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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07873-00

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07873-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Acéptanse las solicitudes de coadyuvancia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Defensoría Regional del Magdalena y la Procuraduría 13 Judicial II para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios. 2º) Ampáranse los derechos fundamentales del debido proceso, vida digna, salud, acceso al agua potable, alimentación y mínimo vital, los cuales resultaron vulnerados con ocasión de la providencia proferida el 21 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3°) Déjense sin efectos la providencia del 21 de noviembre de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena dispuso dejar sin efectos lo actuado desde el auto admisorio de la acción de tutela y ordenar la adecuación del trámite constitucional a una acción popular y aquellas actuaciones y providencias que se adelantaron y expidieron en cumplimiento de esa orden, a saber, el auto del 19 de diciembre de 2025, la notificación de esa providencia el 20 de enero de 2025 y la remisión en la misma fecha a la Oficina Judicial de Reparto de los Juzgados Administrativo de Santa Marta para que enviara el expediente con radicación no. 47001-33-33-006-2025-00141-00 al Tribunal Administrativo del Magdalena para su reparto como una acción popular. 4º) Ordénese al Tribunal Administrativo del Magdalena que, por conducto de la Sala correspondiente, profiera una nueva decisión dentro del trámite de impugnación de la acción de tutela, conforme a sus competencias constitucionales y legales, teniendo en cuenta los lineamientos expuestos en la parte motiva de esta decisión. 5º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07873-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

5 de febrero de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07873-00
Demandante: ANDRÉS FELIPE GIL LOZANO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Asunto: PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE
TUTELA CONTRA UN AUTO PROFERIDO EN OTRO
PROCESO DE IGUAL NATURALEZA POR EVIDENCIARSE
UNA VULNERACIÓN FLAGRANTE DEL DEBIDO
PROCESO Y DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN CONDICIONES VULNERABLES.
ACCEDE AL AMPARO.

Síntesis del caso: se cuestionó la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, mediante la cual, se abstuvo de resolver de fondo una impugnación dentro de una
acción de tutela y, en su lugar, dispuso dejar sin efectos lo actuado desde el auto admisorio y
adecuar el trámite constitucional a una acción popular. La Sala amparará los derechos
fundamentales del debido proceso y defensa, así como los derechos fundamentales prevalentes
de los niños, niñas y adolescentes, al advertir que la decisión cuestionada pretermitió
indebidamente el trámite de la acción de tutela, desbordó las competencias del juez de segunda
instancia y desconoció el estándar reforzado de protección aplicable en el caso concreto.

La Sala decide la acción de tutela presentada1 por el señor Andrés Felipe Gil Lozano en
contra del Tribunal Administrativo del Magdalena para la protección de sus derechos
fundamentales del debido proceso, vida digna, salud, acceso al agua potable,
alimentación y mínimo vital de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Sitionuevo
(Magdalena) consagrados en los artículos 1,11, 29, 44, y 49 de la Constitución Política,
presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia del 21 de noviembre de 2025.

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1
Mediante escrito presentado el 10 de diciembre de 2025.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07873-00
Actor (a): Andrés Felipe Gil Lozano
Acción de tutela

1) ) El 26 de agosto de 20252, el señor Andrés Felipe Gil Lozano, en representación de
los niños, niñas y adolescentes del corregimiento de Nueva Venecia, municipio de
Sitionuevo, presentó acción de tutela en contra de la Alcaldía del municipio de Sitio
Nuevo, la Gobernación del Magdalena, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en la cual solicitó la
protección de los derechos fundamentales al agua potable, la salud, la alimentación, el
mínimo vital, la vida digna y la libre locomoción, así como la adopción de medidas
provisionales urgentes3.

2) Mediante auto del 27 de agosto de 2025, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Santa Marta admitió la acción de tutela, ordenó la vinculación y notificación
de las accionadas, decretó unas pruebas, reconoció al actor como agente oficioso de los
niños, niñas y adolescentes del corregimiento de Nueva Venecia y decretó una serie de
medidas provisionales orientadas, entre otras, a garantizar el abastecimiento urgente de
agua potable, la habilitación de un corredor humanitario fluvial temporal, la realización de
brigadas de salud, el control de vectores y la intervención del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF)4.

2
El proceso se registró con el número de radicación 47001-33-33-006-2025-00141-00.
3
“En ese sentido, se hace indispensable decretar medidas de carácter urgente, transitorio e inmediato, que
permitan mitigar los efectos más críticos de la crisis mientras se resuelve de fondo la acción de tutela. La
omisión de una protección temprana expondría a los menores a la propagación de enfermedades mortales
como dengue y paludismo, al agravamiento de cuadros de desnutrición y deshidratación, e incluso a la
posibilidad real de fallecimientos evitables. En virtud de lo anterior, se solicita ordenar provisionalmente:
5.1. Abastecimiento urgente de agua potable (48–72 horas): ordenar a la Alcaldía de Sitionuevo, la
Gobernación del Magdalena, Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, con apoyo subsidiario de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD),
implementar de inmediato un plan de abastecimiento urgente de agua potable para consumo humano y
para uso doméstico para Nueva Venecia, garantizando los parámetros de calidad, continuidad y suficiencia
establecidos por la Corte Constitucional.
5.2. Corredor humanitario fluvial temporal: ordenar a la Alcaldía de Sitionuevo y a la Gobernación del
Magdalena, con apoyo subsidiario de la UNGRD y en coordinación con CORPAMAG como autoridad
ambiental, habilitar un canal navegable temporal entre Nueva Venecia y Sitionuevo, mediante
retiro/contención de macrófitas en franja mínima, señalización y cuadrillas de limpieza, destinado
exclusivamente al ingreso de agua potable y alimentos, y a la evacuación de enfermos.
5.3. Ordenar a la Secretaría de Salud del Magdalena y al Ministerio de Salud y Protección Social realizar,
dentro de las 48 horas siguientes: brigadas médicas en el corregimiento, vigilancia epidemiológica mediante
el SIVIGILA, control de vectores (dengue y paludismo), y monitoreo de la calidad del agua (IRCA) conforme
a la Resolución 2115 de 2007.
5.4. Ordenar al ICBF activar de inmediato su sistema de restablecimiento de derechos, priorizando casos
de desnutrición, enfermedades asociadas al agua contaminada y vulneraciones graves al mínimo vital de
los NNAJ.
5.5. Prohibición de excusas administrativas: advertir a todas las entidades accionadas que ninguna puede
excusarse en trámites administrativos o presupuestales para omitir el cumplimiento inmediato de las
órdenes cautelares”.
4
“(…) 6.- DECRETAR como medida provisional lo siguiente:

3
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07873-00
Actor (a): Andrés Felipe Gil Lozano
Acción de tutela

