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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07793-00

Fecha
22 de enero de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07793-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07793-00 Actor: SAMUEL ALDANA PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la UGPP, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUATRO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07793-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

22 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07793-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: SAMUEL ALDANA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR CARECER DEL REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
MERA LEGALIDAD Y ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS POR LAS
AUTORIDADES JUDICIALES ACCIONADAS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, DEFENSA,
IGUALDAD Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL

CIRCUITO DE FLORENCIA1 y la SALA DE DECISIÓN NÚM. 3 DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ2.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

1
En adelante Juzgado.
2
En adelante Tribunal.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07793-00
Actor: SAMUEL ALDANA

El señor SAMUEL ALDANA, a través de apoderado judicial, en

ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, al

acceso a la administración de justicia y al principio de seguridad

jurídica, los cuales estiman vulnerados por el JUZGADO y

TRIBUNAL, al haber proferido, respectivamente, las providencias de

31 de marzo de 2023 y 6 de agosto de 2025, dentro del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

número único de radicación 2021-00353-01.

I.2. Hechos

Manifestó que el 26 de septiembre de 2016, fue requerido mediante

Oficio núm. RQI-M-2339 por la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES

PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)3, para que

aportara información y documentos que constataran la liquidación y

pago de contribuciones parafiscales al sistema de protección social

comprendido entre el 1o. de enero al 31 de diciembre de 2014,

siendo notificado del mismo el 7 de octubre de 2016 mediante correo

certificado núm. RN647553649CO.

3
En adelante UGPP.

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3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07793-00
Actor: SAMUEL ALDANA

Afirmó que mediante Oficio núm. RCD-2017-01290 de 18 de julio de

2017, la UGPP le pidió modificar y pagar como cotizante los aportes

correspondientes a los períodos de enero a diciembre de 2014,

siendo notificado el 25 de julio de 2017.

Arguyó que su apoderado dentro del término legal radicó las

objeciones y motivos de inconformidad mediante escrito de 26 de

octubre de 2017, no obstante, el 25 de marzo de 2018, la UGPP,

expidió la liquidación oficial núm. RDO-2018-00657, la cual se la

notificó el 2 de abril de 2018, a través de la guía 472 núm.

RN925997808CO.

Aseguró que el 1o. de junio de 2018 interpuso recurso de

reconsideración contra dicha liquidación, siendo resuelto de manera

confirmatoria mediante Resolución núm. RDC2019-00420 de 4 de

abril de 2019.

indicó que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra la UGPP, el cual fue identificado con el número único

de radicación núm. 2021-00353-00, y correspondió por reparto al

JUZGADO que, en sentencia de 31 de marzo de 2023, negó las

pretensiones.

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Actor: SAMUEL ALDANA

Advirtió que inconforme con lo anterior presentó recurso de

apelación, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL que, mediante

sentencia de 6 de agosto de 2025, confirmó la decisión de primera

instancia.

I.3 Fundamentos de la solicitud

Aseveró que las providencias proferidas por el JUZGADO y

TRIBUNAL incurrieron en defecto fáctico, por cuanto realizaron

una valoración probatoria irrazonable y sesgada de las pruebas

obrantes en el expediente ordinario, además ignoraron la declaración

de renta del año gravable 2014.

Señaló que también incurrieron en defecto sustantivo al aplicar

normas inexistentes, inconstitucionales, erróneas y contradictorias,

configurando con ello una arbitrariedad manifiesta.

Asimismo, resaltó que también incurrieron en desconocimiento del

precedente jurisprudencial referente a la exculpación para

comerciantes y rentitas por falta de claridad normativa en la afiliación

al sistema de protección social, establecida en la sentencia de 8 de

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Actor: SAMUEL ALDANA

mayo de 20254, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de

Estado.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 1. Sírvase señor Juez Constitucional, amparar los
derechos al debido proceso, igualdad y los principios
constitucionales que rigen el sistema tributario incluyendo la
equidad, la proporcionalidad y la legalidad tributaria de mi
poderdante.

2. En consecuencia, SOLICITO que se DEJEN SIN EFECTOS las
sentencias dictadas por el Juzgado 005 Administrativo del
Circuito Judicial de Florencia - Caquetá el 31 de marzo de 2023,
y por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de
Decisión, el 06 de agosto de 2025, por haberse incurrido en
defectos sustantivos, fácticos y procedimentales que vulneran
los derechos arriba señalados.

3. Que se ORDENE al Tribunal Administrativo proferir nueva
decisión que resuelva de fondo el proceso tributario, ordenando
expresamente:

a) Reconocer la eximente de culpabilidad del señor
SAMUEL ALDANA por falta de claridad normativa en la
obligación de afiliación al sistema de protección social
para comerciantes y rentistas de capital durante 2014,
conforme a la Sentencia del Consejo de Estado No.
54001-23-33-000-2022-00067-01 del 8 de mayo de
2025 (C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello).

b) Declarar la improcedencia de la variación temporal
retroactiva efectuada por la UGPP, aplicando la
Sentencia del Consejo de Estado No. 11001-03-27-000-
2024-00008-00 del 20 de noviembre de 2025 que anuló
la expresión del artículo 2 del Decreto 3085 de 2007
(C.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño).

