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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07761-01

Fecha
29 de mayo de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07761-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 13 de febrero de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-07761-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

29 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Veintinueve (29) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07761-01
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela - Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra la sentencia del
13 de febrero de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la demanda de tutela
por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

SÍNTESIS1

La accionante cuestiona la sentencia del 23 de septiembre de 2025, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se revocó la decisión de
primera instancia, se accedió a las pretensiones de la demanda y se condenó en
costas a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dentro de un medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho de naturaleza tributaria. Se
confirma la decisión de primera instancia que declaró improcedente la demanda de
tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 5 de diciembre de 20025, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en
adelante, DIAN), por medio de apoderada judicial, presentó demanda en ejercicio
de la acción de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia del 23 de septiembre de
2025. En dicha providencia se revocó la decisión de primera instancia proferida por
el el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.
En su lugar, se declaró la nulidad de los actos demandados y se condenó en costas
a dicha entidad dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho de naturaleza tributaria radicado con el núm. 08001-23-33-000-2020-

1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Acción de cumplimiento / Confirma /
Improcedencia / Relevancia constitucional.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07761-01
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-
Se confirma la decisión de primera instancia

00668-00/01. En la providencia atacada, además, se fijaron criterios sobre la
procedencia de la condena en costas en los procesos contencioso-administrativos
de competencia de esa Sección.

2. La accionante formuló las siguientes pretensiones (se transcribe):

“(…) PRIMERO: Conceder la presente acción de tutela declarando la violación al
derecho constitucional fundamental al debido proceso, contenido en el artículo 29
de la C.P., y el derecho de acceso a la administración de justicia, previsto en el
artículo 229 de la C.P. que le asiste a la DIAN, con la expedición de la sentencia del
23 de septiembre de 2025 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. 08001 23-33-000-2020-00668-01 (28292), en lo que a la
condena en costas se refiere, garantizando con ello la defensa del patrimonio
público.

SEGUNDO: Dejar sin efectos el numeral segundo de la parte resolutiva de la
sentencia del 23 de septiembre de 2025 dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No. 08001-23-33-000-2020-00668-01
(28292) y ordenar al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta que emita una nueva sentencia negando la procedencia de la
condena en costas a mi representada.

TERCERO. Dejar sin efecto el criterio de decisión judicial sobre las costas y
agencias en derecho en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, establecido en la parte considerativa de sentencia del 23 de septiembre de
2025 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No.
08001-23-33-000-2020 00668-01 (28292), por la configuración del defecto orgánico,
al ser un pronunciamiento del resorte exclusivo de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado”. [Negrillas del texto original].

B. Hechos

3. El Grupo Argos S.A. y la señora Ilva Cecilia Gómez Crespo instauraron demanda,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
DIAN con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos expedidos en
relación con la determinación oficial del impuesto sobre la renta del año gravable
2012. Esta demanda fue tramitada bajo el radicado 08001-23-33-000-2020-00668-
01.

4. Mediante sentencia del 10 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo del
Atlántico negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas,
dado que estas no se encontraban causadas ni probadas dentro del proceso,
conforme a lo previsto en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del
Proceso.

5. Inconforme con dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación y solicitó que, en caso de prosperar las pretensiones de la demanda, se
condenara en costas a la DIAN. Para sustentar esa petición, aportó prueba del pago
efectuado por concepto de representación judicial.

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6. Mediante sentencia del 23 de septiembre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado revocó la providencia de primera instancia, accedió a las pretensiones de
la demanda y condenó en costas a la DIAN en ambas instancias. En la providencia
se efectuó un análisis de las normas que regulan la imposición y liquidación de las
costas y fijó criterios aplicables a los procesos ordinarios de nulidad y
restablecimiento del derecho de naturaleza tributaria de conocimiento de esa
Sección.

C. Fundamentos de la vulneración

7. La parte accionante sostiene que la sentencia proferida el 23 de septiembre de
2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia e
incurrió en las siguientes irregularidades:

7.1. Defecto sustantivo, por cuanto la autoridad accionada interpretó de manera
restrictiva el concepto de interés público previsto en el artículo 188 del CPACA, al
limitarlo exclusivamente a las acciones públicas y excluir de dicha categoría los
procesos tributarios. En ese sentido, sostuvo que la excepción a la condena en
costas depende del interés público comprometido en el proceso y no del tipo de
medio de control, por lo que los asuntos relacionados con el recaudo tributario y la
defensa del patrimonio público deben entenderse exceptuados de dicha condena,
salvo que exista un uso indebido del proceso o una actuación manifiestamente
carente de sustento legal.

