Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07849-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07849-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07849-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
22 de mayo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07849-01
Accionantes: Alvis Norelys Peñaranda y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07849-01
Accionantes: Alvis Norelys Peñaranda Rodríguez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo. Requisitos de
procedencia de la tutela contra providencia judicial. Improcedencia - Relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 26 de febrero de 2026 por el Consejo de Estado-Sección Primera, mediante
la cual se declaró la improcedencia por falta de relevancia constitucional y de legitimación
en la causa por pasiva.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Alvis Norelys Peñaranda Rodríguez, Rubén Fontalvo Ariza, Luis Miguel Pineda
Peñaranda, Tatiana Paola Montenegro Peñaranda, Sandra Milena Peñaranda
Rodríguez, Rubén Darío Fontalvo Peñaranda, Jader Gabriel Fontalvo Peñaranda, Elsi
Rubiela Fontalvo Peñaranda, Rosa Ubaldina Rodríguez Robles, Elis Noralba Peñaranda
y Meribeth Yurani Mena Polo quien actúa en nombre propio y en representación del
menor Juan David Fontalvo Mena, por conducto de apoderado judicial, formularon acción
de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad, los cuales consideran vulnerados por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena,
con ocasión de las sentencias proferidas el 11 de junio de 2024 y 3 de septiembre de
2025, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa identificado con
el radicado 47001-3333-004 2016-00137-00/01
2. Hechos
Del escrito de tutela1 y de los documentos allegados al expediente se desprenden los
siguientes supuestos fácticos:
1 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia, certificado C2EB12B9229F9CDE 51618CFA4F1C5255
7F0B00EE280C8765 919246C649119C4C.
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Accionantes: Alvis Norelys Peñaranda y otros
2.1. El 17 de marzo de 2016, Breiner Enrique Fontalvo Peñaranda falleció, luego de,
presuntamente, evadir un puesto de control del Ejército Nacional. Según lo expuesto en
el trámite ordinario, el soldado Caro Castellar inició una persecución y accionó su arma
de dotación, debido a que el señor Fontalvo Peñaranda emprendió la huida y al parecer
extrajo de su cintura un arma de fuego con la que apuntó al uniformado. Posteriormente,
se estableció que dicho elemento correspondía a un arma de fulminantes.
2.2. La señora Alvis Norelys Peñaranda Rodríguez y su núcleo familiar promovieron
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación-
Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, con el fin de que se declarara su responsabilidad
patrimonial y administrativa por la muerte de Breiner Enrique Fontalvo Peñaranda, al
considerar que se presentó un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los
agentes estatales.
2.3. Mediante sentencia del 11 de junio de 2024, el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Santa Marta negó las pretensiones de la demanda, al concluir que no se
acreditó el nexo causal, debido a la configuración de la causal eximente de
responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima.
2.4. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación.
Sostuvo que el hecho dañoso no resultaba inevitable para el soldado que accionó el arma
de fuego, pues el disparo impactó a la víctima por la espalda, circunstancia que, a su
juicio, desvirtuaba la espontaneidad de la reacción. En ese sentido, afirmó que existían
medios menos lesivos para neutralizar la situación, tales como la inmovilización del señor
Fontalvo Peñaranda.
Asimismo, argumentó que la vida del uniformado no estuvo realmente en peligro, dado
que la víctima nunca desplegó una agresión bélica ni accionó arma de fuego alguna.
Reprochó, además, que el fallo de primera instancia omitiera pronunciarse sobre el
presunto uso indebido y desproporcionado de las armas de fuego por parte del agente
estatal, pese a la existencia, según afirmó, de precedentes del mismo despacho judicial
contenidos en las sentencias del 15 de agosto de 2023 (rad. 47-001-3333-007-2017-
00403-00) y del 19 de febrero de 2020 (rad. 47001-3333-004-2016-00221-00).
La parte demandante insistió en que no se configuraba un escenario de legítima defensa,
toda vez que la víctima no portaba un arma de fuego real ni efectuó disparo alguno. Bajo
esa premisa, sostuvo que no existía agresión injusta que justificara el uso letal de la
fuerza y que, en todo caso, los uniformados pudieron haber realizado disparos de
advertencia o proceder a la inmovilización del ciudadano. Del mismo modo, cuestionó la
proporcionalidad entre la agresión atribuida a la víctima, que consistió, presuntamente,
en un golpe propinado al militar, y la reacción desplegada mediante el uso de un fusil de
dotación oficial.
Por otra parte, señaló presuntas contradicciones en las versiones rendidas por los
miembros de la fuerza pública. Particularmente, indicó que no existía certeza probatoria
acerca de que el señor Breiner Enrique Fontalvo Peñaranda portara el dispositivo de
fulminantes, debido a que dicho elemento no aparecía en el registro fotográfico practicado
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Accionantes: Alvis Norelys Peñaranda y otros
durante la diligencia de levantamiento del cadáver. Igualmente, cuestionó que el soldado
hubiera afirmado haber retirado el arma del lugar de los hechos, pues, de ser cierto, ello
habría alterado la escena y comprometido la integridad de los elementos materiales
probatorios. Añadió que el dispositivo fue incautado a Francisco Javier Gaviria Cantillo y
no entregado directamente por miembros del Ejército Nacional. Finalmente, planteó
inconsistencias entre las declaraciones rendidas por el cabo Manotas Lerma y la presunta
víctima del hurto.
2.5. Mediante sentencia del 3 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del
Magdalena confirmó la decisión de primera instancia, al considerar acreditada la causal
eximente de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
La parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a
la igualdad. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1) Sírvase los Honorables Magistrados del Consejo de Estado, amparar los
derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de igualdad, a mis
poderdantes y a quienes se constituyeron como parte demandante en el proceso de
Reparación Directa, que motivó la interposición de la presente acción de tutela,
derechos que les fueron conculcados, a causa de la expedición de la sentencia de
primera instancia del once (11) de junio de 2024 del JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA y de la sentencia de
segunda instancia del tres (03) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) del
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, dentro del proceso seguido por
ALVYS NORELYS PEÑARANDA RODRIGUEZ Y OTROS, en contra de la NACIÓN
COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL. RADICADO
N° 47-001-3333-004 2016-00137-01; de acuerdo con lo expuesto en esta solicitud.
