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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07916-00

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07916-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar la solicitud de falta de legitimación en la causa por activa, conforme con lo expuesto en la parte considerativa. 2. Negar la solicitud desvinculación invocada por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y por la Dirección Regional Viejo Caldas de la misma entidad. 3. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por John Alfredy Reyes Muñoz como agente oficioso de Pedro Antonio Cortés Muñoz contra el Tribunal Administrativo de Risaralda y otros, por las razones expuestas en la parte considerativa. 4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07916-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

5 de febrero de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07916-00
Demandante: John Alfredy Reyes Muñoz como Agente Oficioso de
Pedro Antonio Cortés Muñoz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07916-00
Demandante: John Alfredy Reyes Muñoz como Agente Oficioso de Pedro Antonio
Cortés Muñoz
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda y otros

Tema: Tutela contra providencia judicial, habeas corpus. Requisitos
generales de procedibilidad

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por John Alfredy Reyes Muñoz como
agente oficioso de Pedro Antonio Cortés Muñoz contra la providencia de 10 de
diciembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda 1, por la
supuesta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia, a la libertad personal, la igualdad, la dignidad humana y
el principio de favorabilidad, con fundamento en las siguientes:

Pretensiones

«1. Se amparen los derechos fundamentales del señor Pedro Antonio
Cortés Muñoz.
2. Se deje sin efectos la providencia de fecha 10 de diciembre de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda dentro del hábeas corpus (sic) A-2629-2025, por
vulnerar derechos fundamentales.
3. Se ordene al Juzgado Quinto de Ejecución de Penas que:
a) Realice un cómputo completo, real y verificado de la pena, incluyendo todas las
horas de trabajo y estudio certificadas,
b) Analice de inmediato la libertad por pena cumplida,
c) Decida la libertad condicional respetando términos legales y principios
constitucionales.
4. Se ordene al INPEC y EPMSC Pereira remitir de inmediato todas las certificaciones
de redención pendientes.
5. Se ordene a los juzgados accionados evitar nuevas demoras, so pena de desacato.
6. Se disponga la libertad inmediata, si del cómputo actualizado se verifica el
cumplimiento de los requisitos legales.»

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Situación previa a la acción constitucional

El señor Pedro Antonio Cortés Muñoz fue capturado el 15 de junio de 2023 por orden
del Juzgado Segundo Penal Municipal de Chiquinquirá Boyacá, dentro del proceso

1
Sala Tercera Unitaria de Decisión, Magistrado Ponente: Dr. Andrés Medina Pineda.

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Pedro Antonio Cortés Muñoz

penal radicado nro. 2022- 00001 EJ 51601, por el delito de tráfico, fabricación o porte
de estupefacientes.

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Chiquinquirá, mediante sentencia de 7 de
mayo de 2024, condenó al señor Cortés Muñoz a la pena principal de 56 meses de
prisión. Por lo anterior, se expidió boleta de encarcelación nro. 12 del 14 de mayo de
2024, dirigida al director del EPC de Mediana Seguridad de Chiquinquirá, para que el
señor Cortés Muñoz se mantuviera detenido. En la actualidad se encuentra recluido
en el EPMSC Pereira (ERE) - Regional Viejo Caldas.

El 4 de noviembre de 2025, el señor Cortés Muñoz solicitó ante el Juzgado Quinto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira la redención de la pena,
adjuntando certificados de cómputo para la redención de la pena, certificación de
conducta y cartilla bibliográfica.

Acción de habeas corpus

El 5 de diciembre de 2025, el señor John Alfredy Reyes Muñoz, actuando como agente
oficioso presentó acción de habeas corpus a favor del señor Pedro Antonio Cortés
Muñoz, con ocasión de la presunta prolongación ilegal de la privación de su libertad,
porque para la fecha de presentación de la acción constitucional había cumplido
aproximadamente 30 meses de detención (junio 2023 a diciembre 2025), lo cual,
sumado a la redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza, permitiría superar
el tiempo efectivo exigido para ejecutar la totalidad de la condena, de acuerdo con lo
señalado en los artículos 148 y siguientes del Código Penitenciario y Carcelario.

Además, indicó que, a la fecha de interposición de la acción constitucional, el Juzgado
Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira no había dado
respuesta a la solicitud de redención de pena.

El Juzgado Primero Administrativo de Pereira, mediante decisión calendada el 6
de diciembre de 2025, declaró improcedente la acción de habeas corpus, al
considerar que el señor Cortés Muñoz se encontraba privado de la libertad por orden
de autoridad judicial competente. Que, a la fecha de presentación de la acción
constitucional se encontraba pendiente de estudio la solicitud de redención de pena
por parte del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Pereira, pero en el momento en que se profirió esa decisión ya se había resuelto y fue
parcialmente favorable a los intereses del sentenciado, por lo tanto, no se le han
vulnerado sus garantías constitucionales.

Aunado a lo anterior, señaló que el habeas corpus es improcedente en este caso
porque, aunque se solicitó la redención de la pena, no existe prueba de que haya
presentado una petición formal de libertad basada en esa redención ante el juzgado
competente. Por lo tanto, aún quedan etapas procesales por agotar, lo que impide que
la acción constitucional sea el mecanismo adecuado para ejercer en ese momento.

