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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07766-01

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07766-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 19 de febrero de 2026, proferida por la Sección Cuarta de la Corporación, en cuanto negó el amparo, en el sentido de DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela por carecer de relevancia constitucional. Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07766-01 Accionante: Celina Esther Buelvas Ballestas Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Referencia: Segunda instancia de acción de tutela SEGUNDO: CONFIRMAR la Sentencia del 19 de febrero de 2026, proferida por la Sección Cuarta de la Corporación, respecto de la decisión de negar la solicitud de desvinculación formulada por el Instituto de Tránsito del Atlántico. TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07766-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07766-01
Accionante: CELINA ESTHER BUELVAS BALLESTAS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra providencia de alta corte. Improcedencia por carecer de
relevancia constitucional y no cumplirse con los requisitos para examinar en sede
constitucional en sede constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Antecedentes

1. A través de apoderado judicial, la tutelante ejerció acción de tutela contra la
sentencia de 14 de julio de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado dentro del proceso contencioso administrativo 08001-23-33-
000-2016-00179-01 (radicado interno 71052). Con el fin de facilitar la exposición de
los antecedentes, se mencionan los del proceso ordinario y posteriormente los
fundamentos y desarrollo del proceso de tutela.

Antecedentes del proceso contencioso administrativo Rad. 08001-23-33-000-
2016-00179-01.

2. La tutelante señaló que, en decisión del 15 de julio de 2013, el Juzgado Catorce
(14) Civil del Circuito de Barranquilla le adjudicó la propiedad del vehículo de
servicio público tipo tractocamión de placa SBV499. No obstante, en noviembre de
2013, Ariel de Ávila Díaz, en calidad de mandatario de Celina Esther Buelvas
Ballestas, presentó ante el Instituto de Tránsito del Atlántico solicitud de traspaso
de la propiedad del vehículo en favor de un tercero (Aristóteles Olarte Morales),
procedimiento que culminó con el registro en favor de este último tercero y quedó
en el sistema de Registro Nacional Automotor y en el RUNT, a pesar de que, en
realidad, la tutelante no otorgó su consentimiento.

3. Adujo que promovió demanda de reparación directa contra el Instituto de Tránsito
del Atlántico, y persiguió la pretensión de que se declarara la responsabilidad del
Estado por el traspaso ilegal de su vehículo y, como consecuencia, se resarcieron
los perjuicios morales y los materiales.

4. En sede de primera instancia, la demanda correspondió al Tribunal Administrativo
del Atlántico, autoridad judicial que, en fallo de 11 de marzo de 2022, negó las

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07766-01
Accionante: Celina Esther Buelvas Ballestas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

pretensiones de la demanda, al concluir que de las pruebas allegadas al proceso no
se evidenció la falla en el servicio alegado. Apelada la decisión, la misma
correspondió a la Subsección C de la Sección Tercera de la Corporación.

5. Dicha autoridad judicial, en sentencia de 14 de julio de 2025, concluyó que la
controversia no debía tramitarse por esa vía, sino mediante el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, por tratarse de un acto de registro con
naturaleza administrativa. A partir de ello, determinó que la demanda había sido
presentada por fuera del término legal, pues la demandante conocía el acto desde
noviembre de 2013 al aplicar el término de caducidad de las demandas de nulidad
y restablecimiento del derecho verificó que la misma se presentó el 12 de febrero
de 2016, de modo que operó la caducidad. Por ello revocó la decisión de primera
instancia y de oficio modificó el medio de control y declaró la caducidad.

Fundamento del escrito de amparo

6. Celina Esther Buelvas Ballestas presentó acción de tutela contra las decisiones
del Tribunal Administrativo del Atlántico y de la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, al considerar vulnerados sus derechos al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y seguridad jurídica.

7. Sostuvo que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
incurrió en defecto sustantivo y violación directa de la Constitución, toda vez
que la decisión de segunda instancia desconoció normas de rango constitucional y
legal previstas en los artículos 103 y 171 de la Ley 1437 de 2011, pues, estimaba
que es incongruente que la autoridad se abstuviera de aplicar las mencionadas
normas y omitir resolver sus pretensiones del medio de control de reparación
directa. Resaltó que la sentencia de la Subsección C de la Sección Tercera es
desproporcionada al adecuar el medio de control, lo que desconoce el artículo 103
de la Ley 1437 de 2011.

