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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07911-00

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07911-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. NEGAR las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora Isabel Cristina Martínez López y otra, de acuerdo con lo indicado en la sentencia. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07911-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-07911-00
Demandante ISABEL CRISTINA MARTÍNEZ LÓPEZ Y OTRA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA SÉPTIMA
DE ORALIDAD
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. causales generales y
especiales de procedibilidad. Defecto fáctico. Medio de control de
reparación directa. Muerte de patrullero en actos de servicio.
Amenazas previas.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por Isabel Cristina Martínez López y otra, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 11 de diciembre de 20251, la señora Isabel Cristina Martínez López, quien actúa
en nombre propio y en representación de su hija menor VOM, interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia del 11 de
junio de 2025, proferida en la segunda instancia del medio de control de reparación
directa con radicado 05001-33-33-021-2016-00553-01.

En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones2:
(sic para toda la cita)
«Primero. Tutelar los derechos fundamentales a la IGUALDAD PROCESAL, al DEBIDO
PROCESO y al de ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, vulnerados por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA SÉPTIMA DE ORALIDAD, MP
CARLOS CRISTOPHER VIVEROS ECHEVERRI.
Segundo. Ordenar como consecuencia de lo anterior, que se restituya el Derecho
Fundamental a la IGUALDAD PROCESAL, al DEBIDO PROCESO y al de ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA».

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. La señora Isabel Cristina Martínez López y otros promovieron medio de control
de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
para que se declare su responsabilidad extracontractual por la muerte del
agente Fredy Alonso Olaya Puerta, en hechos ocurridos el 6 de septiembre de
2014, estando en servicio activo en un puesto de control y seguridad vial en la
ruta que conduce de Dabeiba a Santafé de Antioquia.
1
Samai, índices 1 y 2.
2
Página 6 de la acción de tutela. SAMAI, índice 2.
1

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Demandante: Isabel Cristina Martínez López y otra

2.2. En primera instancia el Juzgado 21 Administrativo de Medellín mediante
sentencia del 26 de mayo de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda. Argumentó que el daño alegado se acreditó con el registro civil
de defunción y el protocolo de necropsia practicado a la víctima directa. En
cuanto a la imputación, el juez manifestó que se acreditó que la muerte ocurrió
en actos del servicio y que la omisión de atender la solicitud de traslado
conllevó a la concreción del daño. Por lo tanto, se declaró la responsabilidad
del Estado, pero se redujo en un 50% por la contribución de la víctima al
retirarse el chaleco balístico y el fusil.
2.3. Ambas partes recurrieron la sentencia de primera instancia. La parte
demandante discutió la disminución de la indemnización con fundamento en
la omisión de usar el chaleco antibalas, así como el reconocimiento y tasación
de los perjuicios. Por su parte la Policía Nacional alegó que no se probó una
omisión imputable ni se probaron amenazas concretas relacionadas con la
muerte del patrullero, ocurrida en desarrollo de riesgos propios de servicio
policial. Sostuvo que el agente actuó sin apoyo y sin elementos de protección,
y que la omisión de traslado no fue la causa efectiva del daño, por lo que
solicitó revocar la decisión porque no se acreditó un riesgo excepcional.
2.4. La Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante sentencia del 11 de junio de 2025, revocó la decisión adoptada por
el a quo. En primer lugar, la autoridad judicial precisó que el caso debía
analizarse bajo el régimen subjetivo de responsabilidad y el título de
imputación de falla en el servicio. En ese contexto, consideró que en el curso
del proceso no se demostró que las amenazas contra el patrullero Olaya
Puerta fueran conocidas por sus superiores ni que existiera nexo causal entre
la alegada falta de traslado y el atentado que acabó con su vida.
Para el tribunal el ataque no fue una retaliación personal, sino un hecho fortuito
que pudo afectar a cualquiera de los patrulleros presentes en el retén.
Agregó que tampoco se acreditó el incumplimiento de los protocolos en el
puesto de control, pues, aunque había tres policías, las normas permiten que
algunas funciones se acumulen siempre que dos uniformados participen en el
registro de los vehículos, lo cual, en un principio, ocurrió.
Según el informe de novedad, fue el propio patrullero quien decidió detener
otro camión sin apoyo suficiente, retirarse el chaleco balístico, con lo que
asumió un riesgo mayor que llevó al fatal desenlace.
En consecuencia, el tribunal concluyó que no hubo falla en el servicio atribuible
a la entidad demandada y que la muerte obedeció a una serie de
circunstancias desafortunadas junto con la imprudencia del occiso.
2.5. La magistrada Martha Nury Velásquez registró salvamento de voto frente a la
decisión. En su consideración, debió confirmarse la decisión de condena de
primera instancia dado que se acreditó que el daño antijurídico derivó de la
falla en el servicio atribuible a la entidad accionada.
En particular, destacó que la víctima realizaba labores de patrullaje en vías
que lo exponían a ataques de grupos al margen de la ley, pese a existir
amenazas en su contra conocidas por la institución. En ese contexto, se alegó
que la entidad no adoptó medidas para proteger su integridad.

