Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07829-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07829-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07829-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá, D. C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07829-00
Accionante: Agrupación de Vivienda Urbanización Mazuren 13 – Propiedad
Horizontal.
Accionados: Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y Juzgado 1° Administrativo de Bogotá.
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda presentada por la Agrupación de
Vivienda Urbanización Mazuren 13 – Propiedad Horizontal contra las sentencias del 7 de
mayo de 2024 y 30 de octubre de 2025, proferidas por el Juzgado 1° Administrativo de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente.
SÍNTESIS1
La parte actora cuestiona las sentencias del 7 de mayo de 2024 y 30 de octubre de 2025
proferidas por el Juzgado 1° Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho y se confirmó la decisión de primera instancia,
respectivamente. Se declara la improcedencia de la demanda por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, toda vez que la discusión que plantea la parte
accionante corresponde a un asunto de mera legalidad.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 10 de diciembre de 2025, la Agrupación de Vivienda Urbanización Mazuren 13,
presentó, mediante apoderado, una demanda en ejercicio de la acción de tutela para
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y al acceso a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, fueron vulnerados por
las sentencias proferidas el 7 de mayo de 2024 y el 30 de octubre de 2025 por el
Juzgado 1°Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado núm. 11001-33-34-001-2022-00353-00/01, por medio de la
cual se confirmó la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la
demanda presentadas en el proceso ordinario.
1
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y Restablecimiento del Derecho / Improcedencia / Falta de relev ancia
constitucional / Caducidad de la facultad sancionatoria (art. 52 CPACA)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07829-00
Accionante: Agrupación de Vivienda Urbanización Mazuren
13 – Propiedad Horizontal.
Se declara la improcedencia de la demanda
2. La parte accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
PRIMERO. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, acceso al
acceso a la administración de justicia e igualdad de la AGRUPACIÓN DE VIVIENDA
URBANIZACIÓN MAZUREN 13 – PROPIEDAD HORIZONTAL, vulnerados por las
providencias judiciales proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado bajo el No. 11001-33-34- 001-2022-00353-01, esto es:
a) Sentencia del 7 de mayo de 2024, emitida por el Juzgado Primero Administrativo de
Oralidad de Bogotá – Sección Primera.
b) Providencia del 30 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Primera Subsección B.
SEGUNDO. Que se deje sin efectos la sentencia del 7 de mayo de 2024, emitida por el
Juzgado Primero Administrativo de Oralidad de Bogotá – Sección Primera, por incurrir
en: a) defecto sustantivo, b) defecto fáctico, y c) desconocimiento del precedente
vinculante.
TERCERO. Que se deje sin efectos la providencia del 30 de octubre de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera Subsección B, por
reproducir y ratificar los mismos defectos en que incurrió el juez de primera instancia,
desconociendo el precedente del Consejo de Estado sobre el silencio administrativo
positivo y omitiendo valorar las pruebas relevantes obrantes en el expediente.
CUARTO. Que en su lugar se ordene a la autoridad judicial competente emitir nueva
decisión, respetando el debido proceso y el precedente jurisprudencial, y efectuando un
análisis completo, integral y ajustado del artículo 52 del CPACA, reconociendo que la
Resolución 2423 del 26 de noviembre de 2021 fue proferida dentro del año legal y que
las suspensiones de términos debían incidir en el cómputo de la notificación.
QUINTO. Que se ordene proteger los efectos jurídicos de la actuación administrativa
sancionatoria, en especial la validez y legalidad de la multa impuesta a la Sociedad
Constructora Fernando Mazuera S.A., mientras se profiere la nueva decisión judicial de
fondo ajustada a la Constitución y la ley.
B. Hechos
3. La Agrupación de Vivienda Urbanización Mazuren 13 – Propiedad Horizontal
interpuso queja administrativa contra la Sociedad Constructora Fernando Mazuera S.A.
por deficiencias constructivas en el predio de la copropiedad ubicado en la calle 151 #
55- 68 en la ciudad de Bogotá.
4.Mediante Resolución núm. 1159 del 10 de diciembre de 2020, la Secretaría Distrital
del Hábitat impuso multa a la empresa Fernando Mazuera S.A. por valor de
$76.253.626.
5. El 29 de enero de 2021, la Sociedad Fernando Mazuera S.A. presentó recurso de
reposición y en subsidio de apelación contra la decisión del 10 de diciembre de 2020.
