Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07810-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07810-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07810-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
30 de abril de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07810-01
Demandante: Jessica Daniela Sierra Gamboa y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 30 de abril de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07810-01
Demandante: JESSICA DANIELA SIERRA GAMBOA Y OTRO
Demandado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ Y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA,
SUBSECCIÓN C
Tema: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Improcedencia de la acción de tutela.
Relevancia constitucional. Revoca fallo que deniega y declara
improcedencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 2
de febrero de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
que denegó el amparo pretendido en la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 9 de diciembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela, Jessica Daniela Sierra
Gamboa y Jonathan Ricardo Sierra Gamboa, actuando en nombre propio, pidieron la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia e igualdad.
A juicio de los tutelantes, la vulneración de esas garantías superiores se presenta con
ocasión de las sentencias del 9 de julio de 2021 y del 22 de octubre de 2025, dictadas
por el Juzgado Primero Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, respectivamente, que denegaron
pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
No. 1001-33-34-001-2014-00220-00/03.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1) Se nos amparen los derechos fundamentales vulnerados por las accionadas y establecidos en el
presente escrito.
2) Que, como consecuencia de lo anterior, se le ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCION PRIMERA SUBSECCION C, que en el término de 48 horas de
cumplimiento a su decisión y proceda a emitir decisión de segunda instancia garantizando los
derechos fundamentales de quienes suscribimos la presente acción de tutela, Y, REVOQUE LA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, y le ordene a la JUEZ PRIMERO ADMINISTRATIVO DE
BOGOTA proceda a dar cumplimiento a lo actuado por al TRIBUNAL, una vez cumpla la orden
emitida por el CONSEJO DE ESTADO.
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3) En su defecto, si así lo considera el HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, proceda a modificar
la sentencia de segunda instancia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Actuación judicial previa
El 17 de noviembre de 2011, Camilo Otalora, Rosalba Ariza de Páez y Lilia Romero
presentaron acción de tutela como mecanismo transitorio contra la Secretaría de
Movilidad de Bogotá D.C., para obtener el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, seguridad jurídica, libertad e igualdad, que consideraron vulnerados por
la negativa de la entidad de tramitar la cancelación de matrícula y reposición de los
vehículos de servicio público propiedad de los accionantes.
El Juzgado Cuarenta y Cinco Municipal de Bogotá profirió sentencia el 1 de diciembre de
2011, dentro de la tutela a la que se asignó el radicado núm. 11-1505, en la que amparó
los derechos invocados y ordenó a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá que
tramitara las solicitudes de reposición de, entre otros vehículos, el de placa SC-2423
(placa nueva TEP873).
La decisión fue impugnada y confirmada en segunda instancia por el Juzgado Veintisiete
Civil del Circuito de Bogotá en fallo del 7 de febrero de 2012. En cumplimiento de las
órdenes de tutela, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá repuso los vehículos,
entre otros, con placa SC-2423 (placa nueva TEP873).
El señor Álvaro Sierra Sánchez el 26 de marzo de 2012 compró un vehículo y,
posteriormente, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá lo registró con placa
TEP873, expidió licencia de tránsito y la tarjeta de operación a su favor. El 20 de
noviembre de 2013 el señor Sierra Sánchez falleció.
La Corte Constitucional seleccionó la tutela para revisión y, mediante sentencia T-568 de
17 de julio de 2012, revocó el amparo y, en su lugar, «negó por improcedente» la acción
de tutela, por cuanto no fue superado el requisito de subsidiariedad.
En consecuencia, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá profirió auto 108541 de
2013 «por medio del cual dio cumplimiento a orden judicial sentencia T-568/12», en el
que dejó sin efectos los actos administrativos «ordenados con ocasión de las solicitudes
de trámite efectuados» y que fueron emitidos en acatamiento de los fallos del 1 de
diciembre de 2011 y 7 de febrero de 2012.
3.2. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Los señores Jessica Daniela y Jonathan Ricardo Sierra Gamboa, hijos del señor Álvaro
Sierra Sánchez, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, en la
que solicitaron que se declarara la nulidad del auto 108541 de 2013 y se ordenara “la
continuación de los efectos jurídicos” del acto mediante el cual se admitió la matrícula del
vehículo de placas TEP873.