7.2. Defecto orgánico, toda vez que la autoridad accionada fijó un criterio
jurisprudencial sobre la condena en costas en los procesos contencioso-
administrativos de su conocimiento, pese a tratarse de un asunto transversal que
impacta a toda la jurisdicción. En ese sentido, sostuvo que, conforme a los artículos
111 y 271 del CPACA, correspondía a la Sala Plena del Consejo de Estado adoptar
una decisión de unificación sobre esa materia, razón por la cual la providencia
cuestionada desconoció el principio de juez natural y generó inseguridad jurídica.

7.3. Violación directa de la Constitución, por cuanto la interpretación efectuada por
la autoridad accionada respecto de las normas que regulan la condena en costas
desconoció el principio de interpretación conforme a la Constitución desarrollado
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-241 de 2024, el cual exige valorar las
particularidades del caso concreto y la función constitucional que cumple la DIAN
en la defensa del patrimonio público.

7.4. Desconocimiento del precedente, al apartarse de la sentencia SU-241 de 2024
de la Corte Constitucional, en la que se precisó que la condena en costas responde
a un criterio objetivo-valorativo, por lo que el juez debe verificar su causación,
valorar las particularidades del caso concreto y considerar la excepción prevista en
el artículo 188 del CPACA respecto de los procesos en los que se ventile un interés
público. En ese sentido, sostuvo que la Sección Cuarta del Consejo de Estado

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impuso la condena únicamente por la condición de parte vencida, sin justificar
suficientemente dicha decisión, pese a tratarse de un asunto tributario relacionado
con la defensa del patrimonio público y respecto del cual existían posiciones
coincidentes de la Sección Segunda del Consejo de Estado y reiterados
salvamentos y aclaraciones de voto de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.

D. Trámite procesal

8. Mediante auto del 15 de diciembre de 20252, el despacho ponente3 de la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela y
ordenó notificar a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, y vincular como tercero
con interés, al Grupo Argos S.A. y a la señora Ilva Cecilia Gómez Crespo.

E. Oposiciones e intervenciones

9. La Sección Cuarta del Consejo de Estado 4 solicitó declarar improcedente la
acción de tutela por falta de relevancia constitucional y, subsidiariamente, pidió
negar el amparo, pues la providencia cuestionada no desconoció el precedente
constitucional ni incurrió en los defectos alegados, con fundamento en lo siguiente:

9.1. Los cuestionamientos formulados por la parte accionante carecen de relevancia
constitucional, en tanto están dirigidos a reabrir el debate relacionado con la
interpretación y alcance de las normas que regulan la condena en costas y las
agencias en derecho, asunto de naturaleza estrictamente legal y económica que no
puede ser discutido mediante la acción de tutela.

9.2. La excepción prevista en el artículo 188 del CPACA para los procesos en los que
se ventile un interés público se limita a las acciones públicas, conforme al criterio
jurisprudencial consolidado de la Sección Cuarta desde la providencia del 6 de julio
de 2016 y a lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-539 de 1999,
según la cual no resulta constitucionalmente admisible exonerar a las entidades
públicas del pago de agencias en derecho con fundamento en la protección del
erario.

9.3. La sentencia SU-241 de 2024 no estableció una regla que exonere a las
entidades públicas de la condena en costas en los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho, dado que dicho precedente se refirió a un supuesto
particular relacionado con víctimas del conflicto armado en procesos de reparación
directa y no a litigios tributarios adelantados por la administración pública.

2 Índice 6 de Samai del expediente de primera instancia.
3 Magistrado Ponente: Dr. José Roberto Sáchica Méndez.

4 Índice 11 de Samai del expediente de primera instancia.

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9.4. La providencia cuestionada sí observó el criterio objetivo-valorativo fijado por la
Corte Constitucional para la imposición de costas procesales, pues verificó la
existencia de una parte vencida y la causación de las costas dentro del proceso, sin
que dicho criterio implique valorar circunstancias subjetivas de las partes.

