Además, que se condenara en costas a la entidad demandada.

Explicó que adquirió un predio que soportaba un derecho de servidumbre a favor de la
empresa Promigas SA ESP, que tenía por objeto el paso de un tubo enterrado de 24
pulgadas para el transporte de hidrocarburos y sus derivados.

Que presentó solicitud de fijación de caución e indemnización en los términos del artículo
184 del Código de Minas1, en concordancia con el artículo 285 ibidem2. Que el
procedimiento lo adelantó la administración distrital de Santa Marta, que, a través de un
acto administrativo del 29 de octubre de 2009, ordenó, entre otras cosas, fijar como
caución el equivalente al 10% de las pretensiones de la parte reclamante.

Que, inconforme, la empresa Promigas SA ESP presentó recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación.

Que por medio de la Resolución 139 del 18 de febrero de 2011 el distrito turístico, cultural
e histórico de Santa Marta ordenó la revocatoria del mencionado acto administrativo del
29 de octubre de 2009 y el archivo de la actuación administrativa.

La demanda se adelantó, en un principio, bajo el radicado 47001-33-31-000-2011-00181-
00 ante el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Marta que, por auto del 30 de
septiembre de 2011, la rechazó, al considerar que había operado la caducidad.

Inconforme, la parte actora apeló y el 24 de abril de 2013, el Tribunal Administrativo del
Magdalena revocó la decisión del 30 de septiembre de 2011, al estimar que no se había
configurado la caducidad, y ordenó que se estudiara nuevamente sobre la admisión de
la demanda.

El 24 de mayo de 2013, el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Marta admitió la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la sociedad Proyecto
2000 Ltda. contra el distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta.

El 6 de noviembre de 2013, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de
Santa Marta avocó el conocimiento del asunto, en aplicación del Acuerdo PSAA-13-9991
del 26 de septiembre de 2013, por medio del cual el Consejo Superior de la Judicatura
adoptó unas medidas de descongestión.

1 Artículo 184. Indemnizaciones y caución. En la fijación de las indemnizaciones y del monto de la caución a que está

obligado el minero por causa del establecimiento y uso de las servidumbres, serán de observancia por los interesados,
los peritos y las autoridades, las siguientes reglas y criterios:
a) Para la estimación del valor comercial del terreno, se tendrán en cuenta sus condiciones objetivas de ubicación,
calidad y destino normal y ordinario y no las características y posibles rendimientos del proyecto minero, la potencial
abundancia o riqueza del subsuelo del mismo o la capacidad económica de los concesionarios;
b) La ocupación parcial del terreno sólo dará lugar al reconocimiento y pago de la indemnización en cuantía
proporcional al uso de la parte afectada, a menos que dicha ocupación afecte el valor y el uso de las zonas no
afectadas;
c) Salvo acuerdo en contrario, si la ocupación de los terrenos fuere transitoria y no mayor de dos (2) años, los pagos
por su uso, al dueño o poseedor, se harán por trimestres anticipados; si la ocupación fuere por más tiempo, el pago se
hará al contado y en forma anticipada.
2 Artículo 285. Procedimiento Administrativo para las Servidumbres. Cuando por motivo del ejercicio de las

servidumbres legales, necesarias para el uso y beneficio de las obras y trabajos mineros, el propietario o poseedor de
los terrenos sirvientes pidiere ante el alcalde se fije una caución al minero en los términos del artículo 184 de este
Código, se ordenará que por un perito se estime su monto dentro del término de treinta (30) días. Una vez rendido el
dictamen, el alcalde señalará dicha caución en los cinco (5) días siguientes. La decisión será apelable ante el
Gobernador en el efecto devolutivo y solo se concederá si el interesado constituye provisionalmente tal garantía, en la
cuantía fijada por el alcalde.
La cuantía de la caución, una vez en firme, podrá ser revisada por el juez del lugar de ubicación de los predios de
acuerdo con las reglas generales de competencia y de trámite del Código de Procedimiento Civil.

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Demandante: Constructora Astrum SAS (antes Proyecto 2000 Ltda.)

Posteriormente, y encontrándose el proceso para emitir sentencia de primera instancia,
el 29 de mayo de 2015, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Santa
Marta ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo del Magdalena, al considerar
que carecía de competencia para conocer el asunto.

El 17 de julio de 2015, el proceso fue repartido al Tribunal Administrativo del Magdalena
y se le asignó el número de radicado 47001-23-31-000-2015-00032-00.

El 26 de enero de 2016, el despacho 004 del Tribunal Administrativo del Magdalena avocó
el conocimiento del asunto y, posteriormente, el 6 de septiembre de 2016, declaró la
nulidad de todo lo actuado por falta de jurisdicción, conforme con la Ley 1274 de 2009,
que, según dijo, imponía que el trámite judicial fuera adelantado ante los jueces
municipales de donde se encontraba ubicado el inmueble que soportaba la servidumbre.

Inconforme, la sociedad demandante presentó recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación, en el que señaló que, de acuerdo con la sentencia C-063 del 2005 dictada por
la Corte Constitucional, la jurisdicción contenciosa administrativa sí era la competente
para decidir el asunto.

El 4 de abril de 2019, el despacho 004 del Tribunal Administrativo del Magdalena, por un
lado, rechazó por improcedente el recurso de reposición, porque de acuerdo con el
artículo 180 del CCA, el recurso de reposición solo era procedente contra autos que no
fueran susceptibles de apelación y, por otro lado, concedió el recurso de apelación
presentado por la parte actora.

El 16 de octubre de 2020, el Consejo de Estado, Sección Primera, admitió el recurso de
apelación. Luego, el 11 de diciembre de 2020, corrió traslado a las partes para que
presentaran sus alegatos de conclusión.

