Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07761-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07761-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-07761-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
13 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07761-00
Demandante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Falta de
relevancia constitucional / debate de interpretación estrictamente legal – condena en
costas
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo
constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 5 de diciembre de 2025, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-
presentó acción de tutela, en busca de que se dejara sin efectos el numeral 2° de la
parte resolutiva de la sentencia proferida el 23 de septiembre de ese mismo año por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho2 que promovió el Grupo Argos S.A. y la señora Ilva
Cecilia Gómez Crespo en su contra.
2. En el referido numeral, la autoridad accionada condenó en costas a la DIAN en
ambas instancias, en atención a que se revocó en su integridad la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, se accedió a las pretensiones de la demanda. Para
tal efecto, la Sala realizó un análisis de las normas que rigen la imposición y
liquidación de las costas y, con fundamento en ello, fijó una serie de criterios, los
cuales, precisó, serían aplicables tanto al caso concreto, como a los procesos futuros
de nulidad y restablecimiento del derecho que corresponda conocer a la Sección
Cuarta del Consejo de Estado.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Con radicado número 08001-23-33-000-2020-00668-01.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07761-00
Demandante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
3. Como sustento de sus pretensiones, la parte actora alegó que la autoridad
accionada vulneró sus derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia y debido proceso, al incurrir en los siguientes defectos:
4. Violación directa de la Constitución, toda vez que el análisis que efectuó
respecto a las normas relativas a la condena en costas no se ajusta al principio de
interpretación conforme a la Constitución adoptado por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-241 de 2024, que impone considerar las particularidades de cada caso
concreto cuando se condena en costas, pasando por alto la función constitucional
que cumple la DIAN en la defensa del patrimonio público.
5. Desconocimiento del precedente, al desatender la aludida sentencia unificadora,
en la cual se precisó que, si bien el juez de conocimiento tiene amplia libertad para
interpretar las normas jurídicas, la condena en costas resulta irrazonable y
desproporcionada cuando: (i) en el ordenamiento jurídico existen otras
interpretaciones más acordes a las garantías constitucionales; (ii) el numeral 8 del
artículo 365 del CGP permite introducir un criterio valorativo para su fijación; y (iii) el
artículo 188 del CPACA fija como excepción a la condena en costas los casos en los
que se ventila un interés público.
6. Afirmó que dicho caso guarda relación fáctica y jurídica con el asunto sometido a
consideración de la autoridad accionada, en tanto se interpretó el artículo 188 del
CPACA en procesos de naturaleza tributaria, lo que imponía a la demandada el
deber de valorar las particularidades del caso concreto y no fundar la condena
exclusivamente en la condición de parte vencida o, en su defecto, cumplir con las
cargas de transparencia y argumentación para apartarse de este.
7. Esgrimió que dicho criterio ha sido acogido por la Sección Segunda del Consejo
de Estado y en reiterados salvamentos y aclaraciones de voto presentados por la
Magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello, como integrante de la Sección Cuarta,
lo que hacía aún más exigible el deber de transparencia y argumentación. No
obstante, señaló que esa carga fue desatendida en la providencia cuestionada.
8. Alegóque dicha omisión compromete la defensa del patrimonio público en
procesos de naturaleza tributaria, ya que en la sentencia acusada se estableció
expresamente que los criterios allí fijados se aplicarían en adelante a todos los
procesos ordinarios de competencia de la Sección Cuarta.
9. Sustantivo, al realizar una interpretación restrictiva del concepto “interés público”
contenido en el artículo 188 del CPACA, por cuanto limitó su alcance exclusivamente
a las acciones públicas, desconociendo los métodos de interpretación reconocidos
por la Corte Constitucional.
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10. Sostuvo que una interpretación gramatical y sistemática de la norma permite
concluir que la excepción a la condena en costas no está sujeta al tipo de medio de
control, sino a la relevancia del interés público comprometido en el proceso, es decir,
en función de los fines del Estado, por lo que excluir los asuntos tributarios resulta
arbitrario y contrario al mandato superior. Agregó que la interpretación adoptada por
la Sección Cuarta vacía de contenido el artículo 188 del CPACA, al desconocer el
efecto útil del cambio legislativo que sustituyó lo referente a “acciones públicas” por
la expresión “procesos en los que se ventile un interés público”.
11. Desde una perspectiva histórica, expuso que el legislador abandonó un criterio
estrictamente objetivo para adoptar un enfoque sustantivo, orientado a permitir al
juez valorar, en cada caso, la existencia de un interés público que justifique la no
imposición de costas.
