Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07825-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07825-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07825-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
19 de febrero de 2026
Demandante: CNSC
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y otros
Rad: 11001-03-15-000-2025-07825-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07825-00
Demandante: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC)
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A Y OTROS
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara la
improcedencia de la acción por no cumplir con los
requisitos de la inmediatez y de la relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en
ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de la Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Mediante escrito radicado el 9 de diciembre de 2025, la Comisión Nacional
del Servicio Civil (CNSC), a través de su apoderado judicial, presentó acción
de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, el
Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito Judicial de Ibagué1, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la igualdad, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, así
como de los principios de la buena fe, la legalidad, la confianza legítima y la
1
A su vez, solicitó la vinculación de la Contraloría Departamental del Tolima, de la
Procuraduría General de la Nación, así como de los señores José Wilfrán Girón Riaño y
Carlos Julio Jiménez Pareja.
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Demandante: CNSC
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y otros
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seguridad jurídica, con ocasión de las decisiones adoptadas en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 73001-33-
400-10-2016-00021-00/01/022.
En dicho proceso, el señor Carlos Julio Jiménez Pareja, en ejercicio del
medio de control antes señalado, demandó a la CNSC y a la Contraloría
Departamental del Tolima con la finalidad de que se declarara la nulidad de
la Resolución 3067 de 2015 (que conformó la lista de elegibles) y de la
Resolución 247 de 2015 (que nombró a José Wilfrán Girón Riaño en periodo
de prueba).
De igual manera, la entidad actora cuestionó las providencias emitidas por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, así como su rechazo, medio
que presentó contra la sentencia de segunda instancia emitida en el
precitado proceso ordinario.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte accionante solicitó lo siguiente conforme al escrito
de subsanación de la demanda:
…
PRIMERO: Que, por vía de la presente Acción Constitucional de TUTELA,
se reconozca en favor de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que le
fueron quebrantados sus derechos fundamentales, y en especial, al debido
proceso (Art.29C.N.), a la igualdad de trato jurídico (Art.13C.N.) y a la
tutela judicial efectiva, infligidos por las autoridades accionadas, y
especialmente por las providencias judiciales acusadas, particularmente,
respecto de las providencias proferidas bajo los siguientes radicados:
• Sentencia del Juez Décimo Administrativo del Circuito Judicial de
Ibagué, bajo el número de radicación 73001334001020160002100,
calendada a los dieciséis (16) días del mes de julio de dos mil veinte
(2020) y notificada el día veintiuno (21) de julio del mismo año (Por la
cual se acogieron las pretensiones del demandante, con fundamento
en normas jurídicas no aplicables a la entidad demandada y por ende
al objeto de litis).
• Fallo de segunda instancia, que confirmó la decisión de primera
instancia bajo el número de radicación 730013340010201600021-02 a
2
El Tribunal Administrativo de Tolima, mediante sentencia del 1° de diciembre de 2022,
confirmó el fallo de primer grado expedido por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito
de Ibagué, que accedió a las pretensiones de la demanda ordinaria.
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Demandante: CNSC
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través de la providencia del primero (1º) de diciembre del año dos mil
veintidós (2022) (SALA DE DECISIÓN conformada por los honorables
Magistrados, JOSE ANDRES ROJAS VILLA, JOSÉ ALETH RUIZ
CASTRO, Magistrado Ponente CARLOS ARTURO MENDIETA
RODRIGUEZ) incurriendo en craso desconocimiento del precedente
Constitucional de prevalencia de las reglas del concurso (C-040 de
1995 reiterada en la SU-913 de 2009, C-588/2009 y concordantes
discriminadas ab initio), y su fuerza vinculante (en relación a la
generalidad de intervinientes, incluida la CNSC), aplicando además
modificaciones de facto a la OPEC del proceso de selección (al incluir
un ingrediente adicional al requisito de “EXPERIENCIA” del empleo
ofertado, como lo es la mención “PROFESIONAL” cuando
taxativamente solo se exigía “RELACIONADA”), demeritando la
presunción de legalidad que regía dicha OPEC (y por ende,
demeritando de paso, el manual de funciones y competencias laborales
–MFCL- de la entidad sujeta a concurso de méritos), prevalidos de la
incursión en defectos facticos in iudicando e in procedendo, con
trascendencia Constitucional (DETERMINANTES), según
discriminación de los criterios generales y específicos de procedencia
de la presente acción Constitucional, que redundaron a posteriorí en
otras vulneraciones colaterales a la función pública y del erario público
inclusive.