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 8 de mayo
de 2025, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, número único de radicación 2022-00067-01.

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Actor: SAMUEL ALDANA

c) Ordenar el recálculo del IBC partiendo de la renta
líquida declarada y respetando unidad de la prueba.

d) Declarar la nulidad de la Liquidación Oficial No. RDO-
2018-00657 del 25 de marzo de 2018 y de la Resolución
RDC2019-00420 del 4 de abril de 2019 que la confirmó
[…]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO se limitó a enviar el link del proceso objeto de

cuestionamiento.

I.5.2.- El TRIBUNAL a pesar de ser notificado en debida forma del

presente trámite constitucional, guardó silencio.

I.6.- Interviniente

I.6.1.- La UGPP solicitó ser desvinculada del presente trámite

constitucional por cuanto carece de legitimación en la causa por

pasiva.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

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Actor: SAMUEL ALDANA

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala advierte que la UGPP solicitó ser desvinculada de la presente

acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

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Actor: SAMUEL ALDANA

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).

Ahora bien, comoquiera que la UGPP fue vinculada en calidad de

demandada dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho objeto de cuestionamiento, le asiste

interés directo en las resultas del proceso constitucional de la

referencia, razón por la cual la Sala denegará la solicitud de

desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como

en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

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La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez

Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto

que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

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requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos

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de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue

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víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que la parte actora

pretende que se dejen sin efecto las providencias de 31 de marzo

de 2023 y 6 de agosto de 2025, proferidas, respectivamente, por

el JUZGADO y el TRIBUNAL, dentro del medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2021-00353-01.

A las citadas providencias el actor le atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio,

incurrieron en defecto fáctico, por cuanto realizaron una valoración

probatoria irrazonable y sesgada de las pruebas obrantes en el

expediente ordinario, además ignoraron la declaración de renta del

año gravable 2014.

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Señaló que también incurrieron en defecto sustantivo al aplicar

normas inexistentes, inconstitucionales, erróneas y contradictorias,

configurando con ello una arbitrariedad manifiesta.

Asimismo, resaltó que también incurrieron en desconocimiento del

precedente jurisprudencial referente a la exculpación para

comerciantes y rentitas por falta de claridad normativa en la afiliación

al sistema de protección social, establecida en la sentencia de 8 de

mayo de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de

Estado.

Es del caso advertir que, si bien en la acción de tutela se solicita dejar

sin efecto tanto la providencia de 31 de marzo de 2023 proferida

por el JUZGADO, como la dictada el 6 de agosto de 2025 por el

TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la presunta

vulneración de los derechos fundamentales invocados frente a la

sentencia de segunda instancia, toda vez que fue esta la que dio por

terminado el proceso.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)

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establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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Actor: SAMUEL ALDANA

examinadas en sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos

6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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Actor: SAMUEL ALDANA

necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la

[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos

[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las

siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

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“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de

tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente

acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia

constitucional, en la medida en que se percata que lo pretendido por

el actor es que se realice un nuevo análisis de un asunto que fue

puesto a consideración del juez natural de la causa, como si este

mecanismo se tratara de una instancia adicional al proceso ordinario.

En efecto, los motivos que fundamentan la inconformidad de la parte

actora se sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial

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accionada no observó las circunstancias administrativas en las que

incurrió la UGPP, quien no tuvo en cuenta la presunción de ingresos

para los independientes sin contrato de prestación de servicios y

rentistas de capital, así como los ingresos y gastos reportados en la

declaración de renta del año gravable 2014.

Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, gira en torno a la inconformidad con la decisión

adoptada por el juez natural del asunto, lo cual fue resuelto por el

TRIBUNAL, así:

“[…] sobre el análisis de los costos consignados en la
declaración de renta, debe señalarse que la UGPP, de
conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 156
de la Ley 1151 de 2007, debe adelantar la determinación de la
adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las
contribuciones parafiscales de la protección social, entendiendo
por «determinación» «la acción o efecto de determinar» y
«determinar» como «señalar o indicar algo con claridad o
exactitud» en términos del Diccionario de la Real Academia
Española.

En consecuencia, de conformidad con las facultades legales, la
demandada puede verificar y/o aceptar o no los valores que
hacen parte del ingreso base de cotización, dado que en estos
casos corresponden a todos los ingresos del trabajador
cotizante en cualquiera de sus modalidades reciba como
contraprestación de su actividad independiente.

De esa manera, a la luz del artículo 156 de la Ley 1151 de
2007, el extremo pasivo tiene amplias facultades para
determinar y liquidar los aportes al Sistema de Protección
Social de los aportantes obligados por ley, de forma que si bien
solo la DIAN puede desvirtuar la veracidad de la declaración de
renta, no impide que esta sea la base para la determinación de
los aportes, pues los denuncios rentísticos pueden ser

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analizados por la UGPP, máxime cuando sobre estos se funda
el IBC para la liquidación de los aportes.

