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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07785-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07785-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33- 000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07785-01 Actor: JHON ERIK LÓPEZ GUZMÁN SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07785-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07785-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JHON ERIK LÓPEZ GUZMÁN

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ LA
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO FRENTE A LA
PRESUNTA MORA JUDICIAL ALEGADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: TUTELA JUDICIAL EFECTIVA,
DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 22 de enero de 2026, proferida por la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1 que

declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

I.– ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor JHON ERICK LÓPEZ GUZMÁN, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

1
En adelante SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”-.

2

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Actor: JHON ERIK LÓPEZ GUZMÁN

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y al

acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados

por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE

ESTADO2 por presunta mora judicial al no haber tramitado ni

decidido la acción de tutela identificada con el número único de

radicación 2025-07379-00.

I.2.- Hechos

Indicó que el 21 de noviembre de 2025 presentó acción de tutela

contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, el

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ y la

sociedad POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., la cual fue

identificada con el número único de radicación 2025-07379-00.

Señaló que el mencionado proceso le correspondió a la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- y el 24 de noviembre de 2025,

ingresó al despacho del magistrado JORGE EDISON

PORTOCARRERO BANGUERA, razón por la que al advertir que no

se había admitido, mediante escritos de 1o. y 4 de diciembre de ese

año, radicó medida cautelar y solicitó que se le informara sobre el

2
En adelante SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”-.

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trámite impartido en la acción constitucional, respectivamente.

Sostuvo que, a la fecha de presentación de la acción de tutela de la

referencia, han transcurrido más de 10 días y no se ha admitido la

solicitud de amparo cuestionada, situación que, a su juicio, vulnera

sus derechos fundamentales.

I.3.- Pretensiones

El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia, se ordene:

“[…] PRIMERO: AL CONSEJERO DE ESTADO JORGE EDISON
PORTOCARRERO BANGUERA CONSEJO DE ESTADO (SECCION
SEGUNDA, SUBSECCION B) DENTRO DEL TRAMITE DE TUTELA
11001031500020250737900) que en forma inmediata y en
cumplimiento de sus deberes constitucionales como legales e
funcionario judicial consagrados en la Constitución Nacional en su
artículo 4 inciso segundo, artículo 29, artículo 86, artículo 228,
artículo 229, artículo 230 inciso primero, en consonancia con
lo consagrado en el artículos 1, 2, 4, 7 y 9 de la ley 270 de 1996
(Los tres primeros artículos nombrados fueron modificados
por la ley 2430 de 2024) emita decisión sobre la acción de tutela
que presente en contra del CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RAMA JUDICIAL.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DIRECCION SECCIONAL
DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BOGOTA Y ARL POSTIVA y
VINCULADA MINISTERIO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

SEGUNDO: Prevenir al accionado para que se abstenga de incumplir
la orden judicial que se emita y se abstenga de continuar con su
conducta vulneradora de mis derechos fundamentales, instándolo
para que cumpla con sus deberes impuestos en la Constitución
Nacional en su artículo 4 inciso segundo, artículo 29, artículo
86, artículo 228, artículo 229, artículo 230 inciso primero, en
consonancia con lo consagrado en el artículos 1, 2, 4, 7 y 9 de
la ley 270 de 1996 (Los tres primeros artículos nombrados
fueron modificados por la ley 2430 de 2024) […]” (Negrillas del
texto original).

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I.4. Defensa

I.4.1.- La SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- solicitó

declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez

que a través de providencia de 25 de noviembre de 2025, se admitió

la acción de tutela identificada con el número único de radicación

2025-07379-00 y, por lo tanto, a su juicio, la circunstancia que dio

origen a la presunta amenaza desapareció.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”-, mediante sentencia

de 22 de enero de 2026, declaró la carencia actual de objeto por

hecho superado frente a la presunta mora judicial invocada por el

accionante, por considerar que con el trámite impartido se superaba

la situación que motivó la presente acción de tutela.

Para el efecto, precisó que, al revisar el proceso en el sistema de

gestión -SAMAI-, se evidenciaba que la acción de tutela censurada

ingresó por reparto al despacho del magistrado ponente el 24 de

noviembre de 2025 y el 15 de diciembre de esa anualidad se registró

auto admisorio fechado 25 de noviembre del mismo año. Además,

que el 15 de enero de 2026 entró el expediente al despacho para

proferir sentencia.

