Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07866-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07866-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07866-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07866-01
Demandante: LUIS ALEJANDRO SIERRA POLANCO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, SALA QUINTA
DE DECISIÓN Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma improcedencia del
mecanismo constitucional de la referencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 5 de febrero de 2026 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, a través de la cual se declaró improcedente la acción de tutela
de la referencia por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Luis Alejandro Sierra Polanco, actuando a través de apoderado judicial,
instauró acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta
de Decisión y el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia,
a efectos de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso
de acceso a la administración de justicia y de defensa.
Las anteriores garantías las estimó trasgredidas con ocasión de las providencias
dictadas el 4 de diciembre y 4 de septiembre de 2025, de manera respectiva, al
interior del medio de control de nulidad simple con radicado 63001-3333-005-2025-
00123-00/01, por medio de las cuales se rechazó la demanda promovida por el actor
contra las Empresas Públicas de Armenia (en adelante EPA).
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
1 La cual fue radicada mediante ventanilla virtual el 10 de diciembre de 2025 con secuencia: 12672 – índice 01
del aplicativo Samai.
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Demandante: Luis Alejandro Sierra Polanco
Demandados: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Quinta de Decisión y otro
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1. DEJAR SIN EFECTOS los autos del 4 de septiembre de 2025 (Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Armenia) y del 4 de diciembre de 2025 (Tribunal
Administrativo del Quindío), en cuanto rechazaron la demanda basados en:
• un acto expedido fuera del término legal para resolver excepciones, y
• una supuesta notificación válida de la Resolución 17352, pese a que obra en el
expediente prueba determinante que demuestra lo contrario.
2. ORDENAR al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia admitir la
demanda y continuar el trámite correspondiente, garantizando una valoración
probatoria integral, razonada y conforme al artículo 29 de la Constitución Política,
especialmente en lo relacionado con la notificación de la Resolución 17352 y con el
supuesto inicio del término de caducidad.
3. SUBSIDIARIAMENTE, en caso de estimarse necesario para restablecer
plenamente el derecho fundamental vulnerado, ordenar retrotraer la actuación al
momento inmediatamente anterior a la valoración probatoria defectuosa, disponiendo
la práctica, incorporación o examen de la prueba documental relevante (avisos, guías,
constancias y demás documentos obrantes en el expediente).
4. ORDENAR a las autoridades judiciales accionadas abstenerse de reproducir
valoraciones probatorias que desconozcan o ignoren pruebas determinantes
obrantes en el expediente, en garantía del debido proceso judicial del accionante2.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
En ejercicio del medio de control de nulidad simple, el señor Luis Alejandro Sierra
Polanco instauró demanda contra las Empresas Públicas de Armenia, en aras de
obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos proferidos al interior
de un proceso coactivo adelantado en su contra, y que se detallan a continuación:
(i) Mandamiento de pago 215 del 12 de abril de 2023.
(ii) Resolución de embargos 217 del 12 de abril de 2023.
(iii) Oficio 218 del 12 de abril de 2023; a través de la cual se notifica a las entidades
bancarias el embargo decretado.
(iv) Resolución 17352 del 11 de diciembre de 2023; por medio de la cual se
resuelven excepciones en contra del mandamiento de cobro coactivo.
(v) Resolución 4801 del 8 de febrero de 2024; por medio de la cual se resuelve
una petición relacionada con la solicitud de aplicación del silencio
administrativo por no pronunciarse sobre las excepciones contra el
mandamiento de pago.
(vi) Resolución 5026 del 21 de febrero de 2024; por la cual se resuelve una
petición
(vii) Resolución 5660 del 27 de marzo de 2024; por el cual se resuelve un recurso
de reposición contra la resolución 5026.
(viii) Resolución 5351 del 12 de marzo de 2024; por el cual se resuelve un recurso
de reposición en contra del auto que negó el silencio administrativo.
