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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07914-01

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07914-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar improcedente la improcedencia de la acción de tutela por falta del requisito de subsidiariedad respecto de las pretensiones dirigidas contra Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con los argumentos expuestos en el presente proveído. Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia del 9 de marzo de 2026 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de la sentencia. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión en caso de no ser impugnada la presente decisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07914-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Cuatro (4) de junio dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07914-01
Accionante: Euclides José Puello Sarmiento
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro

Tema: Acción de tutela por la presunta vulneración del derecho
fundamental de petición. Cumplimiento de sentencia.1

Decisión: Confirmar parcialmente la decisión de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte actora contra la providencia del 9 de marzo
de 2026 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado que negó el amparo.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. Los señores María Elvira Henao de Sosa, Alba Luz Sosa Henao, Edgardo Sosa
Henao, Sirley Sosa Henao y María Sosa Henao en ejercicio del medio de control
de reparación directa2 demandaron al Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla y el INPEC, con el propósito de que se les declararan administrativa
y patrimonialmente responsables de los daños causados como consecuencia de
la muerte del señor Richard Sosa Henao, ocurrida el 7 de junio de 2003.

3. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo del Atlántico que, mediante
sentencia del 23 de julio de 2012 negó las pretensiones de la demanda. En sede
de apelación, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por medio
de la sentencia del 13 de noviembre de 2018 revocó la decisión. En consecuencia,
condenó a las entidades demandadas a pagar la suma de trescientos salarios
mínimos mensuales legales vigentes a la parte demandante.

4. Como consecuencia de lo anterior, en noviembre del 2019, el señor Euclides

1 La acción de tutela fue interpuesta 11 de diciembre de 2025. Sin embargo, fue repartida en segunda

instancia el 21 de mayo de 2026.
2 Proceso con radicado 08001-23-31-000-2005-00796-00 [01]

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Accionante: Euclides José Puello Sarmiento

José Puello Sarmiento en calidad de apoderado judicial de la parte demandante
presentó ante la Alcaldía Distrital de Barranquilla una solicitud de cumplimiento
del fallo, razón por la que dicha entidad le requirió allegar la documentación
correspondiente, la cual manifestó entregar el 3 de enero de 2020.

5. Así las cosas, el señor Puello Sarmiento, el 3 de enero de 2020, 20 de junio de
2020, 27 de junio de 2020, 4 de octubre de 2021, 21 de febrero de 2022 y 11 de
abril de 2024 reiteró la solicitud de cumplimiento de la sentencia, ante la Secretaría
de Hacienda de la alcaldía de Barranquilla.

6. El 9 de julio de 2024, el hoy accionante presentó derecho de petición ante el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sección A, en el que reiteró el requerimiento
de cumplimiento.

2.2. Fundamento jurídico

7. Elaccionante sostuvo que la parte accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados en protección, toda vez que a la fecha no le ha dado
cumplimiento al fallo, pues, han transcurrido más de 5 años sin que se haya
materializado lo ordenado por el Consejo de Estado.

2.3. Pretensiones

8. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo que in extenso se cita:

«(…)
PRIMERA PETICIÓN. -Como la Honorable Magistrada MARTHA NUBIA VELÁZQUEZ
RICO integrante de la SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN DE LA SALA
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE ESTADO, mediante fallo
condenó al DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA, pagar TRESCIENTOS (300) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES
LEGALES VIGENTES durante los cinco (5) primeros días de ejecutoriado el fallo y
han transcurrido ya seis (6) años sin que el DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO DE BARRANQUILLA por intermedio de su alcalde ALEX CHARD
CHALJUD haya cumplido con los requisitos exigidos y muy a pesar de las variadas
solicitudes presentadas muy respetuosamente solicito se expidan los siguientes
pronunciamientos:

1. –Que el DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA por intermedio de su alcalde actual señor: ALEX CHARD CHALJUD,
no ha cumplido con el fallo condenatorio proferido por la Honorable Magistrada
MARTHA NUBIA VELÁZQUEZ RICO integrante de la SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE
ESTADO.

