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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07844-00

Fecha
28 de enero de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07844-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: 1º) Deniégase la acción de tutela presentada por el señor Reinaldo Mantilla Parra, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07844-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

28 de enero de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintiocho (28) de enero de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07844-00
Demandante: REINALDO MANTILLA PARRA
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE
AUTORIDAD PÚBLICA. PRESUNTA VULNERACIÓN DEL
DERECHO DE PETICIÓN. SE NIEGA EL AMPARO.

Síntesis del caso: el demandante consideró que la autoridad judicial demandada vulneró su
derecho fundamental de petición por no dar respuesta a la solicitud que presentó dirigida a que
se revise un proceso disciplinario. La Sala negará el amparo, tras verificar que la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial ya emitió una respuesta al peticionario y se la notificó
debidamente.

La Sala procede a resolver el proceso de acción de tutela presentado, a través de
apoderado judicial, por el señor Reinaldo Mantilla Parra en contra de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, para la protección de su derecho constitucional
fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Carta Política.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda y fundamento de la vulneración

Como fundamento fáctico de la acción1 la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El 21 de agosto de 2025, radicó un derecho de petición al señor presidente de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en el que informó una serie de situaciones
relevantes relacionadas con el proceso disciplinario identificado con radicación no.
68001-11-02-000-2017-00460-012, por lo cual solicitó se diera cumplimiento al artículo
288 del Código General del Proceso y se profiriera una sentencia de remplazo.

1
La acción de tutela fue presentada el 10 de diciembre de 2025.
2
Oportunidad en la que indicó que la falta de la participación de la presidenta de la Sesión el día 16 de
marzo del año 2022 generó una vulneración a los artículos 105, 279 y 288 del Código General del Proceso.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07844-00
Demandantes: Reinaldo Mantilla Parra
Acción de tutela

2) El 10 de septiembre de 2025, recibió una respuesta de un tercero no identificado, sin
firma de cualquier tipo, que resultaba evasiva e incompleta.

2. Los fundamentos de la vulneración

A juicio del actor, la acción de tutela resulta necesaria para salvaguardar su derecho de
petición pues, a pesar de que recibió una supuesta respuesta, esta fue de un tercero no
identificado, sin firma de cualquier tipo, que no resolvió las peticiones formuladas, por lo
que no constituye una respuesta válida ni produce efectos jurídicos.

La falta de respuesta formal resulta en una grave violación procesal que adquiere especial
relevancia debido a la naturaleza de las irregularidades puestas en conocimiento del
presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, las cuales comprometen la
legalidad y validez de las actuaciones disciplinarias.

A la fecha de presentación de la acción de tutela, no ha recibido respuesta formal por
parte del presidente de la Comisión Nacional de Disciplina judicial, que es el único que
debe responder directamente la petición porque es a quien iba dirigida.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“2.1. Que se ampare el Derecho Fundamental de Petición del señor Reinaldo
Mantilla Parra, por haber sido vulnerado al no recibir una respuesta personal,
formal, directa, congruente, clara, completa, y que sea suscrita por la autoridad
competente requerida en respuesta, conforme lo exigen el artículo 23 de la
Constitución Política y los artículos 13 a 20 de la Ley 1755 de 2015.

2.2. Que se ordene al Presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
Doctor Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, emitir y suscribir una respuesta
oficial, escrita, formal, clara, completa, sin evasivas, y que jurídicamente sea
coherente y corresponda a lo solicitado en el Derecho de Petición radicado el
21 de Agosto del año 2025,

2.3. Que la respuesta que debe emitir el Presidente de la CNDJ sea de fondo,
resolviendo cada uno de los puntos planteados en el Derecho de Petición, en
especial el numeral 1.6 del presente escrito, sin omisiones, evasivas, ni
respuestas genéricas, que incluya pronunciamientos precisos.

2.4. Que se ordene que la respuesta exigida sea emitida dentro del término
máximo e improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, por tratarse de la
protección inmediata de un Derecho Fundamental de aplicación preferente y
porque la vulneración es de naturaleza continuada y afecta directamente el
acceso efectivo del accionante a la administración de justicia.”. (archivo
disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI).