12. A partir de una interpretación teleológica y conforme a la Constitución, sostuvo
que los procesos tributarios involucran un interés público, por cuanto se relacionan
directamente con el patrimonio del Estado y el cumplimiento de sus fines esenciales.
13. En ese orden, aseveró que los procesos en los que interviene la DIAN deben
entenderse exceptuados de la condena en costas, salvo que se acredite un uso
indebido del proceso o una actuación manifiestamente carente de sustento legal,
conforme al inciso segundo del artículo 188 del CPACA.
14. Indicó que dicha conclusión se ve reforzada por la sentencia SU-017 de 2024, en
la cual la Corte Constitucional reconoció que las controversias sobre recaudo
tributario trascienden lo meramente económico y revisten un claro interés público.
15. Orgánico, al adoptar un criterio sobre un asunto transversal que afecta a toda la
jurisdicción contencioso-administrativa, sin intervención de la Sala Plena. Señaló
que, de conformidad con los artículos 111 y 271 del CPACA, a esta última le
corresponde emitir decisiones de unificación jurisprudencial en materias procesales
que impactan a todas las secciones, como la condena en costas. Por tanto, el
proceder de la autoridad enjuiciada vulnera el principio de juez natural y genera
inseguridad jurídica.
B. Trámite procesal
16. Mediante auto del 15 de diciembre de 2025, se dispuso: (i) admitir la acción de
tutela; (ii) notificar de su presentación a la autoridad accionada; (iii) vincular, en
calidad de terceros con interés, al Grupo Argos S.A. y a la señora Ilva Cecilia Gómez
Crespo; (iv) comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado; y (v) requerir al Tribunal Administrativo del Atlántico para que remitiera copia
digital del expediente con radicado número 08001-23-33-000-2020-00668-01.
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(i) Consejo de Estado – Sección Cuarta3
17. Sostuvo que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, en tanto
su objeto es controvertir el alcance e interpretación de las disposiciones que regulan
la institución de las costas procesales, sin demostrar una vulneración efectiva de los
derechos fundamentales invocados.
18. Precisó que, conforme al precedente consolidado por la Sección Cuarta desde la
sentencia del 6 de julio de 2016, la excepción a la condena en costas prevista para
los procesos en los que se ventila un interés público se circunscribe a las acciones
públicas, lo que excluye al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, aun cuando verse sobre asuntos tributarios. Adujo que ese criterio se
fundamentó en la sentencia C-539 de 1999, proferida por la Corte Constitucional.
Postura que, según afirmó, no ha sido objeto de modificación.
19. Manifestó que la sentencia de unificación cuyo desconocimiento alega la parte
actora no constituye precedente aplicable al caso concreto, en tanto no guardan
semejanza fáctica. De ahí que tampoco tenga la entidad de variar el análisis que
efectuó la misma Corporación en la sentencia C-539 de 1999.
20. Agregó que la existencia de votos disidentes o aclaraciones de voto dentro de la
Sala no revela, por sí misma, una discusión de evidente relevancia constitucional,
comoquiera que carecen de fuerza vinculante y no deslegitiman la decisión adoptada
por la mayoría.
21. Sin perjuicio de lo anterior, sostuvo que no incurrió en defecto sustantivo ni
desconoció el precedente constitucional. Únicamente reiteró el criterio
jurisprudencial consolidado por la Sección Cuarta desde el 2016, según el cual el
artículo 188 del CPACA solo exceptúa de la condena en costas a las acciones
públicas, salvo que la demanda sea manifiestamente infundada. Tesis que, además,
se acompasa a la posición vigente de la Corte Constitucional y a lo decidido por la
Sección Tercera de esta Corporación en la sentencia del 11 de octubre de 2021.
22. Aseguró que tampoco se apartó del criterio objetivo-valorativo al que alude la
sentencia SU-241 de 2024, en la medida en que el componente valorativo se limita
a la verificación de la causación de las costas, y no a la consideración de elementos
subjetivos de las partes, criterio que fue expresamente descartado por la Corte
Constitucional con la entrada en vigencia del CPACA.
23. Explicó que en la providencia cuestionada se indicó expresamente la necesidad
de constatar la existencia de una parte vencida en el proceso y la comprobación de
su causación en el proceso para que proceda la condena en costas.
3 Intervención digital contenida en 5 folios.
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24. Puntualizó que, conforme a ese marco normativo, la Sala rectificó su posición en
torno a la exigencia de acreditar los gastos de representación judicial para el
reconocimiento de las agencias en derecho, al considerar que el apoderamiento
judicial oneroso no constituye un hecho sujeto a prueba para el reconocimiento de
agencias en derecho, cuya tasación debe atender a criterios objetivos como la
naturaleza, duración y cuantía del proceso, así como el despliegue procesal
realizado.