2 Transcripción del texto original con posibles errores.
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Demandante: Luis Alejandro Sierra Polanco
Demandados: Tribunal Administrativo del Quindío,
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El proceso correspondió por reparto al Juzgado Quinto Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Armenia que, mediante auto del 4 de septiembre de 2025
rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad.
Como fundamento, manifestó que, lo pretendido por el demandante a través del
medio de control instaurado, no era obtener un estudio de legalidad de los actos
administrativos acusados de forma abstracta, sino que se realizara un análisis de
una situación jurídica particular, de la que se derivaría un restablecimiento
automático del derecho, toda vez que la nulidad solicitada implicaba que el
patrimonio del señor Luis Alejandro Sierra Polanco no se viera afectado; por lo que
consideró que lo procedente era adecuar la demanda formulada al proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho conforme a lo preceptuado en el artículo 138
de la Ley 1437 de 2011.
Conforme a lo anterior, determinó que, de acuerdo con lo señalado en el artículo
164 literal d), de la mencionada norma, cuando se pretenda obtener la nulidad y
restablecimiento del derecho de los actos administrativos de carácter particular, el
respectivo medio de control deberá presentarse dentro del término de cuatro (4)
meses contados a partir del día siguiente de la comunicación, notificación, ejecución
o publicación del acto.
Así, y teniendo en cuenta que se presentó el 4 de agosto de 2025, concluyó que en
el asunto debatido había operado el fenómeno de la caducidad, toda vez que los
cuatro (4) meses a que alude la norma, fenecieron con anterioridad a la mencionada
calenda, esto es, los días 13 de abril, 2, 17 y 30 de junio, 22 de julio y 10 de agosto
de 2024.
Dicha decisión fue recurrida por la parte actora al considerar que la adecuación de
la demanda efectuada por el a-quo se realizó de manera indebida, además de
aseverar que la caducidad decretada resultaba improcedente, toda vez que el medio
de control de nulidad siempre no se encontraba sujeto a dicho fenómeno.
Mediante auto del 4 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Quinta de Decisión resolvió la alzada formulada, precisando, en primer lugar,
que «Al juez administrativo le corresponde no solo hacer una interpretación integral
de la demanda (art. 42 del CGP), sino también el deber de sanear el proceso en
todo momento de la actuación, al tenor del art. 207 del CPACA»
Conforme a ello, indicó que, verificado el escrito de demanda, resultaba evidente
que los actos administrativos acusados no eran de carácter general, sino particular,
ya que se encontraban directamente relacionados con un proceso de cobro coactivo
adelantado en contra del actor por unas sumas de dinero determinadas.
Por lo que estimó que, la declaratoria de nulidad de los actos cuestionados, genera
una consecuencia inmediata, ya que ello conllevaría a dejar sin efectos el
mencionado cobro y por lo tanto la imposibilidad de perseguir su pago en contra del
demandante; y, en consecuencia, el medio de control judicial procedente era el
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establecido en el artículo 138 del CPACA, correspondiente al de nulidad y
restablecimiento del derecho.
En este orden, concluyó que lo pretendido por el señor Sierra Polanco era acudir a
la jurisdicción a través del proceso de nulidad simple para evitar la declaración de
la caducidad con relación al otro medio, del que era procedente. Por lo que confirmó
la decisión adoptada por el juzgado de primera instancia.
La citada providencia fue notificada a las partes por estados del 5 de diciembre de
20253.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que, a través de las providencias acusadas las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los siguientes defectos:
Fáctico: al considerar que las autoridades accionadas no valoraron la prueba
documental que demuestra la falta de notificación de la Resolución 17352 del 11 de
diciembre de 2023. Además de haberse omitido que la citación para la notificación
del mencionado acto se expidió el 12 de diciembre de 2023, es decir, un mes y dos
días después de la presentación de las excepciones [10 de noviembre de 2023],
excediendo el término previsto en el artículo 832 del Estatuto Tributario 4.
