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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07828-00

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07828-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección Administrativa para la Prosperidad Social, por los motivos planteados en esta providencia. Segundo: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora Ledys del Rosario Salcedo Robles y otros por conducto de apoderado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercera: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: De no ser impugnada esta providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07828-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07828-00
Accionante: Ledys del Rosario Salcedo Robles y otros1
Accionados: Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Quinta de Decisión y otro2

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Se declara improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito de inmediatez

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela interpuesta por los señores Ledys del Rosario Salcedo Robles,
William José Salcedo Robles, Abimael Antonio Salcedo Robles, Judith del Carmen
Salcedo Robles, Claudia Sofía Salcedo Robles y Héctor Arturo Salcedo Barboza,
quienes actúan por conducto de apoderado, en contra del Tribunal Administrativo
de Sucre, Sala Quinta de Decisión y del Juzgado Cuarto Administrativo Oral de
Sincelejo por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia supuestamente
ocurrida con ocasión de la providencia expedida el 18 de julio de 2024 3 que modificó
la providencia del 24 de agosto de 20204 proferida por el a quo al interior del medio
de control de reparación directa con radicado 70001-33-33-004-2016-00066-00/01.

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela5 y del expediente se colige que los accionantes
promovieron una demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa
contra la Nación, Ministerio de Defensa – Ejército Nacional - Policía Nacional y la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), por el
homicidio del señor Argemiro Salcedo Robles (q.e.p.d.) y el posterior
desplazamiento forzado de su núcleo familiar en el municipio de Colosó,
departamento de Sucre6.

1
William José Salcedo Robles, Abimael Antonio Salcedo Robles, Judith del Carmen Salcedo Robles, Claudia Sofía
Salcedo Robles y Héctor Arturo Salcedo Barboza.
2
Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Sincelejo
3
Índice 17 del aplicativo SAMAI, exp. 70001-33-33-004-2016-00066-01
4
Índice 36 del aplicativo SAMAI, exp. 70001-33-33-004-2016-00066-00
5
Presentado el 9 de diciembre de 2025.
6
La acción fue presentada en el año 2016, con fundamento en la presunta omisión del Estado frente a los hechos de
violencia que culminaron en el homicidio del señor Argemiro Salcedo Robles en el año 1999 y el posterior
desplazamiento forzado de su familia. La parte actora solicitó la declaratoria de responsabilidad del Estado y el

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Accionante: Ledys del Rosario Salcedo Robles y otros.

3. El conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo
Oral de Sincelejo, autoridad judicial que, a través de la providencia del 24 de agosto
de 2020, decidió negar las pretensiones7, y contra la que la parte actora interpuso
recurso de apelación8.

4. Posteriormente, mediante sentencia del 18 de julio de 20249 notificada el 9
de agosto de la misma anualidad, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Quinta
de Decisión modificó la sentencia apelada, conservando la negativa del a quo a las
pretensiones de la demanda y declarando probada la caducidad10 del medio de
control.

2.2. Fundamento jurídico

5. Los accionantes consideraron trasgredidos sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral,
al considerar que las providencias judiciales desconocieron el enfoque
constitucional de protección reforzada a las víctimas del conflicto armado.

6. Alegaron la configuración de un defecto fáctico, por cuanto estimaron que las
autoridades judiciales accionadas exigieron pruebas directas sobre amenazas,
denuncias o conocimiento previo del riesgo, desconociendo las reglas de valoración
flexible fijadas por la Corte Constitucional en las sentencias T-025 de 2004 y SU-
636 de 2016.

7. Afirmaron que se configuró un defecto sustantivo, por cuanto, en su sentir, las
instancias aplicaron de forma excesivamente restrictiva el título jurídico de
imputación al Estado, desconociendo el desarrollo jurisprudencial que ha
reconocido el desplazamiento forzado como un hecho notorio y un daño de carácter
continuado, según lo fijado en las sentencias SU-254 de 2013 y C-280 de 2013, lo
que consideraron incidió directamente en la imputación de responsabilidad y en el
análisis de la caducidad.

