Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07823-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07823-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-07823-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
24 de agosto de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DOCE ESPECIAL DE DECISIÓN
Bogotá DC, veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07823-00 (12.420)
Demandante: TORONTO DE COLOMBIA LTDA
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP
Medio de control: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Asunto: NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA – DEBIDO
PROCESO
Síntesis del caso: se pretende la revisión de un fallo proferido por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado en el cual se modificó la sentencia de primera instancia que declaró la
nulidad parcial de los actos administrativos por los cuales la UGPP determinó obligaciones y
sanciones por omisión, mora e inexactitud en los aportes al Sistema de la Protección Social a
cargo de Toronto de Colombia Ltda en el año 2013 y, en consecuencia, se precisaron los
ajustes afectados por la caducidad, se ordenó la reliquidación de determinados aportes y
sanciones y la devolución de las sumas pagadas a que hubiera lugar. Se invoca la causal
quinta de revisión referida a nulidad originada en la sentencia por haberse proferido
supuestamente con transgresión del derecho al debido proceso por el hecho de reconocer
competencia al subdirector de Determinación de Obligaciones y al director de Parafiscales de
la UGPP para expedir los actos demandados.
Decide la Sala1 el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia de segunda instancia proferida el 1 de agosto
de 2024 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del expediente de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicación número 25000-23-37-000-2020-00431-
01 (27.863), adicionada el 28 de noviembre del mismo año, mediante la cual se
dispuso lo siguiente:
1
De los recursos de revisión en contra de las sentencias dictadas por las Secciones o Subsecciones
del Consejo de Estado conoce la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sin exclusión de la
Sección que profirió la decisión, según lo expresamente previsto en el artículo 249 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual fue declarado exequible por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-450 de 2015, sumado al hecho de la decisión contenida en
el auto de unificación jurisprudencial emitido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación el 24 de mayo de 2023 en el proceso número 11001-03-15-000-2020-00471-00, con
ponencia del magistrado Milton Chaves García. Por su parte, el artículo 29 del Reglamento Interno de
la Corporación asigna la decisión de estos asuntos a las Salas Especiales de Decisión.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07823-00 (12.420)
Actor: Toronto de Colombia Ltda
Recurso extraordinario de revisión
“1. Modificar el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B, del 5 de mayo de 2023. En su lugar se dispone:
´SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento
del derecho se ORDENA a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social:
• Eliminar los ajustes por omisión, mora e inexactitud en el pago de aportes
al Sistema de la Protección Social por los periodos de enero a junio de
2013, incluidas las planillas pagadas por salud correspondientes al mes de
julio enlistadas en el cargo segundo de la sentencia proferida por el
Consejo de Estado.
De dicha orden se excluyen las planillas referidas por la UGPP que también
fueron objeto de análisis en el cargo segundo.
• Eliminar los ajustes por inexactitud a los aportes al Sistema de la
Protección Social por el año 2013 respecto de los trabajadores en los que
se incluyó dentro del IBC pagos por los conceptos de “auxilios” registrados
en la cuenta 72054500 y por auxilio de transporte los cuales, según el
artículo 128 del C.S.T., no constituyen salario ni deberán tomarse en
consideración para aplicar el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, de
conformidad con la parte considerativa.
• Reliquidar los ajustes a los aportes al Sistema de la Protección Social por
el año 2013, tomando los conceptos por “LEY 1393 DE 2010 HT” “OTROS
SERVICIOS” “ASISTENCIA TÉCNICA”, tomando dichos rubros como no
salariales sujetos al límite previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.
Ello frente a los siguientes trabajadores, períodos y subsistemas: (…).
• Eliminar los ajustes por mora en el pago de aportes al subsistema de
pensión por el año 2013 frente a los trabajadores Sánchez Bucuru Luis
Eduardo, Rodríguez Rozo Luis Vicente y Barbosa Reinales Romanely.
• Eliminar los ajustes por inexactitud en los subsistemas de salud, pensión y
ARL por el mes de agosto de 2013 sobre la trabajadora Moreno Chacón
Heydi Marisol.
• Adelantar el procedimiento correspondiente para la devolución de los
pagos efectuados por la sociedad a que hubiere lugar, previa verificación
de los mismos, en los términos del artículo 311 de la Ley 1819 de 2016.
• Conforme a lo anterior, la UGPP deberá efectuar el ajuste que corresponda
en las sanciones por omisión e inexactitud impuestas’.
2. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.
3. Sin condena en costas en esta instancia” (fls. 62 y 63 índice 2 SAMAI - negrillas
del original).
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07823-00 (12.420)
Actor: Toronto de Colombia Ltda
Recurso extraordinario de revisión
I. ANTECEDENTES
1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
La sociedad Toronto de Colombia Ltda, en ejercicio del medio de control jurisdiccional
de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (en adelante UGPP) para que se declarara la nulidad absoluta de
los actos administrativos expedidos por dicha entidad a través de los cuales se
determinaron obligaciones y sanciones por omisión, mora e inexactitud en las
autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social durante
el año 2013 por parte de la sociedad demandante2; subsidiariamente, pidió la nulidad
parcial para que se realizara la reliquidación de la presunta deuda fijada en dichas
decisiones. Como consecuencia de la nulidad total o parcial, a título de
restablecimiento del derecho solicitó que i) se realice la devolución de los pagos
realizados y, ii) se reconozcan y paguen los gastos incurridos en la defensa jurídica
ejercida durante los procesos administrativo y judicial.
