República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07846-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
2 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., dos (2) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07846-00 (12449)
Accionante: Nubia Estela Alonso Carvajal
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: sustitución pensional. Subtema 3:
inmediatez.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Nubia Estela Alonso Carvajal en contra del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Primero Administrativo de
Buga.
1. Síntesis del caso
La señora Nubia Estela Alonso Carvajal, a través de apoderado, presentó acción de
tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad social y al mínimo
vital, que consideró vulnerados con ocasión de las sentencias del 6 de septiembre
de 2024 y del 19 de marzo de 2025, proferidas, respectivamente, por el Juzgado
Primero Administrativo de Buga y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado núm. 76111-33-33-001-2018-00239-00/01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
1
Samai, índice 2, certificado 25DF97702525C844 605DE922B9B24FA3 7C0D766F12EB0D0F 7230A6DB8F6CA019.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07846-00 (12449)
Accionante: Nubia Estela Alonso Carvajal
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
2.
Mediante Resolución PAP 022475 del 26 de octubre de 2010, en su momento
la Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación reconoció y ordenó el pago
de una pensión mensual vitalicia por vejez al señor Jorge Iván Jiménez Escobar,
quien laboró en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.
3. El señor Jorge Iván Jiménez Escobar falleció el 6 de septiembre de 2012 y la
señora Luz Andrea Alzate Ortega, en calidad de compañera permanente supérstite,
solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) el reconocimiento y pago de la pensión
sustitutiva.
4.
Mediante Resolución núm. RDP 013787 del 20 de marzo de 2013, la UGPP
reconoció y ordenó el pago de la pensión de sobrevivientes en calidad de
compañera permanente a la señora Alzate Ortega, en un 100%.
5. A través de Resolución núm. RDP 038637 del 22 de agosto de 2013, la UGPP
ajustó la prestación y reconoció la pensión de sobrevivientes a favor de los menores
Katherine Inés Jiménez Alonso, con carácter temporal hasta el 10 de diciembre de
2013, e Iván Felipe Jiménez Alonso, también con carácter temporal, en un
porcentaje del 25 % para cada uno. Adicionalmente, dejó en suspenso el
reconocimiento del 50 % restante, que podría corresponder a las señoras Luz
Andrea Alzate Ortega y Nubia Estela Alonso Carvajal, quienes reclamaban el
derecho en calidad de compañeras permanentes del causante, por existir
convivencia simultánea.
6. Luz Andrea Alzate Ortega presentó recursos de reposición y apelación contra
la anterior decisión, los cuales fueron negados mediante resoluciones núm. RDP
048874 del 21 de octubre de 2013 y RDP 034045 del 7 de noviembre de 2014.
7. Posteriormente, la UGPP expidió la Resolución núm. RDP 001552 del 20 de
enero de 2016, mediante la cual negó el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional nuevamente reclamado por la señora Alzate Ortega.
8. La señora Luz Andrea Alzate Ortega presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, con el objeto
de que se declarara la nulidad de las resoluciones núm. RDP 038637 del 22 de
agosto de 2013, RDP 048874 del 21 de octubre de 2013, RDP 034045 del 7 de
noviembre de 2014, RDP 001552 del 20 de enero de 2016.
9. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Primero Administrativo
de Buga, que, vinculó en calidad de tercera con interés a la señora Nubia Estela
Alonso Carvajal y, por sentencia del 6 de septiembre de 2024, declaró la nulidad
parcial de los actos administrativos que resolvieron sobre el reconocimiento de la
sustitución pensional del señor Jorge Iván Jiménez Escobar, en lo que respecta a
la orden de dejar en suspenso el reconocimiento del beneficiario del 50 % de la
prestación reclamada.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07846-00 (12449)
Accionante: Nubia Estela Alonso Carvajal
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
10.
En consecuencia, la autoridad judicial declaró como beneficiaria del 50 % de la
sustitución de la pensión de vejez del causante a la señora Luz Andrea Alzate
Ortega, sin lugar al reconocimiento a Nubia Estela Alonso Carvajal, al considerar
que no acreditó la convivencia con el causante en los últimos cinco años antes de
su fallecimiento.
