Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07904-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07904-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-07904-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
7 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 7 de abril de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07904-00
Demandante: Fiduciaria Davivienda SA y otro
Demandado: Consejo de Estado - Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia de segunda instancia que confirmó
la decisión apelada, por medio de la cual se negaron las pretensiones de una demanda
de nulidad y restablecimiento de derecho, en la que se cuestionaron unos actos
administrativos relacionados con la asignación de una contribución por valorización a un
predio.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por la Fiduciaria
Davivienda SA y la Industria de Artículos de Madera – IMA SAS en contra de
la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 11 de diciembre de 2025, la Fiduciaria Davivienda SA2 y la Sociedad
IMA SAS, por intermedio de apoderado judicial, presentaron una acción de
tutela en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por la
aparente vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia, junto con el principio de seguridad
jurídica, con ocasión de la Sentencia de 12 de junio de 20253, proferida por
la autoridad judicial accionada dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho Rad. 25000-23-37-000-2020-00278-02.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Quien actúa como vocera y administradora del Fideicomiso IMA.
3 Notificada a través de mensaje de datos enviado el 16 de junio de 2025.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07904-00
Demandante: Fiduciaria Davivienda SA y otro
Demandado: Consejo de Estado - Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó4 (se
trascribe):
“1. Sírvase señor Juez, amparar los derechos al debido proceso, vida digna,
mínimo vital y seguridad jurídica de mi representada.
2. En consecuencia, se ORDENE al IDU revocar todos los actos administrativos
que tenga relación con la Resolución No. 005882 de 2019.
3. Sírvase ORDENAR revocar todo el procedimiento administrativo de la
referencia.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) Mediante la Resolución No. 6441 de 27 de diciembre de 2018, la
Subdirección General Jurídica del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU asignó
a cargo del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 050C-1779289,
de propiedad de la Fiduciaria Davivienda SA e IMA Industria de Artículos de
Madera SA, una contribución de valorización por beneficio local dentro del
Eje Zona Industrial, la cual había sido autorizada por el Acuerdo Distrital 724
de 2018, proferido por el Concejo de Bogotá.
5. 2) El 11 de marzo de 2019, la Fiduciaria Davivienda SA, como vocera
del Fideicomiso IMA y de IMA Industria de Artículos de Madera SA, presentó
un recurso de reconsideración en contra de la Resolución No. 6441 de 2018
ante el IDU, en la que alegó la inexistencia o indeterminación de la base
gravable por falta de “desarrollo normativo del factor “B” Beta”, errores en
el avalúo catastral, ausencia de demostración del beneficio real,
desconocimiento de la capacidad contributiva, y la improcedencia de
cobrar valorizaciones soportadas en obras aún no ejecutadas.
6. 3) A través de la Resolución No. 5882 de 23 de septiembre de 2019,
notificada personalmente el 28 de noviembre de 2019, el IDU resolvió el
recurso de reconsideración y confirmó en su integridad la Resolución No.
6441 de 2018, con fundamento en que la contribución había sido
determinada conforme con el avalúo catastral suministrado por la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital, el método de avalúo
ponderado por la distancia definido en el Acuerdo 724 de 2018, y el “soporte
técnico de la memoria y del factor Beta B”, lo que le permitió concluir que
la base gravable y la distancia al punto de la obra estaban correctamente
4 Si bien las pretensiones se dirigieron contra los actos administrativos proferidos por el IDU, lo cierto es que, en el
escrito de tutela, la parte actora manifestó lo siguiente (se trascribe): “La sociedad FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A,
actuando como vocera y administradora del FIDEICOMISO IMA, (...) y la sociedad IMA INDUSTRIA DE ARTÍCULOS
DE MADERA S.A S (...) interpone la presente acción de tutela, vulnerada por las decisiones adoptadas la SECCIÓN
CUARTA del CONSEJO DE ESTADO que desconocieron su derecho constitucional al debido proceso, y acceso a la
administración de justicia.”, y la parte accionada fue únicamente el Consejo de Estado – Sección Cuarta.
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calculadas y que la contribución podía imponerse incluso antes del inicio de
las obras.
7. 4) Contra las Resoluciones No. 6441 de 2018 y 5882 de 2019, la
Fiduciaria Davivienda SA e IMA Industria de Artículos de Madera SA
presentaron una demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la que solicitaron la nulidad de ambos
actos y la devolución de los pagos en exceso o, subsidiariamente, la
modificación de la liquidación con reducción del avalúo catastral, ajuste de
la distancia, exclusión del factor Beta, disminución de la contribución y
reconocimiento de los reintegros a que hubiere lugar.