6. El recurso de reposición fue decidido mediante la Resolución núm. 898 del 27 de
mayo de 2021, a través de la cual se confirmó el acto administrativo inicial y se concedió
el recurso de apelación. El 5 de octubre de 2021 se notificó por aviso a la Sociedad
Fernando Mazuera S.A.
7.A través de la Resolución núm. 2423 del 26 de noviembre de 2021, la Subsecretaría
de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaría Distrital del Hábitat
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07829-00
Accionante: Agrupación de Vivienda Urbanización Mazuren
13 – Propiedad Horizontal.
Se declara la improcedencia de la demanda
decidió el recurso de apelación de manera desfavorable a la Sociedad y confirmó la
decisión sancionatoria. El acto administrativo fue notificado el 1° de febrero de 2022.
8. La constructora Fernando Mazuera S.A. presentó, mediante apoderado, demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Secretaría Distrital del Hábitat, con el cual pretendió la nulidad de los actos
administrativos sancionatorios núm. 1159 del 10 de diciembre de 2020, 898 del 27 de
mayo de 2021 y 2423 del 26 de noviembre de 2021. A título de restablecimiento del
derecho solicitó que se dejara sin efecto la multa impuesta por la Secretaría, por cuanto
la Resolución núm. 2423 del 26 de noviembre de 2021 fue notificada el 1° de febrero de
2022 y la fecha límite con la que contaba la administración para que concluyera la
actuación era el 1° de septiembre de 2020, razón por la cual en los términos de que
trata el artículo 52 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2 -en adelante CPACA- operó la caducidad de la facultad sancionatoria
administrativa.
9. El 7 de mayo de 2024, el Juzgado Primero Administrativo de Bogotá resolvió declarar
la nulidad de la Resolución núm. 2423 del 26 de noviembre de 2021, debido a que la
Secretaría perdió competencia para expedirla. En consecuencia, revocó las
resoluciones núm. 1159 y 898 y a título de restablecimiento, declaró que la Sociedad
Fernando Mazuera S.A. no se encuentra obligada al pago de la multa y ordenó a la
Secretaría Distrital del Hábitat cesar todo trámite tendiente a obtener el pago de la
sanción impuesta. Lo anterior, por cuanto la entidad no notificó el acto mediante el cual
se resolvió el recurso de apelación dentro del término estipulado por el artículo 523 del
CPACA, por ello la administración perdió competencia para resolver y, en virtud del
silencio positivo, se entendió fallado a favor de la constructora.
10. El 22 de mayo de 2024, la Secretaría Distrital del Hábitat y la Agrupación de Vivienda
Urbanización Mazuren 13 presentaron recurso de apelación y solicitaron revocar la
sentencia del 7 de mayo de 2024.
11. Mediante
sentencia del 30 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca resolvió confirmar la decisión de primera instancia, al concluir:
“la Secretaría Distrital del Hábitat, (…) perdió la competencia para decidir el recurso de
apelación interpuesto contra la resolución sancionatoria, al haber solamente proferido –
dentro del término de un año- el acto administrativo pero no encontrarse en firme o
ejecutoriado, y que se configuró en favor de la demandante el silencio administrativo positivo,
entendiéndose fallado en su favor el recurso de apelación por él interpuesto contra la
Resolución sanción.”
C. Fundamentos de la vulneración
12. La Agrupación de Vivienda Urbanización Mazuren 13 alegó que las sentencias
proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 11001-33-34-
001-2022-00353-00/01 vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia, por cuanto las decisiones
cuestionadas incurrieron en los defectos sustantivo, procedimental, violación directa de
2
Congreso de la República. Ley 1437 de 2011. “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.”
3
Artículo 52. Caducidad de la Facultad Sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades
para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, térmi no
dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es
diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término
de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta
disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal
abstención genere para el funcionario encargado de resolver. (…)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07829-00
Accionante: Agrupación de Vivienda Urbanización Mazuren
13 – Propiedad Horizontal.
Se declara la improcedencia de la demanda
la Constitución y desconocimiento del precedente.
13. Respecto del defecto sustantivo, alegó que la decisión que decretó la nulidad de las
resoluciones proferidas en el marco del proceso administrativo se fundamentó en una
interpretación errónea de los plazos de resolución de recursos, toda vez que el juez
consideró la notificación como un requisito indispensable, contrario a lo establecido en
el artículo 52 del CPACA que solo exige “decidir” los recursos dentro del término de un
año.
14. Concluyó que las sentencias proferidas por el Juzgado y el Tribunal desconocieron
la literalidad del artículo 52 del CPACA, al considerar que la resolución que resuelve el
recurso debía ser notificada dentro del término de un año para evitar el silencio
administrativo positivo, cuando realmente la norma exige que el recurso sea decidido.