Lo anterior, sin perjuicio de la relación transversal, con otras providencias
derivadas del mismo proceso jurisdiccional, en sede del RECURSO DE
UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA, que igualmente resultaron
contrarias al orden Constitucional, materializadas en “Autos”, proferidos
inicialmente por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, a través
del honorable Magistrado Ponente CARLOS ARTURO MENDIETA
RODRIGUEZ, a saber:
a) Auto emitido a los veintitrés (23) días del mes de julio del año dos mil
veinticuatro (2024) dentro del radicado 730013340010201600021-02
(Por el cual, pese a la verificación de la consignación de la CNSC del
valor fijado como caución, se determinó negar la suspensión del
cumplimiento o de la ejecutoria de la sentencia, argumentando una
extemporaneidad INEXISTENTE del pago de dicha caución).
b) Auto emitido a los doce (12) días del mes de septiembre del año dos
mil veinticuatro (2024) dentro del radicado 730013340010201600021-
02, por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, a través de la
dignidad del honorable Magistrado Ponente CARLOS ARTURO
MENDIETA RODRIGUEZ. (Por el cual se determina no reponer el auto
anterior, y se rechaza el recurso de apelación, SIN ADECUARLO AL
RECURSO PROCEDENTE DE SUPLICA).
c) Auto emitido el seis (6) de noviembre del año dos mil veinticuatro
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Demandante: CNSC
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y otros
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(2024) dentro del radicado 730013340010201600021-02, por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, a través del honorable
Magistrado Ponente CARLOS ARTURO MENDIETA RODRIGUEZ (Por
el cual Niega la aclaración de la providencia emitida el día tres -3- de
octubre del mismo año, que ordenaba remitir el recurso extraordinario
de unificación sin pronunciarse de fondo respecto del recurso de
reposición contra el “Auto” que negara la medida cautelar de
suspensión del cumplimiento de la sentencia).
d) Auto del once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) dentro
del radicado 730013340010201600021-02, por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, a través de la dignidad del honorable
Magistrado Ponente CARLOS ARTURO MENDIETA RODRIGUEZ.
(Por el cual se ratifica en la decisión de no reponer y se concede el
recurso de queja ante el honorable Consejo de Estado, manteniendo la
omisión de adecuar el recurso al procedente de SUPLICA).
Y POSTERIORMENTE, por el honorable CONSEJO DE ESTADO (Sección
Segunda – Subsección A), a través del honorable Magistrado Ponente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES, a saber:
a) “Auto” del quince (15) días de septiembre del año dos mil veinticinco
(2025), dentro del radicado 730013340010201600021-01 (6476-2024),
que agotó todo recurso (ordinario y extraordinario) respecto de la litis
(Por medio del cual, se mantuvo la omisión de adecuar el recurso al
procedente de SUPLICA, y simplemente, se estimó bien denegado el
recurso de apelación contra el Auto que negó la suspensión del
cumplimiento de la sentencia en sede del Tribunal Administrativo del
Tolima, Sala de Decisión, y magistrado ponente Carlos Arturo Mendieta
Rodríguez).
…
SEGUNDO: Que, como consecuencia de la decisión antecedente, se
disponga por su señoría, la TUTELA inmediata de los derechos
fundamentales vulnerados, ordenando cesar la vulneración y restablecer la
materialización de los mismos (debido proceso, a la igualdad de trato
jurídico, y a la tutela judicial efectiva).
TERCERO: Que, como consecuencia de lo anterior, se ANULEN y/o
DEJEN SIN EFECTOS JURÍDICOS las siguientes providencias:
DE LA PRIMERA INSTANCIA (A QUO):
a) SENTENCIA DEL JUEZ DÉCIMO ADMINSTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE IBAGUE calendada a los dieciséis (16) días del mes de julio
de dos mil veinte (2020) y notificada el día veintiuno (21) de julio del mismo
año (Por la cual se acogieron las pretensiones del demandante);
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DE LA SEGUNDA INSTANCIA (AD QUEM).
a) FALLO del primero (1º) de diciembre del año dos mil veintidós -2022-,
(por el cual se confirmó la sentencia de primera instancia), proferido por el
honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, SALA DE
DECISIÓN conformada por los honorables Magistrados, JOSE ANDRES
ROJAS VILLA, JOSÉ ALETH RUIZ CASTRO, Magistrado Ponente
CARLOS ARTURO MENDIETA RODRIGUEZ;
EN SEDE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA: Decisiones del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
TOLIMA, a través del honorable Magistrado Ponente CARLOS ARTURO
MENDIETA RODRIGUEZ:
a) Auto emitido a los veintitrés (23) días del mes de julio del año dos mil
veinticuatro (2024) (Por el cual, pese a la verificación de la
consignación de la caución por la entidad recurrente, se determinó
negar la suspensión del cumplimiento o de la ejecutoria de la
sentencia, argumentando extemporaneidad del pago).
b) Auto emitido a los doce (12) días del mes de septiembre del año dos
mil veinticuatro (2024) por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
TOLIMA, a través de la dignidad del honorable Magistrado Ponente
CARLOS ARTURO MENDIETA RODRIGUEZ. (Por el cual se
determina no reponer el auto anterior, y se rechaza el recurso de
apelación, SIN ADECUARLO AL RECURSO PROCEDENTE DE
SUPLICA).
c) Auto emitido el seis (6) de noviembre del año dos mil veinticuatro
(2024) por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, a través del
honorable Magistrado Ponente CARLOS ARTURO MENDIETA
RODRIGUEZ (Por el cual Niega la aclaración de la providencia emitida
el día tres -3- de octubre del mismo año, que ordenaba remitir el
recurso extraordinario de unificación sin pronunciarse de fondo
respecto del recurso de reposición contra el “Auto” que negara la
medida cautelar de suspensión del cumplimiento de la sentencia).
d) Auto del once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, a través de la dignidad
del honorable Magistrado Ponente CARLOS ARTURO MENDIETA
RODRIGUEZ. (Por el cual se ratifica en la decisión de no reponer el
rechazo del recurso de apelación, y concede el recurso de queja ante
el honorable Consejo de Estado).