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III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia de tutela proferida en primera instancia

y solicitó que se revoque, toda vez que, a su juicio, no le asistió razón

al a quo al declarar la carencia actual de objeto por hecho superado,

por cuanto hasta el momento de presentar el recurso de impugnación

la autoridad judicial accionada sigue sin proferir sentencia dentro de

la acción constitucional objeto de estudio.

Resaltó que no se explica porque si supuestamente el auto admisorio

es de 25 de noviembre de 2025 no aparece firmado en esa fecha,

sino el 15 de diciembre de ese año, lo que demuestra, en su sentir,

las graves irregularidades que se han dado dentro del trámite de

tutela identificada con el número único de radicación 2025-07379-00.

Por último, insistió en que continúa la vulneración de sus derechos

fundamentales, pues la mencionada acción de tutela debió ser fallada

el 5 de diciembre de 2025, según los términos que establece la

normativa, lo que comprueba que los hechos que originaron la

presentación de la acción constitucional de la referencia no han

desaparecido.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

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La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso Concreto

En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de

3
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la tutela judicial

efectiva, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,

los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA -

SUBSECCIÓN “B”- por la presunta mora judicial injustificada en la

que ha incurrido al no haber tramitado ni decidido la acción de tutela

identificada con el número único de radicación 2025-07379-00.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- que, mediante sentencia

de 22 de enero de 2026, declaró la carencia actual de objeto por

hecho superado, por considerar que al haberse resuelto sobre la

admisión de la acción constitucional objeto de estudio, se superó la

situación que motivo la presentación de la solicitud de amparo de la

referencia.

En su impugnación el actor insistió en que continuaba la vulneración

de sus derechos fundamentales, toda vez que hasta la fecha la

autoridad judicial accionada no había proferido sentencia de primera

instancia.

En ese orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- vulneró los derechos fundamentales

del actor, al incurrir en una presunta mora judicial dentro de la acción

de tutela identificada con el número único de radicación 2025-07379-

00, conforme a los argumentos expuestos en la impugnación.

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De la mora judicial

Esta figura ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y

estructural […]”4 que impide el disfrute efectivo del derecho de

acceso a la administración de justicia y que se presenta como

resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la

capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la

solución de los procesos.

Sobre este tema, la Corte Constitucional5 ha sostenido que el no

cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no

implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida

cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar

los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar

prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar

irrazonablemente la justicia como valor superior y principio

constitucional.

En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora, para

determinar si esta es justificada o no, dado que es necesario que

concurran determinadas circunstancias para tenerla como

injustificada.

4
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María
Victoria Calle Correa.
5
Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño

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Al respecto, la Corte6 ha manifestado en forma reiterada que:

“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos
fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la
razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del
incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del
ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable,
lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente
y la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo
o justificación razonable de la demora7. Advirtió, además, que
(iv) el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de
todos los medios posibles para evitar el detrimento de las
garantías de acceso a la administración de justicia y debido
proceso, concluyendo que:

“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del
plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto
que son estos los criterios que se deben analizar para determinar
si acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y
por ende al acceso a la administración de justicia. En esa
medida, la mora judicial se justifica cuando:

• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se
demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez
que los atiende.

• Se constata la existencia de problemas estructurales, de
exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser
catalogadas como imprevisibles e ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario
encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha
obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.”8.

13.5. En la providencia T-230 de 20139, que abordó un caso de
presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte
Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un
proceso ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una
sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario
a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia
cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos

6
Ibidem.
7
«Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T-297 de 2006 (MP Jaime
Córdoba Triviño - unánime)».
8
«En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la
providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el
sancionado se encontraba justificada».
9
«MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».

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señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii)
no existe un motivo razonable que justifique dicha demora,
como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii)
la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las
funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala,
además, que ante casos de mora judicial injustificada, la acción
de tutela era procedente cuando (1) se cumpliera el requisito de
subsidiariedad y (2) se acreditara la existencia de un perjuicio
irremediable, advirtiendo que, (iii) el remedio, consistente en la
alteración del turno, era excepcional10.

También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la
mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la
Corte (i) niega la protección constitucional11, en otros, (ii)
ordena la alteración del turno, cuando quiera que se está ante
sujetos de especial protección y/o vulnerabilidad12; y, en otros,
(iii) dispone un amparo transitorio13.

13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente,
la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394
de 201614, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo
razonable, por desconocimiento del término, es objeto de
amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora
judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.