Así, se adoptó una decisión contraria a la norma aplicable, “desconociendo de manera
evidente la diferencia que la ley establece entre la caducidad de la facultad sancionatoria
(que sí requiere notificación) y la resolución de los recursos, que únicamente requiere
ser decidida, generando un efecto injusto y contrario a los derechos sustanciales de mi
representada.”.
15. Argumentó que se configuró un defecto procedimental absoluto, debido a que no se
tuvo en cuenta la suspensión de términos por el paro judicial y que se vulneraron los
principios de perentoriedad e improrrogabilidad de los términos judiciales, razón por la
cual la mora de un día no debe ser fundamento suficiente para decretar la nulidad de
los actos administrativos, pues se desestimaron las suspensiones de términos por
fuerza mayor, lo que conllevó a la transgresión de los derechos fundamentales de la
Agrupación.
16. Señaló que se desconocieron los precedentes judiciales de la Corte Constitucional,
en particular, la sentencia C-875 de 2011, y del Consejo de Estado, específicamente la
providencia judicial 2015-0005 del 21 de julio de 2016 y la sentencia de unificación de
la Sala Plena del 29 de septiembre de 2009 que han establecido dos supuestos
contemplados respecto el artículo 52 del CPACA, a saber: i) “para la caducidad de la
facultad sancionatoria, precisó que la administración debe “expedir” y “notificar” el acto
dentro del término de tres (3) años” y ii) “para el fenómeno del silencio administrativo
positivo por extemporaneidad en la resolución de recursos, únicamente estableció la
obligación de “decidir” los recursos dentro del término de un (1) año, sin exigir
notificación.”
17. También indicó un defecto por violación directa de la Constitución, por cuanto las
autoridades judiciales cuestionadas realizaron una aplicación “literal, hermética y
desfavorable” del artículo 52 del CPACA, ya que sancionaron a la Secretaría por un
retraso de un solo día en la notificación del acto administrativo, y dicha formalidad,
prevaleció sobre el derecho a que se haga efectiva la responsabilidad de la constructora
por los defectos de la construcción en la copropiedad, particularmente, cuando la
resolución que resolvió el recurso de apelación se profirió dentro del plazo legal de un
año.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07829-00
Accionante: Agrupación de Vivienda Urbanización Mazuren
13 – Propiedad Horizontal.
Se declara la improcedencia de la demanda
D. Trámite procesal
18. Mediante auto del 11 de diciembre de 20254, se admitió la demanda de tutela y se
ordenó notificar al Juzgado 1° Administrativo de Bogotá y al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, y en calidad de terceros con interés, a la Secretaría Distrital del Hábitat
y a la Sociedad Constructora Fernando Mazuera S.A., para que rindieran un informe
sobre los hechos objeto de la demanda de tutela.
E. Oposiciones e intervenciones
19. El 12 de diciembre de 20255, la Subsección B de la Sección Primera Tribunal
Administrativo de Cundinamarca precisó que el argumento que expone la parte
accionante respecto de la interpretación de decidir y notificar los recursos no fue
expuesta en la apelación presentada por la Agrupación de Vivienda Urbanización
Mazuren 13, sin embargo, la Secretaría del Hábitat, en su escrito de apelación, sí hizo
referencia a dicho planteamiento y en la sentencia del 30 de octubre de 2025 analizó y
resolvió esos argumentos conforme con los lineamentos jurisprudenciales establecidos
por el Consejo de Estado respecto la interpretación y aplicación del artículo 52 del
CPACA.
20. Indicó que la parte accionante no pretende la garantía de sus derechos
fundamentales, pues a través de la vía constitucional, procura que se analicen
nuevamente las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
como si se tratara de una tercera instancia. Por ello, solicitó denegar el amparo, ya que
no se acreditó ninguna vulneración a las garantías invocadas por la parte accionante y
porque las providencias judiciales cuestionadas se ajustan plenamente a la legalidad y
a los lineamentos constitucionales.
21. Mediante memorial allegado el 16 de diciembre de 20256, el Juzgado Primero
Administrativo de Bogotá reiteró el sustentó de la decisión que adoptó, en relación con
la suspensión de términos por la emergencia sanitaria del Covid19, la aplicación del
artículo 52 del CPACA, entre otros y, conforme lo expuesto, solicitó que se negaran las
pretensiones de la tutela, debido a que no existió una afectación a los derechos
fundamentales de la parte actora.
