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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07791-00

Fecha
23 de enero de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07791-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Aceptar a las señoras Betty Janeth Arciniegas Mantilla, Laura Marcela González Arciniegas y Karen Liseth Arciniegas Hernández como coadyuvantes de la parte accionante, de acuerdo con lo expuesto en precedencia. Segundo: Negar la solicitud de desvinculación presentada por la E.S.E Hospital Regional de García Rovira, de conformidad con lo expuesto en el presente proveído. Tercero: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Félix Ricardo Arciniegas Mantilla, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva. Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Quinto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07791-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

23 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07791-00
Accionante: Félix Ricardo Arciniegas Mantilla
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
reparación directa

Decisión: Declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento de los
requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de
tutela1 presentada por el señor Félix Ricardo Arciniegas Mantilla, quien actúa por
conducto de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo de Santander,
por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, igualdad, familia y reparación integral, ocurrida con la
expedición de la sentencia del 5 de junio de 2025, al interior del medio de control de
reparación directa del derecho con radicado 68001-33-33-008-2015-00380-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. En el mes de julio de 2013 la señora Claudia Rocío Aparicio Guzmán se enteró que
estaba embarazada, razón por la que asistió a los controles prenatales cada mes, en
los que le solicitó al médico tratante que le practicara una cesárea, pero siempre se
negó a realizar dicho procedimiento.

3. El 8 de abril de 2014 ingresó al servicio de urgencias y la doctora que la atendió le
practicó un monitoreo y un tacto, pero al encontrar que tenía 2 cm de dilatación, le
recomendó ir a casa, descansar, tomarse un baño y caminar, al día siguiente ingresó
nuevamente en horas de la mañana por urgencias, en donde le practicaron un
monitoreo que salió bien, y un tacto que arrojó que continuaba con 2 cm de dilatación,
ese día permaneció hospitalizada y durante ese lapso le hicieron varios monitoreos y
tactos, pero antes de las 5 de la mañana del día 10 de abril de 2014 le realizaron un
nuevo monitoreo en el que no se encontraron signos vitales, y en ese sentido, se le
practicó una nueva ecografía en la que se le informó de la muerte de la bebé, por esta
razón le practicaron la cesárea.

1 Acción de tutela presentada el 4 de diciembre de 2025.

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4. Por lo tanto, los señores Félix Ricardo Arciniegas Mantilla, Claudia Rocío Aparicio
Guzmán y otros2, en ejercicio del medio de control de reparación directa demandaron
a la E.S.E. Hospital Regional de García Rovira y Comparta EPS para que se les
declarara patrimonialmente responsables por la falla del servicio médico, con ocasión
del fallecimiento del nasciturus ocurrido el día 10 de abril de 2014.

5. El proceso correspondió al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Bucaramanga, autoridad judicial que, mediante sentencia del 27 de septiembre de
2019 resolvió negar las pretensiones de la demanda, al considerar que no se probó
que la muerte del nasciturus haya sido consecuencia de una atención negligente por
parte del Estado.

6. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia
del 5 de junio de 2025 resolvió revocar la decisión de primera instancia, en
consecuencia, acceder a las súplicas de la demanda respecto de los señores Claudia
Rocío Aparicio Guzmán y Jemver Manuel Flórez Aparicio en calidad de madre y
hermano de la bebé fallecida respectivamente y negar las demás pretensiones.

7. Asimismo, declaró patrimonialmente responsable a la E.S.E. Hospital Regional de
García Rovira y la condenó a pagar perjuicios morales a favor de la señora Claudia
Rocío Aparicio Guzmán y Jemver Manuel Flórez Aparicio, con fundamento en el
deficiente control y vigilancia por parte del centro hospitalario respecto de la señora
Aparicio Guzmán en su condición de mujer con un embarazo a término de 41 semanas
de gestación, pues transcurrieron nueve horas desde que la paciente alertó no sentir
a la bebé hasta que decidió el equipo médico intervenir.

8. En cuanto a los señores Félix Ricardo Arciniegas Mantilla y Beatriz Mantilla de
Arciniegas quienes alegaron respectivamente la calidad de padre y abuela paterna de
la bebé, precisó que, si bien allegaron los registros civiles de nacimiento de estos, lo
cierto es que, no había prueba de que el primero en mención fuera el progenitor de la
bebé y de contera la abuela paterna.