Refirió que, pese a que dentro del proceso ordinario reposan las guías de
mensajería, estas no subsanan el error sustancial en la dirección consignada en el
aviso [“Calle 15” en vez de “Carrera 15”], toda vez que, conforme a lo preceptuado
en los artículos 67 a 69 del CPACA, la notificación es inválida cuando se remite a
una dirección distinta de la registrada por el interesado, y que la guía solo acredita
que el envío fue realizado, mas no que el administrado fue notificado en forma
correcta.
Sustantivo: por cuanto se declaró la caducidad del medio de control, sin que el acto
generador hubiera sido notificado, circunstancia que, a su juicio, es jurídicamente
imposible.
Falta de motivación: toda vez que, «el tribunal accionado omitió explicar por qué
ignoró la prueba que él mismo incluyó en la decisión».
Desconocimiento del precedente sentado en la jurisprudencia reiterada del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre los temas que se relacionan
a continuación:
• Notificación.
• Inicio del término de caducidad.
3 Índice 6 del expediente ordinario.
4 ARTICULO 832. TRAMITE DE EXCEPCIONES. Dentro del mes siguiente a la presentación del
escrito mediante el cual se proponen las excepciones, el funcionario competente decidirá sobre
ellas, ordenando previamente la práctica de las pruebas, cuando sea del caso.
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• Actos administrativos inexistentes o inoponibles al administrado.
Procedimental y sustantivo: al estimar que, si bien la demanda fue presentada
expresamente a través de la acción de nulidad simple, dicho medio de control no
está sometido a caducidad. Sin embargo, aun aceptando la hipótesis adoptada por
el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia, consistente
en adecuarla al de nulidad y restablecimiento del derecho, tampoco en ese
escenario podía rechazarse por dos razones objetivas derivadas del expediente:
1. El acto presuntamente generador del término (Resolución 17352) fue
expedido después del mes legal para resolver excepciones (art. 832
E.T.), situación que impide que dicho acto produzca efectos frente al
administrado y, por tanto, que pueda iniciar término alguno.
2. Ese mismo acto no fue notificado válidamente, pues el aviso se envió a
una dirección distinta de la registrada en el expediente, lo que, conforme a
los artículos 67, 68, 69 y 72 del CPACA, impide el inicio del cómputo de
caducidad.
Por lo anterior coligió que, en ninguno de los dos escenarios posibles — nulidad
simple o nulidad y restablecimiento — existía una caducidad jurídicamente iniciada
o consolidada que habilitara el rechazo del proceso instaurado.
Por último refirió que, en el asunto debatido se constituye la existencia de un
perjuicio irremediable, toda vez que lleva más de seis años sin el servicio público de
acueducto, el cual ha sido reconocido como un derecho fundamental por la Corte
Constitucional; además que la decisión judicial impugnada ha cerrado por completo
la vía para obtener la protección correspondiente en el proceso ordinario,
circunstancias todas que, según su criterio, agravan un daño fundamental ya
existente, bloquean el acceso a la administración de justicia, y perpetúan una
vulneración prolongada que requiere la intervención del juez constitucional para
restablecer el acceso al juez natural.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante providencia del 12 de diciembre de 2025, el magistrado ponente de
primera instancia avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar
al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia5 y al Tribunal
Administrativo del Quindío 6como autoridades judiciales accionadas.
Así mismo, vinculó como tercero con interés jurídico legítimo, a las Empresas
Públicas de Armenia7.
Por último, se reconoció personería al abogado Luis Fernando Téllez Gutiérrez, para
que representara los intereses de la parte actora dentro del presente asunto.
5 j05admctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co
6 sectribadmarm@cendoj.ramajudicial.gov.co
7 notificaciones_judiciales@epa.gov.co
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1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia
Allegó escrito en el que remitió copia íntegra del proceso de nulidad simple con
radicado 63001-3333-005-2025-00123-00/01, sin pronunciarse frente a los hechos
que dieron lugar a la presente acción, y respecto de los cuáles se predica la
vulneración a los derechos fundamentales de los accionantes.