El agente oficioso del señor Cortés Muñoz impugnó la anterior decisión, alegando que
la decisión de primera instancia: (i) exigió una solicitud previa de libertad que no está
prevista en la ley, además, la petición de redención, conlleva a que el juez estudie si
es procedente la libertad; (ii) no tuvo en cuenta la prolongación ilegal de la libertad a
la que está siendo sometido el sentenciado, pues hay redenciones no aplicadas y
demora injustificada, lo que vulnera el derecho a la libertad; (iii) analizó aspectos
ajenos a la acción de habeas corpus, donde solo compete verificar la legalidad actual

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de la detención; y, (iv) no aplicó el principio «pro persona» ni el mandato constitucional
de resolver en favor de la libertad.

El Tribunal Administrativo de Risaralda, en providencia de 10 de diciembre de 2025,
confirmó la decisión de primera instancia, pues luego de valorar las pruebas aportadas
al proceso, concluyó que: «i) el actor está privado de la libertad en establecimiento
carcelario en virtud de una sentencia condenatoria legalmente proferida; ii) no ha cumplido la
pena impuesta o al menos aquello no fue probado en el trámite de la presente acción
constitucional, iii) en la apelación, el reclamo gira en torno a la inconformidad con la decisión
que se pronunció frente a la libertad por pena cumplida y a las operaciones realizadas por el
juez de ejecución y por último iv) actualmente está en curso la solicitud de la libertad
condicional y de conformidad con el artículo 472 del código de Procedimiento Penal, el juez
ordinario está en tiempo de resolverla y allí se deberá abordar el estudio del trabajo y estudio
certificado y debidamente sustentado de los meses de octubre, noviembre y diciembre de
2025, todo lo anterior torna improcedente la acción.»

2. Argumentos de la acción de tutela

La parte actora, indicó que la providencia cuestionada incurrió en defectos
sustantivo, procedimental, fáctico y violación directa de la constitución,
constituyendo una vulneración directa a los derechos del agenciado.

En su relato, señaló que el señor Cortés Muñoz cumplió más de 37 meses y 25.6 días
descontados, entre tiempo físico y redenciones, conforme al conteo oficial del juez de
ejecución de la pena y del INPEC. Que, además, existe una redención adicional
certificada —2.192 horas de trabajo y 582 horas de estudio— que no ha sido aplicada
íntegramente, generando cómputos contradictorios entre INPEC y el Juzgado Quinto
de Ejecución de Penas.

Alegó que, el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas tardó más de 40 días en resolver
la solicitud de redención presentada el 21 de octubre de 2025, vulnerando los términos
previstos en los artículos 147 y 148 de la Ley 65 de 1993 y 472 del Código de
Procedimiento Penal.

Que fue con ocasión a la interposición del habeas corpus que el juez de ejecución de
penas resolvió parcialmente la solicitud de redención, sin estudiar las horas de trabajo
y estudio correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025.

Señaló que, la decisión de declarar improcedente la acción de habeas corpus uso
argumentos que: «a) desconocen el carácter principal del hábeas corpus, b) ignoran la
prolongación ilegal de la privación de la libertad, c) trasladan al interno cargas imposibles, d)
omiten el principio pro homine y el derecho constitucional a la libertad».

Finalmente indicó que, a la fecha de interposición de la acción de tutela, continuaba
la prolongación ilegal de la libertad, pues el interno ha superado el tiempo que
permitiría acceder a libertad por pena cumplida o libertad condicional, y las
autoridades no han garantizado una decisión eficaz, oportuna y conforme a la ley.

3. Trámite previo

El 16 de diciembre de 2025, el despacho de la ponente admitió la acción de tutela y
ordenó notificar a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Risaralda,
al Juez Primero Administrativo de Pereira, al Juez Quinto de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Pereira, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –
INPEC, Regional Viejo Caldas y al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
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Mediana Seguridad de Pereira - EPMSC Pereira –, en calidad de demandados; y, al
Juzgado Segundo Penal Municipal Chiquinquirá, Juzgado Primero Penal del Circuito
de Chiquinquirá, en calidad de terceros con interés.

4. La respuesta del demandado

El Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira
solicitó que se desestimaran las pretensiones de la acción de tutela, con base en los
siguientes argumentos:

Indicó que, el 15 de agosto de 2025, recibió el proceso radicado
1517660000002024000090 -NI 51601- en el cual el Juzgado Primero Penal del
Circuito de Chiquinquirá, mediante sentencia del 07 de mayo de 2024, condenó al
señor Pedro Antonio Cortés Muñoz a la pena de 56 meses de prisión, como
responsable de la comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
en concurso homogéneo y sucesivo, agravado.

Que, el citado proceso fue avocado en esa instancia, en septiembre 03 de 2025 y
mediante boleta de encarcelación 264 quedó detenido por cuenta de ese Juzgado.
Además, relató que, dentro del expediente penal del señor Cortéz Muñoz han resuelto
las peticiones de asignación de juzgado que vigile su pena y las de redenciones de
pena, solicitadas en octubre 23 - periodo de julio a septiembre de 2025 - y - diciembre
05 para el periodo de octubre de 2023 a junio de 2025 -.