EN SEDE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA: Decisiones del honorable CONSEJO DE ESTADO
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(Sección Segunda – Subsección A), a través del honorable Magistrado
Ponente LUIS EDUARDO MESA NIEVES:
a) Auto emitido a los quince (15) días del mes de septiembre del año dos
mil veinticinco (2025), que agotó todo recurso (ordinario y extraordinario)
respecto de la litis (Por medio del cual se estimó bien denegado el recurso
de apelación contra el Auto que negó la suspensión del cumplimiento de la
sentencia en sede del Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Decisión,
y magistrado ponente Carlos Arturo Mendieta Rodríguez).
CUARTO: Que se ORDENE al JUEZ DECIMO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE IBAGUE, proferir una nueva sentencia dentro del
proceso promovido por el señor CARLOS JULIO JIMENEZ PAREJA,
sustanciado bajo el número de radicación 73001334001020160002100,
por la cual se contemplen los defectos advertidos en la presente acción, y
que demerite las pretensiones del demandante, declarándose inhibido si
fuere el caso para fallar.
CUARTO (sic): Que, como consecuencia de las anteriores decisiones, se
ordene la anulación y/o derogatoria del nombramiento del señor CARLOS
JULIO JIMENEZ PAREJA, así como del respectivo acto de posesión que
se le hubiere podido realizar en consideración del cumplimiento de la
Sentencia por parte de la entidad codemandada CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA.
QUINTO: Que, como consecuencia de las anteriores decisiones se ordene
por su señoría, al señor CARLOS JULIO JIMENEZ PAREJA, reintegrar
cualquier suma de dinero que haya podido recibir de parte de cualquiera
de las entidades solidariamente condenadas con las providencias
mediante las cuales se vulneraron los derechos fundamentales, en
consideración del cumplimiento que de aquellas se hubiere podido
generar. (…)”
1.3. Hechos
La parte accionante sostuvo que el señor Carlos Julio Jiménez Pareja,
mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, demandó a la CNSC y a la Contraloría
Departamental del Tolima. Esto, para que se declarara la nulidad de la
Resolución 3067 de 2015 (que conformó la lista de elegibles) y de la
Resolución 247 de 2015 (que nombró a José Wilfran Girón Riaño en periodo
de prueba). Este proceso se identificó con el radicado 73001-33-400-10-
2016-00021-00/01/02.
Expuso que, el señor Jiménez Pareja, en la demanda ordinaria, pidió que se
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le reconociera como ocupante del primer puesto en la lista de elegibles para
el cargo de profesional especializado, Código 222, Grado 02 de la
Contraloría del Tolima. También solicitó que se ordene su nombramiento en
dicho cargo, el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde
julio de 2015, los aportes al sistema de seguridad social, así como la
indexación de las sumas correspondientes.
Señaló que el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué
mediante sentencia del 16 de julio de 2020 accedió a las pretensiones de la
demanda ordinaria en mención, al declarar la nulidad parcial del primer acto
demandado y la parcial del segundo y, en consecuencia, se dispuso:
i) A la CNSC rehacer la lista de elegibles respecto al cargo de profesional
especializado código 222 grado 2, número de empleo 203196, ofertado en el
concurso público de méritos que se hizo mediante la convocatoria No. 282 de
2013 – Contraloría Departamental de Tolima; teniendo en cuenta lo expuesto
en esta providencia.
ii) A la Contraloría Departamental del Tolima, que una vez la mencionada
comisión rehaga la lista de elegibles en cita, proceda al nombramiento de
quien ocupe el primer lugar de la lista en el referido empleo.
A su vez, en dicha providencia se dispuso condenar a dichas entidades a
pagar al señor Carlos Julio Jiménez Pareja, el mayor valor de los derechos
laborales que le hubiera correspondido si se hubiera conformado la lista en
legal forma.