1.6.2. Empresas Públicas de Armenia E.S.P.
El gerente general de la entidad pidió negar el amparo porque las decisiones
cuestionadas se encuentran debidamente sustentadas en la normativa que rige el
caso y no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable.
Además, consideró que el accionante pretende reabrir el debate procesal ya
zanjado por el juez natural de la causa, que encontró configurada la caducidad del
medio de control incoado por la parte actora. Por tanto, la parte actora pretende, a
través de este mecanismo, subsanar la consecuencia derivada del vencimiento de
términos legales, cuya finalidad escapa de la órbita de competencia del juez de
tutela
Por otro lado, solicitó su desvinculación del presente trámite por carecer de
legitimación en la causa por pasiva comoquiera que no ostenta la calidad de
accionada ni profirió las providencias aquí cuestionadas.
1.6.3. Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión
El magistrado ponente de la decisión acusada rindió informe en el que manifestó
que el proceso ordinario sometido a cuestionamiento se adelantó conforme a lo que
planteó la parte accionante, reiterando que pese a que el señor Luis Alejando Sierra,
trató de ubicarlo como un asunto de nulidad simple, en procura, de que se asumiera
que no tenía término de caducidad, el a quo, adecuó el medio de control instaurado
a su precisa condición, es decir, pregonar que se trataba de un asunto con una
pretensión clara de nulidad y restablecimiento del derecho.
Refirió que, determinado lo anterior, resultó evidente que el medio de control
instaurado se encontraba caducado, toda vez que, habiéndose notificado el acto
materia de debate, el interesado dejó pasar el tiempo sin cuestionarlo.
Conforme a lo anterior, precisó que lo pretendido por el ahora tutelante es que en
sede constitucional se realice una valoración probatoria que, de manera previa, fue
efectuada por el juez natural del asunto, forjando una tercera instancia, que habilite
el análisis de fondo de la demanda formulada, y que, por su propia omisión, dejó de
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formular a tiempo, sin que se advierta la vulneración a los derechos fundamentales
que se predica.
1.7 Sentencia de primera instancia
Mediante providencia del 5 de febrero de 2026, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, declaró improcedente el mecanismo constitucional de la
referencia por considerar que no cumplió con el requisito de relevancia
constitucional, en tanto tiene como propósito reabrir el debate concluido en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que se advierta una actuación
arbitraria o ilegítima por parte de la autoridad judicial accionada.
De igual forma señaló que, los argumentos presentados por la parte actora fueron
expuestos ante la autoridad judicial competente en el recurso de apelación
presentado contra el auto del 4 de septiembre de 2025 por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito Judicial de armenia y que fueron resueltos por la Sala
Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío en la providencia del 4 de
diciembre de 2025.
Aunado a lo anterior, precisó que, en el escrito de amparo el accionante se limitó a
señalar de manera escueta los defectos en los cuales se incurrió en el auto
cuestionado y aunque alegó la configuración de un defecto sustantivo y un
desconocimiento del precedente jurisprudencial, no precisó las normas cuya
aplicación se omitió, así como tampoco identificó las providencias que, en su
concepto, se desconocieron.
Por último, denegó la solicitud de desvinculación elevada por las Empresas Públicas
de Armenia, al considerar que la misma fue vinculada en calidad de tercero con
interés, por haber obrado como demandada al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho controvertido, por lo que le asistía interés en lo decidido
en el marco de la presente acción constitucional.
1.8. Impugnación
La parte actora allegó escrito de impugnación en el que indicó que, pese a que el a
quo manifestó que el asunto debatido carecía de relevancia constitucional, dicha
afirmación desconoce la verdadera naturaleza del problema constitucional
planteado, reduce indebidamente la tutela a una tercera instancia, y omite realizar
un análisis material del defecto fáctico y sustantivo alegado.