En cuanto a las redenciones de penas que la parte actora alega que no fueron tenidas
en cuenta, precisó que se debe a que corresponden al periodo de octubre a diciembre
de 2025 el cual, para ese momento, no había terminado y, en consecuencia, el
establecimiento de reclusión en el cual se encuentra el sentenciado, no había emitido
la debida certificación.

Señaló que, «(…) el 09 de diciembre de 2025, la defensora pública Ligia Stella San Martín
Agudelo, radicó solicitud de libertad condicional, no obstante, para poder decidir de fondo se
requirió al INPEC el concepto de rigor (requisito legal) y la cartilla biográfica actualizada a
nombre del sentenciado CORTÉS MUÑOZ. Una vez se cuente con la respuesta, se procederá
a emitir pronunciamiento que corresponda». Que, en esa medida, la acción de tutela no
está prevista para sustituir trámites ordinarios dentro de los procesos penales.

Finalmente, indicó que en el caso concreto no se acreditó la legitimación en la causa
por activa del agente oficioso, pues no se demostró que el señor Cortés Muñoz, como
titular de los derechos invocados se encuentre en imposibilidad de ejercer por sus
propios medios el recurso de amparo, pues su condición de privado de la libertad no
implica que se encuentre incomunicado ni anula las garantías ius fundamentales como
es el acceso a la Administración de Justicia.

La Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)
pidió que se les desvinculara del presente trámite por carecer de legitimación en la
causa por pasiva, ya que no ha transgredido los derechos fundamentales del actor y
la competencia respecto de la situación manifestada en el escrito de tutela
corresponde atenderla al EPMSC Pereira (ERE).

Indicó que, es de responsabilidad de EPMSC Pereira (ERE), por intermedio de sus
funcionarios, tramitar a solicitud del interno los beneficios administrativos de
conformidad con los requisitos legales para tal fin, según lo dispuesto en el artículo 36

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de la Ley 65 de 1993. Precisó que, la Dirección Regional Viejo Caldas funge como el
superior jerárquico del mencionado Establecimiento de Reclusión.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, Regional Viejo Caldas
solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela de la referencia, porque no
se advierte que exista alguna conducta que vulnere o amenace los derechos
fundamentales referidos. Además, solicitó que se les desvinculara del trámite, toda
vez que no tiene competencia ni injerencia sobre traslados o libertades de las PPL,
pues una función que compete exclusivamente al juez de ejecución de penas.

Por otra parte, cuestionó que la presente acción de tutela se haya interpuesto a través
de agente oficioso, pues señaló que a diario las personas privadas de la libertad
acuden en nombre propio a presentar solicitudes y acciones constitucionales, razón
por la que considera que no existía mérito para que la acción la promoviera otra
persona, a través de la figura de la agencia oficiosa, cuando no se aportó siquiera
autorización del señor Cortés Muñoz.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestiones previas

1. Legitimación en la causa por activa

El Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira y la
Dirección Regional Viejo Caldas del INPEC al rendir informe, alegaron la falta de
legitimación en la causa por activa del señor John Alfredy Reyes Muñoz para actuar
en calidad de agente oficioso del señor Pedro Antonio Cortés Muñoz.

Al respecto, debe indicarse que, el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción
de tutela, en el artículo 10, dispuso la legitimidad e interés que debe poseer quien
interpone la acción de tutela, así:
«Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar,
por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones
de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.»

Acorde con lo anterior, se puede inferir que, el afectado puede acudir al amparo
constitucional: i) en nombre propio o a través de representante, ii) por medio de la
figura del agente oficioso, iii) a través del Defensor del Pueblo y los personeros
municipales.

En relación con la agencia oficiosa, la Corte Constitucional2 ha señalado que, para
acudir a dicha figura en la acción de tutela, es necesario manifestar expresamente que
se actúa en calidad de agente oficioso —o que ello se infiera claramente de la
solicitud— y, además, indicar que el titular de los derechos se encuentra en
imposibilidad de promover directamente la acción constitucional.

Respecto a la agencia oficiosa de las personas privadas de la libertad, en sentencia
T-117 de 2025, la Corte Constitucional precisó:

2
T-694 de 2009, T-821 de 2010, T-385 de 2011, T-479 de 2012 y T-117 de 2023.

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«Agencia oficiosa de personas privadas de la libertad. En relación con las personas
privadas de la libertad, la Corte Constitucional ha sido enfática en advertir que los
requisitos de esta figura deben ser valorados de forma flexible en atención a la relación
de especial sujeción que estas personas tienen con el Estado y a la situación de
indefensión o de debilidad manifiesta en la que se puedan encontrar. Por ejemplo, se ha
admitido el uso de esta figura en casos en los que se comprobó que los agenciados se
encontraban en aislamiento, padecían incapacidad física o cognitiva o, los hechos
narrados evidenciaban de forma clara e inequívoca la existencia de una amenaza de
muerte contra el agenciado.

