Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07842-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07842-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-07842-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07842-01
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: HOCOL S.A.
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE
CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. LOS ARGUMENTOS DE LA TUTELA FUERON
OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD
JUDICIAL ACCIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la actora contra la
sentencia de 19 de febrero de 2026, mediante la cual la SECCIÓN
CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró improcedente el
amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La sociedad HOCOL S.A., actuando a través de apoderada judicial, en
1 En adelante SECCIÓN CUARTA.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07842-01
Actora: HOCOL S.A.
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN PRIMERA -
SUBSECCIÓN “B”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA2 y la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE
ESTADO3 al haber proferido las providencias de 7 de julio y 14 de
agosto de 2025, respectivamente, dentro del medio de control de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos
administrativos identificado con el número único de radicación 25000-
23-41-000-2025-00819-01.
I.2.- Hechos
Puso de presente que es la sucursal colombiana de la Empresa Hocol
S.A., constituida y domiciliada en George Town, Grand Cayman -
Islas Caimán, cuya única participante es la empresa extranjera Hocol
Petroleum Limited sociedad constituida en Bermuda, en la que a su
vez ECOPETROL S.A.4 es la única accionista, lo que significa que es
un establecimiento de comercio de una sociedad extranjera y no goza
de personería jurídica en sí misma como empresa colombiana.
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En adelante TRIBUNAL.
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En adelante SECCIÓN QUINTA.
4
En adelante ECOPETROL.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07842-01
Actora: HOCOL S.A.
Indicó que la FUNDACIÓN PARA EL ESTADO DE DERECHO5 le
solicitó que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley
1150 de 16 de julio de 20076, adicionado por el artículo 53 de la Ley
2195 de 18 de enero de 20227, le diera publicidad a su actividad
contractual en la plataforma SECOP ll; sin embargo, dio respuesta
negativa mediante escrito de 9 de junio de 2025, en la que le informó
que al ser una sociedad extranjera con sucursal en Colombia, no
tenía la calidad de entidad pública y, por ende, no estaba obligada a
publicar su actividad contractual.
Afirmó que al considerar que se había constituido su renuencia, la
FUNDACIÓN presentó demanda en ejercicio del medio de control de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos
administrativos en su contra, con el fin de obtener el acatamiento de
lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1150, adicionado por el artículo
53 de la Ley 2195.
Sostuvo que el referido proceso fue identificado con el número único
de radicación 2025-00819-00 y le correspondió por reparto al
5
En adelante FUNDACIÓN.
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“Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993
y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”.
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“Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la
corrupción y se dictan otras disposiciones”.
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Actora: HOCOL S.A.
TRIBUNAL que, mediante sentencia de 7 de julio de 2025, declaró
el incumplimiento de la normativa invocada y, en consecuencia, le
ordenó publicar en el SECOP II, o la plataforma transaccional que
haga sus veces, la totalidad de los documentos que hacen parte de
su actividad contractual en un término no mayor de 4 meses.
Precisó que el recurso de alzada fue desatado por la SECCIÓN
QUINTA que, en providencia de 14 de agosto de 2025, confirmó la
decisión del a quo, por considerar que pese a ser una sociedad
extranjera, es una entidad pública descentralizada indirecta, pues
surgió por la voluntad asociativa de ECOPETROL, de conformidad
con lo previsto en el parágrafo del artículo 49 de la Ley 489 de 29 de
diciembre de 19988 y el artículo 1° de la Ley 1118 de 27 de diciembre
de 20069.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en defecto fáctico, debido a que sustentaron su decisión en una
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"Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones".
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“Por la cual se modifica la naturaleza jurídica de Ecopetrol S. A. y se dictan otras disposiciones”.
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Actora: HOCOL S.A.
información publicada en la página web de ECOPETROL, que no es
la prueba idónea para acreditar su naturaleza jurídica, de
conformidad con los estatutos de la compañía, pues tal entidad no
tiene una participación del 100% de acciones, sino que es Hocol
Petroleum Company (HPL) la accionista extranjera mayoritaria.
