Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07794-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07794-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07794-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07794-01
Accionante: María Graciela Pinzón Riaño y otro
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Revoca parcialmente la decisión de primera instancia respecto a
la improcedencia de la acción, para en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda por no configurarse los defectos
alegados.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la señora María Graciela Pinzón Riaño, quien actúa en
nombre propio y Diana Patricia Duque Cuesta, quien manifestó actuar como agente
oficiosa de su madre fallecida Elida Cuesta de Duque, contra la providencia del 26
de febrero de 20261 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
mediante la cual declaró improcedente la acción por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela2 y del expediente se colige que el 25 de abril de 2018
falleció el soldado conscripto Óscar David Pinzón Duque, mientras prestaba el
servicio militar obligatorio en el Ejército Nacional, como consecuencia de los
impactos de arma de fuego que le fueron propinados accidentalmente por otro
conscripto, suceso que dio lugar a las actuaciones administrativas, disciplinarias y
penales correspondientes.
3. Con ocasión del anterior suceso, el 13 de marzo de 2019 varios integrantes
de su núcleo familiar, entre ellos las señoras María Graciela Pinzón Riaño y Elida
Cuesta Cubillos, instauraron una demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa3 contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.
4. El Juzgado Sesenta y Cuatro (64) Administrativo de Oralidad del Circuito
1
Índice 27 del aplicativo SAMAI
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Presentado el 5 de diciembre de 2025
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Seguida bajo el radicado núm. 11001-33-43-064-2019-00069-00
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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07794-01
Accionante: María Graciela Pinzón Riaño y otro
Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 17 de noviembre de 2022, declaró la
responsabilidad patrimonial de la entidad demandada y reconoció perjuicios
morales a favor de varios demandantes, incluidos los mencionados familiares,
providencia que fue objeto de recurso de apelación por parte del Ejército Nacional.
5. Al resolver la alzada4, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, profirió sentencia el 28 de agosto de 20245, en la cual
confirmó la declaratoria de responsabilidad, pero declaró la falta de legitimación en
la causa por activa de los señores María Graciela Pinzón Riaño, Elida Cuesta
Cubillos y Rovinson Mahecha Perdomo, al considerar que el parentesco alegado
no se encontraba acreditado con los registros civiles obrantes en el expediente.
6. Contra dicha providencia, el 16 de enero de 2025 la parte actora presentó
una solicitud de aclaración y adición, y promovió un incidente de nulidad, peticiones
que fueron resueltas mediante el auto del 27 de marzo de 20256, en el cual el
Tribunal negó la adición solicitada, rechazó de plano el incidente de nulidad y aclaró
la parte resolutiva en relación con el señor Rovinson Mahecha Perdomo,
manteniendo incólume la declaratoria de falta de legitimación en la causa por
activa de las demandantes citadas en precedencia.
2.2. Fundamento jurídico
7. La parte actora sostuvo que las providencias reprochadas vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia, a la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas,
al mínimo vital y a la reparación integral, al haber sido excluida del proceso de
reparación directa mediante una interpretación restrictiva de la legitimación en la
causa por activa.
8. Reprochó la supuesta existencia de un defecto fáctico, sustentado en que el
Tribunal incurrió en una valoración incompleta y fragmentaria del material
probatorio, pues no apreció de manera conjunta los elementos documentales que,
4
El ad quem, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 17 de noviembre de 2022, confirmó la
responsabilidad patrimonial de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte del soldado conscripto
Óscar David Pinzón Duque, bajo un régimen objetivo derivado de la relación de especial sujeción. No obstante, el Tribunal
declaró la falta de legitimación en la causa por activa de los señores María Graciela Pinzón Riaño, María Elida Cuestas
Cubillos y Rovinson Mahecha Perdomo, al concluir que el parentesco y la condición alegada no se encontraban acreditados
de manera fehaciente con los registros civiles aportados, los cuales presentaban inconsistencias sustanciales en los nombres
y ausencia de datos esenciales de identificación. La autoridad judicial precisó que tales deficiencias no constituían un vacío
probatorio susceptible de ser subsanado mediante el ejercicio de facultades oficiosas, sino una carencia estructural de
idoneidad probatoria, cuya corrección exigía trámites administrativos o judiciales complejos, ajenos al alcance de un auto
para mejor proveer y atribuibles exclusivamente a la parte demandante conforme a la carga de la prueba. En consecuencia,
el Tribunal modificó la sentencia de primera instancia para excluir a los citados demandantes del reconocimiento de perjuicios
morales, confirmó lo demás decidido, descartó la configuración de causales eximentes de responsabilidad y dejó en firme la
condena a favor de los demás familiares cuya legitimación sí fue debidamente acreditada.
