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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07905-00

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07905-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar las pretensiones formuladas por la señora Ana Francisca Giraldo Sanint, en atención a la parte motiva de esta determinación judicial. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07905-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

19 de febrero de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07905-00
Demandante: Ana Francisca Giraldo Sanint

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 19 de febrero de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07905-00
Demandante: ANA FRANCISCA GIRALDO SANINT
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS - SALA SEGUNDA DE
DECISIÓN

Tema: Tutela contra fallo que revoca decisión que accedió a las pretensiones
en proceso de retiro por pensión. Se deniega el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Ana Francisca Giraldo Sanint
contra el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Segunda de Decisión.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 11 de diciembre de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, la
demandante pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, así como de los principios de legalidad y
prevalencia del derecho sustancial.

A juicio de la tutelante, la vulneración de dichas garantías superiores se deriva de
sentencia del 10 de octubre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas,
Sala Segunda de Decisión, que revocó el fallo dictado por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Manizales que accedió a las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho 17001-33-33-756-2015-00323-00- 03.

2. Pretensiones

La accionante formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO. Que se DECLARE que la Sala de Decisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CALDAS, vulneró los DERECHOS FUNDAMENTALES, de la Accionante al DEBIDO PROCESO,
PRINCIPIO DE LEGALIDAD, PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL, Y DERECHO DE
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN LA JUSTICIA, al haber proferido la Sentencia cuestionada el 10 de
Octubre de 2025.

SEGUNDO. Que en consecuencia se TUTELE los derechos fundamentales de la Accionante DEL
DEBIDO PROCESO, Art. 29 PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL Art 228 Y ACCESO A
LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. Art 229.

TERCERO. - Que en consecuencia se ordene que SE REVOQUE y DEJE SIN EFECTOS la Sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas Sala Segunda de Decisión, Magistrado Ponente
Fernando Alberto Álvarez Beltrán, a fin de que se garanticen mis derechos al Debido Proceso (Art.
29), principio de legalidad, Prevalencia del Derecho Sustancial, el Acceso a la Administración de
Justicia.

1 Índice 1 de Samai.

1

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07905-00
Demandante: Ana Francisca Giraldo Sanint

CUARTO.- Que en consecuencia ORDENE a la Sala de decisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CALDAS proferir nuevamente la decisión de Segunda Instancia dentro de los parámetros Legales
y Constitucionales que establezca la autoridad de Tutela Instancia y que se resuelva la Segunda
Instancia teniendo en cuenta el Acto Administrativo cuya Nulidad se solicitó, todo lo cual se omitió, por
alguna extraña razón como quiera que dicho Acto Administrativo viciado de nulidad precisamente fue el
que motivo que se instaurara el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho como
medio de control, y toda la actuación que ahora nos ocupa.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. Trámite administrativo

La señora Ana Francisca Giraldo Sanint prestó servicios en el cargo de Inspector de
Policía Urbano 1.ª Categoría de Manizales desde el 6 de marzo de 1992. Mediante
Resolución GNR 212058 de 23 de agosto de 2013, la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones le reconoció la pensión de jubilación a partir del 7 de agosto
de 2013 y anunció que sería incluida en nómina desde el mes de septiembre de 2013.

La demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación en contra del
anterior acto administrativo. Por Resolución GNR 61866 del 3 de marzo de 2015,
Colpensiones resolvió el recurso de reposición y modificó el acto recurrido, en el sentido
de elevar la cuantía de la prestación y disponer que su efectividad sería a partir del 1.º
de octubre de 2014. Asimismo, se concedió el recurso de apelación.

Mediante Resolución 0597 de 21 de abril de 2015, el municipio de Manizales dio por
terminada por justa causa la relación laboral con la demandante a partir del 4 de mayo
de 2015, en atención a que Colpensiones le reconoció la pensión de jubilación y, además,
que se encontraba agotada la vía gubernativa, lo que habilitaba al municipio para
desvincularla, en los términos establecidos en el parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. El acto administrativo
fue objeto de corrección a través de la Resolución 1306 de 25 de agosto de 2015, solo
para precisar que se hizo alusión erróneamente a la Secretaría de “Hacienda”, pero que
realmente era la Secretaría de Gobierno.

La demandante fue ingresada en nómina en el mes de marzo de 2015 y la primera
mesada le fue pagada en el mes de abril siguiente.