9.5. Las agencias en derecho no dependen de la acreditación de contratos de
prestación de servicios profesionales ni del pago efectivo de honorarios, debido a
que su reconocimiento y liquidación se rigen por las reglas especiales previstas en
los artículos 361, 365 y 366 del Código General del Proceso y por las tarifas fijadas
por el Consejo Superior de la Judicatura.

9.6. La Sección Cuarta rectificó su posición respecto de la necesidad de acreditar los
gastos de representación judicial, al concluir que el apoderamiento judicial oneroso
no constituye un hecho sujeto a prueba para efectos del reconocimiento de agencias
en derecho.

9.7. No se configuró el defecto orgánico alegado, toda vez que la providencia
controvertida no corresponde a una sentencia de unificación y la Sección Cuarta era
competente para pronunciarse sobre la condena en costas en el proceso sometido
a su conocimiento.

10. El Grupo Argos S.A. y la señora Ilva Cecilia Gómez Crespo5 solicitaron declarar
improcedente la acción de tutela, debido a que los cuestionamientos formulados por
la parte accionante se dirigen a controvertir un debate de naturaleza legal
relacionado con la interpretación de las normas sobre condena en costas y agencias
en derecho, con el propósito de revertir los efectos económicos adversos derivados
de la decisión judicial cuestionada. Subsidiariamente, pidieron negar el amparo, al
sostener que la providencia controvertida no incurrió en los defectos alegados, dado
que la Sección Cuarta interpretó razonablemente las normas del CPACA y del
Código General del Proceso, no desconoció el precedente fijado en la sentencia
SU-241 de 2024 y actuó dentro del ámbito de sus competencias. Asimismo,
solicitaron mantener incólume la condena en costas impuesta a la DIAN, por
razones de seguridad jurídica, estabilidad de las decisiones judiciales y protección
de la parte vencedora en el proceso.

F. Decisión impugnada

11. Mediante sentencia del 13 de febrero de 20266, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela, debido a
que no se superó el requisito de relevancia constitucional, por las siguientes
razones:

5 Índice 10 de Samai del expediente de primera instancia.
6 Índice 17 de Samai del expediente de primera instancia.

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11.1. Los defectos alegados por la parte actora carecían de una carga argumentativa
suficiente y estaban dirigidos a reabrir un debate de naturaleza estrictamente legal
relacionado con la interpretación del artículo 188 del CPACA y de las normas que
regulan la condena en costas y las agencias en derecho.

11.2. La sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional no constituía un
precedente aplicable al caso concreto, debido a que se trató de un proceso de
reparación directa promovido por una víctima del conflicto armado, supuesto fáctico
y jurídico distinto al discutido en la providencia cuestionada.

11.3. No existía una regla jurisprudencial unificada que obligara a la Sección Cuarta
a considerar la finalidad constitucional de la DIAN como criterio determinante para
exonerarla de la condena en costas en los procesos de nulidad y restablecimiento
del derecho de naturaleza tributaria.

11.4. La interpretación efectuada por la Sección Cuarta sobre el alcance del concepto
de interés público previsto en el artículo 188 del CPACA correspondió a un ejercicio
razonable de interpretación normativa, sustentado en la sentencia C-539 de 1999
de la Corte Constitucional y en la postura jurisprudencial reiterada de esa Sección
desde el año 2016, según la cual la excepción a la condena en costas se limita a
las acciones públicas.

11.5. Extender la excepción de condena en costas a todos los procesos contencioso-
administrativos relacionados con asuntos tributarios vaciaría de contenido la regla
prevista en el artículo 188 del CPACA y desconocería el efecto útil de la norma.

11.6. Las discrepancias existentes al interior de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado sobre la interpretación del artículo 188 del CPACA reflejaban la existencia
de criterios jurídicos distintos en el marco del debate judicial, pero no evidenciaban
una vulneración de derechos fundamentales ni una interpretación contraria al
ordenamiento jurídico.

11.7. No se configuró el defecto orgánico alegado, toda vez que la providencia
cuestionada únicamente fijó criterios aplicables a los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho de conocimiento de la Sección Cuarta y no adoptó una
regla de unificación obligatoria para todas las Secciones del Consejo de Estado.

11.8.La parte actora no acreditó que la autoridad accionada careciera de
competencia, se hubiera apartado injustificadamente de un precedente vinculante o
hubiera efectuado una interpretación abiertamente incompatible con el
ordenamiento jurídico.