A pesar de lo expuesto, la Corte ha sido clara en precisar que “la situación de especial
vulnerabilidad de la población privada de la libertad no permite presumir su imposibilidad
de presentar acciones judiciales en todos los eventos y, en consecuencia, la necesidad de
contar con un tercero para defender sus derechos”. Por tanto, el juez constitucional tiene
la obligación de declarar improcedentes las acciones de tutela que se interpongan en
contra de la voluntad de los presuntos agenciados o, en los casos en los que no existe
prueba “por lo menos sumaria de la imposibilidad del agenciado para reclamar la
protección de sus derechos”».

En el caso concreto, se evidencia que se cumplen los requisitos previstos por la Corte
Constitucional para la procedencia de la agencia oficiosa, pues, el señor John Alfredy
Reyes Muñoz en el escrito de tutela mencionó de manera expresa que acudía en
calidad de agente oficioso del señor Pedro Antonio Cortés Muñoz. Por otra parte, el
señor Cortés Muñoz al encontrarse privado de la libertad, no puede exigírsele
promover su propia defensa u otorgar poder a un abogado.

Aunado a lo anterior, debe señalarse que la norma transcrita no exige que el
agenciado ratifique la acción de tutela; en consecuencia, dicha ratificación no
constituye un requisito de procedencia del amparo, sino un aspecto meramente
accesorio. Por ello, el juez puede solicitarla de oficio si lo considera necesario. Sin
embargo, en el presente caso no se advirtió la necesidad de requerir ratificación
alguna, entre otras razones, porque está acreditado que el señor Cortés Muñoz se
encuentra privado de la libertad y, además, el señor John Alfredy Reyes Muñoz
también actuó como agente oficioso en la acción de habeas corpus en la que se
profirió la decisión ahora cuestionada, trámite dentro del cual acreditó que son
hermanos, por lo tanto, no se evidencia que esté actuando en contra de su voluntad.

Por lo tanto, se negará la solicitud de falta de legitimación en la causa por activa
invocada.

2. Legitimación en la causa por pasiva

En relación con la solicitud de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva
planteada por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC) y por la Dirección Regional Viejo Caldas de la misma entidad, se aclara que
dichas entidades estaban vinculadas al presente trámite constitucional en calidad de
demandados, porque fueron referidos en tal calidad en el escrito de tutela, además,
fueron accionados dentro de la acción de habeas corpus, en el cual se emitió la
decisión cuestionada, lo que justifica su vinculación. Por lo tanto, se negarán las
solicitudes.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,

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mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto ».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional3, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales4 y específicas5 de procedencia de la
acción de tutela.

Acción de tutela contra providencias proferidas en acciones de habeas corpus

En cuanto a la procedencia de la acción de tutela frente a decisiones adoptadas dentro
del trámite de acciones de habeas corpus, la Corte Constitucional ha precisado que el
amparo resulta improcedente cuando la solicitud es concedida, debido al carácter
inimpugnable de las decisiones favorables de habeas corpus. Esta característica
excluye la posibilidad de controvertir tales decisiones mediante tutela, pues el
legislador —avalado por la propia Corte Constitucional— determinó que frente a una
decisión favorable no procede ningún recurso judicial ni constitucional.
Excepcionalmente, ha considerado que, pueden analizarse dichas providencias,
siempre que se demuestre la configuración de una actuación manifiestamente
irrazonable o fraudulenta por parte del juez que conoció del habeas corpus.

Sin embargo, para los eventos en los cuales se ha negado la solicitud de habeas
corpus, el máximo tribunal Constitucional ha previsto que resulta procedente la acción
de tutela, siempre que se acrediten los requisitos generales de procedibilidad y al
menos uno de los requisitos específicos de procedencia.

3
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
4
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
5
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.

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Al respecto, en sentencia T – 487 de 2019, la Corte Constitucional refirió:

«Por otra parte, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-350 de 2019, señaló que el derecho
fundamental a la libertad individual es “uno de los pilares del Estado constitucional y democrático de
derecho, presupuesto básico para la eficacia de los demás derechos e instrumento primario del ser
humano para vivir en sociedad”. Su protección constitucional se hace efectiva mediante diversas
garantías, pero es indudable que el habeas corpus es una de las más significativas, a tal punto que
se considera como “la acción de tutela de la libertad”. Respecto de la naturaleza del proceso de
habeas corpus, esta Corte advirtió que no es adversarial, esto es, no se trata de un litigio “en el que
pueda hablarse, con rigor conceptual de partes procesales”. En esa medida, la relación jurídico-
procesal relevante es aquella que “entabla el juez de habeas corpus con el recluso, en orden a
establecer, con la información disponible en el proceso, si aquel se encuentra ilegalmente privado
de su libertad”.