25. Por último, indicó que no se configuró el defecto orgánico alegado, dado que la
providencia objeto de reproche no se trata de una sentencia de unificación. Por lo
que la Sección Cuarta tenía competencia para decidir sobre la condena en costas,
conforme lo previsto en el artículo 188 del CPACA, en el sentido de que en el fallo
se debe disponer sobre la condena en costas.
(ii) Grupo Argos S.A. e Ilva Cecilia Gómez Crespo4
26. Manifestaron que la presente acción no persigue la protección efectiva de
derechos fundamentales, sino reabrir un debate de índole legal y económico, que se
funda en un simple desacuerdo con la interpretación acogida por la Sección Cuarta
en relación con las normas que regulan la condena en costas, con el fin de impedir
que dicha postura se proyecte hacia casos futuros.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Caso concreto
27. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo, por no encontrar
acreditado el requisito general de relevancia constitucional.
28. Los reparos en los que se fundan los cargos por violación directa de la
Constitución, desconocimiento de precedente y defecto orgánico adolecen de carga
argumentativa, mientras que aquellos en los que se estructuró el yerro de tipo
sustantivo están encaminados a reabrir un debate de índole estrictamente legal.
29. Para sustentar los dos primeros vicios, la tutelante sostuvo que la autoridad
accionada se apartó injustificadamente de la sentencia SU-241 de 2024 proferida por
la Corte Constitucional. Afirmó que dicho precedente imponía al juez valorar las
particularidades de cada asunto al decidir sobre la condena en costas, lo que
suponía, para el caso concreto, considerar la función constitucional que cumple la
DIAN en la defensa del patrimonio público y no fundamentar la condena
exclusivamente en la condición de parte vencida en el proceso.
30. Del contenido de la providencia que se alega como desconocida, se advierte que
4 Intervención digital contenida en 7 folios.
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esta no guarda identidad fáctica ni jurídica con el caso sometido a consideración de
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, razón por la cual no constituye un
precedente que resultara de obligatorio acatamiento para la autoridad demandada.
31. En el fallo de unificación se abordó el estudio de un proceso de reparación directa
promovido por una persona natural que ostentaba la condición de sujeto de especial
protección constitucional por su calidad de víctima del conflicto armado, a quien se
le impuso la condena en costas. A partir de ese supuesto fáctico, la Corte concluyó
que la autoridad accionada incurrió en un defecto sustantivo al interpretar las normas
relativas a la condena en costas sin considerar la condición de sujeto de especial
protección constitucional reforzada del demandante y su núcleo familiar,
circunstancia que, en criterio del Alto Tribunal, habilitaba la aplicación de la
excepción prevista en el artículo 188 del CPACA. Lo anterior, tras estimar que el
resarcimiento de las víctimas del conflicto armado constituye un asunto de interés
público y que, además, la demanda no adolecía de manifiesta carencia de
fundamento jurídico.
32. El asunto aquí debatido se trata de un medio de control distinto y la parte a la que
se le impuso la condena en costas es una entidad pública, de ahí que no ostente la
condición de sujeto de especial protección constitucional, en razón de ser víctima del
conflicto armado, circunstancias que fueron determinantes en la sentencia invocada
y condujeron a la Corte a considerar, en esa oportunidad, que la condena en costas
resultaba desproporcionada e irrazonable.
33. Por lo tanto, en la decisión cuya aplicación se invoca no se fijó una regla
unificadora en relación con la imposición de costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo, particularmente en procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos tributarios, como
erróneamente lo afirmó la accionante.
34. Las providencias proferidas por la Sección Segunda de esta Corporación, así
como los salvamentos de voto suscritos por una consejera de la Sección Cuarta en
relación con ese asunto, aludidos por la actora en su escrito de tutela, tampoco
resultan vinculantes para la autoridad enjuiciada, en tanto no corresponden a una
decisión de unificación.
35. En síntesis, la parte actora no presentó alguna providencia que determine una
regla expresa según la cual en los procesos de nulidad y restablecimiento del
derecho de carácter tributario debe analizarse la finalidad constitucional de la DIAN
como criterio determinante para la exoneración de costas. De ahí que no pueda
afirmarse que la autoridad accionada se apartó injustificadamente de un precedente,
máxime cuando en el Consejo de Estado no existe una posición unificada en torno a
la interpretación del artículo 188 del CPACA para la imposición de costas.