La sociedad sostuvo que la UGPP carecía de competencia y había ejercido de manera
extemporánea sus facultades de fiscalización y sanción, que el procedimiento
administrativo desconoció el debido proceso y el principio de legalidad, y que la
liquidación contenía errores en la determinación del ingreso base de cotización, pues,
incluyó pagos no salariales y omitió considerar la situación particular de algunos
trabajadores y las novedades reportadas en las planillas de aportes, entre ellas las de
ingreso, retiro, incapacidad, licencia no remunerada y vacaciones (archivo 9 índice 13
SAMAI).
2. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B en
providencia del 5 de mayo de 2023 (archivo 56 índice 13 SAMAI) declaró la nulidad
parcial de los actos demandados y a título de restablecimiento del derecho ordenó a
la UGPP eliminar: i) los ajustes por omisión, mora e inexactitud en el pago de aportes
al Sistema de la Protección Social por los periodos de enero a junio de 2013; ii) los
2
Resoluciones números 269 del 31 de enero de 2019 y 243 del 11 de febrero de 2020, esta última
resolvió el recurso de reconsideración formulado en contra de la primera.
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Actor: Toronto de Colombia Ltda
Recurso extraordinario de revisión
derivados de la inclusión de los “auxilios” y del auxilio de transporte en la base de
cotización; iii) los aportes a pensión exigidos respecto de los trabajadores con
asignación de retiro, y iv) los ajustes efectuados a la trabajadora cuyo ingreso base
de cotización durante las vacaciones fue calculado incorrectamente. Negó las demás
pretensiones.
En relación con los aspectos procedimentales, concluyó que la UGPP y sus
funcionarios eran competentes para fiscalizar y determinar las contribuciones
parafiscales, por cuanto esas atribuciones tenían fundamento en las Leyes 1151 de
2007 y 1607 de 2012 y en sus decretos reglamentarios. Asimismo, descartó que la
entidad hubiera creado un procedimiento mediante la combinación indebida de
normas ya que las disposiciones citadas en los actos regulaban aspectos
complementarios de su creación, competencia y actuación; sin embargo, consideró
que, la facultad de fiscalización había caducado respecto de los periodos
comprendidos entre enero y junio de 2013 porque el requerimiento para declarar o
corregir fue notificado después de transcurridos los cinco años previstos en el artículo
178 de la Ley 1607 de 2012.
En cuanto a los aspectos sustanciales, determinó que debían excluirse de la base de
cotización los pagos registrados como “auxilios” debido a que correspondían a
beneficios cobijados por pactos de exclusión salarial, así como también el auxilio de
transporte, que tampoco podía incorporarse mediante la aplicación del límite previsto
en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. También concluyó que no era exigible el
pago de aportes al subsistema de pensiones respecto de tres trabajadores que
recibían asignación de retiro de la Fuerza Pública y que la UGPP había calculado
incorrectamente el ingreso base de cotización de una trabajadora durante sus
vacaciones. En cambio, desestimó los demás cuestionamientos relacionados con
aprendices, novedades laborales, licencias no remuneradas y errores en los formatos
de nómina, bien porque los ajustes eran procedentes, habían sido eliminados al
resolver el recurso de reconsideración o no fueron debidamente controvertidos.
3. Recursos de apelación
1) La parte actora (archivo 70 índice 13 SAMAI) apeló parcialmente la sentencia de
primera instancia y solicitó que se mantengan las decisiones que le resultaron
favorables, en aplicación del principio de non reformatio in peius. Formuló los
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Actor: Toronto de Colombia Ltda
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siguientes reparos: i) la caducidad de la facultad fiscalizadora también comprendía los
aportes a salud de julio de 2013, debido a su pago anticipado; ii) los funcionarios de
la UGPP carecían de competencia porque los decretos que distribuyeron sus
funciones fueron expedidos por fuera de las facultades otorgadas al Gobierno
Nacional; iii) la entidad creó una lex tertia al combinar distintos regímenes normativos
durante la actuación administrativa; iv) los conceptos “Ley 1393 de 2010 HT”, “otros
servicios” y “asistencia técnica” correspondían a bonificaciones cobijadas por pactos
de exclusión salarial; v) la UGPP desconoció la condición de aprendices y estudiantes
de régimen especial de algunas personas, lo mismo que las novedades de ingreso,
retiro, incapacidad y licencia no remunerada; vi) calculó los aportes con fundamento
en errores de digitación del formato de nómina, en lugar de atender los ingresos
efectivamente percibidos por los trabajadores. En consecuencia, solicitó la devolución
de los pagos efectuados como consecuencia de los actos parcialmente anulados.
