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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07837-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07837-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del 21 de enero de 2026 proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercer, Subsección B. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07837-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07837-01
Demandante: CÉSAR AUGUSTO GARCÍA VARGAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN F

Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia – Mora
judicial – Confirma carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 21 de enero de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 9 de diciembre de 20251, el señor César Augusto García Vargas, obrando en
nombre propio, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, con la que pretende el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la presunta mora judicial injustificada de la autoridad judicial accionada,
al no hacer entrega del título judicial constituido al interior del proceso ordinario de
nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 25000-23-42-
000-2016-05267-00/01.

1 Acción de tutela promovida por medio del buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de

la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Demandante: César Augusto García Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07837-01

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

1. Ordenar al administrador de justicia se dé cumplimiento de manera inmediata al
mandato del Honorable Consejo de Estado mediante Sentencia de Segunda
Instancia proferida el día 20 de junio de 2024 y ejecutoriada el día 17 de julio de
2024.

2. Ordenar al administrador de justicia proferir de manera inmediata el Auto que
ordena la entrega del Título Judicial depositado por la parte demandada el día 27 de
noviembre de 2024, en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de segunda
instancia proferida por el Honorable Consejo de Estado, esto teniendo en cuenta
que hasta la fecha ha transcurrido más de 1 año desde la realización del Deposito
Judicial de la referencia2.

1.3. Hechos

La Sala encontró los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

La señora Magdalena Vargas Navarrete presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que se
estudiara la legalidad de la comunicación 2015000122171 del 16 de diciembre de
2015, por medio de la cual el Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República (en adelante Fonprecon) le negó la solicitud de sustitución pensional, en
su condición de cónyuge supérstite del señor César Augusto García Bernal.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F en sentencia del 20 de noviembre de 2020, accedió
parcialmente a las súplicas, en el sentido de reconocer a favor de la señora Vargas
Navarrete el 50% de la pensión de jubilación, por su comunidad de vida con el
causante, el socorro económico que este le prestaba y el apoyo mutuo que se
brindaban

La señora Pérez de Gómez como compañera permanente del señor García Bernal
apeló la sentencia, tras considerar que el tribunal erró al indicar que hubo
convivencia simultánea, pues dicho requisito no se encontraba probado por parte
de la señora Magdalena Vargas Navarrete.

En fallo del 20 de junio de 2024, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A modificó la decisión del a quo y ordenó reconocer y pagar la pensión
en un 50% de su cuantía en favor de la sucesión de la señora Magdalena Vargas

2 Transcripción literal que puede contener errores.

2

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Navarrete, a partir del 8 de abril de 2015 hasta el 26 de marzo de 20213.

Dicha providencia fue notificada el 10 de julio de 2024 y se realizó la devolución del
expediente al tribunal el 1° de agosto de 2024.

Por medio de memorial del 23 de octubre de 2024 y reiterado el 16 de diciembre
siguiente, el apoderado judicial de la parte actora solicitó la expedición de copias
auténticas de las sentencias de primer y segundo grado, las cuales fueron
entregadas el 5 de febrero de 2025.

El 20 de marzo de 2025, Fonprecon dirigió documento al tribunal en el que señaló
el cumplimiento de la sentencia del 20 de junio de 2024, en atención a que en
Resolución 0598 del 31 de octubre de 2024 reconoció el retroactivo y, en
consecuencia, con Resolución 0045 del 19 de noviembre de 2024 ordenó la
constitución de un depósito judicial a favor de la señora Magdalena Vargas
Navarrete.

El 28 de marzo de 2025, el profesional del derecho solicitó que se elaborara y
ordenara la entrega del título judicial al señor César Augusto García Vargas en
calidad de único heredero de la señora Vargas Navarrete4. Petición que fue
reiterada el 14 de noviembre de 2025.

1.4. Fundamentos de la vulneración

El accionante manifestó que, hasta la fecha de la interposición de la acción de tutela
la autoridad judicial accionada no le había dado trámite a la solicitud de elaboración
y entrega del título judicial a su nombre, efectuada desde el 28 de marzo de 2025 y
reiterada el 14 de noviembre siguiente.