12. En ese sentido, resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia (…)”.

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G. Impugnación

13. En escrito radicado el 24 de febrero de 20267, la parte accionante impugnó la
sentencia del 13 de febrero de 2026 proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, con fundamento en que:

13.1. La decisión impugnada efectuó una valoración insuficiente del requisito de
relevancia constitucional, pues omitió analizar adecuadamente la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la DIAN, en conexidad con la protección del patrimonio
público.

13.2.La controversia planteada no constituye un asunto meramente legal o
económico ni pretende reabrir el debate surtido ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, sino que involucra el contenido, alcance y garantía de derechos
fundamentales, debido a los efectos que tendría la imposición automática de costas
sobre la defensa judicial de la DIAN y la protección del erario.

13.3. La sentencia desconoció el alcance de la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte
Constitucional, al restringir su aplicación al proceso de reparación directa que le dio
origen, pese a que fijó un criterio objetivo-valorativo para la imposición de costas
que, a juicio de la accionante, resulta aplicable a cualquier proceso contencioso
administrativo.

13.4. La providencia cuestionada erró al considerar que existía únicamente una
discrepancia interpretativa respecto del artículo 188 del CPACA, pues la
interpretación restrictiva del concepto de interés público y la imposición automática
de costas desconocen los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la DIAN, así como la protección del patrimonio público.

13.5. Se configuró un defecto orgánico, porque la Sección Cuarta del Consejo de
Estado habría fijado una regla general sobre la imposición de costas en un asunto
transversal a todas las secciones de la Corporación, competencia que corresponde
a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

14. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para resolver la demanda de tutela interpuesta por la DIAN contra la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la

7 Índice 21 de Samai del expediente de primera instancia.

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Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y en el
Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

G. Objeto de la demanda de tutela

15. La Sala advierte que la inconformidad planteada por la DIAN se dirige
exclusivamente contra la condena en costas impuesta en la sentencia de segunda
instancia y los criterios desarrollados por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
para fundamentar su procedencia, y no contra el resto de los asuntos que se
decidieron en esa decisión8.

H. Sentido de la decisión

16. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la
acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por
cuanto la controversia se limita a cuestionar la interpretación efectuada por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado sobre el régimen de costas procesales, el
alcance del concepto de interés público y la aplicación de determinados precedentes
judiciales, asuntos que corresponden al ámbito de la legalidad y no evidencian una
vulneración autónoma de derechos fundamentales que justifique la intervención del
juez de tutela. En ese sentido y por razones metodológicas, en esta providencia no
se hará la verificación de los demás requisitos generales de procedencia9.

I. El requisito de relevancia constitucional

17. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra
providencias judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger
los derechos fundamentales10. En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de

8 “1. Revocar la sentencia apelada, en su lugar se dispone: Primero: Declarar la nulidad de los actos

demandados. Segundo: A título de restablecimiento del derecho, declarar en firme la declaración de
corrección del impuesto sobre la renta del año gravable 2012, presentada por la contribuyente el 12
de octubre de 2018.
2. Condenar en costas a la demandada en ambas instancias. En consecuencia, ordenar al tribunal
que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
3. Reconocer personería a Carlos Leopoldo Fontalvo Herrera como apoderado de la demandada
conforme al poder conferido”. [Negrillas del texto original].
9 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Corte Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de
evidente relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y
extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, y
f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
10 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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corrección de la decisión cuestionada11, con el fin de impedir “que el mecanismo
de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley
que dieron origen a la controversia judicial”.

18. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra
providencia judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir
el debate del proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte
Constitucional estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente
relevancia constitucional. De esta manera, se busca evitar que el juez
constitucional se involucre en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones12.

19. En la sentencia SU-215 de 202213, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:

i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un
asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe ser
trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución Política
o para la determinación del alcance de un derecho fundamental;

ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la acción de tutela
como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir debates meramente
legales y la solicitud debe trascender la mera inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales;

iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia
judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces, no basta con la
sola referencia a la afectación de las garantías superiores para encontrar probada la
relevancia constitucional, sino que se debe justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental; y el examen de la acción
de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica
verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales.

20. Para la Corte Constitucional14, el requisito de relevancia constitucional comporta
tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se

11 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021,

M.P. Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
12 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-

210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de
2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces.

21. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales
que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el
sistema jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del
juez constitucional”15.