La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera
que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii)
no existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii)
la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.

Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el

desconocimiento de los términos procesales, en un asunto particular,

conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el debido

proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida

10
«Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C-543 de 1992, en casos de
mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que
implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón,
Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)».
11
«Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T-
243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto -
unánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)».
12
«Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)».
13
«T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)».
14
«MP Gloria Stella Ortiz Delgado».

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es justificada o no, pero, particularmente, si tal situación es atribuible

a la falta de diligencia del funcionario encargado de la resolución del

litigio.

Descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra que, según la

información relacionada en la sede electrónica para la gestión

judicial, SAMAI, la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”-

profirió sentencia de primera instancia de 23 de enero de 2026 dentro

de la acción de tutela identificada con el número de radicación 2025-

07379-00 objeto de debate, la cual se encuentra en trámite de

notificación, como se observa a continuación:

En virtud de lo anterior y conforme a las circunstancias fácticas

mencionadas, la Sala advierte que, si bien no comparte la decisión

del a quo de haber declarado la carencia actual de objeto por hecho

superado, pues al momento de proferirse la decisión de primera

instancia aún no se había fallado la acción de tutela identificada con

el número único de radicación 2025-07379-00, hay lugar a

confirmarla, toda vez que, estando en trámite la presente

impugnación, la autoridad judicial accionada dictó sentencia el 23 de

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enero de 2026, decisión que fue notificada a las partes el 20 de

febrero de este año.

Así las cosas, comoquiera que la finalidad de la presente solicitud de

amparo era que se diera trámite y se decidiera la acción de tutela

promovida por el actor contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA, la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, el CONSEJO SECCIONAL DE LA

JUDICATURA DE BOGOTÁ y la sociedad POSITIVA COMPAÑÍA

DE SEGUROS S.A., lo cual, se reitera, ya sucedió en el trámite de la

acción constitucional de la referencia, se advierte que las

circunstancias fácticas que generaron la presunta vulneración

desaparecieron y se entiende que se ha configurado la carencia

actual de objeto, por hecho superado.

Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia

actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la

sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad

material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna

orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han

sido encomendados»15. Y en la misma sentencia se precisó que el

fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las

siguientes figuras:

15
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la vulneración
que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que
con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se
concrete el peligro, no es factible que el juez constitucional dé una
orden al respecto.

El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la violación
o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo es
procedente el resarcimiento del daño originado por la violación del
derecho. Cuando al momento de la interposición de la acción de
tutela el daño ya está consumado, por regla general, esta resulta
improcedente, puesto que dicha acción tiene una finalidad
preventiva y no indemnizatoria.

(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en el
que, entre el momento en que se interpone la demanda de
amparo y el fallo se evidencia que, como producto del obrar
de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los
derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la
conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por
tanto, se superó la afectación y resulta inocua cualquier
intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr
la protección de unos derechos que, en la actualidad, no se
encuentran afectados ni amenazados (regulada en el artículo 26
del Decreto 2591 de 1991) .

(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta en
casos en que como producto del acaecimiento de una situación
sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la parte
demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea
porque el actor asumió la carga que no le correspondía, porque a
raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de la litis, o por
cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la intervención del
juez de tutela […]”16. (Se resalta).

En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales

se ha dado cumplimiento a lo perseguido por la parte actora, ha

indicado lo siguiente:

“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite cesan o
desaparecen los motivos que generan la amenaza o la vulneración, o
su consumación impide el ejercicio del derecho, el objeto o la

16
Ibídem.

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pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde su efecto
necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que justifica la
intervención preferente del juez constitucional. Se sigue de lo dicho,
que la carencia actual de objeto se presenta a través de dos eventos,
a saber: el hecho superado y el daño consumado. El primero acaece
cuando se supera la afectación de tal manera que el pronunciamiento
del juez pierde su finalidad constitucional por cuanto la decisión que
pudiere adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento en
que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con ello no se
va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia constitucional lo
explica así: La carencia actual de objeto por hecho superado se da
cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y
el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida
en la demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial
en tal sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”17.

Consecuente con lo anterior, para la Sala se impone confirmar la

sentencia impugnada que declaró la carencia actual de objeto por

hecho superado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva

de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33-
000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda. Demandado: Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad.

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15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07785-01
Actor: JHON ERIK LÓPEZ GUZMÁN

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de febrero de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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