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Demandantes: Reinaldo Mantilla Parra
Acción de tutela

4. Actuación procesal

Mediante auto de 12 de diciembre de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar al presidente e integrantes de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con el
fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

5. Actuación de las autoridades demandadas

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial indicó que dio respuesta completa a la
petición el 10 de septiembre de 2025, de conformidad con el literal f) del artículo 8 del
reglamento interno de la Corporación3; por otro lado, aclaró que la falta de firma del
representante legal de una entidad no es requisito para que se entienda insatisfecho el
derecho de petición.

Para tal fin, recalcó que la jurisprudencia constitucional exige que la respuesta a una
petición sea dada en los términos establecidos en la ley, se dé a conocer al peticionario
y que sea de fondo, oportuna y eficaz, requisitos que se cumplen en el caso en particular,
motivo por el cual solicitó negar las pretensiones de la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

3
“Artículo 8. DE LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE. Corresponde al Presidente de la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial:
(…).
f. Indicar el trámite que deba darse a los distintos asuntos que lleguen a la Presidencia, a la Secretaría
Judicial y a la Relatoría de la Comisión”.

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Demandantes: Reinaldo Mantilla Parra
Acción de tutela

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con el fin de que se proteja el derecho
constitucional fundamental de petición presuntamente vulnerado por no dar respuesta a
unas solicitudes elevadas por el actor.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala negará el amparo
invocado, por las siguientes razones:

3.1 Análisis de los requisitos generales de procedencia

En este caso, la Sala precisa que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela por las siguientes consideraciones:

i) El actor identificó de manera clara y suficiente los hechos que dieron lugar a la
presunta vulneración y los derechos que estimó transgredidos, por cuanto señaló
que su derecho de petición fue transgredido por la accionada, debido a que
presuntamente no ha respondido la petición que elevó el 21 de agosto de 2025.

ii) En relación con la legitimación en la causa por activa y por pasiva, se advierte que
se encuentran satisfechas, toda vez que el señor Reinaldo Mantilla Parra presentó la
acción para la protección de sus derechos fundamentales y es el titular del derecho de
petición; asimismo, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le asiste interés en la
causa por pasiva pues es la llamada a responder la solicitud.

iii) Se cumplió con el requisito de la inmediatez, ya que la petición se presentó el 21 de
agosto de 2025 y la acción de tutela el 10 de diciembre de 2025, esto es, en un término
prudencial.

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Demandantes: Reinaldo Mantilla Parra
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iv) Finalmente, en cuanto al requisito de subsidiariedad debe decirse que también se
cumple por cuanto no existe otro medio judicial idóneo y eficaz para perseguir por lo que
por esta vía se pretende.

3.2 Distinción entre petición administrativa y petición judicial

Sea lo primero diferenciar entre el ejercicio del derecho de petición y las peticiones
judiciales, pues, el primero se presenta para obtener información, requerir copias, solicitar
la intervención de un funcionario y/o entidad o elevar consultas ante autoridades
administrativas, mientras que las segundas se presentan en el marco de los procesos
judiciales con el fin de poner en marcha el aparato judicial o solicitar que un funcionario
cumpla sus funciones jurisdiccionales.

Las primeras se rigen por lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015, de manera que, las
autoridades ante quien se presenten peticiones con la finalidad antes expuesta deben
acatar los términos allí previstos según el tipo de petición de que se trate.

Sin embargo, las peticiones judiciales no se encuentran sujetas a dichos términos, sino a
los plazos consagrados en los estatutos procesales, de conformidad con el tipo de
proceso, el procedimiento y la etapa procesal en la que se encuentre el asunto.

Respecto de estas últimas, la Corte Constitucional ha señalado:

“Esta Corporación respecto a las peticiones presentadas frente actuaciones judiciales
ha sostenido que, en estos eventos, el alcance de este derecho encuentra
limitaciones, por ello, se ha especificado que deben diferenciarse las peticiones que
se formulen ante los jueces, las cuales serán de dos clases: (i) las referidas a
actuaciones estrictamente judiciales, que por tales se encuentran reguladas en el
procedimiento respectivo, debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y
etapas procesales previstos para el efecto; y (ii) aquellas que por ser ajenas al
contenido mismo de la litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la
autoridad judicial en su condición, bajo las normas generales del derecho de petición
que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo”.