Reiteró que la Resolución 17352 del 11 de diciembre de 2023 fue expedida y firmada
fuera del término legal para decidir excepciones, además de no haber sido notificada
válidamente conforme a la ley, razón por la cual, según su criterio no adquirió eficacia
ni oponibilidad.
Señaló que, conforme a lo expuesto, el acto administrativo aludido no puede producir
efectos jurídicos, y, por ende, no se pueden activar términos de caducidad, ni servir
de base para cercenar el acceso a la administración de justicia.
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Sostuvo que el juez constitucional, al momento de analizar el caso concreto no
examinó la extemporaneidad del acto, la ausencia de notificación válida que se
cuestiona, y la inexistencia jurídica del acto base de la caducidad.
Afirmó que mediante el presente asunto, no se pretende reabrir el debate ordinario
zanjado, ni sustituir al juez natural, ni controvertir interpretaciones jurídicas
alternativas, pues el objeto del control constitucional solicitado se circunscribe
exclusivamente a verificar si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los
defectos constitucionales expuestos, al rechazar la demanda con fundamento en una
caducidad inexistente, construida a partir de un acto administrativo extemporáneo,
notificado inválidamente y jurídicamente inoponible al administrado.
Refirió que, la relevancia constitucional del asunto no deriva de la legalidad del acto
administrativo en sí, sino del hecho de que una providencia judicial produjo la
expulsión definitiva del accionante del sistema judicial, vulnerando los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
Adujo que, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterada y uniforme en señalar
que la notificación no es una formalidad secundaria, sino un requisito estructural del
debido proceso administrativo, sin el cual el acto no produce efectos frente al
administrado.
Aseveró que, en las sentencias T-377 de 2012 y T-789 de 2013, la Corte
Constitucional sostuvo que el desconocimiento del término legal para decidir vulnera
el derecho al debido proceso administrativo, y que los actos expedidos por fuera de
este carecen de eficacia jurídica frente al ciudadano; por lo que reiteró que en el caso
sub examine, el acto administrativo que resolvió las excepciones formuladas contra
el auto que libró el mandamiento de pago al interior del proceso coactivo adelantado
en su contra, fue expedido por fuera del término previsto en el artículo 832 del
Estatuto Tributario, circunstancia que fue acreditada con prueba documental y no
controvertida, pero omitida en la valoración judicial.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte
accionante, conforme lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5. º del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el Acuerdo 080 de 20198.
2.2. Problema jurídico
Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado y la decisión emitida en primera
8 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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instancia, corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la sentencia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B el 5 de febrero
de 2026.
En este punto, se hace menester precisar que, si bien el escrito inicial está dirigido
contra lo decidido por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de
Decisión y el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia,
la Sala se enfocará solo en la sentencia de segunda instancia, por cuanto fue la que
puso fin al proceso.
Conforme a lo expuesto, se deberán abordar los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:
• ¿El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, vulneró las
garantías invocadas por la parte actora con ocasión del auto proferido el 4 de
diciembre de 2025, al interior del medio de control de nulidad simple con
radicado 63001-3333-005-2025-00123-00/01?
Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, (iii) el caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 9
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10 y declaró su
procedencia.11
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth
García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
11 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.3.1. Del carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando
existen otras vías judiciales disponibles y eficaces.
El inciso 3.º del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º
del Decreto Ley 2591 de 1991.12
La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad, los
conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en
principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera que
únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no resultan
idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible
recurrir a esta acción constitucional.
De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe hacer
uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales
deviene en la improcedencia de este mecanismo13.
El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la
independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se deben
salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta acción
pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario de los
procedimientos judiciales «diluyéndose esta exigencia únicamente cuando el juez
12 «ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá: 1.
Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante».
13Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad.
11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2021-
04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad. 11001-03-15-000-2021-04731-00.
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constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que exige para
el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidas
inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio
mientras la autoridad judicial competente decide de fondo la acción
correspondiente»14.
2.3.2. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de
202215, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este
requisito.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal16 (Énfasis de la Sala).