2) La UGPP (archivo 72 índice 13 SAMAI) se opuso a que se declare la caducidad de
su facultad de fiscalización respecto de los periodos de enero a junio de 2013, por
cuanto, conforme al parágrafo 2.º del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, cuando la
declaración se presenta extemporáneamente el término de cinco años debe
contabilizarse desde esa fecha y no desde el vencimiento ordinario del plazo para
declarar. En este caso la actuación de determinación comenzó con la notificación, el
24 de julio de 2018 del requerimiento para declarar o corregir RCD-2018-00806 del 18
de julio de ese año y algunas de las planillas correspondientes a dichos periodos
fueron presentadas o pagadas extemporáneamente, incluso en el año 2014, por lo
que la UGPP conservaba la facultad para fiscalizarlas; por lo anterior, solicitó revocar
la sentencia y negar las pretensiones de la demanda.
4. Sentencia de segunda instancia
La Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante sentencia del 1 de agosto de 2024
complementada el 28 de noviembre siguiente (fls. 29 a 31 y 34 a 63 índice 2 SAMAI)
modificó el ordinal segundo de la decisión de primera instancia, para lo cual expuso lo
siguiente:
1) Descartó la falta de competencia de los funcionarios de la UGPP, porque los
Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013 fueron expedidos en ejercicio de la facultad
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07823-00 (12.420)
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Recurso extraordinario de revisión
prevista en el artículo 189 numeral 16 de la Constitución Política y distribuyeron
válidamente las funciones entre sus dependencias.
2) Rechazó la configuración de una lex tertia, pues, las normas citadas en los actos
administrativos regulaban de manera complementaria la creación, las competencias y
el procedimiento aplicable a la entidad.
3) Respecto de la caducidad consideró aplicable el término de cinco años previsto en
el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012. Acogió parcialmente la apelación de la UGPP
por comprobar que algunas planillas de enero a junio de 2013 fueron presentadas
extemporáneamente y que contado el término desde su presentación la entidad aún
podía fiscalizarlas cuando notificó el requerimiento para declarar o corregir; a su vez,
aceptó el reparo de la demandante respecto de determinadas planillas de salud
correspondientes a julio de 2013, pagadas el 11 y el 15 de ese mes, porque para la
fecha del requerimiento ya habían transcurrido cinco años.
4) En cuanto a los factores no salariales concluyó que la UGPP podía aplicar las
normas laborales para determinar la base de las contribuciones sin ejercer funciones
propias del juez laboral; mantuvo la exclusión total de los pagos registrados como
“auxilios”, debido a que la UGPP no apeló esa decisión y no podía agravarse la
situación de la sociedad; además, encontró acreditado que algunos pagos registrados
como “Ley 1393 de 2010 HT”, “otros servicios” y “asistencia técnica” estaban cobijados
por pactos de exclusión salarial, por lo cual ordenó reliquidar los aportes de siete
trabajadores y aplicar el límite del 40 % previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de
2010.
5) Desestimó los reparos relacionados con los aprendices del SENA porque la
sociedad reiteró sus planteamientos iniciales sin controvertir las inconsistencias
advertidas por el tribunal en las fechas del contrato examinado; también mantuvo los
ajustes derivados de las novedades laborales, pues, verificó que algunos trabajadores
registraban días laborados por los cuales no se efectuaron aportes a riesgos laborales,
y rechazó el cargo sobre los errores de digitación porque algunos ajustes ya habían
sido eliminados administrativamente y las pruebas del caso restante no respaldaban
la posición de la demandante.
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6) Como el tribunal omitió pronunciarse sobre la pretensión de devolución de los
aportes pagados por la sociedad, ordenó a la UGPP verificar los pagos realizados y
adelantar el procedimiento previsto en el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016 para
devolver las sumas a que hubiera lugar.
7) En consecuencia, modificó el restablecimiento del derecho ordenado en primera
instancia para delimitar las planillas afectadas por la caducidad, disponer la
reliquidación de los factores cobijados por pactos de exclusión salarial y ordenar las
devoluciones procedentes; en lo demás, confirmó la sentencia.
8) Mediante sentencia adicional del 28 de noviembre de 2024 la Sección Cuarta
advirtió que había omitido pronunciarse expresamente sobre las sanciones por
omisión e inexactitud, motivo por el cual complementó la decisión y ordenó a la UGPP
ajustarlas de acuerdo con la reliquidación de los aportes.
5. Recurso extraordinario de revisión
El 9 de diciembre de 2025, la parte actora interpuso recurso extraordinario de revisión
en contra de la sentencia de segunda instancia con sustento en la causal prevista en
el numeral 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), esto es, la correspondiente a “existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación” (fls. 1 a 12 índice 2 SAMAI).