2. -Que el DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
por intermedio de su alcalde actual señor: ALEX CHARD CHALJUD, debido a su
incumplimiento hasta la fecha ha violado el acto administrativo que contiene el fallo
proferido por la Honorable Magistrada MARTHA NUBIA VELÁZQUEZ RICO
integrante de la SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN DE LA SALA CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE ESTADO, con el cual se ordenó la condena
por TRESCIENTOS (300) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES
distribuidos en; CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES para la

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Accionante: Euclides José Puello Sarmiento

señora MARÍA ELVIRA HENAO DE SOSA y CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES,para cada uno de sus hijos.

3. -Que el DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
por intermedio de su alcalde actual señor: ALEX CHARD CHALJUD, debido a su
incumplimiento hasta la fecha ha violado el acto administrativo que contiene el fallo
proferido por la Honorable Magistrada MARTHA NUBIA VELÁZQUEZ RICO
integrante de la SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN DE LA SALA CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE ESTADO y de igual forma el derecho de
petición presentado por el doctor EUCLIDES JOSÉPUELLO SARMIENTO y el debido
proceso debido al incumplimiento del derecho de petición.

4. –Que como consecuencia de las violaciones, responda al doctor EUCLIDES JOSÉ
PUELLO SARMIENTO, el derecho de petición referente al cumplimiento del fallo
proferido por la Honorable Magistrada MARTHA NUBIA VELÁZQUEZ RICO integrante
de la SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN DE LA SALA CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE ESTADO, al doctor EUCLIDES JOSÉ
PUELLO SARMIENTO.

5. -Le pido muy respetuosamente le solicite al alcalde del DISTRITO COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA señor ALEX CHARD CHALJUD,
que por intermedio del departamento jurídico y / o la Secretaría de Hacienda remira
a su despacho, copia autenticada del supuesto acuerdo de pago, según, enviado por
el departamento jurídico y / o por la Secretaría de Hacienda a mi persona doctor
EUCLIDES JOSÉ PUELLO SARMIENTO, y / o a la señora MARÍA ELVIRA HENAO
DE SOSA y que según además, fue manifestado y entregado físicamente a los
juzgado QUINCE DE PEQUEÑASCASAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES y el
juzgado Doce (12) Civil del Circuito.

CON RESPECTO AL DERECHO DE PETICIÓN PRESENTADO A LA HONORABLE
MAGISTRADA MARTA NUBIA VELÁZQUEZ RICO, de la SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE
ESTADO, muy respetuosamente le solicito se pronuncie en los términos siguientes:

PRIMERO. –Que la honorable magistrada MARTA NUBIA VELÁZQUEZ RICO, de la
SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN DE LA SALA CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE ESTADO, mediante fallo condenó al
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, pagar
TRESCIENTOS (300) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES
durante los cinco (5) primeros días de ejecutoriado el fallo.

SEGUNDO. -Que el doctor EUCLIDES JOSÉ PUELLO SARMIENTO, presentó
mediante derecho de petición a la honorable magistrada MARTA NUBIA VELÁZQUEZ
RICO, de la SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN DE LA SALA CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE ESTADO, para que siendo la honorable
magistrada quien condenó al DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA, pagar TRESCIENTOS (300) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES
LEGALES VIGENTES durante los cinco (5) primeros días de ejecutoriado el fallo, le
corresponde hacer cumplir al DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
DE BARRANQUILLA, representado legalmente por su alcalde ALEX CHARD
CHALJUD, cumplir con el Mandato Superior.

TERCERO. -Que la honorable magistrada MARTA NUBIA VELÁZQUEZ RICO, de la
SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN DE LA SALA CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE ESTADO, se encuentra obligada a
salvaguardar el Patrimonio del Estado y por supuesto el del DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.