22. El 16 de diciembre de 20257, la Secretaría Distrital del Hábitat indicó que, con
ocasión a las decisiones adoptadas en el proceso ordinario, se vulneraron los derechos
de la parte accionante debido a que la Agrupación ya no tendrá una solución definitiva
respecto de las deficiencias en la construcción de la copropiedad, calificada como una
afectación gravísima en los actos administrativos declarados nulos.
23. Señaló que hubo una obediencia irrestricta del derecho procesal y un abandono en
la primacía de la norma sustancial, ya que las decisiones del proceso ordinario fueron
desproporcionadas al dejar sin consecuencia alguna una deficiencia constructiva que
afectan a los residentes del proyecto inmobiliario. Por ello, solicitó que se ampararan los
derechos de la parte accionante, dejar sin efectos las sentencias del 7 de mayo de 2024
4
Índice 4 del expediente digital disponible en Samai.
5
Índice 11 del expediente digital disponible en Samai.
6
Índice 16 del expediente digital disponible en Samai.
7
Índice 17 del expediente digital disponible en Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07829-00
Accionante: Agrupación de Vivienda Urbanización Mazuren
13 – Propiedad Horizontal.
Se declara la improcedencia de la demanda
y 30 de octubre de 2025 y emitir una nueva sentencia en la cual no se incurra en el
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
24.La Sociedad Constructora Fernando Mazuera S.A. 8 fue debidamente notificada, sin
embargo, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
25. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por la Agrupación de Vivienda
Urbanización - Mazuren 13 contra el Juzgado Primero Administrativo de Bogotá y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el
Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).
G. Providencia objeto de análisis
26. La parte accionante cuestionó las sentencias del 7 de mayo de 2024 y 30 de octubre
de 2025 proferidas por el Juzgado Primero Administrativo de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, respectivamente, sin embargo, la Sala enfocará su
estudio en la sentencia de segunda instancia por ser la providencia que dio fin a la
controversia.
H. Sentido de la decisión
27. La Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, por cuanto la parte accionante pretende reabrir el
debate que concluyó en el proceso ordinario y los argumentos que presenta
corresponden a un asunto de mera legalidad. En ese sentido, y por razones
metodológicas, en esta providencia no se hará la verificación de los demás requisitos
generales de procedencia de la demanda de tutela9.
I. El requisito de relevancia constitucional
28. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.10 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
8
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9
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha
establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional; b) que se hayan agotado
todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
10
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07829-00
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13 – Propiedad Horizontal.
Se declara la improcedencia de la demanda
decisión cuestionada11, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial”.
29. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.12
30. En la sentencia SU-215 de 202213, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:
(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental;
(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;
(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces,
no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental; y
(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales
31. Para la Corte Constitucional14, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
11
Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger
y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
12
Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José Antonio
Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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Accionante: Agrupación de Vivienda Urbanización Mazuren
13 – Propiedad Horizontal.
Se declara la improcedencia de la demanda
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
32. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que
han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico
de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional” 15.
J. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda
33. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.
34. En el asunto sub iudice, la parte accionante cuestiona las sentencias del 7 de mayo
de 2024 y 30 de octubre de 2025 proferidas por el Juzgado Primero Administrativo de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente, porque, a su
juicio, considera que incurrieron en los defectos sustantivo, procedimental, violación
directa de la constitución y desconocimiento del precedente. A continuación, la Sala
describirá las características y elementos del defecto alegado, con el propósito de
determinar el objeto de la litis y examinar a fondo la presunta vulneración de derechos
fundamentales.
35. Respecto del defecto sustantivo se presenta cuando la autoridad judicial aplica
una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es,
u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica.
36. Sobre el defecto procedimental16, se fundamenta en los artículos 29 y 228 de la
Constitución Política y se manifiesta en dos escenarios, el absoluto y el exceso ritual
manifiesto. El absoluto, se presenta cuando el operador judicial desconoce o se aparta
del procedimiento legalmente establecido, es decir, cuando sigue un trámite ajeno al
asunto sometido a su competencia, omite etapas sustanciales del procedimiento
establecido o no realiza el debate probatorio y el exceso ritual manifiesto se da cuando
el goce efectivo de los derechos fundamentales se obstaculiza por un extremo rigor en
la aplicación de las normas procesales.
37. El desconocimiento del precedente17 se funda debido a la inaplicación de las
decisiones emitidas por la Corte Constitucional, ya que en el marco del control abstracto
de constitucionalidad o de revisión de tutelas, las sentencias hacen tránsito a cosa
15
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
16
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07829-00
Accionante: Agrupación de Vivienda Urbanización Mazuren
13 – Propiedad Horizontal.
