Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07825-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07825-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07825-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07825-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
29 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 29 de abril de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07825-01
Demandante: Comisión Nacional del Servicio Civil
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Confirma – Improcedencia
| inmediatez y relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte demandante enjuició las providencias de primera y segunda
instancia que accedieron a las pretensiones de una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los actos mediante los que se conformó una lista de
elegibles en un concurso de méritos y se nombró al participante que ocupó el primer puesto
de ese listado. Además, se cuestionaron unos autos proferidos en el trámite de un recurso
de unificación de jurisprudencia, en relación con la negativa a decretar la suspensión de la
ejecución de la sentencia.
De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver
la impugnación presentada por José Wilfran Girón Riaño, en su calidad de
tercero con interés, en contra de la Sentencia de 19 de febrero de 2026,
mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 5 de diciembre de 2025, la Comisión Nacional del Servicio Civil,
mediante apoderado judicial, presentó una acción de tutela en contra del
Juzgado 10 Administrativo de Ibagué, el Tribunal Administrativo de Tolima y
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por la
aparente vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, tutela judicial efectiva, y los principios de buena fe, legalidad,
confianza legítima y seguridad jurídica, con ocasión de las Sentencias de 16
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “SEGUNDO: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la Comisión Nacional del Servicio Civil
(CNSC), a través de su apoderado judicial, por no cumplir los requisitos de la inmediatez y de la relevancia
constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07825-01
Demandante: Comisión Nacional del Servicio Civil
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________
de julio de 20203 proferida por el Juzgado 10 Administrativo de Ibagué y de
1 de diciembre de 20224 proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 73001-33-
40-010-2016-00021-00/02; y los Autos de 23 de julio de 20245, 12 de septiembre
de 20246, 6 de noviembre de 20247 y 11 de diciembre de 20248, dictados por
el Tribunal Administrativo de Tolima y el de 15 de septiembre de 20259 de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia con Rad. 73001-33-40-010-
2016-00021-01/02.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“PRIMERO: Que, por vía de la presente Acción Constitucional de TUTELA, se
reconozca en favor de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que le fueron
quebrantados sus derechos fundamentales, y en especial, al debido proceso
(Art.29C.N.), a la igualdad de trato jurídico (Art.13C.N.) y a la tutela judicial
efectiva, infligidos por las autoridades accionadas, y especialmente por las
providencias judiciales acusadas, particularmente, respecto de las providencias
proferidas bajo los siguientes radicados:
• Sentencia del Juez Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, bajo
el número de radicación 73001334001020160002100, calendada a los dieciséis
(16) días del mes de julio de dos mil veinte (2020) y notificada el día veintiuno
(21) de julio del mismo año (Por la cual se acogieron las pretensiones del
demandante, con fundamento en normas jurídicas no aplicables a la entidad
demandada y por ende al objeto de litis).
• Fallo de segunda instancia, que confirmó la decisión de primera instancia bajo
el número de radicación 730013340010201600021-02 a través de la providencia
del primero (1º) de diciembre del año dos mil veintidós (2022) (SALA DE DECISIÓN
conformada por los honorables Magistrados, JOSE ANDRES ROJAS VILLA, JOSÉ
ALETH RUIZ CASTRO, Magistrado Ponente CARLOS ARTURO MENDIETA
RODRIGUEZ) incurriendo en craso desconocimiento del precedente
Constitucional de prevalencia de las reglas del concurso (C-040 de 1995
reiterada en la SU-913 de 2009, C-588/2009 y concordantes discriminadas ab
initio), y su fuerza vinculante (en relación a la generalidad de intervinientes,
incluida la CNSC), aplicando además modificaciones de facto a la OPEC del
proceso de selección (al incluir un ingrediente adicional al requisito de
“EXPERIENCIA” del empleo ofertado, como lo es la mención “PROFESIONAL”
cuando taxativamente solo se exigía “RELACIONADA”), demeritando la
presunción de legalidad que regía dicha OPEC (y por ende, demeritando de
paso, el manual de funciones y competencias laborales –MFCL- de la entidad
sujeta a concurso de méritos), prevalidos de la incursión en defectos facticos in
iudicando e in procedendo, con trascendencia Constitucional
(DETERMINANTES), según discriminación de los criterios generales y específicos
de procedencia de la presente acción Constitucional, que redundaron a
posteriorí en otras vulneraciones colaterales a la función pública y del erario
público inclusive.