2) En consecuencia, sírvase los Honorables Magistrados del Consejo de Estado,
dejar sin efectos, la sentencia de segunda instancia del tres (03) de septiembre de
dos mil veinticinco (2025) del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA,
dentro del proceso seguido por ALVYS NORELYS PEÑARANDA RODRIGUEZ Y
OTROS, en contra de la NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL. RADICADO N° 47-001-3333-004-2016-00137-01, de
acuerdo con lo expuesto en esta demanda de tutela.
3) Sírvase los Honorables Magistrados del Consejo de Estado, ordenar al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, que, en un término prudencial, a partir de la
notificación de la providencia que resuelva esta tutela, emita una nueva sentencia,
dentro del proceso seguido por ALVYS NORELYS PEÑARANDA RODRIGUEZ Y
OTROS, en contra de la NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL. RADICADO N° 47-001-3333-004-2016-00137-01, teniendo
en cuenta las consideraciones que disponga el H. Consejo de Estado, en especial,
que no se declare procedente la excepción de culpa exclusiva de la víctima y que se
tenga en cuenta los precedentes jurisprudenciales y, en general, las pautas que el
Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a bien tenga ordenar en su decisión
constitucional”. (Negritas en el texto).
Para sustentar su solicitud, alegó la configuración de los siguientes defectos.
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Accionantes: Alvis Norelys Peñaranda y otros
3.1. Desconocimiento del precedente. La parte actora alegó el desconocimiento tanto
del precedente horizontal como del vertical, sostuvo que las autoridades judiciales
accionadas no cumplieron la carga argumentativa de transparencia exigida por la Corte
Constitucional en la sentencia T-446 de 2013.
En relación con el precedente horizontal, arguyó que las autoridades accionadas
desconocieron las sentencias proferidas el 19 de febrero de 2020 y el 15 de agosto de
2023 por el mismo juzgado accionado, posteriormente confirmadas por el Tribunal
Administrativo del Magdalena2. Según explicó, en dichos asuntos concurrían supuestos
fácticos semejantes, pues las víctimas fallecieron por disparos efectuados por miembros
de la fuerza pública mediante armas de dotación oficial, mientras se encontraban de
espaldas y sin haber desplegado una agresión armada efectiva. No obstante, en aquellos
casos se concluyó que existió un uso desproporcionado de la fuerza estatal.
La parte actora reprochó que las providencias cuestionadas omitieran analizar que la
víctima recibió el impacto por la espalda, circunstancia que, en su criterio, resultaba
determinante para valorar la proporcionalidad de la reacción estatal. Asimismo, resaltó
que el señor Fontalvo Peñaranda no portaba un arma de fuego real.
Frente al precedente vertical, invocó varias providencias del Consejo de Estado 3 en las
cuales, según indicó, se analizaron supuestos fácticos análogos relacionados con el uso
letal de la fuerza por parte de agentes estatales frente a personas que huían de
procedimientos de requisa o control, sin que existiera una agresión armada real o
inminente. En esos asuntos, el Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial
del Estado al considerar que el empleo de armas de fuego debía constituir el último
recurso y estar sujeto a criterios de necesidad y proporcionalidad.
Manifestó que había alegado esta circunstancia en la demanda al argumentar que existió
fuerza excesiva, pues la víctima pudo haber sido inmovilizada por los soldados que
integraban el puesto de control. Por otro lado, se resaltó del precedente invocado que el
actuar imprudente de la víctima no constituía una agresión inminente y urgente que
ameritaba el uso de las armas de fuego.
Con fundamento en ello, sostuvo que el tribunal accionado resolvió el caso bajo una tesis
incompatible con la línea jurisprudencial vigente, al concluir que se configuró la culpa
exclusiva de la víctima sin aplicar, de manera objetiva e imparcial, los criterios
jurisprudenciales relativos al uso proporcional de la fuerza. Afirmó, además, que dicha
decisión vulneró el derecho a la igualdad y el principio de confianza legítima derivados
de la obligatoriedad del precedente judicial.
3.2. Defecto sustantivo. La parte actora sostuvo que las decisiones cuestionadas
incurrieron en defecto sustantivo, al fundarse en una interpretación irrazonable y
2 Sentencia del 22 de septiembre de 2021, Rad. 47001-3333-004-2016-00221-00/01 y sentencia del 14 de febrero de
2024, Rad. 47001-3333-004-2016-00221-00/01
3
Sentencias del 22 de abril de 2022, rad. 760012331000200603684 01 (53.762), MP. José Roberto Sáchica Méndez;
25 de octubre de 2019, rad. 73001 23-31-000-2011-00462-01 (46256). M.P. María Adriana Marín; 29 de mayo de 2014
rad. 05001-23-31-000-2000-4596-01 (29882), M.P. Ramiro Pazos Guerrero; 26 de mayo de 2016, rad.
760012331000200800142-01, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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Accionantes: Alvis Norelys Peñaranda y otros
desproporcionada acerca de la reacción desplegada por los miembros de la fuerza
pública. A su juicio, del material probatorio se desprendía que existió un uso excesivo de
la fuerza frente a una situación que no comportaba una amenaza real e inminente para
la vida o integridad del uniformado.
En particular, cuestionó que se hubiese considerado proporcionado el disparo efectuado
por la espalda frente a la supuesta agresión atribuida a la víctima, consistente en un golpe
propinado al soldado. Reiteró que el señor Fontalvo Peñaranda no portaba un arma de
fuego real y que el uso de la fuerza letal debía constituir el último recurso al alcance de
los agentes estatales. Asimismo, afirmó que los militares no actuaron conforme a los
protocolos institucionales, pues, dada su superioridad numérica, pudieron inmovilizar al
civil e impedir su huida.
Adicionalmente, sostuvo que no se configuraban los presupuestos de la legítima defensa,
por cuanto no existió agresión ilegítima, actual o inminente que pusiera en peligro la vida
o integridad del soldado Caro Castellar. En esa medida, consideró que la reacción
armada no resultaba necesaria ni proporcional.
3.3. Defecto fáctico, se argumentó que las accionadas incurrieron en defecto fáctico en
el análisis sobre la proporción en el uso de la fuerza, puesto que la víctima nunca atacó
bélicamente a los uniformados (no disparó, pues no iba armado). Así entonces, si el
ciudadano ya se había dado a la huida, no debió disparársele, por tanto, el occiso no
representaba una agresión evidente e inminente que diera lugar a ser atacado con
munición oficial. Refiere que el protocolo militar ordena que solamente un miembro del
cuerpo castrense debe disparar contra un civil cuando éste ataca con arma de fuego al
recluta. En esta medida, debió realizar disparos de advertencia a lo sumo.