Se declara la improcedencia de la demanda
juzgada y, por tanto, tienen fuerza vinculante.
38. Lo anterior, en virtud del principio de supremacía constitucional y la jerarquía del
sistema de fuentes formales de derecho, ya que hay una aplicación preferente de las
disposiciones que emanan de la Carta Política y de los contenidos normativos en los
cuales se reconoce la jurisprudencia constitucional, en ejercicio de su interpretación de
la Constitución.
39. Respecto a la violación directa de la Constitución se estructura cuando la
autoridad judicial se aparta del mandato de supremacía constitucional contenido en el
artículo 4° de la Constitución Política18. En ese orden, este defecto se puede configurar
en los siguientes supuestos: (i) la autoridad judicial deja de aplicar una norma
constitucional que resulta aplicable al caso concreto y (ii) la autoridad judicial aplica una
norma legal al margen de los postulados constitucionales.
K. El caso concreto
40. La Sala observa que la demanda de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto los argumentos presentados por la parte accionante
pretenden reabrir el debate que ya fue resuelto en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y corresponden a un asunto de mera legalidad.
41. Se evidencia que los argumentos expuestos en los recursos de apelación por parte
de la Agrupación y la Secretaría Distrital del Hábitat ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca fueron acumulados y presentados en sede de tutela.
42.Por su parte, la Agrupación de Vivienda Urbanización Mazuren 13, entre otros,
señaló en su escrito de apelación lo siguiente:
En ese orden de ideas, se está decretando la nulidad de las resoluciones 1159 del 10 de
diciembre de 2020 “Por la cual se impone una sanción y se imparte una orden”; la No.
898 del 37 de mayo de 2021 “por la cual se resuelve el recurso de reposición”; y la No.
2423 del 26 de noviembre de 2021, “por medio de la cual se resuelve un recurso de
apelación”, debido a una extemporaneidad que el A quo considera imputable a la
Secretaría Distrital del Hábitat, por haber notificado la resolución que resolvió la
apelación hasta el 1 de febrero de 2022, cuando el plazo para hacerlo vencía el 31 de
enero de 2022, considerando que el 29 de enero de 2022 fue sábado, por lo que debía
notificarse al siguiente día hábil.
Es decir, en pocas palabras, la mora en la notificación de la resolución No. 2423 del 26
de noviembre de 2021, la cual motivó el fallo de primera instancia a favor del
demandante, es de tan solo un (1) día, sin embargo, al advertir lo anterior en ningún
momento se pretende desconocer los principios procesales tales como la perentoriedad
y la improrrogabilidad de los términos judiciales, pues independientemente de lo breve
que parezca dicho lapso de tiempo, se acepta que, en principio, sería suficiente para que
se decrete la nulidad sobre las resoluciones objeto de la litis, sin embargo, dicho lapso
de tiempo de un (1) día de mora en la notificación del fallo no puede ser motivo suficiente
para que se haya decretado la nulidad sobre las resoluciones, dado que el A quo no tuvo
en cuenta las suspensiones de términos judiciales que se dieron durante los días 5 y 12
18
Corte Constitucional, sentencias SU-069 de 2018 y SU-037 de 2019.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07829-00
Accionante: Agrupación de Vivienda Urbanización Mazuren
13 – Propiedad Horizontal.
Se declara la improcedencia de la demanda
de mayo de 2021 a causa del paro nacional que por demás constituyen fuerza mayor y
del cual fue parte la rama judicial, sobre las cuales me referiré a continuación.
Siendo así, realmente no comprende el suscrito el motivo por el cual el Juez de Primera
Instancia consideró que el cargo relacionado con la caducidad de la facultad
sancionatoria de la administración por no haber tomado una decisión de fondo en un
término de 3 años contados no estaba llamado a prosperar, bajo el argumento de que
hubo una suspensión de términos por cuenta de la emergencia sanitaria del COVID –
19, mientras que de forma contradictoria y desigual, no tuvo en cuenta que entre el lapso
en que la parte demandante interpuso el recurso de reposición y en subsidio apelación
en contra de la Resolución No. 1159 del 10 de diciembre de 2020, es decir, el 29 de
enero de 2021, y la fecha en que se notificó vía correo electrónico la resolución que
resolvió el recurso de apelación, el 01 de febrero de 2022, también hubo suspensiones
de términos judiciales a nivel nacional debido al paro nacional que configura además una
fuerza mayor, ocasionado por la aprobación de la reforma tributaria propuesta por el
anterior gobierno, suspensiones de términos entre las que destaco las de los días 5 y 12
de mayo de 2021, haciendo la aclaración de que inclusive pudieron haber sido más. (...)