A su vez, la Corte Constitucional destacó que la decisión favorable de habeas corpus es
inimpugnable. Lo anterior, por cuanto “el legislador, avalado por la propia Corte Constitucional,
decidió que frente a la providencia favorable de habeas corpus no exista recurso, ni mecanismo de
controversia judicial de ninguna índole”. En ese orden, concluyó que resultaba “plausible sostener,
por elementales razones, que esta inimpugnabilidad se extendería, en principio, a la propia acción
de tutela”. Aunado a ello, advirtió que “la procedencia de la tutela contra decisiones de habeas
corpus, por configuración de “vías de hecho” (hoy causales genéricas y específicas de
procedibilidad) se ha limitado únicamente a las providencias que niegan aquella acción”.

De igual manera, la Corte precisó que el uso de la acción de tutela para controvertir una decisión
que protege la libertad individual solo puede ser posible bajo dos condiciones: i) la acción de tutela
contra las providencias dictadas en el marco de la acción constitucional de habeas corpus debe
cumplir, en primera medida, los requisitos genéricos y específicos de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales y ii) cuando se trata de controvertir, en específico, la decisión
que concede el habeas corpus, su procedencia es excepcionalísima, por lo que las circunstancias
de cada caso concreto deben evaluarse “a fin de evidenciar actuaciones judiciales manifiestamente
irrazonables o fraudulentas”.»

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora aduce que el Tribunal
Administrativo de Risaralda vulneró los derechos fundamentales invocados, por
incurrir en defectos sustantivo, procedimental, fáctico y violación directa de la
constitución, al declarar improcedente la acción de habeas corpus que promovió por
la presunta prolongación injusta de la libertad del señor Pedro Antonio Cortés Muñoz.

La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela de la referencia
porque no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, toda vez que
las pretensiones de la parte actora están orientadas a constituir una tercera instancia
de la acción de habeas corpus en el que se profirió la decisión cuestionada, pues los
argumentos expuestos corresponden a los mismos del escrito de impugnación de
dicho mecanismo constitucional.

(i) La relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07916-00
Demandante: John Alfredy Reyes Muñoz como Agente Oficioso de
Pedro Antonio Cortés Muñoz

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20146, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 7.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)

(ii) Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

El señor John Alfredy Reyes Muñoz actuando como agente oficioso de Pedro Antonio
Cortés Muñoz, interpuso la presente acción de tutela con el fin de que se deje sin
efecto la providencia de 10 de diciembre de 2025, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Risaralda confirmó la decisión de primera instancia de declarar
improcedente la acción de habeas corpus, con la cual buscaba que se ordenara la
libertad inmediata en razón a la presunta prolongación injusta de su libertad.

A juicio, de la parte actora, la autoridad judicial incurrió en defectos sustantivo,
procedimental, fáctico y violación directa de la constitución, porque no se valoró que
el Juzgado de Ejecución de Penas tardó más de cuarenta (40) días en resolver su
solicitud de redención de pena; que la respuesta dada solo se dio con ocasión a la
interposición de la solicitud de habeas corpus, sin tener en cuenta los tiempos de
redención solicitados referentes a las horas de trabajo y estudio de los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2025. Aunado a ello, alegó que la providencia
acusada: «a) desconocen el carácter principal del hábeas corpus, b) ignoran la prolongación

6
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
Ibidem.

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Pedro Antonio Cortés Muñoz

ilegal de la privación de la libertad, c) trasladan al interno cargas imposibles, d) omiten el
principio pro homine y el derecho constitucional a la libertad».

Al respecto se debe indicar que, el Juzgado Primero Administrativo de Pereira, en
providencia de 6 de diciembre de 2025, declaró improcedente la acción de habeas
corpus, al concluir que el señor Cortés Muñoz permanecía privado de la libertad en
virtud de una orden emitida por autoridad judicial competente. Asimismo, señaló que,
si bien, al momento de presentarse la acción constitucional, estaba pendiente el
estudio de la solicitud de redención de pena por parte del Juzgado Quinto de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, para cuando se profirió la decisión ya
existía un pronunciamiento sobre dicha petición, el cual resultó parcialmente favorable
al sentenciado. Además, indicó que no existía una petición formal de solicitud de
libertad ante el juez competente, por lo tanto, la acción de habeas corpus no estaba
prevista para sustituir mecanismos ordinarios de defensa. En consecuencia, no se
evidenció vulneración alguna de sus garantías constitucionales.

El agente oficioso del señor Pedro Antonio Cortés Muñoz impugnó la anterior decisión,
en la cual señaló que:

«1. Error al afirmar improcedencia por falta de solicitud previa de libertad ante el juez de ejecución
La sentencia afirma que el hábeas corpus es improcedente porque no se probó que el interno
hubiese solicitado su libertad ante el juez de ejecución de penas. Sin embargo: La propia sentencia
reconoce que el interno solicitó la verificación de pena y redención y que existía una demora
injustificada del Juzgado Quinto de Ejecución al resolverla, lo que apenas se produjo el 5 de
diciembre de 2025, en plena tramitación del hábeas corpus. La solicitud de certificado de redención
y verificación de pena tiene como fin precisamente determinar el cumplimiento de pena, por lo que
constituye petición idónea que activa la obligación del juez de ejecución de estudiar la libertad. El
requisito exigido por la sentencia de primera instancia no existe en la Ley 1095 de 2006 ni en la
jurisprudencia constitucional, que ha sido clara: el hábeas corpus es principal, no subsidiario, y
procede siempre que exista prolongación ilegal de la detención.