Ambas figuras se distinguen por la naturaleza de la respuesta, es decir, si la contestación
a la petición implica decisión judicial sobre algún asunto relacionado con la litis en el que
la respuesta equivale a un acto expedido en función jurisdiccional, el juez no está obligado
a responder bajo las previsiones normativas del derecho de petición.

No obstante, el funcionario deberá distinguir si se exige su pronunciamiento en virtud del
ejercicio jurisdiccional o si lo solicitado por el peticionario se aviene a los lineamientos y
términos propios del derecho de petición.

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3.3 La supuesta vulneración del derecho de petición en el caso concreto

1) En primer lugar, una vez analizadas las pruebas aportadas por ambas partes, la Sala
constató que, efectivamente, el 21 de agosto de 2025, el actor elevó una petición ante la
Presidencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en la cual solicitó lo siguiente:

“Primera: Muy comedidamente, solicito al señor magistrado presidente de la
CNDJ, cumplir la ley, y hacerla cumplir, en especial, con base en el Artículo
288 del CGP, que dice en su tenor:

Irregularidades en la firma de las providencias:

Cuando un juez colegiado profiera una providencia que no haya sido suscrita
por todos sus integrantes, mientras conserve el expediente deberá subsanar la
irregularidad de oficio o a petición de parte. Una vez notificada la providencia,
la irregularidad se entenderá saneada siempre que haya sido firmada por la
mayoría de los integrantes de la sala respectiva. De lo contrario, se enviará el
expediente o sus copias a la sala que la profirió, para que subsane el defecto o
la profiera nuevamente.

Peticiono que, al proferir la nueva sentencia en tiempo presente y con fecha
actual ( Y al momento de rectificar y corregir las irregularidades sobre la Sesión
y el Acta de Sesión de la CNDDJ, y la irregularidad de la sentencia con una sola
firma emitida por el juez colegiado de la CNDDJ ) Solicito muy respetuosamente
se tenga en cuenta y aplique los artículos 23, y 24, de la ley 1123 del año
2007, pues en el momento presente - actual al subsanar profiriendo nueva
sentencia en debida y correcta forma legal, la acción disciplinaria se
encuentra extinta, por estar sobrepasado el tiempo de concreción del
fenómeno Prescriptivo, que incluso realmente ya había fenecido al momento
de intentar proferirse la sentencia disciplinaria fallida, de segunda instancia, del
año 2022, pues en el expediente disciplinario existía prueba que la quejosa
estaba enterada de los hechos que denunció sobre el supuesto “No aviso
oportuno” por parte del abogado investigado, desde Diciembre del año 2016, y
desde inicio del año 2017( Enero) Según lo expresa en su queja , y la sentencia
final fue emitida en el mes de Marzo del año 2022, más de 5 años después de
enterada la quejosa sobre el motivo de inconformidad por el cual radicó la queja
disciplinaria.” (negrillas y mayúsculas sostenidas del texto original).

2) Con fundamento en el material probatorio allegado al proceso, se advierte que, el 10
de septiembre de 2025, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, desde el correo
“apoyojurid02prescndjbta@cndj.gov.co” dio respuesta a la petición elevada por el actor
en el sentido de indicarle que no se desconocieron los artículos 105, 279 y 288 del CGP
y que se actuó en uso de su competencia, en los siguientes términos (índice 00010 en
SAMAI4):

“Como presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, me
permito darle respuesta a su petición, la cual fue remitida al correo
electrónico de la presidencia de esta Corporación el 21 de agosto de la presente
anualidad, en los siguientes términos:

• En cuanto al primer punto me permito indicarle que, revisada el acta del 16 de
marzo de 2022, se evidencia que la doctora Diana Marina Vélez Vásquez, quien

4
Archivo “15_RECIBEMEMORIAL_AJ25JAQH1032_1_20251218170935861”

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presidía para la fecha, estuvo presente al inicio de la sala, dando inicio a la
misma. A su vez, se tiene que la vicepresidenta de ese momento, la doctora
Magda Victoria Acosta Walteros, manifestó que la presidenta de la Corporación
se retiraría para cumplir compromisos oficiales, por lo tanto, ella continuaba
presidiendo la sesión.