Mediante Resolución VPB 53519 de 22 de julio de 2015, Colpensiones resolvió el recurso
de apelación interpuesto contra la Resolución GNR 61866 del 03 de marzo de 2015, y
modificó la decisión adoptada únicamente en el sentido de ordenar que se adelantara el
cobro a la Nueva EPS de aportes en salud pagados en exceso.

3.2. Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

La demandante interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin
de obtener la nulidad del acto administrativo que dispuso su retiro del servicio y su
consecuente reintegro.

El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Quinto Administrativo de Manizales
en el proceso 17001-33-33-756-2015-00323-00, que, por sentencia del 19 de mayo de
2020, accedió a las pretensiones de la demanda. Explicó que la demandante era
beneficiaria del régimen de transición y, por tal razón, tenía derecho a permanecer en el
empleo hasta cumplir la edad de retiro forzoso, además, señaló que existió (i) falsa
motivación, porque en el acto demandado se afirmó que se encontraba en firme el acto
de reconocimiento pensional y (ii) desviación del poder, pues el municipio de Manizales
procedió de manera precipitada y abusiva, acudiendo a una normativa que no le resultaba
aplicable a la actora para retirarla del servicio.
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Demandante: Ana Francisca Giraldo Sanint

El municipio de Manizales apeló la sentencia, la cual fue revocada por el Tribunal
Administrativo de Caldas, en fallo del 10 de octubre de 2025, en el que la Corporación
advirtió que, la jurisprudencia vigente sobre la materia ha precisado que el retiro del
servicio por pensión es procedente siempre y cuando esté acreditada la inclusión en
nómina de la prestación, lo cual ocurrió en el caso de la demandante quien ya estaba
recibiendo su mesada al momento en que se hizo efectiva su desvinculación del
municipio.

4. Fundamentos de la tutela

La tutelante adujo que la sentencia cuestionada incurrió en defecto fáctico por cuanto el
Tribunal Administrativo de Caldas omitió el análisis de las pruebas allegadas al proceso,
que daban cuenta de la falsa motivación contenida en los actos demandados, en los que
se afirmó que el retiro del servicio procedía por cuanto se encontraba agotada la vía
gubernativa en el trámite de reconocimiento pensional y sin tener en cuenta que para el
momento del retiro, no se había resuelto el recurso de apelación que había interpuesto
la tutelante.

Consideró extraño que, al resolver el caso concreto, el tribunal accionado no haya
transcrito el artículo séptimo del acto de reconocimiento, de donde se desprendía, que,
en efecto, para el momento del retiro de la demandante, no era cierto que estuviera
agotada la vía administrativa.

Criticó que la providencia cuestionada se haya limitado a indicar que al margen de la
situación antes descrita, solo era relevante que Colpensiones ingresó a nómina a la
señora Ana Francisca Giraldo Sanint en abril de 2015 y que el retiro se produjo el 4 de
mayo de ese año, convalidando la falsedad contenida en el acto de retiro en el que se
dijo que el trámite administrativo estaba en firme y con decisión ejecutoriada, sin tener en
cuenta que para el momento de su expedición estaba pendiente de resolver el recurso
de apelación interpuesto por la demandante.

Anotó que el fallo adolece de falta de motivación, como quiera que revocó integralmente
la sentencia que accedió a las pretensiones sin explicar por qué restaba relevancia al
contenido del acto de reconocimiento, que permitía concluir que el municipio de
Manizales, de manera arbitraria y anticipada (4 meses antes), afirmó falsamente que la
vía gubernativa ya se encontraba agotada, como argumento para retirarla del cargo a la
demandante.

Expuso que el análisis de la segunda instancia no debió ceñirse solo a las consecuencias
del acto demandado sino también a su contenido falso, el cual fue el motivo que llevó al
a quo a acceder a las pretensiones, es decir, la motivación fue parcial pues solo se dio
importancia a estudiar si la demandante tenía o no la calidad de pensionada y si tenía o
no derecho a permanecer en el cargo y no a las falsedades consignadas en el acto
administrativo que fue considerado nulo en la primera instancia.

5. Trámite procesal

Con auto del 15 de diciembre de 2025, el Despacho sustanciador admitió la tutela de la
referencia y, entre otras cosas, ordenó notificar a la autoridad accionada y vincular como
terceros con interés al Juez Quinto Administrativo de Manizales, quien profirió la
sentencia de primera instancia, al alcalde del municipio de Manizales, quien tuvo la
calidad de demandado en el proceso ordinario y al gerente de la Previsora S.A. en su
calidad de llamado en garantía en el proceso 17001-33-33-756-2015-00323-00/03.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado
practicó las notificaciones correspondientes mediante correos electrónicos enviados el
16 de diciembre de 2025.