También fue extralimitada la reacción de los uniformados si se tenía en cuenta que nunca
se pudo tener certeza de si la víctima se hallaba en circunstancia delictivas. Por otro lado,
sobre la legítima defensa, se profundizó en que esta era de tipo subjetivo, puesto que la
agresión había sido imaginaria, supuesta y ficticia, pues el señor Fontalvo Peñaranda no
portaba arma de fuego que pudiese atentar contra la vida del soldado. Refirió que no
existía certeza de que el inmolado hubiera amenazado con sacar un arma, y que se
trataba de un dispositivo lúdico.
Concluyó que los hechos bajo análisis se hubieran podido resolver con un prisma
garantista del derecho a la vida. Sin embargo, “se prefirió justificar lo que viene siendo
una ejecución extrajudicial, más aún si se tiene en cuenta que en casos resueltos por
Consejo de Estado, con hechos similares, los criterios han estado encaminados al
reproche del abuso de la fuerza y uso desmedido de la misma, por lo que no se entiende,
como el tribunal, en este caso, aplicó una óptica contraria y resolvió convalidar una clara
afrenta y violación del derecho a la vida y los derechos humanos.”
La Sala advierte que en otros apartados la parte actora resaltó que existía contradicción
en las versiones consistentes entre la denuncia de quien se declaró víctima del hurto y el
Cabo Edilberto Manotas. Asimismo, que no se pudo determinar que la víctima llevara
consigo el dispositivo fulminante, dado que no aparecía en el registro fotográfico realizado
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Accionantes: Alvis Norelys Peñaranda y otros
al levantamiento del cadáver que el occiso portara el arma. Sumado a que: (i) si el arma
fue removida, hubo aparentemente una alteración de la escena del crimen y (ii) el arma
fue confiscada a Gaviria Cantillo, según los investigadores de campo, y no entregada por
los miembros de la institución militar.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante Auto de 15 de diciembre de 2025 4 el despacho ponente de la Sección
Primera del Consejo de Estado requirió al abogado Matera Ramos para que allegara el
poder que lo facultaba para presentar la acción constitucional en representación de
Meribeth Yurani Mena Polo.
4.2. El abogado Matera Ramos manifestó 5 que a pesar de que era apoderado de la
señora Mena Polo, quien le otorgó poder para el trámite ordinario, a su vez, para
representar al menor Juan David Fontalvo Mena, no había podido establecer contacto
con aquella, por lo que en aras de preservar los derechos fundamentales del menor de
edad en mención, aportó poder suscrito por la abuela del menor, en calidad de agente
oficiosa, lo que indicó era avalado por la jurisprudencia.
4.3. En virtud de lo anterior, por auto del 26 de enero de 20266, el magistrado ponente de
la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela; tuvo como
accionantes a Alvis Norelys Peñaranda Rodríguez (en nombre propio y en representación
del menor Juan David Fontalvo Mena), Rubén Fontalvo Ariza, Luis Miguel Pineda
Peñaranda, Tatiana Paola Montenegro Peñaranda, Sandra Milena Peñaranda
Rodríguez, Rubén Darío Fontalvo Peñ aranda, Jader Gabriel Fontalvo Peñaranda, Elsi
Rubiela Fontalvo Peñaranda, Rosa Ubaldina Rodríguez Robles y Elis Noralba
Peñaranda; estimó como parte accionada al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
de Santa Marta y al Tribunal Administrativo del Magdalena; vinculó a la Nación - Ministerio
de Defensa Nacional - Policía Nacional, Marisol Fontalvo García Rogelio, Antonio
Penaranda Iguarán, Rosa Ubaldina Rodríguez Robles, Eraldis Rafael Peñaranda
Rodríguez, Kelis Madael Peñaranda Rodríguez, Yeimis Janeth Peñaranda Rodríguez y
Meribeth Yurani Mena Polo, como terceros con interés, y reconoció al abogado Matera
Ramos como apoderado de la parte actora.
Surtidas las notificaciones, se recibieron los siguientes informes:
4.4. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Santa Marta7 remitió copia digital del
expediente de reparación directa surtido ante su despacho, sin embargo, no se pronunció
sobre el fondo del asunto.
4 Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado 4E615557C800A108 C13540067250289E
E5E0E94A7792CD3E D25AF1C2FF468A0A.
5 Índice 00008 del expediente digital de primera instancia, certificado
41E2FE8F3A781D57 815D1C4F4C4E1309 E8A2C91CA3179A59 CD2DF39A0B04363C.
6
Índice 00010 del expediente digital de primera instancia, certificado B2308B3C76232ACC 993127EA9F15FA44
781004511AAC7180 47D64A8EDBD5BEB2.
7 Índice 00015 del expediente digital de primera instancia, certificado B196F434CBE2E02F 359CC6A14D62682F
5053C7EC3F1FC685 49829F7C97A5C03B.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07849-01
Accionantes: Alvis Norelys Peñaranda y otros
4.5. La Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional8 solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, así como que se negaran
las pretensiones frente a la entidad, pues no había vulnerado derecho fundamental a la
parte accionante. También señaló que el tutelante no había acreditado los yerros
atribuidos dentro del proceso ordinario.
4.6. La Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional9 pidió su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que no había sido parte
dentro del medio de control de reparación directa.
4.7. El Tribunal Administrativo del Magdalena 10 por conducto de la magistrada Maribel
Mendoza Jiménez, solicitó negar el amparo invocado. Para tal efecto, expuso el trámite
surtido dentro del proceso ordinario y sostuvo que, al momento de resolver el litigio, la
corporación accionada adoptó una decisión fundada en un marco jurídico razonable y
ajustado al ordenamiento vigente.
Precisó que, cuando se trata de daños ocasionados con armas de dotación oficial, el
análisis de responsabilidad estatal se enmarca, por regla general, en el régimen objetivo
de riesgo excepcional. No obstante, advirtió que dicho régimen admite la configuración
de causales eximentes de responsabilidad, entre ellas la culpa exclusiva de la víctima,
siempre que concurran los presupuestos de exterioridad, imprevisibilidad e irresistibilidad,
los cuales, a juicio del tribunal, se encontraban acreditados en el caso concreto.
En ese sentido, afirmó que la providencia cuestionada no se apartó del orden jurídico ni
se sustentó en normas inexistentes o manifiestamente inaplicables. Por el contrario,
indicó que el asunto fue razonablemente subsumido en las reglas jurisprudenciales
relativas a los eximentes de responsabilidad estatal.