Así las cosas, la doctora Diana Marina Vélez Vásquez estuvo presente al inicio
de la precitada sala, la cual no tuvo modificación del orden del día, razón por la
cual, la presidenta para la fecha suscribió el acta de la mencionada sala (…).

• En cuanto a los puntos 1.4 y 1.5, en lo referente a que la decisión de segunda
instancia del proceso disciplinario con radicado No. 2017-00460-01 discutido en
la sala del 16 de marzo de 2022, solo contiene la firma de un solo magistrado,
en este caso, la del magistrado ponente, me permito indicarle que, de acuerdo
con la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de Administración de Justicia, y de
manera específica con lo señalado en el numeral 8 del artículo 112, modificado
por el artículo 56 de la Ley 2430 de 2024, son funciones de la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial “Dictar su propio reglamento, en que podrá, entre otras,
determinar la división de salas para el cumplimiento de sus funciones
jurisdiccionales.”

De esa manera, y en el uso de su función de rango de ley estatuaria, esta
Colegiatura ha adoptado normas reglamentarias para el ejercicio de sus
funciones jurisdiccionales.

Al respecto, es importante señalar que la competencia estatutaria es abierta, en
el sentido que las normas reglamentarias que se adopten pueden determinar el
ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, entre las que se encuentra la
determinación del número de firmas necesarias para que se pueda notificar una
decisión.

En ese orden, y como se estipuló en el acta del 11 de agosto de 2021, la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en uso de su competencia para
establecer su propio reglamento, determinó que se autorizaba que el trámite
de notificación se surtiera únicamente con la firma del ponente, dado que
la providencia ya había sido discutida y aprobada en sala y de ello se daba fe
con el levantamiento del acta, la cual era firmada por el presidente y el secretario
judicial.

• En lo referente a los puntos 2.1 y 2.2., le informamos que la Comisión no
vulneró los artículos 105, 279 y 288 del Código General del Proceso;
puesto que, esta Colegiatura actuó en el uso de una competencia
establecida en una norma de superior jerarquía que el Código General del
Proceso, esto es, la Ley Estatuaria de Administración de Justicia, que la
faculta para dictar su propio reglamento para determinar el ejercicio de sus
funciones jurisdiccionales.

• Por último, le manifestamos que, de acuerdo con lo previamente
expuesto, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no accede a su
petición de proferir una nueva decisión bajo los artículos 23 y 24 de Ley
1123 de 2007, pues como se le indicó en los puntos anteriores, esta
Corporación está facultada para notificar una decisión únicamente con la
firma del ponente.” (negrillas adicionales al texto original).

3) Así las cosas, para la Sala es claro que deben negarse las pretensiones de la acción
de tutela porque la accionada respondió, debida y oportunamente, la petición del 21 de
agosto de 2025 que presentó el señor Reinaldo Mantilla Parra y, particularmente, resolvió
sus solicitudes de manera clara y congruente con lo pedido, a tal punto que le informó

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Acción de tutela

que no se desconocieron los artículos 105, 279 y 288 del Código General del Proceso,
por lo cual no es posible predicar la vulneración de su derecho de petición.

4) En este punto, no sobra anotar que, aunque el actor pretende insistir en que la
respuesta del 10 de septiembre de 2025 no contiene la firma del presidente de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para la Sala resulta claro que la accionada
atendió de forma clara y efectiva su petición, la cual fue debidamente notificada al actor
y enviada desde un correo institucional de esa Corporación, razón de más para negar el
amparo pretendido.

5) En consecuencia, se negará el amparo invocado por cuanto la accionada respondió
su petición y la notificó a su correo personal, en los términos hasta aquí expuestos.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

1º) Deniégase la acción de tutela presentada por el señor Reinaldo Mantilla Parra, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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