8. Indicaron que también existió un desconocimiento del precedente, en tanto
desde su perspectiva, las providencias cuestionadas se apartaron sin justificación
de los parámetros establecidos por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional

reconocimiento de perjuicios materiales e inmateriales, alegando que el daño antijurídico se derivó de la omisión
estatal en el deber de protección, dentro de un contexto de violencia generalizada producto del conflicto armado
interno en la región de los Montes de María, y bajo un enfoque de protección reforzada a las víctimas del conflicto
armado.
77
Luego de efectuar un estudio de fondo sobre la imputación, el daño y el nexo causal, el Juzgado Cuarto
Administrativo de Sincelejo negó las pretensiones al estimar que no se acreditó una falla del servicio ni una omisión
específica atribuible a las entidades estatales demandadas, al no existir prueba de amenazas previas, requerimientos
de protección o conocimiento concreto del riesgo por parte de las autoridades.
8
La parte actora alegó que el Juzgado incurrió en una valoración probatoria descontextualizada, al exigir denuncias
o solicitudes formales de protección, desconociendo el contexto de violencia generalizada y el riesgo real que
implicaba acudir a las autoridades en zonas de control armado ilegal. Así mismo, reprochó el presunto
desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales sobre el desplazamiento forzado como hecho notorio y daño
continuado, afirmando que no se configuraba la caducidad mientras persistieran las condiciones de vulnerabilidad, y
que la inclusión en el RUV acreditaba tanto el daño como la imputación por omisión estatal.
9
Índice 17 del aplicativo SAMAI, exp. 70001-33-33-004-2016-00066-01
10
Al respecto, indicó que el término debía computarse desde la ocurrencia del daño y que la excepción jurisprudencial
desarrollada en la SU-254 de 2013 no era aplicable al caso.

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Acción de Tutela
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Accionante: Ledys del Rosario Salcedo Robles y otros.

sobre la responsabilidad del Estado por omisión en contextos de violencia
sistemática y generalizada.

9. Finalmente, alegaron un defecto por exceso ritual manifiesto, toda vez que
consideraron que se le dio una interpretación formalista a las cargas probatorias y
procesales que se impuso sobre los principios de dignidad humana, prevalencia del
derecho sustancial y justicia material, reiterados, entre otras, en las sentencias T-
367 de 2018 y SU-556 de 2019.

2.3. Pretensiones

10. Con fundamento en lo anterior, solicitaron:

«(…) PRIMERO: SIRVASE SEÑOR JUEZ: amparar por el derecho de
igualdad el derecho inter comunis, y aplicar a este caso, la SENTENCIA T-
014 DE 2025, Expediente: T 10.058.279, Magistrado Ponente: Jorge Enrique
Ibáñez Najar, en la parte resolutiva de la misma en su numeral TERCERO,
dice (Se advierte que esta decisión tiene efectos inter comunis). SEGUNDO:
POR DERECHO DE INTER COMUNIS; este despacho debe ordenar:
PRIMERO. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia de los actores de la
presente tutela. Se advierte que esta decisión tiene efectos inter comunis,
en los términos desarrollados en la parte motiva de esta providencia judicial.

