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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07792-01

Fecha
15 de mayo de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07792-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 2 de febrero de 2026 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, CONCEDER el amparo de tutela del derecho fundamental al debido proceso de Beatriz Juliana Moncada Vargas y Juan José Moncada Vargas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el ordinal quinto del fallo del 20 de noviembre de 2025 emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera- Subsección A dentro del expediente con radicado núm. 11001-33-43-060-2023-00277- 00/01, única y exclusivamente respecto de los perjuicios morales solicitados por Beatriz Juliana y Juan José Moncada Vargas, en atención a las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera- Subsección A que, en el término de veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión en la que atienda lo indicado en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07792-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

15 de mayo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07792-01
Accionantes: Beatriz Juliana Moncada Vargas y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07792-01
Accionantes: Beatriz Juliana Moncada Vargas y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-
Subsección A
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial –Requisitos generales y especiales de
procedencia. Defecto fáctico - Amparo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 2 de febrero de 2026 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Los señores Beatriz Juliana y Juan José Moncada Vargas, por conducto de apoderado
judicial, interpusieron acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia
y a la reparación integral1, los cuales consideraron vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A, con ocasión de la
sentencia del 20 de noviembre de 2025, que revocó el fallo emitido el 4 de mayo de 2024
por el Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá y, en consecuencia,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el radicado número 11001-33-43-060-2023-00277-
00/01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:

2.1. El 1 de noviembre de 2014, el ciudadano René Alejandro Moncada Vargas fue
capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional, quienes, al practicarle un

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57167F4C870C553E DF8B383719889CD2 09F4444147DBE287.

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Accionantes: Beatriz Juliana Moncada Vargas y otro

registro personal, le hallaron sustancias ilícitas ocultas en la pretina del pantalón. Los
hechos ocurrieron en la finca La Rioja, colindante con la finca El Nivel, ubicada en la
vereda Miravalle del municipio de Apía (Risaralda).

2.2. El 2 de noviembre de 2014, el fiscal de turno presentó a René Alejandro Moncada
Vargas ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira con Función de Control de
Garantías para la legalización de la captura y formulación de la imputación, actuaciones
que fueron avaladas por el juez de control de garantías dentro del radicado 66004-45 60-
00-061-2014-0233-01. En la misma audiencia la Fiscalía manifestó no tener interés en
imponer medida de aseguramiento sobre el imputado.

2.3. En la audiencia preliminar se imputó al señor René Alejandro Moncada el cargo en
calidad de autor del delito de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes previsto
en el Artículo 376 del Código Penal, cargo que no es aceptado por el imputado.

2.4. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia-
Risaralda, autoridad que, el 15 de enero de 2016, anunció el sentido del fallo condenatorio
y ordenó la captura de René Alejandro Moncada. Posteriormente, el 11 de febrero de
2016 se dio lectura al fallo condenatorio por el delito de “llevar consigo estupefacientes”,
mediante la cual se dispuso: (i) imponer una pena de sesenta y ocho (68) meses de
prisión y una multa de un millón doscientos treinta y dos mil pesos, ($1.232.000); (ii) junto
a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas;
(iii) así mismo se negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión
domiciliaria. Dicha decisión fue recurrida por el abogado del hoy accionante.

2.5. Contra la anterior providencia, el condenado interpuso recurso de apelación, el cual
fue concedido en el efecto suspensivo el 26 de febrero de 2016 por parte del Juzgado
Promiscuo del Circuito de Apia-Risaralda.

2.6. El 26 de julio de 2017, el Juzgado Promiscuo Municipal de Apía (Risaralda), en
ejercicio de funciones de control de garantías y ante el tiempo transcurrido sin que la Sala
Penal del Tribunal Superior de Pereira resolviera el recurso de apelación interpuesto por
la defensa técnica del señor René Alejandro Moncada Vargas ni definiera de manera
definitiva su situación jurídica, dispuso, ese mismo día, su libertad por vencimiento de
términos.

2.7. La Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, mediante sentencia del 26 de abril de
2019, confirmó la decisión condenatoria.

2.8. Contra la decisión de segunda instancia, el condenado interpuso recurso
extraordinario de casación. En consecuencia, el 30 de junio de 2021, la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió casar la sentencia proferida por el Tribunal
Superior de Pereira y, en su lugar, absolver a René Alejandro Moncada Vargas del delito
de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, al considerar que la providencia
resultaba contradictoria y que la conducta atribuida no se adecuaba al tipo penal
imputado.

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Accionantes: Beatriz Juliana Moncada Vargas y otro

2.9. Con fundamento en lo anterior, el señor René Alejandro Moncada, junto con sus
familiares2, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa,
con el fin de que se declarara la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial y Fiscalía
General de la Nación por los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad.

2.10. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito
de Bogotá bajo el radicado número 11001-33-43-060-2023-00277-00, autoridad judicial
que, mediante sentencia del 4 de mayo de 2024, negó las pretensiones de la demanda al
considerar que no se encontraba acreditada la existencia de un daño antijurídico
atribuible a la conducta de las entidades demandadas.

2.11. Inconformes con esa decisión, los demandantes interpusieron recurso de apelación.
La alzada fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-
Subsección A, que, mediante sentencia del 20 de noviembre de 2025, revocó la decisión
de primera instancia, al concluir que tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama
Judicial ocasionaron el daño antijurídico alegado y, por ende, eran extracontractualmente
responsables por la privación injusta de la libertad sufrida por René Alejandro Moncada
Vargas. En consecuencia, accedió parcialmente a las pretensiones y condenó a las
demandadas al pago de perjuicios morales a favor de la víctima directa, equivalentes a
91.6 SMLMV, y de la madre de esta, correspondientes a 45.8 SMLMV, así como al
reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

No obstante negó el reconocimiento de indemnización por perjuicios morales a los
hermanos de la víctima directa, Beatriz Juliana y Juan José Moncada Vargas, al no existir
presunción a su favor y no haberse demostrado la configuración del perjuicio reclamado.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó al juez constitucional el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la reparación
integral. En consecuencia, pidió dejar sin efectos el numeral quinto de la sentencia de
segunda instancia proferida el 20 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A dentro del proceso radicado núm. 11001-
33-43-060-2023-00277-01 y, en su lugar, ordenar a dicha autoridad judicial emitir una
decisión de reemplazo “atendiendo al análisis objetivo y cuidadoso del acervo probatorio
en consonancia con el precedente del Consejo de Estado y la Corte Constitucional,
motivando de manera suficiente su proveído en torno a reconocer el perjuicio moral
ocasionado a los accionantes por la privación injusta de la libertad de su consanguíneo”3.

Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante sostuvo que la decisión
cuestionada incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria, en la medida
en que omitió apreciar elementos de convicción relevantes y oportunamente allegados al
expediente, los cuales, además, no fueron controvertidos por la parte demandada. En
concreto, señaló que se aportaron pruebas testimoniales -declaraciones de Héctor Mario

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María Aleida Vargas Castaño (madre de la víctima), Juan José Moncada Vargas (hermano de la víctima) y Beatriz
Juliana Moncada Vargas (hermana de la víctima).
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Accionantes: Beatriz Juliana Moncada Vargas y otro

Zapata y César Antonio Molina Toro- y documentales -registros civiles, expediente del
INPEC -en el que se encuentra relacionado el registro de visitas a la cárcel- y piezas del
proceso penal- encaminadas a acreditar la cercanía, el vínculo familiar y la afectación
moral derivada de la privación de la libertad de René Alejandro Moncada Vargas.

No obstante, afirmó que dichas pruebas fueron ignoradas o indebidamente valoradas por
el tribunal accionado, pese a que no existe tarifa legal que restrinja su apreciación. A su
juicio, ello condujo a una decisión que no refleja la realidad procesal y que desconoce la
situación particular de Beatriz Juliana y Juan José Moncada Vargas.

Finalmente, sostuvo que los testimonios recaudados daban cuenta de los siguientes
aspectos:

HÉCTOR MARIO ZAPATA ZAPATA:

“0:07:49 min ¿Le pregunto inicialmente, si conoce al señor René Alejandro Moncada
Vargas?
Responde: Si señor si lo conozco (…)
(…) 0:08:11 Preguntado: ¿Conoce al señor Juan José Moncada Vargas?
Responde: Si señor es el hermano
0:08:19 min Preguntado: ¿Conoce a la señora Beatriz Juliana Moncada Vargas?
Responde: Si la hermanita, sí.
0:8:28 min Preguntado: ¿Por qué los conoce y desde hace cuánto tiempo los
conoce?
Responde: aproximadamente toda la vida porque ellos son vecinitos acá cercanos
(…) entonces nos hemos levantado juntos.
(…)
0:09:48 Preguntado: ¿Para esa época señor Héctor, Usted pudo estar cerca y
conocer directamente la situación de la familia de René?
Responde: Si señor somos muy allegados, sí señor
0:10:05 min Preguntado ¿Indíquenos por favor como fue la situación de ellos para
el momento en que René Alejandro fue privado de la libertad, como lo ha indicado,
¿qué paso con ellos? ¿Cómo veía la familia? Haga un relato

Responde: En el momento la mamá tuvo depresión, tuvo cosa económica muy
apretada para solventarle lo de los abogados lo que tenía que llevarle a él a la cárcel y
la situación en el hogar fue muy dura para ellos.

0:14:40 min Preguntado: ¿Cómo vio la situación emocional de la señora María
Aleida, de Juan José Moncada y de Beatriz Juliana Moncada para cuando René
fue privado de la libertad? ¿Cómo los veía en su estado de ánimo? ¿Cómo fue la
situación de ellos?

0:14:59 min Responde: No, el estado de ánimo de ellos fue muy delicado, porque
hasta hubo depresión ellos mantenían carisbajos -sic- ya no era lo mismo porque
ellos han sido muy unidos y ya no era lo mismo ya ellos mantenían desorientados
sobre esto.

0:15:21 min Preguntado ¿Sabe para la fecha de los hechos con quién vivía el señor
René Alejandro?

0:15:29 min Responde: Sí en ese momento él vivía con su madre y con sus
hermanos (…)

0:15:54 min Preguntado: ¿Cómo era la relación de Rene con sus hermanos?

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Accionantes: Beatriz Juliana Moncada Vargas y otro

Responde: lo que yo puedo ver entre mi como vecino, pues la relación de ellos ha
sido muy unida muy buenos hermanos (…) en lo que vemos como vecinos ellos han
sido muy unidos muy buenos hermanos se colaboran en todo.” (negritas y
resaltado propios)

CESAR ANTONIO MOLINA TORO:

“0:29:37 min Preguntado: ¿Don Cesar le pregunto inicialmente, si conoce al señor
René Alejandro Moncada Vargas?
Responde: Si señor (…)
(…) 0:29:54 Preguntado: Conoce al señor Juan José Moncada Vargas
Responde: Si señor

0:30:01 min Preguntado: Conoce a la señora Beatriz Juliana Moncada Vargas
Responde: Si señor.
0:30:13 min Preguntado: ¿Quiénes son estas personas y por qué las conoce?

Responde: Ellos son la mamá de René, el hermano de René y la hermana de René
pues porque hemos sido vecinos casi toda la vida yo tengo un taller y ellos son
vecinitos, vivimos aquí cerca (…) ambos todos somos vecinos yo los conozco claro.

0:30:57 min Preguntado: ¿Hace cuánto tiempo los conoce?
Responde: Unos 14, 15 años más o menos.”

0:32:08 min Preguntado: Con relación a la situación de la familia, la señora María, de
los hermanos de René, ¿cómo puede describir usted la familia socialmente? ¿Cómo
se comportaban ellos?

Responde: Pues muy bien lo que yo he visto, sí una familia unida pues yo me los
encuentro mucho allá a todos y ellos como que se colaboran mucho y pues una
familia normal, normalita.

0:36:14 min Preguntado ¿Cómo vio el estado de ánimo de la familia de la mamá y
de los hermanos del señor René mientras él estuvo privado de la libertad?

Responde: A ellos se les veían muy mal, más que todo la mamá, la mamá sufría
mucho y económicamente demás que también pues porque él colaboraba para la
casa (…) y entonces la mamá si muy deprimida porque ella bajaba donde mí y lloraba
mucho y me contaba la situación de él ahí en la cárcel y todo.

0:36:53 min Preguntada: ¿Usted por qué conoce que él colaboraba en la casa?
Responde: porque ellos han sido unidos y como en la casa ellos tienen que pagar
arriendo entre todos se colaboran para los gastos.

0:37:32 min Preguntado: ¿Sabe con quién vivía el señor René para esa fecha?
Responde: Con la mamá y el hermano pues con la familia de él

0:37:46 min ¿Cómo era la relación de ellos:
Pues buena una relación normal una relación de familia. (…) (negritas y resaltado
propios)”4.