Asimismo, resaltó que los reproches formulados en sede de tutela realmente se dirigen a
cuestionar el mérito de la controversia ya decidida, en cuanto la parte actora insiste en
sostener que existió un uso excesivo e indebido de la fuerza. Sin embargo, señ aló que
dicha hipótesis fue descartada en la sentencia acusada, al concluirse que la reacción del
uniformado fue inmediata y consistió en un único disparo dirigido a neutralizar una
amenaza real y actual. Añadió que, dadas las circunstancias de tensión e inmediatez en
las que ocurrieron los hechos, no resultaba razonable exigir al militar que determinara
con certeza si el arma empuñada por la víctima era real o de fogueo.
Respecto del presunto desconocimiento del precedente judicial, precisó que la
providencia cuestionada no se apartó de las reglas jurisprudenciales aplicables al asunto
examinado. Indicó que la absolución de responsabilidad no se fundamentó en la negación
del régimen jurídico correspondiente, sino en la verificación razonada de una causal
eximente que impedía atribuir el daño al Estado. Agregó que tampoco se vulneró el
8 Índice 00016 del expediente digital de primera instancia , certificado 9E55F75B62C55CE8 2C2E0BEE69D0D0D1
B9919B0133A447B0 04DD983066F61D13.
9
Índice 00018 del expediente digital de primera instancia, certificado 2EBAB68C4FE3BCA1 0CAB455963A144B7
62EF71C0B0BF3196 2F0B91D8FCA04DC3.
10 Índice 00020 del expediente digital de primera instancia, certificado BBCEA1A6B44B569F 0C52D1C5BBA41928
D8DC939E5F55303B AC888E0C50995A4B.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07849-01
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precedente horizontal, pues no se identificó una decisión previa análoga que resultara
vinculante para el tribunal ni una regla jurisprudencial uniforme que hubiese sido
desconocida. Por el contrario, sostuvo que la decisión adoptada obedeció a las
particularidades del caso concreto, particularmente a la conducta de la víctima, la cual
fue considerada causa exclusiva y eficiente del resultado dañoso.
De igual forma, manifestó que no se configuró defecto sustantivo alguno por
interpretación irrazonable, arbitraria o caprichosa, toda vez que la sentencia cuestionada
se edificó sobre una valoración coherente del material probatorio y del marco jurídico
aplicable. Señaló que la decisión no se sustentó en inferencias arbitrarias ni en
apreciaciones aisladas, sino en un análisis integral, argumentado y razonable de los
hechos acreditados dentro del proceso, razón por la cual la interpretación judicial
permaneció dentro de los márgenes de autonomía propios de la función jurisdiccional.
Finalmente, concluyó que la acción de tutela refleja una inconformidad con el sentido del
fallo y pretende reabrir el debate jurídico y probatorio ya agotado ante el juez natural, con
el propósito de sustituir el criterio judicial adoptado por el propuesto por la parte
accionante, bajo el ropaje de un supuesto desconocimiento del precedente. En
consecuencia, afirmó que la tutela no puede convertirse en una instancia adicional ni en
un mecanismo para controvertir decisiones judiciales desfavorables.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 26 de febrero de 2026 11, el Consejo de Estado-Sección Primera
negó la solicitud de desvinculación formulada por la Nación -Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional, por el contrario, desvinculó del trámite a la Policía Nacional por no
haber sido parte del proceso ordinario. Por último, declaró la improcedencia de la acción
de tutela por incumplirse el requisito de relevancia constitucional.
En particular, concluyó que la argumentación desarrollada por la parte accionante para
acreditar la supuesta vulneración de los derechos fundamentales no revelaba que el
asunto girara en torno al alcance de un derecho, sino a la simple inconformidad de las
decisiones adoptadas en el proceso ordinario. Concretó que la parte actora no hizo notar
que las autoridades hubieran incurrido en una arbitrariedad judicial, ni explicó por qué su
caso tenía la entidad de interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental, y mucho menos, justificó
razonablemente una afectación desproporcionada de los derechos.
Por otro lado, expuso que la argumentación de la actora más que plantear un asunto de
relevancia constitucional, mostraba una inconformidad con las decisiones adoptadas por
las accionadas como si la tutela fuera un recurso o instancia adicional, lo que no era
procedente so pena de invadir la competencia e independencia del juez natural.
11 Índice 00029 del expediente digital de primera instancia, certificado 758C9E76FEB1D34C D241324F2A44858D
9446504D6DD4FB42 18A32D59D56B5EF4.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07849-01
Accionantes: Alvis Norelys Peñaranda y otros
6. Impugnación12
El apoderado de la parte actora impugnó el fallo del 26 de febrero de 2026. Para
sustentar su inconformidad, reiteró los argumentos expuestos en la solicitud de amparo
y solicitó revocar la decisión de primera instancia, con el fin de que se declarara
procedente la acción de tutela y se efectuara un estudio de fondo de los cargos
formulados. En particular, sostuvo que el a quo constitucional desconoció el derecho de
acceso a la administración de justicia de sus representados.
La Sala advierte que la parte actora estructuró su impugnación sobre cuatro ejes
argumentativos.
En primer lugar, manifestó que sí cumplió con la carga argumentativa exigida para
acreditar el requisito de relevancia constitucional. En ese sentido, cuestionó la conclusión
adoptada en la sentencia de primera instancia y señaló que, en el folio 9 del escrito de
tutela, se expuso que el asunto revestía de relevancia debido a las repercusiones que las
decisiones judiciales cuestionadas tenían sobre los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad de los accionantes, quienes, a su juicio, vieron frustrado su
derecho a obtener reparación. Asimismo, indicó que en el folio 11 del escrito inicial se
explicó que el requisito en mención derivaba del presunto desconocimiento del
precedente judicial y del incumplimiento de la carga de transparencia exigida por la
jurisprudencia constitucional.
Agregó que en la solicitud de amparo también se desarrolló el requisito en comento a
partir de la obligatoriedad del precedente judicial, conforme al artículo 230 de la
Constitución Política, a la jurisprudencia constitucional, al principio de igualdad, al debido
proceso y al principio de buena fe.