El asunto correspondió al Juzgado Primero Administrativo de Bogotá con radicado 11001-
33-34-001-2014-00220-00, autoridad que, con auto de 23 de septiembre de 2014,
rechazó la demanda, toda vez que consideró que el acto acusado era de simple
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ejecución. Los accionantes formularon recurso de apelación, por lo que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 21 de julio de 2015, revocó la decisión
de rechazo y resaltó que el acto era pasible del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Posteriormente, el juzgado profirió sentencia del 9 de julio de 2021, en la que denegó las
pretensiones de la demanda. Para el efecto, consideró que en el presente caso se
configuró una falta de competencia relativa del director de Servicio al Ciudadano,
funcionario que suscribió el auto 108541 de 2013; sin embargo, no se consideraba de tal
magnitud que haya realmente afectado el núcleo esencial del debido proceso, que es el
punto en el que la jurisprudencia ha destacado que se podría entonces declarar la nulidad
del acto.
Señaló que de las pruebas allegadas al proceso fue posible constatar que el fallecido
propietario del vehículo TEP-873 conocía a los accionantes de la solicitud de amparo y
sabía de la existencia del trámite de tutela, de lo que se interpreta que no se trató de un
tercero de buena fe frente al trámite administrativo desplegado por la Secretaría Distrital
de Movilidad.
Concluyó que no se advertía ninguna irregularidad en la expedición del auto demandado,
como tampoco que se hubiesen vulnerado las normas en que debía fundarse, o una falsa
motivación, pues fue producto de la revocatoria de las sentencias de tutela de primera y
segunda instancia, por lo que lo procedente era dejar sin efecto lo ejecutado con relación
al vehículo TEP 873.
Inconformes con la decisión los demandantes interpusieron recurso de apelación, en el
que discutieron (i) la inoponiblidad del auto 108541 de 2013, pues su padre nunca fue
citado a ser parte de la tutela que originó el auto 108541 de 2013, (ii) las decisiones
adoptadas previamente por la Corporación, con las que confirmó el decreto de medida
cautelar, por considerar que el acto demandado era de carácter definitivo y no de
ejecución, por cuanto el Auto 108541 de 29 de noviembre de 2013, pese a dar
cumplimiento a una orden de tutela, modificó una situación administrativa y por ende
produjo efectos jurídicos definitivos que pueden ser enjuiciables ante esta jurisdicción,(iii)
la falta de competencia del Director de Servicio al Ciudadano de la Secretaría de
Movilidad de Bogotá para expedir el acto acusado y (iv) la presunción de mala fe del
juzgado, al afirmar que Álvaro Sierra Sánchez (propietario anterior) tenía negocios con
los tutelantes.
El 22 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, confirmó la decisión. En primer lugar, explicó que el juez de primera
instancia emitió auto el 23 de septiembre de 2014 en el que rechazó la demanda, pero
que esa decisión fue revocada en auto del 21 de julio de 2015.
Se refirió al concepto de confianza legítima y destacó que para el momento en que el
señor Sierra Sánchez adquirió el vehículo de placa TEP873 ya existía la discusión sobre
la cancelación de la matrícula en el trámite de tutela con radicado núm. 11-1505, de
manera que quienes le transfirieron el derecho sobre el automotor conocían dicha
discusión y debieron transmitírsela, pero lo omitieron.
Agregó que, si bien las sentencias de tutela son de inmediato cumplimiento, estas cobran
firmeza cuando son objeto de revisión, y que, una vez se comunicó a la Secretaría Distrital
de Movilidad de Bogotá el fallo T-568 de 2012, que revocó las sentencias de instancia y
negó por improcedentes las pretensiones, la entidad tenía el deber de retrotraer la
reposición de los vehículos, al margen de que el alto tribunal no efectuara
consideraciones respecto de terceros de buena fe.
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Frente a la sentencia SU-787 de 2012, que sustentó el cargo por inoponibilidad, afirmó
que no resultaba extensible y aplicable al caso concreto dado que estableció reglas en el
marco de créditos hipotecarios, lo que distaba de la discusión. Sostuvo que los
demandantes debieron iniciar las acciones civiles o de responsabilidad pertinentes contra
el vendedor, o iniciar directamente ante la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá el
trámite de la reposición del vehículo.
Afirmó que el auto que revocó, el que rechazó, solo realizó un estudio previo sin que
decidiera sobre la buena fe del comprador o que tuviera como probadas las causales de
nulidad.
Por último, consideró que la falta relativa del funcionario que expidió el auto enjuiciado
no afectaba la validez de este porque, en todo caso, la Secretaría Distrital de Movilidad
de Bogotá sí era la competente para tal fin como autoridad de tránsito y transporte.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, señaló que las providencias cuestionadas
incurrieron en:
Defecto procedimental absoluto porque la sentencia T-568 de 2012 no impartió orden
alguna a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá; que no existe norma que permita
retrotraer situaciones jurídicas consolidadas; y que se aplicó un procedimiento ajeno al
debate porque las sentencias cuestionadas «presumieron» que se debía acudir a otras
jurisdicciones para reclamar la reparación de perjuicios.