8. En relación con la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico indicó que
incurrió en un defecto fáctico por haber interpretado erradamente el material
probatorio contenido en el expediente, concretamente testimonios respecto de la
manera en la que se produjo el procedimiento de traspaso del vehículo de la
tutelante a un tercero.

Trámite de la acción

9. En sede de primera instancia, la acción correspondió a la Sección Cuarta de la
Corporación, autoridad que el 22 de enero de 2026 admitió la tutela y vinculó a la
entidad accionada y al Instituto de Tránsito del Atlántico y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

10. El magistrado ponente de la decisión cuestionada y proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera de la Corporación intervino con el fin de
solicitar que se declaré improcedente el amparo, pues no se satisface requisito de
la relevancia constitucional, o en su lugar, se nieguen las pretensiones de la acción

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07766-01
Accionante: Celina Esther Buelvas Ballestas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

de tutela, puesto que la providencia atacada no incurrió en ninguna de las causales
de procedencia de tutela contra providencia. Indicó que el escrito de amparo busca
reabrir debates procesales agotados en las dos instancias del proceso ordinario,
motivo por el cual carece de relevancia constitucional, y en todo caso, indicó que la
providencia atacada se profirió atendiendo al contenido del material probatorio del
expediente.

11. El Tribunal Administrativo del Atlántico solicitó que la petición de amparo se
declarara improcedente, pues no se configuró ninguna de las causales que habilitan
la procedencia excepcional de la acción de tutela. Para sustentar su posición,
transcribió las razones más importantes del fallo de primera instancia.

12. La dirección de Tránsito y Transporte del Atlántico solicitó que se declare
que la entidad carece de legitimación en la causa por pasiva en tanto no profirió la
decisión cuestionada.

Sentencia de primera instancia

13. En decisión de 19 de febrero de 2026, la Sección Cuarta de la Corporación negó
el amparo solicitado. En su criterio, la providencia no adolece de los defectos
invocados sustantivos y de violación directa a la Constitución, pues estudiado el
contenido de la decisión atacada se verificó que la misma fue proferida en respeto
de las normas procesales y sustantivas vigentes y llamadas a determinar el sentido
del fallo. Indicó que la adecuación del medio de control es una atribución del juez
administrativo y que la declaratoria de caducidad es la consecuencia necesaria de
verificar que la petición de la demandante, en realidad se refería a la nulidad de los
actos de registro del vehículo. Concluyó:

“(…) la autoridad judicial accionada tuvo en cuenta los hechos, fundamentos y
pretensiones de la demanda que promovió contra el Instituto de Tránsito del
Atlántico, pues fue a partir de esos elementos que pudo corroborar que los perjuicios
que solicitó la señora Celina Esther Buelvas Ballestas tuvieron su génesis en un
acto administrativo de registro automotor, el cual se reitera, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que debía reprocharse a través
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conclusión que no
merece reproche constitucional, en tanto el acto de traspaso del vehículo es un
genuino acto administrativo”1

14. Por lo anterior negó el amparo solicitado.

Recurso de impugnación

15. La parte actora indicó que estiman satisfechos los requisitos de procedencia
formal de la petición de amparo, tal como lo concluyó el juez de tutela de primer
grado, no obstante, solicitó que se revoque el fallo para amparar los derechos
invocados. Señaló que, se presentó el defecto fáctico alegado en contra de la

1
Folio 14 de la sentencia.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07766-01
Accionante: Celina Esther Buelvas Ballestas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico que fue, en criterio del
impugnante, tenida en cuenta por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, pues realizó una interpretación incorrecta del material probatorio.
Agregó:

“si bien compartimos la tesis que el tránsito no está obligado a verificar la veracidad
de los documentos de registro y traspaso, si tiene una obligación de custodia sobre
los mismos precisamente evitando su posterior alteración, o la falta del lleno de uno
de los requisitos legales, como son las firmas de las partes dentro del proceso de
registro del automotor, que en caso que nos convoca, falto una de las firmas
especialmente de la SEÑORA CELINA ESTHER BUELVAS, requisito sine quanon
para poder darle el registro y el posterior traspaso de la “tractomula”, configurándose
ahí el defecto fáctico concreto, por parte de los dos operadores jurídicos y
administradores de justicia. (Tribunal Administrativo -Consejo de Estado),”

16. Por lo anterior, reiteró su petición de amparar los derechos fundamentales
invocados. Adicionalmente, la sentencia negó la solicitud de desvinculación que
realizó durante el desarrollo del medio de amparo el Instituto de Tránsito del
Atlántico.