Del mismo modo, señaló que el desconocimiento del precedente judicial fue planteado
como una modalidad de defecto sustantivo, en tanto el respeto por las reglas
jurisprudenciales constituye una obligación para todas las autoridades judiciales. En
consecuencia, afirmó que sí se satisfizo la carga argumentativa mínima requerida para
habilitar un pronunciamiento de fondo, pues la tutela no se limitó a invocar de manera
genérica la vulneración de derechos fundamentales. Añadió que también se justificó la
configuración de un defecto sustantivo por interpretación irrazonable y desproporcionada,
dado que, a su juicio, las providencias cuestionadas desbordaron cualquier parámetro de
razonabilidad al valorar la reacción desplegada por los miembros de la fuerza pública y
al aplicar los criterios de exterioridad, imprevisibilidad e irresistibilidad del hecho.
En segundo lugar, debido a que, por el hecho de argumentarse la vulneración del
precedente, debía considerarse cumplido el requisito de relevancia al poder afectarse el
debido proceso e igualdad. En esta línea señaló otros casos en los cuales se había
argumentado el defecto en mención y dado por cumplido el requisito de relevancia
constitucional, casos en los que también había actuado el apoderado de la actora.
12 Índice 00034 del aplicativo SAMAI, certificado 62AAE99B431E2642 4FC2B760195A5AD8 817404D35D12855F
84E21694D1D333B6.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07849-01
Accionantes: Alvis Norelys Peñaranda y otros
Por un lado, aludió a la sentencia del 1 de abril de 2020 (rad. 11001-03-15-000 2020-
00685-00, M.P. Martin Bermúdez), así como a la sentencia del 15 de octubre de 2020,
de segunda instancia en este mismo trámite (M.P. Rocío Araújo Oñate). Con fundamento
en las consideraciones desarrolladas en este último fallo, resaltó que allí se señaló que
cuando se trata de un cargo por desconocimiento del precedente, de no abordarse de
fondo el argumento, se dejaría a la actora en total indefensión. Por otro lado, la sentencia
del 5 de junio de 2025 (radicado 11001031500020230216500, M.P Carmelo Perdomo
Cuéter). Con fundamento en ello, indicó que la matriz utilizada fue la misma al formular
el caso bajo análisis, por lo que “no entendemos cómo ahora se nos declara improcedente
y en las anteriores ocasiones, el asunto fue analizado de fondo”.
En tercer lugar, señaló que el fallo acusado había confundido su solicitud de amparo
constitucional, con un recurso judicial improcedente para la etapa. Agregó que, si bien
buscaba que se dictara un fallo de remplazo, no se podía confundir con la intención de
abrir una instancia adicional, pues lo que se argumentaba en la tutela era la vulneración
al debido proceso, por desbordarse cualquier parámetro de razonabilidad al estudiar la
reacción de los miembros de la fuerza pública que terminaron con la vida de la víctima.
Sumado a que sostener lo anterior, precisó que “no es reabrir el debate procesal, porque
este análisis de violación del debido proceso, por interpretación contraevidente,
claramente irrazonable o desproporcionada, es de creación jurisprudencial de la Corte
Constitucional, que ha establecido que se configura cuando la autoridad judicial
desconoce las disposiciones de rango legal o infralegal aplicables en un caso
determinado y lo ha aplicado muchas veces el Consejo de Estado, en sinnúmeros de
fallos de tutela contra providencias judiciales”. Por último, refirió que se había
desconocido la labor de determinar con exactitud los precedentes vulnerados, de los que
se derivaba la arbitrariedad judicial que el fallo impugnado había extrañado.
Mediante auto del 24 de marzo de 202613, el magistrado ponente del Consejo de Estado-
Sección Primera concedió la impugnación formulada por la parte actora.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y 32 del Decreto
2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, toda vez que
Alvis Norelys Peñaranda, Rubén Fontalvo Ariza, Luis Miguel Pineda Peñaranda, Tatiana
Paola Montenegro Peñaranda, Sandra Milena Peñaranda Rodríguez, Rubén Darío
Fontalvo Peñaranda, Jader Gabriel Fontalvo Peñaranda, Elsi Rubiela Fontalvo
13 Índice 00036 del expediente digital de primera instancia, certificado ACF59A2BDE04DD56 74CA1021920F5D9D
1D69252FB0B845D6 9B74CD0E3D38EF67.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07849-01
Accionantes: Alvis Norelys Peñaranda y otros
Peñaranda, Rosa Ubaldina Rodríguez Robles, Elis Noralba Peñaranda, y el menor Juan
David Fontalvo Mena son titulares de los derechos fundamentales que estiman
vulnerados, en su condición de demandantes dentro del medio de control de reparación
directa con radicado 47-001-3333-004-2016-00137-00/01.
2.2. De igual forma, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva, en
tanto el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Santa Marta fueron las autoridades judiciales que profirieron las decisiones
cuestionadas.
2.3. Previo a abordar el estudio de fondo, la Sala advierte que, si bien la parte actora
cuestionó las decisiones adoptadas en ambas instancias del proceso ordinario, el análisis
se circunscribirá a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en
tanto constituyó la providencia que puso fin a dicha actuación judicial, sin perjuicio de las
referencias que resulten necesarias respecto de las decisiones precedentes.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
26 de febrero de 2026, proferida por el Consejo de Estado-Sección Primera, mediante la
cual se declaró la improcedencia de la tutela.
Para el efecto, es necesario establecer si en el caso en concreto se encuentran
superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente
a los argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200514 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
14 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Accionantes: Alvis Norelys Peñaranda y otros
habilitan la interposición de la tutela 15 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 16.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”17.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía
e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 18.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
15
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela, salvo que se busque evitar que se configure un perjuicio irremediable ; que la petición cumpla con el
requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, en principio, esta
tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se
identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
16 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decis ión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados
16 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño
17 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004
18 Corte Constitucional, SU 573 de 2019
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tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales,
tratándose de una providencia judicial emanada de una alta corte. De manera que la
intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que
el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más
amplio en la sociedad o en el orden jurídico; y iii) la claridad y fundamentación de la
petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 19.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que el asunto bajo estudio no cumple con el requisito de relevancia
constitucional. En consecuencia, confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente el amparo, por las razones que se exponen a continuación.
19 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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Accionantes: Alvis Norelys Peñaranda y otros
5.1. En la acción de tutela se alegó la configuración de tres defectos: (i) desconocimiento
del precedente, tanto horizontal 20 como vertical 21; (ii) sustantivo, por cuanto las decisiones
cuestionadas habrían partido de una interpretación contraevidente, irrazonable y
desproporcionada de los hechos, al concluir que no existió un uso excesivo de la fuerza.