Sostuvo que con la providencia objeto del recurso se incurrió en violación del debido
proceso por el hecho de reconocer competencia al subdirector de Determinación de
Obligaciones y al director de Parafiscales de la UGPP, quienes, respectivamente,
expidieron la liquidación oficial y resolvieron el recurso de reconsideración. Sostuvo
que los Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013 eran inconstitucionales, pues, el primero
fue expedido después de vencido el término de seis meses concedido al presidente
de la República por el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 y el segundo se apoyó en
esa normativa irregular; además, el Decreto Ley 169 de 2008 solo reguló las funciones
generales de la entidad y no distribuyó las competencias entre sus dependencias,
razón por la cual el Consejo de Estado confundió las atribuciones de la UGPP con las
competencias específicas de esos funcionarios.
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Recurso extraordinario de revisión
Con base en lo anterior, solicitó declarar fundada la causal invocada, revocar la
sentencia de segunda instancia y declarar la nulidad de los actos administrativos
demandados; subsidiariamente, pidió respetar el principio de non reformatio in peius.
6. Oposición al recurso
La UGPP (índice 15 SAMAI) se opuso a las pretensiones y solicitó declarar infundado
el recurso toda vez que la recurrente no sustentó una nulidad originada en la
sentencia, sino que, simplemente reprodujo los argumentos formulados en la
demanda y en la apelación para obtener un nuevo examen de la legalidad de los actos
administrativos, con lo cual pretende convertir el recurso extraordinario en una tercera
instancia.
Explicó que la causal quinta del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo exige que el vicio surja al dictarse
la sentencia o que, pese a haberse producido antes, solo pueda ser advertido con ella;
esta causal no permite cuestionar nuevamente la interpretación jurídica, la valoración
probatoria o los juicios que sustentaron la decisión, ni subsanar omisiones de las
partes frente a irregularidades anteriores.
En este caso concreto, la competencia del subdirector de Determinación de
Obligaciones para expedir la liquidación oficial y del director de parafiscales de la
UGPP para resolver el recurso de reconsideración fue discutida y resuelta tanto por el
tribunal de primer grado como por el Consejo de Estado; la sentencia recurrida explicó
que los Decretos Leyes 168 y 169 de 2008 fueron expedidos oportunamente y que los
Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013 tuvieron fundamento en el artículo 189.16 de
la Constitución Política, por lo que la reiteración de la misma inconformidad no
configuraba una nulidad originada en el fallo.
7. Concepto del Ministerio Público
Para el Ministerio Público (índice 14 SAMAI) el recurso resulta infundado por el hecho
de que, contrario a lo alegado por la recurrente, el subdirector de Determinación de
Obligaciones y el director de Parafiscales de la UGPP eran competentes para expedir
los actos demandados, por cuanto los artículos 156 de la Ley 1151 de 2007 y 178 y
180 de la Ley 1607 de 2012 atribuyeron a la entidad las funciones de fiscalización,
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determinación y cobro de las contribuciones parafiscales, mientras que el Decreto 575
de 2013 distribuyó esas competencias entre sus dependencias.
Por consiguiente, concluyó que la sentencia recurrida no vulneró el debido proceso ni
incurrió en la causal quinta del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, porque no se invocaron vicios de
procedimiento que produjeran la nulidad de la providencia; recordó que el recurso
extraordinario no tiene por objeto reparar posibles errores del juez o de las partes,
sino permitir un nuevo estudio cuando la sentencia haya sido afectada por fenómenos
externos que no se pusieron de presente durante el proceso, circunstancia que no
ocurrió en este caso, por lo cual, solicitó mantener incólume la decisión cuestionada.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2)
generalidades del recurso extraordinario de revisión, 3) la causal de revisión invocada,
4) el caso concreto: ausencia de violación del debido proceso, y 5) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Presentado el recurso oportunamente3, corresponde a la Sala de Decisión determinar
si se configura la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo consistente en
“nulidad originada en la sentencia” respecto de la sentencia de segunda instancia
proferida el 1 de agosto de 2024 y complementada el 28 de noviembre siguiente por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
La Sala declarará infundado el recurso, debido a que no se probó la causal de nulidad
que supuestamente se originó en la sentencia y, aunado a ello, porque lo que pretende
el recurrente es revivir el análisis probatorio, normativo y jurisprudencial surtido en el
proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, con lo cual se evidencia
3
La sentencia acusada quedó ejecutoriada el 9 de diciembre de 2024 (índice 43 SAMAI proceso
original), por lo tanto, el recurso extraordinario de revisión presentado el 9 de diciembre de 2025 fue
oportuno.
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Actor: Toronto de Colombia Ltda
Recurso extraordinario de revisión
el propósito de convertir este asunto, indebidamente, en una tercera instancia, lo cual
jurídicamente no es procedente.
2. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
1) El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada,
puesto que con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo en firme, siempre
que se configure alguno de los supuestos consagrados en el artículo 250 de la Ley
1437 de 2011, sin perjuicio de las dos causales adicionales contempladas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 atinentes a la posibilidad de revisar las sentencias
que reconozcan prestaciones periódicas con cargo a recursos públicos.
2) El objeto del recurso es procurar el restablecimiento de la justicia material, cuando
se advierte que esta ha sido afectada por situaciones o circunstancias exógenas que
no pudieron plantearse en el proceso correspondiente y que revisten tal gravedad que
autorizan al juez a romper el principio de la cosa juzgada: “(…) la revisión, más que
un recurso, es un medio para conseguir la realización de la justicia, pero no de la
justicia formal propia de las sentencias en firme contrarias a derecho, sino de aquella
verdadera que demandan el Preámbulo y los artículos 1º, 228 y 230 del estatuto
superior”4.