2. La sentencia desconoce la prolongación ilegal de la privación de libertad En el expediente está
probado: Que el interno tiene más de 37 meses y 25,6 días descontados de pena reconocidos
oficialmente. Que existe redención adicional debidamente certificada y no contabilizada en su
totalidad, pues el mismo EPMSC informa 2.192 horas de trabajo y 582 de estudio, equivalentes a
más redención todavía que no ha sido aplicada completamente. Que la demora en resolver las
solicitudes de redención y cómputo (de octubre a diciembre de 2025) impidió evaluar su libertad
antes del hábeas corpus. La Corte Constitucional ha sido enfática: cuando hay omisión, retraso o
inactividad en el cómputo de la pena, se configura prolongación ilegal de la detención y procede el
hábeas corpus. Aquí: El Juzgado de Ejecución no decidió oportunamente, y solo lo hizo al verse
compelido por este trámite. El estudio de la redención no resolvió el tema crucial: si procede la
libertad por pena cumplida. Por tanto, existe violación actual del derecho a la libertad.

3. La sentencia analiza aspectos ajenos a la acción de hábeas corpus El despacho se concentró en:
Extensos recuentos del proceso penal. Consideraciones sobre competencia del juez natural.
Trámites ordinarios del proceso. Sin embargo: El hábeas corpus no revisa legalidad de condenas,
sino verifica exclusivamente la legalidad actual de la detención, y en este caso: Existe duda
razonable sobre el tiempo realmente descontado. Existen decisiones contradictorias entre el INPEC
y el juez de ejecución. Es necesario aplicar el principio PRO HOMINE Y PRO LIBERTATE.

4. No se aplicó el principio pro persona ni el mandato constitucional de resolver en favor de la libertad
Ante la duda sobre: Redenciones no aplicadas, Cómputos inconsistentes, Trámite tardío de
solicitudes, La jurisprudencia constitucional (SU-220/2024) exige: privilegiar la libertad frente a
restricciones defectuosas, tardías o dudosas. La decisión desconoce dicho mandato.

A partir de lo anterior, la Sala observa que el accionante plantea nuevamente la misma
discusión jurídica que ya fue objeto de análisis en la acción de habeas corpus, en el
cual también actuó como agente oficioso de Pedro Antonio Cortés Muñoz.

En esta ocasión, reitera los argumentos expuestos en el trámite de la acción de
habeas corpus, con fundamento en la presunta configuración de defectos sustantivo,
procedimental, fáctico y violación directa de la constitución. Según su postura la
autoridad judicial accionada omitió realizar un análisis adecuado sobre la presunta
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prolongación injustificada de la privación de la libertad, pues no se han reconocido de
manera completa los tiempos de redención de pena que él ha solicitado y que se
encuentran debidamente certificados, los cuales permitirían demostrar que el
sentenciado ya habría cumplido la pena impuesta. Además, sostiene que la existencia
de cómputos contradictorios entre el INPEC y el Juzgado de Ejecución, así como la
falta de aplicación integral de las horas de trabajo y estudio certificadas, darían cuenta
de un defecto en la valoración probatoria por parte de la autoridad judicial y, en
consecuencia, de una posible vulneración del derecho fundamental a la libertad
personal.

En efecto, de lo expuesto hasta aquí se evidencia que la discusión planteada por el
tutelante fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en providencia
del 10 de diciembre de 2025, en la que confirmó la decisión de primera instancia al
considerar que la acción de habeas corpus era improcedente para resolver las
pretensiones planteadas por el actor.

Así, luego de referirse a la naturaleza excepcional de la acción de habeas corpus,
relacionó las pruebas aportadas al proceso, concluyó que:

«De la apreciación en su conjunto de las pruebas allegadas al plenario y de acuerdo con las reglas
de la sana crítica de los elementos de convicción obrantes en la foliatura, advierte esta Magistratura
que la privación de la libertad del actor no se ha dado con violación de las garantías constitucionales
o legales por cuanto la misma se halla fundamentada en decisión válidamente proferida por
autoridad judicial competente como lo es el Juzgado primero Penal del Circuito Chiquinquirá Boyacá,
ni ha sido prolongada ilícitamente su libertad, toda vez que conforme a la resolución de la solicitud
de redención de pena, únicamente se le otorgó redención punitiva de 244.6 días por su trabajo y
estudio, y de cara al tiempo físico purgado, no ha cumplido con la condena impuesta.

En ese orden, el despacho advierte que no puede estudiar si se cumplió el beneficio de la libertad
condicional con el descuento del plazo que fue objeto de redención por pena de trabajo, estudio o
enseñanza, toda vez que corresponde exclusivamente al juez de ejecución de pena verificar tales
situaciones en atención a que es quien vigila y otorga esta clase de beneficio, respecto del cual, se
radicó el día 09 de diciembre de 2025, encontrándose dentro del término legal para su resolución,
con las respectiva verificación de los aspectos objetivos y subjetivos requeridos por imperio de la
Ley.