36. Así las cosas, la parte actora desatendió su deber de desarrollar una
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argumentación suficiente que acreditara la existencia de una decisión judicial que
obligara a la Sección Cuarta del Consejo de Estado adoptar la tesis pretendida por
la parte actora o, en su defecto, a exponer las razones para apartarse de este.
37. Visto lo anterior, no solo se hace evidente la carencia argumentativa de los yerros
previamente examinados, sino también que el defecto sustantivo endilgado a la
providencia acusada no releva, por sí mismo, una indebida aplicación e
interpretación normativa, sino que, en realidad, busca reabrir un debate de
naturaleza estrictamente legal que no trasciende la esfera de lo constitucional.
38. La parte actora alegó que la autoridad accionada incurrió en un yerro sustantivo
al realizar una interpretación restrictiva del concepto “interés público” previsto en el
artículo 188 del CPACA, en tanto limitó su alcance exclusivamente a las acciones
públicas. A su juicio, una aplicación adecuada de los métodos de interpretación
normativa conduce a entender dicho término en función de los fines del estado y no
del medio de control, lo que, a su vez, implicaría reconocer que los asuntos tributarios
revisten interés público, dado que la DIAN cumple una finalidad constitucional de
defensa del patrimonio público, circunstancia que daría lugar a exonerar de la
condena en costas a la entidad.
39. Sobre el particular, en la sentencia del 23 de septiembre de 2025, la autoridad
enjuiciada indicó que el artículo 188 del CPACA contiene una regla específica en
materia de costas, según la cual se exonera de su imposición a los procesos en los
que se ventile un interés público, a menos que se constate que la demanda fue
instaurada con manifiesta carencia de fundamento legal, evento en el cual procede
la condena en costas, aun cuando se discuta un interés público, conforme lo previsto
en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.
40. Resaltó que en esa disposición hizo falta interpretar cuál era el alcance de la
expresión “procesos en los que se ventile un interés público”, cuestión que fue
abordada por la Sección en el fallo del 6 de julio de 2016, en el cual se concluyó que
ese término solo se predicaba de las acciones públicas, razón por la cual la regla de
exoneración no se extendía al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, al margen de que versen sobre asuntos tributarios.
41. Explicó que esa interpretación se fundamentó, principalmente, en el precedente
fijado por la Corte Constitucional en la sentencia C-539 de 1999, en la que se declaró
contraria al mandato superior la norma que eximía a la nación y a las entidades
territoriales de que se les condenara a pagar agencias en derecho, tras estimar que
dicha medida, aunque orientada a la protección de los recursos fiscales, resultaba
innecesaria y desproporcionada, por cuanto generaba un desequilibrio injustificado
en la distribución de las cargas procesales y afectaba el principio de igualdad entre
las partes. Recalcó que esa postura se mantiene vigente en la actualidad.
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42. Agregó que, desde entonces, la Sección Cuarta ha sostenido de manera reiterada
que, para efectos de la aplicación de la exoneración de la condena en costas prevista
en el artículo 188 del CPACA, lo determinante es el medio de control ejercido y no el
contenido tributario de los actos acusados, criterio que, aclaró, si bien no ha sido
unánime, como lo evidencian los salvamentos de voto de la Consejera Myriam Stella
Gutiérrez Argüello5, continúa siendo la postura mayoritaria de la Sala.
43. Destacó que, en el fallo del 11 de octubre de 2021, la Sección Tercera de esta
Corporación arribó a la misma conclusión, pero por una razón adicional. En su
criterio, entender que todos los procesos contencioso-administrativos involucran un
interés público vaciaría de contenido la previsión normativa que autoriza la condena
en costas en la jurisdicción, contrariando el principio de efecto útil de la norma.
44. En las condiciones anotadas, la autoridad acusada reiteró el criterio previo de la
Sección, según el cual el artículo 188 del CPACA únicamente prohíbe la imposición
de costas en materia de acciones públicas, salvo que se presente una manifiesta
carencia de fundamento legal en la demanda. Afirmó que adoptar una interpretación
distinta no solo desconocería el precedente constitucional vigente, sino que, además,
exigiría, desde una perspectiva técnica, la realización de un juicio integrado de
igualdad, cuyo análisis de proporcionalidad en sentido estricto supere el que
desplegó la Corte Constitucional en la sentencia C-539 de 1999.