Lo anterior, sin perjuicio de la relación transversal, con otras providencias
3 Norificada a través de mensaje de datos enviado el 21 de julio de 2020.
4 Notificada a través de mensaje de datos fue enviado el 5 de diciembre de 2022.
5 Notificado por estados de 24 de julio de 2024.
6 Notificado por estados de 13 de septiembre de 2024.
7 Notificado por estados de 7 de noviembre de 2024.
8 Notificado por estados de12 de diciembre de 2024.
9 Norificado a través de mensaje de datos enviado el 24 de septiembre de 2025.
2 de 16
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07825-01
Demandante: Comisión Nacional del Servicio Civil
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________
derivadas del mismo proceso jurisdiccional, en sede del RECURSO DE
UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA, que igualmente resultaron contrarias al
orden Constitucional, materializadas en “Autos”, proferidos inicialmente por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, a través del honorable Magistrado
Ponente CARLOS ARTURO MENDIETA RODRIGUEZ, a saber:
a) Auto emitido a los veintitrés (23) días del mes de julio del año dos mil
veinticuatro (2024) dentro del radicado 730013340010201600021-02 (Por el cual,
pese a la verificación de la consignación de la CNSC del valor fijado como
caución, se determinó negar la suspensión del cumplimiento o de la ejecutoria
de la sentencia, argumentando una extemporaneidad INEXISTENTE del pago de
dicha caución).
b) Auto emitido a los doce (12) días del mes de septiembre del año dos mil
veinticuatro (2024) dentro del radicado 730013340010201600021-02, por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, a través de la dignidad del honorable
Magistrado Ponente CARLOS ARTURO MENDIETA RODRIGUEZ. (Por el cual se
determina no reponer el auto anterior, y se rechaza el recurso de apelación, SIN
ADECUARLO AL RECURSO PROCEDENTE DE SUPLICA).
c) Auto emitido el seis (6) de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024)
dentro del radicado 730013340010201600021-02, por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, a través del honorable Magistrado Ponente
CARLOS ARTURO MENDIETA RODRIGUEZ (Por el cual Niega la aclaración de la
providencia emitida el día tres -3- de octubre del mismo año, que ordenaba
remitir el recurso extraordinario de unificación sin pronunciarse de fondo
respecto del recurso de reposición contra el “Auto” que negara la medida
cautelar de suspensión del cumplimiento de la sentencia).
d) Auto del once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) dentro del
radicado 730013340010201600021-02, por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
TOLIMA, a través de la dignidad del honorable Magistrado Ponente CARLOS
ARTURO MENDIETA RODRIGUEZ. (Por el cual se ratifica en la decisión de no
reponer y se concede el recurso de queja ante el honorable Consejo de Estado,
manteniendo la omisión de adecuar el recurso al procedente de SUPLICA).
Y POSTERIORMENTE, por el honorable CONSEJO DE ESTADO (Sección Segunda –
Subsección A), a través del honorable Magistrado Ponente LUIS EDUARDO MESA
NIEVES, a saber:
a) “Auto” del quince (15) días de septiembre del año dos mil veinticinco (2025),
dentro del radicado 730013340010201600021-01 (6476-2024), que agotó todo
recurso (ordinario y extraordinario) respecto de la litis (Por medio del cual, se
mantuvo la omisión de adecuar el recurso al procedente de SUPLICA, y
simplemente, se estimó bien denegado el recurso de apelación contra el Auto
que negó la suspensión del cumplimiento de la sentencia en sede del Tribunal
Administrativo del Tolima, Sala de Decisión, y magistrado ponente Carlos Arturo
Mendieta Rodríguez).
Con estos últimos “Autos”, se ahondó la vulneración de los derechos
fundamentales enlistados (DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA), afectándose en igual medida principios Constitucionales
fundamentales, tales como, la seguridad jurídica y la moralidad y trasparencia
(protección del erario público), contraviniendo el ordenamiento jurídico, en
consideración del exceso ritual manifiesto (al no reconocer el pago de la
caución realizado por la CNSC), y al incurrir en prístina omisión, del deber de
adecuar el recurso (APELACIÓN Y QUEJA) de conformidad con el parágrafo del
artículo 318º del C.G.P. (SUPLICA), desatendiendo también, principios
prevalentes de orden Constitucional como el integrado al artículo 228 C.N., por
negarse a suspender el cumplimiento de la sentencia (estando probado el
pago por parte de la CNSC dentro del perentorio término concedido por el
3 de 16
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07825-01
Demandante: Comisión Nacional del Servicio Civil
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________
Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo del Tolima, del valor fijado como
CAUCIÓN).
SEGUNDO: Que, como consecuencia de la decisión antecedente, se disponga
por su señoría, la TUTELA inmediata de los derechos fundamentales vulnerados,
ordenando cesar la vulneración y restablecer la materialización de los mismos
(debido proceso, a la igualdad de trato jurídico, y a la tutela judicial efectiva).