11. Inconforme con la anterior decisión, la señora Nubia Estela Alonso Carvajal
presentó recurso de apelación y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por
sentencia del 19 de marzo de 2025, la confirmó.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
12. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:
PRIMERO: TUTELAR: El derecho al acceso a la administración de justicia, debido
proceso, seguridad social y al mínimo vital de la señora NUBIA ESTELA ALONSO
CARVAJAL, vulnerado por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA y por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA.
SEGUNDO: revocar las decisiones de primera y segunda instancia proferidas por los
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA y por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, por vulnerar los derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, debido proceso, seguridad
social y al mínimo vital de la señora NUBIA ESTELA ALONSO CARVAJAL.
TERCERO: conceder el reconocimiento de sustitución pensional de la señora NUBIA
ESTELA ALONSO CARVAJAL.
CUARTO: PRETENSION GENERICA: que el honorable fallador, al revisar el
expediente conceda pretensiones genérica que más beneficie los intereses de la
NUBIA ESTELA ALONSO CARVAJAL 2.
13. Como fundamento de sus pretensiones, la accionante alegó que el Juzgado
Primero Administrativo de Buga vulneró su derecho al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, al tener por no contestada la demanda por no haber
sido presentada a través de apoderado judicial. A su juicio, el juez debió designar
un curador ad litem que la representara, teniendo en cuenta que es una mujer con
pérdida de capacidad laboral del 63.99 %, con un hijo en condición de discapacidad
y sin recursos para contratar un abogado.
14. Además, sostuvo que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
defecto fáctico al no valorar las pruebas testimoniales y documentales que aportó al
proceso, tales como la declaración extra juicio del señor José Domingo Cruz
Cifuentes, las fotografías del funeral del causante y el certificado que demostraba
2
Se transcribe incluso con errores.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07846-00 (12449)
Accionante: Nubia Estela Alonso Carvajal
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
que recibió subsidio familiar hasta el año 2010 por parte de Cofandi Regional Tuluá.
A partir de dichos elementos probatorios, afirmó que era posible concluir que
compartió vida marital con el causante en sus últimos cinco años de vida y que
dependía económicamente de él, por lo cual le asistía el derecho de la sustitución
pensional.
15. Por otro lado, manifestó que no fue notificada de la decisión mediante la cual
el Juzgado Primero de Buga decretó su interrogatorio de parte.
2.3. Trámite procesal
16. El despacho ponente, mediante auto del 15 de diciembre de 20253, admitió la
demanda, negó la medida provisional solicitada consistente en suspender el pago
de la pensión sustitutiva a la señora Luz Andrea Alzate Ortega, ordenó la notificación
autoridades judiciales accionadas, es decir, al Juzgado Primero Administrativo de
Buga y al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y vinculó en calidad de
terceros con interés, a la señora Alzate Ortega y a la UGPP.
2.4. Intervenciones
17. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca4 manifestó que no ha vulnerado
los derechos fundamentales invocados por la actora, en la medida en que, dentro
del proceso ordinario, analizó las pruebas aportadas, las cuales resultaron
suficientes para acreditar la calidad de compañera permanente que reclamaba la
señora Luz Andrea Alzate Ortega respecto del causante.
18. La UGPP5 solicitó que se declarara improcedente o, en su defecto, se negara
la solicitud de amparo, al considerar que las autoridades judiciales accionadas
realizaron un debido análisis de la normatividad aplicable y de las pruebas obrantes
en el expediente. Además, sostuvo que lo pretendido por la actora era hacer uso de
la acción de tutela a modo de tercera instancia del proceso ordinario, sin demostrar
la existencia de un perjuicio irremediable.
19. El Juzgado Primero Administrativo de Buga se limitó a remitir el expediente
digital, sin pronunciarse frente a los hechos y pretensiones que motivaron la
interposición de la solicitud de amparo.
20. Los demás vinculados guardaron silencio.
3
Samai, índice 4, certificado 362F53AC0F07DBFE 1E5EA349F2E8245C 200DFBA9875764F7 E744D84BA83987C3.