Ahora, si bien en casos excepcionales en los que resulta eminente la procedencia de la libertad y en
los que se evidencie que el juez natural del asunto injustificadamente no se pronuncia
oportunamente sobre la misma, prologando la restricción de dicho derecho, la acción de habeas
corpus se torna procedente, lo cierto es que dicha circunstancia no concurre en el presente asunto;
toda vez en el trámite de esta acción constitucional, dicha autoridad judicial profirió auto por el cual
reconoció al sentenciado, como redención punitiva, 244.6 días por su trabajo y estudio desde octubre
de 2023 a diciembre de 2024 y de abril a septiembre de 2025, y en total, ha descontado 37 meses y
25.6 días de su pena (56 meses), incluyendo las redenciones, sin que sea viable admitir que la
acción constitucional de habeas corpus sustituye los mecanismos ordinarios ni reemplaza a los
jueces penales en la adopción de las decisiones; máxime cuando es evidente que no ha cumplido
con la totalidad de la condena.

En contraposición de lo afirmado por el actor, se advierte de su escrito que un debate atinente a la
verificación de los presupuestos para la concesión de redención de pena, o del beneficio de la
libertad condicional, los asuma un juez constitucional, cuando tal debate debe darse dentro de los
trámites ordinarios que se contempla para esta clase de asuntos, como es precisamente para este
caso particular al Interior del Juez natural que no es otro que el Juzgado Quinto de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, como autoridad encargada de la vigilancia de la pena del
accionante y quien es la autoridad facultada legalmente para definir sobre la procedencia de dichos
beneficios de índole penal, a donde ya acudió el actor precisamente, el día 09 de diciembre de 2025
para obtener la libertad condicional, no siendo el hábeas corpus el procedimiento apropiado para
una discusión referente a la procedencia de unos beneficios como los que aquí se plantea.

En este orden, teniendo en cuenta que el agenciado se encuentra privado de la libertad en virtud de
una orden judicial dictada por la autoridad judicial competente, que goza de presunción de legalidad,
la solicitud de hábeas corpus elevada en favor del señor Pedro Antonio Cortés Muñoz resulta a todas
luces improcedente como efectivamente lo concluyó el juez constitucional a quo, toda vez que
dispone de otro medio eficaz para solicitar la libertad por pena cumplida o el beneficio de la libertad
condicional, esto es, el recurso de apelación promovido en contra de la decisión proferida por el Juez
de Ejecución de penas que accedió parcialmente a tal solicitud.»

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En cuanto al argumento según el cual, el Juzgado de Ejecución de Penas se tardó
más de cuarenta (40) días en resolver su solicitud de redención de pena y que, en
todo caso, no analizó el cómputo del último trimestre del año 2025, la autoridad judicial
accionada, señaló:

«Finalmente, esta Magistratura no desconoce que una aristas de la impugnación es la demora en
resolver las solicitudes de redención y cómputo de octubre a diciembre de 2025 y se advierte que
mediante auto calendado del 05 de diciembre de 2025, el Juez no analiza, ni estudia horas de
redención por trabajo y estudio de los meses de octubre – noviembre y primeros días de diciembre
2025. La relación de horas certificadas son las siguientes, dentro las cuales no se observan los
períodos extrañados por el accionante:

(…)

En lo que se refiere a las horas certificadas desde julio a septiembre de 2025 y que equivalen a las
252 horas, mediante auto calendado del 05 de diciembre de 2025, el Juez SI analizó y redimió
aquellas certificadas por la labor y estudio, en la última casilla, de cara a la relación de horas
certificadas (…).

En todo caso, I) la calificación de la conducta y II) las horas certificadas, son dos aspectos que deben
ser analizados de manera conjunta para la redención, no basta con la simple calificación de la
conducta, y en el expediente no se avizoran horas certificadas diversas a las ya relacionadas ut
supra, y que fueron redimidas de forma parcial por el Juez de Ejecución de pena; no obstante, de
existir más horas certificadas en debida forma en el último trimestre de 2025, debe resaltarse que la
sola certificación no produce automáticamente su aceptación por parte del juez de ejecución de
penas, que debe verificar los soportes y justificaciones, lo que se deberá materializar al momento de
analizar la solicitud del beneficio de libertad condicional radicada el día 09 de diciembre de 2025, lo
que refuerza la conclusión de la improcedencia.

(…)
Nótese que se acude a esta acción constitucional, olvidando que esta no es otra instancia,
descartándose así, la viabilidad de la acción pública, ya que tratándose del derecho a la libertad de
quien se encuentra legalmente privado de ella por mandato de autoridad judicial competente, su
restablecimiento debe reclamarse en principio y de forma general al interior de la actuación judicial
respectiva, con la interposición de los recursos legales contra las determinaciones adversas, tal
como efectivamente lo ejerció el defensor del accionante, el día 09 de diciembre de 2025 para el
beneficio de la libertad condicional, y aún se encuentra dentro del término de ley pendiente de su
resolución.

(…)
La acción de habeas corpus no está concebida para sustituir las herramientas ordinarias
contempladas al interior de la actuación penal o administrativa para proteger la vigencia del derecho
fundamental, pues desatender su existencia equivaldría a pasar por alto «la observancia de la
plenitud de las formas propias de cada juicio» (art. 29 Constitución Política).