Estimó que había transcurrido 1 año desde la ejecutoria de la sentencia y pese a
las peticiones verbales y escritas, el tribunal no había adoptado las decisiones
necesarias, vulnerando sus garantías al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

Para sustentar lo anterior, citó las sentencias T-366 de 2005, T-137 de 2010 y T-
420 de 2022 de la Corte Constitucional, así como la STL5895 de 2025 dictada por

3 La señora Vargas Navarrete falleció el 26 de marzo de 2021, de acuerdo con el registro civil de

defunción 10202451.
4 Teniendo en cuenta que por medio de escritura 385 del 20 de febrero de 2025 de la Notaría 19 del

Círculo de Bogotá se determinó que: «[C]omo CESAR AUGUSTO GARCIA VARGAS, acreditó la
calidad de hijo legítimo y por ende único heredero de la causante MAGDALENA VARGAS
NAVARRETE, le asiste el derecho al reconocimiento del 100% del activo inventariado como bien
propio de ésta, dentro de la sucesión […] A CESAR AUGUSTO GARCIA VARGAS, le pertenece el
CIEN POR CIENTO (100%) del bien relacionado como PARTIDA ÚNICA, que corresponde al
retroactivo pensional reconocido a la causante MAGDALENA VARGAS NAVRRETE».

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la Corte Suprema de Justicia, todas referentes a la mora judicial y la violación de
derechos fundamentales por parte de la administración de justicia.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 11 de diciembre de 2025, el Magistrado Ponente del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, admitió la demanda de tutela, ordenó
notificar a la parte demandante5 y, como parte demandada, al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F6.

Igualmente, se vinculó al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A7, al
director de Fonprecon8 y a la señora Ofelia Pérez de Gómez9, como terceros con
interés jurídico.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F

Por medio de informe rendido el 16 de enero de 2026, el Magistrado Ponente relató
las actuaciones surtidas en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, para finalizar indicando que el 16 de enero del año en
curso, se resolvió la solicitud formulada por el actor, en el sentido de abstenerse de
ordenar la entrega del título judicial a su favor, en la medida en que no había
solicitado el reconocimiento de la calidad de sucesor procesal de la señora
Magdalena Vargas Navarrete, así como tampoco había allegado poder en el que se
facultara al señor Herminso Gutiérrez Guevara para el agenciamiento de sus
intereses en el trámite judicial.

5 Índice 7 de Samai de primera instancia. La notificación se realizó a los correos electrónicos:
cesargarcia82@hotmail.com y cesgarvar78@gmail.com.
6 Índice 7 de Samai de primera instancia. La notificación se realizó a los buzones web:

scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co;
rmemorialessec02tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co;
scs02sb05tadmincdm@notificacionesrj.gov.co y
rmemorialessec02sftadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co.
7 Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a:
notifjduque@consejodeestado.gov.co; dperezc@consejodeestado.gov.co;
notifjmoralest@consejodeestado.gov.co; dgavirias@consejodeestado.gov.co;
notiflmesa@consejodeestado.gov.co y ces2secr@consejodeestado.gov.co.
8 Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a:
notificacionesjudiciales@fonprecon.gov.co y atencionalusuario@fonprecon.gov.co.
9 Índice 11 de Samai de primera instancia. Se realizó la notificación por llamada telefónica y mensaje

de datos por la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp con ocasión de la autorización de la
vinculada.

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En consecuencia, solicitó que se declarara la carencia actual de objeto por hecho
superado, en atención a que no existía desconocimiento de los derechos
reclamados por el accionante, al haberse proferido el auto que resolvía la petición
realizada sobre la elaboración del título judicial, proveído notificado por estado el 16
de enero de 2026.

1.6.2. Fondo de Previsión Social del Congreso de la República

En memorial remitido el 16 de enero de 2026, el director del fondo adujo que el
establecimiento público cumplió con su obligación respecto de la condena dictada
en su contra y que no tenía injerencia alguna en las situaciones indicadas en el
escrito de tutela.

1.6.3. Pese a que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y la
señora Ofelia Pérez de Gómez fueron notificados debidamente, guardaron silencio.