Sostuvo que tanto el TRIBUNAL como la SECCIÓN QUINTA
incurrieron en defecto procedimental, toda vez que aunque insistió
en que la interpretación que se estaba dando a su naturaleza jurídica
no correspondía a la solicitada por la normativa cuyo cumplimiento
se exigió, no se analizó la información oficial de la entidad que obraba
en las pruebas legales y oportunamente allegadas al proceso y se
tomó en consideración una información publicada en la página web
de ECOPETROL, lo que llevó a que se le impusiera una restricción y
carga desproporcionada.
Por último, aseguró que también incurrieron en defecto sustantivo
por indebida aplicación del artículo 13 de la Ley 1150, por cuanto
dicha normativa está dirigida exclusivamente a entidades públicas y
no le aplica al ser una sociedad foránea con sucursal en Colombia, lo
que desconoce el marco constitucional, legal y jurisprudencial que
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Actora: HOCOL S.A.
regula la estructura del Estado colombiano y la naturaleza jurídica de
las empresas extranjeras con sucursal en el territorio nacional.
I.4.- Pretensiones
La actora solicitó lo siguiente:
“[…] SEGUNDA: TUTELAR el derecho fundamental al debido
proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política
de Colombia, a favor de la HOCOL, conforme los fundamentos
de hecho y de derecho expuestos en el presente documento.
TERCERA: DECLARAR que el fallo de primera instancia proferido
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B el 7 de julio de 2025 y
el fallo de segunda instancia proferido por 14 de agosto de 2025
por el CONSEJO DE ESTADO -SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO -SECCIÓN QUINTA violan el artículo 29
de la Constitución Política de Colombia, por el hecho de modificar
mediante sentencia la naturaleza jurídica de Hocol S.A. Sucursal
Colombia que es una filial de la empresa extranjera Hocol
Petroleum Limited sociedad constituida en Bermuda, pero que
respecto de Ecopetrol sólo es una “subsidiaria” y, por
tanto, no se encuadra dentro de los supuestos del artículo cuyo
cumplimiento se solicita y, adicionalmente, por falta de
congruencia de la sentencia al no resolver la objeción principal
presentada por Hocol S.A. Sucursal Colombia consistente en que
no reúne los requisitos exigidos en la norma para ser
destinatario de la acción de cumplimiento.
CUARTA: En Consecuencia, ordenar que, dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo que
resuelva esta solicitud de amparo, dicte una nueva sentencia en
la que tenga en cuenta las consideraciones y pruebas allegadas
al trámite de la acción de cumplimiento bajo radicado No.
25000-23-41-000-2025-00819-01, teniendo en cuenta las
normas comerciales que rigen la naturaleza de las sucursales de
sociedades extranjeras y su régimen y, por consiguiente, se
revoque la decisión de obligar a Hocol S.A. Sucursal Colombia a
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Actora: HOCOL S.A.
dar aplicación al artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 y publicar
su actividad contractual en el SECOP. […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL luego de realizar un recuento de las
actuaciones surtidas dentro del medio de control cuestionado, solicitó
denegar las pretensiones o, en su defecto, declarar improcedente el
amparo, debido a que lo pretendido por la sociedad accionante es
utilizar este mecanismo constitucional como una tercera instancia.
I.5.2.- La SECCIÓN QUINTA solicito declarar improcedente la
solicitud de amparo por no cumplir con el requisito general de la
relevancia constitucional, debido a que el debate que se plantea es
una discusión eminentemente legal que ya fue dirimida dentro del
proceso censurado y el escrito de tutela es una reiteración de los
argumentos expuestos por la actora en la contestación y el recurso
de apelación allí presentados.