(…)
A tono con la pauta jurisprudencial trascrita, el mecanismo en mención, no es el idóneo si lo que
pretende es cuestionar las “sumas y restas” efectuadas por Juzgado Quinto de Ejecución el 05 de
diciembre de 2025, pues como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, aquello debe ser
discutido primeramente frente al juez natural por medio de los recurso ordinarios; ya que, esta
especialísima acción se encuentra supeditada al agotamiento de todos los recursos posibles por el
interesado para esclarecer su situación en atención a evitar la indebida injerencia del juez
constitucional en las facultades del operador natural en este caso el penal, puesto que no es un
mecanismo alternativo o sustitutivo de los procedimientos ordinarios que corresponde decidir a los
jueces naturales, sino que es un instrumento especial y excepcional de protección de la libertad
individual de las personas.»

De lo anterior, se evidencia que la autoridad judicial accionada analizó las normas
procedentes dentro de la acción de habeas corpus, hizo una valoración integral de las
pruebas aportadas y declaró la improcedencia de la referida acción porque encontró
que las pretensiones estaban orientadas a que se ordenara la libertad condicional del
señor Cortés Muñoz, en atención al cómputo por redención de pena cumplida, sin
embargo, es un análisis que compete al juez de ejecución de penas.

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Adujo, además, que la acción de habeas corpus no estaba prevista para sustituir
mecanismos ordinarios de defensa y, para la fecha en que se profirió la decisión, se
encontraba pendiente de decidir la solicitud de libertad que radicó la parte actora ante
el juzgado de ejecución de penas, el 9 de diciembre de 2025.

Siendo así, aunque la parte actora alega que la providencia objeto de tutela vulneró
los derechos fundamentales invocados, porque, presuntamente desconoció la
naturaleza principal y autónoma del habeas corpus; pasó por alto la existencia de una
posible prolongación indebida de la privación de la libertad; impuso al interno cargas
que resultan irrazonables o de imposible cumplimiento; y omitió la aplicación del
principio pro homine y la garantía constitucional del derecho a la libertad, lo cierto es
que la parte demandante pretende hacer uso de la acción de tutela de la referencia
para insistir en los mismos argumentos que alegó en el trámite del habeas corpus, los
cuales, como se vio, ya fueron resueltos por los jueces naturales de la causa, en el
sentido de señalar las razones por las que a su juicio debe declararse la libertad
condicional del señor Pedro Antonio Cortés Muñoz.

Así, queda demostrado que la acción de tutela de la referencia no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, porque el actor reiteró los argumentos
que expuso en el marco del habeas corpus, lo que permite evidenciar que la
inconformidad de la parte actora se generó con las conclusiones probatorias del juez
natural, las cuales no coinciden con sus intereses.

Ahora, durante el trámite de la presente acción de tutela, la parte actora presentó
solicitud de vigilancia administrativa, en los siguientes términos:

«Por medio del presente me permito solicitar vigilancia administrativa en favor del proceso
11001031500020250791600 ya que se vencieron los términos para emitir fallo de primera
instancia».

Mediante Oficio VJA-CSJCUN-2026-00020 de 29 de enero de 2026, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca dispuso no avocar el conocimiento de la
vigilancia judicial y remitirla por competencia al Consejo de Estado, con fundamento
en que el Consejo Seccional no tiene competencia para adelantar actuaciones de
vigilancia judicial frente a esta Corporación.

Sin embargo, en atención a que la solicitud de vigilancia administrativa tiene como
finalidad instar la emisión de la decisión de primera instancia (y que en la presente
providencia precisamente se adopta dicha decisión), la Sala encuentra que se ha
superado el hecho que motivó la petición. En consecuencia, pierde objeto cualquier
actuación encaminada a promover una intervención administrativa sobre el despacho.

Además, es pertinente recordar que el Decreto 2591 de 1991, no contempla la
posibilidad de incorporar actuaciones adicionales ni la adopción de decisiones
específicas relacionadas con mecanismos de vigilancia administrativa. En el mismo
sentido, debe precisarse que, de conformidad con la Ley 270 de 1996, esta
Corporación no es la autoridad competente para pronunciarse o ejercer dicho control.

Lo anterior es suficiente para no efectuar un pronunciamiento de fondo sobre la
vulneración alegada por la demandante, dado que la acción de tutela no cumple los
requisitos de procedencia que habiliten el estudio de los cargos invocados por parte
del juez constitucional, en consecuencia, declarará improcedente la acción de tutela.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar la solicitud de falta de legitimación en la causa por activa, conforme con
lo expuesto en la parte considerativa.
2. Negar la solicitud desvinculación invocada por la Dirección General del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y por la Dirección Regional Viejo
Caldas de la misma entidad.
3. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por John Alfredy Reyes
Muñoz como agente oficioso de Pedro Antonio Cortés Muñoz contra el Tribunal
Administrativo de Risaralda y otros, por las razones expuestas en la parte
considerativa.
4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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