Mencionó que junto con la otra entidad demandada – la Contraloría
Departamental del Tolima- presentaron recurso de apelación contra la
anterior decisión, el cual resolvió el Tribunal Administrativo del Tolima a
través de sentencia confirmatoria del 1. ° de diciembre de 2022, en la que se
dispuso lo siguiente:
i) Indicó que era patente que los actos administrativos acusados
desconocieron el principio del mérito que busca garantizar la excelencia y el
funcionamiento óptimo de la administración pública, para el logro de los fines
esenciales del Estado, y en consecuencia debían ser retirados del mundo
jurídico, para que se proceda a hacer el nombramiento de quien ocupó el
primer lugar, esto es, el señor Carlos Julio Jiménez Pareja.
ii) Mencionó que no existía razón para que no fuera nombrada la persona
que además de superar el concurso de méritos del empleo que se ofertó,
ocupó el primer puesto de la lista de elegibles. Esto, pues no se justificaba
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que quien superó todas las etapas del trámite no fuera nombrado en aquella
oportunidad, en la medida que si ocupó el primer lugar «tiene, en tal virtud y
por mandato constitucional, no una mera expectativa sino un verdadero
derecho adquirido a ser nombrado en el cargo correspondiente».
iii) Refirió que ello daba lugar al reconocimiento y pago de la diferencia de los
salarios y prestaciones causadas desde el día en que tomó posesión del
cargo el señor José Wilfran Girón Riaño y hasta cuando se produjera su
nombramiento efectivo en el citado cargo por haber ocupado el primer lugar
del concurso.
iv) Concluyó que si bien las decisiones adoptadas por la CNSC en el
desarrollo del concurso de méritos regulado por la Convocatoria 282 de
2013, se dieron en ejercicio de su autonomía y en ejercicio de sus funciones
constitucionales, la Contraloría Departamental del Tolima como beneficiaria
del concurso, cuyos cargos se pretendían proveer, también participó en la
planeación del proceso de selección y en esa medida su intervención en la
mencionada convocatoria fue concluyente para que la CNSC procediera a
expedir la lista de elegibles, motivo por el cual también era llamada a
responder económicamente por el restablecimiento del derecho ordenado a
favor del señor Carlos Julio Jiménez Pareja.
De conformidad con la documental aportada, según constancia secretarial
«los días 09, 12 y 13 de diciembre de 2022 corrió el término de ejecutoria [de
la anterior providencia], lapso que feneció sin reproches»3.
Precisó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
mediante providencia del 29 de agosto de 2025, en virtud del artículo 265 del
CPACA, rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
que presentó contra la sentencia de segunda instancia emitida en el
precitado proceso ordinario. Esto, al considerar que no se acreditó la
existencia de unidad de materia entre lo resuelto en la providencia en
cuestión y el fallo de unificación indicado en el recurso, por lo que determinó
que no había lugar a dar trámite al presente asunto.
Destacó que, para cumplir con lo decidido en la sentencia del 1. ° de
diciembre de 2022, emitió la Resolución 10117 del 22 de octubre de 2025,
con la cual ordenó:
Por la cual se dispuso dar cumplimiento a la Sentencia, y en consecuencia
“rehace la Lista de Elegibles conformada mediante la Resolución No.3067
3
Documento de la carpeta 024 Recibe pruebas:
6_VENCEEJECUTORIA_01020160002102NY.pdf
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del 22 de junio 2015 “Por la cual se conforma y adopta la Lista de Elegibles
para proveer una (1) vacante del empleo de carrera denominado
PROFESIONAL ESPECIALIZADO, Código 222, Grado 02, de la
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE TOLIMA, ofertado a través de la
Convocatoria Nº282 de 2013, bajo el No. 203196.
1.4. Sustento de la vulneración
La parte actora consideró que, con las decisiones emitidas tanto en el
proceso ordinario como en el recurso extraordinario, se configuró lo
siguiente:
… una irregularidad sustantiva de tal entidad, que repercuten sobre la
decisión confutada, esto es, relativa a la indebida valoración probatoria, la
incongruencia interna del fallo y la aplicación errada de las reglas del
concurso específicamente de los requisitos mínimos exigidos para el
empleo, y del parágrafo segundo del artículo 32 del Acuerdo de
Convocatoria (relativo al agotamiento de la vía gubernativa, concerniente a
la reclamación contra la calificación obtenida en la prueba de valoración de
antecedentes). Se trata, entonces, de aspectos de fondo que
comprometen directamente los derechos fundamentales de defensa,
contradicción y debido proceso de la CNSC, y no de simples defectos
procesales. Por tanto, lo discutido excede la órbita de una irregularidad
formal y se inscribe en defectos materiales que deben ser examinados por
el juez Constitucional.
A su vez, incluyó un cuadro en el que mencionó los defectos específicos que
invocó (el cual puede consultarse en la demanda inicial de tutela), a partir de
los que, se desataca lo siguiente:
1.4.1. Defecto sustantivo (el actor lo indicó como «error de tipo f[á]ctico o
material»)
La parte actora sostuvo que el fundamento medular del juez demandado
resultó ser el Decreto 2772 de 2005, que no resultaba aplicable a la entidad
sujeta concurso (Contralorías Territoriales) y que citó expresamente, en su
sentencia, específicamente en la página 16.
Hizo referencia al desconocimiento de las reglas del acuerdo de convocatoria
por la mencionada autoridad judicial, al aplicar una nueva «valoración de
antecedentes» al margen del concurso, así como a las excepciones que
consideró probadas en primera instancia en el proceso ordinario, tales como
la proposición jurídica incompleta que no fue declarada.