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia del ocho (8) de mayo de
dos mil veinticinco (2025), proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE SANTANDER, en este caso; (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER – MAG. DRA. CLAUDIA
PATRICIA PEÑUELA ARCE (27/ABREIL/2021. Y SENTENCIA DE
SEGUNDA INSTANCIA: CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION
C – CONSEJERO PONENTE DR: CONSEJERO PONENTE: WILLIAM
BARRERA MUÑOZ – Sentencia (28/OCTUBRE/2024)-
68001233300020170020301 (68154). RADICADO y ORDENAR, a esa
autoridad judicial, que emita una nueva decisión de segunda instancia, en el
Expediente 680013333002-2015-00131-04, en este caso (RADICADO
68001233300020170020301 (68154), entro de los treinta (30) días
siguientes a la notificación de esta decisión, bajo los siguientes parámetros:
(i) (ii) Está probada la condición de desplazados forzosos de los
demandantes del proceso contencioso administrativo en el que se soportó
la presente acción de tutela. También está demostrado el daño antijurídico
que padecieron, el cual se concretó en el anotado desplazamiento forzado.
Está probado que el daño antijurídico advertido es atribuible a las
autoridades públicas demandadas en el proceso contencioso administrativo,
a partir de las consideraciones expuestas en esta sentencia. (iii) En asuntos
que comprometan graves violaciones de derechos humanos, es un
imperativo la flexibilización del procedimiento probatorio por parte de las
autoridades jurisdiccionales, conforme a lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación que, en el
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, vigile el
cumplimiento de esta decisión judicial. TERCERO: (sic). En ese orden de
ideas, este alto tribunal debe: TUTELAR la vulneración, a la verdad, a la
justicia, a la reparación y no repetición, a la Reparación Integral de las
víctimas de desplazamiento forzado Y HOMICIDIO de nuestro padre, decir,
revocar la sentencia, determinando que estamos frente a una justicia
transicional, y que no hay caducidad de la acción, frente a las víctimas
accionantes dentro de esta acción de tutela que nos ocupa, (que hoy son
reevictimizados con las sentencia de primera y segunda instancia), y por

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Acción de Tutela
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tanto la ausencia de garantía del goce efectivo de éste derecho, en
conexidad con los derechos a la verdad y a la justicia, como viene ordenado
por dicha sentencia y sea aplicada, en este asunto, por el derecho a la
igualdad, sentencia T 024-2025.

CUARTO: CONCEDER la acción de tutela de que trata el expediente objeto
de esta acción y proteger el derecho (a la verdad, a la justicia, a la reparación
y no repetición) a la reparación integral de las accionantes víctimas de
desplazamiento forzado Y HOMICIDIO de su hermano de los hoy
accionantes, como justicia transicional, (ii) QUE SE declare la
Responsabilidad patrimonial DE LA DEMANDADA, Y SE CONDENE A
PAGAR LOS DAÑOS MATERIALES, INMATERIALES LUCRO CESANTE,
DAÑOS MORALES POR LA MUERTE DE SU HERMANO DE LOS
ACCIONANTES, DAÑO A LA VIDA RELACION, AFECTACIÓN A BIENES
CONSTITUCIONAL YCONVENCIONALMENTE PROTEGIDOS como viene
pretendido, (iii) que mis mandantes sean exonerados del pago de costas en
ambas instancias, por ser personas de especial protección constitucional
SU254/2013 y sentencia T-024-2025.» (sic a toda la cita).

2.4. Intervenciones

11. La acción de tutela fue admitida mediante auto11 del 10 de diciembre de
2025, a través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Quinta de Decisión y al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Sincelejo como
accionados y a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional-
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas-UARIV-Departamento
Administrativo de la Prosperidad Social, y a todos los demás vinculados al proceso
referido como terceros interesados en el resultado del proceso.

12. Asimismo, se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado para lo de su competencia y se reconoció personería al abogado de la parte
accionante.

2.4.1. La Nación- Policía Nacional12 solicitó negar el amparo solicitado al
considerar que no incurrió en ninguna trasgresión ius fundamental e indicó que la
acción no cumplió con el requisito de inmediatez, toda vez que la parte actora
presentó el escrito de tutela dieciséis meses después de la decisión objeto de
reproche invocando como sustento de su afirmación la SU-961 de 199913.