I.5.3. ECOPETROL solicitó amparar los derechos fundamentales
invocados como vulnerados en la presente acción de tutela, toda vez
que la sentencia de segunda instancia cuestionada sostuvo que la
actora ostenta la calidad de entidad pública descentralizada indirecta,
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Actora: HOCOL S.A.
por ser controlada en su totalidad por ella, interpretación judicial que,
a su juicio, es errónea, pues se le impone a la sociedad HOCOL S.A.
obligaciones que no derivan de una normativa con fuerza legal
exigible y desconoce la ratio decidendi de la sentencia de la Corte
Constitucional C-274-2013, la cual excluye del deber de publicidad la
información que se produzca con ocasión de la actividad industrial y
comercial de empresas como la accionante.
I.5.4. La FUNDACIÓN solicitó declarar improcedente la acción
constitucional de la referencia, por constituir una tercera instancia
judicial que pretende reabrir un debate resuelto en instancias
ordinarias, máxime si se tiene en cuenta que la actora no acredita
ninguna de las circunstancias y defectos que la jurisprudencia
constitucional exige para la procedencia excepcional de la tutela
contra providencias judiciales, por lo que la simple inconformidad con
la interpretación judicial desfavorable, no configura una vulneración
de derechos fundamentales, ni justifica el uso del amparo
constitucional.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN CUARTA, mediante sentencia de 19 de febrero de
2026, declaró improcedente el amparo solicitado por no cumplir el
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Actora: HOCOL S.A.
requisito general de la relevancia constitucional, por considerar que
aun cuando la actora alega que las providencias cuestionadas
vulneraron sus derechos fundamentales e incurrieron en defectos
fáctico, sustantivo y procedimental, lo cierto es que, en últimas, lo
que pretende es reabrir el debate zanjado por los jueces ordinarios
respecto de su naturaleza jurídica.
Señaló que la parte actora reiteró en la presente solicitud de amparo
los alegatos expuestos en el medio de control de cumplimiento según
los cuales tiene su sede principal en el extranjero y, además, que
ECOPETROL no tiene el 100% de participación como se indicó en las
providencias cuestionadas, argumentos que fueron resueltos desde
el fallo de primera instancia y objeto de apelación, por lo que resulta
evidente que pretende revivir la discusión propuesta en el proceso
cuestionado, con el fin de imponer su criterio en cuanto a su
naturaleza jurídica y el consecuente incumplimiento del mandato
legal que le asiste, desconociendo el estudio realizado por los jueces
de conocimiento como si la acción de tutela fuera una tercera
instancia.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora impugnó la decisión de primera instancia y solicitó
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Actora: HOCOL S.A.
revocarla y, en su lugar, acceder al amparo pretendido.
Para el efecto, argumentó, en síntesis, que el a quo:
“[…] Aplicó un test equivocado para verificar la relevancia
constitucional, pues en lugar de examinar si la forma en que la
Sección Quinta resolvió el asunto constituyó una actuación
ostensiblemente arbitraria con incidencia directa en los derechos
fundamentales de HOCOL S.A., se limitó a verificar formalmente si
existía alguna relación entre lo decido en el trámite ordinario del
proceso de cumplimiento y las vulneraciones a los derechos
fundamentales alegadas en el escrito de tutela, lo que no determina
la procedencia del amparo;
Omitió reconocer que el cargo por defecto fáctico planteado en la
tutela — sustentado en la omisión de valorar una prueba concreta
y determinante que HOCOL aportó al proceso— constituye un error
de análisis probatorio ajeno al debate de mérito del proceso de
cumplimiento y con relevancia constitucional autónoma; e
Ignoró el cargo de naturaleza eminentemente constitucional
relativo a la reserva de ley, y al principio de legalidad, el cual no
fue objeto de examen en ninguna instancia del trámite de
cumplimiento, toda vez que solo vino a materializarse con el fallo
censurado, y cuya trascendencia supera el interés particular de
HOCOL. Por lo anterior, solicito al Honorable Consejo de Estado
revocar el fallo impugnado y, en su lugar, declarar la procedencia
de la acción de tutela para que se examine de fondo si la sentencia
de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 14 de agosto de
2025 vulneró los derechos fundamentales de HOCOL.