3. Fundamentos de la acción
La parte actora argumentó que la sentencia del 11 de junio de 2025 incurrió en
defecto fáctico por indebida valoración de los medios de prueba. En su
consideración el Tribunal Administrativo de Antioquia valoró indebidamente las
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pruebas del proceso que daban cuenta de la falla en el servicio en la que incurrió la
Policía Nacional; en particular, destacó el documento contentivo de la solicitud de
traslado firmada por el patrullero Fredy Alonso Olaya Puerta el 27 de agosto de
2014. Allí el agente puso de presente la información allegada por personas
conocidas sobre el peligro que corría con ocasión a las incautaciones de droga que
había hecho en ejercicio de sus funciones de policía.
También destacó, con fundamento en el Informe Administrativo por Muerte 417 de
2014, que no se siguieron los procedimientos necesarios para instalar el retén en
tanto que se dispuso muy poco personal para desarrollar esa labor.

Se destaca el siguiente aparte del escrito de tutela:
«En los hechos y pretensiones formulados en el medio de control, probamos que se presentó
una falla en el servicio, de un lado por no haberse seguido los protocolos establecidos para
adelantar este tipo de procedimientos, que requieren, en su sentir un mayor número de
personas y de otro, por haber hecho caso omiso a la solicitud de traslado que ocho días antes
había presentado el Patrullero FREDY ALONSO OLAYA PUERTA al haber sido informado
sobre amenazas que pesaban sobre él, debido a los operativos positivos que había realizado
en la región. También quedó probado la existencia de un riesgo excepcional en el entendido
del aumento desmedido del riesgo en la vida del finado».

En el escrito de tutela también se manifestó que el caso debió ser estudiado bajo el
régimen objetivo de responsabilidad en el que corresponde a la entidad demandada
acreditar el rompimiento del nexo causal para exonerarse de responsabilidad.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. El 18 de diciembre de 2025, el despacho sustanciador requirió a la parte
accionante para que acreditara como se configuran en el caso concreto los
requisitos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y para que individualizara las personas que actuaron como
demandantes y terceros en el proceso de reparación directa 05001 33-33-021-
2016-00553-00/01.

4.2. En escrito de subsanación del 16 de enero de 2026, la accionante precisó que
invocaba el defecto fáctico contra la sentencia del 11 de junio de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Explicó que, a su juicio,
la autoridad accionada incurrió en errores al valorar las pruebas de manera
caprichosa, arbitraria, parcial e ilógica.

Sostuvo que el tribunal accionado desconoció los elementos de prueba que
daban cuenta de la existencia de un riesgo excepcional y que, por tanto,
permitían el análisis del caso bajo el régimen objetivo de responsabilidad. Así,
advirtió que se debió dar el peso que correspondía a la solicitud de traslado
que hizo el patrullero fundamentado en el peligro que corría su vida. Agregó
que este documento se presume auténtico en tanto que no fue refutado con
las reglas procesales establecidas por el ordenamiento para tal fin. En esa vía,
expuso que de haberse dado trámite a la solicitud de traslado probablemente
no se hubiera presentado el desenlace fatal.

Insistió en que la policía desatendió los criterios de valoración probatoria en el
análisis de los documentos que daban cuenta de la existencia de un riesgo
excepcional respecto del patrullero como consecuencia de las incautaciones
que había hecho previamente y que pusieron en riesgo su vida.

4.3. En auto del 23 de enero 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela interpuesta por Isabel Cristina Martínez López, quien actúa en nombre
propio y en representación de su hija menor VOM, contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad.
3