J. La falta de relevancia constitucional en el caso concreto

22. La demanda de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional,
pues la controversia planteada se limita a cuestionar la interpretación efectuada
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado sobre el régimen de costas
procesales, el alcance del concepto de interés público previsto en el artículo 188
del CPACA y la aplicabilidad de la sentencia SU-241 de 2024, aspectos que
corresponden a una discusión eminentemente legal y no a un debate de naturaleza
constitucional.

23. La entidad accionante sostiene que la Sección Cuarta del Consejo de Estado
incurrió en una interpretación errónea del régimen de costas y desconoció los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-241 de 2024.
Asimismo, considera que los procesos tributarios comprometen intereses públicos
asociados a la protección del patrimonio estatal y que, por esa razón, debían
quedar cobijados por la excepción prevista en el artículo 188 del CPACA.

24. La Sala considera que los reparos de la DIAN no evidencian la afectación
autónoma de derechos fundamentales, sino una discrepancia frente a la solución
jurídica adoptada por el juez natural. En realidad, la pretensión de la entidad
accionante consiste en que el juez de tutela sustituya la interpretación acogida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado y adopte una comprensión distinta sobre
el alcance de las disposiciones que regulan la condena en costas, propósito que
desborda la naturaleza excepcional de este mecanismo constitucional.

25. Es importante precisar que la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al resolver
el recurso de apelación, examinó el alcance del artículo 188 del CPACA, la noción
de interés público y los criterios aplicables a la imposición de costas en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Con fundamento en el
análisis del marco normativo y jurisprudencial pertinente, expuso las razones que
la condujeron a concluir que la excepción prevista en dicha disposición se
circunscribe a las acciones públicas y que, por tanto, procedía la condena en
costas en el caso concreto, dado que la nulidad y restablecimiento no hace parte
de esa categoría en los siguientes términos:

15 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Se confirma la decisión de primera instancia

“(…) en esta oportunidad la Sala adelantará un nuevo análisis jurídico de las normas
que rigen la imposición de la condena en costas, con fundamento en el cual
establecerá el criterio de decisión judicial que empleará para fallar el presente caso y
los futuros en que deba decidir sobre ese aspecto en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho que conoce ordinariamente la Sección Cuarta del
Consejo de Estado. Como se trata de un cambio de jurisprudencia, en los términos
del artículo 103 del CPACA, la Sala procede a continuación a explicar la motivación
en la que se cimenta:

13.2- Respecto de la condena en costas, el CPACA no previó una regulación
autónoma, por cuanto el artículo 188 señala que los jueces deberán disponer sobre
la condena en costas en la sentencia, pero, para su liquidación y ejecución, remitió a
lo que disponen sobre la materia las instituciones del régimen general del proceso;
previsión que concuerda con la regla de complementación que consagra el artículo
306 ejusdem, que dispone que los aspectos no contemplados en el CPACA se regirán
por las disposiciones del CGP que sean compatibles. Por tanto, el sentido que tienen
las costas en el ámbito de los procesos contencioso-administrativos que se tramitan
ante la Sección Cuarta está determinado por el alcance de las normas que respecto
de las costas establece el CGP, en los artículos 361 y siguientes.

13.3- Sin perjuicio de lo anterior, la única previsión propia consagrada en el artículo
188 del CPACA sobre las costas, exonera de esa condena a los «procesos en los que
se ventile un interés público», salvo que (como agregó el artículo 47 de la Ley 2080
de 2021) se verifique que la demanda se presentó «con manifiesta carencia de
fundamento legal», caso en el que sí se impondría la condena en costas, aunque se
haya ventilado un interés público en el proceso. Al respecto, hizo falta interpretar cuál
era el alcance de la categoría «procesos en los que se ventile un interés público»,
para establecer en qué clase de litigios se proscribía, por regla general, imponer la
condena en costas. La Sección abordó el asunto en la sentencia del 06 de julio de
2016 (exp. 20486, CP: Jorge Octavio Ramírez) y concluyó que esa condición solo la
cumplían las «acciones públicas», con lo cual la regla de exoneración de las costas
no abarcaba los procesos tramitados por el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, independientemente de que su contenido versara sobre
la financiación pública mediante la percepción de tributos.