5 Notificada el 13 de enero de 2025.
6
Índice 22 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-33-43-064-2019-00069-01. Esta última providencia fue notificada por estado
el día 9 de septiembre de 2025. - El Tribunal analizó la solicitud de adición, aclaración y el incidente de nulidad promovidos
contra la sentencia de segunda instancia del 28 de agosto de 2024, concluyendo, en primer término, que tales mecanismos
procesales no pueden ser utilizados para reabrir el debate de fondo ni para introducir una nueva valoración probatoria ajena
a los límites previstos en los artículos 285, 286 y 287 del Código General del Proceso. En relación con la aclaración y
adición, el ad quem señaló que no existían conceptos oscuros, ambiguos u omisiones decisorias en la providencia
cuestionada, pues el análisis de la legitimación en la causa por activa fue expreso, completo y debidamente
motivado, razón por la cual negó dichas solicitudes al advertir que pretendían cuestionar el fondo de la decisión. No
obstante, la autoridad judicial accedió parcialmente a la aclaración, únicamente para corregir un yerro involuntario en la parte
resolutiva, precisando que el señor Rovinson Mahecha Perdomo carecía de legitimación en la causa por activa y, en
consecuencia, no debía figurar como beneficiario de los perjuicios reconocidos. Finalmente, la Sala rechazó de plano el
incidente de nulidad, al constatar que la excepción de falta de legitimación fue debidamente trasladada y debatida durante el
proceso, sin que se configurara irregularidad procesal alguna que afectara el debido proceso, reiterando que la acreditación
de la legitimación corresponde a la parte actora conforme al principio dispositivo y a la carga de la prueba.
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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07794-01
Accionante: María Graciela Pinzón Riaño y otro
a su juicio, permitían establecer razonablemente el vínculo familiar con la víctima
directa y la afectación sufrida, deduciendo consecuencias gravosas a partir de
inconsistencias meramente nominales.
9. Aunado a lo anterior, expuso que se presentó un defecto sustantivo,
argumentando que la autoridad judicial aplicó de manera errónea las normas que
regulan la legitimación en la causa por activa en los procesos de reparación directa,
al adoptar una interpretación formalista de los requisitos probatorios del parentesco,
desconociendo criterios jurisprudenciales que adujo, privilegian la realidad material
sobre las exigencias estrictamente documentales.
10. Adicionalmente consideró que también se dio un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, toda vez que, en su sentir, el Tribunal sacrificó el derecho
sustancial al supeditar el reconocimiento de su legitimación a diferencias en los
nombres consignados en los registros civiles, sin ejercer las facultades oficiosas
orientadas a esclarecer la situación, tales como el decreto de pruebas de oficio o la
adopción de medidas para superar las dudas registrales advertidas.
11. Así mismo, adujo el desconocimiento del precedente, en tanto invocó, de
manera general, sin profundizar cómo eran aplicables específicamente esas
decisiones a su caso concreto, unas providencias de esta corporación7, en las
que, según afirmó, se admitió la superación de inconsistencias nominales y se
reconoció la posibilidad de acudir a pruebas oficiosas para acreditar el parentesco
en procesos de reparación directa.
12. Finalmente, sostuvo que tales actuaciones configuraron una violación directa
de la Constitución, al impedir un acceso efectivo a la jurisdicción, generar un trato
desigual frente a otros demandantes reconocidos dentro del mismo proceso y
anteponer formalismos probatorios a la garantía de una reparación judicial
sustancial derivada del daño alegado.