Respecto al registro de visitas expedido por el INPEC, aportó la siguiente captura de
pantalla, la cual afirmó que reposaba en el expediente:

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Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado AE8212C552D4605F
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Accionantes: Beatriz Juliana Moncada Vargas y otro

Por otra parte, la parte accionante sostuvo que la providencia cuestionada desconoció el
precedente fijado en la SU-072 del 5 de julio de 2018, proferida por la Corte
Constitucional, así como el establecido por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación del 29 de noviembre de 2021.

Para sustentar dicho reparo, señaló que era deber de la autoridad judicial accionada
aplicar la jurisprudencia vigente y, en particular, observar los criterios fijados por el
Consejo de Estado en la referida sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021,
conforme a los cuales correspondía verificar integralmente el acervo probatorio, valorarlo
de manera motivada y efectuar un análisis conjunto de los elementos de convicción
obrantes en el expediente, con el fin de emitir un pronunciamiento suficientemente
fundamentado.

Adicionalmente, puso de presente que, en un caso similar, el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, mediante sentencia del 3 de abril de 2025, proferida dentro del expediente núm.
11001-03-15-000-2025-00592-00, amparó los derechos fundamentales de los
accionantes y dejó sin efectos la providencia cuestionada, al evidenciar una omisión en la
valoración de los medios de convicción allegados al proceso.

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 10 de diciembre de 20255 la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela; vinculó como terceros con interés al
Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá; a la Nación, Rama
Judicial; a la Fiscalía General de la Nación; y a René Alejandro Moncada Vargas y a María
Aleida Vargas Castaño; requirió a las autoridades judiciales para que remitieran copia del
expediente ordinario objeto de amparo y ordenó notificar a los sujetos procesales.

Una vez efectuadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

5
Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado 302392D56460E13E D248509656392A83
9EDBFCA7D50F49FC B0C557BB19AC390F.

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Accionantes: Beatriz Juliana Moncada Vargas y otro

4.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A6, a
través del magistrado ponente de la decisión cuestionada, solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción o, en su defecto, se negara el amparo deprecado, bajo el
argumento de que no se cumplía el requisito de relevancia constitucional.

Sostuvo que no compartía los argumentos sobre la supuesta vulneración de derechos
fundamentales, ya que se valoraron de forma adecuada las pruebas y aplicó
correctamente el precedente jurisprudencial sobre privación injusta de la libertad y el
reconocimiento de los perjuicios morales.

Expuso que, frente a los testimonios que alega la parte actora no fueron debidamente
valorados, estos no constituyen prueba del supuesto perjuicio por daño moral reclamado,
por cuanto no dan fe de la existencia de una relación estrecha entre los demandantes con
el detenido, de la cual pueda inferirse la existencia de un perjuicio moral indemnizable.

En cuanto al registro de visitas, indicó que una vez revisado este, no se evidenciaba que
el señor René Alejandro Moncada Vargas hubiera sido visitado por sus hermanos.

4.2. La Fiscalía General de la Nación 7 solicitó declarar la improcedencia de la acción
porque no supera el requisito de relevancia constitucional. Sostuvo que la parte actora no
demostró una vulneración a las garantías constitucionales.

Por otra parte, solicitó su desvinculación del trámite constitucional, dado que carece de
legitimación en la causa por pasiva. Esto, en la medida en que los argumentos de amparo
se dirigen en contra de decisiones judiciales sobre las cuales no ejerce intervención
alguna, en virtud de la autonomía e independencia de las autoridades que las profirieron.

4.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial8 se opuso a las pretensiones de
amparo por carecer de relevancia constitucional. Indicó que, a pesar de la omisión en que
pudo haber incurrido la autoridad judicial, esta no determinaba un reconocimiento
automático del perjuicio moral para los hermanos de la víctima directa, en tanto los
testimonios referidos debían ser analizados en conjunto con el acervo probatorio
aportado al expediente. Lo anterior con observancia del principio de autonomía judicial.

4.4. René Alejandro Moncada Vargas9 allegó escrito en el que solicitó al juez
constitucional acceder a las pretensiones de amparo. En consecuencia, pidió que se
ordenara al juez ordinario pronunciarse de fondo sobre las pruebas aportadas al
expediente que acreditaban la afectación reclamada.

6
Índice 00009 del expediente digital de primera instancia, certificado D5162D64A467909D 442C34F9143EE47F
4E5966B18CFAD232 04145C5FEFE4AD1B.
7
Índice 00010 del expediente digital de primera instancia, certificado 10ECE08781AC5634 EC3AF61673455474
225F79152F35C2E2 23506F95A82AD9DD.
8
Índice 00011 del expediente digital de primera instancia, certificado D0BDDDD683E08450 24D989132429DA01
2DE5B4B21333606B A0CFD0694E9C02C9.
9
Índice 00012 del expediente digital de primera instancia, certificado 8CA027B91850D7E1 BEF7A0FDA0E779ED
B5EDC5304E9E93ED 451D919630298609.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07792-01
Accionantes: Beatriz Juliana Moncada Vargas y otro

4.5. María Aleida Vargas Castaño10, en su calidad de madre de los accionantes, pidió
acceder a las pretensiones de la acción de tutela, con el fin de que el juez del proceso
contencioso valore las pruebas que acreditan vínculo familiar con la víctima y los
perjuicios que les fueron causados.

4.6. El Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá, a pesar de haber sido
notificado en debida forma, no se pronunció respecto de las pretensiones de la acción de
tutela.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 2 de febrero de 202611 la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado negó el amparo solicitado, al considerar que la decisión
cuestionada no incurrió en defecto fáctico o desconocimiento del precedente, debido a
que fue proferida de conformidad con las normas que regulan la materia y aquella se
apoyó en el material probatorio aportado al medio de control de reparación directa
cuestionado.

En primer lugar, advirtió que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió el
asunto de acuerdo con el criterio fijado en sentencia de unificación del 29 de noviembre
de 2021 proferida por el Consejo de Estado, como órgano de cierre de la jurisdicción
administrativa, en materia del reconocimiento de perjuicios morales en asuntos de
privación injusta de la libertad y valoró el acervo probatorio aportado al proceso para
concluir que no se encontraba acreditado el perjuicio moral alegado, esto, en la medida en
que no se probó la aflicción causada.

Por otra parte, indicó que en el informe rendido por la corporación judicial demandada se
precisó que los testimonios practicados no acreditaron el perjuicio moral reclamado,
debido a que no evidenciaron la existencia de una relación cercana entre los
demandantes y la persona privada de la libertad que permitiera inferir un daño moral
indemnizable. Precisó que Héctor Mario Zapata Zapata se limitó a manifestar durante la
audiencia de pruebas que mantenía una buena relación con sus hermanos y que
desconocía si estos lo visitaban en el lugar de reclusión. A su vez, el testigo César Antonio
Molina Toro afirmó que se trataba de “una familia unida, normalita” y señaló que era la
madre quien acudía a visitarlo en la cárcel.