4
Samai, Incide 16, certificado 34CB03CF7F09B113 38401C856E63A13D 7CBB8D1485E3BF7B E9E1BFA65A6643B1.
5
Samai, índice 12, certificado 3768119B54D8BE16 C2666859DB6F413F 8BDB60E4049134A5 A1274A4B210D3BF7.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07846-00 (12449)
Accionante: Nubia Estela Alonso Carvajal
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
3. Consideraciones
3.1. Competencia
21. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Nubia Estela Alonso Carvajal contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Primero Administrativo de
Buga.
3.2. Cuestión preliminar
22.
Antes de estudiar el cumplimiento de los requisitos generales en el caso
concreto, es preciso advertir que la señor Nubia Estela Alonso Carvajal presentó
recurso de reposición en contra del auto admisorio del 15 de diciembre de 2025,
bajo el argumento de que debía decretarse la medida cautelar solicitada.
23. La Sala procederá a resolver dicho asunto en la presente providencia, en
atención a los principios de prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad
y eficacia contenidos en el artículo 3 del Decreto 2591 de 1991 que rigen este
mecanismo constitucional.
3.2.1. Recursos en trámites de tutela
24. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el único instrumento
establecido para cuestionar las decisiones adoptadas por los jueces de tutela es la
impugnación contra el fallo de primera instancia, por lo que no resulta procedente
ningún recurso contra las decisiones que se adopten en un trámite de tutela o en el
curso de los incidentes que se adelantan con posterioridad.
25. Lo anterior, por cuanto la finalidad de la acción de tutela es la protección pronta
de los derechos fundamentales que se invocan como vulnerados y que solo se logra
con una decisión célere a través de un trámite sumario que, por lo mismo, no puede
someterse a los mecanismos propios de los procesos ordinarios, de lo contrario, se
desconocería el carácter especial del juicio de amparo6 en el que, en palabras de la
Corte Constitucional no caben el ritualismo ni el tecnicismo7.
26. Sobre el punto, la Corte Constitucional8 explicó en un principio lo siguiente:
[…] 1. El juez de tutela no puede remitirse al estatuto procesal civil cuando lo desee
y para lo que quiera; al respecto la norma del Decreto 306 de 1992 invocada por el
Tribunal es muy precisa:
‘Artículo 4° - De los principios aplicables para interpretar el procedimiento previsto
por el Decreto 2591 de 1991. Para la interpretación de las disposiciones sobre el
6 Corte Constitucional, sentencia T-298 de 2023.
7 Corte constitucional, sentencia T-162 de 1997.
8 Corte Constitucional, Sentencia T - 162 de 1997.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07846-00 (12449)
Accionante: Nubia Estela Alonso Carvajal
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán
los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello que no
sean contrarios a dicho decreto.
En primer lugar, es claro que la norma no permite aplicar cualquier disposición del
Código citado al trámite de la tutela; la remisión únicamente puede hacerse a los
principios generales. Y en segundo lugar, la aplicación de dichos preceptos sólo será
posible en la medida en que no sean contrarios a lo dispuesto en el Decreto 2591 de
1991. Por lo tanto, no es plausible considerar que el artículo invocado por el Tribunal
sea el sustento para que unas normas del Estatuto mencionado, que consagran un
recurso procesal, sean aplicadas al trámite de la tutela.
[…]
Así pues, por un lado, al ser la impugnación diferente de la apelación, no hay razón
para que el recurso de queja que procede contra el auto que niega la segunda de
estas figuras procesales, tenga que proceder contra el auto que niega la primera. Y
por otro, si se acepta que son diferentes, pero se insiste en que son figuras parecidas,
las similitudes que se encuentren entre ellas no son argumentos suficientes para
justificar aplicaciones analógicas, pues las diferencias entre una y otra institución
procesal se deben, no sólo a las características propias de cada una de ellas, sino
básicamente, a lo disímiles que son los procesos a los que pertenecen
respectivamente […]».
27. Más adelante, la Corte reiteró su criterio sobre la improcedencia de los
recursos ordinarios en sede de tutela, así:
Por ello, el trámite de esta acción es, conforme a su regulación por el Decreto 2591
de 1991 desprovisto de las formalidades propias de los procesos que se adelantan
ante las distintas ramas de la jurisdicción del Estado.