1.4.2. Desconocimiento del precedente
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Señaló que, posteriormente, en el mismo fallo de segunda instancia, al
abordar el caso concreto, el tribunal demandado se «aprest[ó] a realizar una
nueva “valoración de antecedentes” de los documentos cargados por los
elegibles (demandante y del señor Giron Riaño), con el objeto de acreditar la
experiencia, arrogándose competencia el Ad quem, para interpretar, incluir y
modificar las expresas y taxativas reglas del concurso de méritos,
desconociendo la competencia expresa de la CNSC y los precedentes
Constitucionales sobre la materia, que propenden por la prevalencia y
efectos vinculantes de las reglas del Acuerdo.»
Hizo mención a la inexistencia en la OPEC del empleo (objeto de litis) del
requisito creado por el «ad quem» que le restó al señor José Wilfran Giron
Riaño, un amplio periodo de experiencia, así como a la tergiversación de la
certificación de la cual se pretendía derivar la experiencia por el demandante
Carlos Julio Jiménez Pareja.
Expuso que también existió una incongruencia derivada del desconocimiento
del precedente constitucional acerca de las reglas del Acuerdo de
Convocatoria del concurso de méritos. Citó la sentencia SU-446 de 2011.
1.4.3. Defecto procedimental absoluto
Expuso que el tribunal acusado despreció las reglas del concurso de méritos,
e incluso, se haya arrogado competencia para mutar las reglas ya
establecidas del Concurso, no solo incluyendo «requisitos» que no fueron
publicados con la OPEC, y desechando por demás, la obligatoriedad que
pesaba sobre el participante (demandante) de agotar (para poder censurar
en sede judicial cualquier decisión del concurso) la respectiva reclamación
prevista en el proceso de selección para agotar vía administrativa, y habilitar
el ejercicio del derecho de acción y/o de acceso a la administración de
justicia.
Manifestó que el tribunal cuestionado creó una nueva regla para el Acuerdo
de Convocatoria aludido, al malinterpretar el artículo 32º del mismo
compendio reglamentario (inciso primero, por la cual, contra la calificación de
dicha prueba, no procedía ningún recurso y a lo sumo procedía la
presentación de reclamación), y aducir en contrario, que de aquella regla, se
derivaba la posibilidad de interponer «recurso de reposición» contra las
calificaciones obtenidas por los participantes en «la prueba de valoración de
antecedentes».
Sostuvo que dicha autoridad judicial en contravía de las reglas del acuerdo
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de convocatoria (cuyos efectos jurídicos resultan vinculantes para la
generalidad de intervinientes en el concurso de méritos, según los
precedentes constitucionales) que, contra los resultados de las pruebas y
específicamente de la prueba de la que se dolió el demandante (valoración
de antecedentes) en aquel concurso de méritos, solo resultaba posible la
interposición del recurso de reposición, y que siendo aquel «facultativo» a la
luz del artículo 76 del CPACA, no resultaba de obligatoria la interposición.
Señaló que, se desatendió la preclusión del término para interponer la
respectiva «reclamación» de conformidad con la lectura e interpretación
trasparente de la regla del concurso (artículo 32º), que contempla: «….contra
la decisión que resuelve la reclamación no procede ningún recurso…», sin
embargo esta es una condición sine qua non para censurar la calificación de
la prueba (valoración de antecedentes).
Cuestionó que el tribunal demandado pese a conceder el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, negó la suspensión de la
ejecución de la sentencia por considerar extemporáneo el pago de la
caución. También reprochó las decisiones emitidas en el trámite de dicho
medio extraordinario. Al respecto, afirmó lo siguiente: «la CNSC no encuentra
ningún reparo y acoge con total respeto la decisión de los honorables
Magistrados del Consejo de Estado) determina “rechazar de plano el recurso
porque no existe unidad de materia entre el caso particular y la sentencia de
unificación CE-SUJ2-006-16, invocada”».
1.4.4. Defecto fáctico (el accionante lo mencionó como «error f[á]ctico u
sustancial»)
Añadió que el tribunal demandado incurrió en una indebida valoración
probatoria de los certificados de experiencia cargados por ambos elegibles
(Giron Riaño y Jiménez Pareja), por cuanto no resultaba posible acoger la
certificación del señor Carlos Julio Jiménez Pareja (aplicando el mismo
racero disertado respecto del señor Girón Riaño), pues ambos, carecían de
mérito probatorio en los términos exigidos por las reglas del concurso, y
obligaba en consecuencia, dicho razonar, aplicar el demerito de las
pretensiones del demandante.
Adujo que también demeritó el argumento relativo a la ausencia de
reclamación del demandante, contra el resultado de la prueba de valoración
de antecedentes, se precipitó a descontextualizar el contenido del «parágrafo
segundo» del artículo 32 del acuerdo de convocatoria, y obvió el supuesto de
hecho de dicho artículo.