TERCERO: Que, como consecuencia de lo anterior, se ANULEN y/o DEJEN SIN
EFECTOS JURÍDICOS las siguientes providencias: (…) SENTENCIA DEL JUEZ
DÉCIMO ADMINSTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IBAGUE calendada a los 16
días del mes de julio de 2020, (…) FALLO del 1 de diciembre de 2022, (…)
proferido por el honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, (…) Auto
emitido a 23 días del mes de julio del año 2024, (…) Auto emitido a 12 días del
mes de septiembre del año 2024 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA,
(…)Auto emitido el 6 de noviembre del 2024 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL TOLIMA, (…) d) Auto del 11 de diciembre de 2024 por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, (…)a) Auto emitido a los 15 días del mes de
septiembre del año 2025, que agotó todo recurso (ordinario y extraordinario)
respecto de la litis (…).
CUARTO: Que se ORDENE al JUEZ DECIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE IBAGUE, proferir una nueva sentencia dentro del proceso
promovido por el señor CARLOS JULIO JIMENEZ PAREJA, sustanciado bajo el
número de radicación 73001334001020160002100, por la cual se contemplen los
defectos advertidos en la presente acción, y que demerite las pretensiones del
demandante, declarándose inhibido si fuere el caso para fallar.
CUARTO: Que, como consecuencia de las anteriores decisiones, se ordene la
anulación y/o derogatoria del nombramiento del señor CARLOS JULIO JIMENEZ
PAREJA, así como del respectivo acto de posesión que se le hubiere podido
realizar en consideración del cumplimiento de la Sentencia por parte de la
entidad codemandada CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA.
QUINTO: Que, como consecuencia de las anteriores decisiones se ordene por
su señoría, al señor CARLOS JULIO JIMENEZ PAREJA, reintegrar cualquier suma
de dinero que haya podido recibir de parte de cualquiera de las entidades
solidariamente condenadas con las providencias mediante las cuales se
vulneraron los derechos fundamentales, en consideración del cumplimiento
que de aquellas se hubiere podido generar”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron narrados los siguientes:
4. 1) En septiembre de 1997, se adelantó una convocatoria para proveer
unos cargos en la Contraloría Departamental de Tolima. A dicha
convocatoria se inscribió Carlos Julio Jiménez Pareja, como aspirante a
ocupar el cargo de Profesional Universitario Grado 1. Luego de superar todas
las etapas del concurso de méritos, el 2 de septiembre de 2002, el señor
Jiménez Pareja tomó posesión, en propiedad, del cargo de Profesional
Universitario Grado 1, en la Contraloría Departamental de Tolima.
5. 2) La Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC expidió el Acuerdo No.
459 de 2 de octubre de 2013, mediante el cual convocó a concurso abierto
de méritos para proveer los empleos vacantes de carrera administrativa de
4 de 16
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07825-01
Demandante: Comisión Nacional del Servicio Civil
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________
la Contraloría Departamental de Tolima, identificada como Convocatoria
No. 282 de 2013. Dentro de esa oferta se incluyó el empleo de Profesional
Especializado, Código 222, Grado 2, número OPEC 203196.
6. 3) Una vez agotadas las etapas del concurso de méritos, mediante la
Resolución No. 3067 de 22 de junio de 2015, la CNSC conformó la lista de
elegibles para una vacante del empleo Profesional Especializado, Código
222, Grado 2 de la Contraloría Departamental de Tolima. En esa lista, José
Wilfran Girón Riaño ocupó el primer lugar con 66,27 puntos y Carlos Julio
Jiménez Pareja el segundo con 66,15 puntos; el acto quedó ejecutoriado el
25 de junio de 2015.
7. 4) Con base en esa lista, la Contraloría Departamental de Tolima
expidió la Resolución No. 247 de 27 de julio de 2015, mediante la cual
nombró en período de prueba a José Wilfran Girón Riaño en el cargo de
Profesional Especializado, Código 222, Grado 2.
8. 5) Carlos Julio Jiménez Pareja presentó una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la CNSC y la Contraloría
Departamental de Tolima, bajo el radicado No. 73001-33-40-010-2016-00021-
00, con la que pretendió que se declarara la nulidad de las Resoluciones No.
3067 de 2015 y 247 de 2015 y, en consecuencia, se ordenara que él fuera la
persona a ocupar el primer lugar en el listado de elegibles del concurso de
méritos, se le nombrara en el cargo de Profesional Especializado, Código
222, Grado 2 de la Contraloría Departamental de Tolima y se le reconocieran
y pagaran las diferencias de los salarios y prestaciones dejadas de percibir,
respecto del cargo que aspiraba a ocupar, desde el 27 de julio de 2015,
hasta que se produjera su designación en el referido cargo.
9. La demanda se fundamentó en que la CNSC y la Universidad
encargada de la valoración de antecedentes aplicaron indebidamente el
factor experiencia y alteraron el orden de mérito, pues a José Wilfran Girón
Riaño se le habría reconocido la experiencia obtenida en cargos técnicos
como si fuera experiencia profesional relacionada. El demandante sostuvo
que, conforme con el Acuerdo No. 459 de 2013, la experiencia válida era la
relacionada con el cargo y que, al corregirse la puntuación, él debía quedar
en primer lugar en el listado de elegibles.