6.1.- ORDENAR a la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SITIO NUEVO, la GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA, AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P., el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD,
para que, en el marco de sus competencias, implementen un plan de abastecimiento urgente del mínimo
vital de agua potable para consumo humano y para uso doméstico en el Corregimiento de Nueva Venecia
en el Municipio de Sitio Nuevo, garantizando los parámetros de calidad, continuidad y suficiencia, hasta
tanto se defina el fondo de la presente acción. Esta provisión se hará por el medio de transporte idóneo,
con capacidad y condiciones técnicas para circular en las vías de acceso a la comunidad, o mediante
cualquier otro medio eficiente y seguro para el transporte de agua potable, directamente en el asentamiento
o en un lugar que sea concertado con los líderes de la comunidad. Asimismo, las autoridades destinatarias de la presente orden, estarán en la obligación de otorgar a los
pobladores del Corregimiento de Nueva Venecia en el Municipio de Sitio Nuevo, los implementos
necesarios para almacenar agua potable de manera adecuada y capacitar a la comunidad en su uso
correcto. Lo anterior en un término máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta
providencia. 6.2.- ORDENAR a la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SITIO NUEVO, en coordinación con la
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA y el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL llevar a cabo
una brigada de salud, en un término máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia, con el fin de atender urgencias médicas y efectuar prevención de
enfermedades en el Corregimiento de Nueva Venecia en el Municipio de Sitio Nuevo. 6.3.- ORDENAR a la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SITIO NUEVO, en coordinación con la
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA, la UNGRD, CORPAMAG y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, habilitar un canal navegable temporal entre Nueva Venecia y Sitionuevo,
mediante el retiro contención de micrófitos en franja mínima, señalización y cuadrillas de limpieza,
destinado exclusivamente al ingreso de agua potable y alimentos, y a la evacuación de enfermos. Lo anterior en un término máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta
providencia. 6.4.- ORDENAR al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF activar de inmediato su
sistema de restablecimiento de derechos, priorizando casos de desnutrición, enfermedades asociadas al
agua contaminada y vulneraciones graves al mínimo vital de los niños niñas y adolescentes del
Corregimiento de Nueva Venecia en el Municipio de Sitio Nuevo. Lo anterior en un término máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta
providencia. 7.- VINCULAR a la PROCURADURÍA 13 JUDICIAL II AGRARIA Y AMBIENTAL DEL MAGDALENA, a la
PROCURADURÍA 25 JUDICIAL II DE FAMILIA DE SANTA MARTA, a la DEFENSORÍA DE PUEBLO
REGIONAL MAGDALENA y a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DENOMINADA PARQUES
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA – DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE para que, dentro del
ámbito de sus competencias constitucionales y legales, acompañen el cumplimiento del presente auto y el
desarrollo de este proceso. 8.- DECRETAR los siguientes medios de prueba: 8.1.- REQUERIR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA – CORPAMAG y a la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DENOMINADA PARQUES NACIONALES NATURALES DE
COLOMBIA – DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE un informe respecto de la proliferación de la especie
vegetal Hydrilla verticillata en el Complejo Lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta, en particular, pero no
limitado al impacto ambiental, sanitario y socioeconómico en la Ciénaga de Pajaral y el Corregimiento de
Nueva Venecia del Municipio de Sitio Nuevo. Lo anterior en un término máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta
providencia.

8.2.- REQUERIR a la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SITIO NUEVO, a través de su SECRETARÍA DE
SALUD, un informe de los posibles riesgos epidemiológicos en el Corregimiento de Nueva Venecia, con
ocasión de la problemática descrita en la presente acción de tutela. Lo anterior en un término máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta
providencia. 9.- TENER al señor ANDRÉS FELIPE GIL LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.082.964.230, como agente oficioso de los NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CORREGIMIENTO
DE NUEVA VENECIA, MUNICIPIO DE SITIONUEVO (…)”.

4
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07873-00
Actor (a): Andrés Felipe Gil Lozano
Acción de tutela

3) El 5 de septiembre de 2025, el actor presentó un escrito en el que amplió la demanda
de tutela y controvirtió en detalle las contestaciones de las demandadas y vinculadas;
para el efecto, expuso que las medidas cautelares ordenadas en el auto admisorio,
referentes a la elaboración de un plan urgente de abastecimiento de agua en 48 horas,
la brigada de salud y la habilitación del canal navegable temporal no habían sido
cumplidas por parte de las autoridades obligadas, y que, pese a la gravedad de la
situación y a la brevedad de los términos fijados, no existía evidencia de ejecución
material de ninguna de esas órdenes, por consiguiente, le solicitó al juzgado que dejara
constancia del incumplimiento para ser estudiado en la sentencia de primer grado.

4) Con posterioridad, mediante sentencia del 9 de septiembre de 2025, el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta concedió el amparo de los derechos
fundamentales invocados e impartió una serie de órdenes clasificadas en tres segmentos,
corto plazo: el suministro diario de agua potable (50 litros por habitante), entrega de
tanques de almacenamiento y reportes periódicos de cumplimiento; mediano plazo:
adquisición y entrega de un sistema de potabilización construido con participación
comunitaria; largo plazo: reactivación y puesta en marcha del proyecto estructural de
acueducto y alcantarillado, con responsabilidades compartidas entre Ministerio de
Vivienda, Gobernación, Alcaldía y Aguas del Magdalena, decisión que fue notificada el
11 de septiembre siguiente.

5) Lo anterior se determinó luego de constatar que el derecho al agua potable de los
habitantes del corregimiento no cumplía con sus tres componentes esenciales, esto es,
disponibilidad, calidad y accesibilidad, situación que se explicaba, en parte, porque la
alcaldía promovió un proyecto orientado a la elaboración de los estudios y diseños
sostenibles de los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario de los corregimientos
palafíticos de Buenavista y Nueva Venecia, ubicados en la Ciénaga Grande de Santa
Marta, jurisdicción del municipio de Sitionuevo.

6) No obstante, habían transcurrido más de tres años desde la radicación de dicha
iniciativa sin que esta hubiera superado siquiera las fases iniciales de validación de sus
distintos componentes, circunstancia que evidenciaba una deficiente gestión municipal
para atender los requerimientos formulados en el marco del Plan Departamental de
Aguas, liderado por Aguas del Magdalena y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
con miras a la contratación y ejecución definitiva del servicio de suministro de agua
potable para esa población.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07873-00
Actor (a): Andrés Felipe Gil Lozano
Acción de tutela

7) El 15 de septiembre de 2025, solicitó aclaración de la providencia antes referida.

8) El 18 de septiembre de 2025, el actor y algunas autoridades demandadas presentaron
impugnación.

9) Mediante escrito del 23 de septiembre de 2025, solicitó que se abriera un incidente de
desacato.

10) Por auto del 26 de septiembre de 2025, el juzgado aclaró la sentencia proferida el 9
de septiembre de 2025, con el fin de precisar el alcance de algunas de las órdenes
impartidas.

11) Posteriormente, mediante auto del 29 de septiembre de 2025, el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Santa Marta requirió a los señores Alfredo Navarro Manga,
como alcalde del municipio de Sitionuevo; Ingris Mirelda Padilla García, en condición de
gobernadora (E) del departamento del Magdalena; Helga María Rivas Ardila, como
ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio y Carlos Carrillo Arenas, como director general
de la UNGRD, con el propósito de verificar el cumplimiento de las órdenes contenidas en
la sentencia de tutela.

12) Dicho incidente fue decidido mediante auto del 7 de octubre de 2025, proveído en el
cual el juzgado declaró que las autoridades incidentadas no incurrieron en desacato.

13) Mediante auto del 10 de octubre de 2025, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Santa Marta concedió las impugnaciones del actor, la Alcaldía de Sitionuevo,
la Gobernación del Magdalena, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Salud y Protección Social, la
UNGRD y la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia,
al tiempo que ordenó la remisión del expediente al Tribunal Administrativo del Magdalena
para que se surtiera la segunda instancia.

14) Mediante auto del 22 de octubre del mismo año, el juzgado abrió incidente de
desacato en contra de las autoridades incidentadas.

15) Por proveído del 31 de octubre de 2025, el juzgado declaró que las incidentadas no
incurrieron en desacato; al tiempo que exhortó i) a la Alcaldía de Sitionevo a dar

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07873-00
Actor (a): Andrés Felipe Gil Lozano
Acción de tutela

respuesta con prioridad a los requerimientos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, para la atención a la declaratoria de calamidad pública, en particular el radicado
2025EE0065251 y ii) a la Gobernación del Magdalena a que, de forma inmediata,
efectuara las labores de coordinación con la Alcaldía de Sitio Nuevo para la utilización de
carrotanques proporcionados en préstamo por la UNGRD y su incorporación al plan que
se concrete en coordinación con la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
para la viabilidad del cumplimiento del numeral 2.1 del fallo del 9 de septiembre de 2025.