8. A su juicio, los actos administrativos debían declararse nulos ante la
ausencia de requisitos formales y materiales en la asignación y cobro, el error
en el avalúo y en el beneficio real, el indebido cálculo y doble
contabilización a través del factor Beta “B”, la indeterminación del factor
Beta en la memoria técnica, la violación de los principios de equidad
tributaria y unidad de materia, la omisión en la conformación de juntas de
vigilancia, la afectación del debido proceso y de la capacidad contributiva,
la extemporaneidad del cobro frente al inicio de las obras, la improcedencia
del porcentaje por administración del recaudo y la redistribución
inequitativa por exclusión de ciertos predios.
9. 5) El asunto fue conocido, en primera instancia, por la Subsección B
de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que,
mediante Sentencia de 11 de abril de 2024, negó las pretensiones de la
demanda, al concluir, entre otros puntos, que el Acuerdo 724 de 2018 sí fijó
la base gravable, el método de avalúo ponderado por la distancia y el
factor Beta “B” contaban con soporte técnico suficiente, no se probó que
la distancia real del predio a la obra fuera distinta de la considerada por el
IDU, la contribución podía imponerse antes de la ejecución de las obras
conforme con lo dispuesto en el Acuerdo 7 de 1987 expedido por el Concejo
Distrital de Bogotá (mediante el cual se adoptó el Estatuto de Valorización),
y no se acreditó que la prórroga de plazos de las obras afectara la legalidad
de la contribución asignada al inmueble.
10. 6) Contra la sentencia de primera instancia, la Fiduciaria Davivienda
SA y la Industria de Artículos de Madera SA presentaron un recurso de
apelación con fundamento en la extralimitación de competencias del IDU
al complementar elementos del tributo mediante la Resolución No. 6441 de
2018 (factor Beta “B”), lo que, a su parecer, desconoció la reserva de la ley
tributaria en errores en la liquidación por no atender el grado real de
beneficio, ni la capacidad contributiva en la inexistencia o doble conteo del
factor Beta “B” dentro de la fórmula, en la falta de motivación y publicidad
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de los parámetros técnicos, y en la imposibilidad de cobrar la contribución
mientras las obras asociadas a la valorización no se iniciaran o completaran.
Consideraron que esos aspectos configuraban violaciones al debido
proceso, a la seguridad jurídica y a la igualdad tributaria.
11. 7) La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante Sentencia de
12 de junio de 2025, decidió confirmar la decisión de primera instancia. Para
ello señaló que: (a) el Acuerdo 724 de 2018 sí fijó la base gravable y el
método de distribución (avalúo ponderado por la distancia), por lo que el
IDU no se atribuyó competencias legislativas al desarrollar técnicamente el
factor Beta “B” dentro de la memoria técnica y la Resolución 6441 de 2018;
(b) el concepto técnico aportado por el IDU mostraba que la distancia del
predio a la obra y el parámetro Beta habían sido calculados con un modelo
econométrico soportado, y la parte demandante no aportó ninguna
prueba idónea de que la distancia real fuera otra, ni de que el parámetro
Beta “B” careciera de sustento.
12. (c) Indicó que, conforme con el artículo 89 del Acuerdo 7 de 1987, la
contribución de valorización podía imponerse antes del inicio de las obras,
de modo que la aparente extemporaneidad en la ejecución no afectaba
por sí sola la validez del gravamen; y (d) en temas como equidad tributaria,
exclusión de ciertos estratos, porcentaje de administración y capacidad
contributiva, la Sala encontró respaldo en la memoria técnica, encuestas y
normas vigentes, y concluyó que no había vulneración de los principios
constitucionales invocados por la parte actora.
13. Como fundamento de la vulneración, la parte actora cuestionó que
(1) la metodología del IDU para fijar la base gravable (en especial el uso y
construcción del factor Beta “B”) desconocía la reserva de ley en materia
tributaria y el principio de legalidad, pues habría creado o completado
elementos esenciales del tributo que no eran de su competencia; (2) hubo
un error en la liquidación de la contribución de valoración, ya que no se tuvo
en cuenta el grado de beneficio real y la capacidad del contribuyente; (3)
la inexistencia del fator Beta “B” para el cálculo del cobro de la contribución
de valorización.
14. Como consecuencia de lo anterior, consideró que el Consejo de
Estado profirió una providencia contraria a la Constitución y a la ley, que
convalidaba un cobro, a su juicio, arbitrario e inmotivado; y que dicha
situación generaba un perjuicio irremediable, grave e inminente sobre el
patrimonio del contribuyente, que afectaba su mínimo vital.
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1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados5
15. La Sección Cuarta del Consejo de Estado6 solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela, en la medida en que la intención de
la parte actora era continuar con la discusión del litigio que fue resuelta por
las autoridades judiciales en el proceso ordinario, a través de las 2 instancias
agotadas. De manera subsidiaria, solicitó que se negara la acción de tutela
ante la ausencia de vulneración de derechos fundamentales.