10. 6) El asunto le correspondió al Juzgado 10 Administrativo de Ibagué
que, mediante Sentencia de 16 de julio de 2020, declaró la nulidad de la
Resolución No. 3067 de 2015 de la CNSC y de la Resolución No. 247 de 2015
de la Contraloría Departamental de Tolima, y ordenó rehacer la lista de
elegibles y nombrar al primer puesto que resultara de esa nueva
conformación. Además, condenó a la CNSC y a la referida Contraloría al
reconocimiento y pago de las diferencias en los salarios, prestaciones y
5 de 16
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07825-01
Demandante: Comisión Nacional del Servicio Civil
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________
aportes, dejados de percibir por el señor Jiménez Pareja desde el 3 de
agosto de 2015.
11. La autoridad judicial consideró que, para el cargo ofertado, de
conformidad con el Decreto 2772 de 2005, la experiencia a valorar debía
ser profesional, de modo que la experiencia técnica de José Wilfran Girón
Riaño no podía computarse íntegramente como lo hizo la CNSC. Bajo ese
entendido, concluyó que la lista de elegibles estaba mal conformada y que
el acto de nombramiento derivado de ella también debía anularse.
12. 7) La CNSC y la Contraloría Departamental de Tolima presentaron
recurso de apelación contra esa decisión, con fundamento en que el juez
había aplicado una norma que no era pertinente (Decreto 2772 de 2005),
había desconocido la fuerza vinculante de la convocatoria y había
valorado indebidamente la experiencia de las personas que integraban el
listado de elegibles. Por su parte, José Wilfran Girón Riaño defendió la
legalidad de su puntaje y la similitud funcional de los cargos desempeñados
para efectos de determinar la experiencia.
13. 8) El Tribunal Administrativo de Tolima resolvió la apelación mediante
Sentencia de 1 de diciembre de 2022 y confirmó de forma íntegra la decisión
de primera instancia. El tribunal concluyó que, aunque la convocatoria
exigía “experiencia relacionada”, esa experiencia, al tratarse de un cargo
del nivel profesional, debía entenderse como experiencia profesional
relacionada; además, revisó las certificaciones de ambos elegibles y sostuvo
que la valoración de antecedentes del primero de la lista no debía
mantenerse en los términos efectuados por la CNSC.
14. 9) Inconforme con la sentencia de segunda instancia, el 13 de enero
de 2023, la CNSC interpuso recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia y en este solicitó la suspensión de la ejecución de la sentencia.
Alegó que el Tribunal desconoció la Sentencia de Unificación CE-SUJ2-006-
16, la regla de interpretación literal de los artículos 27 y 28 del Código Civil y
la obligatoriedad de las reglas del concurso e insistió en que el requisito era
“experiencia relacionada” y que el fallo añadió indebidamente la exigencia
de “experiencia profesional relacionada”.
15. 10) Sobre la solicitud de suspensión de la ejecución de la sentencia, el
Tribunal Administrativo de Tolima profirió el Auto de 6 de junio de 2024,
notificado al día siguiente, en el cual ordenó a la CNSC prestar caución
equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes dentro de los
10 días siguientes a la notificación de esa decisión. La CNSC consignó la
caución el 27 de junio de 2024 y remitió la constancia ese mismo día, y
sostuvo que el término de 10 días otorgado debía contarse desde la
ejecutoria del auto y no desde su notificación.
6 de 16
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07825-01
Demandante: Comisión Nacional del Servicio Civil
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________
16. 11) El Tribunal Administrativo de Tolima expidió el Auto de 23 de julio de
2024, mediante el que concedió el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, pero negó la suspensión de la ejecución de la sentencia tras
considerar que el pago de la caución fue extemporáneo.
17. 12) Contra el Auto de 23 de julio de 2024, la CNSC interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación, con fundamento en un aparente
error en el cómputo de términos ya que, a su juicio, hubo una indebida
aplicación del artículo 264 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo – CPACA, por lo que los términos para prestar
la caución debían contarse desde la ejecutoria del auto.
18. 13) A través de Auto de 12 de septiembre de 2024, el Tribunal
Administrativo de Tolima resolvió no reponer la decisión de negar la
suspensión de la ejecución de la sentencia y rechazó por improcedente el
recurso de apelación. La autoridad judicial argumentó que el término de 10
días para prestar caución se contabilizó conforme con lo preceptuado en
el artículo 264 del CPACA, esto es, siguientes a la notificación del auto, y que
ese plazo era perentorio e improrrogable y de imperativo cumplimiento, por
lo que la caución se presentó de forma extemporánea. Agregó que de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 243 del CPACA la providencia
recurrida solo era susceptible del recurso de reposición.