Afirmó que, en cuanto al registro de visitas del establecimiento carcelario, mientras que la
víctima estuvo detenida, fue visitado solo en una ocasión por su hermano y en dos
oportunidades por su hermana, situación que en nada demuestra la posible aflicción y la
preocupación de los demandantes por la privación de la libertad de su familiar.

Por lo anterior, el juez de primera instancia adujo que, “teniendo en cuenta que, en el caso
de las víctimas indirectas, la sentencia de unificación mencionada establece que el
parentesco no es una presunción del perjuicio moral y que el juez es quien debe

10
Índice 00013 del expediente digital de primera instancia, certificado 291048795977CD17 33598496A04161D8
04CC4307D253DA72 D824E978A4882999.
11
Índice 00019 del expediente digital de primera instancia, certificado 69A1598D53E5CBE4 10C3AAB11F431772
6D9E60227D86409E 47D7AB4ECD5AA1A5.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07792-01
Accionantes: Beatriz Juliana Moncada Vargas y otro

determinar si aquel fue acreditado en cada asunto, se entiende que su interpretación es
adecuada al precedente aplicable y que aquella no constituye un defecto fáctico que
permita al juez de tutela cuestionar su criterio, máxime si se tiene en cuenta que, aun
cuando no se hizo referencia de manera expresa a que los testimonios y el registro de
visitas no demostraron una relación estrecha que evidenciara aflicción significativa, lo
cierto es que aquellos no tienen la entidad suficiente para modificar el sentido del fallo
ordinario”12.

En conclusión, el a quo constitucional precisó que lo que se pretendía con la solicitud de
amparo era cuestionar la valoración efectuada por el juez natural, la cual no era atacable
por este mecanismo constitucional, en la medida en que la visión de los hechos
presentada por la autoridad judicial accionada contaba con soporte y estaba debidamente
razonada y justificada, por lo cual, la tutela no podía convertirse en una tercera instancia.

6. Impugnación13

La parte actora presentó escrito de impugnación en contra de la decisión de primera
instancia.

Sostuvo que no compartía los argumentos expuestos por el a quo al considerar razonado
y ajustado la aplicación del precedente jurisprudencia, pues “el cambio de discurso que
dio el Tribunal Accionado sólo hasta el momento de responder la acción de tutela
presentada, cuando parafrasea en su informe selectamente solo unos de los apartes de
los dichos de los testimonios practicados en audiencia de pruebas, para concluir que
estos no acreditan una estrecha relación de los aquí accionantes con la victima principal y
que por ende, no tienen la entidad o fuerza suficiente para demostrar el perjuicio moral
reclamado y consecuencialmente modificar el fallo ordinario cuestionado” 14.

Manifestó que bastaba con consultar las escasas líneas que sobre el tema de debate se
condensaron en la sentencia del 20 de noviembre de 2025, para advertir que no hubo en
este punto específico un análisis probatorio razonado y debidamente motivado de la
prueba testimonial, basado en las reglas de la experiencia y sana critica, sin argüir como
le era exigible; cuáles pruebas se presentaron, qué dijeron realmente esas pruebas y por
qué no tenían esa fuerza o esa debilidad para acreditar la existencia de la relación
estrecha parental y el perjuicio reclamado.

Agregó que la autoridad judicial accionada simplemente guardó silencio sobre los
testimonios y el registro de visitas allegados al proceso ordinario, de una manera tan
evidente que, incluso fue advertida por el juez constitucional de primera instancia.

Por lo tanto, indicó que el deber del tribunal cuestionado consistía en aplicar la
jurisprudencia vigente (sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021) y verificar
el acervo probatorio y realizar una valoración probatoria suficiente y debidamente
motivada.

12
Ibid.
13
Índice 00023 del expediente digital de primera instancia, certificado 8C59B81FFB432AE8 8D91D517677B1AFD
858A8DBBC3180728 9360915BD3288EFF.
14
Ibid.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07792-01
Accionantes: Beatriz Juliana Moncada Vargas y otro

Mediante auto del 10 de marzo de 202615 el magistrado ponente de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado concedió la impugnación interpuesta por la
parte accionante.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque Beatriz
Juliana y Juan José Moncada Vargas son los titulares de las garantías constitucionales
que afirman fueron vulneradas, en su condición de demandantes dentro del medio de
control de reparación directa identificado con el radicado núm. 11001-33-43-060-2023-
00277-01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A fue la autoridad que
profirió la decisión que, según los tutelantes, vulneró sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
2 de febrero de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, que negó las pretensiones de tutela.

Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte actora.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que
reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.

15
Índice 00026 del expediente digital de primera instancia, certificado 270526F266100DDF B0C6A40C22F2A813
8B1B235279C10C6B 40D44B5E51035217.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07792-01
Accionantes: Beatriz Juliana Moncada Vargas y otro

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 2005 16 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela17 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto18.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”19.

5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

5.1. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse de
forma expresa y con claridad sobre las razones por las cuales el asunto que entra a
resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano
de cierre sobre la materia20.

La cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que, de encontrarse
configurado el defecto fáctico expuesto en el escrito de tutela, prosperaría la pretensión

16
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
17
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
18
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
19
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
20
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
«La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de
relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico» lo que implica
revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los
eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares
más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos
fundamentales».

11

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07792-01
Accionantes: Beatriz Juliana Moncada Vargas y otro

de amparo de ordenar al tribunal accionado que emita una nueva sentencia en la que
tenga en cuenta el material probatorio aportado al plenario y que lo valore de cara a la
jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado.

5.2. Los actores no cuentan con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios
para la protección de los derechos fundamentales que consideraron vulnerados, pues
agotaron las instancias respectivas dentro del medio de control de reparación directa con
radicado núm. 11001-33-43-060-2023-00277-00/01 en el que se profirió la decisión objeto
de tutela.

5.3. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque la providencia que
profirió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A el 20
de noviembre de 2025, fue notificada el 24 de noviembre de 2025 por mensaje de datos y
el escrito de tutela se presentó el 4 de diciembre siguiente21, esto es, dentro del plazo de
seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia constitucional 22 y del Consejo de
Estado23 como razonable.

5.4. La parte actora, en el escrito de amparo, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales, y estos no exponen una irregularidad procedimental. Finalmente, la
providencia reprochada no fue una sentencia emitida dentro de un trámite de tutela.