CUARTO. –Que como la honorable magistrada MARTA NUBIA VELÁZQUEZ RICO,
de la SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN DE LA SALA CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE ESTADO, con el fallo ordenó pagar

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Accionante: Euclides José Puello Sarmiento

TRESCIENTOS (300) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES
durante los cinco (5) primeros días de ejecutoriado el fallo, y que le corresponde hacer
cumplir al DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA,
representado legalmente por su alcalde ALEX CHARD CHALJUD, y por ley y las
sentencias le toca pagar los rendimientos de los TRESCIENTOS (300) SALARIOS
MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

QUINTO. Que de acuerdo con los cálculos de los rendimientos tasados en intereses
moratorios, y calculados por una profesional de la contaduría, los intereses ascienden
a lago más de los DOS MIL MILLONES ($2.000) MILLONES DE PESOS.

SEXTO. -Que como la honorable magistrada MARTA NUBIA VELÁZQUEZ RICO, de
la SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN DE LA SALA CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE ESTADO, debió prever el deterioro al
patrimonio económico del DISTRITO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA, y sobre todo al conocer que ya se había incumplido con su fallo
hace más de cinco (5) años.

SÉPTIMO. -Que las respuestas según entregadas al doctor EUCLIDES JOSÉ
PUELLO SARMIENTO, por la honorable magistrada MARTA NUBIA VELÁZQUEZ
RICO, y que se encuentran aportadas, no concuerdan con los principios jurídicos
administrativos, y sobre todo por que violan sentencias con respecto al contenido del
derecho de petición.

OCTAVO. -Que A LA HONORABLE MAGISTRADA MARTA NUBIA VELÁZQUEZ
RICO, de la SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN DE LA SALA CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE ESTADO, hasta la fecha ha violado el derecho
de petición presentado por el doctor EUCLIDES JOSÉ PUELLO SARMIENTO, con el
cual solicitó proceda a hacer cumplir su propio fallo.

NOVENO. –Que LA HONORABLE MAGISTRADA MARTA NUBIA VELÁZQUEZ
RICO, de la SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN DE LA SALA CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE ESTADO, remitió la petición presentada por el
doctor EUCLIDES JOSÉ PUELLO SARMIENTO, al Tribunal Administrativo del
Atlántico.

DÉCIMO. –Que el doctor GUIVANNY RADA HERRERA secretario del Tribunal
Administrativo del Atlántico respondió.
(…)
DÉCIMO PRIMERO. –La HONORABLE MAGISTRADA MARTA NUBIA VELÁZQUEZ
RICO, SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO, no ha respondido ni a mi
persona EUCLIDES JOSÉ PUELLO SARMIENTO, ni al Tribunal Administrativo del
Atlántico el derecho de petición.

DPECIMO SEGUNDO. –Que la HONORABLE MAGISTRADA MARTA NUBIA
VELÁZQUEZ RICO, de la SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN DE LA SALA
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE ESTADO, al trasladarle la
ACCIÓN DE TUTELA, debe responder las razones por las cuales remitió la petición
sobre el incumplimiento del fallo, al Tribunal Administrativo.
DÉCIMO TERCERO. –Que laHONORABLE MAGISTRADA MARTA NUBIA
VELÁZQUEZ RICO, SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO, se
encuentra obligada por ley responder el derecho de petición.

DÉCIMO CUARTO. -Que la HONORABLE MAGISTRADA MARTA NUBIA
VELÁZQUEZ RICO, de la SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN DE LA SALA
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE ESTADO, definitivamente
debe aplicar el procedimiento legal y conminar al señor ALEX CHARD CHLAJUD en
su condición de alcalde del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA, para que le de cumplimiento al fallo.» (Sic a toda la cita)

2.4. Trámite procesal

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9. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, a través del auto del 16 de diciembre de 2025,
en el que ordenó notificar como accionados al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
y como terceros interesados en el resultado del proceso a la señora María Elvira
Henao de Sosa, al Tribunal Administrativo del Atlántico, a la Procuraduría General
de la Nación y a la Rama Judicial.