CONSIDERACIONES
Competencia

17. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.

Determinación del problema jurídico

18. A juicio de esta Sala, de manera preliminar, deberá establecerse si la acción de
tutela satisface las causales generales de procedencia de tutela contra providencia,
teniendo especial atención a que se trata de una acción de tutela dirigida contra una
providencia proferida por una alta corte, concretamente, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, y conforme el precedente constitucional,
dicho tipo de ataque constitucional, exige una especial argumentación por parte de
la parte tutelante. En caso de que se concluya que la acción de tutela es procedente,
se formulará un problema jurídico de fondo.

Acción de tutela contra providencias judiciales proferidas por altas cortes

19. En precedente de unificación de la Corte Constitucional2 se ha señalado que,
una acción de tutela formulada contra una providencia proferida por una alta corte
debe cumplir una “carga argumentativa transversal”, elemento que se concreta en

2
Cfr. SU-128 de 2021 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), T-495 de 2024 (Juan Carlos Cortes
González), -917 de 2010, SU-050 de 2017, SU-573 de 2017 (M.P. Antonio José Lizarazo), SU-050
de 2018 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), y SU-167 de 2024 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07766-01
Accionante: Celina Esther Buelvas Ballestas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

un análisis más restrictivo y riguroso sobre el cumplimiento de los requisitos
generales y específicos de procedencia. Al respecto, la Corte ha señalado que, en
estos eventos, debe acreditarse que se trata de “un caso definitivamente
incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido
desarrollados por la Corte Constitucional o cuando se genera una anomalía de tal
entidad que es necesaria la intervención del juez constitucional”3. Por lo tanto:

“ (…) además de cumplir con los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela y con los especiales de procedibilidad contra providencias
judiciales, el accionante debe acreditar una irregularidad que contraríe
abiertamente los mandatos constitucionales, de tal manera que amerite la
intervención urgente del juez de tutela”

20. Recientemente, en sentencia T-202 de 2025, la Corte Constitucional recordó la
especial y exigente carga argumentativa que debe satisfacer una acción de tutela
dirigida contra una alta corte. Señaló que, el tutelante debe hacer un esfuerzo
especial en señalar en qué defectos específicos (sustantivo, fáctico, procedimental,
orgánico, desconocimiento del precedente, violación directa a la constitución, entre
otros), con el fin de evidenciar la manera en la que la providencia de manera
protuberante y ostensible afecta derechos fundamentales. Se reiteró que, al tratarse
de una acción de tutela contra una sentencia de una alta Corporación, como sucede
con el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, esta corporación ha
indicado, entre otros en los fallos SU-573 de 2019, SU-257 de 2021, SU-215 de
2022, SU-269 de 2023 y SU-451 de 2024, que el examen de procedencia debe
realizarse de forma más rigurosa o estricta. Eso no significa que la tutela no sea
procedente, sino que en la evaluación adoptada por el juez constitucional tiene que
considerarse una argumentación cualificada, dada la importancia y el rol que
cumplen los órganos de cierre de cada jurisdicción dentro del sistema judicial. De
esta manera, cuando la tutela se dirige contra una decisión expedida por una alta
Corte, “además de cumplir con los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela y con los especiales de procedibilidad contra providencias judiciales, se
debe acreditar una irregularidad que contraríe abiertamente los mandatos
constitucionales, de tal manera que amerite la intervención urgente del juez de
tutela”.4

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

21. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 20055,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

22. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela

3
Cfr. SU-209 de 2021 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger)
4
Corte Constitucional, Sentencia SU-149 de 2021.
5
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07766-01
Accionante: Celina Esther Buelvas Ballestas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

debe verificar6; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela7, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional8 o el Consejo de Estado9, ni
una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP10; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable11 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Del requisito de relevancia constitucional

23. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.

24. La Corte Constitucional indicó12 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.

25. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el

6
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
7
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
8
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
9
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
11
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07766-01
Accionante: Celina Esther Buelvas Ballestas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

eventos en que se pretende reabrir el debate13: (i) el debate debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

26. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia14.

Análisis del caso en concreto

27. Con base en lo anterior, se examinará si la acción de tutela de la referencia
satisface los requisitos de procedencia formal. Descendiendo al caso concreto, se
verifica que la acción de tutela es improcedente por carecer de relevancia
constitucional, puesto que, a pesar de lo indicado por el juez de tutela de primera
instancia, en todo caso se trata de un ataque constitucional contra una sentencia
proferida por una autoridad judicial de cierre de la jurisdicción, concretamente el
Consejo de Estado, motivo por el cual, el tutelante tiene la carga argumentativa de
presentar argumentos dirigidos a mostrar una protuberante arbitrariedad por parte
del juez ordinario.