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1.4.5. Violación directa de la Constitución
Expuso que se desconoció el principio que propende porque los jueces en
sus providencias, solo están sometidos al imperio de la Ley, que coincide con
la obligación de los operadores jurisdiccionales de interpretar y aplicar las
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a
la luz de los principios consagrados en la Constitución Política.
1.5. Trámite
Mediante auto del 11 de diciembre de 2025, se inadmitió la demanda de
tutela para que la parte actora aportara la documentación completa que
acreditara la representación judicial y para que identificara de manera clara y
precisa los radicados de los procesos que incluyó en cada uno de los
numerales del acápite denominado «peticiones» de la demanda
constitucional, junto con la acción o la omisión que consideraba transgresora
respecto de cada uno de dichos expedientes; aspectos que fueron
subsanados por la parte actora en la oportunidad otorgada.
Posteriormente, con auto del 26 de enero de 2026, se admitió la acción de
amparo y, en consecuencia, se dispuso la notificación de los magistrados
que integran el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y el
Tribunal Administrativo del Tolima, así como del juez Décimo Administrativo
del Circuito Judicial de Ibagué.
A su vez, se vinculó como terceros con interés al contralor departamental del
Tolima, al contralor general de la República, al procurador general de la
Nación, a los señores José Wilfrán Girón Riaño y Carlos Julio Jiménez Pareja
y a las demás personas que conforman la lista de elegibles contenida en la
Resolución 3067 de 2015. Frente a esto último, también se dispuso:
Requiérase a las Secretarías del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, del Tribunal Administrativo del Tolima y del Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, para que publiquen en sus
respectivas páginas web copia digital de la demanda de tutela, de los
anexos que la acompañan, del auto admisorio y de esta providencia, con el
fin de que cualquier persona que tenga interés conozca de los referidos
documentos y pueda intervenir en el trámite constitucional de la referencia.
Asimismo, requiéranse a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), a
la Contraloría General de la República y a la Contraloría Departamental del
Tolima, para que publiquen en su página web la misma documentación
referida en el párrafo anterior, con el fin de que cualquier persona que
tenga interés conozca de los referidos documentos y pueda intervenir en el
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trámite constitucional de la referencia.
Finalmente, entre otros asuntos, se requirió a las demandadas para que
aportaran los expedientes en cuestión y se le reconoció personería al
apoderado de la entidad actora.
1.6. Contestaciones e intervenciones
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
El magistrado ponente de la decisión del recurso extraordinario cuestionado
se opuso a la prosperidad de la solicitud de amparo, al considerar que la
acción de tutela resulta improcedente por no satisfacer el requisito de
relevancia constitucional exigido para el control excepcional de providencias
judiciales; por lo que solicitó que así se declarara.
Hizo referencia a las actuaciones surtidas en dicho proceso, a partir de las
que, destacó que los reproches formulados por la parte accionante no
plantean un problema constitucional autónomo, sino que se circunscriben a
controvertir la interpretación y aplicación de normas procesales relativas a la
procedencia de los recursos dentro del trámite del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia.
1.6.2. Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué
El titular de este despacho judicial hizo mención a las circunstancias fácticas
del proceso ordinario, a partir de lo cual concluyó que la parte actora
pretendía sustituir la valoración probatoria y la autonomía funcional del juez
natural, lo cual resulta incompatible con la naturaleza subsidiaria de la acción
de tutela, como si fuera una tercera instancia.
Destacó que la comisión accionante incurrió en una evidente pasividad
procesal pues pese a ostentar un papel esencial en la conducción de los
concursos de méritos, no contestó la demanda oportunamente, ni allegó
pruebas ni solicitó medios de convicción encaminados a respaldar su criterio
o a justificar la actuación administrativa cuestionada dentro de la oportunidad
procesal pertinente, ni presentó alegatos de conclusión.
Resaltó que estas omisiones permiten concluir que no existe sustento fáctico
ni jurídico que avale la tesis del accionante.
1.6.3. Procuraduría General de la Nación
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Esta entidad solicitó su desvinculación de este trámite constitucional, en
atención a que, por sus funciones no le compete el asunto demandado y en
ese orden, no cuenta con legitimación en la causa por pasiva.
1.6.4. José Wilfrán Girón Riaño
El mencionado vinculado solicitó que se reconociera su coadyuvancia en
esta acción de tutela, por lo que, además de referir las circunstancias
fácticas, reiteró lo pretendido por la entidad actora.
1.6.5. Carlos Julio Jiménez Pareja
Este vinculado solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela
por no cumplirse los requisitos generales ni específicos para la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De manera subsidiaria, y solo en el evento de no accederse a la anterior
solicitud, pidió que se deniegue el amparo constitucional solicitado, por la
inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales.
A su vez, solicitó que se disponga que las providencias judiciales
cuestionadas conserven su plena validez, fuerza ejecutoria y efectos
jurídicos, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y
autonomía judicial.