10. A través del auto 26 de enero de 2026, ordenó vincular a la Secretaría General
del Consejo de Estado, en calidad de tercero con interés. Luego, por medio de
proveído del 16 de febrero de 2026 dispuso vincular Secretaría de la Sección
Tercera de esta corporación como tercero interesado en el proceso.

2.5. Intervenciones

11. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A informó que,
revisado el aplicativo SAMAI no encontró registro de las peticiones elevadas por
el actor que afirmó haber presentado.

12. La Procuraduría General de la Nación manifestó que no ha vulnerado
derecho fundamental alguno del accionante, toda vez que no tiene competencia
para revocar decisiones judiciales ni para intervenir en la validez de la sentencia,
además, indicó que ha no recibió solicitud, queja o comunicación previa que derive
un deber legal de respuesta, razón por la que solicitó la desvinculación del
presente trámite.

13. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla solicitó que se
declare improcedente la acción de tutela por falta del requisito de subsidiariedad,
en la medida que considera que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo
para ventilar lo aquí pretendido, pues tiene a su disposición el proceso ejecutivo.

14. Agregó que, en el presente asunto las pretensiones elevadas por el accionante
están dirigidas a desatar un asunto relacionado con una controversia de carácter
económico, como lo es el pago de una sentencia.

15. De otra parte, alegó que no ha vulnerado el derecho de petición, teniendo en
cuenta que se les ha dado respuesta a sus peticiones y además se le ha informado
del trámite que ha surtido su solicitud.

16. Concluyó que la acción de tutela no constituía el mecanismo idóneo para
obtener, de manera indirecta, una orden dirigida a la Alcaldía de Barranquilla
tendiente a hacer efectivo el pago reclamado, dado que este se encontraba
supeditado al cumplimiento de requisitos y procedimientos de naturaleza
administrativa y presupuestal establecidos en el ordenamiento jurídico.

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17. La Secretaría General del Consejo de Estado informó que verificado el
correo electrónico encontró que, el 21 de julio de 2025, el señor Euclides José
Puello Sarmiento solicitó el cumplimiento de la sentencia proferida en el
expediente de reparación de directa radicado 08001-23-31 000-2005-00796-01,
razón por la que dicha solicitud se trasladó a la Secretaría de la Sección Tercera
de esta Corporación, a través del buzón de correo electrónico, por tratarse de un
proceso cuya competencia y trámite secretarial correspondía a esa dependencia,
de conformidad con la distribución y el criterio de especialización que estableció
el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.

18. A partir de lo anterior, indicó que no ha vulnerado por acción o por omisión los
derechos fundamentales alegados por el accionante, debido a que recibió la
petición del 21 de julio de 2025 y, en esa misma fecha se le corrió traslado al
competente.

19. La Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado indicó que no
ha vulnerado los derechos fundamentales invocados en protección, toda vez que
le informó al demandante el trámite impartido al expediente y a su petición, esto
es, la devolución del proceso y remisión de sus solicitudes al Tribunal
Administrativo de Atlántico.

20. La señora María Elvira Henao de Sosa luego de manifestar que es un adulto
mayor quien padece de hipertensión y diabetes, pidió que se le ordene a la
autoridad judicial accionada que se le dé cumplimiento al fallo.

21. No se rindieron más informes.

2.6. Sentencia impugnada

22. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante
sentencia resolvió desvincular a la Procuraduría General de la Nación y negar el
amparo, al considerar que, no se vulneró el derecho fundamental de petición por
parte de la demandada porque las solicitudes elevadas por el accionante
relacionadas con el cumplimiento de la sentencia judicial se les corrió traslado en
los términos del artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, y, además, se le otorgó
respuesta de fondo el 25 de septiembre de 2024.