Ignoró que en este caso se cumplen a cabalidad el test de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
[…]”.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
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Actora: HOCOL S.A.
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
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Actora: HOCOL S.A.
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
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Actora: HOCOL S.A.
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07842-01
Actora: HOCOL S.A.
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado .[11]
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
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Actora: HOCOL S.A.
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se
dejen sin efecto las providencias de 7 de julio y 14 de agosto de
2025, proferidas por el TRIBUNAL y la SECCIÓN QUINTA,
respectivamente, dentro del medio de control de cumplimiento de
normas con fuerza material de ley o de actos administrativos,
identificado con el número único de radicación 2025-00819-01,
presentada en su contra por la FUNDACIÓN.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, habida cuenta que, a juicio de la actora,
las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico
debido a que sustentaron su decisión en una información publicada
en la página web de ECOPETROL, que no es la prueba idónea para
acreditar su naturaleza jurídica de conformidad con sus estatutos.
Precisó que tanto el TRIBUNAL como la SECCIÓN QUINTA
incurrieron en defecto procedimental, toda vez que, pese a que
insistió en que la interpretación que se estaba dando a su naturaleza
jurídica no correspondía a la solicitada por la normativa cuyo
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Actora: HOCOL S.A.
cumplimiento se exigió, no se analizó su información oficial que
obraba en el material probatorio aportado al expediente.
Aunado a lo anterior, señaló que las autoridades judiciales
accionadas también incurrieron en defecto sustantivo por indebida
aplicación del artículo 13 de la Ley 1150, por cuanto dicha normativa
está dirigida exclusivamente a entidades públicas y no le aplica al ser
una sociedad extranjera con sucursal en Colombia.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN CUARTA que, mediante sentencia de 19 de febrero de
2026, declaró improcedente el amparo por no cumplir el requisito de
la relevancia constitucional, por cuanto lo pretendido por la actora
era revivir el debate zanjado por los jueces de conocimiento dentro
del proceso ordinario.
La actora en su impugnación aseguró que, contrario a lo afirmado
por el a quo, el presente asunto sí cumple con el requisito de la
relevancia constitucional, por cuanto no se trata de una reiteración
de los fundamentos del proceso cuestionado e insistió en que las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos
invocados, debido a que no valoraron el material probatorio que daba
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Actora: HOCOL S.A.
cuenta de su naturaleza jurídica, sino que se limitaron a darle validez
a la información encontrada en la página web de ECOPETROL y
aplicaron indebidamente el artículo 13 de la Ley 1150.
En este punto, es del caso advertir que si bien la acción de tutela se
presentó contra el TRIBUNAL y la SECCIÓN QUINTA lo cierto es
que la providencia de 14 de agosto de 2025 fue la que puso fin al
proceso, razón por la que la Sala realizará únicamente el análisis de
la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados
frente a esta.
Aclarado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que
debe resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual, en
primer lugar, se debe estudiar si se cumple con los presupuestos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial y, de ser así, establecer si la SECCIÓN QUINTA vulneró los
derechos deprecados e incurrió en los defectos invocados.
De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
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Actora: HOCOL S.A.
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional 10, de manera
tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».11
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
10
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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Actora: HOCOL S.A.
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación12, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [14].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [15].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
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Actora: HOCOL S.A.
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [16].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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Actora: HOCOL S.A.
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [19]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Actora: HOCOL S.A.
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
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Actora: HOCOL S.A.
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la acción de
tutela de la referencia no cumple con el requisito general de la
relevancia constitucional, en la medida en que lo pretendido por la
actora es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a
consideración del juez natural reiterando los argumentos expuestos
en su defensa y en el recurso de apelación interpuesto dentro del
proceso objeto del presente estudio, como si este mecanismo
constitucional se tratara de una instancia adicional.
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Actora: HOCOL S.A.