16) Finalmente, mediante auto de ponente del 21 de noviembre de 2025, la magistrada
del Tribunal Administrativo del Magdalena dejó sin efectos las actuaciones surtidas desde
el auto de primera instancia y ordenó remitir el expediente nuevamente a la primera
instancia para que lo tramitara como una acción popular, por considerar que dicho medio
de control es el idóneo para solicitar la protección de derechos colectivos5.

Fundamento de la vulneración

En el escrito de tutela, el actor sustentó sus reparos con los siguientes argumentos:

Si bien la regla general fijada por la Corte Constitucional desde la sentencia SU-1219 de
2001 establece que la acción de tutela no procede contra sentencias de tutela, dicha regla
admite una excepción estricta cuando se acredita la existencia de fraude o de
irregularidades de tal entidad que desnaturalizan el mecanismo constitucional.

La jurisprudencia ha reiterado de manera uniforme la improcedencia de tutelas dirigidas
contra providencias dictadas en otros trámites de tutela, salvo cuando se controvierten
actuaciones irregulares no susceptibles de revisión o cuando se acredita una situación
fraudulenta que comprometa derechos fundamentales, conforme al principio fraus omnia
corrumpit.

Para que proceda esta excepción, deben cumplirse los requisitos fijados por la Corte
Constitucional, consistentes en i) que la nueva acción no comparta identidad procesal
con la anterior, ii) que se demuestre de manera clara la existencia de fraude o

5
“PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS, las actuaciones surtidas desde el auto admisorio de la acción de
tutela y en su lugar, TRAMITAR la presente acción por el procedimiento previsto en la Ley 472 de 1998 y
artículo 144 del C.P.A.C.A., y, en consecuencia, remitir el expediente al Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Santa Marta, con el fin de que agotadas las etapas procesales correspondientes, con
observancia del principio de celeridad, se examine la amenaza o violación de los derechos colectivos objeto
de la presente controversia”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07873-00
Actor (a): Andrés Felipe Gil Lozano
Acción de tutela

irregularidad grave y iii) que no exista otro mecanismo judicial idóneo para corregir el
perjuicio.

Con fundamento en lo anterior, la providencia del 21 de noviembre de 2025 incurrió en
una irregularidad grave, en tanto, pese a concluir que la acción de tutela era
improcedente, la magistrada no la declaró improcedente ni revocó el fallo de primera
instancia, como ordena la jurisprudencia constitucional, sino que dispuso la anulación
integral de lo actuado y la reconducción del trámite hacia una acción popular.

Tal determinación desbordó los límites de la impugnación, desconoció el precedente
constitucional y sustrajo del mundo jurídico una sentencia que había puesto fin al proceso,
sin competencia para ordenar un trámite ajeno al cauce propio de la acción de tutela.

La decisión también carece de motivación suficiente, pues no explicó la razón jurídica
que permitiera anular lo actuado ni el fundamento que autorizara reemplazar la
declaratoria de improcedencia por la apertura de un trámite completamente distinto. A su
juicio, esta ausencia de motivación evidencia que la providencia desbordó tanto el
precedente como la competencia funcional del juez de tutela en segunda instancia.

Igualmente, la determinación adoptada desconoce la estructura del ordenamiento
jurídico, en tanto la competencia para conocer de las acciones populares se encuentra
legalmente asignada a los jueces administrativos y no puede ser impuesta
discrecionalmente por un juez de tutela mediante la reconducción oficiosa del trámite.

En cuanto al análisis material de la subsidiariedad, la magistrada omitió evaluar las
afectaciones individuales a derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, tales
como la salud, la educación, el mínimo vital y el acceso al agua potable, y se limitó a
afirmar que la controversia debía tramitarse mediante acción popular, sin distinguir entre
los derechos individuales invocados y los posibles efectos colectivos derivados de la
situación estructural denunciada.

La providencia se apartó injustificadamente de la jurisprudencia constitucional aplicable,
en particular de lo dispuesto en la sentencia T-302 de 2017, en la cual se precisó que un
derecho fundamental no pierde su naturaleza individual por el solo hecho de ser
reclamado simultáneamente por varias personas y que la existencia de una afectación

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07873-00
Actor (a): Andrés Felipe Gil Lozano
Acción de tutela

masiva no convierte automáticamente la controversia sobre derechos subjetivos y
fundamentales en una de naturaleza colectiva.

La magistrada tampoco aplicó la línea jurisprudencial sobre inmediatez frente a
violaciones continuadas ni realizó el test de idoneidad y eficacia respecto de la acción
popular como mecanismo alternativo.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“MEDIDA CAUTELAR: Que se ordene la suspensión inmediata de los efectos
del auto del 21 de noviembre de dos mil veinticinco, proferido por la magistrada
Maribel Mendoza Jiménez del Tribunal Administrativo del Magdalena mientras
se surte el trámite y se decide de fondo la presente acción de tutela.

PRIMERA: Que, SE AMPARE mi derecho al debido proceso, y como
consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos el auto del 21de noviembre de
dos mil veinticinco proferido por la magistrada Maribel Mendoza Jiménez, por
haberse dictado con violación directa de la Constitución, del precedente
constitucional y de las garantías procesales mínimas.

SEGUNDA: Que se ordene a la magistrada Maribel Mendoza Jiménez proferir
una nueva decisión ajustada al ordenamiento jurídico colombiano, con respeto
estricto de las reglas constitucionales que gobiernan la acción de tutela, de los
límites funcionales del juez de segunda instancia y de los parámetros
jurisprudenciales obligatorios fijados por la Corte Constitucional.

TERCERA: Que se compulsen copias a la Fiscalía General de la Nación y a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por las irregularidades mencionadas
en el numeral 2.4.5 del presente escrito de demanda, para que se investigue la
posible configuración de prevaricato por acción y demás faltas disciplinarias
derivadas de en atención a la gravedad de los hechos y la obligación
constitucional de denunciar actuaciones que puedan comprometer la legalidad
de la función judicial”. (Fl. 24 - 25 de la demanda - archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI).

Actuación procesal

Mediante auto del 15 de diciembre de 2025, se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del
Magdalena, al tiempo que se vinculó como tercero con interés, al director de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)6, de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena

6
Se advierte que por un error involuntario se vinculó a esta autoridad al presente trámite.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07873-00
Actor (a): Andrés Felipe Gil Lozano
Acción de tutela

(CORPAMAG) y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
(UNGRD); al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al ministro de Salud y
Protección Social; al ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio; al director del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); al gobernador del Magdalena; el alcalde del
municipio de Sitionuevo y Aguas del Magdalena y al titular del Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, con el fin de que allegaran un informe
sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción (índice 04 de Samai).

Adicionalmente, se negaron la medida provisional solicitad, en razón a que no estaban
dadas las razones fácticas y jurídicas que impusieran la necesidad de decretarla.

Intervenciones de las autoridades demandadas y vinculadas

El Tribunal Administrativo del Magdalena (índice 11 de Samai) consideró que el
accionante no expuso las razones fácticas y jurídicas por las cuales la acción popular
resulta inadecuada, insuficiente o ineficaz para conjurar la situación amenazante, pues
en su argumentación se limitó a señalar la existencia de condiciones de vulnerabilidad en
la población infantil del corregimiento, sin explicar por qué dichas circunstancias
impedirían acudir al escenario procesal natural para abordar problemáticas de carácter
estructural, ambiental y de servicios públicos esenciales.

En segundo lugar, bajo el trámite sumario de la acción de tutela, no puede impartir
órdenes de ejecución inmediata que impliquen erogaciones presupuestales o la
intervención integral del ecosistema, máxime cuando se trata de una situación
esencialmente colectiva cuya solución excede el marco de protección individual de la
tutela.

Por tales razones, consideró que la decisión que mejor armonizaba con los principios de
efectividad, prevalencia del derecho sustancial y acceso real a la administración de
justicia consistía en dejar sin efectos las actuaciones surtidas en sede de tutela desde el
auto admisorio y ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen, para que se
adecuara el trámite a los lineamientos propios de la acción popular y continuara con el
proceso conforme con las reglas previstas en la Ley 472 de 1998 y el artículo 144 del
CPACA.
La apoderada de la UNGRD solicitó negar el amparo, toda vez que no ha vulnerado los
derechos fundamentales del actor (índice 12 de Samai).