El 22 de febrero de 2021, ingresó el proceso al despacho del magistrado Oswaldo Giraldo
López para que se dictara la providencia que resolviera el recurso de apelación
presentado contra el auto del 6 de septiembre de 2016.

El 9 de diciembre de 2022, el magistrado Oswaldo Giraldo López del Consejo de Estado,
Sección Primera, se pronunció sobre varias solicitudes de impulso procesal y señaló que
tenía asignados 1288 procesos y que avanzaría con su estudio y resolución conforme a
su reparto e ingreso.

El 21 de febrero y el 30 de mayo de 2024, el magistrado Oswaldo Giraldo López manifestó
su impedimento para decidir el asunto. Ese mismo 30 de mayo, se declaró fundado.

Por lo anterior, el 13 de junio de 2024, el expediente fue remitido al despacho del
magistrado Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

4. Fundamentos de la acción de tutela

En cuanto al fondo del asunto, la parte actora alegó que desde que el expediente fue
reasignado al nuevo ponente ha transcurrido más de un año sin que se resuelva su
recurso de apelación y que el asunto estuvo por más de tres años en el despacho del
anterior ponente.

Que ha presentado varias solicitudes de impulso procesal, pero que no ha obtenido
respuesta. Que el pasado 7 de octubre de 2025, radicó una queja disciplinaria ante la
Procuraduría General de la Nación contra los magistrados de la Sección Primera del
Consejo de Estado.

Que, a la fecha de presentación de la acción de tutela, la autoridad judicial demandada
no se había pronunciado sobre el recurso de apelación que presentó contra el auto del 6
de septiembre de 2016 dictado por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

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Demandante: Constructora Astrum SAS (antes Proyecto 2000 Ltda.)

5. Trámite procesal

Por auto del 15 de diciembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la demanda y,
entre otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del
Consejo de Estado, Sección Primera, y en calidad de tercero con interés al alcalde del
distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta.

En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 16 y 18 de diciembre
de 2025.

6. Intervenciones

El magistrado del Consejo de Estado, Sección Primera, que tiene a cargo el expediente
objeto de tutela, pidió que se denegaran las pretensiones de la parte actora, al no existir
vulneración del derecho fundamental invocado.

Informó que tiene 1.367 procesos asignados y que las decisiones sobre las distintas
acciones, medios de control, recursos y demás solicitudes las profiere de acuerdo con el
orden en que son repartidas y al tener en cuenta los asuntos que tienen prelación, como
son las acciones constitucionales de habeas corpus, tutela y populares, así como los
procesos de pérdida de investidura, entre otros.

Que, por lo anterior, no ha incurrido en mora judicial injustificada dentro del expediente
con radicado 47001-23-31-000-2015-00032-00/01.

El alcalde del distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta no se pronunció,
pese a que, como se vio, fue debidamente notificado.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la
sociedad Constructora Astrum SAS para proteger su derecho fundamental al debido
proceso, con ocasión de la tardanza del Consejo de Estado, Sección Primera, en resolver
un recurso de apelación presentado contra el auto del 6 de septiembre de 2016, dictado
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio del cual se declaró la nulidad de
todo lo actuado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
47001-23-31-000-2015-00032-00/01.

La Sala anticipa que declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, por
cuanto el 23 de febrero de 2026, la autoridad judicial demandada rechazó el recurso de
apelación presentado por la parte actora contra el auto del 6 de septiembre de 2016,
dictado por el Tribunal Administrativo del Magdalena en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 47001-23-31-000-2015-00032-00/01.
Decisión notificada por estado del 25 de febrero de 2026.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la carencia
de objeto en materia de tutela y, (ii) analizará el caso concreto.

2. Sobre la carencia de objeto en materia de tutela

El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 señala que: <<Si, estando en curso la tutela, se
dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación
impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de
costas, si fueren procedentes>>.

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El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer que
la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se torne inocua. Es decir, que
resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la vulneración
o amenaza de derechos fundamentales.

En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual
de objeto puede presentarse a partir de tres eventos que sugieren consecuencias
distintas: el hecho superado, el daño consumado y el hecho sobreviniente3. En lo que
aquí interesa, el hecho superado se configura cuando se pone fin a la situación que
generaba la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales.

3. Análisis del caso concreto

En el sub-lite, la Sala advierte que la parte actora alega que el Consejo de Estado,
Sección Primera, incurre en mora judicial injustificada, pues no han resuelto el recurso
de apelación que presentó contra el auto del 6 de septiembre de 2019, dictado por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio del cual se declaró la nulidad de todo
lo actuado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 47001-
23-31-000-2015-00032-00/01.

No obstante, la Sala verificó el expediente digital del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 47001-23-31-000-2015-00032-00/01 y las
actuaciones que reposan en el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI para ese proceso
y encontró que el pasado 23 de febrero de 2026, el Consejo de Estado, Sección Primera,
rechazó el recurso de apelación presentado por la parte actora contra el auto del 6 de
septiembre de 2016.

Providencia que fue notificada a las partes por estado del 25 de febrero de 2026.

Así las cosas, la Sala observa que las pretensiones formuladas por la parte actora,
encaminadas a que se decidiera sobre el recurso de apelación que presentó contra el
auto del 6 de septiembre de 2016, dictado por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
ya fueron resueltas en el trámite de la presente acción de tutela.

De este modo, la orden del juez constitucional relativa a lo solicitado en la demanda de
tutela no surtiría ningún efecto, pues lo pretendido se resolvió antes de emitirse la
decisión de primera instancia.

En consecuencia, las anteriores razones son suficientes para declarar la carencia actual
de objeto por hecho superado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado de la presente acción de
tutela, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

3 Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del magistrado Humberto

Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.

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Demandante: Constructora Astrum SAS (antes Proyecto 2000 Ltda.)

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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