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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07780-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07780-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07780-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

14 de mayo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07780-01
Demandante: Doris Analida Lozano Escobar

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 14 de mayo de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07780-01
Demandante: DORIS ANALIDA LOZANO ESCOBAR
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN A.

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Defecto sustantivo y por violación
directa de la Constitución. Improcedencia de la acción de tutela.
Requisito de inmediatez.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 23
de enero de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
que declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 4 de diciembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado, la señora Doris Analida Lozano Escobar pidió la protección de su derecho
fundamental al debido proceso y la aplicación de los principios de primacía de la realidad
y seguridad jurídica.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 5
de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, que confirmó la decisión de primera instancia de denegar las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001-33-35-008-2018-00417-00/01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló la siguiente pretensión:

PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la Sentencia proferida por el H. Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, el 5 de octubre de 2023 (Exp. 2018-00417-01),
por adolecer de Defecto Sustantivo y Violación Directa de la Constitución.

SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR que se mantenga en firme y con plenos efectos jurídicos la
Sentencia proferida por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“A”, el 2 de junio de 2022, por encontrarse ejecutoriada y ajustada a derecho.

TERCERO. ORDENAR la vinculación de la Beneficencia de Cundinamarca y el Consejo de Estado al
presente trámite.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

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www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07780-01
Demandante: Doris Analida Lozano Escobar

3.1. Actuación administrativa

Manifestó la parte actora que trabajó para la Beneficencia de Cundinamarca desde el 25
de agosto de 1995. Que, el 16 de enero de 2018, pidió a esa entidad el reconocimiento y
pago de las cesantías bajo el régimen retroactivo.

A través del oficio BEN-GG-50000-185 del 14 de marzo de 2018, la Beneficencia de
Cundinamarca denegó la petición relacionada en el párrafo anterior.

3.2. Actuación judicial

La señora Doris Analida Lozano Escobar promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Beneficencia de Cundinamarca para que se
declarara la nulidad del oficio BEN-GG-50000-185 del 14 de marzo de 2018. A título de
restablecimiento del derecho, pidió que se le reconocieran y pagaran las cesantías desde
el 25 de agosto de 1995, con base en el régimen retroactivo, más los correspondientes
intereses moratorios y las costas procesales.

La demanda se adelantó bajo el radicado 11001-33-35-008-2018-00417-00 y
correspondió al Juzgado Octavo Administrativo de Bogotá que, por sentencia del 29 de
junio de 2021, denegó las pretensiones, al considerar que la demandante no tenía
derecho a que se liquidaran sus cesantías con el régimen retroactivo, debido a que
encontró probado que tuvo una primera vinculación del 25 de agosto de 1995 al 24 de
abril de 1996, que luego fue vinculada nuevamente el 7 de junio de 1996, con
posterioridad al límite previsto en el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, que resultaba
aplicable porque para esa época la entidad demandada pertenecía al sector salud.

Inconforme, la demandante apeló y manifestó que la entidad demandada no hacía parte
del sector salud, por lo que no se podía aplicar el artículo 242 de la Ley 100 de 1993,
que, además, la misión de la Beneficencia de Cundinamarca siempre fue de carácter
social, encaminada a la prestación de asistencia relacionada con la niñez, la juventud y
los adultos mayores.

Que las funciones que cumplía no guardaban relación con la prestación del servicio de
salud, que el cargo que desempeñaba era de profesional universitario y se encargaba de
elaborar planes de acción, gestión y desarrollo, actualización de archivos, formulación de
proyectos, entre otros.

Que la población atendida por la Beneficencia de Cundinamarca en los programas de
prevención, rehabilitación, formación integral, subsidio de alimentos y asistencia social
se encontraba afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud y era atendida por las
correspondientes IPS, porque la entidad demandada no era prestadora del servicio de
salud y sus trabajadores no pertenecían a ese sector.

Por sentencia del 2 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, revocó la decisión apelada, para, en su lugar, acceder
a las pretensiones de la demanda.

Sin embargo, esa decisión fue dejada sin efectos por la sentencia del 28 de agosto de
2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en la acción
de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-01788-01.

En razón a lo anterior, el 5 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dictó sentencia de reemplazo en la que
confirmó la decisión de primera instancia de denegar las pretensiones de la demanda
promovida por la señora Doris Analida Lozano Escobar, básicamente por las mismas
consideraciones del a quo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07780-01
Demandante: Doris Analida Lozano Escobar

El 17 de junio de 2024, la demandante presentó recurso extraordinario de revisión contra
la sentencia del 5 de octubre de 2023, en el que argumentó, con fundamento en la causal
de revisión prevista en el numeral 1.º del artículo 250 del CPACA1, que, posterior a que
se dictara la mencionada sentencia, la Beneficencia de Cundinamarca profirió el oficio
20232000023551 del 23 de noviembre de 2023 que contradecía la tesis acogida en la
providencia cuestionada.