23. Ahora, en cuanto a legitimación por activa, precisó que, si bien la solicitud de
tutela fue promovida por el profesional del derecho, lo cierto es que las peticiones
fueron presentadas por él. Máxime cuando, dentro del trámite constitucional se
vinculó a la parte demandante del proceso ordinario de referencia, quien en su
informe no manifestó oposición a la prosperidad del amparo. Por el contrario,
reiteró la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia proferida a su favor, lo
cual constituía precisamente el objeto de las peticiones.

2.7. Impugnación

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24. La parte actora en el escrito de impugnación solicitó que «se revoque en todas
sus partes el fallo proferido y con el cual se negó el derecho de petición y con el
mismo el cumplimiento del fallo, cuando de acuerdo con la ley es de estricto
cumplimiento y en nuestro caso tenía que cumplirse por lo menos dentro de los
SEIS (6) MESES SIGUIENTES a la ejecutoria del fallo (…) somo consecuencia
de la decisión anterior y considerada como procedente e inconducente, se ordene
al DISTRITO ESPECIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARRANQUILLA,
que por intermedio de la LA SUBSECCIÓNDELASALACONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE ESTADO, cuya honorable magistrada lo
es la doctora MARTA NUBIA VELÁZQUEZ RICO, cumpla con el fallo que decidió
la misma Sala.»

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

25. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda, del Consejo de Estado, es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

26. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia y de petición, con ocasión
de la falta de respuesta a las peticiones relacionadas con el cumplimiento de la
sentencia del 13 de noviembre de 2018.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

27. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

28. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa

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perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

29. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de
asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

3.3.1. Del requisito de subsidiariedad

30. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

31. Asílas cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que
resultan idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se
consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

32. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia3.

33. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el
cual se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior. Este mecanismo fue
concebido por el constituyente para la protección inmediata, oportuna y adecuada,
ante situaciones de amenaza o vulneración, de los derechos fundamentales, por
la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos
concretos y excepcionales.

3.6. Caso concreto.

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34. El señor Euclides José Puello Sarmiento promovió solicitud de tutela con el fin
de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y de petición, los cuales consideró vulnerados con
ocasión de la falta de respuesta a las peticiones presentadas ante el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A y el Distrito Especial, Industrial y Portuario
de Barranquilla.

3.6.1. Ahora, se demostró que las peticiones relacionadas con el cumplimiento de
fallo fueron elevadas ante la Alcaldía de Barranquilla - Distrito Especial, Industrial
y Portuario de Barranquilla, el 3 de enero de 2020, el 4 de octubre de 2021 y el 7
de diciembre de 2023.

35. Con ocasión de lo anterior, el 11 de diciembre de 2023, el ente territorial le
comunicó al demandante que le corrió traslado de su petición a la Secretaría de
Hacienda Distrital. No obstante, el 11 de abril y 13 de septiembre de 2024 reiteró
la petición ante la alcaldía de Barranquilla.

36. El 25 de septiembre de 2024, la alcaldía de Barranquilla otorgó respuesta en
los siguientes términos:

«Teniendo en cuenta su escrito de referencia, registrado con fecha dieciocho (18)
de septiembre de 2024 ante esta dependencia, relacionada al cumplimiento de la
sentencia a favor de sus poderdantes señora MARÍA ELVIRA HENAO DE SOSA
Y OTROS, me permito dar respuesta en los siguientes términos.

Sea lo primero indicarle a usted, que la contingencia judicial motivo de consulta,
se encuentra registrada e incluida dentro de los turnos de pago respectivos de los
cumplimientos de sentencia que son allegados ante esta Secretaría. En este
orden, una vez agotados los turnos asignados de manera anterior al proceso que
nos ocupa, se adelantarán los trámites administrativos y presupuestales para el
cumplimiento de la sentencia a favor de sus poderdantes.