5.5. De acuerdo con lo expuesto, esta Sala encuentra superados los requisitos generales
de procedibilidad y continúa con el estudio de la causal específica en los términos
planteados por la parte actora.

6. Defecto fáctico

21
Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado 96D89C2199B061D7
4D6E68BA2A2146B5 9E2D1E5F5677E366 3A2D9C17A8D874E6.
22
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

12

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07792-01
Accionantes: Beatriz Juliana Moncada Vargas y otro

Para efectos de analizar el defecto fáctico alegado por la parte actora, es preciso tener en
cuenta que la Corte Constitucional ha concluido que este se presenta cuando “resulta
evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada
norma es absolutamente inadecuado” 24 o cuando “se hace manifiestamente irrazonable
la valoración probatoria hecha por el juez en su providencia”25. Por lo tanto, en la indebida
valoración que hace el operador judicial de las pruebas, sea desde su dimensión positiva
o negativa26, debe examinarse si tal yerro es ostensible, flagrante y manifiesto, y que a su
vez incida en el sentido de la decisión adoptada, de modo que, al estar estructurado ese
análisis, podría el juez de tutela entrar a amparar los derechos fundamentales
conculcados con la providencia objeto de censura27.

La Corte Constitucional señaló, de manera primigenia, tres casos que daban origen a este
defecto;28 sin embargo, a modo de desarrollo jurisprudencial ha planteado la existencia de
dos dimensiones que le dan cabida y que, a su vez, se traducen en otras modalidades de
configuración, agrupadas en la sentencia T-923 de 2013, de la siguiente forma:

Dimensión negativa: que ocurre por la valoración defectuosa del material probatorio
debidamente allegado al plenario y se presenta cuando el funcionario judicial: i) niega la
práctica del medio probatorio solicitado, ii) no ordena el que debía recaudar de oficio u iii)
omite la valoración de elementos de juicio determinantes para identificar la veracidad de
los hechos analizados y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia
que de ella emerge.

Dimensión positiva: que se produce por desconocimiento de las reglas de la sana crítica
en la apreciación de los medios de prueba que conducen a valorarlos de manera
arbitraria, irracional y caprichosa, y se da cuando el funcionario judicial: i) fundamenta su
determinación en elementos de juicio que no le es permitido considerar porque fueron
indebidamente recaudados, son totalmente inconducentes al caso concreto o se trata de
pruebas nulas de pleno derecho, y/o ii) apoya la decisión judicial en material probatorio
que no permite llegar a la certeza sobre el supuesto fáctico del cual parte la conclusión del
fallador.

24
Corte Constitucional, sentencia T-393 de 2017, T-567 de 1998, reiterada en sentencias como la T-555 de 1999,
T-1100 de 2008, T-781 de 2011, entre otras.
25
Corte Constitucional, sentencia SU-399 de 2012.
26
Corte Constitucional, sentencia T-385 de 2018. “La Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones en las que
se puede apreciar el defecto fáctico: 1.) La dimensión negativa del defecto fáctico, según aquella, abarca supuestos
como los siguientes: i) ignorar o no valorar, injustificadamente, medios de prueba trascendentales frente a la decisión
adoptada; ii) decidir al margen de las pruebas que le hubieren impedido la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la providencia; iii) no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en los que el juez se encuentre
habilitado legalmente para hacerlo, y siempre que de las circunstancias del caso se derive la obligación de hacerlo para
esclarecer hechos oscuros o difusos. 2.) La dimensión positiva del defecto fáctico puede abarcar supuestos tales
como: i) valorar pruebas ilícitas, siempre que las mismas hubieren sido determinantes del sentido de la
decisión; ii) decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conduzcan a demostrar los hechos en que se
fundamenta la providencia judicial que se cuestiona en tutela”.
27
Sentencias T-442 de1994 y T-456 de 2010.“El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente
conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello sería contrario al principio de que la
tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la órbita de la competencia y la autonomía
de que son titulares las otras jurisdicciones”. (Resaltado de la Sala).
28
i) omisión en el decreto y práctica de las pruebas; ii) valoración errada de las mismas; y iii) valoración de las que
resultan nulas de pleno de derecho.

13

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07792-01
Accionantes: Beatriz Juliana Moncada Vargas y otro

7. Caso concreto

La Sala anuncia que revocará la decisión de primera instancia y, en consecuencia,
amparará los derechos fundamentales invocados por los accionantes, por las razones
que se exponen a continuación:

7.1. Del análisis del escrito de tutela se advierte que la parte actora sostuvo que la
providencia cuestionada incurrió en defectos fáctico y por desconocimiento del
precedente judicial, en tanto omitió valorar adecuadamente las pruebas testimoniales y
documentales allegadas al proceso, las cuales, a su juicio, acreditaban tanto el vínculo
familiar existente entre los demandantes y la víctima directa, como la afectación moral
sufrida con ocasión de la privación injusta de la libertad.

Asimismo, los accionantes afirmaron que la decisión cuestionada desconoció los criterios
fijados en SU-072 emitida por la Corte Constitucional y la sentencia de unificación del 29
de noviembre de 2021, proferida por el Consejo de Estado, en materia de reconocimiento
de perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad, particularmente en lo
relacionado con la acreditación del daño moral padecido por los familiares cercanos de la
víctima directa.

Al respecto, la Sala abordará únicamente el estudio del defecto fáctico, por cuanto de los
argumentos expuestos en la solicitud de amparo se desprende que el alegado
desconocimiento del precedente judicial tiene origen, precisamente, en la indebida
valoración probatoria atribuida a la autoridad judicial accionada. En consecuencia, esta
judicatura considera que el eventual desconocimiento del precedente constituye una
consecuencia derivada del defecto fáctico alegado.

7.2. Ahora bien, del análisis de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A, mediante la cual se
puso fin al proceso de reparación directa, así como de las pruebas incorporadas al
expediente, se advierte que el ad quem revocó la decisión de primer grado, al considerar
acreditado que tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial ocasionaron
el daño antijurídico alegado y, por ende, eran extracontractualmente responsables por la
privación injusta de la libertad sufrida por René Alejandro Moncada Vargas. En
consecuencia, resolvió:

“PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el día el día cuatro (04) de mayo de dos
mil veinticuatro (2024), por el Juzgado Sesenta (60) Administrativo de Bogotá y en
esa medida declarar extracontractualmente responsable a la FISCALIA GENERAL
DE LA NACION y a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, por la privación de la libertad que
padeció el señor RENE ALEJANDRO MONCADA VARGAS, conforme a lo indicado
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Declarar que la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la NACIÓN -
RAMA JUDICIAL, deben asumir el pago de la indemnización reconocida en esta
providencia en partes iguales, sin que se predique solidaridad entre ellas.