En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,
porque los motivos que fundamentan la inconformidad de la actora
se sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial accionada
realizó una errada interpretación de la normativa, porque no analizó
su naturaleza jurídica, esto es, que es una sociedad extranjera
sumado al hecho de que ECOPETROL no tiene el 100% de
participación como lo asegura la sentencia cuestionada, razón por la
que, en su criterio, no está en la obligación de publicar sus
actuaciones contractuales en la plataforma SECOP II.
Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, se limita a una discusión meramente legal que gira en
torno a la inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural
del asunto, quien fundamentó su decisión con suficiencia, explicando
las razones por las cuales confirmaba la sentencia de primera
instancia que declaró el incumplimiento de la actora en acatar lo
previsto en el artículo 13 de la Ley 1150, adicionado por el artículo
53 de la Ley 2195.
En efecto, la SECCIÓN QUINTA al conocer en segunda instancia del
medio de control de cumplimiento, objeto del presente estudio,
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Actora: HOCOL S.A.
consideró lo siguiente:
“[…] 43. La norma establece una obligación en cabeza de las
«entidades estatales que por disposición legal cuenten con
un régimen contractual excepcional al del Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública» de aplicar, en
desarrollo de su régimen contractual, los principios de la
función administrativa y de la gestión fiscal. En consecuencia,
dichas entidades deben publicar los documentos relacionados con su
actividad contractual —es decir, los documentos descritos en el
inciso segundo de dicho precepto— en el SECOP II. Por lo demás, la
norma consagró un régimen de transición de 6 meses contado desde
su promulgación.
44. Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
Corporación refirió que, en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, el
legislador, sin desconocer la naturaleza de los contratos celebrados
por entidades exceptuadas del régimen general de contratación
estatal, estableció los límites de su autonomía y les impuso el deber
de dar cumplimiento a los principios de la función administrativa
consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política.
45. Sostuvo que «es intención expresa del Legislador la de sujetar
su actividad contractual a unos mínimos del Derecho administrativo
por la preponderancia de los intereses públicos que finalmente
desarrollan y para precaver la arbitrariedad, el subjetivismo, la
improvisación, los sobrecostos, etc. (con fundamento en el
preámbulo y en los artículos 2º, 123 inciso 2º y 209 de la C.P),
privilegiando así la transparencia y la selección objetiva en su
contratación, aun cuando ellas se sirvan de herramientas,
mecanismos e institutos del Derecho privado como estrategia y
medios para favorecer y beneficiar la eficiencia en la gestión».
46. Para la Sala, entonces, la norma antes descrita sí contiene un
deber legal susceptible de ser exigido mediante la acción de
cumplimiento. Así lo ha reconocido esta Sección en las decisiones
identificadas con los radicados 25000-23-41-000-2024-01213-
00/01, 25000-23-41-000-2024-01906-00/01, 25000-23-41-000-
2024-01938-00/01, 25000-23-41-000-2024-01876-01- En estos
casos, se estudió el incumplimiento del artículo 13 de la Ley 1150
de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, en el
caso de entidades exceptuadas del régimen de contratación, a
saber: la UNGRD, la Fiduprevisora S.A., Satena S.A., Ecopetrol S.A.
y Fiducoldex.
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Actora: HOCOL S.A.
47. La referida obligación le es exigible a Hocol S.A. dado que,
como se señaló previamente, pese a que fue constituida como
una sociedad extranjera, es una entidad pública
descentralizada indirecta dado surgió como un acuerdo de
voluntad de Ecopetrol S.A, quien es su matriz o controlante y
que además tiene un porcentaje del 100% de participación
sobre aquella.
48. En tales términos, le corresponde a Hocol S.A. publicar la
actividad contractual en el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública (SECOP), según lo establecido en el
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo
53 de la Ley 2195 de 2022. En consecuencia, tiene la obligación
de publicar los documentos, contratos, actos e información generada
por oferentes, contratista, contratante, o interventor, tanto en la
etapa precontractual, como en la contractual y la postcontractual.