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07873-00
Actor (a): Andrés Felipe Gil Lozano
Acción de tutela

El apoderado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sostuvo que las alegaciones
del accionante se encuentran infundadas respecto de las dinámicas propias de la
jurisdicción constitucional y administrativa, pues la decisión del Tribunal Administrativo
del Magdalena procuró por una solución sistémica de la precaria situación de los
pobladores de Nueva Venecia y no se limitó a la atención de una emergencia (índice 13
de Samai).

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (índice 14 de Samai) coadyuvó la
acción de tutela, por considerar que la providencia del 21 de noviembre de 2025 vulneró
el derecho fundamental del debido proceso de las demandadas en el proceso de acción
de tutela con radicación no. 47001-33-33-006-2025-00141-00, debido a que dispuso la
adecuación del trámite a una acción popular, pese a que la defensa institucional se ejerció
exclusivamente dentro del marco constitucional y legal del amparo.

En consecuencia, pidió i) dejar sin efectos dicha providencia, ii) restablecer cauce
procesal propio de la acción de tutela, iii) limitar el análisis a la procedencia o
improcedencia de la acción y iv) precisar que la presentación de una acción popular debe
ser promovida por el ejercicio autónomo del mecanismo previsto en el artículo 88 de la
Constitución Política y la Ley 472 de 1998, con el fin de garantizar el derecho de defensa
y contradicción de las demandadas.

La Gobernación del Magdalena (índice 15 de Samai) solicitó declarar improcedente la
acción, toda vez que no procede contra providencias dictadas en otros trámites de tutela,
en aras de proteger la cosa juzgada y la seguridad jurídica.

Además, la providencia atacada no es un acto arbitrario, sino por el contrario, resultó del
ejercicio del deber del tribunal de corregir irregularidades sustanciales, como lo es darle
el trámite procesal que le corresponde bajo las causales del Código General del Proceso
aplicables por remisión y, en todo caso, para preservar la prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas a fin de evitar decisiones inhibitorias.

La Defensoría Regional del Magdalena (índice 16 de Samai) también coadyuvó las
pretensiones de la acción e indicó que no existe prueba procesal de una actuación
diligente por parte de las entidades que recibieron órdenes en el fallo de tutela
relacionadas con el abastecimiento de agua en la comunidad de Nueva Venecia y afirmó

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07873-00
Actor (a): Andrés Felipe Gil Lozano
Acción de tutela

que no se ha desvirtuado la vulneración de los derechos fundamentales y subjetivos de
los niños, niñas y adolescentes del corregimiento.

La procedencia de la acción de tutela se define por la existencia de una vulneración actual
de derechos fundamentales y por la necesidad de su protección, y no por la existencia
de otros mecanismos judiciales, especialmente cuando estos no resultan idóneos ni
eficaces.

Además, en el colegio, en el puesto de salud y en el programa “médico en tu casa” no
obra prueba, al menos sumaria, de que exista acceso a agua potable en el corregimiento,
lo cual vulnera de manera flagrante los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

En el Distrito de Santa Marta cursan múltiples acciones populares relacionadas con el
servicio de acueducto, algunas con fallos favorables que no han logrado solucionar de
manera efectiva la problemática.

También hizo referencia al proyecto denominado “El Curval” y solicitó que en los distintos
procesos se valoren los estudios técnicos, el concepto pericial de la Universidad Nacional
y la información recopilada en el Observatorio de Acciones Constitucionales de la
Defensoría, con el propósito de adoptar decisiones que aseguren el acceso efectivo al
agua potable como derecho fundamental de la población.

El relator del Tribunal Administrativo del Magdalena (índice 22 de Samai) remitió el
expediente digital contentivo del proceso de acción de tutela con radicación no. 47001-
33-33-006-2025-00141-00.

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (índice 23 de Sami) señaló que no ha
incurrido en acción u omisión alguna que vulnere o amenace derechos fundamentales
del actor, pues sus actuaciones se han desarrollado en el marco de las competencias
legales y constitucionales que le son propias y que la controversia planteada por el
accionante corresponde a un debate propio del proceso judicial adelantado ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo, relacionado con la protección de derechos
colectivos y ambientales, materia que, en su criterio, se tramita mediante la acción
popular y no por la vía excepcional de la tutela.
El señor Andrés Felipe Gil Lozano (índice 24 de Samai) presentó memorial de oposición
a las contestaciones rendidas dentro del trámite, en el que reiteró los cargos formulados

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07873-00
Actor (a): Andrés Felipe Gil Lozano
Acción de tutela

en la demanda de tutela y controvirtió los argumentos de improcedencia expuestos por
las autoridades intervinientes.

En relación con el Tribunal Administrativo del Magdalena, sostuvo que la magistrada
accionada no respondió de manera específica los cargos constitucionales planteados,
pues se limitó a reiterar argumentos generales sobre improcedencia, pero el reproche
central consiste en la falta de habilitación constitucional o legal para dejar sin efectos lo
actuado desde el auto admisorio de la tutela y reconducir el trámite a una acción popular.

Inclusive en caso de estimar improcedente el amparo, el juez así debía declararlo y no
sustituir el mecanismo promovido por otro que no promovió y que no es idóneo ni eficaz
para pretender la protección del derecho al agua potable de los niños, niñas y
adolescentes del municipio, además, la providencia carece de motivación suficiente sobre
las facultades que habilitaban a una sola magistrada a proferir la decisión adoptada.

Frente a la UNGRD afirmó que partió de una comprensión equivocada del objeto de la
acción, al asumir que se pretendía obtener una tercera decisión favorable, cuando el
debate se circunscribe a la regularidad constitucional de la solución procesal adoptada.
Señaló que la UNGRD no confrontó los defectos alegados en la demanda ni explicó la
habilitación jurídica para la reconducción del trámite.

Respecto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, indicó que la entidad
reconoció que no existe habilitación constitucional ni legal para reconducir una acción de
tutela a una acción popular y que estructuró su actuación bajo las reglas propias del
trámite de tutela. Señaló que ello confirma que la decisión cuestionada alteró el cauce
procesal inicialmente previsto.

En cuanto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sostuvo que la entidad no se
pronunció sobre el núcleo del reproche relativo a la falta de competencia del juez de
segunda instancia para dejar sin efectos lo actuado y reconducir el trámite, y que la
invocación de normas del Código General del Proceso y de jurisprudencia citada no
habilita la sustitución del mecanismo constitucional escogido por el accionante.

Finalmente, frente a Aguas del Magdalena ESP, señaló que no existe deber del juez de
reconducir una acción de tutela a otro mecanismo y que, aun si las órdenes de primera
instancia fueran consideradas inadecuadas, el juez de segunda instancia podía

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07873-00
Actor (a): Andrés Felipe Gil Lozano
Acción de tutela

modificarlas o modularlas, mas no suprimir el trámite constitucional. Añadió que la
existencia de la acción popular no excluye la procedencia de la tutela cuando se alega
afectación actual de derechos fundamentales de sujetos de especial protección
constitucional.

Actuación procesal posterior

Con ocasión de las solicitudes del actor7 se expidió el auto del 28 de enero de 2026 en
el cual se vinculó al defensor regional del Magdalena, al procurador (a) 13 Judicial II
Agraria y Ambiental del Magdalena, al procurador (a) 25 Judicial II de Familia de Santa
Marta y al director de la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales
– Dirección Territorial Caribe, tras verificar que les asiste interés en las resultas del
proceso.