14 Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, T-130 del 2010, T-318 del 2017.
15 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
16 Sentencia SU-573 de 2019.
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De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico17; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional18.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal19”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales20”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental. […]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto21, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal22. (Resaltado de la Sala)
2.4. Caso concreto
El señor Luis Alejandro Sierra Polanco cuestionó las providencias dictadas el 4 de
diciembre y 4 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Quinta de Decisión y el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Armenia, de manera respectiva al interior del medio de control de nulidad simple
con radicado 63001-3333-005-2025-00123-00/01, por medio de las cuales se
rechazó la demanda promovida por el actor contra EPA.
El a quo constitucional declaró improcedente el amparo porque concluyó que no
superaba el requisito de relevancia constitucional comoquiera que el accionante
pretendía reabrir el debate ya finalizado por el juez natural, dado que no advertía
una actuación arbitraria o ilegítima por parte de la autoridad judicial accionada.
17 Sentencia SU-103 de 2022.
18 Sentencia SU-103 de 2022.
19 Sentencia SU-103 de 2022.
20 Sentencia SU-128 de 2021.
21 Sentencia SU-573 de 2019.
22 Ibid.
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Con todo, la parte actora impugnó la decisión anterior y solicitó que se revoque la
decisión de primera instancia porque no resolvió el problema jurídico planteado,
dirigido a examinar si el tribunal accionado al dictar el auto enjuiciado incurrió en los
defectos alegados, sino que se limitó a declarar la improcedencia del mecanismo
sin analizar lo controvertido en el escrito de tutela, pese a que la providencia
acusada, en su sentir, vulnera sus derechos fundamentales.
No obstante, se advierte que los yerros que el señor Luis Alejandro Sierra Polanco
refiere como fáctico, sustantivo y falta de motivación, no cumplen con el requisito
de subsidiariedad, toda vez que, si bien el accionante, tanto en el escrito de amparo
como en la impugnación formulada es insistente en señalar que la autoridad judicial
accionada omitió valorar la prueba documental que demostraba la falta de
notificación de la Resolución No. 17352 del 11 de diciembre de 2023, además de
considerar que, conforme a lo preceptuado en los artículos 67 a 69 del CPACA, la
notificación que le fue realizada respecto de dicho acto resultaba inválida, ya que la
misma se envió a una dirección distinta a la por él registrada; estima la Sala que
ante dichas circunstancias el tutelante contaba con la posibilidad de solicitar la
adición de la providencia con relación a los puntos que fueron objeto de apelación
y que en su sentir no fueron resueltos por el tribunal accionado al momento de
resolver la alzada.
Sobre el particular, el artículo 287 del Código General del Proceso prevé:
Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de
los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la
ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de
sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de
parte presentada en la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre
que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero sí dejó de resolver la
demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente
para que dicte sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria,
o a solicitud de parte presentada en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la
complementación podrá recurrirse también la providencia principal. (Negrillas y
subrayas de la Sala)
De otra parte, y respecto a la inconformidad planteada por el actor atinente a
precisar que la corporación judicial accionada al momento de proferir la providencia
acusada omitió analizar que la citación para la notificación de la resolución aludida
se expidió el 12 de diciembre de 2023, es decir, un mes y dos días después de la
presentación de las excepciones [10 de noviembre de 2023], excediendo el término
previsto en el artículo 832 del Estatuto Tributario; dicha afirmación corresponde a
un hecho nuevo que no fue objeto de debate dentro del proceso ordinario que nos
ocupa y por ende, como lo sostuvo el juez constitucional de primera instancia no
hay lugar a efectuar un pronunciamiento de fondo al respecto.
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De otra parte, y con relación al argumento expuesto en el defecto procedimental,
relativo a que, aun aceptando la hipótesis adoptada por el Juzgado Quinto
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia, consistente en adecuar la
demanda presentada al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
tampoco en ese escenario podía rechazarse; lo que se evidencia es que el tutelante
pretende que su interpretación resulte más idónea para la resolución del caso, y que
se imponga por parte del juez constitucional una valoración y alcance distinto frente
al estudio efectuado por parte del juez natural.