La conclusión estuvo determinada por el pronunciamiento de la Corte Constitucional
en la sentencia C-539 de 1999 (MP: Eduardo Cifuentes Muñoz), en el que juzgó
contraria a la Carta la norma incorporada en el artículo 1.° del Decreto 2282 de 1989,
que, al regular las costas, eximía a la nación y a las entidades territoriales de que se
les condenara a pagar agencias en derecho. El máximo intérprete de la Constitución
determinó que, aunque podría alegarse que la finalidad de ese tipo de normas era «la
de proteger los recursos fiscales de las entidades públicas», por otra parte, afectaba
el derecho a la igualdad de las partes que concurren al proceso, razón que hacía
necesario ponderar la legitimidad constitucional de ese privilegio público, toda vez
que «se requiere que la norma sea verdaderamente útil, necesaria y proporcionada»,
más allá de la finalidad legítima que persiga, para que constitucionalmente pueda
avalarse la disminución del principio de igualdad sobre la cual se erige. Y en el estudio
que allí se hizo se observó que la exoneración que contemplaba la norma no era
necesaria porque para lograr el objetivo de protección de los recursos públicos
existían otro tipo de medidas, menos costosas para el principio de igualdad; pero
especialmente señaló que la medida «es absolutamente desproporcionada» porque
«crea un desequilibrio notorio en la distribución de las cargas públicas», toda vez que
«el pago de las agencias en derecho está destinado a restablecer la equidad perdida
por causa del Estado y no constituye una dádiva o un privilegio a favor de quien tuvo
que acudir a un proceso para defender sus derechos o intereses». Esta doctrina no
ha variado en la jurisprudencia de esa Alta Corte.

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Desde entonces (i.e. 2016), la Sección Cuarta ha reconocido constantemente que,
sobre la exoneración de la condena en costas expresamente contemplada en el
artículo 188 del CPACA, lo determinante es el medio de control involucrado en el
juicio, no el contenido tributario de los actos acusados, criterio que persiste en la Sala
pero no de forma unánime

A la misma conclusión mayoritaria de la Sección Cuarta del Consejo de Estado llegó
la Sección Tercera de este órgano, en la sentencia del 11 de octubre de 2021 (exp.
63217, CP: Fredy Ibarra Martínez), pero por un motivo adicional. Juzgó que en la
categoría de procesos en los que se ventila un interés público, que señala norma,
solo estarían, por razones hermenéuticas, aquellos en los que se tramitan «acciones
públicas … de mera constitucionalidad o legalidad». Así, porque el reconocimiento de
que todos los procesos que se adelantan ante esta jurisdicción «tienen como finalidad
la protección del interés público porque buscan definir … litigios en los que participan
entidades públicas [que] procuran la satisfacción del interés general», no puede
derivar en el error sistemático en la interpretación de entender que la condena en
costas no procede en ningún proceso contencioso-administrativo, porque perdería
toda eficacia y efecto útil la norma del CPACA que prevé dicha condena en los juicios
contencioso-administrativos.

Revisadas las razones advertidas tanto por la Corte Constitucional como por la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en el marco del presente análisis de la
institución de la condena en costas, la Sala reitera el criterio previo de la Sección
según el cual el artículo 188 del CPACA solo prohíbe imponer condena en costas en
aquellos juicios en que se tramiten acciones públicas (salvo que en estos la demanda
carezca de fundamento legal manifiestamente). A esta resolución se llega,
principalmente, porque se estima que las consideraciones anotadas incorporan el
análisis correcto; pero, también, porque sostener una tesis diferente contravendría la
doctrina constitucional vigente y, desde la perspectiva técnica, solo sería posible
apartarse del precedente fijado en la citada sentencia C-539 de 1999 si se adelanta
un «juicio integrado de igualdad» (en los términos establecidos en la sentencia C-345
de 2019, MP: Gloria Stella Ortiz) cuyo análisis de proporcionalidad en sentido estricto
supere el que desplegó la Corte Constitucional en la sentencia C-539 de 1999.
(…)
13.4- Corolario de lo anterior, para la Sección, los procesos adelantados bajo el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho son aptos para imponer la
condena en costas, la cual recaerá sobre «la parte vencida en el proceso» (ordinal 1.º
del artículo 365 del CGP). Con todo, teniendo en cuenta que el ordinal 5.º ibidem
consagra un margen de apreciación dentro del cual «el juez podrá abstenerse de
condenar en costas» en casos en los que solo «prospere parcialmente la demanda»,
la Sala no condenará en costas en aquellos procesos en los que las pretensiones de
la demanda prosperen parcialmente; mientras que sí impondrá la condena en costas
cuando se nieguen las pretensiones de la demanda o se declare la nulidad pretendida
de los actos administrativos acusados en el mencionado medio de control.

