Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07849-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07849-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07849-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Alvis Norelys Peñaranda Rodríguez y otros.
Parte accionada: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07849-00.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Santa Marta y el
Tribunal Administrativo del Magdalena.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. El señor Alvis Norelys Peñaranda Rodríguez y su núcleo familiar, en
ejercicio del medio de control de reparación directa presentaron demanda
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional,
con el fin de que fuese declarada administrativa y patrimonialmente
responsable de los perjuicios causados por el uso desproporcionado de la
fuerza que ocasionó la muerte de Breiner Enrique Fontalvo Peñaranda.
1.2. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Santa Marta,
mediante providencia de 11 de junio de 2024, negó las pretensiones de
la demanda, al considerar que se configuró la eximente de
responsabilidad extracontractual de culpa exclusiva de la víctima toda
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vez que el “[…] hoy occiso FONTALVO PEÑARANDA […] ante la orden
de detenerse por parte del EJÉRCITO NACIONAL, habría actuado de
manera imprudente, al oponerse a la misma […]”.
1.3. Contra la decisión de primera instancia la parte demandante del
medio de control de reparación directa presentó recurso de apelación.
1.4. El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante decisión de 3 de
septiembre de 2025, confirmó la sentencia de primera instancia, al
considerar que “[…] al concurrir la exterioridad, la imprevisibilidad y la
irresistibilidad del hecho, el comportamiento desplegado por la víctima se
erige en la causa exclusiva y determinante del resultado fatal, lo que
rompe el nexo causal y excluye la imputación jurídica del daño al Estado
[…]”.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que las autoridades accionadas incurrieron en
defecto sustantivo toda vez que las decisiones que hoy son cuestionadas
fueron tomadas bajo una interpretación irrazonable y desproporcionada
porque era más que evidente “[…] que hubo exceso de fuerza y desproporción
en la misma, respecto de la situación o la posible agresión […]”.
Sostuvieron que las accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al
resolver el caso bajo la tesis de causal eximente de responsabilidad y no
aplicar de manera imparcial y objetiva los lineamientos trazados por la
jurisprudencia vigente.
Señalaron que se desconoció el precedente horizontal porque el mismo
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Santa Marta declaró
patrimonialmente responsable a la entidad demandada por hechos similares,
como fue en el caso de reparación directa dentro del proceso “[…] IBETH
MERCEDES MANJARRES VARELA Y OTROS contra NACIÓN —
MINISTERIO DE DEFENSA — POLICÍA NACIONAL. RADICACIÓN: 47001 -
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3333-004 - 2016— 00221 —00 […]”, en el que reconoció que “[…] El proyectil
fue disparado por un soldado campesino, en servicio activo, quien de acuerdo
con los informes oficiales se encontraba cumpliendo órdenes de vigilancia y
control en el municipio […]”.
Refirieron que el Tribunal Administrativo del Magdalena igualmente
desconoció la sentencia de 22 de septiembre de 2021 proferida por esa misma
autoridad judicial en la que señaló “[…] que el Agente de Policía le disparó al
señor Javier Cabana Viloria cuando este se encontraba de espalda […]”, razón
por la cual “[…] la conducta desplegada por los Agentes de Policía no comporta
el objetivo de la Fuerza Pública de proteger la integridad de las personas, por
lo cual el uso de sus armas de dotación debe ser la última medida a adoptar
[…]”.
Indicaron que las autoridades accionadas también desconocieron el
precedente vertical porque el Consejo de Estado en sentencia de 22 de abril
de 2022 dentro del proceso de reparación directa con número de radicación
“[…] 760012331000200603684 01 (53.762). Consejero ponente: JOSÉ
ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ […] declaró patrimonialmente responsable a
la entidad demandada […]”.
Asimismo, trajeron a colación otra sentencia del Consejo de Estado de “[…]
veinticinco (25) de octubre de dos mil diecinueve (2019) del CONSEJO DE
ESTADO, dentro de la reparación directa de Teresita Tique Leal y otros contra
la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y otro. RADICACIÓN:
73001-23-31-000-2011-00462-01 (46256). Consejera ponente: MARÍA
ADRIANA MARÍN. En este caso, se declaró patrimonialmente responsable a
la entidad demandada y se puede identificar los siguientes hechos,
fundamentos jurídicos y decisiones judiciales, que lo hacen sustancialmente
igual al caso de marras, porque la víctima fallece por acción directa de un
miembro de la fuerza pública, con arma de dotación oficial y mientras esta se
encontraba de espaldas […]”.
Concluyeron que las autoridades accionadas vulneraron el precedente toda
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vez que no aplicaron los criterios de legalidad, en cuanto los principios básicos
sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego.