Este deber es actualmente exigible, comoquiera que ya culminó el
periodo transición previsto en la ley.
49. Al verificar la página web del SECOP ll15, la Sala advierte que
no se logró encontrar ninguna publicación referente a la actividad
contractual que Hocol S.A. haya realizado en Colombia, como se
observa a continuación: (…)
50. Lo anterior evidencia que, en efecto, los procesos contractuales
que Hocol S.A. ha celebrado no han sido cargados al SECOP II, por
lo que el incumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de la Ley
1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022,
se encuentra acreditado.
51. Ahora bien, la Sala reconoce que los documentos
contractuales pueden contener información reservada o
confidencial, respecto de la cual no es exigible su publicación.
Así mismo, reconoce que es Hocol S.A. quien está en
capacidad de determinar, en principio, si se configura o no
una causal de reserva respecto de los documentos que
integran cada contrato.
52. Por lo tanto, las objeciones que se presenten frente a la reserva
deberán estudiarse caso a caso; análisis que, por demás, escapa de
la competencia del juez de cumplimiento.
53. Sin embargo, la Sala reitera que las causales de reserva son
taxativas y de interpretación restrictiva. Por tanto, estas no pueden
ser alegadas de forma general, bajo un argumento universal acerca
de la actividad comercial de la empresa. Corresponde a Hocol S.A.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07842-01
Actora: HOCOL S.A.
analizar en cada caso la procedencia de la reserva, para lo cual
deberá ceñirse a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014. […]”
(Resaltado de la Sala).
De los apartes transcritos, la Sala observa que la SECCIÓN QUINTA
al estudiar el contenido y alcance de la disposición invocada dentro
del medio de control de cumplimiento y la naturaleza jurídica de la
sociedad accionante, determinó que la obligación contenida en el
artículo 13 de la Ley 1150, adicionado por el artículo 53 de la Ley
2195, relativa a publicar su actividad contractual en el SECOP II, le
era exigible a pesar de que fue constituida como una sociedad
extranjera, por cuanto es una entidad pública descentralizada
indirecta que surgió como un acuerdo de voluntad de ECOPETROL,
quien es su matriz o controlante; y que, además, tiene un porcentaje
del 100% de participación sobre aquella.
Asimismo, se advierte que, contrario a lo afirmado por la actora, la
autoridad judicial accionada no fundamentó su decisión únicamente
en la información de la página web de ECOPETROL, de la cual hizo
referencia de manera complementaria, pues en la sentencia
cuestionada se aclaró que: “[…] Hocol S.A. es una sociedad
extranjera que hace parte del Grupo Empresarial de Ecopetrol S.A,
de conformidad con el registro No. 179141 del 15 de julio de
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07842-01
Actora: HOCOL S.A.
2009 que reposa en el certificado de matrícula de la
accionada, y que fue adjuntado en la contestación de la
demanda. En su composición accionaria, Ecopetrol S.A tiene un
porcentaje de participación del 100% y ejerce control sobre aquella
[…]” (Resaltado de la Sala).
Aunado a lo anterior, la Sala advierte que no le asiste razón a la
actora al afirmar que la reserva de ley alegada no fue objeto de
examen dentro del medio de control de cumplimiento, habida cuenta
que la SECCIÓN QUINTA no desconoció la reserva que puede existir
sobre algunos documentos de los cuales no es exigible su publicación
y, precisamente, teniendo en cuenta tal situación, consideró que la
accionante debía determinar si se configura o no una causal de
reserva frente a los documentos que integran cada contrato, de
conformidad con los criterios previstos para el efecto por la Ley 1712
de 6 de marzo de 201420, lo que, por demás, aclaró que escapa de
la órbita de competencia del juez de cumplimiento.