19. 14) El 18 de septiembre de 2024, la CNSC presentó un recurso de
reposición y, en subsidio de queja, en contra del Auto de 12 de septiembre
de 2024 del Tribunal Administrativo de Tolima, de manera específica
respecto de la decisión de rechazar por improcedente el recurso de
apelación, con fundamento en que la decisión de la autoridad judicial se
sustentó en una disposición que fue subrogada, toda vez que el artículo 243
del CPACA fue reformado por la Ley 2080 de 2021, que estableció que era
susceptible de apelación el auto que decretara, negara o modificara una
medida cautelar, por lo que, a su juicio sí procedía la apelación. En ese
mismo escrito solicitó que se realizara un control de legalidad del asunto,
como lo establecía el artículo 207 del CPACA, ante los vicios presentados en
el conteo de términos para presentar la caución para la suspensión de la
ejecución de la sentencia.
20. Mediante Auto de 3 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Tolima ordenó, por secretaría, la remisión inmediata del expediente al
Consejo de Estado para tramitar el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia.
21. 15) El 7 de octubre de 2024, la CNSC presentó una solicitud de
aclaración respecto del Auto de 3 de octubre de 2024, toda vez que se
ordenó la remisión del expediente, pese a que se encontraba pendiente
7 de 16
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07825-01
Demandante: Comisión Nacional del Servicio Civil
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________
resolver el recurso de reposición y, en subsidio de queja, y el control de
legalidad contra el Auto de 12 de septiembre de 2024.
22. 16) El Tribunal Administrativo de Tolima profirió el Auto de 6 de
noviembre de 2024, con el que negó la solicitud de aclaración, y mantuvo
la decisión de remitir el expediente. Para ello indicó que la suspensión de la
sentencia era una cuestión separada del trámite del recurso extraordinario,
motivo por el que el recurso de reposición y el trámite de la queja contra la
providencia del 12 de septiembre de 2024, no se habían resuelto porque al
tratarse de una cuestión autónoma, debía valorarse y decidirse de manera
independiente al trámite del recurso extraordinario de unificación.
23. 17) A través de Auto de 11 de diciembre de 2024, el Tribunal
Administrativo de Tolima resolvió el recurso presentado por la CNSC el 18 de
septiembre de 2024, en el sentido de no reponer la decisión adoptada el 12
de septiembre de 2024 y concedió el recurso de queja ante el Consejo de
Estado. En el auto se indicó que la apelación había sido rechazada por
improcedente y que, en esas condiciones, era procedente conceder la
queja conforme con lo dispuesto en el CPACA y el CGP.
24. 18) El 29 de agosto de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado rechazó el recurso extraordinario de unificación por no
acreditarse unidad de materia entre la Sentencia impugnada y la Sentencia
de Unificación CE-SUJ2-006-16 invocada, y explicó que dicho recurso no era
una tercera instancia y exigía comparar de manera precisa la ratio
decidendi de la sentencia de unificación con la providencia cuestionada.
En ese orden indicó que no se demostró la unidad temática, ni la aplicación
efectiva de la sentencia de unificación al caso concreto.
25. 19) La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
dictó el Auto de 15 de septiembre de 2025, con el cual estimó bien
denegado el recurso de apelación contra el Auto de 12 de septiembre de
2024, porque el tribunal había aplicado correctamente el trámite en
atención a que, si bien era cierto que la Ley 2080 de 2021, establecía que el
auto que decretara, negara o modificara una medida cautelar era
susceptible de apelación, también era cierto que dicha apelación solo
procedía en primera instancia, motivo por el que, al haberse presentado
dicho recurso en el trámite del asunto de nulidad y restablecimiento del
derecho, en segunda instancia y, aun si se entendiera que fue presentado
en el trámite de única instancia del recurso de unificación de jurisprudencia,
no se cumplía con la regla de presentación en el curso de un proceso de
primera instancia. Además, confirmó que la caución se había presentado
por fuera del plazo contado desde la notificación del auto.
8 de 16
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07825-01
Demandante: Comisión Nacional del Servicio Civil
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________
26. El fundamento de la vulneración consistió en la configuración del
defecto sustantivo en la decisión enjuiciada, ya que el tribunal aplicó una
regla jurídica equivocada (Decreto 2772 de 2005) al exigir “experiencia
profesional relacionada” cuando la convocatoria solo exigía “experiencia
relacionada”. También señaló que la sentencia desconoció el artículo 32 del
Acuerdo de Convocatoria, relacionado con una reclamación que
aparentemente debió agotar el señor Jimenez Pareja dentro del concurso,
con el fin de agotar la vía administrativa.
27. También reprochó que con la sentencia adoptada se desconocieron
las Sentencias SU-446 de 2011 de la Corte Constitucional y CE-SUJ2-006-16
del Consejo de Estado, porque se reemplazó la regla literal establecida en
el concurso, por una interpretación distinta sobre la experiencia exigida.