13. Asimismo, adujo que operó el fenómeno de caducidad porque la acción
de reparación directa fue presentada fuera del término legal correspondiente.
Adicionalmente, sostuvo que la parte actora no demostró la inminencia o urgencia
del amparo que demostrara la existencia de un perjuicio irremediable.

11
Índice 4 del aplicativo SAMAI
12
Índice 10 del aplicativo SAMAI
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-961 de 1999, MP Vladimiro Naranjo Mesa, de la que expuso que
«(…) Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un
término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo
razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe
ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de
establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se
vulneren derechos de terceros. Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de
establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no
se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que
de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción
(…).» (sic a toda la cita). Negrillas y subrayas de la Policía Nacional.

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2.4.2. La Nación-Ejército Nacional14 precisó que el Tribunal accionado
determinó que algunos demandantes estaban inscritos en el RUV por hechos
distintos y que los demás no figuraban en este, lo cual debilitó la acreditación del
daño. Además, alegó que los accionantes contaban con mecanismos jurídicos para
reclamar indemnización y no demostraron impedimentos que justificaran la
presentación extemporánea de la demanda, razón por la cual debía aplicarse la
regla de caducidad prevista en la ley.

14. Con relación a la acción de tutela indicó que esta no cumplió con el requisito
de inmediatez al no acreditarse circunstancias válidas que justificaran su
presentación tardía.

2.4.3. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social15 solicitó
ser desvinculado de la acción al no estar legitimado en la causa por pasiva.

15. No obstante, precisó que la Corte Constitucional ha reiterado que la acción
de tutela exige el cumplimiento de los principios de inmediatez y subsidiariedad,
pues solo procede cuando se interpone en un término razonable y no existen otros
mecanismos judiciales idóneos, por lo que afirmó que, en el caso analizado, la tutela
fue promovida más de seis meses después del fallo, lo que desvirtúa su carácter
urgente y torna improcedente su estudio de fondo.

16. Asimismo, sostuvo que, respecto al cumplimiento de sentencias judiciales,
la jurisprudencia distingue entre obligaciones de dar y de hacer, señalando que
frente a las primeras la tutela resulta improcedente, reprochando que el actor, pese
a contar con mecanismos procesales específicos para exigir el cumplimiento de lo
ordenado, pretendía desconocerlos mediante la acción de tutela, lo que expuso
vulneró también el requisito de subsidiariedad y confirmaba su improcedencia.

2.4.4. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Victimas-UARIV indicó que su intervención en el proceso de
reparación directa se limitó a cumplir las obligaciones establecidas en la Ley 1448
de 201116 prorrogada por la Ley 2078 de 2021 y demás normas aplicables, sin
exceder sus competencias ni realizar actuaciones que pudieran vulnerar los
derechos fundamentales de los accionantes toda vez que no participó en la
expedición de las providencias judiciales cuestionadas por lo que adujo que carecía
de responsabilidad frente a los hechos alegados.

2.4.5. El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Quinta de Decisión y el
Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Sincelejo allegaron los vínculos de
acceso a los expedientes de primera y segunda instancia, pero no emitieron ningún
pronunciamiento adicional.

2.4.6. No se rindieron más informes.

14
Índice 11 del aplicativo SAMAI
15
Índice 13 del aplicativo SAMAI
16
«Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones».

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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

17. La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 201917 y demás normas
concordantes.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. De la solicitud de desvinculación

18. De conformidad con el artículo 86 de la constitución política y el artículo 1. °
del Decreto 2591 de 1991 la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
de manera excepcional, contra particulares.

19. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la legitimación en la
causa por pasiva en sede de tutela se refiere «a la aptitud legal de la persona contra
quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental»18.

20. Sobre el particular, se tiene que el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por
pasiva, por inexistencia de un nexo de causalidad entre la presunta vulneración de
derechos fundamentales invocados en protección y esa entidad.