28. Este requisito no se traduce en una específica técnica argumentativa, pero si en
un deber transversal dirigido a mostrar que, la decisión judicial incurrió en una
protuberante arbitrariedad que amerite la intervención del juez constitucional. En el
caso concreto, el tutelante ataca la sentencia proferida en primera instancia por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, la cual, jurídicamente, no está vigente, pues
fue revocada por el fallo cuestionado proferido por la Subsección C de la Sección
Tercera. En primera instancia, el juez constitucional no se pronunció respecto a la
supuesta configuración de un defecto fáctico, pues este fue endilgado en el escrito
de amparo al fallo del tribunal. No obstante, en el recurso de impugnación se
reivindica un supuesto defecto fáctico en contra del fallo de la Subsección C de la
Sección tercera retomando las acusaciones que se habían realizado contra la
decisión del tribunal.

29. Esto, a criterio de esta Sala, evidencia que no se satisface la especial y
transversal carga argumentativa relacionada con una petición de amparo dirigida
contra un fallo de una alta corte. En el escrito de impugnación se insistió en un
defecto fáctico que no fue alegado en el escrito de amparo al fallo de la alta corte,
sino a la decisión del tribunal administrativo, el cual en todo caso no se encuentra
vigente, pues fue revocado, mostrando inconsistencia en el ataque contra la

13
Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07766-01
Accionante: Celina Esther Buelvas Ballestas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

decisión de la alta corte censurada, contrario al precedente constitucional respecto
a los ataques en sede de tutela contra decisiones de cortes de cierre.

30. Respecto de los cargos de defecto sustantivo y violación directa de la
constitución, esta Sala encuentra que, tampoco satisfacen el requisito de relevancia
constitucional en amparos dirigidos contra altas cortes, toda vez que se trata de
aseveraciones de índole legal fundamentado en interpretaciones subjetivas de
normas procesales que, en todo caso, si facultan al juez administrativo, en cualquier
instancia para declarar oficiosamente, la adecuación del medio de control y la
caducidad de la demanda. En esa medida, además de interpretaciones de nivel infra
constitucional fundamentado en supuestas vulneraciones legales, en todo caso, son
cargos que presentan una discrepancia de criterio con el fallo que resultó adverso
a sus pretensiones.

31. En lo que atañe al defecto fáctico, la Sala observa que tampoco se satisface,
pues la parte actora pretende cuestionar, por vía de tutela, la valoración probatoria
efectuada por el juez natural dentro del proceso ordinario, a pesar de que ese
escenario era el medio judicial idóneo para debatir la suficiencia, alcance y mérito
de las pruebas allegadas al expediente. En efecto, la controversia relativa a la
apreciación de los testimonios y de los demás elementos de convicción sobre la
forma en que se produjo el traspaso del vehículo fue, precisamente, materia del
proceso contencioso administrativo y de las decisiones adoptadas en sus instancias,
sin que se advierta que la accionante hubiera estado privada de oportunidades
procesales para discutir tales aspectos. De este modo, la tutela se presenta como
un mecanismo orientado a replantear un debate probatorio ya surtido y definido por
las autoridades judiciales competentes, lo cual desvirtúa su carácter residual y
excepcional, máxime cuando no se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable que justificara la intervención del juez constitucional

32. Por tal motivo, se modificará la sentencia de primera instancia, en cuanto negó
el amparo para en su lugar declarar improcedente, por las razones indicadas en
esta providencia. En cambio, se confirmará la decisión del juez de tutela de primera
instancia en cuanto negó la solicitud de desvinculación formulada por el Instituto de
Tránsito del Atlántico.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 19 de febrero de 2026, proferida por la
Sección Cuarta de la Corporación, en cuanto negó el amparo, en el sentido de
DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela por carecer de relevancia
constitucional.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07766-01
Accionante: Celina Esther Buelvas Ballestas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

SEGUNDO: CONFIRMAR la Sentencia del 19 de febrero de 2026, proferida por la
Sección Cuarta de la Corporación, respecto de la decisión de negar la solicitud de
desvinculación formulada por el Instituto de Tránsito del Atlántico.

TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.

CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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