Asimismo, nos permitimos informarle que la herramienta institucional establecida
para el manejo de comunicaciones oficiales entre el Distrito EIP de Barranquilla y
los ciudadanos, es el Sistema de Información y Gestión de la Correspondencia
SIGOB, por lo que, toda información adicional a la que pueda ser brindada
mediante el presente oficio, debe ser solicitada por este mismo medio, la cual, una
vez revisada por esta dependencia, se procederá a dar respuesta conforme a los
términos de Ley.»

37. De conformidad con lo anterior, la Sala coincide con el juez de primera instancia
cuando afirma que no se vulneró el derecho de petición respecto «Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla» como lo alega la parte accionante
en la demanda de tutela, toda vez que se acredita dentro del proceso que se le
dio traslado en los términos del artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, y, además,
otorgó respuesta de fondo el 25 de septiembre de 2024.

38. De conformidad con lo anterior, la Sala procederá a confirmar la decisión de
negar las pretensiones de la demanda de tutela respecto del Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla porque no se vulneró el derecho de petición.

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3.6.2. No obstante, se observa de un análisis integral de la solicitud de amparo
que la presunta vulneración del derecho fundamental de petición respecto del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A constituye un argumento
accesorio, pues de la lectura sistemática de los hechos, fundamentos y
pretensiones se concluye que la finalidad, a través del presente mecanismo
constitucional es la de obtener el cumplimiento de la sentencia del 13 de
noviembre de 2018.

39. En efecto, para la Sala las pretensiones formuladas contra dicha autoridad
judicial no se orientan primordialmente a obtener una respuesta de fondo a una
petición determinada como lo alega el actor, sino a que el juez constitucional
declare el incumplimiento de la condena impuesta al Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla, en consecuencia, ordene su ejecución y adopte
medidas encaminadas a lograr el pago de las sumas reconocidas en dicha
providencia.

40. Asimismo, se observa que, el 21 de julio de 2026, la Secretaría de la Sección
Tercera remitió la petición ante el Tribunal Administrativo del Atlántico para lo de
su competencia, por lo que, para la Sala no se advierte vulneración de los
derechos fundamentales invocados por el actor.

41. Así las cosas, resulta evidente que la presente acción de tutela fue concebida
por el actor como un mecanismo para obtener la materialización de una obligación
judicial de contenido eminentemente económico, circunstancia que obliga a la
Sala a examinar la procedencia del amparo desde la perspectiva del requisito de
subsidiariedad y de la existencia de mecanismos judiciales ordinarios previstos en
el ordenamiento jurídico para exigir el cumplimiento de las sentencias
ejecutoriadas, como ocurre en el asunto en cuestión.

42. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T 261 de 20183 se
pronunció respecto del requisito de subsidiariedad de la acción de tutela para
reclamar el cumplimiento de sentencias, en los siguientes términos:

«4.2.2. Bajo esta pauta jurisprudencial, debería entenderse que, en principio,
cualquier pretensión relacionada con el cumplimiento de órdenes judiciales tendrá que
declararse improcedente por parte del juez constitucional, pues la persona que estime
afectados sus derechos con la inobservancia de la decisión cuenta con el proceso
ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo previsto en los artículos 422
al 445 del Código General del Proceso, como en el artículo 297 y subsiguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
(…)
4.2.3. Sin embargo, en oportunidades anteriores, cuando a la Corte Constitucional le
ha correspondido analizar este escenario jurídico en particular, ha considerado la
procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar el cumplimiento de una
providencia judicial, circunstancia que ha dependido, fundamentalmente, del tipo de
obligación que el actor reclama, su repercusión en el goce efectivo de los derechos
fundamentales amparados judicialmente y, por consiguiente, la posibilidad de hacerlos
exigibles a través del proceso ejecutivo.

3 Sentencia consultada en la página web https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-261-18.htm

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4.2.4. Por ello, en desarrollo de esta línea, la Corte ha distinguido entre obligaciones
de hacer y de dar. Esta distinción no constituye una simple aclaración de la Corte o
un criterio eventual para el juicio de procedibilidad, sino que se instituye como un límite
a la actuación de juez constitucional, que deberá ceñirse a determinar la idoneidad y
eficacia del medio ordinario, a partir del tipo de obligación que se exige
constitucionalmente.