3) El legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan la
procedencia del recurso extraordinario de revisión, contenidas en los artículos 250 de
la Ley 1437 de 2011 y 20 de la Ley 797 de 20035.
4) El artículo 252 del CPACA dispone que el recurso debe interponerse mediante
escrito que deberá contener i) la indicación de las partes y sus representantes, ii) el
4
Corte Constitucional, sentencia C-739 del 11 de julio de 2001, exp. D-3293, MP Álvaro Tafur Galvis.
5
En este caso, el recurso procede frente a las providencias que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza, en los supuestos contenidos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y/o cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables. Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 5 de marzo de 2019, exp. 2018-
00394-00, CP Rocío Araújo Oñate.
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nombre y domicilio del recurrente, iii) los hechos u omisiones que le sirvan de
fundamento y, iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada6.
5) En atención a su carácter extraordinario, este recurso no es una “tercera instancia”
en la que puedan plantearse nuevamente argumentos de fondo en relación con la
sentencia que se pretende revisar, por tal razón las pretensiones y fundamentos
deben limitarse a demostrar la configuración de alguno de los supuestos
contemplados en las causales para su procedencia7.
6) Ahora bien, los vicios o errores en los que se debe fundamentar el recurso son
eminentemente procedimentales, pues, ninguno está dirigido a cuestionar la labor
intelectual de juzgamiento “sino que todos involucran, bien sea una irregularidad de
carácter procesal (numeral 5, referido a la existencia de causal de nulidad originada
en la sentencia, y numeral 8, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien,
aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba
que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1, 2, 3, 6 y 7), a excepción de
la causal del numeral 4, referida a la violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el
pronunciamiento del fallo”8.
3. La causal de revisión invocada
1) En el presente asunto, la parte actora invocó la causal de revisión contenida en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA cuyo tenor literal es el siguiente:
“Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión: (...) 5. Existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso contra la que no procede recurso de
apelación.”.
2) En ese contexto, se tiene que para que se configure la causal deben concurrir los
siguientes requisitos: i) que la providencia que es impugnada mediante el recurso
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de noviembre de 2021, exp.
2013-00212-01(REV), CP Fredy Ibarra Martínez.
7
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1º de diciembre
de 1997, exp. REV 117, CP Libardo Rodríguez Rodríguez. Consultar, igualmente: Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia del 7 de abril
de 2015, exp. 2006-00318-00(REV), CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,
sentencia del 2 de febrero de 2016, exp. 2015-02342-00(REV), CP Alberto Yepes Barreiro.
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extraordinario de revisión ponga fin al proceso; ii) que contra esta decisión no proceda
el recurso de apelación y, iii) que la nulidad alegada haya ocurrido en el momento en
que se dictó la sentencia y no antes.
3) De conformidad con lo anterior, por regla general, los motivos de nulidad que
afectan la sentencia son aquellos eventos contemplados en el artículo 133 del Código
General del Proceso y por violación del artículo 29 de la Constitución Política9.
4) Adicionalmente, esta corporación ha indicado, tal como lo precisó recientemente
esta Sala Especial de Decisión10, que la causal de nulidad originada en la sentencia
también comprende la violación del principio de congruencia11, en los siguientes
términos:
“Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también
comprende la violación del principio de congruencia cuando al accionado es
condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente a la invocada en ésta; también se configura
en el evento que la sentencia no se pronuncie sobre todos los puntos
litigiosos objeto del debate.”12.
5) En todo caso, la referida causal no está diseñada para cuestionar las razones del
fallo ni mucho menos para corregir los yerros de apreciación de los hechos y de las
pruebas en los cuales, según el recurrente, habría incurrido el fallador; un
entendimiento distinto equivaldría a convertir, indebidamente, el recurso en un juicio
9
La Corte Constitucional en las sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001 señaló que
la nulidad originada en la sentencia no se restringe a las causales que prevé el Código General del
Proceso –antes Código de Procedimiento Civil– pues, adicionalmente, puede derivar de la violación al
debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política; sin embargo, se advierte que
la sola invocación de dicha norma no convierte cualquier irregularidad o inconformidad de la parte en
un motivo de nulidad de la providencia. La jurisprudencia ha delimitado los supuestos que pueden
comprometer el debido proceso y dar lugar a la causal, entre ellos los motivos de nulidad procesal
aplicables y la prueba obtenida con violación del debido proceso. Por ello, la violación del debido
proceso no opera como una causal genérica o autónoma que permita reabrir el juicio jurídico o
probatorio ya concluido, sino que tiene un carácter restringido jurisprudencialmente.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Doce Especial de Decisión,
sentencia del 22 de junio de 2023, exp. 2020-02981-00(REV), CP Fredy Ibarra Martínez.