1.6.6. Contraloría Departamental del Tolima
Esta entidad manifestó que coadyuva integralmente las pretensiones
elevadas por la parte accionante, al estimar que la solicitud de amparo
constitucional resulta razonable, necesaria y jurídicamente fundada, en tanto
persigue la protección efectiva de derechos fundamentales vulnerados.
En tal sentido, solicitó que se dispusiera la tutela inmediata de las garantías
constitucionales invocadas y, en consecuencia, se ordene la nulidad de la
totalidad de las providencias judiciales que han sido detalladamente
identificadas por la parte tutelante.
A su vez, pidió que se ordene la anulación del nombramiento y posesión del
señor Carlos Julio Jiménez Pareja, en caso de haberse materializado,
proferidos en cumplimiento de las decisiones judiciales cuestionadas, por
parte de esta entidad que también fungió como demandada.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
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2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la primera instancia de la acción
de tutela adelantada contra la decisión judicial demandada, según lo previsto
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20154, así como en el Acuerdo 80
de 12 de marzo de 2019.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. La Procuraduría General de la Nación solicitó su desvinculación de la
acción de tutela, petición a la que se accederá puesto que, conforme con lo
relatado en la demanda y en su subsanación no tiene injerencia en lo
demandado.
2.2.2. El señor José Wilfrán Girón Riaño y la Contraloría Departamental del
Tolima manifestaron que coadyuvaban la solicitud de tutela.
En relación con los requisitos de procedencia de la coadyuvancia, esta debe
cumplir los siguientes requisitos:
a) La participación del coadyuvante debe estar acorde con la postura y las
pretensiones formuladas por la parte actora o el demandado en el trámite de
tutela, esto es, no puede formular pretensiones propias de amparo de sus
derechos fundamentales.
b) La coadyuvancia puede ser llevada a cabo hasta antes de que se expida
la sentencia que finalice el proceso de tutela, es decir, hasta antes de la
sentencia de única, de segunda instancia o de revisión ante la Corte
Constitucional.
Revisadas las mencionadas solicitudes de coadyuvancia, se observa que
cumplen los aludidos presupuestos puesto que se encuentran conforme con
la demanda constitucional formulada por la parte actora; por lo que, se
aceptarán.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala verificar si se vulneraron los derechos fundamentales
de la parte actora con ocasión de las decisiones adoptadas en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 73001-33-
400-10-2016-00021-00/01/02, el cual promovió el señor Carlos Julio Jiménez
4
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
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Pareja en contra de la CNSC y de la Contraloría Departamental del Tolima
con la finalidad de que se declarara la nulidad de la Resolución 3067 de 2015
(que conformó la lista de elegibles) y de la Resolución 247 de 2015 (que
nombró a José Wilfrán Girón Riaño en periodo de prueba).
De igual manera, la entidad actora cuestionó las providencias emitidas por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, así como su rechazo, medio
que presentó contra la sentencia de segunda instancia emitida en el proceso
ordinario.
Así las cosas, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) el estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y,
finalmente, de encontrarse superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 20125, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia,
que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.6
Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
5
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González. Negrilla fuera de texto.
6
Ibídem.
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por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela
constituye un mecanismo residual y excepcional para la protección de
derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por
ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial
no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.7
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva
2.5.1. Inmediatez
7
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.
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En relación con dicho presupuesto general de procedencia, es oportuno
indicar que la acción de tutela fue estatuida por el constituyente con el objeto
de proveer una protección inmediata de los derechos fundamentales
conculcados, lo que supone que el amparo sea rápido, urgente, actual y
eficaz.8
De ahí que el presupuesto objeto de estudio exija que la tutela se presente
tan pronto se produce el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la
vulneración de los derechos fundamentales o por lo menos dentro de un
término prudencial y consecuencial a su ocurrencia.
En criterio de la Sección, el plazo prudencial es de 6 meses contados desde
la ocurrencia del hecho generador –el cual se calcula desde el día hábil
siguiente a la ejecutoria de la última providencia judicial cuestionada– que da
lugar a la solicitud de protección y la presentación de esta y cuando este es
excesivo se declara su improcedencia.
A pesar de lo anterior, en cada caso concreto se estudia si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, para que se flexibilice su consideración
y se pueda entrar al fondo del debate jurídico planteado, tales circunstancias
fueron fijadas por la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015, cuya
tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, en los siguientes
términos:
i) [E]xista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por
ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el
núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii)
exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre
que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos,
continúa y es actual.9
Para el caso concreto, se precisa que, en la documental aportada, la
providencia de segunda instancia expedida en proceso ordinario quedó
ejecutoriada en el año 2022; pues según constancia secretarial «los días 09,
12 y 13 de diciembre de 2022 corrió el término de ejecutoria, lapso que
feneció sin reproches».
8
El artículo 86 de la Carta prevé que «toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos...».
9
Ver sentencias T-016 de 2006, T-1044 de 2007, T-166 de 2010 y T-576 de 2010.
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Esto quiere decir que no se cumplió el presupuesto de procedibilidad
analizado, pues aquel no es un término que se considere razonable para
acudir al juez constitucional, dado que el paso prolongado del tiempo permite
deducir que se ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la
protección deprecada, desvirtuándose así la inminencia de la afectación.