al declarar la nulidad de las resoluciones objeto del presente litigio, se está
desconociendo el derecho sustancial de fondo que le asiste a mi representada, la
AGRUPACIÓN DE VIVIENDA URBANIZACIÓN MAZUREN 13 P.H., de que la
constructora demandada, SOCIEDAD CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A.
responda por unos defectos constructivos que le son imputables y que afectan directa y
gravísimamente a mi representada.
debo manifestar de manera tajante y enérgica que el fallo de primera instancia del 7 de
mayo de 2024, objeto del presente recurso de apelación, desconoce por completo la
literalidad de lo normado en el Art. 52 del C.P.A.C.A. En este artículo, el legislador tuvo
sumo cuidado en distinguir los verbos rectores de las dos situaciones fácticas
contempladas en dicho precepto jurídico, pues mientras que el fenómeno de la
caducidad de la competencia sancionatoria, el legislados precisó quirúrgicamente la
obligación de la administración de “expedir” y “notificar”, de forma diametralmente
opuesta, respecto al silencio administrativo positivo por extemporaneidad en la
resolución de los recursos, utilizó únicamente el verbo “decidir” cuando expresamente
indicó “deberán ser decididos”.
43. A su vez, la Secretaría Distrital del Hábitat manifestó:
De la norma transcrita se puede evidenciar que, el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011,
establece que los recursos deben ser decididos dentro del año siguiente a la
interposición del mismo. Así es claro que el Juez de primera instancia amplió el sentido
natural y obvio de la expresión “los cuales deberán ser decididos”, pues le impone una
carga adicional a la administración, respecto al trámite de notificación que debe surtir el
acto administrativo.
Por lo tanto, la actuación administrativa no desconoció la parte final de lo establecido en
el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 y por ende, no se configuró el silencio administrativo
positivo, máxime si se tiene en cuenta que del material probatorio obrante en la actuación
administrativa como en el proceso, no se evidencia que la sociedad CONSTRUCTORA
FERNENDO MAZUERA S.A., haya protocolarizado el silencio administrativo positivo,
luego entonces, la causal de nulidad invocada por el Juez de primera instancia no podría
haber sido la ocurrencia del silencio administrativo positivo, pues el mismo carecía de
los elementos que en un caso eventual lo configurarían y que, adicionalmente, pese a la
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07829-00
Accionante: Agrupación de Vivienda Urbanización Mazuren
13 – Propiedad Horizontal.
Se declara la improcedencia de la demanda
renuencia de la demandante en efectuar la notificación personal la Secretaría realizó los
trámites de notificación de manera que se efectuó el día 1 de febrero de 2022, es decir,
trascurrido un (1) día al vencimiento del término que indica el artículo 52 de la ley 1437
de 2011.
44. La Sala observa que, en la sentencia de la Sección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los argumentos presentados fueron resueltos
de la siguiente manera:
Previo al análisis del artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, la Sala desatiende el argumento
del tercero con interés según el cual el término del año, referido en la norma, debe tener
en cuenta la suspensión de términos de dos días ocurrida por el paro judicial en el año
2021.
Lo anterior, porque, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley 1913 [sic], los
plazos fijados en años y meses, a diferencia de los señalados en días, se cuentan según
calendario, es decir, de corrido sin descontar días inhábiles; y, en segundo lugar, porque
dicha situación solo afecta las actuaciones judiciales y no las administrativas.
De lo expuesto y entendido que la suspensión de términos judiciales no afecta el
computo del año previsto en el segundo aparte del artículo 52 de la Ley 1437 de 2011,
el debate que se presenta resulta en establecer si dentro de este plazo la Autoridad
Administrativa debe exclusivamente expedir el acto administrativo que resuelve los
recursos contra la decisión sancionatoria, o si por el contrario, la prerrogativa de “decidir”
implica expedir y notificar el acto administrativo que contiene la decisión de los recursos
y que finalmente le da firmeza o ejecutoria a la Resolución sancionatoria.