11
Aunque el ponente, como integrante de la Subsección B de la Sección Tercera de Consejo de Estado,
ha expuesto una postura distinta –solo las causales de nulidad procesal de origen legal pueden
predicarse respecto de la sentencia–, en esta ocasión se adhiere al criterio mayoritario de la Sala Doce
Especial de Decisión, el cual permite alegar la transgresión al principio de congruencia y al debido
proceso como causales de nulidad originada en la sentencia.
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, exp.
2014-00440-00(REV), CP César Palomino Cortés.
13
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07823-00 (12.420)
Actor: Toronto de Colombia Ltda
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en el que se discutirían nuevamente los hechos ya establecidos y decididos con fuerza
de cosa juzgada13.
4. El caso concreto: ausencia de violación del debido proceso
1) En el caso objeto de este proceso, la sociedad Toronto de Colombia Ltda invoca la
causal quinta del artículo 250 del CPACA con sustento en la violación del debido
proceso, pues, en su juicio, quienes expidieron los actos administrativos demandados
no tenían competencia para hacerlo.
2) Con ese fundamento la Sala procede a establecer si en este se estructuran los
presupuestos para que se configure la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250
del CPACA tal como se desarrolla a continuación:
a) La sociedad Toronto de Colombia Ltda, en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho fundamentó su pretensión de nulidad de los actos
administrativos demandados, entre otros argumentos, en el siguiente cargo:
“CARGO CUARTO: LA SUBDIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE
OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PARAFISCALES Y EL
DIRECTOR DE PARAFISCALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) NO TENÍAN COMPETENCIA PARA
PROFERIR LOS ACTOS DEMANDADOS
Los artículos 29 y 121 de la Constitución Política en cuanto disponen que ‘El
debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio’, y que
‘Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que
le atribuyen la Constitución y la ley’.
La reiterada Jurisprudencia de las Altas Cortes ha señalado que dentro de
las garantías otorgadas por el derecho al debido proceso está la de que las
actuaciones sean adelantadas por un funcionario cuya competencia haya
sido establecida previamente en la Constitución o en la Ley.
Se vulnera los artículos 29 y 121 de la Constitución Política si el funcionario
actúa sin tener la competencia expresa otorgada por una Ley expedida por
el Congreso de la República, o cuando la competencia es posterior a su
ejercicio.
13
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 16 de agosto de 2018, exp.
47.300, CP Guillermo Sánchez Luque.
14
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07823-00 (12.420)
Actor: Toronto de Colombia Ltda
Recurso extraordinario de revisión
La Corte Constitucional ha sido clara en establecer que la determinación de
la competencia corresponde al Legislador (…).
De esta manera la norma transcrita ideó un sistema de control, fiscalización
y cobro de las contribuciones a la protección social pero que requería de su
perfeccionamiento posterior pues la norma no señaló de manera precisa que
funcionarios debían desempeñar cada una de estas funciones.
Es decir, la Ley NO dispuso a que funcionario le queda la competencia para
expedir el ‘requerimiento para declarar y/o corregir’, quien profiere la
‘liquidación oficial’, o cual es la oficina y/o funcionario competente para
resolver el ‘recurso de reconsideración’ y las ‘revocatorias directas’; de igual
forma en la sanción por no entrega completa de información no se indica
que funcionario debe proferir ‘pliego de Cargos’, quien emite la ‘Resolución
Sanción’ y mucho menos quien resuelve el ‘Recurso de Reconsideración’,
estos últimos siendo los actos propios demandados en el presente proceso
judicial. Lo más grave, es que tampoco se indica la manera en que se puede
solicitar a los sujetos obligados a realizar aportes (empleadores, afiliados,
beneficiarios, trabajadores independientes, extranjeros y demás
ciudadanos) la información para la determinación de estas obligaciones;
mucho menos el funcionario que tiene esta facultad, así como tampoco si la
sanción de no entrega completa de información procede por periodos
previos a la creación de la Ley 1607 de 2012 que entró en vigencia en el año
2013.
Esta información y el desarrollo de las demás actuaciones para la
determinación de los aportes a la seguridad social obligan a la presentación
de documentos privados de los particulares que están protegidos
constitucionalmente. El artículo 15 de la Carta Política permite que se exijan
para efectos de control tributario pero ‘en los términos que señale la Ley’.
Lo anterior significa que, por la protección constitucional que tienen los
papeles privados, solamente el Legislador, el Congreso y no el reglamento,
puede establecer las competencias y procedimientos para el control de las
contribuciones parafiscales, en consecuencia no es posible aplicar la
sanción por no entrega completa de información.
Así lo señalo la Corte Constitucional al referirse a esta misma materia
cuando declaró inconstitucional de una disposición de contenido muy similar
a la norma invocada por la UGPP. (…).
En desarrollo de estas facultades el Gobierno Nacional expidió el Decreto
169 del 23 de enero de 2008, el cual consta de cinco (5) artículos. En
ninguno de ellos asignó las funciones o competencias en cabeza de algún
funcionario. No dijo quién tenía la facultad de intervenir al interior de la UGPP
ni cuál es el alcance de su competencia o cuando y en qué condiciones
puede ejercerlas. En general no desconcentró, no transfirió las potestades
para la toma de decisiones en oficinas de la Entidad.