45. Bajo ese escenario, salta a la vista que los reparos que edificaron el defecto
sustantivo fueron abordados por el juez natural de la causa, bajo un análisis que no
se muestra caprichoso, irracional o arbitrario. Por el contrario, es el resultado de
ejercicio ponderado y razonable de la función interpretativa inherente a la actividad
judicial.
46. Cabe precisar que, aunque al interior de la misma Sección una de las magistradas
ha defendido una postura contraria, que coincide con la tesis de la tutelante, ello no
implica que la posición mayoritaria de la Sala sea producto de una interpretación
normativa contraria al mandato superior, ni que comporte el desconocimiento de
derechos fundamentales. Tales discrepancias tan solo reflejan la existencia de
criterios jurídicos distintos, propios del debate en el seno de una corporación
colegiada, pero, de cualquier forma, ajustados a derecho.
47. Al respecto, esta Corporación ha sostenido que acudir a un salvamento de voto
para cuestionar una decisión adoptada por la mayoría desconoce la finalidad propia
de las opiniones disidentes en el ejercicio de la función judicial, las cuales no están
llamadas a deslegitimar ni a descalificar la providencia mayoritaria, sino a ofrecer
5 Quien ha planteado la tesis según la cual el alcance del interés público no se circunscribe a las acciones
públicas, en la medida en que este también comprende las decisiones que satisfacen los deseos de un grupo
mayoritario o el cumplimiento de metas sociales, o cometidos socialmente valiosos, lo que podría abarcar los
asuntos de carácter tributario, dado que involucran el interés general en el correcto recaudo de los tributos afectos
al cumplimiento de los fines del Estado.
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una crítica constructiva o a expresar una posición jurídica alternativa.
48. De esta manera, la Sala concluye que el debate propuesto por la actora se reduce
a una simple discrepancia de criterios sobre la interpretación y aplicación de una
norma, cuya definición corresponde al juez ordinario en el marco de sus
competencias, más aún ante la ausencia de una posición unificada sobre la materia,
sin que se haya acreditado una verdadera afectación de derechos fundamentales.
49. Las inconformidades que sustentaron el defecto orgánico tampoco satisfacen la
carga argumentativa exigida para controvertir una providencia judicial en sede de
tutela, por cuanto los mismos parten de un entendimiento errado de la decisión
acusada. Según la demandante, la Sección Cuarta del Consejo de Estado habría
adoptado un criterio sobre un asunto transversal que afecta a toda la jurisdicción de
lo contencioso-administrativo, sin intervención de la Sala Plena.
50. No obstante, la autoridad accionada fue clara en señalar que los criterios fijados
en la providencia cuestionada en materia de condena en costas serían aplicables
tanto al caso concreto, como a los procesos futuros de nulidad y restablecimiento del
derecho que corresponda conocer a la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
51. Enese orden, carece de sustento alguno la afirmación según la cual dichos
lineamientos tienen vocación de aplicación a todas las Secciones de la Corporación,
pues se precisó que su alcance se circunscribiría a la misma Sección que los adoptó.
52. Por tanto, aunque se trata de un asunto transversal a todas las Secciones, ello no
implica que la autoridad accionada hubiera fijado una regla de unificación que
resultara de obligatorio cumplimiento para toda la Corporación, ni mucho menos que
la decisión tuviera el alcance necesario para exigir su adopción por la Sala Plena.
53. En suma, la parte actora no desplegó un ejercicio argumentativo suficiente para
evidenciar que la autoridad accionada carecía de competencia para proferir la
decisión objeto de reproche constitucional, que se hubiese apartado de manera
injustificada de algún precedente o que hubiese efectuado una interpretación
normativa abiertamente incompatible con el ordenamiento jurídico, susceptible de
protección constitucional.
54. Cabe recordar que, tratándose de acciones de tutela contra providencias
judiciales, no basta con alegar la configuración de un yerro en la decisión impugnada,
sino que este debe estar justificado, lo que impone el deber de exponer con
suficiencia los motivos que, desde una perspectiva constitucional, revelen una
afectación a los derechos fundamentales cuya protección se reclama, lo que se echa
de menos en esta oportunidad.
55. Esa insuficiencia argumentativa cobra aún mas relevancia si se tiene en cuenta
que la sentencia objetada fue proferida por una Alta Corte, cuyas decisiones gozan
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
de un margen interpretativo amplio que obliga a aceptar sus interpretaciones, incluso
cuando el juez de tutela discrepe con ellas, lo que, a su vez, impone al actor una
carga argumentativa aún más exigente, encaminada a demostrar la ocurrencia de un
vicio de tal magnitud que resulte manifiestamente contrario al mandato superior.
56. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE6
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
6 VF
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