Indicaron que el juez de segunda instancia que revocó el auto que rechazó la demanda,
en su oportunidad, estableció la diferencia entre actos de ejecución y definitivos y que le
correspondía al juez estudiar de fondo el caso para hacer un verdadero análisis de
legalidad del acto, puesto que el Tribunal accionado se limitó a señalar lo que dijo la Corte
Constitucional en la sentencia T-568 de 2012.
Agregó que, en el caso concreto, las autoridades judiciales debieron sustentar las
razones por las cuales el auto 108541 de 2013 era de ejecución, pese a ser definitivo,
pues se desconoció que la decisión de la administración modificó situaciones jurídicas
consolidadas. Afirmaron que los jueces debieron responder para qué se expidió el acto y
qué se decidió en éste.
Defecto sustantivo, por cuanto las accionadas no podían pasar por alto que se incurrió
en una falsa motivación del acto porque este se sustentó en dar cumplimiento al fallo T-
568 de 2012, pese a que la Corte Constitucional no impartió órdenes. Alegaron que, de
acuerdo con la Ley 1437 de 2011 (CPACA), la administración debe demandar los actos
que estime sean contrarios a la ley y la Constitución.
Insistieron en que, en los términos descritos en la sentencia SU-787 de 2012, el acto era
inoponible a terceros de buena fe que no fueron parte del proceso en el que se emitió
una orden judicial, precedente que aplica en lo sustancial, al margen de que en ese caso
se abordó un asunto de derecho civil.
5. Intervenciones
El Juzgado Primero Administrativo de Bogotá se opuso a las pretensiones de amparo,
para lo cual reiteró los argumentos que sustentaron las sentencias cuestionadas. Entre
sus argumentos de defensa, afirmó que el señor Álvaro Sierra Sánchez tuvo
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conocimiento del fallo de tutela de primera instancia del 1 de diciembre de 2011, toda vez
que aportó copia de esa decisión cuando pidió la matrícula del taxi. Solicitó que se
declarara que no vulneró derechos fundamentales
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Secretaría Distrital de Movilidad
de Bogotá guardaron silencio, pese a haber sido debidamente vinculados y notificados
de la acción de tutela.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia dictada el 2 de
febrero de 2026, estimó que la acción cumplía con los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En cuanto al fondo del asunto, denegó la solicitud de amparo por considerar que la
sentencia del 22 de octubre de 2025 no se sustentaba en que el acto cuestionado no
fuera objeto de control judicial, por lo que resulta irrelevante la discusión sobre si era de
ejecución o definitivo.
Consideró que el trámite de tutela con radicado núm. 11-150, en el que se emitieron las
sentencias del 1.° de diciembre de 2011 y del 7 de febrero de 2012, que ordenaron a la
Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá reponer la placa SC-2423, fue iniciado con
anterioridad a que el señor Álvaro Sierra Sánchez comprara el vehículo de placa TEP873
y tuviera derechos sobre este.
Afirmó que, por un lado, el señor Álvaro Sierra Sánchez no tenía que ser vinculado al
referido trámite constitucional una vez iniciado, pues compró el vehículo el 26 de marzo
de 2012; y, por otro lado, que los accionantes de aquella tutela, que fueron los anteriores
propietarios de la placa SC-2423, nueva placa TEP873, debieron informar y comunicar al
señor Álvaro Sierra Sánchez, si no lo hicieron, la existencia de dicho asunto judicial, toda
vez que solo finalizaba con la decisión de la Corte Constitucional de no seleccionar el
caso o de emitir sentencia en sede de revisión.
Agregó que, al margen de que la sentencia SU-787 de 2012 sea aplicable o no al caso
concreto, si el señor Álvaro Sierra Sánchez o sus sucesores vieron afectada su buena fe,
debieron iniciar las acciones pertinentes frente al vendedor o, en su defecto, con el mismo
argumento, acudir a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá para realizar las
gestiones necesarias para solicitar la reposición del vehículo, premisas que no
desnaturalizan, como lo sostuvo la parte tutelante, el proceso contencioso-administrativo
de nulidad y restablecimiento del derecho.
En cuanto al cargo de inoponibilidad de la sentencia T-568 de 2012, advirtió que en ésta
la Corte Constitucional determinó que la tutela con radicado núm. 11-150 resultaba
improcedente en la medida en que no superó el requisito de subsidiariedad, motivo por
el que en la parte resolutiva se limitó a revocar las sentencias de instancia del 1 de
diciembre de 2011 y del 7 de febrero de 2012, es decir, no ordenó de manera específica
y directa a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá que realizara alguna actuación
en particular.