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Además, vinculó, en calidad de terceros con interés, a la Nación, Ministerio
de Defensa Policía Nacional, dada la calidad de demandado en el proceso
ordinario analizado; así como a las personas que actuaron como
demandantes3; al Ministerio Público y a la agencia de Defensa Jurídica del
Estado; y al Juzgado Veintiuno Administrativo de Medellín. A esa última
autoridad también la ofició para que remitiera en medio digital el expediente
del proceso de reparación directa 05001 33-33-021-2016-00553-00/01 y para que
notifique la existencia de tutela a los sujetos procesales.
Finalmente, se ofició a la Secretaría General y a la Oficina de Sistemas del
Consejo de Estado para que publicaran aviso en el que informaran a los
interesados la existencia de esta tutela.
4.4. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por conducto de
asesora del Área Jurídica de la Secretaría General, solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela porque incumple con el presupuesto de
subsidiariedad. Estima que el caso no da cuenta de un perjuicio irremediable
que justifique la intervención del juez constitucional, máxime cuando la
accionante tuvo a disposición los mecanismos del procedimiento ordinario
para pretender la protección de sus derechos fundamentales.
También expuso que la acción de tutela no fue presentada en un plazo
razonable considerando que «fue incoada (…) ante su despacho judicial el 28 de
enero del año en curso», es decir, pasados más de seis meses de haber conocido
la decisión que alega vulneradora de sus derechos.
Finalmente, señaló que en el caso concreto no se probó falla en el servicio
atribuible a esa entidad dado que le brindó los elementos de seguridad al
agente, pero éste fue quien decidió retirarse el chaleco balístico y despojarse
de su arma de dotación poniendo en riesgo su vida.
4.5. El apoderado de los señores Olga Lorena Olaya Puerta, Juan Fernando Olaya
Puerta, Jorge Mario Olaya Puerta, Ana Sofia Olaya Martínez, Oscar Augusto
Olaya Puerta y Olga Ruth Puerta Herrera expresó la voluntad de sus
representados de adherirse a las pretensiones de la acción de tutela por la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y
de acceso a la administración de justicia.
Como fundamento de lo anterior, relacionó algunos de los apartes del escrito
de tutela y del salvamento de voto de la magistrada Martha Nury Velásquez
Bedoya, a los que se acogió.
4.6. El Juzgado Veintiuno Administrativo de Medellín, por conducto de la titular
del despacho, sostuvo que las actuaciones adelantadas en primera instancia
se surtieron con observancia de la ley procesal y siguiendo los preceptos
jurisprudenciales que el despacho consideró que eran aplicables. En todo
caso, advirtió que la sentencia de primera instancia no fue objeto de tutela por
lo que no corresponde a ese despacho satisfacer las pretensiones de la acción
de amparo.
De otra parte, el despacho judicial relacionó el enlace para acceder al
expediente ordinario en integridad y surtió la notificación de la acción de tutela
a los terceros con interés a las direcciones de correo que obraban en el
expediente y relacionó las constancias.
4.7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, por
conducto del magistrado ponente de la sentencia cuestionada, solicitó que se

3
Ana Sofía Olaya Martínez, Lisandro Antonio Olaya Osorio, Olga Rut Puerta De Olaya, Oscar Augusto Olaya Puerta, Jorge
Mario Olaya Puerta, German Adolfo Olaya Puerta, Olga Lorena Olaya Puerta, Juan Fernando Olaya Puerta, Jhon Jairo
Martínez Londoño, Gloria Patricia López Gómez, Johany Andrés Martínez López y Daniel Alejandro Martínez López
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declare la improcedencia de la acción por incumplir con el presupuesto de
relevancia constitucional.

Considera que la intención de la parte actora es promover una instancia
adicional para exponer su desacuerdo en una decisión que le es desfavorable,
pero que fue razonablemente decidida por los jueces de la causa en el curso
del proceso ordinario. En esa línea, reprocha que «se viene sistemáticamente
desnaturalizando el objeto de la acción de tutela», pues se promueve en la mayoría
de los casos de sentencias desfavorables adoptadas en segunda instancia
para procurar cambiar la decisión.

De manera subsidiaria se pronunció sobre el fondo del asunto. Dijo que el
defecto fáctico invocado se fundamenta en una posición subjetiva de la
accionante que busca que se acojan sus pretensiones en ejercicio de la acción
de tutela, pues la lectura de la sentencia da cuenta de que las aseveraciones
del escrito de tutela no se corresponden con la realidad.

Manifestó que la Sala de Decisión valoró todos los medios de prueba allegados
al expediente y concluyó que no respaldaban una decisión de condena porque
se acreditó que la muerte del patrullero de «un conjunto de circunstancias
desafortunadas (…) junto con la propia imprudencia del occiso».

Así, advierte que la sentencia se fundamentó en la valoración racional de las
pruebas y la aplicación del marco jurídico pertinente, por lo que no está
acreditado el alegado defecto fáctico.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5
y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

4
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
5
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
6
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
5

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De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional7 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige una
mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con lo anterior y por tratarse de una acción de tutela contra una
providencia judicial, la Sala deberá determinar, en primer lugar, si la acción de tutela
supera el examen general de procedibilidad.

En caso de superar dicho análisis, el problema jurídico se concentrará en establecer
si la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en
defecto fáctico al proferir la sentencia del 11 de junio de 2025, en el proceso de
reparación directa 05001-33-33-021-2016-00553-01.

4. El caso particular supera el examen general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales

La acción fue presentada en un plazo razonable dado que la providencia acusada
fue proferida el 11 de junio de 2025 y notificada a través de mensaje de datos
remitido a los sujetos procesales el día 13 del mismo mes y año8, mientras que la
tutela se interpuso el 11 de diciembre de 2025, es decir, antes de los seis meses
establecidos como pauta razonable por el precedente constitucional de las altas
Cortes.