1.7. Fallo impugnado

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B en sentencia del 21 de enero
de 2026 declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

Al respecto, señaló que a partir de la revisión integral de las pruebas aportadas y
del Sistema para la Gestión Judicial (Samai) se evidenció que, mediante auto del
16 de enero de 2026, se resolvió la solicitud formulada por el actor, en el sentido de
abstenerse de ordenar la entrega del título judicial constituido por Fonprecon en
favor del señor César Augusto García Vargas, hijo de la señora Magdalena Vargas
Navarrete (Q.E.P.D.), providencia que fue notificada en la misma fecha.

Por lo tanto, en atención a que la autoridad judicial accionada puso fin a la amenaza
de los derechos fundamentales invocados por la parte actora, no existía asunto
sobre el cual pronunciarse.

1.8. Impugnación

Con escrito allegado el 5 de febrero de 202610, el señor García Vargas impugnó el
fallo de primer grado aduciendo que la situación que había ocasionado la
interposición del mecanismo constitucional no se encontraba superada, en tanto
persistía la afectación a sus garantías y no existía una decisión de fondo, clara y
motivada a su solicitud presentada en el medio de control.

10 La sentencia de primera instancia fue notificada el 3 de febrero de 2026.

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Asimismo, refirió que los requisitos exigidos en el auto que negó la solicitud de
expedición del título judicial, ya se encontraban cumplidos, razón por la que se
configuraba un exceso ritual manifiesto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada
por el señor César Augusto García Vargas contra la sentencia del 21 de enero de
2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 del 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 21
de enero de 2026 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, para lo
cual deberá resolver el siguiente interrogante:

• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del señor César Augusto García
Vargas con ocasión de la mora judicial injustificada, por la omisión en
impartirle trámite a la solicitud de entrega de título judicial a su nombre?

Para resolver tal problema jurídico, resulta pertinente analizar los siguientes temas:
(i) generalidades de la acción de tutela; (ii) derecho al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia; (iii) mora judicial injustificada; (iv) carencia actual de
objeto por hecho superado y, (v) el caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los

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derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable11.

2.4. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia

Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica del artículo 229 de la Constitución12, del derecho fundamental al debido
proceso13 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de
fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia14.

El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u
organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una
resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el
procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en la
ley […]»15.

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar
ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender
las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de
que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden
jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real
y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión
[…]»16.

Frente a esto, debe además recordarse que, de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende

11 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
12 «Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley

indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado».
13 «Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso».
14 Sentencia T-006 de 1992.
15 Sentencia T-476 de 1998.
16 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas

Hernández.

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que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que cuando el «[…]
ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentre una
respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y
garantías”17, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades judiciales
de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el
acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo cual se
deben descartar las actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se entiende
por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad de que los
jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que representa un
avance significativo en la protección de los derechos de las personas […]»18.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1. ° de la Ley Estatuaria de la
Administración de Justicia19 y con sustento en los principios de celeridad, eficiencia
y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez, como director del
proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de evitar el desgaste
que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con una sentencia
inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de las partes.

Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial
que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que
se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad
subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de
los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política
ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho
sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen
el ideal de la justicia material […]»20.

2.5. La mora judicial injustificada

La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no
en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes21.

17 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
18 Ibídem.
19 Ley 270 de 1996. «Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que

cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social
y lograr y mantener la concordia nacional».
20 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.
21 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.

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Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»22.

En esa línea, dicha Corporación precisó que:

[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello,
la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar
del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es
producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de
carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está
ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial
no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones. (Resaltado propio)

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial23, según la cual solo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En
el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a
la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes.

2.6. Carencia actual de objeto

La Sala ha explicado en varias ocasiones24 que la acción de tutela ha sido instituida
como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e
inminente.

No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el

22 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
23 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 14.09.23, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 76001-

23-33-000-2023-00520-01 y (ii) 18.04.24, M.P. Gloria María Gómez Montoya, Rad. 11001-03-15-
000-2023-06923-01.
24 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 15.11.17, Rad. 2017-00085-01, y M.P. Rocío Araújo Oñate,
Sentencia 19.10.17, Rad. 2017-2365-00.

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instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.

En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de
tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i) por
hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación
sobreviniente.

Al respecto, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 1º de septiembre de
2016, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva
de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual.
Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción25.