2.3. Pretensiones
13. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
« PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, al acceso a la
administración de justicia, al mínimo vital, a la reparación integral, valoración de
las pruebas, contradicción de las mismas y al principio de legalidad, los cuales
fueron vulnerados por la sentencia de segunda instancia del 28 de agosto de 2024
y su aclaración del 27 de marzo de 2025, proferidas por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, dentro del medio de control de
reparación directa radicado No. 11001-33-43-064-2019-00069-01. Lo anterior, por
cuanto la autoridad judicial incurrió en un defecto sustantivo, al aplicar de manera
errónea las normas que regulan la legitimación en la causa por activa en el medio
de control de reparación directa, desconociendo además el acervo probatorio
recaudado durante el proceso, que demostraba la calidad y condición de las
accionantes como beneficiarias y damnificadas directas del daño antijurídico
declarado.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual, aun cuando accedió a las
pretensiones de la demanda, declaró de oficio probada la excepción de falta de
7
En particular, la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, del 6 de marzo de 2022 (rad. 11001-03-
15-000-2022-02936-01), así como otras providencias de dicha Sección de los años 2012, 2014 y 2015.
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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07794-01
Accionante: María Graciela Pinzón Riaño y otro
legitimación en la causa por activa respecto de las señoras MARÍA GRACIELA
PINZÓN RIAÑO Y MARÍA ELIDA CUENTAS CUBILLOS, decisión que resultó
desproporcionada, incongruente y contraria a los criterios jurisprudenciales que
garantizan el acceso real y efectivo a la administración de justicia para las víctimas
y sus familiares.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, que emita una nueva sentencia dentro del proceso de
reparación directa señalado, en la cual se analice de fondo la legitimación en la
causa por activa, conforme a los precedentes constitucionales y contenciosos
administrativos sobre la materia, garantizando la prevalencia del derecho
sustancial.
CUARTO: DISPONER que, en la nueva decisión que se profiera, se reconozca
plenamente la condición de víctimas indirectas de las accionantes, atendiendo la
estrecha relación de parentesco y afectiva con la víctima directa, así como el daño
moral y material demostrado dentro del proceso.
QUINTO: ADOPTAR cualquier otra medida necesaria para restablecer
integralmente los derechos fundamentales vulnerados y evitar la repetición de
actuaciones judiciales que desconozcan el precedente y sacrifiquen el derecho
sustancial por formalismos excesivos.
SEXTO: Las anteriores pretensiones encuentran su fundamento en los siguientes
hechos: (…)» (SIC en toda la cita)
2.4. Intervenciones
14. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, mediante auto del 16 de diciembre de 20258 a través del cual
ordenó notificar a los magistrados Fernando Iregui Camelo y José Élver Muñoz
Barrera, pertenecientes al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C y vinculó en calidad de terceros con interés, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, a la Nación,
Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y al Juzgado Sesenta y Cuatro
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
2.4.1 El Juzgado Sesenta y Cuatro (64) Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Bogotá9 sostuvo que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario
y excepcional, que no puede ser utilizado para reabrir debates propios del proceso
ordinario ni para controvertir decisiones judiciales desfavorables, salvo que se
configure una vía de hecho o una vulneración manifiesta de derechos
fundamentales.
15. En el caso concreto, advirtió que la inconformidad de la parte accionante
derivaba exclusivamente de las providencias dictadas en segunda instancia, sobre
las cuales no tuvo injerencia ese despacho, y consideró que no se acreditaron los
defectos alegados por la parte actora que justificaran la intervención del juez de
tutela, por lo que solicitó declarar la improcedencia del amparo.
2.4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C10 remitió el vínculo de acceso al expediente y sostuvo que las
providencias del 28 de agosto de 2024 y 27 de marzo de 2025 se ajustaron
plenamente al marco normativo y jurisprudencial aplicable, al concluir que los
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registros civiles aportados desde la presentación de la demanda no permitían
acreditar de manera fehaciente e inequívoca el parentesco alegado por las
accionantes.