Parques Nacionales Naturales de Colombia (índice 38 de Samai) manifestó que no tenía
competencia legal ni funcional para pronunciarse, decidir o actuar frente a la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados, por cuanto los hechos alegados
no eran atribuibles a sus actuaciones u omisiones ni guardaban relación con sus
funciones misionales definidas en el Decreto 3572 de 2011, razón por la cual debía ser
desvinculada del trámite.

La Procuraduría 13 Judicial II para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios
(índice 40) consideró que sí es procedente el amparo por vía de tutela porque existe una
vulneración actual y una amenaza grave a los derechos fundamentales al agua potable,
la salud, la vida digna, la alimentación y el mínimo vital de la comunidad del corregimiento
de Nueva Venecia, en especial de los niños, niñas y adolescentes, derivada tanto de la
falta prolongada de acceso efectivo a agua apta para el consumo humano como de la
crisis ambiental ocasionada por la proliferación de la Hydrilla verticillata8 en la Ciénaga
Grande de Santa Marta, la cual compromete el ecosistema, la seguridad alimentaria y la
supervivencia cultural de los pueblos palafíticos, por lo que solicitó impartir órdenes

7
“VINCULAR, con el fin de sanear el trámite procesal y garantizar la debida integración del contradictorio,
a los terceros con interés legítimo que fueron vinculados mediante el auto admisorio proferido por el
Juzgado Sexto Administrativo Oral de Santa Marta y que resultaron destinatarios de órdenes en el fallo de
primera instancia dentro de la acción de tutela con radicado 47-001-3333-006-2025-00141-00, en particular
a la Defensoría del Pueblo – Regional Magdalena, la Procuraduría 13 Judicial II Agraria y Ambiental
delMagdalena, la Procuraduría 25 Judicial II de Familia de Santa Marta y la Unidad Administrativa Especial
de Parques Nacionales Naturales – Dirección Territorial Caribe”.
8
Especie de planta invasora.

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Actor (a): Andrés Felipe Gil Lozano
Acción de tutela

complejas y articuladas a las autoridades nacionales, departamentales y municipales
competentes para garantizar de manera inmediata el suministro de agua potable,
impulsar la ejecución del proyecto de acueducto y alcantarillado y adoptar medidas
urgentes de control y erradicación de dicha especie invasora, con seguimiento
institucional permanente.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) cuestión preliminar, 2) finalidad de la acción de tutela y 3) el caso
concreto.

Cuestión preliminar: la coadyuvancia en la acción de tutela

La Sala advierte que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Defensoría
Regional del Magdalena y la Procuraduría 13 Judicial II para Asuntos Ambientales,
Minero Energéticos y Agrarios intervinieron dentro del presente trámite en calidad de
coadyuvantes de la parte actora, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991

Sobre el particular es pertinente señalar que la reglamentación procesal de la acción de
tutela prevé, en el artículo 13 del Decreto 2591 de 19919, la figura de la coadyuvancia.
Asimismo, en los precisos términos de la jurisprudencia constitucional el coadyuvante “es
un tercero que tiene con una de las partes una relación sustancial que, indirectamente,
puede verse afectada si la parte a la que coadyuva obtiene un fallo desfavorable”. En ese
orden de ideas, la misma jurisprudencia indicó que:

“[E]l coadyuvante, entonces, ejercita, dentro del proceso, las facultades que le
son permitidas y, en todo caso, no puede afectar a la parte, pues de la esencia

9
“ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E INTERVINIENTES. La acción
se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el
derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones
impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la
acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la
solicitud” (negrillas adicionales).

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07873-00
Actor (a): Andrés Felipe Gil Lozano
Acción de tutela

de la coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única o de
segunda instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer valer pretensiones
propias.”.10

Con apoyo en el anterior razonamiento, es claro entonces que la coadyuvancia surge en
los procesos de tutela como la participación de un tercero con interés en el resultado del
proceso que comparte las reclamaciones y argumentos expuestos, bien sea por el
demandante o por la parte accionada, sin que ello suponga que este pueda realizar
planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las elevadas por
aquellos, pues en esa eventualidad se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que
desvirtuaría la naturaleza jurídica de la coadyuvancia.

Así, en el presente caso se dispondrá la aceptación de la coadyuvancia presentada por
tales autoridades frente al escrito de la demanda como terceras con interés en el
resultado del proceso.

Con esa calidad se entenderá que su participación en el trámite de este proceso de acción
de tutela se limitará a apoyar y compartir las reclamaciones del actor, razón por la cual el
pronunciamiento que se emita por parte de esta Sala se restringirá a los fundamentos
contenidos en la demanda de acción de tutela y no respecto de aquellos del memorial de
contestación que difieran o no hagan parte de esta.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

10
Consejo de Estado, Segunda, sentencia de 23 de octubre de 2014, expediente no. 25000-23-41-000-
2014-01390-01. MP Alfonso Vargas Rincón.

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Actor (a): Andrés Felipe Gil Lozano
Acción de tutela

El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al
Tribunal Administrativo del Magdalena con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso y defensa, así como los derechos
fundamentales prevalentes de los niños, niñas y adolescentes involucrados en el
presente asunto, en particular los relacionados con su vida digna, salud, acceso al agua
potable, alimentación y mínimo vital, presuntamente vulnerados como consecuencia de
que dicha autoridad no decidió de fondo la acción de tutela con radicación no. 2025-
00141-00 y, en su lugar, dispuso mediante auto la adecuación del trámite a un mecanismo
judicial distinto, pese a la existencia de una situación grave y actual de afectación de
derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes del corregimiento de Nueva
Venecia, municipio de Sitio Nuevo.

2.1 Procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra
actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia

La Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018 recuerda que se ha admitido la
procedencia de la acción de tutela contra las decisiones de los jueces cuando incurran
en graves falencias que las hagan incompatibles con la Constitución y afecten los
derechos fundamentales de las partes.

No obstante, dicha procedencia es excepcional, “con el fin de que no se desconozcan los
principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica y la
naturaleza subsidiaria que caracteriza al mecanismo”.

Ahora bien, de conformidad con la reiterada jurisprudencia de ese alto tribunal para que
opere es necesario que se acrediten los requisitos generales y específicos de
procedibilidad señalados para tales efectos.

Dichos requisitos específicos de procedibilidad se estudiarán, una vez se tengan por
superados los siguientes requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales:

i) La cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que involucre la
posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes, ii) se cumpla el requisito
de inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07873-00
Actor (a): Andrés Felipe Gil Lozano
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proporcionado, a partir del hecho que originó la vulneración, iii) cuando se trate de una
irregularidad procesal que tenga un efecto decisivo en la sentencia que se impugna, que
resulte lesiva de las garantías constitucionales del actor, iv) el actor identifique de manera
razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos vulnerados, v) se
cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, es decir, que se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial al alcance del afectado, salvo que se trate de evitar un
perjuicio irremediable y, vi) la sentencia que se impugna en sede de tutela no
corresponda, a su vez, a una sentencia que haya definido una acción de tutela.

Sobre este último punto la Corte ha señalado que es necesario que la providencia judicial
cuestionada no sea una sentencia de tutela, pues los debates sobre la protección de los
derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, por lo cual se
debe distinguir si esta se dirige contra el fallo proferido en el proceso de tutela o contra
una actuación previa o posterior a ella.

Así pues, cuando la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso diferentes
a la sentencia, que es lo que nos interesa para la resolución del presente caso, la Corte
aludió que se debe determinar si estos acaecieron con anterioridad o con posterioridad
al fallo, así:

“4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato,
y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional”.

En esos términos, si la actuación cuestionada se presenta con anterioridad a la sentencia
que pone fin al proceso y conlleva una grave y abierta vulneración que torne la actuación
incompatible con la Constitución y afecte directamente los derechos fundamentales,
siempre que la demanda cumpla los requisitos generales de procedibilidad, la acción de
tutela sí es procedente.