La parte actora sostuvo que no había una amenaza real que justificara el uso del arma
de fuego y que los militares debieron acudir a medidas menos lesivas, como inmovilizar
al civil, dado que lo superaban en número. Asimismo, cuestionó la configuración de la
legítima defensa, al considerar que la víctima no portaba armas ni representaba un riesgo
cierto para la vida o integridad del soldado Caro Castellar; y (iii) fáctico, al considerar que
no se acreditó que la víctima hubiera disparado o representado una amenaza que
justificara el uso letal de la fuerza. Asimismo, en la tutela se argumentó que, conforme a
los protocolos militares, solo procedía disparar contra un civil armado que atacara a un
uniformado, por lo que, en el caso concreto, a lo sumo debieron efectuarse disparos de
advertencia. Asimismo, cuestionó la certeza sobre la conducta delictiva atribuida a la
víctima, la conclusión relativa a la legítima defensa, las contradicciones entre algunos
testimonios y la falta de claridad respecto de los elementos incautados y del arma de
fuego involucrada.
5.2. Por otro lado, en la impugnación, el extremo activo cuestionó la decisión de declarar
improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional. Sostuvo que sí
había sustentado adecuadamente dicho requisito, al advertir una posible vulneración de
los derechos al debido proceso y a la igualdad por desconocimiento del precedente
judicial. Asimismo, afirmó que el juez constitucional confundió la solicitud de amparo con
un recurso ordinario improcedente y reiteró que las decisiones cuestionadas desbordaron
los parámetros de razonabilidad al valorar la actuación de la fuerza pública, sin efectuar
un análisis adecuado de los precedentes presuntamente desconocidos.
5.3. Al respecto, en sentencia del 3 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del
Magdalena fijó que el marco jurídico aplicable al asunto partía de la regla general de
responsabilidad objetiva por el uso de armas de dotación oficial, pero aclaró que éste
admitía el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, siempre que se
demostrara que su comportamiento había sido la causa adecuada, determinante y
exclusiva del daño, con las características de exterioridad, imprevisibilidad e
irresistibilidad. A partir de lo cual se expuso lo que sigue:
“En el presente asunto, la parte demandante solicita que se declare administrativa
y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional por los perjuicios ocasionados con ocasión de la muerte del joven Breiner
Enrique Fontalvo Peñaranda, ocurrida el 17 de marzo de 2016 en el municipio de
Fundación, Magdalena, cuando recibió un impacto de bala propinado por un
soldado del Ejército Nacional en el marco de un procedimiento de control militar.
20 sentencia de 19 de febrero de 2020 del juzgado accionado, confirmada en sentencia del 22 de septiembre de 2021
por el tribunal accionado (rad. 47001-3333-004-2016-00221-00; y sentencia del 15 de agosto de 2023 del juzgado
accionado, confirmada parcialmente por la sentencia del 14 de febrero de 2024 del tribunal accionado (rad. 47 -001-
3333-004-2017-00403-01);
21
Sentencias del 22 de abril de 2022, rad. 760012331000200603684 01 (53.762), MP. José Roberto Sáchica Méndez;
25 de octubre de 2019, rad. 73001 23-31-000-2011-00462-01 (46256). M.P. María Adriana Marín; 29 de mayo de 2014
rad. 05001-23-31-000-2000-4596-01 (29882), M.P. Ramiro Pazos Guerrero; 26 de mayo de 2016, rad.
760012331000200800142-01, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
14
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Accionantes: Alvis Norelys Peñaranda y otros
El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Santa Marta, mediante sentencia
del 11 de junio de 2024, negó las súplicas de la demanda, tras concluir que en el
caso se configuraba el eximente de responsabilidad consistente en la culpa
exclusiva de la víctima, al considerar que el señor Fontalvo Peñaranda desatendió
la orden de detención impartida por la fuerza pública, agredió físicamente a un
soldado y desenfundó un arma —que posteriormente se constató era de fogueo—
, circunstancias que condujeron a la reacción letal del uniformado.
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera
instancia, mediante la cual el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta negó
las pretensiones de la demanda. Sostienen que la decisión desconoce la realidad
fáctica y probatoria del proceso, así como los precedentes jurisprudenciales
aplicables, pues considera demostrado que la muerte de Breiner Enrique Fontalvo
Peñaranda fue consecuencia del uso indebido, arbitrario y desproporcionado de
la fuerza por parte de un soldado del Ejército Nacional, quien disparó con arma de
dotación oficial por la espalda de la víctima, sin que mediara una amenaza real,
actual o inminente. En tal sentido, rechazó la tesis del a quo sobre la configuración
de la culpa exclusiva de la víctima y solicita la revocatoria del fallo apelado para,
en su lugar, declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional y condenarla al pago de los perjuicios reclamados ”.
(subrayado fuera de texto).
Ahora bien, el tribunal accionado tuvo por acreditado el daño antijurídico que consistió en
la muerte de Breiner Enrique Fontalvo Peñaranda. En consecuencia, procedió a analizar
la imputación del daño, para lo cual consideró demostrados los siguientes supuestos
fácticos:
“• Consta en el registro civil de defunción y en los informes de las autoridades
militares y judiciales que el señor Breiner Enrique Fontalvo Peñaranda falleció el
17 de marzo de 2016 en el municipio de Fundación, Magdalena, como
consecuencia de una herida ocasionada por proyectil de arma de fuego de
dotación oficial disparada por un soldado del Ejército Nacional que se hallaba en
ejercicio de funciones de control territorial.
• Está probado que el occiso y otro joven habían participado minutos antes en la
comisión de un hurto, circunstancia corroborada en el proceso penal seguido
contra su acompañante, quien fue posteriormente condenado como autor del
delito. A los dos les fueron incautados objetos que coincidían con los elementos
reportados por las víctimas del hurto.
• Los informes operativos y declaraciones de los uniformados establecen que, al
ser abordados por la patrulla, los jóvenes emprendieron la huida. En ese contexto,
el señor Fontalvo Peñaranda desenfundó y apuntó un arma en dirección a uno de
los soldados. Aunque se verificó con posterioridad que se trataba de un arma de
fogueo, la misma era indistinguible de un arma real en el momento de los hechos,
por lo que el uniformado la percibió como una amenaza grave e inminente contra
su vida.
• El proyectil fue disparado por un soldado campesino, en servicio activo, quien
de acuerdo con los informes oficiales se encontraba cumpliendo órdenes de
vigilancia y control en el municipio. La reacción obedeció a la percepción de un
riesgo directo, inmediato y personal, en un contexto de tensión y hostilidad
derivado de la comisión de un hecho punible.