16. Precisó que no existió omisión en la valoración probatoria ni
desconocimiento de precedente alguno, pues el yerro advertido no correspondía a
la ausencia absoluta de prueba, sino al aporte de documentos que no eran idóneos,
con inconsistencias sustanciales en los nombres y sin datos esenciales de
identificación, cuya corrección exigía trámites administrativos o judiciales
complejos, ajenos al alcance de las facultades oficiosas del juez.
17. Finalmente, indicó que la legitimación en la causa por activa constituye un
presupuesto procesal a cargo de la parte demandante, conforme al principio
dispositivo y a la carga de la prueba, razón por la cual no era viable suplir, mediante
actuación oficiosa, deficiencias probatorias estructurales advertidas de manera
extemporánea, concluyendo que la decisión cuestionada aplicó correctamente el
precedente y no vulneró derecho fundamental alguno.
2.4.3. No se rindieron más informes.
2.4.4. Los señores Leidy Johana Pinzón Duque, Willington Pinzón Duque, Oscar
Pinzón Villarreal y Rovinson Mahecha Perdomo presentaron una solicitud para
actuar en calidad de coadyuvantes11.
2.5. Sentencia impugnada12
18. La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 26 de febrero de
2026, conoció en primera instancia la acción de tutela promovida por María Graciela
Pinzón Riaño, en nombre propio, y Diana Patricia Duque Cuesta, quien afirmó
actuar como agente oficiosa de su madre fallecida Elida Cuesta de Duque, contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, por
las providencias del 28 de agosto de 2024 y 27 de marzo de 2025.
19. En primer lugar, la Sala declaró la falta de legitimación en la causa por activa
de Diana Patricia Duque Cuesta para actuar como agente oficiosa de su madre
fallecida, al considerar que los derechos fundamentales invocados son de
naturaleza personalísima y que el fallecimiento del presunto titular impide su
protección mediante esta acción constitucional.
20. Respecto de la señora María Graciela Pinzón Riaño, la Sala analizó la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó que no
se superaba el requisito de relevancia constitucional, al advertir que la controversia
planteada se limitaba a una inconformidad con la valoración probatoria y la
interpretación jurídica realizada por el juez natural de la causa.
21. Finalmente, indicó que las providencias cuestionadas estaban debidamente
motivadas y se adoptaron dentro del ámbito de autonomía judicial, sin que se
acreditara la configuración de los defectos alegados, razón por la cual declaró la
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improcedencia del amparo solicitado.
2.6. Impugnación
22. Las impugnantes reiteraron, en lo sustancial, los mismos argumentos
expuestos en su escrito de tutela, insistiendo en que la providencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en los defectos endilgados, al
desconocer el parentesco alegado y excluirlas del proceso de reparación directa.
23. Sostuvieron, que la controversia sí revestía relevancia constitucional, por
cuanto la decisión de segunda instancia se habría basado en inconsistencias
nominales de los registros civiles, sin una valoración integral del acervo probatorio
ni el ejercicio de facultades oficiosas, afectando su acceso a la administración de
justicia y la posibilidad de obtener una reparación.
24. Con fundamento en lo anterior, solicitaron la revocatoria del fallo de tutela de
primera instancia y la concesión del amparo constitucional, con el fin de que se
dejen sin efectos las providencias cuestionadas y se ordene al Tribunal emitir una
nueva decisión.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
25. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 del 201913 y demás normas
concordantes.
3.2. Cuestión previa
3.2.1. De las providencias objeto de análisis
26. Si bien la presente acción de tutela se dirigió contra el Juzgado Sesenta y
Cuatro (64) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, la Sala centrará
su análisis en las providencias dictadas por el ad quem de fechas 28 de agosto de
202414 y 27 de marzo de 202515, dentro del medio de control de reparación directa
con radicado 11001-33-43-064-2019-00069-00[01], toda vez que estas, en
particular la última de ellas, pusieron fin al proceso.
