Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07831-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07831-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07831-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07831-00
Accionante: Diana Isabel Muñoz Fernández
Accionado: Medical Promo- Vida IPS SAS (IPS PROMOVIDA)
Temas: Derechos: trabajo, mínimo vital, debido proceso y petición. Falta
de pago de honorarios. AMPARA DERECHO DE PETICIÓN.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Diana Isabel Muñoz
Fernández, en nombre propio, en contra de Medical Promo- Vida IPS SAS (IPS
PROMOVIDA).
ANTECEDENTES
La accionante pretende que se amparen sus derechos fundamentales al trabajo, al
mínimo vital, al debido proceso y de petición, los cuales considera vulnerados por
la empresa accionada.
HECHOS
La solicitud se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que la actora prestó sus servicios profesionales para la IPS Promovida, mediante
contratos de prestación de servicios, durante los meses de febrero, marzo y abril de
2025.
Que el 2 de septiembre de 2025 radicó solicitud de pago de las cuentas de cobro
por la suma de $3.916.000 y pidió información sobre el estado del trámite y «las
causales de cualquier retardo»; sin embargo, a la fecha han transcurrido más de 15
días hábiles y no ha recibido respuesta alguna, situación que le genera un perjuicio
económico «concreto y actual para la subsistencia».
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PRETENSIONES
Solicita que se le ordene a Medical Promo- Vida IPS SAS (IPS PROMOVIDA) lo
siguiente:
• Depositar en cuenta judicial el valor adeudado «[a]lternativamente, que la suma
referida sea depositada en la fiduciaria o cuenta judicial que indique esta parte
dentro del mismo término, a fin de garantizar la efectividad de la medida».
• Pagar los intereses moratorios causados desde la fecha de exigibilidad de cada
cuenta de cobro hasta la efectividad del pago, calculados conforme a la tasa legal
aplicable.
• Contestar el requerimiento del 2 de septiembre de 2025
• Pedirle a la entidad que aporte copia de los contratos que «vinculen a la
accionante, las cuentas de cobro en original, hojas de control de pagos, soportes
contables y cualquier documento que permita verificar la existencia, cuantía y
estado del crédito reclamado».
De manera accesoria, pide que «el despacho remita copia de la decisión y de las
pruebas allegadas a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Procuraduría
General de la Nación, para que ejerzan las funciones de inspección, vigilancia y
control y, en su caso, determinen las sanciones administrativas pertinentes por
incumplimiento».
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 12 de diciembre de 2025 se dispuso su admisión, se ordenó la notificación
de la empresa accionada y se negó la medida provisional solictada1.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
La empresa Medical Promo- Vida IPS SAS (IPS PROMOVIDA) fue debidamente
notificada de la acción de tutela; sin embargo, guardó silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
1 Solicitó «[o]rdenar a la IPS PROMOVIDA el pago inmediato a favor de la suscrita de la suma de TRES
MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS ($3.916.000 COP), dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de la providencia, con apercibimiento de las sanciones legales pertinentes en
caso de incumplimiento».
El consejero ponente negó la medida bajo el argumento de que no resulta procedente acceder a la solicitud
puesto que la accionante no señaló cuál es el perjuicio irremediable que se pretende evitar y el despacho no
encuentra acreditada una situación de urgencia, que no pueda esperar el trámite expedito de la acción de tutela.
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CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual abordará los
siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) derecho de petición; III)
procedencia excepcional de la acción de tutela para el pago de honorarios
profesionales y IV) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Derecho de petición
El derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política de Colombia, permite el establecimiento de una comunicación efectiva entre
la Administración y los ciudadanos, cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia
impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado
democrático de derecho.
Así mismo, las reglas consagradas en la Constitución y la ley y desarrolladas por la
jurisprudencia, dan cuenta de la calidad que debe tener la respuesta que se brinde:
debe resolver el fondo del asunto y debe ser coherente, entendiendo por ello la
armonía entre lo solicitado por el peticionario y la decisión adoptada por la
peticionada.
Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que «la satisfacción del derecho
de petición no depende de la respuesta favorable a lo solicitado, por lo que hay
contestación incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos
que conducen a ello. De ahí que se diferencie el derecho de petición del “derecho a
lo pedido»2.
En el mismo sentido, ha establecido la jurisprudencia Constitucional el imperativo
de que el solicitante conozca el contenido de la contestación emitida, para lo cual,
la autoridad debe realizar la efectiva notificación de su decisión, de conformidad con
los estándares contenidos en el CPACA y que este deber se mantiene, incluso,
cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia
2 Sentencia T-242 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Véanse también, entre otras, las Sentencias
T-180 de 2001, T-192 de 2007, T-558 de 2012, T-155 de 2018 y T-051 de 2023.
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de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada3
Ahora, en caso de que no sea posible dar respuesta dentro del término, antes del
vencimiento la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el
término en el cual se dará la contestación, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 1755 de 2015, artículo 14.
Así las cosas, la garantía del derecho de petición se entiende cumplida con la
manifestación adecuada a la solicitud planteada, con la respuesta efectiva para la
solución del caso y con la oportuna comunicación de esta al interesado.
Procedencia excepcional de la acción de tutela para el pago de honorarios
profesionales
En el marco del amparo del derecho fundamental al mínimo vital, como
consecuencia del no pago oportuno de honorarios profesionales, la Corte
Constitucional diseñó una serie de «hipótesis fácticas mínimas»4, dentro de las
cuales encontramos:
«(…) i. Cuando existe un incumplimiento salarial. ii. Cuando el
incumplimiento afecta el mínimo vital del trabajador a. Puede presumirse
la afectación al mínimo vital, si el incumplimiento es prolongado o
indefinido b. Se entiende por incumplimiento prolongado o indefinido,
aquel que se extiende por más de dos meses, con excepción de aquella
remuneración equivalente a un salario mínimo, c. Los argumentos
económicos, presupuestales o financieros no justifican el incumplimiento
salarial d. Aun cuando se comprueben las anteriores hipótesis, no se
entiende afectado el mínimo vital, cuando se demuestra que la persona
posee otros ingresos o recursos con los cuales puede atender sus
necesidades primarias vitales y las de su familia (…)».
De igual forma, la Corte precisó que «la tutela se torna improcedente para obtener
el pago de deudas laborales pues no se está ante un perjuicio irremediable» 5. La
jurisprudencia de la Corte ha sido clara en negar la procedencia del amparo
constitucional cuando se trata de hacer efectivo el cobro de esta clase de deudas,
pues en tales eventos está en juego un interés patrimonial que debe ventilarse ante
3 Sentencia T-610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Véase también, entre otras, las sentencias T-430 de
2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397 de 2018 y T-007 de 2019.
Artículo 74 de la Constitución Política: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos
salvo los casos que establezca la ley. (…)”
Capítulo V de la Ley 1437 de 2011, sobre PUBLICACIONES, CITACIONES, COMUNICACIONES Y
NOTIFICACIONES.
Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2020.
4 Ver sentencias T-148 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-065 de 2006 (MP. Jaime Córdoba
Triviño), T-809 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-651 de 2008 (MP. Clara Inés Vargas
Hernández).
5 En la sentencia T-162 de 2004 (M. P. Álvaro Tafur Galvis), la Corte sostuvo que “la protección de la acción de
tutela no se extiende a sumas de dinero adeudadas con anterioridad”. También, entre otras, las sentencias T-
1059 de 2000 (MP. José Gregorio Hernández Galindo), T-1118 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero) y
T-1023 de 2002 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
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la jurisdicción competente6.
Análisis del caso concreto
En síntesis, la señora Diana Isabel Muñoz Fernández estima que la empresa
Medical Promo- Vida IPS SAS (IPS PROMOVIDA) le viola sus derechos
fundamentales al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso y de petición, por no
contestar solicitud de información y no cancelar honorarios adeudados por
prestación de servicios profesionales.