Se cumple con el requisito de la subsidiariedad, toda vez que se discute una
sentencia ordinaria de segunda instancia por lo que no proceden recursos ordinarios
para atacarla y los argumentos en que se apoyó la acción de amparo no se
acompasan con los extraordinarios, de manera que también se estima superado el
presupuesto de subsidiariedad.

En lo que respecta a la relevancia constitucional, se observa una relación clara de
los hechos que fundamentan la acción de tutela. En cuanto a los argumentos sobre
la vulneración de los derechos fundamentales invocados como vulnerados, si bien
es cierto en el escrito inicial la actora se limitó a exponer argumentos de instancia
adicional sin indicar con claridad el error o defecto que atribuía a la sentencia del 11
de junio de 2025, cierto es que en el escrito de subsanación se complementó la
argumentación, de manera que ahora se puede tener claridad sobre el defecto
fáctico que se atribuye a la autoridad judicial accionada. Además, como la decisión
de negar las pretensiones de la demanda se adoptó en apelación, no se evidencia
que se tome la tutela como una tercera instancia.

Finalmente, es claro que no se discute por esta vía una decisión emanada en un
proceso de tutela, sino una sentencia proferida en un proceso ordinario de
reparación directa.

7
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
8
Expediente digitalizado del medio de control de reparación directa nro. 05001-33-33-021-2016-00553-01. Carpeta de la
segunda instancia, archivo denominado «010SoporteNotificacionSentencia»
6

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5. Defecto fáctico: su alcance y análisis en el caso particular

5.1. La Corte Constitucional ha indicado que la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales es «estrictamente excepcional»9 a fin de proteger
los principios de autonomía, especialidad e independencia judicial, así como
los de seguridad jurídica y cosa juzgada. Así entonces, el estudio de la petición
de amparo se torna más riguroso frente al defecto fáctico, pues es pacífico que
el juicio de valoración probatoria desplegado por el juez natural de la causa
está prevalido de un amplio margen de discrecionalidad, propio del sistema de
libre valoración acogido en el Código General del Proceso10.

Lo anterior no quiere decir que aquella discrecionalidad sea ilimitada, pues no
equivale a arbitrariedad o capricho; implica que la intromisión del juez de tutela
en la valoración probatoria del fallador natural se restringe a los eventos en los
cuales la irregularidad sea ostensible, flagrante y manifiesta11. La acción de
tutela no se puede convertir en una instancia revisora de la actividad probatoria
del juez ni un escenario para imponer una tesis alternativa de valoración
probatoria. Esto, en procura de garantizar la independencia judicial, cuyo
alcance adquiere significado en actos propios e intrínsecos del juez de la
causa, como la valoración de la prueba.

Para dilucidar los escenarios donde el juez constitucional está habilitado para
estudiar la valoración probatoria del fallador ordinario, resultan ilustrativas las
sentencias SU 129 de 2021 y T 018 de 2023, en las que la Corte Constitucional
estableció los parámetros para identificar si la valoración probatoria supera los
límites de lo racional frente a la calidad de las pruebas y de su valoración12.

Algunos de los eventos identificados por la jurisprudencia, son: (i) cuando la
conclusión extraída de las pruebas es por completo equivocada (arbitraria) y
esa desproporción puede identificarse por cualquier «persona de juicio medio»;
(ii) cuando las pruebas no se valoraron en integridad; (iii) cuando la conclusión
probatoria se fundamenta en pruebas impertinentes, inconducentes o ilícitas;
(iv) cuando los enunciados y conclusiones probatorias carecen de fundamento
objetivo y la decisión se cimienta en la voluntad o capricho del juez; y (vii)
cuando se niega, por capricho o arbitrariedad, el decreto o práctica de una
prueba relevante para resolver el asunto debatido.

Por el contrario, cuando la decisión judicial se fundamenta en la valoración
racional y razonable de los medios de prueba, en el marco de discrecionalidad
propio del sistema de libre valoración, no es dable al juez constitucional dejar
sin efectos la decisión judicial, aunque considere que debió darse una
apreciación diferente de los medios de prueba13.

Al respecto, en la sentencia T-217 de 2010, la Corte Constitucional indicó:
«Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden
considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y
razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana critica,
y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.
El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo, sino que sus
actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela
la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la
valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima» (Destaca la Sala) 14.