3.2.2. De los defectos objeto de estudio en sede constitucional
27. La Sala advierte que los cargos formulados por la parte actora respecto a la
presunta existencia de los defectos: fáctico, sustantivo, por violación directa de la
Constitución y procedimental por exceso ritual manifiesto convergen en realidad en
un mismo eje problemático, consistente en la valoración del parentesco alegado y
13 Reglamento interno del Consejo de Estado.
14
Que resolvió el recurso de apelación contra la providencia del 17 de noviembre de 2022 dictada por el a quo, declaró la
falta de legitimación en la causa por activa de las señoras María Graciela Pinzón Riaño y María Elida Cuestas Cubillos y del
señor Rovinson Mahecha Perdomo
15
Notificada por estado el 9 de septiembre de 2025.
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Accionante: María Graciela Pinzón Riaño y otro
en el alcance de las facultades oficiosas del juez natural para suplir las cargas
probatorias a cargo de las partes.
28. En ese entendido, más allá de la denominación técnica atribuida a cada
reproche, todos ellos cuestionan que la autoridad judicial accionada hubiera exigido
la acreditación estricta del vínculo familiar a partir de los registros civiles obrantes
en el expediente, sin flexibilizar dicha exigencia ni acudir a mecanismos
oficiosos para superar las inconsistencias advertidas.
29. Desde esa perspectiva, la controversia propuesta no se dirigió a demostrar
la existencia de una actuación arbitraria, caprichosa o carente de motivación, sino
a controvertir el ejercicio del juicio valorativo adelantado por el juez natural al
apreciar la suficiencia de los medios de prueba disponibles y al definir que las
divergencias nominales detectadas no resultaban subsanables dentro del trámite
ordinario ni mediante un auto para mejor proveer.
30. Así las cosas, en consideración a como fueron planteados, el análisis de los
defectos invocados no exige un estudio autónomo y aislado de cada uno, pues la
respuesta que se adopte frente al referido eje probatorio resulta determinante para
desatar, en su conjunto, los cargos formulados.
31. Por otro lado, si bien la parte actora alegó un presunto desconocimiento del
precedente judicial, la Sala advierte que dicho reproche no fue debidamente
estructurado, pues se limitó a la cita genérica de algunas providencias, sin
demostrar la identidad fáctica ni precisar la regla jurisprudencial concreta que se
estimaba desconocida. En consecuencia, al no satisfacer las exigencias mínimas
para habilitar un análisis reforzado en esta sede constitucional, este cargo no será
objeto de análisis en esta sede.
32. En consideración a lo expuesto en precedencia, y dado que los demás
reproches formulados se refieren sustancialmente a la valoración de la prueba del
parentesco y al alcance de las facultades oficiosas del juez natural, la Sala abordará
su análisis de manera conjunta. Previamente, deberá verificarse el cumplimiento de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, especialmente los de relevancia constitucional y legitimación en la causa
por activa, cuyo cumplimiento no se encontró acreditado en primera instancia.
3.3. Problema jurídico
33. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar, inicialmente, si la presente acción de tutela cumple los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
especialmente los de relevancia constitucional y legitimación en la causa por activa,
cuyo cumplimiento no se encontró acreditado en primera instancia. Solamente en
caso afirmativo deberá establecerse si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C al proferir las providencias del 28 de agosto de
202416 y del 27 de marzo de 2025, dentro del medio de control de reparación directa
16
Que resolvió el recurso de apelación contra la providencia del 17 de noviembre de 2022 dictada por el a quo, declaró la
falta de legitimación en la causa por activa de las señoras María Graciela Pinzón Riaño y María Elida Cuestas Cubillos y del
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Accionante: María Graciela Pinzón Riaño y otro
con radicado 11001-3343064-2019-00069-00 [01], incurrió en los defectos fáctico,
sustantivo, procedimental absoluto y por violación directa de la Constitución y con
ellos, en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas, al mínimo vital y a la reparación integral de la parte
actora.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
34. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por los
Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de 2015,
protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados,
actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales,
salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
35. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
36. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.
37. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
38. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
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fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues, no habían transcurrido más
de 6 meses desde que se profirió la decisión cuestionada en sede de tutela y esta
cobró ejecutoria17 toda vez que la presente acción constitucional fue instaurada el
5 de diciembre de 2025.
3.4.1.4. Contrario a lo sostenido en la sentencia de primera instancia, el asunto por
resolver es de relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer
una posible vulneración iusfundamental al debido proceso, a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia, a la prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas, al mínimo vital y a la reparación integral de la parte actora derivada de la
presunta configuración de los defectos fáctico, sustantivo, procedimental absoluto
y por violación directa de la Constitución, los cuales argumentó y fundamentó
razonablemente, de forma tal que habilita el estudio de fondo de los mismos.
39. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
40. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional18 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa19, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa y sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
b. Una dimensión positiva20, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia
pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha
debido admitir ni valorar.
41. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
17
En consideración a que el auto que resolvió la solicitud de aclaración y adición respecto de la providencia del 28 de agosto
de 2024 fue notificada por estado el 9 de septiembre de 2025.
18
Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998,
T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
19
Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
20
Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez
dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde
determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente
después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios»21. Negrillas
de la Sala.
42. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por
el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
3.6. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
43. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo
de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente aplicables al
caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que contraría los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla
definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo se configura
cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al caso concreto resulta contraria a
los criterios mínimos de juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»22.
44. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en
los cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de juridicidad de
las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad judicial
respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso
determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave
en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con
efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la
que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el
fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los
intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada
respectiva”.
21
Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
22
Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo Montealegre Lynett.
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Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los jueces
dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia judicial
para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta.
Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia,
la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los
valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que convierte
en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda
el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido derogada
y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente
inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad,
(iii) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada
inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser
constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma
aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el
legislador»23.
45. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que
se presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las
normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció
la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una
sentencia con efectos erga omnes.
3.7. El defecto procedimental como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
46. En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando el juez o
la autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa completamente al margen
del procedimiento judicial establecido24. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que este defecto puede configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto
procedimental absoluto, y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto25.
47. En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte
Constitucional que este se materializa cuando el o los administrador(es) de justicia:
«[…] “se aparta[n] por completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite
de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a un trámite completamente ajeno al
pertinente –desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n] etapas sustanciales del
procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa y contradicción de
una de las partes del proceso” 26 o porque iii) “pasa[n] por alto realizar el debate probatorio,
natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos
procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su
contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y
la violación a los derechos fundamentales”27 […]».
48. Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el defecto
procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
23
Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
24
Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.
25
Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.
26
Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018.
27
Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013.
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en todos sus supuestos fácticos, también requieren: i) que trate de un error
procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa con el fondo de
la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni indirectamente a la
persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no se pueda corregir la
irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado la irregularidad dentro del
proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por la situación fáctica del caso; y v) que
a consecuencia de todo lo anterior se vulneren derechos fundamentales28.
3.7. El defecto por violación directa de la Constitución
49. La Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada que este defecto
que se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades de velar por
el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4 de la Carta Política según
el cual «la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad
entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales.»29
50. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que este
defecto se configura cuando se omite la aplicación de un precepto ius fundamental
necesario para la decisión, lo que puede ocurrir cuando: “(a) en la solución del caso
se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional, (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y (c) el juez
en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de
interpretación conforme con la Constitución30”.
51. Asimismo, la Corte Constitucional ha precisado que esta causal específica
de procedencia de la acción de tutela se concreta cuando el juez da aplicación a
una disposición de rango legal contraria a la Carta Política y no utiliza la figura de
la excepción de inconstitucionalidad31.
4. Análisis de los presuntos defectos sustantivo, fáctico, procedimental
por exceso ritual manifiesto y por violación directa de la Constitución en el
caso concreto
52. Antes de abordar el estudio de los defectos, la Sala advierte de entrada que
comparte lo resuelto por la primera instancia en relación con la declaración de
ausencia de legitimación en la causa por activa de la señora Diana Patricia Duque
Cuesta, quien pretendió actuar como agente oficiosa de su madre fallecida, dado
que los derechos fundamentales invocados son de naturaleza personalísima y no
se transmiten con ocasión del deceso.