En ese contexto, de acuerdo con el artículo 115 del Acuerdo 257 de 2006, y el Decreto
572 de 2015 , por medio de los cuales, se otorga competencia a la Secretaría Distrital
del Hábitat para inspeccionar, vigilar y controlar las actividades de enajenación,
autoconstrucción, arrendamiento e intermediación de vivienda y velar la debida
observancia de las disposiciones y lineamientos que trae consigo dicho régimen, esta
facultad sancionatoria se encuentra delimitada por los términos de caducidad previstos
en el hoy vigente artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, disposición que, en virtud de la
interpretación sistemática y armónica de las normas procedimentales administrativas,
exigen valorar también el contenido y alcance de los artículos 85 y 87 de la Ley 1437 de
2011. (...)
En los términos expuestos, para la Sala es constitucionalmente relevante señalar que la
obligación de decidir los recursos en el término de un año previsto en el segundo aparte
del artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 no se agota en la expedición formal del acto
administrativo, sino que exige también que tal resolución haya sido puesta en
conocimiento del investigado dentro de ese término, toda vez que conforme al artículo
87 de la misma normatividad, sólo con la notificación, comunicación o publicación de los
actos que resuelven los recursos, se imprime firmeza a la decisión sancionatoria que
resuelve una situación jurídica particular, en virtud del artículo 85 de la legislación en
cita, para protocolizar el silencio administrativo positivo en los casos de no decisión
oportuna de un recurso, el administrado debe efectuar una declaración jurada de no
haberle sido notificada la decisión dentro del término de un año previsto en el artículo 52
de la Ley 1437 de 2011. (...)
Por lo anterior, no es de recibo lo señalado por la autoridad demandada y la sociedad
vinculada como tercera con interés respecto a que la extemporaneidad de la notificación
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07829-00
Accionante: Agrupación de Vivienda Urbanización Mazuren
13 – Propiedad Horizontal.
Se declara la improcedencia de la demanda
obedece a un solo día, ya que, a partir del vencimiento del término, la Administración
perdió la competencia para decidir sobre los recursos interpuestos en contra de la
decisión sancionatoria.
De esta forma, no se trata de un aspecto meramente formal o de exceso ritual manifiesto,
como lo refieren los apelantes, sino de una consecuencia legal sustancial que opera por
mandato de la ley. La norma otorga un total de cuatro años para que la decisión
sancionatoria se constituya en firme (tres años para proferir el acto sancionatorio y un
año más para resolver los recursos e igualmente, notificar la decisión), por lo tanto, la
pérdida de competencia no es ex post al pronunciamiento, sino de facto por disposición
de la ley, sin importar si la extemporaneidad en la notificación es de un solo día o dos.
45. Empero, en el escrito de tutela, la Agrupación de Vivienda Urbanización Mazuren
13 reiteró los argumentos expuestos en los recursos de apelación, a saber:
los fallos que se cuestionan desconocieron la literalidad del artículo 52 del CPACA al
considerar que la resolución que resuelve el recurso debía ser notificada dentro del
término de un año para evitar el silencio administrativo positivo, cuando la norma
únicamente exige que el recurso sea decidido dentro de dicho término. Es esa
interpretación errónea y extra literal de la norma la que conduce a que se declare la
nulidad de las resoluciones, desconociendo la intención expresa del legislador y
afectando de manera directa el derecho sustancial de mi representada a obtener una
sanción por los defectos constructivos imputables a la constructora demandada. Así, al
declarar nulas las Resoluciones 1159 de 2020, 898 de 2021 y 2423 de 2021, el juez
vulnera no solo la literalidad de la norma, sino también los principios de seguridad
jurídica, celeridad administrativa y protección de derechos fundamentales de quienes
han recurrido a la administración para ver reconocido su derecho a una sanción con
ocasión de los perjuicios sufridos y que fueron reconocidos por la Secretaría del Hábitat.
(...)
La declaratoria de nulidad de las resoluciones (i) 1159 del 10 de diciembre de 2020, (ii)
898 del 27 de mayo de 2021 y (iii) 2423 del 26 de noviembre de 2021 se fundamenta en
la supuesta extemporaneidad imputable a la Secretaría Distrital de Hábitat por haber
notificado la resolución que resolvió el recurso de apelación el 1 de febrero de 2022,
cuando el plazo para hacerlo vencía el 31 de enero de 2022. No obstante, el A quo no
consideró las suspensiones de términos judiciales decretadas los días 5 y 12 de mayo
de 2021 a causa del paro nacional, hecho de fuerza mayor que también afectó a la Rama
Judicial.
Ahora bien, si bien se reconoce la importancia de los principios de perentoriedad e
improrrogabilidad de los términos judiciales, la mora de tan solo un (1) día no puede ser
fundamento suficiente para decretar la nulidad de los actos administrativos. (...)