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Acción de tutela

Verificación de los requisitos generales de procedencia

Previo al examen de fondo, la Sala advierte que en el presente asunto se satisfacen los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en tanto que a) la controversia plantea una cuestión de evidente relevancia constitucional,
al comprometer la conformidad constitucional del trámite de tutela y la protección
reforzada de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes; b) fue
promovida dentro de un término razonable ya que no han transcurrido más de seis (6)
meses desde que se notificó el auto del 21 de noviembre de 2025 y la vulneración de los
derechos de es actual y continua; c) los hechos y derechos presuntamente vulnerados
fueron identificados de manera clara; no se pretende reabrir un debate propio de una
instancia adicional; y d) no existen otros medios judicial idóneos ni eficaces para conjurar
la vulneración alegada, porque en materia de acciones de tutela no procede ningún
recurso contra los autos dictados en dicho trámite.

Aunque existe el mecanismo de revisión eventual, tal alteración no es susceptible de
corrección dentro de dicho trámite ni existe otro mecanismo judicial idóneo que permita
su revisión, dado que el control de la Corte Constitucional es eventual y discrecional, por
tanto, de no habilitarse el examen excepcional en esta sede, la supresión del trámite de
tutela dispuesta en la providencia cuestionada quedaría sin control jurisdiccional, pese a
haber sido adoptada por fuera del marco competencial propio de la segunda instancia.

En cuanto al requisito específico de tratarse de una evidente y flagrante vulneración de
los derechos fundamentales, sobre el cual se volverá en el análisis del caso concreto,
además, desde ya se advierte que no hay duda que se supera, ya que la magistrada
ponente no solo omitió llevar el asunto a la Sala de Decisión como era su deber, sino que
de facto, dejó sin efectos las decisiones proferidas hasta ese momento, lo que en el fondo
implicó el rechazo de plano de la tutela, sin competencia para ello, pues la Corte
Constitucional ha dejado claro que los únicos supuestos en los que procede el rechazo
de la acción de tutela son i) cuando no es posible entender el hecho o razón que motivó
la solicitud y el juez pide corregirla, pero la parte no la subsana y ii) por temeridad de la
acción.

Sin embargo, ninguno de esos supuestos se cumplieron o cuando menos estudiaron, sino
que la magistrada sustanciadora asumió competencias que no le correspondían sin un
mínimo estudio o análisis sobre el mérito de las pretensiones, la procedibilidad de la

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acción o la vulneración invocada por el actor, a tal punto que sustrajo el conocimiento del
proceso de la Sala de Decisión y a través de un auto de ponente decidió, unilateralmente,
dejar sin efectos las actuaciones hasta ese momento surtidas, sin advertir que estaban
en juego los derechos y garantías fundamentales de niños, niñas y adolescentes que no
solo merecen una protección especial del Estado, sino que se hallaban en un grave
peligro.

Sobre la posibilidad de presentar otra acción de tutela contra la decisión de negar una
impugnación, como ocurrió en este caso, en la sentencia T-192 de 1997 la Corte
Constitucional precisó que “la decisión de un juez de negar la impugnación de un fallo de
tutela sí puede ser cuestionada mediante otra acción de tutela. En caso de que el
funcionario judicial haya incurrido en una vía de hecho, ha realizado una acción que viola
una serie de derechos fundamentales y frente a la cual no existe otro medio de defensa
judicial11.”.

En esa medida, en este caso se cumplen los requisitos genéricos de procedibilidad de
tutela contra autos proferidos en procesos de idéntica naturaleza, motivo por el cual la
Sala procederá a examinar si, en el caso concreto, la providencia judicial cuestionada
incurrió en los reproches constitucionales endilgados.

En los términos en que fue planteada la controversia, la Sala amparará los derechos
fundamentales invocados, por las siguientes razones:

1) En el presente asunto, la acción de tutela promovida contra la providencia del 21 de
noviembre de 2025 resulta excepcionalmente procedente, a la luz de los criterios
expuestos previamente en materia de tutela contra providencias judiciales, y, de manera
específica, frente a decisiones adoptadas dentro de un trámite de tutela.

2) Así, como se anunció, la decisión cuestionada no se limitó a adoptar la decisión de
segunda instancia dentro del marco de la impugnación, ni a adoptar alguna de las
determinaciones que le son propias al juez de segunda instancia constitucional, sino que,
lejos de ello, decidió rechazar de plano la acción y sustituirla porque, a juicio de la
autoridad judicial accionada, lo procedente supuestamente era tramitar aquellas
pretensiones a través de un proceso judicial distinto, en desconocimiento del
procedimiento previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

11
Criterio que luego ha sido reiterado, entre otros, en la sentencia SU-387 de 2022 y el auto 200 de 2012.

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Actor (a): Andrés Felipe Gil Lozano
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3) En cuanto al fondo del asunto, en el caso concreto se alegó la configuración de un
perjuicio irremediable, derivado de la afectación actual, continuada y progresiva de
derechos fundamentales esenciales para la subsistencia digna de los menores de edad
involucrados, tales como el acceso al agua potable, la salud, la alimentación y el mínimo
vital, lo cual refuerza la procedencia de la tutela como mecanismo principal de protección.

4) En ese contexto, la controversia involucra derechos fundamentales de niños, niñas y
adolescentes del corregimiento de Nueva Venecia, respecto de quienes se alegó una
afectación actual y continuada, situación que impone un estándar reforzado de análisis y
excluye una interpretación rígida de la improcedencia.

5) Hecha esta precisión, procede el examen de la providencia adoptada el 21 de
noviembre de 2025, frente a lo cual la Sala observa que la magistrada ponente del tribunal
debió limitarse a decidir el fallo de segunda instancia en el sentido de confirmar, revocar
o modificar el fallo impugnado y no optar por un rechazo de plano que no encuentra
ningún sustento legal o jurisprudencial.

6) Inclusive, le asiste razón a la parte actora en cuanto a que si la accionada consideraba
que el mecanismo idóneo aparentemente no era la acción de tutela sino, supuestamente,
la popular, lo que correspondía era que en el fallo de segunda instancia se declarara la
improcedencia de la demanda por falta de subsidiariedad ante la existencia de otro medio
judicial, en los términos del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.

7) A pesar de ello, dispuso dejar sin efectos lo actuado desde el auto admisorio y ordenar
la adecuación del trámite a una supuesta acción popular, pese a que el escrito de
demanda fue sumamente claro y enfático en que lo pretendido era la protección de los
derechos fundamentales de acceso agua potable, salud y vida en condiciones de
dignidad de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Sitionuevo.

8) Si bien es cierto que la controversia, como es natural, estaba relacionada con garantías
fundamentales de toda una población ello no trastocaba la finalidad de la tutela ni mucho
menos convertía el amparo en una acción popular, como erróneamente se entendió en
la providencia cuestionada, pues, lejos de ello, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática y reiterativa en que incluso en presencia de derechos colectivos la acción de
tutela procede, de manera excepcional, como mecanismo principal siempre que se
prueba la existencia de un perjuicio irremediable como, en efecto, ocurrió en este caso si

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Actor (a): Andrés Felipe Gil Lozano
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se considera que se demostró de manera fehaciente la afectación a las garantías
constitucionales fundamentales de una población que es sujeto de especial protección
constitucional.

9) En efecto, de antaño la Corte ha sostenido –desde la sentencia SU-1116 de 2001–
que en estos casos basta con acreditar (a) que la afectación iusfundamental sea una
consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho colectivo (conexidad),
(b) que la persona que presenta la acción de tutela acredite -–y así lo considere el juez–
que su derecho fundamental o el de sus agenciados está directamente afectado
(legitimación); (c) que la afectación pueda considerarse cierta a la luz de las pruebas
aportadas al expediente (prueba de la amenaza o violación), y (d) que las pretensiones
tengan por objeto la protección del derecho fundamental y no del derecho colectivo en sí
mismo considerado (objeto de la pretensión o efecto hipotético de la orden judicial de
protección).