16. La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca7 solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de
tutela por no superar el requisito de relevancia constitucional, pues este
mecanismo constitucional no podía ser utilizado como una instancia
adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Subsidiariamente, indicó que, si se estudiaba el fondo de la controversia, la
tutela debía negarse porque no se vulneraron los derechos fundamentales
de la parte actora, ni se configuró un perjuicio irremediable.
17. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca8 se limitó a informar que
el expediente del asunto objeto de la presente acción de tutela se
encontraba a cargo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
18. El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU9 hizo referencia al carácter
subsidiario de la acción de tutela, con el fin de cuestionar su uso para objetar
decisiones que fueron adoptadas por las autoridades judiciales que
conocieron del proceso ordinario. Adicionalmente, refirió que los actos
administrativos demandados no estaban incursos en la nulidad invocada,
tal como se había determinado en el proceso ordinario.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusión.
2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
19. La Sala advierte que la acción de tutela es improcedente porque no
se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.
5 Mediante Auto de 16 de diciembre de 2025, (1) se admitió la acción de tutela, (2) se tuvo como demandada a
la Sección Cuarta del Consejo de Estado y, (3) se vinculó al Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y al Instituto
de Desarrollo Urbano – IDU como terceros con interés en el asunto.
• Posteriormente, mediante Auto de 2 de marzo de 2026, se ordenó la vinculación de la Subsección B de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
6 Índice 11 de Samai.
7 Índice 26 de Samai.
8 Índice 10 de Samai.
9 Índice 21 de Samai.
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20. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional10.
21. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio
debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige,
adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o
arbitraria de un derecho fundamental11.
22. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto12; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario13 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad14.
23. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202315,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de 3 criterios:
(1) no tratarse de asuntos legales o simplemente económicos, (2) perseguir
la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.
10 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
11 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
12 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
13 Idem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
14 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
15 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
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24. Bajo este entendido, la Sala considera que, en el presente caso, no se
cumplió con el mencionado requisito, por las razones que pasan a
explicarse:
25. De la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que la parte
actora pretendió revivir un debate propio del juez natural sobre una
situación definida y consolidada. Así, buscó que, a través de la acción de
tutela, se estudiaran aspectos que ya fueron resueltos, es decir, utilizarla
como una instancia adicional.
26. Lo anterior obedece a que la parte actora no expuso los motivos por
los cuales consideraba que la cuestión discutida era de relevancia
constitucional y era necesaria la intervención del juez de tutela, de cara a
la decisión adoptada por el juez de la nulidad y restablecimiento del
derecho, pues presentó los reparos hechos a la decisión enjuiciada, como
meras diferencias o discrepancias interpretativas.
27. Además, la parte accionante no encuadró sus reparos en defectos,
sino que se limitó a insistir en cuestionamientos que ya se habían puesto de
presente en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y en el
recurso de apelación, tales como: la metodología del IDU para fijar la base
gravable, el aparente desconocimiento de la reserva de ley en materia
tributaria, ante lo que, a su juicio, fue un desarrollo de elementos esenciales
del tributo por parte del IDU, la existencia de un error en la liquidación de la
contribución de valoración al no tener en cuenta el grado de beneficio real
(distancia del predio respecto de la obra) y la capacidad del contribuyente
(con base en el avalúo catastral), y la inexistencia del fator Beta “B” para el
cálculo del cobro de la contribución de valorización.
28. Esos reparos fueron abordados y resueltos por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado a través de la Sentencia de 12 de junio de 2025, en la
cual la referida autoridad judicial señaló que el IDU no se atribuyó facultades
que no le correspondían, contrario a ello se limitó a aplicar el Acuerdo 724
de 2018, del Concejo Distrital de Bogotá, el cual fijó la base gravable del
tributo de la siguiente manera (se trascribe): “(i) se parte del costo de la
obra, (ii) se agrega un porcentaje para sufragar el costo de la administración
del recaudo, (iii) el monto distribuible se desagrega por cada uno de los tres
ejes y, (iv) el monto distribuible se actualiza con base en la variación del
índice de costos de construcción pesada ICCP, que certifique el DANE.”
29. Respecto de la aparente existencia de un error en la liquidación de la
contribución, la autoridad judicial accionada indicó que no fue así, dado
que, de un lado, si bien la parte actora alegó que hubo un incorrecto
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cálculo de la distancia entre el predio gravado y las obras, lo cierto es que
la afirmación de la parte actora carecía de soporte probatorio, ya que no
demostró que la distancia fuera mayor a la establecida. De otro lado,
expresó que, para la liquidación, el IDU determinó el avalúo catastral con
información extraída de la base de datos de la Unidad Administrativa
Especial de Catastro, y que si la parte demandante consideraba que
existían inconsistencias en ese avalúo debió aportar las pruebas para
desvirtuar esa estimación, pero no lo hizo.