• En el procedimiento se recuperaron los bienes que habían sido hurtados minutos
antes, lo cual fortaleció la imputación penal contra el acompañante del occiso. Este
15
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07849-01
Accionantes: Alvis Norelys Peñaranda y otros
fue condenado por el delito de hurto calificado y agravado, decisión que obra en
copia dentro del expediente.
• Se encuentra acreditado que el arma empuñada por el señor Fontalvo
Peñaranda era de fogueo, sin capacidad letal. No obstante, por su similitud externa
con un arma de fuego auténtica y por la manera en que fue blandida, resultaba
objetivamente apta para generar la creencia razonable de que se trataba de un
arma de verdad.
• Los testimonios recaudados coinciden en señalar que el soldado actuó
convencido de que su vida estaba en peligro, razón por la cual efectuó el disparo.
En el expediente no obra prueba que desvirtúe esta versión o que acredite un
ánimo de abuso o extralimitación por parte del uniformado. (…)”. (subrayado fuera
de texto).
El tribunal acusado acudió a la declaración rendida por Edilberto Manotas Lerma, de la
cual destacó los siguientes aspectos:
“De la declaración transcrita se desprenden varios elementos de interés para la
litis. En primer lugar, el testigo relató que la patrulla militar acudió a un
requerimiento ciudadano sobre la comisión de un hurto, en el cual se señalaban
las características físicas de los presuntos responsables, así como el vehículo en
el que se movilizaban. En segundo término, el declarante expuso que, al momento
de realizar el procedimiento de registro, uno de los ocupantes de la motocicleta —
posteriormente identificado como Breiner Enrique Fontalvo Peñaranda— se
resistió a la requisa, agredió físicamente a un soldado e, incluso, extrajo de su
cintura lo que aparentaba ser un arma de fuego tipo pistola, con la cual lo intimidó
mientras emprendía la huida.
Ante esa situación, el uniformado reaccionó utilizando su fusil de dotación,
impactando al mencionado ciudadano, quien falleció en el lugar de los hechos.
Finalmente, el testigo precisó que, una vez reducido, se constató que el objeto
empuñado por la víctima correspondía a un arma de fogueo, circunstancia que
solo pudo verificarse tras el desenlace fatal.
Obran igualmente en el expediente las declaraciones rendidas dentro del proceso
penal por los señores Miguel Ángel Caro Castellar y José del Carmen Cuevas
Díaz, las cuales resultan coincidentes con la declaración del soldado Francisco
Javier Gaviria Cantillo. En efecto, tales testimonios relataron de manera
concordante que: i) recibieron información previa sobre el hurto de dos teléfonos
celulares cometido por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta roja,
cuyas características físicas y de vestimenta fueron detalladas; ii) al detener el
vehículo que coincidía con la descripción, el parrillero se resistió a la requisa,
agredió físicamente a un uniformado y emprendió la huida esgrimiendo un arma
que aparentaba ser de fuego; y iii) como reacción a esa amenaza directa e
inminente, el soldado Caro Castellar utilizó su arma de dotación, ocasionando la
muerte del ciudadano Breiner Enrique Fontalvo Peñaranda. Asimismo, el
testimonio del señor Mejía Bocanegra corroboró que, minutos antes, dichos
individuos le habían hurtado dos equipos celulares mediante intimidación con
arma, lo cual fue puesto en conocimiento inmediato de las autoridades.
En este orden de ideas, los testimonios obrantes en el expediente revisten pleno
valor probatorio, en tanto se caracterizan por ser objetivos, coherentes y
coincidentes, lo que permitió establecer con certeza las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que ocurrió la muerte del señor Breiner Enrique Fontalvo
Peñaranda durante el operativo militar ejecutado por el Batallón de Infantería
Mecanizado N.° 5 “José María Córdova”. Tales versiones resultan concordantes,
pues provienen de personas que presenciaron directamente los hechos y relataron
16
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Accionantes: Alvis Norelys Peñaranda y otros
de manera uniforme que el occiso, luego de agredir físicamente a un soldado,
emprendió la huida mientras desenfundaba un arma que aparentaba ser de fuego
y apuntaba contra los uniformados, circunstancia que generó la reacción
inmediata del soldado campesino Miguel Ángel Caro Castellar, quien utilizó su
arma de dotación. En efecto, así se desprende de las declaraciones de Edilberto
Manotas Lerma (adscrito al Batallón de Infantería Mecanizado N° 5 José María
Córdova), Miguel Ángel Caro Castellar (soldado que accionó el fusil), Nelfido
Enrique Mejía Bocanegra (víctima del hurto de celulares), así como de José del
Carmen Cuevas Díaz y demás miembros de la patrulla militar interviniente,
quienes coincidieron en la descripción de la motocicleta, las prendas de vestir de
los implicados, la comisión del hurto y la posterior agresión a la tropa.
De lo anterior, la Sala advierte que las pruebas testimoniales son concordantes y
uniformes en señalar que la reacción del personal militar obedeció a una situación
de inminente riesgo para su integridad física, generada por la conducta del
ciudadano Breiner Enrique Fontalvo Peñaranda, quien, tras agredir a un
uniformado, extrajo un arma con apariencia de fuego y apuntó contra este mientras
intentaba huir. En tales condiciones, el uso del arma de dotación por parte del
soldado Caro Castellar constituyó una medida proporcional y necesaria para
neutralizar la amenaza, máxime cuando previamente se había reportado la
comisión de un hurto con violencia en la misma zona y la descripción de los
responsables coincidía plenamente con el occiso y su acompañante”. (Subrayado
fuera de texto).
Así las cosas, la autoridad accionada concluyó que la conducta desplegada por Fontalvo
Peñaranda configuró los elementos exigidos por la jurisprudencia para la procedencia del
eximente de responsabilidad denominado culpa exclusiva de la víctima:
“Se encuentra demostrado que concurre la exterioridad del daño, toda vez que
este no se originó en una actuación anómala de la administración, sino en el
comportamiento del propio afectado, quien momentos antes había participado en
un hurto —lo cual se acreditó con la condena penal contra su acompañante—,
emprendió la huida al advertir la presencia militar y finalmente apuntó con un arma
que, aunque de fogueo, era objetivamente indistinguible de una real.