21. No obstante, es menester señalar que por auto calendado el 10 de diciembre
de 2025, se ordenó vincular a Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social por tener interés en el resultado del proceso, toda vez que fue parte
demandada19 en el proceso de reparación directa y con la finalidad de garantizar
su derecho a la defensa, por lo que se negará su desvinculación.

3.2.2. De la providencia objeto de estudio

22. En consideración a que la sentencia del 18 de julio de 202420 que modificó
la providencia del 24 de agosto de 202021fue la que puso fin al proceso, será la
única que se analizará en esta sede constitucional.

3.3. Problema jurídico

23. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
establecer si el escrito presentado por la señora Ledys del Rosario Salcedo y otros

17 Reglamento interno del Consejo de Estado
18
Corte Constitucional, Sentencia T-1015 de 2006, MP Álvaro Tafur Galvis.
19
Como se evidencia en la providencia de primera instancia, toda vez que los accionantes indicaron que acudieron
ante esta y ante la UARIV, para que fueran incluidos en sus bases de registros, a fin de ser censados, como
desplazados de la violencia.
20
Índice 17 del aplicativo SAMAI, exp. 70001-33-33-004-2016-00066-01
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Índice 36 del aplicativo SAMAI, exp. 70001-33-33-004-2016-00066-00

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cumple con los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial, en particular, el de inmediatez.

24. En el evento en que la repuesta anterior sea afirmativa, se deberá determinar
si el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Quinta de Decisión incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo, por desconocimiento del precedente y por exceso ritual
manifiesto con ocasión de la expedición de la sentencia del 8 de julio de 2024 que
modificó la providencia del 24 de agosto de 2020, al interior del medio de control de
reparación directa con radicado 70001-33-33-004-2016-00066-00/01.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

25. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015 fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

26. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

27. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.

3.5. Del requisito de inmediatez

28. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, se debe acreditar que
la tutela contra providencia judicial se ha interpuesto en un plazo razonable,
respecto de lo cual ha señalado:

«[…] de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta

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incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos
de resolución de conflictos».

Además, como lo señaló la misma Corporación22, el requisito de la inmediatez
protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela
ejercida en un plazo irrazonable23»; «da vigencia al principio de seguridad
jurídica, al impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra
ella»24; y previene el abuso del derecho, al «evitar el uso de este mecanismo
constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia en la agencia
de los derechos»25.

29. Se trata entonces de una condición que permite concretar la urgencia del
amparo constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un plazo
razonable, pues la tutela es un medio excepcional de protección pronta y eficaz de
derechos, por lo que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial.

30. En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del
5 de agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente.»26

3.6. Caso concreto

31. En el presente asunto, los accionantes interpusieron acción de tutela contra
las providencias judiciales proferidas dentro del proceso de reparación directa
adelantado contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía
Nacional y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV),
mediante el cual pretendían la declaratoria de responsabilidad estatal por el
homicidio del señor Argemiro Salcedo Robles, ocurrido en 1999, y el posterior
desplazamiento forzado de su núcleo familiar en el municipio de Colosó, Sucre.

32. Dicho proceso correspondió en primera instancia al Juzgado Cuarto
Administrativo Oral de Sincelejo, autoridad judicial que, mediante sentencia del 24
de agosto de 2020, resolvió negar las pretensiones de la demanda, al considerar
que no se acreditó una falla del servicio imputable a las entidades demandadas, ni
la existencia de una omisión estatal jurídicamente relevante frente a los hechos
alegados.

33. Inconforme con esa decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación,
insistiendo en que el juzgado desconoció el contexto de violencia generalizada
existente en la región de los Montes de María y aplicó de manera rígida las cargas
probatorias propias de procesos ordinarios, pese a tratarse de víctimas del conflicto
armado interno.

22
Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2013.
23
Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1084 de 2006, T-1009
de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras.
24
Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1009
de 2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009, T-691 de 2009 y T-883 de 2009, entre otras.
25
Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-692 de 2006, T-1009
de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras.
26
Corte Constitucional, Sentencia T-461 de 2019

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Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07828-00
Accionante: Ledys del Rosario Salcedo Robles y otros.