13.5- Por otra parte, teniendo en cuenta la remisión expresa que hace el artículo 188
del CPACA a las normas procesales generales, la Sala considera que la decisión
sobre la condena en costas en la sentencia (y su posterior liquidación por secretaría
para que la apruebe o rehaga el a quo mediante auto cuando finalice el proceso), se
rige por los preceptos que se encuentran en los artículos 361 a 366 del CGP. Bajo la
primera de esas normas, las costas procesales comprenden dos conceptos
diferenciables: en primer lugar, «las expensas y gastos que se han sufragado durante
el proceso» y, en segundo lugar, «las agencias en derecho».

Si bien ambos componentes deben tasarse «con criterios objetivos y verificables en
el expediente», dichos criterios no son uniformes para uno y otro, porque la liquidación
de lo correspondiente a las expensas sufragadas en el proceso se rige por lo

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dispuesto en el ordinal 3.º del artículo 366 del estatuto procesal, en cambio, que «las
agencias en derecho» se someten a lo que prescribe el ordinal 4.º del mismo artículo.
(…)
13.9- En suma, a partir de los análisis efectuados, la Sala identifica los siguientes
criterios de decisión sobre la imposición de la condena en costas en los asuntos
ordinarios que le corresponde juzgar:
(…)
(iii) En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que conoce
ordinariamente la Sección Cuarta del Consejo de Estado, solo se impondrá la
condena en costas cuando exista una parte vencida en el proceso,
independientemente de cuál sea la conducta de las partes. En este sentido, y
conforme a la discrecionalidad que confiere el ordinal 5.º del artículo 365 del CGP, no
se impondrá la condena en costas cuando se declare la nulidad parcial de los actos
administrativos demandados.
(…)
14- En el caso analizado, como la Sala revocó en su totalidad la sentencia dictada por
el a quo para, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demandada, procede la
condena en costas a la demandada en ambas instancias. Al efecto, se tasan las
agencias en derecho en un (1) SMMLV por cada una de las instancias. Por tanto, se
ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación de la condena en
costas, conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del CGP.

26. Así las cosas, se advierte que la procedencia de la condena en costas fue objeto
de una amplia y profunda discusión dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que la DIAN resultó vencida, a partir de lo cual
concluyó que en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
conoce ordinariamente la Sección Cuarta del Consejo de Estado procede imponer
la condena en costas cuando existe una parte vencida en el proceso,
independientemente de cuál sea la conducta de las partes, excepto si se declara
la nulidad parcial de los actos administrativos demandados.

27. Adicionalmente, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en su condición de
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en materia
tributaria, aduanera y cambiaria, tiene a su cargo la interpretación y unificación de
los criterios aplicables a los asuntos sometidos a su conocimiento. En
consecuencia, los criterios expuestos en la providencia cuestionada respecto de la
procedencia de la condena en costas constituyen una manifestación de la función
interpretativa que le corresponde ejercer como juez natural de la controversia

28. En todo caso, es claro que la inconformidad planteada por la DIAN presenta un
componente predominantemente patrimonial de naturaleza eminentemente legal,
en la medida en que surge de las consecuencias económicas derivadas de la
condena en costas impuesta en el proceso ordinario, a partir de lo cual pretende
reabrir el debate respecto de la imposición de costas en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, sin embargo, el juez de tutela no está
facultado para revisar o anular decisiones judiciales en firme a menos que se
configure una vía de hecho. No obstante, el eventual impacto patrimonial de una
decisión judicial no le otorga, por sí solo, relevancia constitucional al asunto ni
habilita al juez de tutela para reabrir debates que fueron resueltos por la autoridad
judicial competente en ejercicio de sus funciones.

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29. Así las cosas, se declarará la improcedencia por falta de relevancia
constitucional, habida cuenta que los argumentos expuestos por la entidad
accionante se circunscriben a cuestionar la interpretación y aplicación del régimen
de costas previsto en el CPACA y el CGP, asunto que se mantiene en el ámbito
de la legalidad y no plantea una cuestión iusfundamental que justifique la
intervención excepcional del juez de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 13 de febrero de
2026, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
que declaró la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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