Por lo demás, dichos fallos resultan contradictorios al considerar válidas las
suspensiones de términos por la emergencia sanitaria del COVID-19, mientras ignoraron
de manera injustificada las suspensiones derivadas del paro nacional, vulnerando así el
principio de igualdad y equidad en la administración de justicia. (...)
Los fallos de primera instancia del 7 de mayo de 2024 y de segunda instancia del 30 de
octubre de 2025 incurren en un defecto por desconocimiento del precedente judicial al
desconocer la literalidad del artículo 52 del CPACA y la interpretación que sobre el mismo
han establecido tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07829-00
Accionante: Agrupación de Vivienda Urbanización Mazuren
13 – Propiedad Horizontal.
Se declara la improcedencia de la demanda
Como se ha expuesto, el legislador distinguió cuidadosamente los verbos aplicables a
los dos supuestos contemplados en el artículo:
Para la caducidad de la facultad sancionatoria, precisó que la administración debe
“expedir” y “notificar” el acto dentro del término de tres (3) años.
Para el fenómeno del silencio administrativo positivo por extemporaneidad en la
resolución de recursos, únicamente estableció la obligación de “decidir” los recursos
dentro del término de un (1) año, sin exigir notificación. (...)
Otro de los defectos de la decisión de primera instancia consiste en el exceso de ritual
manifiesto al declarar la nulidad de las resoluciones objeto del litigio por un supuesto
retraso de apenas un (1) día en la notificación de la resolución que resolvió el recurso de
apelación contra la resolución sancionatoria. Si bien tanto el juez de primera instancia
como el Tribunal argumentaron la extemporaneidad de la notificación, lo cierto es que
esta interpretación estricta, extensiva y formalista ignora completamente los derechos
sustanciales de mi representada, la AGRUPACIÓN DE VIVIENDA URBANIZACIÓN
MAZUREN 13 P.H., quien tiene un interés directo en la protección de sus derechos
fundamentales frente a los defectos constructivos imputables a la SOCIEDAD
CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A.
46. La Sala considera que el debate planteado por la parte accionante se fundamenta
en una mixtura de los argumentos expuestos en los recursos de apelación presentados
en contra de la sentencia de primera instancia, los cuales fueron atendidos y resueltos
por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por ello, el presente asunto
constituye una reiteración de los argumentos que ya fueron debidamente analizados en
el proceso ordinario.
47. En efecto, los recursos de apelación y la demanda de tutela coinciden en señalar
que las providencias judiciales cuestionadas incurrieron en un defecto por
desconocimiento del precedente judicial respecto a la interpretación y aplicación errónea
del artículo 52 del CPACA; un defecto procedimental absoluto por la omisión de la
suspensión de los términos judiciales por el paro nacional y el Covid-19 y un defecto por
violación directa de la Constitución al haber un exceso de ritual manifiesto en relación
con la prevalencia de la formalidad sobre el derecho sustancial, y en todo caso, ninguno
de los argumentos presentados conduce o evidencia a una vulneración de las garantías
fundamentales de la parte accionante.
48. En ese sentido, la Agrupación de Vivienda Urbanización Mazuren 13 no satisfizo la
carga argumentativa necesaria para demostrar de qué manera las providencias
cuestionadas configuraron una transgresión a sus derechos fundamentales, sin reiterar
los argumentos expuestos en sede de apelación. Por el contrario, presentaron un asunto
de mera legalidad en el cual se expone su inconformidad con las decisiones adoptadas
por el juez natural de la causa en aras de obtener una determinación distinta.
49. La Sala recuerda y enfatiza que la acción de tutela contra providencias judiciales
constituye un juicio de validez, y no de corrección. En consecuencia, como ocurre en el
caso concreto, al no advertirse que las decisiones cuestionadas sean arbitrarias o
caprichosas, no se justifica la intervención del juez constitucional, por cuanto la sede de
tutela no está dispuesta para reevaluar el material probatorio, ni para corregir la
interpretación jurídica efectuada por los jueces del proceso ordinario.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07829-00
Accionante: Agrupación de Vivienda Urbanización Mazuren
13 – Propiedad Horizontal.
Se declara la improcedencia de la demanda
50. Es claro que la solicitud de amparo no superó el requisito de relevancia
constitucional, pues lo que se pretende es utilizar el mecanismo de tutela como una
instancia adicional para cuestionar las decisiones adoptadas orientada a discutir
asuntos de mera legalidad, sin proporcionar argumentos que involucren la violación de
sus garantías iusfundamentales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLÁRESE la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVÍESE el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Sigue leyendo
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