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como
su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión
o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya
sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado
un peligro ya subsanado. (negrillas inexistentes en el texto original)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que
comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través
de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de
aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como
el acaecimiento de una “situación sobreviniente26”.

Con base en el referenciado marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional

25 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual

se transcribe literalmente: «Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005».
26 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual

se transcribe literalmente: «Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013».

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Sección Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07837-01

ha sostenido que:

El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración
de los derechos fundamentales27.

En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta
irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta
esta Sección Quinta), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la
conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron
o no los derechos fundamentales.

De hecho, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos
en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de
revisión ante ese tribunal28.

En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la
conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados29.

2.7. Caso concreto

El señor César Augusto García Vargas alegó la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia por
parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F, con ocasión de la falta de trámite a la solicitud de entrega del título judicial
presentada el 28 de marzo de 2025 en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 25000-23-42-000-2016-
05267-00/01.

La Corte Constitucional ha indicado que la dilación injustificada que configura la
violación de derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, se caracteriza por (i) el incumplimiento de los términos

27 Corte Constitucional. Sentencia T-038/19, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
28 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
29 Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

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señalados en la ley para adelantar actuación por parte del funcionario competente;
(ii) la omisión en el cumplimento de las obligaciones en el trámite de los procesos a
cargo de la autoridad judicial y (iii) la falta de motivo razonable y prueba de que la
demora obedece a circunstancias que no se pueden contrarrestar.

De las actuaciones obrantes en Samai, se evidencia que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en auto del 16 de enero de
2026 resolvió abstenerse de ordenar la entrega del título judicial constituido por
Fonprecon a favor del señor García Vargas.

Como sustento de lo anterior, la autoridad judicial accionada expuso que el actor no
había solicitado que se le reconociera como sucesor procesal de la señora
Magdalena Vargas Navarrete, siendo esto determinante, en la medida que no
encontraba acreditada la calidad de parte con capacidad para actuar en el trámite.

Asimismo, indicó que en el proceso no obraba poder que facultara a un profesional
del derecho para representar sus intereses en el medio de control, ya que el
abogado Herminso Gutiérrez Guevara fungía como apoderado de la fallecida
demandante.

Finalmente, sostuvo que de la revisión realizada a la escritura pública 385 del 20 de
febrero de 2025 aportada con la solicitud de reconocimiento del título judicial,
contenía errores en la identificación de las autoridades judiciales de primer y
segundo grado, así como las fechas en que se profirieron las decisiones.

Dicha providencia fue notificada el 19 de enero de 2026 por estado, como se
observa a continuación:

En consecuencia, esta Sala de Decisión considera que en el curso del mecanismo
constitucional fue superado el hecho que dio inicio al mismo, puesto que el tribunal
dio trámite a la solicitud presentada el 28 de marzo de 2025.

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Pese a que la resolutiva de la autoridad judicial accionada no era la esperada por el
señor García Vargas, le fueron indicadas las razones por las cuales no era posible
acceder a su petición y, además, le explicó la forma en que podía subsanar los
errores hallados, para que pudiera volver a radicar la solicitud con un trámite previo
y corrección de documentos.

Además, se advierte que la providencia del 16 de enero de 2026, fue susceptible de
reposición, escenario natural en el que la parte actora pudo formular los reparos que
estimara pertinentes ante el tribunal.

En atención a que el objeto de la presente acción tutelar era la presunta mora judicial
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F de
impartirle trámite a la solicitud de entrega del título judicial y no, la concesión efectiva
de este a nombre del señor García Vargas o el reconocimiento del actor como
sucesor procesal en el medio de control; se encuentra superado el hecho alegado.

De conformidad con lo expuesto, no es necesaria la intervención de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, como juez constitucional, pues el asunto que
presuntamente vulneraba los derechos fundamentales del señor César Augusto
García Vargas dejó de existir durante el presente trámite.

En ese orden, para la Sala están presentes los elementos necesarios para confirmar
la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la acción de amparo
deprecada, comoquiera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F satisfizo las pretensiones del actor.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del 21 de enero de 2026 proferido por el Consejo
de Estado, Sección Tercer, Subsección B.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual
revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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