9
Sentencia SU215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
10
Artículos 165. Medios de prueba y 176. Apreciación de las pruebas.
11
Corte Constitucional. Sentencia SU337 de 2017 M.P. Antonio José Lizarazo, reiterada en la sentencia T-018 de 2023,
con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez.
12
Sobre el concepto de racionalidad, el Tribunal Constitucional en la sentencia SU-128 de 2021, indicó: El concepto
razonabilidad, en particular y en interpretación de la Corte, puede ubicarse en la antípoda del concepto arbitrariedad.
13
En ese sentido se pronunció la Corte en la sentencia T-018 de 2023, párrafo 74.
14
Corte Constitucional. Sentencia T-060 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
7

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Bajo la anterior premisa, la jurisprudencia constitucional ha indicado que, en
razón a los principios de autonomía e independencia judicial la intervención
del juez de tutela en relación con la posible ocurrencia de un defecto fáctico
debe ser de carácter «extremadamente reducido», dado que es en el juicio de
valoración probatoria donde adquieren mayor trascendencia estos principios15.
5.2. En el caso particular, el actor argumentó que el defecto fáctico en la sentencia
del 11 de junio de 2025 se fundamentó en tres argumentos principales. La
primera, el hecho de que el patrullero radicó, previo al atentado, solicitud de
traslado aduciendo riesgo a su integridad por los positivos en contra del crimen
organizado, la cual no fue tramitada por la Policía Nacional. Resaltó que el juez
ordinario de primera instancia declaró probado ese hecho y las operaciones
de incautación lideradas por el patrullero, de acuerdo con los documentos que
fueron aportados al proceso.
De otra parte, alegó la indebida valoración de los medios de prueba que
acreditaban que el patrullero tuvo que desplegar sus funciones en vías que lo
hacían vulnerable a ataques de grupos ilegales, dadas las amenazas que
pesaban en su contra según se lo habían indicado pobladores de la región,
pero la entidad demandada no adelantó gestiones para proteger su integridad,
aduciendo razones administrativas ante esa importante omisión. A lo anterior
adicionó que se probó la falla en el servicio de la demandada al haberse
soslayado los protocolos para la debida instalación y ejecución de retenes.
En el escrito de tutela también se acusó que el tribunal accionado desechara
los argumentos sobre la existencia de un riesgo excepcional para la aplicación
del régimen objetivo de responsabilidad.

A ese respecto, en el escrito de tutela se indicó:
«En los hechos y pretensiones formulados en el medio de control, probamos que se presentó
una falla en el servicio, de un lado por no haberse seguido los protocolos establecidos para
adelantar este tipo de procedimientos, que requieren, en su sentir un mayor número de
personas y de otro, por haber hecho caso omiso a la solicitud de traslado que ocho días antes
había presentado el Patrullero FREDY ALONSO OLAYA PUERTA al haber sido informado
sobre amenazas que pesaban sobre él, debido a los operativos positivos que había realizado
en la región. También quedó probado la existencia de un riesgo excepcional en el entendido
del aumento desmedido del riesgo en la vida del finado»

5.3. Examinados los anteriores argumentos, en armonía con la parte considerativa
de la sentencia cuestionada y con los medios de prueba señalados como
indebidamente valorados, la Sala estima que, la autoridad judicial accionada
no incurrió en el defecto alegado.
La accionante aduce haber acreditado suficientemente la falla en el servicio
atribuible a la Policía Nacional, con fundamento en (i) la solicitud de traslado
presentada por el patrullero antes del atentado, en la que informó que era
objetivo de grupos ilegales y a la cual, según afirma, no se le dio el trámite
correspondiente, y (ii) la realización de los retenes presuntamente al margen
de los protocolos institucionales.
De la sentencia se extrae que el tribunal no desconoció la existencia de la
solicitud de traslado presentada por el patrullero Olaya Puerta; por el contrario,
la tuvo como un hecho probado, en tanto obra soporte documental en el
expediente y su existencia fue reconocida por la entidad demandada. Sin
embargo, advirtió la incertidumbre sobre la fecha de la radicación y respecto
del funcionario ante el cual se presentó.

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Corte Constitucional. Sentencia T-392 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandante: Isabel Cristina Martínez López y otra

En todo caso, el aspecto central del razonamiento del ad quem radicó en que
dicho medio de prueba no resultaba suficiente para acreditar el elemento de
imputación del daño, consistente en la muerte del agente, a la Policía Nacional.
En efecto consideró que del análisis integral del acervo probatorio no se
desprendía la existencia de un nexo causal entre las alegadas amenazas, la
supuesta inactividad de la entidad frente a la solicitud de traslado y el atentado
sufrido por el uniformado.