El recurso extraordinario se adelantó bajo el radicado 11001-03-25-000-2024-00260-00 y
correspondió al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que, por auto del
29 de julio de 2024, lo rechazó de plano, porque el señalado oficio era una prueba nueva
que de ninguna manera podía ser debatida dentro del proceso ordinario, puesto que fue
expedida luego de su culminación y la causal alegada estaba relacionada con un medio
de convicción preexistente.

Inconforme, la demandante presentó recurso de súplica, pero la decisión fue confirmada
por auto del 26 de junio de 2025, básicamente por las mismas consideraciones.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumplía
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En concreto, respecto al requisito de inmediatez, dijo que se encontraba
acreditado debido a que la solicitud de amparo se había presentado dentro de un plazo
razonable contabilizado desde la notificación del auto del 26 de junio de 2025, que
resolvió el recurso de súplica que interpuso contra el proveído del 29 de julio de 2024,
por medio del cual se rechazó el recurso extraordinario de revisión que promovió contra
la sentencia del 5 de octubre de 2023.

En cuanto al fondo del asunto, alegó que la autoridad judicial demandada incurrió:

Defecto sustantivo por aplicación indebida de las Leyes 100 de 1993 y 10 de 1990, bajo
el supuesto de que la Beneficencia de Cundinamarca pertenecía al sector salud. Dijo que
el tribunal demandado no debió aplicar esas normas, porque la propia entidad en un
documento posterior confesó que no pertenecía al sector salud.

Que, en consecuencia, los supuestos de hechos que configuraban esas normas no se
acreditaban en su caso, por lo que la decisión cuestionada resulta arbitraria y
desproporcionada.

Violación directa de la Constitución porque la autoridad judicial demandada
desconoció el principio de primacía de la realidad sobre las formas y trasgredió su
derecho fundamental al debido proceso.

5. Intervenciones

Uno de los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, señaló que la acción de tutela incumplía el requisito de
inmediatez y que los argumentos de la solicitud de amparo ya habían sido resueltos en
el recurso extraordinario de revisión que promovió la demandante contra la sentencia
acusada.

La Beneficencia de Cundinamarca pidió que se declarara improcedente la acción de
tutela, que se denegara el amparo deprecado, que se rechazaran las pretensiones de la
parte actora y que se mantuviera incólume la sentencia controvertida.

1 Artículo 250. Causales de Revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales

de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera
podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito
o por obra de la parte contraria.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07780-01
Demandante: Doris Analida Lozano Escobar

Dijo que la acción de tutela carecía de sustento fáctico y jurídico. Que ha actuado
conforme al ordenamiento y dentro del marco de sus competencias legales. Que no ha
vulnerado los derechos fundamentales invocados. Que no se advertían actuaciones
arbitrarias. Que para la fecha de ocurrencia de los hechos sí prestaba servicio de salud,
como fue valorado por los jueces ordinarios.

Que no era admisible afirmar que su naturaleza o las actividades que desarrollaba en el
año 1995 debían definirse con fundamento en una certificación expedida en el año 2023.

El Juzgado Octavo Administrativo de Bogotá se limitó a compartir el enlace del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-008-2018-
00417-00/01; sin embargo, nada dijo sobre el fondo del asunto.

6. Sentencia Impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, declaró improcedente la solicitud
de amparo por incumplir el requisito de inmediatez, al considerar que la sentencia
cuestionada fue notificada el 25 de octubre de 2023 y el escrito de tutela fue radicado el
5 de diciembre de 2025, por lo que, a su juicio, no se ejerció oportunamente la acción
constitucional.

7. Impugnación

La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, conceder el amparo solicitado.

Argumentó que el requisito de subsidiariedad constituía una condición obligatoria para
interponer la acción de tutela. Que su actuación no fue negligente porque antes de
presentar la solicitud de amparo agotó el recurso extraordinario de revisión.

Que la decisión que puso fin al trámite del recurso extraordinario de revisión quedó
ejecutoriada el 10 de julio de 2025, cuando se resolvió el recurso de súplica que presentó.
Que no se podía contabilizar la inmediatez mientras estuvieran en trámite los recursos
que el ordenamiento jurídico le exigía promover para cumplir con el requisito de
subsidiariedad.

Que fundamentó su recurso extraordinario de revisión en una prueba nueva y
trascendente, en la que la Beneficencia de Cundinamarca confesó que no era una entidad
prestadora del servicio de salud, que fue expedida luego de que se dictó el fallo que
cuestiona. Que actuó bajo la convicción de que el recurso extraordinario de revisión era
el medio idóneo para que se tuviera en cuenta un hecho nuevo que desvirtuaba la tesis
de los jueces ordinarios.