Finalmente, señalaron que las accionadas incurrieron en defecto fáctico
porque optaron por “[…] acoger un criterio restrictivo, irrazonable y
desproporcionado, en relación con los hechos acaecidos, los cuales se
hubieran podido resolver desde un prisma garantista del derecho a la vida y
de los derechos humanos, pero, por el contrario, se prefirió justificar lo que
viene siendo una ejecución extrajudicial […]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1) Sírvase los Honorables Magistrados del Consejo de Estado,
amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de
igualdad, a mis poderdantes y a quienes se constituyeron como parte
demandante en el proceso de Reparación Directa, que motivó la
interposición de la presente acción de tutela, derechos que les fueron
conculcados, a causa de la expedición de la sentencia de primera
instancia del once (11) de junio de 2024 del JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA y de la sentencia
de segunda instancia del tres (03) de septiembre de dos mil veinticinco
(2025) del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, dentro del
proceso seguido por ALVYS NORELYS PEÑARANDA RODRIGUEZ Y
OTROS, en contra de la NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE
DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL. RADICADO N° 47-001-3333-004-
2016-00137-01; de acuerdo con lo expuesto en esta solicitud.
2. En consecuencia, sírvase los Honorables Magistrados del Consejo de
Estado, dejar sin efectos, la sentencia de segunda instancia del tres (03)
de septiembre de dos mil veinticinco (2025) del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, dentro del proceso seguido por
ALVYS NORELYS PEÑARANDA RODRIGUEZ Y OTROS, en contra de
la NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL. RADICADO N° 47-001-3333-004-2016-00137-01, de
acuerdo con lo expuesto en esta demanda de tutela.
3) Sírvase los Honorables Magistrados del Consejo de Estado, ordenar al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, que, en un término
prudencial, a partir de la notificación de la providencia que resuelva esta
tutela, emita una nueva sentencia, dentro del proceso seguido por ALVYS
NORELYS PEÑARANDA RODRIGUEZ Y OTROS, en contra de la
NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL. RADICADO N° 47-001-3333-004-2016-00137-01, teniendo
en cuenta las consideraciones que disponga el H. Consejo de Estado, en
especial, que no se declare procedente la excepción de culpa exclusiva
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de la víctima y que se tenga en cuenta los precedentes jurisprudenciales
y, en general, las pautas que el Alto Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, a bien tenga ordenar en su decisión constitucional […]”.
[negrillas originales del texto].
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Mediante auto de 26 de enero de 2026, se admitió la presente acción de tutela
y se vinculó a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, a
los señores Marisol Fontalvo García Rogelio, Antonio Penaranda Iguarán,
Rosa Ubaldina Rodríguez Robles, Eraldis Rafael Peñaranda Rodríguez, Kelis
Madael Peñaranda Rodríguez, Yeimis Janeth Peñaranda Rodríguez y
Meribeth Yurani Mena Polo, en calidad de terceros con interés directo en el
resultado del proceso.
III. INTERVENCIONES
1. El Tribunal Administrativo del Magdalena manifestó que lo pretendido por la
parte accionante es reabrir un debate probatorio y jurídico ya surtido en dos
instancias, con el propósito de que se reemplace el criterio adoptado por el
juez natural bajo la figura del presunto desconocimiento del precedente.
Señaló que la acción de tutela no puede convertirse en una tercera instancia
ni en un mecanismo alternativo para controvertir decisiones desfavorables,
razón por la cual solicitó negar el amparo deprecado por la parte actora.
2. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva toda vez que
no vulneró ningún derecho fundamental de la parte accionante dentro del
medio de control de reparación directa.
3. La Policía Nacional manifestó que carece de legitimación en la causa por
pasiva porque esa entidad no fue parte dentro del medio de control de
reparación directa, razón por la cual solicitó su desvinculación.
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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Cuestión previa
La Sala advierte que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional y la Policía Nacional solicitaron su desvinculación del presente
trámite de tutela.
La Sala considera que, comoquiera que la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional fungió como parte procesal dentro del proceso
objeto de estudio identificado con el radicado núm. 47001-33-33-004-2016-
00137-00/01, se concluye que le asiste interés directo en la decisión de la
acción constitucional de la referencia, razón por la que se le negará la solicitud
de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
Ahora bien, respecto de la solicitud de desvinculación presentada por la Policía
Nacional la Sala considera que se accederá a ella toda vez que se observa
que dicha entidad no fungió como sujeto procesal dentro del proceso en el que
se profirieron las sentencias cuestionadas por esta vía constitucional.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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3. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:
B) Determinar si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante.
4. Caso concreto
4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
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El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.
4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
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Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrieron las autoridades accionadas no devela que
el presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental,
sino, únicamente, frente a la mera inconformidad con las decisiones adoptadas
en el marco del medio de control de reparación directa con radicación núm.
47001-33-33-004-2016-00137-00/01.
Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que las autoridades judiciales hayan incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.
Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está asociada
a que las autoridades accionadas desconocieron el precedente y se apartaron
de las reglas jurisprudenciales aplicables a los eventos de daño producido con
armas de dotación oficial y acogieron un criterio poco garantista, irrazonable y
desproporcionado en relación con los hechos ocurridos y con lo cual quedaba
demostrado que el fallecimiento del señor Breiner Enrique Fontalvo Peñaranda
fue debido al “[…] abuso de la fuerza y uso desmedido de la misma […]”,
circunstancia que se traduce en la reapertura de un asunto que ya fue resuelto
por el juez natural de la causa judicial.
Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta trasgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con las decisiones adoptadas por las autoridades
accionadas como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so
pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio de su
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naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez
natural.
Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DESVINCULAR del presente trámite a la Policía Nacional, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
QUINTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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