Por consiguiente, se declarará improcedente la solicitud de tutela respecto
las pretensiones de la entidad demandante en cuanto a la decisión que puso
fin a la controversia ordinaria, toda vez que carece del presupuesto de la
inmediatez.
2.5.2. Relevancia constitucional
La parte actora cuestionó las providencias emitidas por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A en el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, así como su rechazo, el cual presentó contra la
sentencia de segunda instancia emitida en el proceso ordinario.
No obstante, en relación con la decisión que puso fin a dicho trámite
extraordinario, se observa que, la acción de tutela no cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, por los siguientes motivos:
La Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 26 de junio de 2022
explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa
juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional
contra una decisión judicial «...el juez de tutela debe limitarse a analizar los
yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante,
pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada’.»
En ese sentido, el alto tribunal Constitucional consideró que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias
o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
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...(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
(ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.10
En el presente asunto, se advierte que, los cuestionamientos formulados por
la parte accionante no plantean un problema constitucional autónomo, sino
que se circunscriben a controvertir la interpretación y aplicación de normas
procesales relativas a la procedencia de los recursos dentro del trámite del
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
Así, se precisa que, el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
dentro del cual se suscitó la controversia ya había agotado la doble instancia,
al haberse proferido sentencia por el Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito de Ibagué y ser confirmada mediante providencia del 1. ° de
diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Tolima.
A su vez, se observa que la CNSC, a través de su apoderado judicial,
interpuso recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia contra el
fallo de segunda instancia del 1° de diciembre de 2022, al estimar que
contradice la sentencia de unificación del Consejo de Estado (2686-14CE-
SUJ2-006-16) y fallos de la Corte Constitucional, al apartarse de la regla de
interpretar las normas en su sentido natural y literal (arts. 27 y 28 del Código
Civil).
Asimismo, se precisa que, el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia se rechazó porque no se acreditó la existencia de unidad de
materia entre lo resuelto en la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo de Tolima, y el fallo de unificación indicado en el recurso.
Por tanto, se advierte que, si bien la parte actora hizo referencia a una
insuficiente valoración probatoria y en el análisis interpretativo aplicable al
caso concreto, lo cierto es que no cumplió con la carga argumentativa
necesaria para analizar el fondo del asunto frente a los defectos específicos
alegados; elemento que se torna riguroso cuando se demanda una
providencia de un órgano judicial de cierre, como lo es en el presente asunto.
10
Destacado por la Sala.
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En ese orden, la acción de tutela pretende reabrir un debate de estricta
legalidad ya definido por el juez natural, sin que se acredite la afectación
grave y directa de un derecho fundamental.
A su vez, en relación con la sentencia SU-446 de 2011 que citó la parte
actora como desconocimiento del precedente, se encuentra que tales
planteamientos los hizo frente al proceso ordinario, y en todo caso esa
decisión unificatoria se refirió alcance del registro de elegibles que profirió la
Fiscalía General de la Nación para las seis convocatorias.
Por lo que, tales reproches de la parte demandante distan del fin de la acción
de amparo, que no es otro que el de proteger garantías constitucionales
cuando se vean vulneradas o amenazadas, lo que no sucede en este caso.
Así las cosas, un desacuerdo en relación con las conclusiones respecto de la
decisión acusada no puede ser razón para que el juez constitucional
intervenga en la protección de los derechos fundamentales, puesto que,
aceptar lo contrario, sería invadir la órbita del competente natural. En ese
orden, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre dichas garantías
en contraste con lo decidido por la autoridad judicial demandada, que amerite
la intervención en sede constitucional.
Por consiguiente, la parte actora pretende la adopción de una decisión de
reemplazo y, ello no es razón suficiente para que el juez de la acción de
tutela intervenga en la protección de los derechos fundamentales, puesto
que, se insiste, lo contrario sería invadir la esfera de competencia del juez
natural.
En ese orden, la Sala se permite destacar que la acción de tutela contra
providencias judiciales no debe ser vista como una tercera instancia para
traer a colación nuevamente los argumentos expuestos dentro del proceso
ordinario, sino que es un medio excepcionalísimo por medio del cual se
revalúan decisiones que recaen en la arbitrariedad, al sobrepasar los
principios rectores de la autoridad judicial.
De modo que, no se satisface el requisito de relevancia constitucional, en el
sentido riguroso que señaló la Corte Constitucional en la sentencia de
unificación 215 de 2022.
En consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de tutela pues no
cumple los requisitos de la inmediatez y de la relevancia constitucional.
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Aceptar la desvinculación de la Procuraduría General de la
Nación y, a su vez, aceptar la coadyuvancia del señor José Wilfrán Girón
Riaño y la Contraloría Departamental del Tolima.
SEGUNDO: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), a través de su apoderado
judicial, por no cumplir los requisitos de la inmediatez y de la relevancia
constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Salva voto parcial
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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