28. Agregó que hubo un defecto procedimental absoluto, ya que el
tribunal accionado se apartó de las reglas del concurso y las cambió al
introducir un requisito no previsto en la OPEC para el cargo y, además, dejó
de lado la obligación que recaía sobre el demandante del medio de
control, de agotar la reclamación prevista en el proceso de selección en
contra del resultado obtenido en la valoración de antecedentes.
29. Adicional a lo anterior, puso de presente su inconformidad con el
hecho de que, mediante Auto de 3 de octubre de 2024, el Tribunal
Administrativo de Tolima ordenó la remisión del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, pero sin ordenar la suspensión de la ejecución
de la sentencia, ante la aparente extemporaneidad en el pago de la
caución.
30. Indicó que se configuró un defecto fáctico, ante una indebida
valoración probatoria de las certificaciones de experiencia aportadas por
José Wilfran Girón Riaño y Carlos Julio Jiménez Pareja, lo anterior, pues
consideró que la autoridad judicial realizó una nueva valoración de los
antecedentes la cual se apartó de lo dispuesto en las reglas del concurso,
ya que, una apreciación correcta habría llevado a determinar que el
puntaje del señor Girón Riaño sí le permitía ocupar el primer lugar del listado
de elegibles.
31. Hizo referencia a que hubo una violación del principio de que los
jueces, en sus providencias, están sometidos al imperio de la Ley, pues la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima dejó de lado las
reglas superiores del mérito, el debido proceso y la igualdad, ante una
interpretación errada del ordenamiento y las reglas de la convocatoria.
32. Por último, sostuvo que hubo un excesivo rigor en relación con la
decisión de negar la suspensión de la ejecución de la sentencia, ya que no
9 de 16
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07825-01
Demandante: Comisión Nacional del Servicio Civil
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________
se accedió a la misma con fundamento en la aparente extemporaneidad
de presentación de la caución.
1.2. Sentencia de primera instancia10 e impugnación
33. Mediante Sentencia de 19 de febrero de 2026, la Sección Quinta del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela, tras
considerar que no se superaron los requisitos de inmediatez y relevancia
constitucional. La decisión tuvo sustento en que la Sentencia de 1 de
diciembre de 2022, mediante la que el Tribunal Administrativo de Tolima
confirmó la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, quedó
ejecutoriada el 13 de diciembre de 2022, motivo por el que la acción de
tutela se presentó por fuera de un plazo razonable y, en consecuencia, no
superó el requisito de inmediatez.
34. De otro lado hizo referencia a que, en relación con los autos que eran
objeto de cuestionamiento mediante el trámite de tutela, no hubo una
carga argumentativa mínima que permitiera realizar un estudio relacionado
con una aparente vulneración de derechos fundamentales, motivo por el
que se evidenciaba que lo que se buscó con este mecanismo constitucional
fue reabrir un debate sobre el cual ya se pronunció el juez natural del asunto.
En ese orden, indicó que los cuestionamientos sobre esas decisiones no
superaban el requisito de relevancia constitucional.
35. José Wilfran Girón Riaño, en su calidad de tercero con interés en el
asunto11, impugnó la decisión de tutela de primera instancia. Para ello hizo
referencia a que 1) se superaba el requisito de inmediatez, y el juez
constitucional desconoció las acciones que, con posterioridad a la
sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Tolima, inició la CNSC con
el fin de defender sus propios derechos y los del impugnante ante la
vulneración que ocasionó la modificación de las reglas de la convocatoria
pública y los requisitos previamente existentes por parte del tribunal
accionado.
36. 2) Consideró que también se superaba el requisito de relevancia
constitucional toda vez que sí existió una vulneración de derechos
10 El magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante Auto de 26
de enero de 2026, resolvió: (1) admitir la acción de tutela de la referencia, (2) tener como demandados al Juzgado
10 Administrativo de Ibagué, al Tribunal Administrativo de Tolima y a la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado; y (3) comunicar la decisión adoptada a través del auto al contralor departamental del Tolima,
al contralor general de la República, al procurador general de la Nación, a José Wilfrán Girón Riaño y Carlos Julio
Jiménez Pareja y a las demás personas que conforman la lista de elegibles contenida en la Resolución No. 3067
de 2015, para que si a bien lo tenían, contestaran la demanda en virtud del interés que les podría asistir en la
acción de tutela.
11 José Wilfran Girón Riaño estaba facultado para impugnar en la medida en que hizo parte en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en el que fueron proferidas las decisiones objeto de la presente acción de
tutela. Aunado al hecho en que fue vinculado como tercero con interés en la presente acción constitucional.