Ello, si se tiene en cuenta que, frente al particular, la autoridad judicial accionada en
la motivación desplegada en el auto censurado, señaló:
Verificado el escrito de demanda, es evidente que no se cuestionan actos generales
sino actos particulares, concretamente relacionados con cobro coactivo por valor de
$53.133.991 en contra del demandante.
[…]
3.5 La nulidad “en abstracto” que se pretende de los actos cuestionados, genera una
consecuencia inmediata: dejar sin efectos el cobro y por lo tanto la imposibilidad de
perseguir su pago en contra del demandante. Si eso es así, el restablecimiento resulta
de manera automática.
3.6 En consecuencia, el medio de control judicial a aplicarse es el establecido en el
artículo 138 del CPACA, esto es, el de nulidad y restablecimiento del derecho.
[…]
4.1 La parte demandante, ahora recurrente, admitió que intentó la demanda a través
del medio de control de nulidad simple, por cuanto esta “es imprescriptible”
4.2 Ello muestra que el intento de acudir a través de ese medio de control es evitar la
declaración de caducidad del otro medio, del que es procedente.
4.3 En esas condiciones, no es que se esté afectado el derecho al acceso a la
administración de justicia, sino que el interesado dejó vencer la posibilidad de acudir
a tiempo, lo que conduce inexorablemente al rechazo de la demanda, por la
contabilización de términos que hizo de manera adecuada el a quo, respecto de cada
acto demandado.
Por lo expuesto, se concluye que la finalidad de la parte actora con el ejercicio del
presente mecanismo constitucional, es cuestionar o impugnar los fundamentos de
la decisión que le fue adversa a sus intereses, en procura de obtener una decisión
que favorezca sus pretensiones, más no propugna por plantear un debate sobre sus
garantías fundamentales en relación con la providencia enjuiciada y que implique la
intervención de este juez de tutela.
Al respecto, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprocharlas vía acción de
tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate
planteado por el tutelante busca mutar el amparo constitucional en una tercera
instancia.
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A partir de lo argumentado, se reitera que el juez constitucional no está instituido
como órgano de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso
de los procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto
estableció el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la
acción de tutela y la desarticulación de la organización judicial, situación de la cual
se colige que los reparos realizados en el cargo analizado no supera el requisito de
relevancia constitucional.
Por otro lado, y pese a que el señor Luis Alejandro Sierra Polanco consideró que
con la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada se desconocieron los
pronunciamientos realizados por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional con
relación a la notificación, el inicio del término de la caducidad, y los actos
administrativos inexistentes o inoponibles al administrado; advierte la Sala que
dicho cargo tampoco supera el presupuesto analizado, toda vez que la parte actora
no cumplió con el deber de identificar las respectivas providencias, omitió identificar
la ratio que resulta aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la
jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y la incidencia de estas en la
decisión final que adopte el fallador de instancia.
Al respecto, se hace menester recordar que esta Sección en repetidas ocasiones23
ha explicado que el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho
determinante del sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio
decidendi, la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una
providencia en donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.
En este orden, la Sala concluye que la discusión planteada en el presente
mecanismo no superó los presupuestos de subsidiariedad y de relevancia
constitucional, pues como se indicó, el accionante pretende que el juez de tutela
realice un nuevo estudio de los planteamientos ya examinados en el proceso
ordinario objeto de cuestionamiento, pretendiendo que se adopte una decisión
diferente a la ya analizada por el juez natural, además de no haber agotado los
mecanismos que tenía a su alcance para debatir lo cuestionado, por lo que se
confirmará la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en este
proveído.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de febrero de 2026 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B en cuanto declaró la
improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Luis Alejandro Sierra
Polanco, pero por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente
providencia.
23 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 6
de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el
siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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