34. El conocimiento de la segunda instancia correspondió al Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Quinta de Decisión, que, mediante sentencia del 18
de julio de 2024, notificada el 9 de agosto de 2024, resolvió modificar la
providencia apelada, en el sentido de mantener la negativa de las pretensiones,
pero declarar probada la caducidad del medio de control de reparación directa.

35. Contra dicha providencia, los accionantes promovieron la presente acción de
tutela, la cual fue radicada el 9 de diciembre de 2025, esto es, dieciséis (16) meses
después de la notificación de la sentencia de segunda instancia que se acusa de
vulnerar sus derechos fundamentales.

36. La Sala advierte que, si bien la acción de tutela no cuenta con un término de
caducidad, la jurisprudencia ha indicado que la carga de la argumentación en
cabeza del demandante aumenta de manera proporcional a la distancia temporal
que existe entre la presentación de la acción de tutela y el momento en que se
consideró vulnerado un derecho, pues, en ausencia de justificación, el paso del
tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales y consolida los efectos
de la sentencia27.

37. En el presente caso, los accionantes no ofrecieron justificación alguna que
permita explicar la inactividad procesal durante el lapso de dieciséis (16) meses
transcurridos entre la ejecutoria de la providencia cuestionada y la presentación del
amparo constitucional, ni acreditaron la existencia de circunstancias excepcionales
que hicieran razonable o inevitable dicha tardanza.

38. La Sala no desconoce la gravedad de los hechos alegados, ni la especial
protección constitucional que asiste a las víctimas del conflicto armado; sin
embargo, como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional28, incluso en
asuntos que involucran graves violaciones de derechos humanos, el requisito de
inmediatez no desaparece, sino que exige que el análisis esté mediado por el
criterio de proporcionalidad del plazo en cada caso, por lo que se debe establecer
si la demora se halla válidamente justificada.

39. Así las cosas, desafortunadamente para la parte accionante no se cumplió
con lo expuesto en el párrafo precedente, toda vez que no justificaron en manera
alguna los motivos por los cuales la solicitud de amparo se presentó de forma tardía.

40. En ausencia de dicha justificación, el paso del tiempo consolida los efectos
de las decisiones judiciales, protege la seguridad jurídica y salvaguarda los
derechos de terceros, evitando que la acción de tutela se convierta en un
mecanismo supletorio de la negligencia procesal o en una instancia adicional no
prevista por el ordenamiento.

27
Corte Constitucional, sentencia T-581 de 2012. Asimismo, pueden verse las sentencias T-491 de 2009 y T-189 de
2009.
28
Ver sentencia Corte Constitucional T-002 de 2023, MP Jorge Enrique Ibáñez Nájar.

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Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07828-00
Accionante: Ledys del Rosario Salcedo Robles y otros.

41. En consecuencia, la Sala concluye que la presente acción de tutela no
satisface el requisito de inmediatez, razón por la cual resulta improcedente, sin que
sea necesario efectuar un análisis de fondo sobre los defectos alegados, conforme
a las reglas reiteradas por la Corte Constitucional sobre tutela contra providencias
judiciales.

42. Lo anterior, a fin de garantizar los derechos de terceros, impedir que el
amparo se convierta en un factor de inseguridad jurídica y evitar su uso como
herramienta supletoria de la negligencia en la agencia de derechos.

43. En ese orden de ideas, la Sala concluye que la presente acción de tutela no
cumple el requisito de inmediatez, lo que la releva de analizar los demás
presupuestos de procedencia y que impone declarar su improcedencia.

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
Administrativa para la Prosperidad Social, por los motivos planteados en esta
providencia.

Segundo: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Ledys del Rosario Salcedo Robles y otros por conducto de apoderado, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Tercera: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada esta providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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