Ello significa, entonces, que no resulta admisible extender por analogía todas las
normas del Código de Procedimiento Civil al trámite de la acción de tutela, pues de
esa manera podría darse a la misma un tratamiento similar al de cualquier proceso
civil, pese a que la Constitución exige para ella un procedimiento “sumario”, esto es
simplificado, breve, donde no es posible ni la admisión de todos los incidentes que si
lo serían en un proceso civil o en un proceso contencioso-administrativo, como
tampoco son de recibo los recursos no expresamente previstos en el Decreto 2591
de 1991 […]9.
28. En consecuencia, la Sala rechazará por improcedente el recurso de reposición
que presentó el la señora Nubia Estela Alonso Carvajal en contra del auto admisorio
del 15 de diciembre de 2025.
3.3. Legitimación en la causa
29. La legitimación en la causa por activa de la señora Nubia Estela Alonso Carvajal
está acreditada, porque estuvo vinculada en calidad de tercera con interés en el
proceso que en el que fueron expedidas las providencias que, a su juicio,
desconocieron sus derechos fundamentales.
9 Corte Constitucional, Auto 270 de 2002.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07846-00 (12449)
Accionante: Nubia Estela Alonso Carvajal
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
30.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y del Juzgado Primero Administrativo de Buga,
debido a que fueron las autoridades que profirieron las sentencias objeto de tutela.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
31. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado10 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional11.
32.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
33. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales12 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
34. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución13.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
13
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07846-00 (12449)
Accionante: Nubia Estela Alonso Carvajal
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
3.5. Problema jurídico
35. En primer lugar, la Sala verificará si la acción de tutela supera el requisito de
inmediatez. De estar superado el mencionado requisito, corresponde establecer si
¿la sentencia del 19 de marzo de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca que, a su vez, confirmó la providencia del 6 de septiembre de 2024
proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Buga, incurrió en defecto fáctico
y, por lo tanto, vulneró los derechos fundamentales invocados por la actora?
3.5.1. Requisito de inmediatez
36. El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela se puede
presentar en cualquier momento y lugar, pues su finalidad es la protección inmediata
de los derechos fundamentales, también es cierto que se debe ejercer dentro de un
plazo razonable, según las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto,
para asegurar la protección oportuna del derecho vulnerado. De lo contrario, la
urgencia y la necesidad de intervención del juez de tutela quedarían desvirtuadas.
37. Por otra parte, cuando la solicitud de tutela se presenta en contra de una
providencia judicial, el requisito de inmediatez se traduce en una garantía de
seguridad jurídica y de los intereses de terceros, pues la sentencia que se cuestiona
previamente ha definido un litigio y una situación jurídica en particular.
38. Al respecto, se debe precisar que la Sala Plena del Consejo de Estado14 explicó
que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando la solicitud de amparo
se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran en juego
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por lo anterior, esta corporación,
como regla general, consideró que, para que el ejercicio de la acción de tutela se
efectuara en un plazo razonable, se debía presentar la tutela dentro de los seis
meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia reprochada.
39. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que el requisito de
inmediatez se supera cuando «[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración»15.
3.6. Caso concreto
40. En el caso bajo estudio, la señora Nubia Estela Alonso Carvajal pretende que
se deje sin efectos las sentencias del 6 de septiembre de 2024 y 19 de marzo de
2025, proferidas, respectivamente, por el Juzgado Primero Administrativo de Buga
y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 76111-33-33-001-2018-
00239-01.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado
No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
15 Corte Constitucional SU-055 de 2018, criterio reiterado en sentencia T-352 de 2022.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07846-00 (12449)
Accionante: Nubia Estela Alonso Carvajal
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
41.
Al examinar el expediente ordinario en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI,
se observa que la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca se notificó a las partes el 28 de marzo de 202516 y cobró ejecutoria el 4 de
abril de 2025; no obstante, el escrito de tutela fue presentado hasta el 9 de
diciembre de 202517.