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6. Intervenciones

El Tribunal Administrativo de Caldas, a través del Magistrado ponente de la sentencia
discutida, se remitió íntegramente a la providencia y dejó constancia de que las
inconformidades planteadas por la accionante en el escrito de tutela se refieren a las
consideraciones que sustentaron la negativa de las pretensiones, sin que ello implique
vulneración de los derechos fundamentales invocados, toda vez que la decisión
cuestionada se encuentra debidamente soportada en fundamentos fácticos, jurídicos y
jurisprudenciales.

La Alcaldía de Manizales, por intermedio de apoderada judicial, solicitó que se nieguen
las pretensiones de la acción de tutela. Señaló que, del fallo de segunda instancia
proferido por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, no se
desprende de modo alguno error ostensible, flagrante y manifiesto en la valoración de las
pruebas obrantes en el expediente que configuren el defecto fáctico del que se acusa.
Agregó que la sentencia atacada explicó claramente las razones por las cuales la causal
de retiro del servicio contenida en la ley 797 de 2003 era aplicable a la demandante;
además, sostuvo que la tesis que aplicó el Tribunal era una posición reiterada de la
jurisdicción.

La compañía La Previsora S.A., por intermedio de apoderado, solicitó se declare la
improcedencia de la acción, como quiera que la tutela contra providencias judiciales no
es una tercera instancia prevista por el legislador y, en este caso, los hechos refieren una
situación que fue debatida en el proceso ordinario, motivo por el cual no debe ser objeto
de pronunciamiento adicional, esto sumado a que no se observa ninguna violación
flagrante de un derecho fundamental como el debido proceso, por el contrario, la parte
actora propone apreciaciones sin fundamento fáctico ni jurídico.

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Manizalesguardó silencio pese a
haber sido debidamente notificado.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la
demandante con el fin de dejar sin efectos la sentencia del 10 de octubre de 2025, con la
que en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Segunda de
Decisión, revocó el fallo dictado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Manizales que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho 17001-33-33-756-2015-00323-00-03.

La Sala anticipa que denegará el amparo pretendido en razón a que la sentencia atacada
no incurrió en los defectos fáctico, ni falta de motivación, comoquiera que se fundó en
una interpretación razonable de las normas que regulan el retiro del servicio por pensión.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra determinaciones judiciales y,
finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los

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requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que, de
encontrarse demostrados los defectos alegados por la accionante, se afectarían las
garantías superiores invocadas, pues la presunta desatención o inaplicación indebida del
ordenamiento jurídico por parte de la autoridad judicial accionada, podría afectar
prerrogativas de las partes del proceso protegidas por el sistema normativo superior que
ameritan la intervención del juez constitucional.

Asimismo, se constata que la discusión planteada por la tutelante es constitucional y no
netamente legal o económica, toda vez que concierne a la garantía superior de los
derechos laborales de los servidores públicos; tampoco pretende revivir un debate ya
surtido, pues las decisiones dentro del proceso ordinario fueron opuestas.

La demanda también cumple el requisito de inmediatez por cuanto, de acuerdo con la
verificación del expediente 17001-33-33-756-2015-00323-00-03 el correo electrónico con
el que se comunicó la providencia cuestionada fue enviado el 10 de octubre de 2025, de
conformidad con el numeral 2 del artículo 205 4 del CPACA, y la tutela fue presentada el
11 de diciembre de 2025 (1 mes y 25 días después), es decir, cuando no habían
transcurrido los 6 meses jurisprudencialmente reconocidos como el plazo razonable para
formular la acción de tutela contra providencias judiciales.

Asimismo, se agotaron los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, dado que
contra la sentencia cuestionada no procedía recurso por proferirse en segunda instancia.
Además, los cargos tampoco comportan alguna de las causales de procedibilidad del
recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA o del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia.

También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generaban la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto
es, expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolece de defectos
fáctico y falta de motivación.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la tutelante ataca una
providencia emitida en un proceso de reparación directa.

4. Análisis del caso concreto

En la solicitud de amparo, la demandante sostiene que la sentencia cuestionada incurre
en defecto fáctico, en razón de que no valoró en debida forma las pruebas allegadas al
proceso, en virtud de las cuales se logró demostrar que el acto administrativo demandado

2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío

del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».
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contiene una afirmación falsa y en tal medida debía ser anulado, tal como lo consideró la
primera instancia.