Esta definición solo ocurrió con el Decreto 5021 del 28 de diciembre de 2009,
el cual NO tiene fuerza de Ley como quiera que se profirió con fundamento
en el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política y por fuera del
término preciso que le otorgó el Congreso al Gobierno para ejercer la
potestad legislativa extraordinaria. Siendo oportuno aclarar que el acto
administrativo por medio de la cual se profiere liquidación oficial por omisión
en la afiliación y pago de los aportes al Sistema de la Protección Social, tiene
como punto de partida el requerimiento de información el cual encuentra
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Actor: Toronto de Colombia Ltda
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fundamento en el Decreto 5021 de 2009, así mismo este Decreto fue
derogado por el Decreto 575 de 2013 en su artículo 33.
Allí el Gobierno Nacional estableció la estructura de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP.
Pero también, sin tener funciones legislativas, determinó la competencia de
la Dirección de Parafiscales para resolver los recursos de reconsideración
contra las liquidaciones oficiales y las Resoluciones Sanciones, sin que la
Ley fijara los términos para ello.
El Gobierno también definió las facultades de la Subdirección de
Determinación de Obligaciones Parafiscales, asumiendo las funciones del
Congreso, así: ‘Decreto 575 de 2013, Artículo 21º Subdirección de
Determinación de Obligaciones. Corresponde a la Subdirección de
Determinación de Obligaciones desarrollar las siguientes funciones: (…)’.
Como puede verse, esta norma le otorga a esta oficina facultades que
afectan el Derecho a la intimidad de las personas, pues le permite solicitar
información y documentos privados protegidos por el artículo 15 de la
Constitución Política. No podía el Gobierno Nacional determinar estas
potestades porque, como ya se indicó, esta es una competencia exclusiva y
única del legislador.
En consecuencia, el Decreto 575 de 2013, que fundamentó el acto
administrativo mediante el cual se profirió la Liquidación Oficial a mi
poderdante, debe ser inaplicado por ser contrario a la Constitución,
conforme se explicó anteriormente y en acatamiento del artículo 4 de la
Carta Magna.
Por todo lo expuesto, queda demostrado que la Ley no le otorgó
competencia alguna a la Subdirectora de Determinación de Obligaciones de
la Dirección de Parafiscales para solicitar la información que fundamentó
sus decisiones ni para proferir la liquidación oficial objeto de demanda” (fls.
22 a 26 archivo 9 índice 13 SAMAI – mayúsculas fijas del original).
b) Frente a ese cargo en concreto el tribunal de primera instancia concluyó que los
funcionarios de la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la Dirección de
Parafiscales de la UGPP eran competentes para fiscalizar y determinar las
contribuciones parafiscales pues, esas atribuciones tenían fundamento en las Leyes
1151 de 2007 y 1607 de 2012 y en los decretos reglamentarios.
c) En el recurso de apelación, la parte actora insistió en que los funcionarios de la
UGPP carecían de competencia porque los decretos que distribuyeron sus funciones
fueron expedidos por fuera de las facultades otorgadas al Gobierno Nacional.
d) En relación con ese reparo, en la sentencia de segunda instancia objeto del
presente recurso extraordinario de revisión la Sección Cuarta del Consejo de Estado
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07823-00 (12.420)
Actor: Toronto de Colombia Ltda
Recurso extraordinario de revisión
descartó la falta de competencia de los funcionarios de la UGPP, para lo cual expuso
lo siguiente:
“[L]a facultad prevista en la Ley 1151 de 2007, artículo 156, fue desarrollada
mediante los Decretos 168 y 169 de 2008, que claramente la invocan como
su fundamento, los cuales fueron expedidos dentro de los 6 meses
siguientes a la vigencia de la ley, como correspondía, y adicionalmente que,
los Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013, se profirieron en desarrollo de la
facultad consagrada en el artículo 189 numeral 16 de la Constitución Política
para ‘modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos
Administrativos y demás entidades u organismos administrativos
nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la
ley’.
Además, la competencia otorgada en la Ley 1151 de 2007 fue para expedir
normas con fuerza de Ley, lo que se cumple respecto de los dos primeros
preceptos, como quiera que ambos la tienen (Decretos Leyes), que no los
Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013. Lo anterior, resulta suficiente para
desestimar los argumentos de la demandante relacionados con la falta de
competencia del Gobierno Nacional debido a la expedición extemporánea
del Decreto 5021 de 2009, de cara al artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.
Así las cosas, los Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013 (que derogó el
primero), fijaron en la UGPP la competencia de fiscalización y determinación
de las contribuciones al sistema de la protección social, para lo cual, la
Subdirección de Determinación de Obligaciones de dicha entidad profiere
las liquidaciones oficiales y la Dirección de Parafiscales resuelve los
recursos de reconsideración interpuestos contra aquellas, tal como ocurrió
en este caso. Por lo expuesto, no prospera el cargo de apelación” (fl. 47
índice 2 SAMAI).