En ese orden de ideas, frente al reconocimiento de la UGPP en
relación con los costos consignados en la declaración de renta,
habrá de señalarse que el artículo 1 del Decreto 510 de 2003,
para efecto de la liquidación de la base de cotización de los
aportes, podrán deducirse las sumas que el afiliado recibe y
que debe erogar para desarrollar su actividad lucrativa en las
mismas condiciones previstas en el artículo 107 del Estatuto
Tributario; en ese sentido, estos rubros deben estar
directamente relacionados con la actividad productora de renta
a efecto de ser reconocidos como una expensa necesaria, y si
bien en el presente caso, según el dicho de la parte actora, la
DIAN no ejerció su poder de fiscalización para verificar o no la
veracidad de los costos y deducciones reportados, ello no
impide que la parte pasiva no pueda hacerlo, debiendo el
cotizante aportar las pruebas necesarias que den cuenta sobre
las deducciones correspondientes.

Según la norma antes citada, los costos aminoran los ingresos
base de liquidación de los aportes y deben tener directa
relación de necesidad y proporcionalidad con la actividad
económica del aportante, la cual, en este caso corresponde al
trabajador independiente.

Bajo ese entendido, debía acreditarse ante la UGPP que para el
desarrollo de la actividad económica registrada incurrió en
expensas necesarias, sin que en el presente caso se advierta la
demostración de esos presupuestos sustanciales definidos en
el artículo 107 del E.T.; eso hace inviable pretender que la
UGPP deba admitir los costos reportados en las declaraciones
de renta, bajo el argumento de que se encuentra en firme.

En suma, el libelista tenía la carga de probar que los costos o
deducciones en que incurrió en el desarrollo de su actividad
productora de renta sí eran necesarios y proporcionales,
circunstancia que en este caso no aconteció.

Por último, es menester advertir que la firmeza de las
declaraciones de renta afecta la situación jurídica frente a la
DIAN y no el proceso de fiscalización que adelanta la UGPP, de
modo que, se insiste, el aportante debía acreditar ante la
entidad demandada la veracidad de los costos y deducciones
que pretendía llevar para disminuir los ingresos en la base de
cotización.
Colofón de lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia proferida por el Juzgado Quinto
Administrativo de Florencia, teniendo en cuenta que i) la
entidad no vulneró el derecho al debido proceso del actor, pues

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aplicó las normas que rigen el Sistema General de Seguridad
Social, ii) el demandante, en su calidad de trabajador
independiente, estaba en la obligación de cotizar a los
subsistemas de salud y pensión conforme a las disposiciones
normativas ut supra citadas y la base de cotización vigente para
el periodo gravable 2014, y iii) no demostró al interior del
proceso judicial que efectivamente hubiese cumplido con las
cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social – salud y
pensión.[…]”.

De los apartes transcritos de la providencia objeto de tutela, se

evidencia que, al resolver el problema jurídico el TRIBUNAL efectuó

un análisis de los costos consignados en la declaración de renta del

año gravable 2014, en atención a las disposiciones contenidas en el

artículo 156 de la Ley 1151 de 24 de julio de 2007, que determina

la liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la

protección social.

Luego a partir de dicho análisis, el TRIBUNAL concluyó que la UGPP

aplicó la normativa que rige en el sistema general de seguridad

social, asimismo, indicó que el actor en su calidad de trabajador

independiente estaba en la obligación de cotizar a los subsistemas

de salud y pensión conforme a la Ley y la base de cotización para el

período gravable 2014.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la autoridad judicial

accionada se pronunció frente a los aspectos que el accionante alude

como desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber actuado de

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forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio

de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece del requisito

general de la relevancia constitucional.

Situación distinta es que el actor no comparta la tesis allí dispuesta,

lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que de

conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto sometido a su

consideración.

Ahora, cabe anotar que la presunta configuración del defecto del

precedente judicial tampoco cumple con la carga argumentativa que

fundamente dicha afirmación, por cuanto la parte actora se limitó a

citar una sentencia que hace alusión a la normativa que regula el

proceso de fiscalización a cargo de la UGPP y sus liquidaciones

oficiales, sin precisar la relación fáctica y jurídica que pudiese existir

entre lo resuelto en esas oportunidades y en el caso objeto de

estudio.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa del

defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

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Sala15 ha indicado:

“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de las
decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas; sin
embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de los actores,

sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como

si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela

un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la

competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 2022-04407-01.

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consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente

asunto lo pretendido por el actor era que se volviera a decidir sobre

la controversia resuelta por el juez natural, sin que se observara que

este actuó de forma arbitraria, la Sala concluye que tales

inconformidades carecen del requisito general de relevancia

constitucional.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el

amparo solicitado por carencia del requisito general de la relevancia

constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

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26

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07793-00
Actor: SAMUEL ALDANA

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la UGPP, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUATRO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de enero de 2026.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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