53. En ese entendido, el examen de fondo se contraerá exclusivamente a la
situación de la señora María Graciela Pinzón Riaño, única accionante legitimada
para actuar en esta sede, con el fin de delimitar el alcance del control constitucional
y evitar extenderlo a controversias respecto de sujetos que carecen de capacidad
procesal para promover el amparo.
54. Ahora bien, como se expuso en la cuestión previa, la Sala evidencia que los
28
Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de 2014.
29
SU-336 de 2017, Corte Constitucional
30
Al respecto, ver entre otras, las Sentencia T-199 de 2005, T-590 de 2009 y SU-198 de 2013 y T-809 de 2010.
31
Sentencia SU-198 de 2013.
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reproches formulados por la parte actora relacionados a la existencia de los
defectos: fáctico, sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto y por
violación directa de la Constitución, expresan una inconformidad común
relacionada con la valoración del parentesco alegado y con el alcance de las
facultades oficiosas del juez natural. En consecuencia, se abordarán de forma
conjunta.
55. Precisado lo anterior, esta Subsección no advierte que haya existido una
omisión o una indebida valoración probatoria, pues el Tribunal realizó un examen
expreso y detallado de los registros civiles aportados desde la presentación de la
demanda, tanto en la sentencia del 28 de agosto de 2024 que confirmó la
providencia del a quo, como en el auto del 27 de marzo de 2025.
56. En consecuencia, las decisiones no se fundaron en la ausencia de análisis
de las pruebas, sino en una valoración negativa, expresa y razonada de la
idoneidad de dichos documentos, al constatar inconsistencias sustanciales en
los nombres y la ausencia de datos esenciales que impedían reconstruir de manera
fehaciente e inequívoca la cadena registral necesaria para acreditar el parentesco,
lo cual, a todas luces, no puede considerarse como un defecto fáctico, sino como
una divergencia de la parte actora con la forma en que fueron valorados.
57. En cuanto al defecto sustantivo, la Sala advierte que tampoco se configuró,
pues el Tribunal aplicó correctamente las reglas que gobiernan la legitimación en la
causa por activa, entendida como un presupuesto procesal indispensable32,
cuya acreditación corresponde a quien pretende el reconocimiento de un derecho,
so pena de que sus pretensiones no puedan prosperar al carecer de este.
58. Tal comprensión no solo se ajusta a la normativa procesal prevista en el
artículo 162 del CPACA, en concordancia con el principio dispositivo, sino también
a la jurisprudencia reiterada de esta corporación, según la cual la legitimación no
se presume, pues exige una demostración suficiente y condiciona la viabilidad de
una decisión de mérito favorable a quien la reclama.
59. Bajo el escenario expuesto, no resulta razonable trasladar al juez la carga
de reconstruir o corregir la identidad de quien demanda, pues ello supondría
desdibujar la distribución de cargas procesales y convertir las facultades oficiosas
en instrumentos para suplir deficiencias probatorias estructurales atribuibles a la
parte interesada.
60. Tampoco se configuró un exceso ritual manifiesto, dado que el Tribunal
explicó de forma consistente que las deficiencias advertidas no eran meramente
32
Como sustento jurisprudencial de sus argumentos al respecto, el Tribunal citó en su auto del 27 de marzo de 2025, una
providencia de esta corporación de la que extractó lo siguiente: - «… Si bien, el artículo 169 del C.C.A dispone que el juez
está facultado para decretar y practicar de oficio las pruebas que considere necesarias para “… esclarecer puntos oscuros o
dudosos de la contienda”, lo cierto es que bajo el sub-lite no se estaba ante un punto dudoso relacionado con los aspectos
en controversia del que el juez debiera ocuparse antes de emitir pronunciamiento de fondo, pues la acreditación de la
legitimación corresponde a un presupuesto procesal que la parte actora estaba llamada a acreditar, lo que, en efecto
no cumplió, desatendiendo la carga de la prueba que sobre ella recaía, así como el principio dispositivo 8 que rige a
esta jurisdicción. Por otra parte, no le es dable a los sujetos procesales reclamar al juez el ejercicio de la facultad de
decretar pruebas de oficio, pues la misma emerge como una facultad discrecional del operador jurídico no habilitada
para suplir los deberes procesales que recaen sobre las partes en litigio. (…)». Consejo de Estado, Sección Tercera,
Sentencia de 29 de octubre de 2021, radicado No. 47001-23-33-000-2013-00269 01(56906), M.P José Roberto Sáchica. -
Subrayas de esta Sala-.