30. Sobre la determinación del factor Beta “B”, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado explicó que el rol que cumplía ese factor era ajustar
matemáticamente el valor de la contribución según la distancia de cada
predio a la obra pública. Y que, pese a que para la parte actora dicho
factor generaba “indeterminaciones”, lo cierto era que el conceto técnico16
aclaraba su origen y su función dentro de la fórmula, y que no fijaba una
base gravable nueva, ya que la fórmula solo repartía el monto total entre los
obligados, como lo permitía el Estatuto de Valorización de Bogotá. En esa
medida, concluyó que el método era claro, definía bien qué era el factor
Beta “B” y su rol en el cálculo.
31. Por último, la Sala pone de presente que, si bien la parte accionante
cuestionó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, lo cierto es que sus reparos parecieran más encaminados a reiterar
la supuesta existencia de una nulidad en las resoluciones proferidas por el
IDU para la asignación de la contribución por valorización, lo cual, como se
hizo referencia en los párrafos anteriores, ya fue objeto de estudio por parte
de la autoridad judicial natural de ese asunto.
16 Al respecto, la autoridad judicial realizó la siguiente trascripción del concepto técnico:” El parámetro beta se
define como aquel que muestra la relación entre distancia y el avalúo catastral a partir de los efectos en el valor
del suelo producto de la cercanía a bienes públicos. El método de distribución definido para el Acuerdo 724 de
2018, denominado avalúo ponderado por la distancia, tiene como objetivo fundamental distribuir el costo de las
obras (monto distribuible) en función del avalúo catastral de cada predio y la distancia a la obra más cercana.
Este método ha probado ser efectivo, entre otras cosas, para lograr una distribución del tributo que respeta el
principio de progresividad tributaria. La estimación de un parámetro beta dentro de la función de distribución
contribuye a un ajuste más equitativo del tributo. Matemáticamente, su objetivo es definir la pendiente de la curva
de distribución en relación con la distancia. Suponer que dicho parámetro es igual a 1 (la pendiente de la curva)
es asumir que el efecto de un bien público sobre el precio de un predio es único y que no existen más
determinantes de dicho precio. Dicha suposición no parece razonable, pues ciertamente resulta más atractivo un
bien que se localiza más cerca a ciertos bienes públicos (parques, vías principales, andenes accesibles, etc.). En
este sentido, es importante aclarar entonces que el parámetro en discusión no recarga la Contribución, al
contrario, debe entenderse como un parámetro que permite equidad en la definición del tributo, pues, como ya
se señaló, suponer que el parámetro beta es igual a uno implicaría una definición del tributo más gravosa para
todos los contribuyentes y que el efecto de cada obra es homogéneo sobre cada predio. (…) La estimación de
dicho parámetro se hizo a partir de un modelo econométrico que relacionó el avalúo catastral y la distancia al
bien público local más cercano y otras variables de control, asociadas con características de ubicación y de
vecindario. El parámetro utilizado en la distribución de la Contribución, y que fue resultado de la estimación del
modelo, fue cercano al 6% (menor a 1). Se realizaron ejercicios de sensibilidad para lograr ver cómo ciertos
cambios en la estimación de dicho parámetro impactaban la contribución final para cada predio y se comprobó
que variaciones de dicho parámetro superiores a entre uno (1) y (2) puntos porcentuales generaban cambios en
las contribuciones, que en promedio estaban cercanos al 0.22%, mostrando estabilidad en la estimación de dicho
parámetro y un mejor comportamiento de la distribución en términos de equidad.”
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32. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez natural, quien puso de presente las razones por las cuales
consideró que no había lugar a declarar la nulidad de los actos
administrativos demandados y, por ende, confirmó la sentencia de primera
instancia.
33. En esa medida, debe aclarase que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, vía tutela, no da por cumplido el requisito de relevancia
constitucional. Más, si se trata de una tutela contra providencia judicial, pues
este es un mecanismo constitucional de amparo de derechos
fundamentales de carácter excepcional17.
2.2. Conclusión
34. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala considera que no
se satisfizo el requisito de relevancia constitucional y, por ende, declarará la
improcedencia de la solicitud de amparo.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por la Fiduciaria
Davivienda SA y la Industria de Artículos de Madera – IMA SAS, de
conformidad con las razones expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General15.
17 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659
de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
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TERCERO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Ausente con excusa Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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