La demandante también señaló que el fallo cuestionado adolecía de falta de motivación,
por cuanto el Tribunal Administrativo de Caldas no explicó la razón por la cual, pese a
contener una imprecisión, el acto administrativo debía ser convalidado y en tal medida
concluir que no estaba viciado de nulidad.

La Sala realizará el análisis conjunto de los defectos alegados, como quiera que se
dirigen a cuestionar el análisis probatorio y las conclusiones a las que llegó el Tribunal
Administrativo de Caldas para negar las pretensiones de la demanda.

De las pruebas allegadas a este trámite constitucional, la Sala evidencia que la señora
Ana Francisca Giraldo Sanint prestaba sus servicios en el cargo de Inspector de Policía
Urbano en el Municipio de Manizales y, una vez cumplidos los requisitos para el efecto,
elevó solicitud de reconocimiento pensional, la cual fue resuelta favorablemente por la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones mediante Resolución GNR
212058 de 23 de agosto de 2013.

Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación. El recurso de reposición fue desatado por medio de la Resolución GNR 61866
del 3 de marzo de 2015, por medio de la cual Colpensiones modificó el acto recurrido,
incrementó la cuantía de la prestación a partir del 1.º de octubre de 2014. Asimismo, se
anunció que se enviaría la actuación para surtir el trámite del recurso de apelación.

Como consecuencia de lo anterior, el alcalde de Manizales expidió la Resolución 0597
de 21 de abril de 2015, por la cual se dio por terminada por justa causa la relación laboral
de la demandante con el municipio a partir del 4 de mayo de 2015, con base en las
siguientes consideraciones:

Que en el parágrafo 3.° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797
de 2003, señala: (…), fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1037
de 2003, en los términos de la parte resolutiva de la misma así “(...) siempre y cuando además de la
notificación del reconocimiento de la pensión no se pueda dar por terminada la relación laboral sin que
se le notifique debidamente su inclusión en la nómina de pensionados correspondiente”.

Que el literal e) del artículo 41, de la Ley 909 de 2004, estipuló como causales de retiro del servicio de
quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y, de carrera administrativa,
el *Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez'. Literal que fue declarado exequible por
la Corte Constitucional en la Sentencia C-501 de 2005, 'en el entendido de que no se pueda dar por
terminada la relación laboral sin que se le notifique debidamente su inclusión en la nómina de
pensionados correspondiente”.

Que la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, mediante Resolución No. GNR
212057 del 23 de agosto de 2013, reconoció y ordenó el pago de pensión de vejez a la señora GIRALDO
SANIN ANA FRANCISCA, identificada con cédula
de ciudadanía No. 24.330.151.

Que la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, mediante Resolución No. GNR
61866 del 3 de marzo de 2015, Radicado No. 2013_9122464, resolvió recurso de reposición y modificó
la Resolución No. GNR 212057 del 23 de agosto de 2013, reconociendo el pago de la pensión mensual
vitalicia de vejez a la señora GIRALDO SANIN ANA FRANCISCA, precisando que ya queda agotada la
vía gubernativa.

Que en escrito de Colpensiones se certifica que la Resolución No. GNR 61866 del 3 de marzo de 2015
se encuentra ejecutoriada a partir del día 17 de marzo de 2015.

Que, según constancia adjunta, la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES certifica
la inclusión en nómina de la señora GIRALDO SANIN ANA FRANCISCA.

Que la señora GIRALDO SANIN ANA FRANCISCA, identificada con cédula de ciudadanía No.
24.330.151, se encuentra como titular del empleo de Inspector de Policía Urbano 1.ª categoría, código
233, nivel 2, grado 06, asignación mensual $2.656.170. Adscrito a la Secretaría de Gobierno.

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La anterior decisión fue corregida a través de la Resolución 1306 de 25 de agosto de
2015, solo para precisar que en la parte resolutiva se hizo alusión erróneamente a la
Secretaría de “Hacienda”, pero que realmente la demandante prestaba sus servicios en
la Secretaría de Gobierno.

Posteriormente, Colpensiones profirió la Resolución VPB 53519 de 22 de julio de 2015,
en la que resolvió el recurso de apelación que había sido concedido en la Resolución
GNR 61866 del 3 de marzo de 2015, modificando la decisión adoptada únicamente en el
sentido de ordenar que se adelantara el cobro a la nueva EPS de aportes en salud
pagados en exceso y señalando que con ese auto se agotaba la actuación administrativa.