Se relaciona el aparte relevante de la sentencia cuestionada:
«5.1. Respecto de no habérsele dado trámite a la solicitud de traslado y el nexo causal entre
esa situación y la muerte del patrullero.
A folio 27, en papel membretado de la entidad y fechado el 27 de agosto de 2014, se encuentra
documento firmado por quien suscribe como Patrullero FREDY ALONSO OLAYA PUERTA,
escrito que titula como: “Asunto: solicitud de traslado”, y donde solicita estudiar la posibilidad
de traslado, por las siguientes razones: (…)
Ahora bien, no obstante el reconocimiento que de la petición de traslado realiza la entidad
demandada, no hay certeza respecto de la fecha en la que la misma fue presentada, en la
medida que el oficio a folio 27 no tiene constancia de recibo en la entidad demandada, sin
embargo, en las respuestas a los diferentes derechos de petición, la Policía reconoce la
existencia de la solicitud y que al momento del deceso del Patrullero Fredy Alonso Olaya
Puerta, la misma se encontraba en trámite. (fl. 266) Sin embargo, todo esto no es suficiente
para establecer la responsabilidad de la Policía, por cuanto corresponderá determinar si el
hecho muerte se corresponde como la materialización efectiva de las amenazas realizadas y
con ello determinar la existencia del nexo causal entre las amenazas, la presunta inactividad
de la entidad demandada y el fallecimiento del patrullero (…).
Respecto de las amenazas que plasmó el patrullero en la solicitud de traslado, se tiene que el
origen de estas ni siquiera se corresponden a una dicho directo de miembro alguno de un
grupo ilegal, las mismas se fundamentan en el decir de otra persona (…) no se demostró que
esas supuestas amenazas hubieren sido puestas en conocimiento del Comandante Directo
del patrullero o que le hubiere informado a este su situación, como se indicó, aparece un
escrito con destino al Comandante Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia pero esté
no tiene constancia por lo cual no es posible determinar si para la fecha de los hechos la
autoridad que le ordenó realizar el operativo que terminó en la muerte, tenía el conocimiento
suficiente de las supuestas amenazas.
Ahora, en la forma en la que ocurrieron los hechos, para la Sala es evidente que el atentado
no se presentó como una retaliación en contra del patrullero Olaya Puerta, sino como
consecuencia de una serie de hechos desafortunados que hubieran tenido la misma
consecuencia para cualquiera de los 3 patrulleros que se encontraban en el lugar, que hubiera
decidido detener ese vehículo en específico vehículo y revisarlo. Ello por las siguientes
razones:
1. Los perpetradores no tenían como saber que su vehículo efectivamente iba a ser detenido,
la escogencia de que vehículo va a ser requisado es un aleas (sic), depende del número de
patrulleros disponibles en el área y del volumen de vehículos que transitan en el sector.
2. Los perpetradores no tenían como saber cuál de los oficiales era el que iba a ordenar
detener su vehículo e iba a proceder con la revisión.»

De la lectura del aparte transcrito se desprende que la autoridad judicial
accionada no desconoció la existencia de la solicitud de traslado ni las
amenazas allí informadas. Por el contrario, las tomó en consideración,
reconoció su existencia e incluso aceptó que la petición estaba en trámite al
momento del deceso del patrullero. No obstante, advirtió incertidumbre en
cuanto a la fecha de radicación y el conocimiento efectivo que pudieron haber
tenido los superiores inmediatos del uniformado.

En ese contexto, es claro que el quid del asunto no se centró en la existencia
de la solicitud ni en su contenido, sino en la determinación del nexo causal
entre las amenazas alegadas, la alegada inactividad institucional y el hecho
dañoso. La autoridad judicial concluyó que, aún teniendo por ciertas las
amenazas, el material probatorio no permitía establecer que el atentado fuera
la materialización de tales amenazas, sino que obedeció a una sucesión de
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circunstancias contingentes como la selección aleatoria del vehículo, la
imposibilidad de los agresores de prever que serían detenidos y el hecho
fortuito de que fuera el patrullero Olaya Puerta quien realizara el
procedimiento.

Así, el tribunal estimó desvirtuada la cadena causal necesaria para estructurar
la imputación del daño alegado, al considerar que los hechos habrían podido
afectar a cualquiera de los agentes presentes en el lugar.

Adicional a lo anterior, en la acción de tutela la parte actora se limita a
cuestionar la valoración del medio de prueba, sosteniendo que sí acreditaba
el nexo causal, pero sin desarrollar una argumentación específica orientada a
evidenciar el error ostensible o determinante en el juicio probatorio de la
autoridad judicial accionada. A ese respecto, conviene recordar que,
corresponde al juez de tutela adelantar un estudio de validez y no de
corrección de las providencias judiciales cuestionadas en la acción de
amparo16 y que la discrepancia sobre la valoración de los medios de prueba
no configura, por sí sola, un defecto fáctico susceptible de control en acciones
de tutela.

En consecuencia, no advierte esta Sala que el tribunal haya expuesto una
valoración irrazonable, caprichosa o contraevidente del material probatorio
obrante en el expediente, ni que haya desconocido el contenido del medio de
prueba invocado. La providencia es clara en señalar que, aun aceptando la
existencia de amenazas, no se acreditó que estas constituyeran la causa
determinante del atentado que ocasionó la muerte del patrullero.