En este punto, es importante poner de presente que las
inconformidades de la parte actora están sustentadas, en síntesis,
20
“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07842-01
Actora: HOCOL S.A.
en la interpretación que pretende que se le dé a su naturaleza
jurídica, frente a lo cual la Sala advierte que dicho asunto también
fue objeto de estudio dentro del recurso extraordinario de anulación
de laudo arbitral identificado con el número único de radicación
2021-00141-0021, interpuesto por la aquí accionante, el cual fue
declarado infundado por la Sección Tercera -Subsección “C”- de esta
Corporación mediante sentencia de 22 de noviembre de 2021, en la
que determinó lo siguiente:
[…] Así las cosas, en los términos previstos en el artículo 28 de la
Ley 222 de 1995, en concordancia con el artículo 260 del Código
de Comercio, se advierte que la sociedad extranjera Hocol S.A. es
subordinada de Ecopetrol S.A., pues entre ambas se configuró la
situación de Grupo Empresarial, siendo esta última la matriz o
controlante, tal y como se desprende del tenor literal de la
certificación.
De otro lado, en punto al componente accionario de la
subordinada, cabe resaltar que Ecopetrol S.A. es titular del 100%
del capital de la sociedad extranjera Hocol S.A, tal como se refleja
en los estados financieros consolidados de Ecopetrol S.A. a 31 de
diciembre de 2019 y 2020, particularmente en el Anexo No. 1 de
sus notas, denominado “Compañías subsidiarias consolidadas,
asociadas y negocios conjuntos”, en donde ciertamente figura
como subsidiaria Hocol S.A., con domicilio en Islas Caimán y con
un porcentaje de participación de Ecopetrol S.A. del 100%.
Bajo este entendido, de conformidad con lo previsto en el
parágrafo del artículo 104 del CPACA y acorde con lo manifestado
por esta Sección, se concluye que la sociedad comercial
extranjera Hocol S.A., para los efectos del inciso 3º del artículo
46 de la Ley 1563 de 2012, es una entidad pública, comoquiera
que Ecopetrol S.A., empresa constituida como sociedad de
economía mixta del orden nacional con un porcentaje de
participación estatal superior al 50% y que se encuentra
21
M.P. Nicolas Yepes Corrales.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07842-01
Actora: HOCOL S.A.
autorizada para establecer subsidiarias, sucursales y agencias en
el territorio nacional y en el exterior, además de ser su matriz o
controlante posee un porcentaje de participación sobre aquella
correspondiente al 100%, de donde resulta que Hocol S.A., por
tanto, ostenta la naturaleza de entidad pública descentralizada de
segundo grado o indirecta […].
Lo anterior, evidencia aún mas la improcedencia de la presente
acción de tutela, por cuanto lo que busca la parte actora es obtener
un pronunciamiento distinto en sede constitucional, de un asunto
que, como quedó visto, ya ha sido dilucidado por los jueces de
conocimiento, no solo a través del medio de control ordinario objeto
de estudio, sino mediante el mencionado recurso extraordinario que
interpuso en su momento.
En ese orden de ideas, la Sala encuentra que lo pretendido por la
actora es que el juez de tutela haga un nuevo examen integral de
todos los argumentos expuestos en el medio de control de
cumplimiento, con la finalidad de que se haga una corrección al
análisis que hizo la autoridad judicial accionada y se acoja la
interpretación que propone, como si el mecanismo de amparo fuera
una instancia o recurso adicional a los previstos en el trámite
ordinario.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07842-01
Actora: HOCOL S.A.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada
por el juez natural del asunto a las pruebas y la normativa aplicable,
en el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar
a la acción de tutela el carácter de un recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia
y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se destaca que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Aunado a lo anterior, la Sala no observa la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia
como mecanismo transitorio, dado que de los elementos de juicio
obrantes en el expediente no es posible establecer dicha
circunstancia.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07842-01
Actora: HOCOL S.A.
Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la decisión del a quo
que declaró improcedente el amparo solicitado por carencia del
requisito general de la relevancia constitucional y así se dispondrá en
la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07842-01
Actora: HOCOL S.A.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de abril de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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