Que la controversia no se resolvió de manera definitiva en la sentencia acusada, sino que
permaneció hasta que se clausuró el recurso extraordinario de revisión el 26 de junio de
2025. Que la providencia controvertida solo se tornaba inimpugnable con el auto que
resolvió el mencionado recurso de súplica.

Que no era dable que se desestimara la acción de tutela porque no propuso reparos
contra los autos dictados en el trámite del recurso de revisión, puesto que el objeto de su
solicitud de amparo era el fallo de fondo del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que desconoció el régimen de cesantías, con fundamento en una premisa fáctica
falsa, en la que se tuvo a la Beneficencia de Cundinamarca como una entidad
perteneciente al sector salud.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07780-01
Demandante: Doris Analida Lozano Escobar

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela.

La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, por cuanto la acción de tutela no
satisface el requisito de inmediatez.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la inmediatez y, finalmente, (iii) analizará el caso
concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La inmediatez

La inmediatez es un requisito de procedibilidad que el juez debe examinar, antes de
pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial, con el
fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna.

La inmediatez, en todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de la
acción de la tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un
término razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente, la
exigencia tiene razón de ser porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de derechos fundamentales y, por ende, se espera que el
interesado la ejerza en un tiempo razonable, prudencial, sin demora.

Ese mismo entendimiento ha sido expuesto por la Corte Constitucional, que ha señalado
que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en
riesgo de los derechos fundamentales del interesado y la presentación de la demanda4,
en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no solo tiene
que ver con la urgencia, sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a los
derechos de los terceros que pudieran resultar afectados.

Ahora, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses, contados a partir
de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término razonable para
ejercer la acción de tutela, en consideración a « la naturaleza del acto jurisdiccional, los
plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra
las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas
resueltas logren certeza y estabilidad»5.

2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4 Sentencia T- 123 de 2007.
5 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Ex. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina

Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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4. Análisis del caso concreto

En el sub lite, la Sala advierte que la parte actora pretende que se deje sin efectos la
sentencia del 5 de octubre de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que confirmó la decisión de primera
instancia de denegar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió contra la Beneficencia de Cundinamarca.

Ahora bien, consultado el expediente con radicado 11001-33-35-008-2018-00417-00/01
en el aplicativo Sistema para la Gestión Judicial SAMAI, se advierte que la providencia
del 5 de octubre de 2023 fue comunicada a las partes por correo electrónico del 25 de
octubre de 2023, de modo que fue efectivamente notificada el 27 de octubre siguiente,
en atención al numeral segundo del artículo 2056 del CPACA.

Por su parte, la demanda de tutela fue presentada el 4 de diciembre de 2025, esto es
luego de dos años, un mes y siete días de haberse notificado la providencia objeto de
tutela, término que supera el plazo razonable previsto por la Sala Plena de esta
Corporación.

En este caso, sin embargo, no se advierte alguna circunstancia de modo, tiempo o lugar
que justifique la demora en presentar la acción de tutela y la demandante tampoco la
expone.

Si la parte demandante estimaba que la sentencia del 5 de octubre de 2023 vulneró sus
derechos fundamentales, lo propio era que presentara la acción de tutela tan pronto como
fuera notificada. Cuando se cuestionan providencias judiciales, la oportunidad de la
solicitud de amparo se determina a partir del momento en que se notifica la providencia
acusada, pues la notificación supone que las partes tienen conocimiento de las
decisiones judiciales.

La Sala no desconoce que la demandante presentó un recurso extraordinario de revisión;
sin embargo, ese recurso no constituye una unidad procesal con el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho objeto de la presente acción de tutela. Adicionalmente, de
acuerdo con lo previsto en el parágrafo del 253.° artículo del CPACA, el recurso
extraordinario de revisión no impide la ejecución de la sentencia y, en todo caso, en la
solicitud de amparo no se presentaron cargos respecto de los autos dictados en el
mencionado recurso extraordinario elevado por la parte actora.

De hecho, lo anterior es congruente con decisiones adoptadas previamente por esta Sala,
en casos en los que se ha pretendido que se compute el plazo razonable previsto por la
Sala Plena de esta Corporación desde el auto que rechaza por improcedente un recurso
extraordinario de unificación7.

En consecuencia, el trámite impartido al recurso extraordinario de revisión promovido por
la demandante no tiene la virtualidad de modificar el conteo del plazo razonable previsto
para interponer acciones de tutela contra providencias judiciales.

Siendo así, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para confirmar la decisión
de primera instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

6 La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas:[…] 2. La notificación de la
providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los
términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».
7 Sentencia del 30 de octubre de 2025, acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-03378-01

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Demandante: Doris Analida Lozano Escobar

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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