TERCERO: Condenar a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION y a la NACIÓN –
RAMA JUDICIAL a indemnizar por concepto de perjuicios morales, las siguientes
sumas:

14

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07792-01
Accionantes: Beatriz Juliana Moncada Vargas y otro

• Para el señor RENE ALEJANDRO MONCADA VARGAS, víctima directa de la
privación injusta de la libertad, la suma de NOVENTA Y UNO PUNTO SEIS
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (91.6 SMLMV), de la
fecha en que se efectúe el pago.

• Para la señora MAARIA (sic) ALEIDA VARGAS CASTAÑO, madre de la víctima
directa, la suma de CUARENTA Y CINCO PUNTO OCHO SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES (45.8 SMLMV), de la fecha en que se efectúe
el pago.

CUARTO: Condenar a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION y a la NACIÓN –
RAMA JUDICIAL a indemnizar por concepto de perjuicios materiales en su modalidad
de lucro cesante, las siguientes sumas:

• Para el señor RENE ALEJANDRO MONCADA VARGAS, víctima directa de la
privación injusta de la libertad, la suma de VEINTISIETE MILLONES
DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
($27.222.857)

QUINTO: Se NIEGAN las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
indicado en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: Se fijan agencias en derecho en la suma equivalente a CUATRO (4) SMLMV
para ambas instancias a favor de la parte demandante, los cuales deberá pagar en
partes iguales la FISCALIA GENERAL DE LA NACION y la NACIÓN – RAMA
JUDICIAL, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones.

SEPTIMO: Por Secretaría de la Sección Tercera NOTIFICAR esta decisión: a) A las
partes a los correos electrónicos y b) Al representante del Ministerio Público. Lo
anterior, de conformidad a las direcciones electrónicas que reposan en el plenario.

OCTAVO: En firme este fallo devuélvase el expediente al Juzgado de origen”29.

7.3. Concretamente, para efectos del reconocimiento de los perjuicios morales
reclamados por los demandantes, el tribunal accionado hizo referencia a las sentencias
de unificación proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 28 de agosto de
201430 y el 29 de noviembre de 202131.

Indicó que, mediante sentencia del 28 de agosto de 2014, el Consejo de Estado precisó
que, en los eventos de privación injusta de la libertad, correspondía al juez valorar,
conforme a su prudente juicio, las circunstancias particulares de cada caso, con el fin de
determinar la intensidad de la afectación padecida y, en consecuencia, establecer si
había lugar al reconocimiento de perjuicios morales y a la fijación de su quantum
indemnizatorio. No obstante, señaló que en dicha providencia se estableció una tabla
orientadora para la tasación de los perjuicios morales, cuyos criterios determinantes eran:
(i) el grado de cercanía afectiva con la víctima directa y (ii) el tiempo de privación de la
libertad soportado por esta.

29
Índice 00010 del expediente de reparación directa radicado 11001-33-43-060-2023-00277-01 en aplicativo SAMAI,
certificado 54D5E22CA91B7C34 F87916B8F3CA8853 F560F422FB4032EF 5BB2BB96200BE9DB.
30
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014. Exp. 68001-23-31-000-
2002-02548-01.
31
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021, Exp. 18001-23-31-000-
2006-00178-01.

15

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07792-01
Accionantes: Beatriz Juliana Moncada Vargas y otro

Agregó que, posteriormente, mediante sentencia de unificación del 29 de noviembre de
2021, el Consejo de Estado advirtió que, en la práctica judicial, las presunciones venían
siendo aplicadas de manera inadecuada, al punto de tener por acreditados, en ciertos
casos, perjuicios que carecían de suficiente demostración. En razón de ello dicha
corporación adoptó las siguientes reglas de unificación:

“(i) En relación con la víctima directa de la privación de la libertad, tanto si se trata
de detención en establecimiento carcelario, como de detención domiciliaria, la sola
prueba de la privación de la libertad constituye presunción de perjuicio moral
para ella.
(ii) En relación con los parientes en el primer grado de consanguinidad del
detenido, su cónyuge o su compañero o compañera permanente, la prueba de
tales calidades constituye presunción del perjuicio moral para ellos.
(iii) Las presunciones establecidas en las dos reglas anteriores podrán desvirtuarse
por la parte demandada.
(iv) En relación con las demás víctimas indirectas, la prueba del parentesco no
es una presunción del perjuicio moral. En tales casos, el juez determinará si el
demandante cumplió la carga de acreditar la existencia del perjuicio moral derivado
de la existencia de una relación estrecha con el detenido, de la cual pueda inferirse la
existencia de un perjuicio moral indemnizable.
(v) En cuanto a la forma de cuantificar la indemnización de perjuicios morales en
casos de privación injusta de la libertad, definió los siguientes criterios:

• Si la privación de la libertad tiene una duración igual o inferior a un mes, la
indemnización será de una suma fija equivalente a cinco salarios mínimos legales
mensuales vigentes (5 SMLMV).
• Si la privación de la libertad tiene una duración superior a un mes: (i) Por cada
mes adicional transcurrido, sin importar el número de días que tenga el mes, se
pagaran cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5 SMLMV); (ii) Por
cada día adicional al último mes transcurrido, se pagara una fracción equivalente a
0,166 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual se obtiene de dividir
cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5 SMLMV) por 30 días.
• La cuantía se incrementará hasta cien salarios mínimos legales mensuales
vigentes (100 SMLMV), indemnización que recibirá la víctima directa cuando esté
detenida por 20 meses o más tiempo, con el objeto de mantener el tope máximo
jurisprudencial, de acuerdo con la jurisprudencia antes indicada.
• En casos de privación domiciliaria, la cuantía de los perjuicios morales sufridos
por la víctima directa se disminuirá en un 50%.
• Para las víctimas indirectas, los topes máximos de indemnización, se determinan
a partir del monto reconocido a la víctima directa, de la siguiente manera: (i) A los
parientes en el primer grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge o su
compañero o compañera permanente, el cincuenta por ciento (50%) de lo que le
corresponda a la víctima directa; (ii) A los demás demandantes, cuando acrediten
los perjuicios morales, el treinta por ciento (30%) de lo que le corresponda a la
víctima directa.
• Los topes establecidos podrán ser superados hasta en 300 SMLMV para la
victima directa, cuando se acrediten circunstancias que evidencien una gravedad e
intensidad excepcional en el perjuicio moral sufrido por el detenido o las víctimas
indirectas de la detención, las cuales podrán estar relacionadas con la gravedad
del delito por el cual el sindicado fue investigado o acusado y las circunstancias
particulares afrontadas con ocasión de la detención.