10 de 16
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07825-01
Demandante: Comisión Nacional del Servicio Civil
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________
fundamentales con ocasión de la actuación del Tribunal Administrativo de
Tolima, pues, a su juicio, modificó las reglas del concurso y realizó una nueva
valoración de antecedentes, lo que constituyó una extralimitación de la
labor del juez, la cual podía ser corregida a través de la acción de tutela
para garantizar la protección de sus derechos fundamentales.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de las providencias objeto de estudio. 2.2. Procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. 2.3. Conclusión.
2.1. Identificación de las providencias objeto de estudio
37. La Sala centrará el análisis en los reparos planteados respecto de la
Sentencia de 1 de diciembre de 2022, proferida en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, pues, aunque también se enjuició
la decisión de 16 de julio de 2020 del Juzgado 10 Administrativo de Ibagué,
lo cierto es que, con ocasión del recurso de apelación, la decisión del
Tribunal Administrativo de Tolima fue la que resolvió el litigio. Aunado a ello,
ante una eventual decisión favorable a las súplicas de amparo, será la
autoridad que resolvió la controversia en segunda instancia, la encargada
de dar cumplimiento a lo que se ordene.
38. Adicional a ello, la Sala estudiará los reparos planteados respecto del
Auto de 12 de septiembre de 2024 del Tribunal Administrativo de Tolima
(mediante el que se resolvió no reponer la decisión de negar la suspensión
de la ejecución de la sentencia y rechazó por improcedente el recurso de
apelación), y del Auto de 15 de septiembre de 2025 proferido por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado (mediante el
que se declaró bien negado el recurso de apelación contra el auto que
negó la solicitud de suspensión de la ejecución de la sentencia).
39. Lo anterior en la medida en que, si bien también se enjuiciaron los
Autos de 23 de julio, 6 de noviembre y 11 de diciembre de 2024, proferidos
por Tribunal Administrativo de Tolima, lo cierto es que, con ocasión de los
recursos de reposición, en subsidio, de apelación, y queja presentados,
fueron los autos que resolvieron los recursos de reposición (12 de septiembre
de 2024) y queja (15 de septiembre de 2025), los que en definitiva adoptaron
una decisión respecto de la suspensión de la ejecución de la sentencia y la
procedencia, o no, del recurso de apelación.
40. En consecuencia, las providencias objeto de la presente acción de
tutela son la Sentencia de 1 de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Tolima; el Auto de 12 de septiembre de 2024, proferido por
11 de 16
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07825-01
Demandante: Comisión Nacional del Servicio Civil
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________
el Tribunal Administrativo de Tolima; y el Auto de 15 de septiembre de 2025,
dictado por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
41. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela, porque no se superaron los requisitos
de inmediatez y relevancia constitucional.
42. 1) En lo relacionado con la inmediatez la Corte Constitucional12 ha
sostenido que, aunque la acción de tutela no tiene un término de
caducidad, la misma debe presentarse dentro de un “término razonable y
proporcionado”, contado a partir del hecho u omisión generadora de la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, pues, de no ser así, se
afectaría la seguridad jurídica, los derechos de terceros, e incluso, se
desnaturalizaría la acción y, en relación con la acción de tutela contra
providencias judiciales, se comprometería la cosa juzgada y la firmeza de
las decisiones judiciales, por lo cual, según la Corte, aquí, el examen de
inmediatez debe ser más estricto.
43. Así, para estudiar o valorar la inmediatez en concreto y establecer si
la acción es procedente, se ha considerado que el plazo oportuno es de 6
meses, salvo que, según la Corte Constitucional, se configuren alguna de
estas circunstancias, que no son taxativas, en el caso sometido a revisión: (1)
el accionante presente razones válidas para su tardanza en presentar la
acción constitucional, (2) que a pesar del paso del tiempo, la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales continúe y sea actual o (3) que la
exigencia de la interposición de la acción en un término razonable resulte
desproporcionada, dadas las circunstancias de debilidad manifiesta en la
que se encuentra el demandante.
44. Respecto de la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Tolima el 1 de diciembre de 2022, en la impugnación presentada el tercero
con interés manifestó que no se debía declarar la inmediatez toda vez que
se realizaron actuaciones posteriores que fueron desconocidas por la
autoridad judicial de primer grado, en alusión a que se presentó el recurso
de unificación de jurisprudencia.
45. La Sala considera que el argumento presentado por el recurrente no
es de recibo toda vez que la actuación que el señor Girón Riaño echa de
menos fue proferida por una autoridad distinta, en otro mecanismo judicial.
12 Sentencia SU-18 de 2018.
12 de 16
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07825-01
Demandante: Comisión Nacional del Servicio Civil
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________
46. En ese orden, debe señalarse que la Sentencia de 1 de diciembre de
2022 se profirió en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, y las actuaciones posteriores que fueron desplegadas por la CNSC
en ese momento, hacen referencia a acciones tendientes a iniciar y que se
diera trámite al recurso de unificación de jurisprudencia, el cual fue
rechazado por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 29 de agosto de 2025.