Según oficio de 3 de septiembre de 2018, suscrito por la directora de Nómina de
Pensionados de Colpensiones, certificó que la prestación reconocida a favor de la
demandante fue ingresada en nómina en el mes de marzo de 2015 y empezó a pagarse
a partir del mes de abril siguiente.

Ahora bien, comoquiera que los defectos alegados están directamente relacionados con
la presunta falta de análisis probatorio y las conclusiones a las que llegó el Tribunal
Administrativo de Caldas, estos se analizarán de manera conjunta. Veamos:

En la solicitud de amparo, la actora sostuvo que la sentencia reprochada incurrió en
defecto fáctico porque desestimó las pruebas que permitían establecer que existió una
manifestación falsa en el acto demandado, en la medida en que la alcaldía de Manizales
señaló que con la Resolución GNR 61866 del 3 de marzo de 2015, se agotó la vía
gubernativa en el trámite adelantado por la demandante ante Colpensiones.

La Sala observa que las razones por las cuales el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Manizales accedió a las pretensiones de la demanda, consistieron en que (i)
por ser beneficiaria del régimen de transición, la demandante tenía derecho a que se
aplicara lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, norma según la cual, al margen de tener
reconocida una pensión, un servidor puede permanecer en el empleo hasta la edad de
retiro forzoso y (ii) el que se haya señalado que el acto de pensión estaba ejecutoriado,
evidenció una desviación del poder de la entidad, destinada a provocar el retiro de la
demandante.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Caldas, al resolver el recurso de apelación
interpuesto por la demandada, se apartó de las conclusiones de la primera instancia, para
lo cual consideró que la demandante consolidó su estatus pensional cuando ya estaba
vigente la Ley 797 de 2003, por lo que, el parágrafo 3 del artículo 9 de esa norma le era
aplicable, y en tal medida el reconocimiento pensional era una justa causa para dar por
terminada la relación legal o reglamentaria del trabajador.

Asimismo, el Tribunal consideró que, independientemente de que Colpensiones haya
expedido con posterioridad la Resolución No. VPB 53519 de 22 de julio de 2015, el
ingreso a nómina de la demandante se produjo en marzo de 2015, con pago de la mesada
a partir de abril, mientras que el acto de retiro se expidió con efectos a partir del 4 de
mayo de 2015, lo que evidencia que la accionante no tenía derecho a continuar ocupando
el cargo de Inspector de Policía Urbano hasta la edad de retiro forzoso, pues, para el
momento del retiro, ya disfrutaba de su pensión.

Del análisis probatorio y legal efectuado por el Tribunal Administrativo de Caldas, se
advierte que a diferencia de lo alegado por la tutelante, la Corporación sí explicó con
suficiencia las razones por las cuales se apartaba de las conclusiones jurídicas
esbozadas por el a quo, y que la demandante no podía considerarse como beneficiaria
del régimen de transición a efectos de inaplicar el contenido de la causal de retiro
contemplada en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, por lo que, en tal medida, a voces
de lo dispuesto por la Corte Constitucional al analizar la legalidad de dicha disposición,
la inclusión en nómina habilita el retiro del servidor público que ha sido beneficiado con
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una pensión de jubilación y, en consecuencia, no era posible señalar que la actora tuviera
derecho a permanecer en el cargo hasta cumplir la edad de retiro forzoso.

Con base en lo anterior, el Tribunal consideró que al margen de la imprecisión parcial
contenida en la resolución de retiro del servicio, relativa a la presunta ejecutoria del acto
de reconocimiento pensional, el que la demandante estuviera incluida en nómina de
pensionados permitía entender que dicho acto no adolecía de un vicio de ilegalidad que
lo invalidara, no porque el Tribunal justificara el yerro que cometió el municipio de
Manizales al hacer tal afirmación, sino porque esta no tenía la virtud de deslegitimar los
demás argumentos consignados en el acto, en los que también se señaló que como la
demandante ya estaba incluida en nómina, era posible proceder a su retiro en los
términos de la norma ya mencionada.

En igual sentido, no era necesario que el Tribunal estudiara el vicio de desviación del
poder que fue alegado por la demandante, pues el concluir que la entidad no transgredió
la norma aplicable fue suficiente para considerar que el acto administrativo no perdió su
presunción de legalidad y que era procedente el retiro del servicio.

En ese orden de ideas, como la sentencia censurada no incurre en los defectos alegados, se
impone denegar las pretensiones de la tutelante.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Denegar las pretensiones formuladas por la señora Ana Francisca Giraldo Sanint, en
atención a la parte motiva de esta determinación judicial.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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