10) En este caso, no solo no existe controversia en cuanto a la legitimación por activa
que fue reconocida por el juzgado de primera instancia al actor para actuar como agente
oficioso de los menores a quienes representa, sino que este es un típico ejemplo de la
agencia oficiosa, a tal punto, que incluso, cuando no es expresa, se ha entendido que en
tales eventos –cuando se representa a menores de edad– se puede reconocer tal
condición dado que estaría la figura de la agencia oficiosa tácita.

11) Asimismo, tampoco existe duda alguna en punto a que la presunta afectación de los
derechos fundamentales es consecuencia inmediata y directa de la perturbación de lo
que el tribunal entendió como “derecho colectivo”; el acceso al agua potable y la
salubridad pública, sin hesitación alguna, tienen una estricta e inmediata relación con los
derechos a la vida, salud y dignidad de los niños, niñas y adolescentes del municipio de
Sitionuevo

12) Finalmente, en la forma en que fueron ventiladas las pretensiones también se tiene
por acreditado que la protección invocada recae sobre los derechos fundamentales y no
sobre los supuestos derechos colectivos en sí mismos considerados.

13) De hecho, como refuerzo de lo anterior, la Sala pone de presente que en un caso
similar, en el que la discusión también involucraba el acceso al agua potable y la

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salubridad, la Corte Constitucional no solo destacó la naturaleza fundamental del derecho
al agua potable12, sino que también precisó con absoluta claridad lo siguiente:

“Por regla general, las acciones populares salvaguardan los derechos colectivos.
Sin embargo, también se evidencia que la acción de tutela puede proteger
derechos fundamentales derivados de la afectación de derechos e
intereses colectivos, en dos situaciones, a saber: i) Cuando la afectación de
los derechos colectivos requiere la intervención urgente e inmediata del juez
constitucional para evitar un perjuicio irremediable. En efecto, al igual que en
toda situación de grave afectación de derechos fundamentales, la acción de
tutela procede como mecanismo transitorio que desplaza la competencia del juez
ordinario mientras se profiere el fallo correspondiente. En este caso, es
fundamental demostrar la premura en la intervención judicial, la gravedad del
perjuicio que sigue a la demora en resolver el asunto y la existencia de un
derecho fundamental afectado. ii) Cuando la amenaza o vulneración de un
derecho colectivo, produce la afectación directa de un derecho
fundamental. En esta situación, no se trata de reducir la intervención a un
número determinado de personas, ni de exigir la protección judicial del derecho
colectivo a partir de la afectación individual de derechos, se trata de delimitar con
claridad el campo de aplicación de cada una de las acciones constitucionales.
En relación con esta última circunstancia planteada, la jurisprudencia
constitucional ha reconocido la procedencia de la acción de tutela cuando
la afectación de un derecho colectivo conlleva la vulneración o amenaza de
derechos fundamentales”. (negrillas de la Sala).

14) En la misma oportunidad, la Corte agregó lo siguiente:

“La procedencia de la acción de tutela cuando estén involucrados derechos
colectivos debe examinarse a la luz de los derechos subjetivos que se
encuentren en juego y de los cuales exista prueba de su vulneración. Si bien las
pretensiones de los actores benefician al resto de la comunidad que se hallen en
su misma circunstancia, este hecho no excluye la procedencia de la acción
constitucional, pues el problema jurídico versa sobre la afectación del derecho
subjetivo individual de los peticionarios al servicio de alcantarillado y agua
potable. Lo anterior, se fundamenta en el hecho de que la jurisprudencia de esta
Corte ha reconocido la procedencia de la acción de tutela cuando la afectación
de un derecho colectivo conlleva la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales.

Ahora bien, como se expuso en la parte considerativa de esta providencia, la
acción de tutela dirigida a obtener obras de alcantarillado no es improcedente
por la existencia de otros medios de defensa judiciales como las acciones
populares, cuando se demuestra que existe una violación o amenaza directa al
derecho fundamental de la persona que interpone la tutela y que esta situación
tenga una relación de causalidad directa con la omisión de la administración que

12
“Como derecho fundamental, el derecho al agua tiene tanto un alcance subjetivo como objetivo.
La dimensión objetiva de los derechos fundamentales hace referencia a su poder vinculante frente
a todos los poderes públicos. En efecto, los derechos fundamentales constituyen un sistema de valores
positivizado por la Constitución que guía las decisiones de todas las autoridades, incluido el Legislador.
Como derecho subjetivo, la tutela del derecho al agua puede ser reclamada ante las instancias
judiciales en escenarios de vulneración tanto por parte del Estado como por parte de particulares,
especialmente cuando se trata de agua para consumo humano. El reconocimiento de su naturaleza
subjetiva ha dado lugar, por ejemplo, al desarrollo de una línea jurisprudencial amplia de protección
por medio de la acción de tutela”. (negrillas de la Sala).

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afecte el interés de la comunidad, dado que en estos casos se genera una unidad
de defensa, que obedece al principio de economía procesal y al de prevalencia
de la acción de tutela sobre las acciones populares”.

15) Así las cosas, en los términos de la jurisprudencia en cita, para la Sala es claro que
la magistrada ponente partió de un entendimiento equivocado sobre la controversia
sometida a su consideración que desconoció, no solo el precedente vinculante, sino los
derechos de la parte actora, pues, incluso una lectura desprevenida de la demanda
permite advertir con certeza que el interés del actor, en su condición de agente oficioso
de dicha población, era que se protegieran los derechos de los niños, niñas y
adolescentes del municipio de Sitionuevo.

16) Se reitera, ello se torna más evidente tratándose de la protección de niños, niñas y
adolescentes, grupo poblacional que no solo demanda una protección especial y
primordial, sino respecto de quien la propia jurisprudencia ha sido pacífica en torno a que
de las autoridades del Estado se exige un papel preponderante en aras de su defensa, a
tal punto en que inclusive en casos muy similares, en los que también se ha enrostrado
por los jueces de instancia la existencia de otros mecanismos como la acción popular, la
Corte ha sido enfática en que sí procede la acción de tutela en defensa de sus derechos
fundamentales, así13:

“La Sala no comparte el examen de procedibilidad de los jueces de instancia. En
criterio de la Sala, la acción de tutela sub examine satisface el requisito de
subsidiariedad, por dos razones fundamentales. Primero, la acción popular no es
un medio idóneo en este caso porque el objeto de la solicitud de amparo es la
protección del derecho fundamental a la educación, así como los derechos a la
salud e integridad del menor Gerónimo Nzue y los estudiantes del Instituto
Aquileo Parra, quienes son sujetos de especial protección constitucional. La
presunta violación a estos derechos sería una consecuencia cierta y directa de
las presuntas fallas en la planta física de las sedes urbanas del establecimiento
educativo. Segundo, la acción popular no es eficaz en concreto, pues no
permitiría brindar una solución suficientemente célere y expedita. Lo anterior,
dado que, conforme a las pruebas que reposan en el expediente, los estudiantes
han manifestado de forma reiterada que sienten dolores de cabeza después de
asistir a clase, derivados, presuntamente, de las altas temperaturas que
conservan las aulas y la exposición al asbesto. Algunos alumnos, incluso, han
tenido hemorragias nasales. En este sentido, la Corte considera que esta
situación requiere la intervención urgente, expedita e impostergable del juez de
tutela. Obligar a los estudiantes del instituto a interponer la acción popular
constituiría una carga irrazonable que profundizaría el riesgo de afectación a sus
derechos, lo cual es inadmisible desde el punto de vista constitucional”.

13
Corte Constitucional, sentencia T-303 DE 2024.

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Actor (a): Andrés Felipe Gil Lozano
Acción de tutela

17) Por los motivos hasta aquí expuestos, para la Sala se configura, en primer lugar, un
defecto procedimental absoluto, en razón a que la competencia del juez de segunda
instancia en sede de tutela se circunscribe a resolver la impugnación mediante una
decisión de fondo que confirme, revoque o modifique el fallo recurrido y no a sustituir el
mecanismo constitucional promovido por el accionante por otro proceso judicial.