47. Lo anterior es razón suficiente para desestimar el argumento del
impugnante y estudiar el requisito de inmediatez de manera separada para
cada una de esas decisiones judiciales.
48. En atención a lo expuesto, la Sala comparte el criterio del juez
constitucional de primera instancia al declarar la inmediatez, pues, entre la
fecha de notificación de la providencia de 1 de diciembre de 2022
enjuiciada (7 de diciembre de 202213), y la presentación de la solicitud de
amparo (5 de diciembre de 2025), trascurrieron cerca de 3 años, sin que se
demostrara una circunstancia que justificara esa tardanza.
49. Adicional a lo anterior, se evidenció que, respecto del Auto de 12 de
septiembre de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Tolima que
decidió no reponer la decisión de negar la suspensión de la ejecución de la
sentencia, tampoco se superó el requisito de inmediatez ya que, desde su
notificación, el 13 de septiembre de 202414, y la presentación de la acción
de tutela, el 5 de diciembre de 2025, pasó un plazo superior a 1 año y 2
meses.
50. 2) De otro lado, la Sala confirmará la improcedencia respecto de los
reparos propuestos contra la decisión proferida en el recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia el 15 de septiembre de 2025, por no superar
el requisito de relevancia constitucional.
51. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional15.
13 El mensaje de datos fue enviado el 5 de diciembre de 2022.
14 Se notificó a través de estados electrónicos.
15 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
13 de 16
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07825-01
Demandante: Comisión Nacional del Servicio Civil
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________
52. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio
debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige,
adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o
arbitraria de un derecho fundamental16.
53. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto17; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario18 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad19.
54. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202320,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o simplemente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.
55. Bajo este entendido, la Sala considera que en el presente caso no se
cumplió con el mencionado requisito, por las razones que pasan a
explicarse:
56. Se evidenció que, en el presente asunto, se cuestionó la decisión
proferida en el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
mediante la cual se declaró bien negado el recurso de apelación contra el
auto que negó la suspensión de la ejecución de la sentencia.
57. Tal como lo señaló la Sección Quinta del Consejo de Estado, se
evidenció que, con ese cuestionamiento, más allá de poner de presente la
16 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
17 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
18 Idem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
19 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
20 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
14 de 16
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07825-01
Demandante: Comisión Nacional del Servicio Civil
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________
existencia de una falencia por parte de la autoridad judicial respecto de la
negativa a conceder el recurso de apelación, la parte actora no pretende
más que redundar en su inconformidad respecto de decisiones adoptadas
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y en el
curso del recurso de unificación de jurisprudencia.
58. Lo anterior en la medida en que se observa que el demandante a
través de las inconformidades planteadas21, en el trasfondo pretende insistir
en aspectos que ya fueron estudiados y resueltos por el juez natural del
asunto y busca que se reabra el debate sobre temáticas como el análisis de
experiencia realizado por el Tribunal Administrativo de Tolima en la sentencia
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y la remisión
del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, sin conceder la
suspensión de la ejecución de la sentencia, esto con el fin de que se
adoptara una decisión más favorable a los intereses de la CNCS y del señor
Girón Riaño.
59. En consecuencia, tal como lo puso de presente el juez constitucional
de primer grado, se evidenció que la parte actora y el impugnante, en
realidad no buscan la protección de unos derechos fundamentales
trasgredidos, sino que pretenden utilizar la acción de tutela como una
instancia adicional a los mecanismos judiciales a los que ya ha acudido.
2.3. Conclusión
60. La Sala confirmará la sentencia impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela, por no superar los requisitos de
inmediatez y relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de tutela proferida el 19 de febrero de
2026, por medio de la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró
21 Esto en la medida en que, lo cuestionado a través de la acción de tutela, en síntesis, fue la aplicación del
Decreto 2772 de 2005 y una omisión por no tener en cuenta el artículo 32 del Acuerdo de Convocatoria, para
resolver la controversia. Además, se reprochó el aparente desconocimiento de las Sentencias SU-446 de 2011 de
la Corte Constitucional y CE-SUJ2-006-16 del Consejo de Estado. Y puso de presente su desacuerdo con el hecho
de que el tribunal haya realizado una valoración de la experiencia de los participantes de la convocatoria
apartándose de lo dispuesto en las reglas del concurso y con que se haya remitido el recurso de unificación de
jurisprudencia, sin conceder la suspensión de la ejecución de la sentencia.
15 de 16
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07825-01
Demandante: Comisión Nacional del Servicio Civil
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________
improcedente la acción de tutela presentada por la CNSC, por las razones
expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin22.
TERCERO: Por Secretaría General, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
22 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
16 de 16
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.