Precisó que, si bien el fallo de primera instancia que tutela derechos fundamentales es
de inmediato cumplimiento en los términos del artículo 27 ibidem, ello no implica que las
actuaciones realizadas por las autoridades accionadas para obedecer las órdenes de
amparo sean definitivas, inamovibles o situaciones jurídicas consolidadas, puesto que,
en todo caso, el juez de segunda instancia, si el asunto es impugnado, o la Corte
Constitucional, en sede de revisión, pueden revocar esa decisión.
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De lo expuesto concluyó que la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no incurrió en los defectos sustantivo o procedimental
al dictar la sentencia del 22 de octubre de 2025 y, por ende, no vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad
de los señores Jessica Daniela Sierra Gamboa y Jonathan Ricardo Sierra Gamboa.
7. Impugnación
La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, acceder al amparo deprecado.
Explicó que, a diferencia de lo señalado por el a quo, su actuar no fue negligente, mientras
que lo que sí se evidencia es que existió un engaño y una actitud malintencionada de la
Secretaría de Movilidad, al señalar que estaban cumpliendo con una orden judicial de la
Corte Constitucional que nunca existió.
Explicó que lo que se cuestiona en la tutela es la violación de la Constitución por parte
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad que no valoró que su padre era
un tercero de buena fe; luego, con su decisión, la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado, incurrió igualmente, como lo hizo el tribunal, en un desconocimiento
a un derecho constitucional fundamental como es la garantía del respeto al tercero de
buena fe.
Resaltó que pretender que una persona se someta en este país a un proceso civil para
que responda el vendedor, en una justicia que no opera y que cada instancia se demora
10 o más años, pero, además, que en la mayoría de los casos quienes venden estos
rodantes se insolventan y terminan burlando los derechos de los reclamantes, de manera
que es procedente que se analice el caso a través de la acción de tutela dada su
naturaleza ágil y expedita.
Cuestionó que en los fallos objeto de la acción de tutela, así como en el impugnado, se
indique que el medio de control utilizado no era el procedente, sino el civil. Critica que
“después de 10 años de lucha, se diga que el medio de control de nulidad no era”.
Sostuvo que lo que se solicita con la impugnación es que el juez constitucional revise por
qué razón el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no accedió a la aplicación de
sentencias como la SU 787 de 2012, que, en su criterio, sí guardaba relación con el
asunto controvertido. Expone que no es posible que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y, ahora, la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado,
“avalen un hecho irregular, improcedente, una clara arbitrariedad de la administración, en
cuanto que, se abrogó el derecho que le debe asistir a los jueces constitucionales y no a
la administración”.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que denegó la solicitud de amparo.
La Sala anticipa que revocará el fallo impugnado, para, en su lugar, declarar la
improcedencia de la acción, pues los argumentos formulados por la demandante en la
solicitud de amparo coinciden con los que se desestimaron en la providencia cuestionada,
de ahí que se evidencie que emplea este mecanismo judicial como una tercera instancia.
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Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii) al análisis del
caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos2 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-003, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que, por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo y en la
impugnación, la Sala advierte que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 1001-33-34-001-2014-00220-00/03.
Básicamente, tanto en la acción de tutela de la referencia, como en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho antes referido, la parte actora alegó la inoponibilidad del
acto demandado por tener su difunto padre la calidad de tercero de buena fe, a quien no
1
Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la
decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración
del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
2
Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
3 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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se le permitió ejercer su derecho de defensa en el trámite judicial que provocó los
pronunciamientos de la Corte Constitucional con base en los cuales se profirió el acto
demandado, así como la naturaleza del acto, el cual consideraron que no era de
ejecución.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la
providencia dictada el 9 de julio de 2021, por el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Bogotá, se extrae lo siguiente:
a. FRENTE A LA INOPONIBILIDAD DEL AUTO 108541 DE 2013.
El despacho de la señora juez procede a señalar que el suscrito se refiere a la falta de notificación
del auto y entonces indica que yo estoy confundiendo los requisitos de legalidad con los de eficacia,
y no se pronuncia frente a esta causal pedida en la demanda. Debo indicar que, en esta causal de
nulidad pedida en la demanda, nunca solicité ni confundí la falta de notificación con los requisitos
legales del acto, yo expuse en esta causal la SENTENCIA DE UNIFICACION, SU 787 de 2012,
expedida por la CORTE CONSTITUCIONAL, referente a situaciones en las que, en casos como el
que nos ocupa, se ven involucrados terceros de buena fe, aun y a pesar de estar cumpliendo
decisiones y haber expedido actos de ejecución. Entonces, no es cierto lo que expresa el despacho
cuando indica que yo expuse en esta causal que, como no se había notificado el auto 108541 DE
2013; ENTONCES ESTABA PIDIENDO LA NULIDAD POR FALTA DE NOTIFICACIÓN.