5.4. En relación con el cargo, según el cual, se habría configurado una falla en el
servicio por la instalación de puestos de control sin el cumplimiento íntegro de
los protocolos, en particular respecto del número de agentes y logística, esta
Sección advierte que ese reproche fue objeto de análisis expreso en la
sentencia cuestionada.

En efecto, la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia
analizó el procedimiento «1CS-R-00017 INSTALAR Y EJECUTAR PUESTO DE
CONTROL», en el que se establece que para su instalación debía asignarse, al
menos, un agente encargado de la señal de pare y siga, dos o más para la
verificación de personas y registro de vehículos, y uno o más para diligenciar
las planillas. A partir de esa regulación, precisó que la normativa no excluye la
posibilidad de que el policía que maneja la señal de tránsito pueda, a su vez,
diligenciar las planillas, por lo que, a su juicio, el retén podía instalarse con tres
uniformados, siempre que dos de ellos realizaran el correspondiente registro.

Con fundamento en esa interpretación, la corporación contrastó el protocolo
con el informe de novedad del 6 de septiembre de 2014, en el cual se
consignaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los
hechos y concluyó que inicialmente el protocolo se cumplió, pues, el puesto
de control estaba integrado por tres agentes y se dispuso de dos para el
registro de los vehículos. Sin embargo, estableció que el patrullero Olaya
Puerta, sin mediar orden de su superior, detuvo de manera autónoma un
camión, se retiró el chaleco balístico y el fusil, y actuó sin esperar a que su
compañero terminara el registro del otro automotor, momento en el cual recibió
el disparo.

En este punto, se estima pertinente relacionar el siguiente aparte del contenido
del informe de novedad (prueba documental) que aparece en la sentencia:

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Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022. Párrafos 30 y 31.
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«(…) el señor patrullero ROMERO GARCIA JULIO HERNANDO, le realiza la señal de pare a
un vehículo tipo camión de carrocería estacas, ingresa al interior de la carrocería a verificar la
mercancía transportada por este automotor. el señor Subintendente CANO GALEANO URIEL
FERNANDO, se queda en actitud del servicio prestando la respectiva seguridad,
seguidamente el señor patrullero OLAYA PUERTA FREDY ALONSO, le realiza la señal de
pare a otro vehículo tipo camión de carrocería estacas, este le informa al señor Subintendente
CANO GALEANO URÍEL FERNANDO que le tenga el fusil mientras desencapa el vehículo
para poder Ingresar a registrarlo, se retira el chaleco balístico, quedando con la pistola de
dotación de la Policía Nacional, este le manifiesta que no se suba al camión hasta que no
descienda el patrullero ROMERO GARCIA JULIO HERNANDO del otro vehículo, inicia a soltar
los lazos de la carpa en la parte posterior izquierda del camión, donde tiene plena visibilidad
con él y se encuentra diagonal a él aproximadamente a unos ocho metros, luego escuché un
grito o una voz del patrullero OLAYA PUERTA FREDDY, donde pronuncia las palabras mi
cabo y cayó el suelo (…)17».

Establecido lo anterior, el Tribunal Administrativo de Antioquia expuso la
siguiente valoración de los medios de prueba antes señalados:
«Nótese como fue el patrullero Olaya Puerta quien desconoció el protocolo por los que los
demandantes pretenden imputarle responsabilidad a la entidad, fue su pariente el que a pesar
del número reducido de policiales decidió parar otro vehículo y comenzar la inspección de este
sin contar con el personal de apoyo necesario, aunado a que se expuso a un riesgo mayor al
quitarse el chaleco balístico, recibiendo un disparo precisamente en uno de los lugares del
cuerpo que eran cubiertos por dicho elemento de protección.
Así, en principio no se observa por parte de la Sala un error en el protocolo cuya ausencia
hubiere influido en el resultado dañoso, por el contrario, fue la actitud del occiso la que puso
en el peligro el operativo de control al momento de retener un camión sin previamente estar
terminado el registro del otro, contrariando lo establecido en el numeral 4º del procedimiento
1CS-R-00175, así como fue su actitud al momento de removerse el chaleco, la que influenció
en que el disparo recibido haya dañado órganos vitales que de otra forma no hubieran sido
expuestos.
Entonces, no se acreditó por la parte actora el error en el protocolo en que incurrió la Policía
al momento de ordenar el operativo de control, ni que la muerte del señor Olaya Puerta haya
sido ejecutada en cumplimiento de las amenazas que a él le habían sido realizadas; así las
cosas, no se evidencia por parte de la sala la configuración de la falla en el servicio susceptible
de ser indemnizada por parte de la entidad demandada (…).»