42. Lo dicho da cuenta que entre la ejecutoria de la sentencia que, según la
accionante vulneró sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración
de justicia, a la seguridad social y al mínimo vital, y el ejercicio de la acción de tutela,
transcurrieron más de 8 meses, de manera que se superó el plazo razonable para
acudir ante el juez constitucional.
43. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que el requisito de
inmediatez se supera cuando «[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración»18, que el caso concreto claramente fue la sentencia del 19 de marzo
de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Respecto a
este punto, cabe recordar que el Consejo de Estado ha sostenido en los casos de
acciones de tutela contra providencias judiciales que el plazo razonable se cuenta
«[…] a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso […]»19.
44. En este punto, es pertinente advertir que, en lo que respecta a la acción de
tutela en contra de providencias judiciales, el análisis del requisito de la inmediatez
debe ser estricto, con el fin de no desconocer los principios de seguridad jurídica y
cosa juzgada, pues las decisiones judiciales no pueden mantenerse en la
incertidumbre indefinidamente, por lo que resulta necesario establecer un plazo
razonable para su interposición. En este sentido, la jurisprudencia es diáfana al
determinar que la eventual afectación que surge de una providencia ocurre cuando
la parte tiene conocimiento de esta, lo que resulta identificable desde el trámite en
que se perfecciona su notificación y ejecutoria.
45. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda
derivar de las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales accionadas una
vulneración actual o permanente de sus derechos fundamentales, pues se trata de
actuaciones que resolvieron la situación jurídica por la tutelante al interior del
proceso con efecto inmediato y no de forma continuada en el tiempo.
46. En concreto, se advierte que la actora tuvo pleno conocimiento de la resolución
del litigio una vez le notificaron la sentencia del 19 de marzo de 2025, por lo que a
partir de su ejecutoria iniciaba el tiempo para acudir a la acción de tutela,
oportunamente, en procura de sus intereses. Así pues, se debe resaltar que la
16
Samai, exp. núm. 76111-33-33-001-2018-00239-01, índice 15.
17 Samai, índice 2, certificado C52153539389CBCD 754056C084DCC026 3EBE0CF13225CD67
C1F23C6F694796E3.
18
Corte Constitucional SU-055 de 2018.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado núm. 11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07846-00 (12449)
Accionante: Nubia Estela Alonso Carvajal
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
naturaleza de este mecanismo constitucional exige que quien acuda a la acción
constitucional lo haga en un término perentorio para garantizar la protección
inmediata de los derechos invocados.
47. Conviene recordar que, según los hechos y pretensiones expuestos en el
escrito de tutela, la parte actora cuestionó las sentencias del 6 de septiembre de
2024 y 19 de marzo de 2025, proferidas, en su orden, por el Juzgado Primero
Administrativo de Buga y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por lo que
el término de la inmediatez debía analizarse a partir de la ejecutoria de esta última,
dado que fue la decisión que resolvió de forma definitiva el proceso ordinario en el
que estuvo vinculada la aquí accionante.
48.
Aunado a lo expuesto, la Sala pone de presente que la parte actora, en el escrito
de tutela, no manifestó ningún motivo o hecho concreto que le haya impedido ejercer
oportunamente este medio de defensa judicial, y que se convierta en
desproporcionada la exigencia del agotamiento de este requisito de procedencia de
la acción constitucional. En tal sentido, no se encuentra justificada la interposición
tardía de la solicitud de amparo constitucional.
4. Conclusión
49.En consecuencia, dado que la acción de tutela que presentó la señora Nubia
Estela Alonso Carvajal no superó el requisito de procedibilidad de inmediatez, esta
Subsección la declarará improcedente.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Primero: Rechazar por improcedente el recurso de reposición interpuesto por la
actora contra el auto del 15 de diciembre de 2025, por los motivos expuestos en
esta providencia.
Segundo: Declarar improcedente la tutela que presentó la señora Nubia Estela
Alonso Carvajal en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el
Juzgado Primero Administrativo de Buga, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07846-00 (12449)
Accionante: Nubia Estela Alonso Carvajal
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace.
11
Sigue leyendo
Lee la providencia completa en RuleX
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.