La Sala observa que la señora Muñoz el 2 de septiembre de 2025 envió al correo
electrónico «medicalpromovida@gmail.com» el siguiente requerimiento:
«[…] 1. El pago inmediato e integral de la suma de $3.916.000 (TRES
MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS MCTE),
correspondientes a los honorarios profesionales adeudados por los
servicios prestados en los meses de febrero, marzo y abril de 2025.
2. Información clara, precisa y por escrito sobre el estado del proceso de
pago y, de no efectuarse el pago de inmediato, la remisión de un
cronograma de desembolso con fechas concretas que garantice la
cancelación total de la deuda, incluyendo el pago de los intereses
moratorios previstos en el artículo 1616 del Código Civil Colombiano (sic),
calculados a la tasa supervisada que fije la Superintendencia Financiera
desde la fecha en que se causó la obligación hasta la fecha de pago
efectivo».
Al respecto, la Subsección advierte que la acción de tutela resulta improcedente en
relación con la pretensión tendiente a que se ordene el pago de los honorarios por
la suma de $3.916.000 y los intereses moratorios correspondientes, dado que la
accionante cuenta con mecanismos ordinarios pertinentes para obtener la
protección de los derechos fundamentales relacionados con el pago de honorarios
que reclama por haber prestado sus servicios ante la entidad accionada.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la accionante no sustentó la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, en otras palabras, cuál es el daño que no se puede retrotraer
o revertir, la certeza e inminencia de éste y la ineficacia de los medios ordinarios de
defensa; de manera tal que habiliten la intervención del juez constitucional de
manera transitoria; máxime cuando los honorarios reclamados son de febrero,
marzo y abril de 2025; situación que desvirtúa la urgencia de la protección solicitada.
Resulta improcedente igualmente la acción de tutela, en cuanto a la pretensión de
requerir a la empresa accionada para que aporte copia de los contratos y soportes
que acrediten la deuda, ya que este no es el mecanismo adecuado para solicitar o
recolectar pruebas encaminadas al cobro de honorarios, cuando no se ha solicitado
la información a la entidad.
6 Corte Constitucional, sentencia T 279 de 2016.
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Tampoco es procedente la pretensión de que se remita copia del fallo y de las
pruebas a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Procuraduría General de la
Nación, para que adelanten las funciones de inspección, vigilancia y control en
contra de la accionada, pues esta no es la función del juez constitucional y la
accionante está en la libertad de adelantar de manera directa esas gestiones si lo
estima conveniente.
No obstante, la acción sí resulta procedente en relación con el derecho de petición
y sobre este punto, la Sala evidencia que la señora Muñoz el 2 de septiembre de
2025 dirigió petición a la accionada donde solicitó el pago de la suma de $3.916.000,
por concepto de honorarios de los meses de febrero, marzo y abril de 2025 e
información sobre la forma en la que se le va a cancelar el dinero adeudado; sin
embargo, a la fecha no ha recibido respuesta alguna, situación que transgrede su
derecho fundamental de petición y que da lugar a su protección.
Así las cosas, se amparará el derecho de petición y en tal sentido se ordenará al
representante legal de la Empresa Medical Promo- Vida IPS SAS (IPS
PROMOVIDA) que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación del fallo conteste de forma clara, precisa y congruente la petición del 2
de septiembre de 2025, elevada por la señora Diana Isabel Muñoz Fernández y se
declarará improcedente la acción de tutela en relación con las demás pretensiones.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora Diana Isabel
Muñoz Fernández.
Segundo: ORDENAR al representante legal de la Empresa Medical Promo- Vida
IPS SAS (IPS PROMOVIDA), que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación del fallo de tutela, conteste de forma clara, precisa y
congruente la petición del 2 de septiembre de 2025 que elevó la accionante.
Tercero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en relación con las
demás pretensiones.
Cuarto: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
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Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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