(…)
Yo hago alusión en esta primera causal, es a que, al padre de mis representados nunca lo citaron a
ser parte de la acción de tutela, nunca fue parte de acción de tutela alguna de la que habla la
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SU CONTRATISTA EL SIM. Si bien es cierto en un aparte de esta
causal, señalo que mi representado ALVARO SIERRA compra un rodante en el mercado, sienta su
registro sin problema alguno como propietario, y que tiempo después la SECRETARIA saca un auto
que no le es notificado por que murió, y tampoco lo hacen con sus hijos, ello no quiere decir, que yo
estoy indicando que por falta de notificación se debe anular el auto 108541 de 2013, me parece que
no puede negarse un derecho, tomado cinco renglones y desechando todo el sustento legal expuesto
como tercero de buena fe en cerca de 8 hojas. Considero que no se puede dejar de aplicar un criterio
de una sentencia de UNIFICACIÓN, basado en una indebida interpretación que hace la señora JUEZ
de la causal expuesta.
(…)
Démonos cuenta que el problema jurídico está planteado en establecer EL PRINCIPIO DE LA
BUENA FE, EL SER TERCERO DE BUENA FE DE ALVARO SIERRA, y en el criterio legal de que
la SDM BOGOTA, no podía revocar actos de carácter particular a través de un verdadero acto de
carácter definitivo. Es por eso, que el litigio se fijó, basado en estas consideraciones que expongo,
no en otras consideraciones diferentes, por esa razón sorprende que en sede de sentencia se
cambien las reglas de juego. Y es que, si se mira la decisión del HONORABLE TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, cuando revoca la decisión de la JUEZ PRIMERO,
CUANDO RECHAZÓ LA DEMANDA por considerar que ese auto 108541 de 2013, era de ejecución,
a través del auto de fecha 21 DE JULIO DE 2015 el MAGISTRADO PONENTE DR. OSCAR
ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS SECCION PRIMERA SUBSECCION B, el Honorable Magistrado
ponente, indica en la hoja 10 de este auto lo siguiente (…)
b. LA SEGUNDA CAUSAL QUE TOCA LA SENTENCIA FALTA DE COMPETENCIA.
En este punto el despacho toma como problema jurídico abordado EL SIGUIENTE: ´´Se profieren
los actos acusados sin competencia, por cuanto el funcionario que los expidió no contaba con la
facultad para ello.?. Para ello expone en la página 14 punto 4.1. FALTA DE COMPETENCIA. y
expresa la señora juez, que en efecto, la DIRECTORA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, no se le
había asignado competencia específica para expedir los actos administrativos que se requieren para
el cumplimiento de las funciones como autoridad de tránsito y transporte lo anterior observando lo
definido en el decreto 567 de 2006, sin embargo señala el despacho, que para ese órgano judicial
esa falta es de competencia relativa más no absoluta por cuanto La SECTERARIA funge como
autoridad de tránsito, y toma este criterio del artículo 26 del decreto competencias generales para
justificar la posición de que la funcionaria podía expedir al AUTO 108541 DE 2013.
(…)
c. PRINCIPIO DE LA BUENA FE
Quiero cuestionar la posición de la señora juez, en la que señala que está probado que mi
representado actuó de mala fe. Este punto es interesante toda vez que, como lo expuse en puntos
atrás, la MALA FE debe ser probada, y la mala fe, no se da en cualquier comportamiento que asuma
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una persona, para ello voy a traer a colación la sentencia de CONSTITUCIONALIDAD DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL que es ley, porque es de revisión del artículo 768 del CC. Que plantea la buena
fe, y es a esa disposición que debió la señora JUEZ acudir para mirar si en efecto tanto la
MOVILIDAD como el SIM, pudieron desvirtuar la buena fe de mi representado.
En contraste, en el escrito de tutela los accionantes señalan:
En efecto, la sentencia expedida por el TRIBUNAL ACCIONADO Y LA JUEZ ADMINISTRATIVO-
PRIMERA DE BOGOTA, procedieron a aplicar un procedimiento que no era el llamado a imponerse
en este debate jurídico, toda vez que, EL MAGISTRADO PONENTE DR. FABIO IVAN AFANADOR
GARCIA, procede a sacar del debate jurídico administrativo el tema, estableciendo que esa no era
la jurisdicción en la que debía ventilarse el tema sino que, analiza cuando fue que ALVARO SIERRA
compra el carro y, toma las pruebas de la compra del vehículo taxi, para rematar que, en la cláusula
tercera del contrato esta señalaba que: «èl vendedor hace entrega del vehículo, libre de gravámenes,
embargos, multas y cualquier otra circunstancia que afecte el libre comercio del bien objeto del
presente contrato»., y, bajo ese argumento presume que, ALVARO SIERRA o sus hijos deben acudir
a la jurisdicción civil para reclamar perjuicios allí, porque esa sola disposición, le quieta a nuestro
padre el rotulo de ser comprador de BUENA FE. Ahí, está denegando justicia, porque la demanda
es clara en advertir que, lo que se estaba discutiendo, era que, la MOVILIDAD DE BOGOTA, había
revocado en forma directa actos de carácter particular y concreto de nuestro difunto padre que le
reconocieron derechos ciertos de propiedad, de expedición de tarjeta de operación para prestar el
servicio público en Bogotá, y, de esa forma, el procedimiento para reclamar era el procedimiento
administrativo y no el civil como equivocadamente lo toman los jueces accionantes.