2.2. Fundamento jurídico

9. La parte actora, indicó que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico por omisión en
la valoración de la partida de matrimonio «Diócesis de la Málaga, Soata – Parroquia -
Catedral Inmaculada Concepción de Málaga», la cual era determinante para
demostrar la relación existente entre la señora Claudia Rocío Aparicio Guzmán y el
señor Félix Ricardo Arciniegas Mantilla, que hacía parte de una «composición familiar
surgida como fruto del matrimonio», material probatorio que, a su juicio, se aportó
como anexo con la demanda ordinaria. Sin embargo, la autoridad judicial accionada
no valoró.

10. En ese sentido, sostuvo que presumir que el accionante no era el padre constituía
una forma de revictimización de la madre, quien, además de haber perdido a su hija

2 Jemver Manuel Flórez Aparicio, Beatriz Mantilla de Arciniegas, Carmen Cecilia Aparicio Guzmán, Deisy Paola

Molina Aparicio, Leidy Cecilia Molina Aparicio, Jefferson Mauricio Molina Aparicio, Ciro Antonio Aparicio Guzmán,
Johna Camilo Aparicio Delgado, Brayan Antonio Aparicio Delgado, Omar Sánchez Guzmán, Omar Darío Sánchez
Sepúlveda, Jaydi Yurany Sánchez Sepúlveda, Darwin Yesid Sánchez Sepúlveda, Flor Alba Sánchez Guzmán,
Rubén Darío Castro Sánchez, Lisbeth Tatiana Castro Sánchez, Luis Alcides Aparicio Guzmán, Angie Catherine
Aparicio Badillo, Luisa Fernanda Aparicio Badillo, Reinaldo Arciniegas Mantillas, Karen Liseth Arciniegas
Hernández, Betty Janeth Arciniegas Mantilla y Laura Marcela González Arciniegas.

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como consecuencia de una presunta responsabilidad médica, se veía obligada a
identificar quién era el padre.

11. Finalmente,la parte actora, si bien alega que la decisión adolece de un
desconocimiento de precedente judicial, violación directa de la Constitución y
procedimental absoluto, lo cierto es que en el escrito de la demanda simplemente se
enunciaron.

2.3. Pretensiones

12. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)
1. Que se tutela el derecho fundamental a la igualdad proceso por error en La
valoración de la prueba y aplicación las disposiciones legales Art. 1 de la Ley
1060 de 2006 que modificó el art. 213 del Código Civil- debido proceso y
acceso a la administración de justicia, a la familia y a la reparación integral,
por cuanto se me exige para el reconocimiento de un daño moral un medio de
prueba imposible adicional al que en el proceso ordinario se demostró.

2. Que se ordene a la accionada a reconocer los perjuicios inmateriales de mi
poderdante.» (Sic)

2.4. Intervenciones

13. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 10 de diciembre
de 2025 en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Santander como
accionado y al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bucaramanga,
Comparta EPS-S, E.S.E Hospital Regional de García Rovira, los señores Claudia
Rocío Aparicio Guzmán, Jemver Manuel Flórez Aparicio y a todos los demás
vinculados al proceso en cuestión como terceros interesados en el resultado del
proceso.

14. El Tribunal Administrativo de Santander manifestó que la decisión cuestionada
carece del requisito de relevancia constitucional, en la medida que lo que pretendía la
parte actora con su interposición es una instancia adicional para reabrir el debate ya
zanjado por el juez natural.

15. Precisó que todas las pruebas obrantes en el expediente fueron debidamente
valoradas, lo que le permitió inferir que la señora Claudia Rocío Aparicio Guzmán era
la madre de la bebé, y en ese sentido, se acreditó el vínculo con el nasciturus, aspecto
que no ocurrió con el aquí accionante, pues de la unión matrimonial no se puede
presumir dicho vínculo con la bebé fallecida.

16. Por lo tanto, considera que la argumentación esgrimida por el accionante se
sustentó en percepciones subjetivas que no encuentran respaldo en la evidencia
obrante en el expediente. En ese sentido, no advirtió, entonces, irregularidad alguna
en el análisis crítico de las pruebas que permita predicar la configuración del defecto
alegado.

17. Con ocasión de lo anterior, pidió que se declara improcedente la acción de tutela,
o, en su defecto se deniegue el amparo.

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18. La E.S.E Hospital Regional de García Rovira solicitó ser desvinculado por falta
de legitimación en la causa por pasiva; así como también que se declare la
improcedencia por falta de los requisitos de procedibilidad contra providencias
judiciales, particularmente, hizo referencia al de relevancia constitucional porque lo
que se pretende con su interposición es una instancia adicional.

19. Máxime cuando la parte actora tenía a su disposición el recurso extraordinario de
revisión contemplado el artículo 248 del CPACA y las causales descritas en el artículo
250 ibidem.

20. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

21. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa.

3.2.1. De la solicitud de coadyuvancia

22. Por conducto de apoderado judicial, las señoras Betty Janeth Arciniegas
Mantilla, Laura Marcela González Arciniegas y Karen Liseth Arciniegas Hernández
solicitaron ser vinculadas al proceso como coadyuvantes del accionante dentro de la
demanda de tutela, figura respecto de la cual el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991,
dispone:

«ARTICULO 13.- Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La
acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado
en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su
autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de
lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción
se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en
él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien
se hubiere hecho la solicitud». (negrillas de la Sala).

23. Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que «(…) la coadyuvancia surge
en los procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el
resultado del proceso que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos
expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda
realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas
por el demandante (…)»3.

24. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala tendrá como coadyuvantes a las señoras
Betty Janeth Arciniegas Mantilla, Laura Marcela González Arciniegas y Karen Liseth
Arciniegas Hernández en los términos señalados en precedencia, sin que ello implique

3
Corte Constitucional, sentencia T-062 de 2010.

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la posibilidad de realizar planteamientos o reclamaciones distintas a las formuladas
en la demanda de tutela, toda vez que una vez revisado el material probatorio allegado
al proceso se tiene que hicieron parte en el proceso ordinario en cuestión.

3.2.2. Desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva

25. La E.S.E Hospital Regional de García Rovira solicitó ser desvinculada del presente
proceso, al respecto, la Sala no encuentra mérito suficiente para acceder a dicha
pretensión, toda vez que analizado el material probatorio se tiene que dicha entidad
hizo parte del proceso ordinario, por ende, procederá la Sala a negar la solicitud de
desvinculación.

3.3. Problema jurídico

26. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar
si el Tribunal Administrativo de Santander, al proferir la sentencia del 5 de junio de
2025, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad, familia y reparación integra, al incurrir en los
defectos fáctico, desconocimiento de precedente judicial, violación directa de la
Constitución y procedimental absoluto.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

27. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015. Fue
creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas,
cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por
particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado,
siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer
tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o
subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

28. De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

29. En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,

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aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

3.4.1. Del requisito de subsidiariedad

30. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determinó
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto
2591 de 1991.

31. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que resultan
idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

32. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia4.

33. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el cual
se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.

3.5. Análisis del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

34. En el asunto bajo estudio se tiene que la parte actora alega un defecto fáctico,
toda vez que la autoridad judicial accionada omitió valorar la partida de matrimonio
«Diócesis de la Málaga, Soata – Parroquia -Catedral Inmaculada Concepción de
Málaga», la cual era determinante para demostrar la relación existente entre la señora
Claudia Rocío Aparicio Guzmán y el señor Félix Ricardo Arciniegas Mantilla, material
probatorio que se aportó como anexo con la demanda ordinaria, pero que no se valoró.

35. Sin perjuicio de lo expuesto, la tesis de esta Subsección indica que dicho
planteamiento puede ser alegado a través del recurso extraordinario de revisión bajo
la causal 5.° del artículo 250 del CPACA5, razón por la que, para la Sala no se cumple

4
En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic) un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio
pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado
previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el
requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria
a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al
interior de cada una de las jurisdicciones».
5
Consultar entre otras la sentencia del 6 de noviembre de 2025, radicado: 11001-03-15-000-2025-04796-01.

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con el requisito de subsidiariedad frente a ese aspecto.

36. Así las cosas, dado que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario que
permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de
los derechos, ese reconocimiento obliga a los asociados a incoar los recursos
jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva de
sus derechos.

37. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional6 ha sido clara en reiterar que las
personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el
sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus
derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de la acción de tutela como vía
preferente o instancia judicial adicional de protección.

38. De tal modo, al no comprobarse la inminencia, ni existencia de un perjuicio
irremediable, no resulta procedente un estudio de fondo cuando no se han resuelto
los medios de defensa judicial procedentes, idóneos y efectivos para obtener el
amparo de sus derechos, razón por la cual es predicable la improcedencia de la
presente acción de tutela.

39. En ese orden de ideas, la Sala procederá a declarar la improcedencia de la
presente acción, por falta del requisito de subsidiariedad, pues, se reitera, dentro de
las facultades del juez constitucional no se encuentra la de sustituir las herramientas
judiciales idóneas para obtener la protección iusfundamental quebrantada, porque de
lo contrario, la acción de tutela se convertiría irremediablemente en un medio de
protección alternativo que lejos de amparar un derecho vulnerado, propiciaría un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones que le encomendó la Carta
a los jueces constitucionales.