(vi) Finalmente, se indicó en la referida providencia que, en relación con las
demandas presentadas desde el 28 de agosto de 2013 y hasta el 29 de noviembre de
2021 (fecha de expedición de la sentencia de unificación), en las cuales el juez
advierta que se presentaron fundándose en la jurisprudencia existente y no se
solicitaron pruebas para acreditar los perjuicios morales de los parientes en segundo
grado de consanguinidad, podrá hacer uso de las facultades probatorias que le otorga

16

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07792-01
Accionantes: Beatriz Juliana Moncada Vargas y otro

la ley para garantizar su derecho al debido proceso. Esta determinación se adoptará
sin importar la instancia en la que se encuentre el proceso”32.

Establecido lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-
Subsección A, al descender al caso concreto, consideró acreditado que, con ocasión de
la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia y
confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el señor
René Alejandro Moncada Vargas permaneció privado de la libertad en el Centro
Penitenciario y Carcelario “La 40” desde el 15 de enero de 2016 hasta el 25 de julio de
2017, esto es, por el término de 18 meses y diez días.

Así las cosas, en relación con la víctima directa y su madre, María Aleida Vargas Castaño,
el tribunal advirtió que, conforme a la sentencia de unificación del 29 de noviembre de
2021, la sola acreditación de la privación de la libertad y del vínculo de parentesco con la
víctima directa permitía presumir la configuración del perjuicio moral. En consecuencia, al
considerar que la parte demandada no desvirtuó dicha presunción, concluyó que había
lugar a reconocer y ordenar el pago de una indemnización por concepto de perjuicios
morales, en los siguientes términos:

“• Para el señor RENE ALEJANDRO MONCADA VARGAS (víctima directa)
considerando que la privación de la libertad superó el mes, pero no fue superior a los
20 meses, se liquidará y ordenará pagar la indemnización de NOVENTA Y UNO
PUNTO SEIS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (91.6
SMLMV), correspondientes a 18 meses y diez días de privación injusta de la libertad,
a favor de la víctima directa.

• Para la señora María Aleida Vargas Castaño, madre de la víctima directa se le
reconocerá la suma de CUARENTA Y CINCO PUNTO OCHO SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES (45.8 SMLMV), conforme a lo dispuesto en la
sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021”33.

Ahora bien, en relación con los hermanos de la víctima directa -Beatriz Juliana y Juan
José Moncada Vargas-, sostuvo que: a) no operaba presunción alguna a su favor, en lo
que respecta al padecimiento de perjuicios morales y b) en consecuencia, correspondía a
la parte demandante asumir la carga procesal probatoria, encaminada a demostrar
plenamente la causación de los perjuicios cuya indemnización se reclama.

En ese contexto, al analizar el acervo probatorio obrante en el expediente, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, manifestó lo siguiente:

“5.1.6 Para demostrar los perjuicios morales causados a los hermanos de la víctima
directa, la parte demandante no acudió siquiera a la prueba testimonial de los
mismos y solo se limitó a manifestar entre otras que por los hechos, los familiares de
demandante debieron padecer la tristeza de saber que no pudo compartir
tranquilamente con sus seres queridos y amigos en parques, cines o cualquier otra
actividad que se pudiera suscitar fuera de su domicilio, toda vez que estaba privado
de su libertad injustamente.

32
Índice 00010 del expediente de reparación directa radicado 11001-33-43-060-2023-00277-01 en aplicativo SAMAI,
certificado 54D5E22CA91B7C34 F87916B8F3CA8853 F560F422FB4032EF 5BB2BB96200BE9DB.

33
Ibid.

17

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07792-01
Accionantes: Beatriz Juliana Moncada Vargas y otro

5.1.7 Considera la Sala que en el presente asunto no se acreditó cómo, de manera
particular y concreto se generó un padecimiento moral, de tal magnitud que amerite
indemnización, a los señores Juan José Moncada Vargas y Beatriz Juliana Moncada
Vargas, hermanos de la víctima directa”34.

En conclusión, dicha autoridad judicial consideró que no existían elementos de convicción
para acreditar un perjuicio moral indemnizable a favor de Juan José Moncada Vargas y
Beatriz Juliana Moncada Vargas, en tanto no se demostró de manera concreta la
afectación emocional sufrida por ellos con ocasión de la privación injusta de la libertad de
su familiar.

7.4. Pues bien, en este punto, la Sala observa que en la audiencia inicial celebrada el 22
de marzo de 2024 el juez de conocimiento, entre otras determinaciones, decretó las
siguientes pruebas:

“8.1 SOLICITADAS POR LA PARTE DEMANDANTE

8.1.1 DOCUMENTALES APORTADAS CON LA DEMANDA

Se tendrán en cuenta los documentos aportados con la demanda así:

8.1.2 TESTIMONIALES

Se llama a declarar a:

· HÉCTOR MARIO ZAPATA ZAPATA
· JIMMY VILLEGAS
34
Ibid.

18

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07792-01
Accionantes: Beatriz Juliana Moncada Vargas y otro

· CÉSAR ANTONIO MOLINA TORO

La parte actora deberá asegurar su comparecencia en la fecha que se indique para la
realización de la audiencia de pruebas. En caso de requerir boleta de citación,
tramítese por Secretaría”35.

Posteriormente, el 22 de abril de 202436 se realizó la audiencia de pruebas, diligencia en
la que se incorporaron, entre otros, los documentos visibles en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/19L7LvYxDdE9zl-ae1FJmP1lGvMMDPtgz.

Adicionalmente, se recibieron los testimonios de los señores Héctor Mario Zapata Zapata
y Cesar Antonio Molina Toro. En cuanto a la declaración del señor Jimmy Villegas, la
parte actora manifestó que desistía de su práctica.