Conforme con lo anterior, esta Sala advierte que el tribunal sí examinó el cargo
relativo a la falla en el servicio por incumplimiento del protocolo del puesto de
control. A la luz del marco normativo y del informe de novedad del 6 de
septiembre de 2014, concluyó que el protocolo fue inicialmente observado,
pero que el hecho dañoso se produjo por una actuación autónoma del
patrullero. En efecto, en la sentencia se analizó el número de agentes exigidos
y los que efectivamente participaron en el operativo, para concluir que esta
circunstancia no fue determinante en la producción del daño.
En ese contexto, no se evidencia un desconocimiento de los medios
probatorios invocados en la acción de tutela, sino una valoración que no
coincide con la tesis de la actora. La valoración de los medios de prueba por
parte del tribunal accionado está dentro del margen razonable de apreciación
judicial, amparado por los principios de autonomía e independencia judicial.
Además, ni en el escrito de tutela ni en la subsanación se desarrolla una
argumentación orientada a demostrar un error ostensible y manifiesto en el
juicio probatorio, limitándose la accionante a reiterar el incumplimiento del
protocolo que estima acredita la responsabilidad estatal.
Lo anterior evidencia que, más que un error ostensible en la providencia
cuestionada, la accionante se limita a expresar su desacuerdo con la
valoración probatoria del juez natural, por lo que no se configura el defecto
fáctico alegado.

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Página 25 de la sentencia ordinaria cuestionada.
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5.5. Respecto del error en la aplicación del régimen de responsabilidad, por
considerar la accionante que el correcto era el objetivo por riesgo excepcional,
se advierte que en el acápite cuarto de la sentencia acusada la Sala Séptima
de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia descartó que el patrullero
hubiese estado expuesto a un riesgo superior al propio de sus funciones
habituales. Por el contrario, concluyó que la víctima estaba cumpliendo las
labores inherentes a su condición de agente de policía adscrito a la Seccional
de Tránsito y Transporte de Antioquia. Dicha conclusión se sustentó en los
hechos y pretensiones de la demanda, así como en las pruebas que estimó
relevantes.
Aunque la accionante acusó que se desatendieron los elementos que daban
cuenta de la creación del riesgo excepcional o que se realizó una valoración
contraevidente del informativo por muerte, esta Sala observa que la sentencia
se relacionó expresamente el aparte de dicha prueba documental y expuso las
razones por las cuales, al ser analizada en conjunto con los demás medios de
prueba, no permitía tener por acreditada la concreción de un riesgo
excepcional.
En este contexto, se destaca que corresponde al juez de la causa apreciar los
medios de prueba de manera individual y conjunta para establecer su alcance
y fiabilidad. El hecho de que se desestime parte de su contenido a partir de la
confrontación de la demanda y el resto del acervo probatorio no configura, por
sí solo, una valoración contraevidente o un defecto fáctico.
En sede de tutela corresponde al juez verificar que la valoración de las pruebas
no sea arbitraria ni inmotivada, sino que esté clara y razonablemente expuesta
en la providencia, como ocurrió en el caso particular. Por ello, la discrepancia
con un juicio probatorio razonado no es suficiente para estructurar el defecto
invocado, pues no corresponde al juez constitucional sustituir la apreciación
del juez natural cuando está debidamente fundada.
5.6. Establecido lo anterior, conviene indicar que corresponde a la autoridad judicial
valorar las pruebas del proceso bajo las reglas de la sana crítica y establecer
razonadamente el mérito que les asigna18. Luego, la disminución motivada y
razonada del valor probatorio de un medio de prueba no concreta per se un
defecto fáctico, en realidad hace parte del ejercicio de valoración probatoria
establecer el mérito que el juez de la causa asigna de manera individual y
conjunta a los medios de prueba y del contenido de la sentencia no deriva un
error ostensible y flagrante en esa actividad.
Así las cosas, corresponde al juez de tutela respetar la autonomía e
independencia del juez especializado en la valoración de las pruebas
aportadas en el caso que fue puesto en su conocimiento.
5.7. Dado que es claro que el juez de la causa presentó su juicio de valoración
probatoria de manera razonada, evidenciando los motivos por los que asignó
convicción a los medios de prueba a partir de su análisis particular y conjunto y
en aplicación de las reglas de la sana crítica, para esta Sala es inexistente el
escenario de arbitrariedad que exige la jurisprudencia para declarar el defecto
alegado.
Como consecuencia de lo anterior, se negarán las pretensiones de la acción de
tutela, al no encontrar acreditada la configuración del defecto fáctico alegado,
en la sentencia del 11 de junio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia medio de control de reparación directa con radicado 05001-33-33-
021-2016-00553-01

18
Código General del Proceso. Artículo 176.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07911-00
Demandante: Isabel Cristina Martínez López y otra

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. NEGAR las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora Isabel
Cristina Martínez López y otra, de acuerdo con lo indicado en la sentencia.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

13

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