3.4. Del requisito de relevancia constitucional como requisito de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales

40. En lo que tiene que ver con el requisito de relevancia constitucional la Corte
Constitucional, ha establecido que se entiende satisfecho cuando la controversia
objeto de tutela trata de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido,
alcance y goce de un derecho fundamental o un principio constitucional y ha precisado
que es imperativo que se demuestre de forma marcada e indiscutible que se cumple
con el referido requisito7. La finalidad de esta exigencia es la de preservar la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional e
impedir que la acción de tutela se torne en una instancia o recurso adicional de los
procesos ordinarios.

41. Sobre el particular, el alto tribunal en materia constitucional, en Sentencia SU-215
de 2022, estableció los siguientes criterios para determinar si se cumple con el referido
requisito:

6 Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional.
7 Cfr. Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019 y T-140 de

2022, proferidas por la Corte Constitucional.

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42. Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no meramente legal
y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la determinación de aspectos
legales de un derecho, derivados de la correcta interpretación o aplicación de una
norma de rango legal o reglamentario, y que el debate no sea estrictamente monetario
ni connotaciones particulares o privadas que no representen un interés general. 8

43. Asimismo, que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no
basta con que la parte actora alegue la violación al debido proceso, a la administración
de justicia o a la igualdad, sino que debe ir más allá «de la mera adecuación del caso
a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales», lo cual supone
justificar de manera razonada y clara la «existencia de una restricción
desproporcionada a un derecho fundamental»9.

44. Además, que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o un
recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios. Sobre este
punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela contra providencias
judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del fallo cuestionado. Por ende,
la intervención del juez constitucional solo se justifica si se verifica la existencia de
«una actuación ostensible arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
las garantías básicas del derecho al debido proceso».10

45. Finalmente, que la solicitud de amparo que pretenda la protección de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados, no se haya originado en el comportamiento
negligente u omisivo del accionante en el procedimiento judicial.11

3.5.1. Análisis del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

46. En el presente asunto tampoco se acredita el requisito de procedibilidad de
relevancia constitucional frente a los alegados defectos procedimental absoluto,
desconocimiento de precedente judicial y violación directa de la Constitución, pues no
resulta suficiente que la parte actora afirme de manera genérica que el Tribunal
incurrió en ellos, sin explicar las razones, pues, tratándose de cuestionamientos
dirigidos contra providencias judiciales le corresponde una carga mínima de
argumentación que en el presente asunto no se cumple. Máxime si se tiene en cuenta
que el mecanismo constitucional se presentó por conducto de apoderado judicial.

47. Al respecto, se tiene que la accionante se limitó a señalar de manera genérica que
el Tribunal incurrió en dichos defectos. Sin embargo, no expone de manera concreta
las razones por las cuáles considera que la decisión cuestionada adolece de tales
defectos, es decir, no precisó de qué manera estos incidieron de forma determinante
en la decisión adoptada con lo cual se vulneran los derechos fundamentales que se
invocan en protección.

48. En ese sentido, se advierte que, frente a los mencionados defectos, la acción de
tutela es improcedente porque carece de una argumentación mínima que permita un
estudio de fondo, en la medida que dicha falencia no puede ser sustituida por el juez

8 Cfr. Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.
9 Cfr. Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022.
10 Cfr. Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, entre otras.
11 Cfr. Sentencias SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.

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constitucional, pues, si bien el presente mecanismo constitucional se caracteriza por
la flexibilización de las formalidades para garantizar los derechos fundamentales, lo
cierto es que, como se indicó en precedencia, al tratarse de cuestionamientos dirigidos
contra providencias judiciales, recae sobre la parte demandante una carga mínima de
argumentación.

49. Así las cosas, la Sala procederá a declarar la improcedencia del presente
mecanismo constitucional por falta de los requisitos de subsidiariedad y relevancia
constitucional, se conformidad con lo expuesto en precedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Aceptar a las señoras Betty Janeth Arciniegas Mantilla, Laura Marcela
González Arciniegas y Karen Liseth Arciniegas Hernández como coadyuvantes de la
parte accionante, de acuerdo con lo expuesto en precedencia.

Segundo: Negar la solicitud de desvinculación presentada por la E.S.E Hospital
Regional de García Rovira, de conformidad con lo expuesto en el presente proveído.

Tercero: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Félix
Ricardo Arciniegas Mantilla, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva.

Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.

Quinto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

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