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accidentales33, sino estructurales, y que su corrección requería trámites
administrativos o judiciales complejos, incluso de jurisdicción voluntaria, ajenos al
alcance del proceso contencioso, por lo que no resultaba imperativo, ni obligatorio
el decreto de pruebas de oficio.
61. A ello se suma que las pruebas correctivas del registro civil fueron aportadas
de manera tardía, en plena etapa de ejecutoria34, lo cual resulta procesalmente
inadmisible, conforme a los principios de preclusión, seguridad jurídica y lealtad
procesal, y a los límites materiales de las solicitudes de aclaración y adición
previstos en los artículos 285 a 287 del Código General del Proceso.
62. En cuanto a la alegada violación directa de la Constitución, la Sala observa
que esta se estructuró sobre los mismos supuestos que sustentan los defectos
antes analizados, sin que se haya identificado un mandato constitucional concreto
desconocido de manera inmediata y autónoma por la autoridad judicial accionada.
63. En suma, al no evidenciarse ninguna arbitrariedad ni alguna irrazonabilidad
manifiesta o una infracción directa de normas superiores, los defectos alegados
contra las providencias en esta sede constitucional decaen de manera conjunta,
por lo que resulta imperativo negarlos al no encontrarse configurados y no haberse
demostrado la trasgresión ius fundamental alegada por la parte actora.
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar parcialmente la sentencia del 26 de febrero de 2026 proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado respecto al incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, en relación con la actora María Graciela
Pinzón Riaño.
Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la señora
María Graciela Pinzón Riaño, por los argumentos expuestos en la parte motiva de
la presente providencia.
Tercero: Confirmar la providencia impugnada en relación con la decisión de
declarar la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Diana Patricia
Duque Cuesta, quien pretendió actuar como agente oficiosa de su fallecida madre,
33
Auto del Tribunal del 27 de marzo de 2025- «… Por lo anterior, encuentra la Subsección que el yerro del apoderado de la
parte demandante no guarda ninguna equivalencia con las providencias que transcribió para apoyar su solicitud de aclaración
y adición, pues, en el presente asunto no se trató de una simple omisión por no allegar el registro civil
correspondiente, si no que se aportaron unos registros civiles de los cuales no fue posible identificar la calidad en
la que concurrían las demandadas y que si bien se hubiera realizado un posible requerimiento del mismo, incluía un
trámite administrativo o judicial, el cual es ajeno a las pretensiones que se estudiaron en el presente asunto. Ahora
bien, se advierte que, para modificación de un registro civil, la Registraduría Nacional del Estado Civil, señaló que se debe
iniciar la siguiente actuación administrativa…»
34
Ibidem. - «…Entonces, se observa que, en el nuevo registro civil aportado en la solicitud de aclaración y adición, se puede
evidenciar que la señora María Graciela Pinzón Riaño es la madre del señor Oscar Pinzón, sin embargo, la Subsección no
puede valorar la prueba aportada porque el apoderado judicial de la parte demandante no la allegó en la etapa
procesal correspondiente. Luego, se itera que este proceso se instauró desde el año 2019 y solo hasta el 16 de enero
de 2025 y con posterioridad a las notificaciones de las sentencias de primera y segunda instancias, el apoderado
puso en conocimiento dicho yerro…»
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07794-01
Accionante: María Graciela Pinzón Riaño y otro
la señora Elida Cuesta de Duque (q.e.p.d.).
Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Quinto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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