18) Si el juez estimaba que el trámite adolecía de un vicio procedimental, debía declararlo
de manera expresa, conforme con las reglas que rigen las nulidades procesales, a través
de la identificación de la causal correspondiente y las consecuencias jurídicas de tal
determinación, lo que no ocurrió en el caso en estudio en el que se dejaron sin efectos
todas las actuaciones de primer grado sin declarar la nulidad formalmente y sin
fundamentación específica en una causal prevista por el ordenamiento.

19) A ello se suma que, tratándose de la resolución de una impugnación, la decisión debía
ser adoptada por la Sala correspondiente y no por la sola magistrada ponente, ya que el
fallo de segunda instancia en el marco de las acciones de tutela dentro de un órgano
colegiado constituye una decisión producto de la deliberación y votación conforme con
las reglas internas de funcionamiento.

20) En consecuencia, la supresión del trámite constitucional mediante una actuación
individual refuerza el quebrantamiento del debido proceso en su dimensión orgánica por
desconocer la competencia funcional y la garantía del juez natural.

21) Adicionalmente, la Sala encuentra que la providencia también incurrió en
desconocimiento del precedente constitucional aplicable a controversias en las que
confluyen afectaciones de alcance general y derechos fundamentales de niños, niñas y
adolescentes, puesto que, como se expuso con anterioridad, la jurisprudencia
constitucional ha sido reiterativa en señalar que la dimensión masiva de una problemática
no transforma automáticamente la controversia en colectiva ni despoja a los derechos
fundamentales de su carácter individual, ya que un derecho fundamental no pierde su
naturaleza por el hecho de que su vulneración afecte simultáneamente a múltiples
titulares.

22) En el caso concreto, los derechos invocados –acceso al agua potable, salud,
alimentación y mínimo vital– corresponden a niños, niñas y adolescentes y no se trata,
como se explicó en precedencia, de intereses supraindividuales abstractos, sino de

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Actor (a): Andrés Felipe Gil Lozano
Acción de tutela

derechos fundamentales individualizables, cuya afectación puede ser común para un
grupo o colectivo, pero sigue siendo directa y subjetiva respecto de cada menor; al
respecto, el artículo 44 de la Constitución Política no solo proclama la prevalencia de los
derechos de los niños, sino que impone a todas las autoridades un deber reforzado de
protección y un estándar más estricto de análisis cuando estos se encuentran
comprometidos.

23) La sola afirmación de que la problemática presenta un carácter estructural no exonera
al juez constitucional de verificar si existe, pese a ello, una afectación actual del núcleo
de los derechos fundamentales que demande protección inmediata; por ende, al omitir
este análisis y desplazar de manera automática la controversia hacia la acción popular,
la decisión se apartó injustificadamente del precedente vinculante que ordena preferir la
tutela cuando están en juego derechos fundamentales de niños.

24) La concurrencia de estos defectos relacionados con la indebida adecuación del
trámite, la utilización impropia del marco decisorio de la segunda instancia, la afectación
de la competencia colegiada y el desconocimiento del precedente en materia de
protección reforzada de menores no constituye un desacierto interpretativo menor, sino
una alteración sustancial del orden constitucional que irradia el proceso de tutela porque
impidió la resolución de la impugnación; en consecuencia, para la Sala es claro que la
providencia del 21 de noviembre de 2025 vulneró el derecho fundamental del debido
proceso del actor y sus agenciados lo cual habilita la intervención excepcional del juez
constitucional, con el fin de restablecer el cauce constitucional previsto por el artículo 86
de la Carta Política.

25) Como coincidieron en alegar tanto la Defensoría Regional del Pueblo como el
Ministerio de Ambiente en sus intervenciones, quienes coadyuvaron la solicitud de
amparo al advertir que la providencia cuestionada vulneró los derechos fundamentales
de las partes dentro del trámite de la otra acción de tutela, al disponer la adecuación del
proceso constitucional a un mecanismo judicial distinto, sin observar las reglas propias
del debido proceso constitucional, en este caso la Sala concluye que deben ampararse
los derechos invocados y ordenar que se dicte una decisión en reemplazo.

26) En particular, le asiste razón al Ministerio de Ambiente en cuanto puso de presente
que la decisión adoptada en segunda instancia desbordó el marco decisorio propio de la
impugnación en sede de tutela, al suprimir el trámite constitucional y reconducirlo hacia

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una acción popular, con afectación directa del derecho del debido proceso, del acceso
efectivo a la administración de justicia y de la garantía del juez natural de las partes que
acudieron al mecanismo de amparo.

27) De conformidad con las consideraciones precedentes, la Sala concluye que la
providencia proferida el 21 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, así
como los derechos fundamentales prevalentes de los niños, niñas y adolescentes
involucrados en el presente asunto.

28) En consecuencia, se dejará sin efectos la providencia del 21 de noviembre de 2025
y se ordenará al Tribunal Administrativo del Magdalena que adopte una nueva decisión
dentro del trámite de impugnación de la acción de tutela, con observancia estricta de sus
competencias funcionales y del precedente constitucional aplicable.

29) La nueva decisión deberá ser adoptada por la Sala correspondiente y deberá
pronunciarse de fondo, limitándose a confirmar, revocar o modificar el fallo de primera
instancia, sin sustituir el mecanismo constitucional de tutela por otro proceso judicial, al
tiempo que deberá incorporar un análisis reforzado de la situación de los niños, niñas y
adolescentes involucrados, valorar la existencia del perjuicio irremediable alegado y
atender los parámetros constitucionales que rigen la protección inmediata de sus
derechos fundamentales.

30) Finalmente, la Sala también dejará sin efectos aquellas actuaciones14 y providencias
que se adelantaron y expidieron en cumplimiento de la providencia de 21 de noviembre
de 2025, a saber, el auto del 19 de diciembre de 2025, la notificación de esa providencia
el 20 de enero de 2025 y la remisión en la misma fecha a la Oficina Judicial de Reparto
de los Juzgados Administrativo de Santa Marta para que enviara el expediente con
radicación no. 47001-33-33-006-2025-00141-00 al Tribunal Administrativo del Magdalena
para su reparto como una acción popular.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

14
Que constan en SAMAI.

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Actor (a): Andrés Felipe Gil Lozano
Acción de tutela

FALLA:

1º) Acéptanse las solicitudes de coadyuvancia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la Defensoría Regional del Magdalena y la Procuraduría 13 Judicial II para
Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios.

2º) Ampáranse los derechos fundamentales del debido proceso, vida digna, salud,
acceso al agua potable, alimentación y mínimo vital, los cuales resultaron vulnerados con
ocasión de la providencia proferida el 21 de noviembre de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

3°) Déjense sin efectos la providencia del 21 de noviembre de 2025, mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Magdalena dispuso dejar sin efectos lo actuado desde el auto
admisorio de la acción de tutela y ordenar la adecuación del trámite constitucional a una
acción popular y aquellas actuaciones y providencias que se adelantaron y expidieron en
cumplimiento de esa orden, a saber, el auto del 19 de diciembre de 2025, la notificación
de esa providencia el 20 de enero de 2025 y la remisión en la misma fecha a la Oficina
Judicial de Reparto de los Juzgados Administrativo de Santa Marta para que enviara el
expediente con radicación no. 47001-33-33-006-2025-00141-00 al Tribunal
Administrativo del Magdalena para su reparto como una acción popular.

4º) Ordénese al Tribunal Administrativo del Magdalena que, por conducto de la Sala
correspondiente, profiera una nueva decisión dentro del trámite de impugnación de la
acción de tutela, conforme a sus competencias constitucionales y legales, teniendo en
cuenta los lineamientos expuestos en la parte motiva de esta decisión.

5º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

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Actor (a): Andrés Felipe Gil Lozano
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6°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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