3) De la anterior recapitulación la Sala considera que el reproche formulado por la
empresa Toronto de Colombia Ltda en modo alguno configura una nulidad originada
en la sentencia, sino que busca reabrir un asunto jurídico planteado desde la
demanda, reiterado en la apelación y expresamente resuelto por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado.
4) El cargo alegado no surgió con la providencia objeto del presente recurso, pues, la
supuesta incompetencia del subdirector de Determinación de Obligaciones y del
director de Parafiscales de la UGPP se fundamenta en la alegada inconstitucionalidad
de los Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013, argumento formulado en la demanda
originaria y reiterado en el recurso de apelación. Por consiguiente, se trata de una
cuestión conocida y debatida durante el proceso ordinario.
5) La Sección Cuarta del Consejo de Estado en el fallo ahora impugnado examinó
expresamente el cargo y explicó que los Decretos Leyes 168 y 169 de 2008
desarrollaron oportunamente las facultades extraordinarias conferidas por el artículo
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156 de la Ley 1151 de 2007, mientras que los Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013
fueron proferidos con base en la facultad constitucional permanente del presidente de
la República para modificar la estructura de los organismos administrativos
nacionales, prevista en el artículo 189 numeral 16 de la Constitución Política y
desarrollada por el artículo 54 de la Ley 489 de 1998; la providencia identificó, además,
las competencias específicas de la Subdirección de Determinación de Obligaciones
para emitir liquidaciones oficiales y de la Dirección de Parafiscales para resolver los
recursos de reconsideración.
6) El desacuerdo de la recurrente recae exclusivamente sobre la interpretación jurídica
adoptada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado respecto de la competencia
de los funcionarios de la UGPP para expedir los actos administrativos que fueron
demandados en el proceso originario, asunto que, se insiste, fue resuelto tanto en
primera como en segunda instancias, de manera adversa a la demandante, lo cual de
ninguna manera implicó una vulneración de su derecho al debido proceso.
7) Por consiguiente, la Sala estima que el defecto alegado no corresponde a los
presupuestos legales y jurisprudenciales que podrían viciar de nulidad la providencia
recurrida, por la simple pero suficiente razón de que los argumentos del recurso
extraordinario interpuesto se encaminan a convertir este proceso, indebidamente, en
una tercera instancia, pues, persigue revivir el análisis contenido en la sentencia
censurada, cuestionamientos que no son propios de la causal alegada y que escapan
al propósito del recurso extraordinario de revisión, en cuya dirección la jurisprudencia
ha precisado lo siguiente:
“No resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en
que se realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó
una determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en
que se interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas
observaciones escapan al ámbito de la aludida causal.”14.
8) Frente a tal panorama resulta forzoso concluir que el recurso extraordinario de la
referencia es manifiestamente infundado, pues, la sentencia materia de examen se
encuentra debidamente sustentada en los elementos fácticos, probatorios y jurídicos
aplicables al caso, sobre la base de una debida y ponderada valoración probatoria en
14
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo de 2010, exp. 35.221, CP Mauricio
Fajardo Gómez.
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Actor: Toronto de Colombia Ltda
Recurso extraordinario de revisión
el ámbito de la autonomía funcional de la Sala de Decisión que la profirió, para cuya
constatación basta una lectura desprevenida de la providencia, sin que el fallo
impugnado esté afectado, en modo alguno, de nulidad, como equivocadamente
sostiene la parte recurrente en este proceso.
9) Por último, la Sala advierte que en la sentencia cuestionada no se vulneró el
principio de non reformatio in peius, como lo alega la recurrente, toda vez que la
empresa Toronto de Colombia Ltda no tenía la condición de apelante único (como lo
exige el artículo 328 del CGP), pues, la UGPP también apeló el fallo emitido en primera
instancia en el proceso originario.
10) De conformidad con las anteriores razones no prospera el recurso aludido porque
no se acreditaron los supuestos de hecho que configura la causal de revisión
invocada.
5. Condena en costas
En los términos de los artículos 255 del CPACA y 366 (numeral 4) del Código General
del Proceso, la sociedad Toronto de Colombia Ltda debe asumir las costas porque se
declara infundado el recurso extraordinario de revisión; la condena incluye las
agencias en derecho que se fijan, en atención al concepto y los criterios definidos para
su causación en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la
Judicatura, en un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de
esta sentencia y en favor de la UGPP.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SALA DOCE ESPECIAL DE DECISIÓN,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Declárase infundado el recurso extraordinario de revisión promovido por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 1 de agosto de 2024 y complementada el
28 de noviembre siguiente por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación número 25000-
23-37-000-2020-00431-01 (27.863).
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07823-00 (12.420)
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2º) Condénase en costas a Toronto de Colombia Ltda; por la Secretaría, liquídense
e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1)
salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia en
favor de la UGPP.
3º) Cumplido lo anterior y ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente,
previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Sala 12 Especial de Decisión
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Magistrado Magistrado
Salvamento parcial de voto
WILSON RAMOS GIRÓN LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado Magistrado
Sigue leyendo
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