4.2.5. De esta manera, el Tribunal se ha encargado de desarrollar el alcance de las
obligaciones de hacer, sosteniendo que es preciso sopesar la idoneidad del medio
ordinario. (…) Ante esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional ha establecido
que la acción de tutela resulta procedente para exigir el acatamiento de obligaciones
de hacer, en los casos que se solicita, por ejemplo: i) el reintegro del actor al cargo
público que venía desempeñando, ii) la nivelación a un puesto equivalente o superior
al momento del retiro injustificado o, iii) el respeto de los derechos laborales fijados en
una convención colectiva, que se decidió judicialmente su vigencia.

4.2.6. Contrario a lo anterior, la Corte ha puntualizado que el proceso ejecutivo sí
constituye el mecanismo idóneo para reclamar obligaciones de dar,
especialmente las de contenido económico, pues su naturaleza coactiva y el
conjunto de medidas fijadas en la legislación, aseguran el cumplimiento de este tipo
de condenas, ya sea a cargo del demandado, a expensas de otro e, inclusive, por
medio del secuestro y entrega de bienes. Por ello, esta Corporación se ha negado a
declarar la procedencia de la acción de tutela en los eventos que el actor
pretende: i) el pago de las indemnizaciones ordenadas por la autoridad
judicial, ii) la entrega de intereses moratorios reconocidos judicialmente, iii) la
cancelación de los salarios dejados de percibir y iv) sumas debidas a raíz del reajuste
pensional.»

43. A partir de lo anterior, para la Sala emerge con claridad la improcedencia de la
acción de tutela, toda vez que, de conformidad con lo contemplado en el artículo
297 y subsiguientes del CPACA, se puede promover un proceso ejecutivo para
reclamar el cumplimiento de las obligaciones que emanan de la sentencia del 13
de noviembre de 2018, proceso dentro del cual existe la posibilidad de solicitar
medidas cautelares.

44. Máxime cuando en el presente asunto, no se demostró la existencia de un
perjuicio irremediable que haga necesaria la intervención del juez constitucional,
ni se argumentó que este haya existido por lo que no hay lugar a dar por cumplido
el requisito de la subsidiariedad.

45. En ese orden de ideas, es deber de las partes hacer uso de manera adecuada
y oportuna de todas las herramientas que les dota el ordenamiento jurídico para
controvertir las decisiones frente a las que se encuentran inconformes, siendo
improcedente que posteriormente se pretendan revivir estas oportunidades ya
fenecidas.

46. De tal modo, al no comprobarse la inminencia, ni existencia de un perjuicio
irremediable, no resulta procedente un estudio de fondo cuando no existe prueba
de que la parte accionante ha hecho uso de los medios de defensa que son
idóneos y efectivos para obtener el amparo de sus derechos, razón por la cual se
declarará improcedente la presente acción de tutela.

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47. En ese orden de ideas, la Sala revocará la decisión de negar el amparo
respecto de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado para,
en su lugar, declarar improcedente la presente acción por falta del requisito de
subsidiariedad, pues, se reitera, dentro de las facultades del juez constitucional no
se encuentra la de sustituir las herramientas que les dota el ordenamiento
jurídico para obtener la protección iusfundamental quebrantada, porque de lo
contrario, la acción de tutela se convertiría irremediablemente en un medio de
protección alternativo que lejos de amparar un derecho vulnerado, propiciaría un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones que le encomendó la
Carta a los jueces constitucionales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar improcedente la improcedencia de la acción de tutela por falta
del requisito de subsidiariedad respecto de las pretensiones dirigidas contra
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con
los argumentos expuestos en el presente proveído.

Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia del 9 de marzo de 2026 proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en la parte motiva de la sentencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión en caso de no
ser impugnada la presente decisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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