Por otra parte, al revisar el escrito de la demanda presentado dentro del medio de control
de reparación directa, esta judicatura advierte que la finalidad de las pruebas
testimoniales consistía en:

“Para que rindan declaración en audiencia, de todo aquello que les conste frente a la
situación del señor RENE ALEJANDRO MONCADA VARGAS y su núcleo familiar y
den respuesta a las preguntas que se formularán en su momento frente a los
siguientes temas:

a. Indicarán si conocieron al señor RENE ALEJANDRO MONCADA VARGAS y desde
cuanto tiempo atrás.
b. Cómo estaba conformada su familia para el momento de su privación injusta de la
libertad y en la actualidad.
c. Dónde y con quién vivía el señor RENE ALEJANDRO MONCADA VARGAS, para el
momento de su privación y en la actualidad.
d. Precisarán las circunstancias fácticas que generaron el inicio del proceso penal
instaurado en su contra.
e. Cómo eran las relaciones con su madre, hermanos, y demás familiares, vecinos y
amigos, antes y después de su privación injusta de la libertad.
f. Qué efecto produjo en su grupo familiar esta privación.
g. Indicarán que originó en sus familiares, amigos y en la propia víctima su privación
de la libertad.
h. Sobre su situación civil personal y social.
i. Se les interrogará por todos los daños y perjuicios por los cuales se solicita
indemnización (daño a la salud, daño a la honra y al buen nombre, a la vida de
relación, etc.)
j. Se les indagará respecto a la actividad laboral que desarrollaba el ciudadano René
Alejandro Moncada Vargas y cuál era su medio de sustento.

(…)

Teniendo en cuenta que la Sentencia de Unificación del 29 de noviembre de 2021,
proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado es clara en
afirmar que los perjuicios morales por los cuales se les debe indemnizar a los
familiares de la víctima de privación injusta de la libertad en primero se presumen y
segundo grado de consanguinidad se deben probar, y al respecto en la presente

35
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 83A0F5AB0E21CEDE B362D3396CC5FA24 AC11ACF906B59790
438D93F0DE6C77AD,https://drive.google.com/drive/folders/1A6zAEOgKO6y_P8Bu8umarSqvC32O2_c9?
usp=sharing, archivo “6. 25_AUDIENCIAINICI_11001334306020230027-20240322162521.pdf”.
36
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 83A0F5AB0E21CEDE B362D3396CC5FA24 AC11ACF906B59790
438D93F0DE6C77AD,https://drive.google.com/drive/folders/1A6zAEOgKO6y_P8Bu8umarSqvC32O2_c9?
usp=sharing, archivo “7. 35_AUDIENCIAIDEPR_11001334306020230027-20240422172100.pdf”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07792-01
Accionantes: Beatriz Juliana Moncada Vargas y otro

demanda se encuentran debidamente acreditados con la presentación de los
registros civiles de nacimiento correspondientes y en la práctica probatoria
testimonialmente para los efectos de acreditar los perjuicios causados a los demás
familiares de la víctima directa” 37.

Bajo este contexto se tiene que el extremo activo reprocha, precisamente, que la
autoridad judicial accionada omitió valorar los testimonios rendidos por Héctor Mario
Zapata Zapata y Cesar Antonio Molina Toro, así como el expediente del INPEC en el que
reposan los registros de visitas al centro carcelario, para efectos de determinar la
procedencia y tasación de los perjuicios morales reclamados, pese a que dichos
elementos de convicción obraban en el expediente y fueron incorporados formalmente a
la actuación durante la audiencia de pruebas celebrada el 22 de abril de 2024, tal como
consta en el Acta No. 05638.

En ese orden, la Sala concluye que las declaraciones rendidas por Héctor Mario Zapata
Zapata y Cesar Antonio Molina Toro, así como la prueba documental consistente en el
expediente del INPEC que contiene los registros de visitas al establecimiento
penitenciario, no fueron apreciados por el juez natural. Tan es así que el tribunal sustentó
su decisión de negar el reconocimiento de perjuicios morales a favor de los aquí
accionantes en que “la parte demandante no acudió siquiera a la prueba testimonial de
los mismos y solo se limitó a manifestar entre otras que por los hechos, los familiares de
demandante debieron padecer la tristeza de saber que no pudo compartir tranquilamente
con sus seres queridos y amigos en parques”, situación que no se acompasa a la realidad
procesal del medio de control de reparación directa.

En los anteriores términos, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, vulneró el derecho fundamental al
debido proceso de los accionantes, en tanto incurrió en defecto fáctico al omitir la
valoración de las referidas pruebas testimoniales y la prueba documental.

Así las cosas, la Sala procederá a revocar la decisión proferida en primera instancia el 2
de febrero de 2026 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
para, en su lugar, amparar el derecho fundamental al debido proceso de los convocantes.

En consecuencia, dejará sin valor ni efecto el ordinal quinto de la sentencia del 20 de
noviembre de 2025, única y exclusivamente en lo relacionado con los perjuicios morales
reclamados por Beatriz Juliana Moncada Vargas y Juan José Moncada Vargas.

Por consiguiente, se ordenará al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, que profiera una nueva decisión en la que valore los testimonios
rendidos por Héctor Mario Zapata Zapata y César Antonio Molina Toro, así como la
prueba documental consistente en el expediente del INPEC que contiene los registros de
visitas al establecimiento carcelario, para efectos de determinar si es procedente la

37
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438D93F0DE6C77AD,https://drive.google.com/drive/folders/1A6zAEOgKO6y_P8Bu8umarSqvC32O2_c9?
usp=sharing, archivo “4. DEMANDA RENE ALEJANDRO MONCADA VARGAS ok.pdf”.
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438D93F0DE6C77AD,https://drive.google.com/drive/folders/1A6zAEOgKO6y_P8Bu8umarSqvC32O2_c9?
usp=sharing, archivo “7. 35_AUDIENCIAIDEPR_11001334306020230027-20240422172100.pdf”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07792-01
Accionantes: Beatriz Juliana Moncada Vargas y otro

tasación de los perjuicios morales reclamados, de conformidad con los criterios fijados en
la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021 proferida por el Consejo de
Estado.

En todo caso, resulta pertinente aclarar que las consideraciones expuestas en esta
sentencia de ninguna manera pueden ser interpretadas como una orden de fallar en un
determinado sentido, puesto que se deben garantizar los principios de independencia y
autonomía judicial. En ese marco, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Tercera-Subsección A podrá valorar a su juicio los mencionados testimonios y
documentos en conjunción con los demás medios probatorios, para lo cual deberá
exponer los argumentos que sustenten su decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 2 de febrero de 2026 por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, CONCEDER el amparo de
tutela del derecho fundamental al debido proceso de Beatriz Juliana Moncada Vargas y
Juan José Moncada Vargas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el ordinal quinto del fallo del 20 de noviembre de
2025 emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-
Subsección A dentro del expediente con radicado núm. 11001-33-43-060-2023-00277-
00/01, única y exclusivamente respecto de los perjuicios morales solicitados por Beatriz
Juliana y Juan José Moncada Vargas, en atención a las razones expuestas en esta
providencia.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-
Subsección A que, en el término de veinte (20) días hábiles contados a partir de la
notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión en la que atienda lo indicado
en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07792-01
Accionantes: Beatriz Juliana Moncada Vargas y otro

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
Salva voto
SABF

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