Igualmente, se configura la imprevisibilidad del hecho, pues no podía exigirse al
soldado campesino que, en condiciones de inmediatez y tensión, advirtiera que el
arma exhibida carecía de capacidad letal. En tales circunstancias lo razonable era
presumir que se trataba de un arma auténtica, tal como lo ha precisado la
jurisprudencia al indicar que “[…] no es dable exigir a quien reacciona en medio
de una persecución y frente a la amenaza de un arma de fuego, que verifique
previamente la letalidad del arma exhibida, pues basta la inminencia de la agresión
para justificar el uso de la fuerza”9.
De igual modo, está presente la irresistibilidad del hecho, en tanto la inminencia
del ataque hacía imposible exigir al uniformado abstenerse de reaccionar, pues el
instinto de conservación y el deber de autoprotección en el marco del servicio
hacían inevitable la utilización del arma de dotación. En palabras del Consejo de
Estado: “[…] la conducta imprudente y agresiva de la propia víctima […] reviste la
entidad suficiente para eximir a la entidad demandada de la responsabilidad que
se impetra en la demanda, pues cierto es que de no haber incurrido el hoy
demandante en esa conducta, el daño, en términos razonables, no habría tenido
lugar”10”. (subrayado fuera de texto)
Sumado a lo anterior, el tribunal accionado se pronunció específicamente sobre el
presunto exceso en el uso de la fuerza en el caso bajo estudio en los siguientes términos:
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Accionantes: Alvis Norelys Peñaranda y otros
“Tampoco se advierte exceso en el uso de la fuerza por parte del uniformado. La
reacción fue inmediata y consistió en un único disparo encaminado a neutralizar
la amenaza, en un contexto en el que el soldado enfrentaba un riesgo real y actual
para su vida. La jurisprudencia ha reiterado que, en estos casos, la legitimidad del
uso del arma se mantiene cuando obedece a la protección de bienes jurídicamente
relevantes como la vida e integridad del servidor público o de terceros, pues “[…]
la conducta delictiva, acompañada del uso que contribuyó manifiestamente a la
creación de la situación de riesgo que finalmente desencadenó la lesión del actor,
reviste la entidad suficiente para eximir a la entidad demandada de
responsabilidad […]”11.
En consecuencia, al concurrir la exterioridad, la imprevisibilidad y la irresistibilidad
del hecho, el comportamiento desplegado por la víctima se erige en la causa
exclusiva y determinante del resultado fatal, lo que rompe el nexo causal y excluye
la imputación jurídica del daño al Estado. (…)”.
5.4. En virtud de lo anterior, la Sala estima que, pese a los argumentos desarrollados por
la parte actora en el escrito de impugnación, en el presente asunto se pretende que el
juez de tutela actúe como una instancia adicional, mediante la realización de una nueva
valoración de los hechos y del material probatorio, orientada a obtener el resultado
pretendido.
5.5. En lo relativo al cargo por desconocimiento del precedente, si bien esta Sala ha
reconocido la relevancia de dicha figura y la existencia tanto del precedente horizontal
como del vertical -este último principalmente proveniente de los órganos de cierre de
cada jurisdicción-, se observa que las providencias invocadas por la parte accionante
corresponden, en términos generales, a pronunciamientos judiciales que abordaron
situaciones semejantes en algunos aspectos. No obstante, ello no implica, prima facie, la
existencia de un precedente vinculante aplicable al caso concreto.
En efecto, la argumentación de la actora se dirige a destacar la semejanza entre los
asuntos comparados; sin embargo, no identifica de manera concreta una regla judicial
vinculante o una ratio decidendi presuntamente desconocida, susceptible de impactar las
consideraciones que condujeron a la negativa de las pretensiones de la demanda.
En este punto, resulta pertinente precisar que, aun cuando puedan advertirse similitudes
fácticas entre determinados asuntos, la observancia del precedente no supone que, por
esa sola circunstancia, deban trasladarse automáticamente las valoraciones probatorias
efectuadas en un expediente a otros casos sometidos a consideración judicial, como
parece sugerirlo la accionante. Admitir tal postura implicaría desconocer la autonomía del
juez y la actividad valorativa que corresponde desarrollar en cada proceso, conforme a
las particularidades propias del acervo probatorio obrante en cada actuación.
En consecuencia, la Sala estima que debe prevalecer el principio de autonomía judicial
y, por tanto, no resulta procedente abordar de fondo el cargo formulado.
5.6. Ahora bien, contrario a lo sostenido por la parte actora, aun cuando determinadas
consideraciones expuestas en el asunto puedan no compartirse, no se advierte que el
tribunal accionado hubiera incurrido en una interpretación arbitraria o caprichosa de los
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07849-01
Accionantes: Alvis Norelys Peñaranda y otros
hechos objeto de controversia. En consecuencia, tampoco resulta procedente efectuar
un análisis de fondo respecto del segundo cargo formulado.
5.7. En relación con el defecto fáctico alegado, la Sala observa que, más que evidenciarse
una valoración irracional de las pruebas o el desconocimiento de un medio probatorio
determinante, la parte actora reitera los mismos cuestionamientos e interpretaciones
planteados en el trámite ordinario, con el propósito de que el juez constitucional adopte
su particular lectura de los hechos.
Por consiguiente, no resulta procedente abordar de fondo el cargo propuesto, pues ello
implicaría desnaturalizar la acción de tutela y convertirla en un escenario adicional de
debate probatorio.
5.8. Finalmente, frente a los argumentos expuestos en la impugnación, debe resaltarse
que, sin perjuicio de las decisiones que puedan adoptar otras salas de esta Corporación
en asuntos similares, la Sala examinó el requisito de relevancia constitucional conforme
a los lineamientos fijados por la jurisprudencia constitucional y expuso de manera
suficiente las razones que la condujeron a concluir que, en el presente caso, no se
satisface dicha exigencia de procedibilidad.
5.9. En suma, es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera
una instancia adicional a lo ya surtido.
5.10. En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada, lo que se opone a que se use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 22.
5.11. En este punto, la Sala precisa que los argumentos expuestos en el escrito
introductorio estuvieron orientados a cuestionar la sustentación de la sentencia
censurada, en concreto, el precedente, el defecto sustantivo y fáctico, aspectos que se
subsumen dentro del estudio del requisito de relevancia constitucional, que, como se
indicó en precedencia, no se demostró superado. En tal sentido, se confirmará la decisión
impugnada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
22 Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022.
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Accionantes: Alvis Norelys Peñaranda y otros
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de febrero de 2026 por el Consejo
de Estado-Sección Primera, que declaró improcedente la acción de tutela que interpuso
Alvis Norelys Peñaranda Rodríguez y otros contra el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
LMSG
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