(…)
Dice el TRIBUNAL TUTELADO, que para dicho despacho no es procedente la aplicación de la
inoponibilidad, porque la SENTENCIA SU 787 DE 2012, de la que expuso nuestro apoderado, es un
caso para unificar lo del UPAC, y que entonces, nada tiene que ver con el caso que se le expone, y
que lo que allí se analizó era un caso de derecho civil, y no administrativo, y que ordenaba entonces
acudir a la justicia civil. Ese es un análisis totalmente equivocado, es un análisis arbitrario, y por
demás injustificado. Para realizar la aplicación de una sentencia de unificación, lo que enseña la
doctrina y la misma jurisprudencia es que, los casos deben ser semejantes en lo sustancial y no
iguales en todos los detalles.
Es decir, para el TRIBUNAL TUTELADO, no se aplica la sentencia SU 787 DE 2012, porque para
ese TRIBUNAL, los casos no son iguales, esa equivocación desdibuja el verdadero sentido de la
interpretación que se debe dar para aplicar decisiones importantes como esa sentencia a casos que
si bien no son iguales son semejantes en lo sustancial. Un caso semejante en lo sustancial es un
caso que tiene similitudes en su esencia, es decir, en los elementos fundamentales de derecho, a
pesar de tener diferencias en detalles o aspectos secundarios. Se refiere a la similitud en el contenido
del derecho subjetivo que está en juego, como la propiedad, un crédito o el derecho a una acción de
tutela. La aplicación de un mismo tratamiento legal a casos con similar sustancia busca garantizar la
igualdad material en la administración de justicia. De modo tal que, lo sustancial entre la sentencia
de UNIFICACION SU 787 DE 2012, y el caso expuesto ante el TRIBUNAL Y LA JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA que se tutelan, no giraba en que, era un caso con igualdad de hechos, sino que se
ventilaban situaciones iguales en derecho.
(…)
Aquí esta el otro defecto sustantivo, pues el TRIBUNAL TUTELADO, dice que, la administración
puede a mutuo propio devolver los efectos de sus actos, sin necesidad de orden alguna. Claramente
advierte este artículo que eso no es cierto, dice el CONSEJO DE ESTADO que el defecto sustantivo
se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente
inaplicable al caso concreto por cuanto su aplicación resulta inconstitucional o porque su contenido
no guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se aplica. Si
el TRIBUNAL TUTELADO, señala que, la ADMINSTRACION SI PUEDE DEVOLVER LOS
EFECTOS DE LAS DECISIONES TOMADAS MEDIANTE ACTOS DE CARACTER PARTICULAR Y
CONCRETO, Y REVOCARLAS SIN ORDEN ALGUNA DEL JUEZ COMPETENTE, está o no
trastocando la norma, está o no está generando un defecto sustantivo.
DE modo tal que, una cosa es cuando esa sentencia de REVISIÓN, revoca las decisiones de los
jueces de primera uy segunda instancia, y, dentro del estudio de esos derechos entregados con esas
decisiones revocadas se encuentra que no existen terceros de buena fe, sino que esos derechos
corresponden a quienes procedieron a meter las tutelas, puede ahí si la ADMINSITRACIÓN aplicar
la sentencia sin ningún problema porque esa sentencia de revisión tiene efectos directos contra
quienes la interpusieron, cosa diferente es este caso en el que nuestro padre, nunca realizó acción
de tutela alguna para poder adquirir su taxi en el servicio público de Bogotá, y, está probado, que
nuestro padre fue un tercero comprador de buena fe, situación que le impedía a los jueces tutelados,
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avalar un acto arbitrario como era el auto 108541 de 2013, dándole alcances que no tiene y
autorizando a la administración para que realizara actuaciones al margen de la ley y la Constitución,
ahí esta latente el defecto sustantivo, el cual permite que la solicitud de tutela sea procedente.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en la sentencia dictada el 22 de octubre
de 2025, en la que se consideró:
5.1. Inoponibilidad del Auto 108541 de 2013.
(…)
35.- De cara al primer argumento del recurso, la Sala precisa que en el escrito de la demanda
sí se alegó la indebida notificación como causal de nulidad del acto demandado así: «De igual
forma se violenta los artículos 65, 66, 67, 68 y siguientes correspondientes a la notificación
de los actos administrativos, pues en efecto y a pesar de señalar el acto que el mismo no es
recurrible por no proceder recurso alguno, la misma debió haber sido notificada como lo
ordena la ley 1437 de 2011, y nunca se realizó notificación debida por lo que el acto existiendo
(sic) no puede generar efectos jurídicos, ya que desconoció el principio de publicidad, bastión
del debido proceso». Es decir, el estudio elaborado por el juzgado tuvo asidero en los
argumentos expuestos.
36.- Sin embargo, acierta el apelante al referir que la causal tuvo sustento en la sentencia de
tutela SU 787 de 2012 de la Corte Constitucional que, según explicó, cuando una persona no
hizo parte dentro de un proceso no puede verse afectada por la decisión y, sería del caso
disponer la nulidad de lo actuado o la inoponibilidad a quien no fue convocado al proceso.
Reiteró que, para el asunto, Álvaro Sierra fue un tercero de buena fe, que no fue parte dentro
de la acción de tutela que dio lugar al acto demandado y, por ende, no puede sufrir los efectos
jurídicos de la decisión adoptada por la Corte en la sentencia T-568-12.
37.- De esta manera, sin lugar a extensos debates, se tiene que Álvaro Sierra Sánchez, el 26
de marzo de 2012, suscribió un contrato de compraventa con el Concesionario automotriz
Plus Car sobre el automóvil de servicio público Placa: TEP 873. En la cláusula tercera de ese
documento consta: «el vendedor hace entrega del vehículo, libre de gravámenes, embargos,
multas y cualquier otra circunstancia que afecte el libre comercio del bien objeto del presente
contrato»7.
38.- El 17 de noviembre de 2011, Camilo Otálora y Blanca Lilia Romero Rincón, presentaron
acción constitucional de tutela ante los juzgados civiles municipales. El Juzgado 45 Civil
Municipal, con sentencia de primera instancia, del 1º de diciembre de 2011, ordenó a la
Secretaría de Movilidad de Bogotá tramitar las solicitudes de reposición de varios vehículos,
dentro de estos el de placa SC-2423. Decisión confirmada el 7 de febrero de 2012 por el
Juzgado 27 Civil del Circuito. Valga señalarse que los derechos de reposición del vehículo
objeto de tutela fueron transferidos, por los tutelantes, a favor de Álvaro Sierra Sánchez para
el registro inicial del automóvil de placa TEP 8738.
39.- En este orden, es claro que, para el año 2012, al adquirir el vehículo TEP 873, ya existía
la discusión jurídica sobre la cancelación de la matrícula y era de conocimiento de quienes
transfirieron los derechos de reposición a favor de Álvaro Sierra Sánchez y lo omitieron
teniendo la obligación de comunicárselo al interesado, sin que sea significativo ante esta
jurisdicción un debate respecto de si actuó de buena o mala fe en la adquisición del vehículo,
en tanto el acto demandado surgió como resultado del cumplimiento de la sentencia T-568-
12 (que revocó la sentencia de instancia del 7 de febrero de 2012) por medio la cual en sede
de revisión, la Corte Constitucional
40.- La Sala no desconoce que las sentencias de tutela de primera y segunda instancia
proferidas por los juzgados de instancia ampararon los derechos invocados por los
accionantes, y si bien estas decisiones son de inmediato acatamiento, cobran firmeza una
vez sean objeto de revisión. Evento ocurrido en el asunto con la sentencia T-568 del 17 de
julio de 2012, por medio de la cual la Corte Constitucional revocó la decisión del Juzgado 27
Civil del Circuito de Bogotá (que confirmó la sentencia que tuteló los derechos al debido
proceso e igualdad) y, en su lugar la negó por improcedente. Esta sentencia fue registrada
en el certificado de tradición del vehículo con anterioridad al fallecimiento de Sierra Sánchez,
de acuerdo con la fecha de expedición -20 de febrero de 2013-.9
41.- Es cierto que los fallos previos al de revisión habían ordenado a la Secretaría de Movilidad
tramitar las solicitudes de reposición de varios vehículos, entre estos el SC-2423, que dio
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origen a la Placa TEP 873 por reposición. Y si bien la Corte Constitucional no estableció orden
o directriz alguna, solamente revocó la decisión de segunda instancia, es claro que, una vez
comunicada la decisión a la Secretaría de Movilidad, su deber era retrotraer la reposición de
los vehículos, porque la decisión sí fue clara al afirmar que la acción de tutela no era
procedente. Sin que ello signifique una interpretación errada de la demandada, como lo
señaló el recurrente, pues la decisión de la Corte, en efecto tenía repercusiones sobre los
vehículos que dieron origen al trámite de tutela iniciado el 17 de noviembre de 2011, sin que
dicho fallo hiciera consideraciones respecto de los terceros de buena fe.
(…)
42.- Por otra parte, el recurrente Insiste en que el auto 108541 de 2013 es inoponible a los
demandantes, en aplicación de la sentencia de tutela SU 787 de 2012, en la que la Corte
consideró:
“De todo lo anterior se desprende el hecho de que no es posible hacer valer una sentencia
contra una persona que no ha sido parte en el correspondiente proceso y que, cuando se
presente la eventualidad de que una persona se vea afectada en su posición jurídica por
una decisión judicial sin haber sido citada al correspondiente proceso, cabría, según las
circunstancias del caso, o disponer la nulidad de lo actuado o la inoponibilidad de la
decisión a quien no fe convocado al proceso dentro del cual la misma fue adoptada”.
43.- No obstante, el aparte citado por la demandante resulta descontextualizado, pues dicha
sentencia de tutela unificó reglas jurisprudenciales aplicables, de acuerdo con el marco
constitucional generado por el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, que se ocupó de establecer
los efectos de la reliquidación y los abonos sobre los créditos hipotecarios en mora. De tal
manera que no resultan extensivas las consideraciones realizadas por la Corte, pues el
presente litigio dista ampliamente del análisis allí ventilado.
44.- En consecuencia, es evidente que las acciones pertinentes debieron iniciarse frente al
vendedor, saneamiento por evicción (artículo 1895 del Código Civil) o, en su defecto, iniciar
directamente en la Secretaría de Movilidad el trámite de reposición del vehículo para obtener
una decisión particular y concreta, que con la respuesta generara un acto administrativo
susceptible de control de legalidad.
Como se ve, la discusión que propone el accionante ya fue resuelta por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C que concluyó que, la
orden dictada por las Corte Constitucional y que fue acatada por la Secretaría de
Movilidad no podía considerarse inoponible al padre de los accionantes en virtud del
principio de la buena fe, asimismo, se señaló que la jurisprudencias cuya aplicación
invocaron los demandantes no resultaba análoga al caso analizado y se concluyó que los
accionantes podían adelantar otro tipo de trámites ante las autoridades competentes, con
el fin de resarcir la irregularidad que se presentó con su automotor, decisión con la cual
no están de acuerdo los accionantes y pretenden que sea analizada nuevamente por el
juez constitucional, lo que desnaturaliza la finalidad de la acción de tutela.
En el escenario que proponen los demandantes, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades demandadas en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 1001-33-34-001-2014-00220-
00/03, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que
no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una opinión jurídica diversa
o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las autoridades jurisdiccionales
de instancia, máxime en casos como el presente, en el que los argumentos de los
accionantes pretenden desconocer el contenido del artículo 7 del Decreto 306 de 19924,
pues cuestionan una actuación adoptada por una autoridad administrativa como
consecuencia de los efectos jurídicos producidos por un fallo de la Corte Constitucional
4 De conformidad con el cual “Cuando el juez que conozca de la impugnación o la Corte Constitucional al decidir una
revisión, revoque el fallo de tutela que haya ordenado realizar una conducta, quedarán sin efecto dicha providencia y
la actuación que haya realizado la autoridad administrativa en cumplimiento del fallo respectivo ”
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Cabe señalar que tanto en la tutela como en la apelación presentada en el proceso
ordinario, los accionantes discutieron de manera extensa que el acto demandado no era
de ejecución y que en tal medida podía ser analizado de fondo; sin embargo, tal como lo
señaló el a quo ese asunto no tiene relevancia en la medida en que tanto el Juzgado
Primero Administrativo de Bogotá como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, analizaron el fondo del asunto y, sin limitarlo, el acto demandado a uno
de simple ejecución.
En ese orden de ideas, se constata que los cargos formulados por los tutelantes están
encaminados a extender en sede de tutela el debate jurídico zanjado por la providencia
cuestionada de segunda instancia dentro del aludido proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo que denota que la acción de tutela de la referencia no
colma el requisito de relevancia constitucional, de ahí que deba revocarse la sentencia
impugnada, que la estudió de fondo para, en su lugar, declararla improcedente.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Revocar la sentencia dictada el 2 de febrero de 2026, por el Consejo de Estado,
Sección Segunda- Subsección B, que denegó el amparo pretendido en la presente
acción de tutela. En su lugar se dispone:
2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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