Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07919-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07919-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07919-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
22 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07919-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: MARÍA CAROLINA RUEDA MENA
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD
JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN MORA JUDICIAL
INJUSTIFICADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la parte actora
contra la SECCIÓN SEGUNDA –SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO
DE ESTADO1 y su SECRETARÍA.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora MARÍA CAROLINA RUEDA MENA, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
1
En adelante la Sección Segunda.
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Actora: MARÍA CAROLINA RUEDA MENA
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia, los cuales estima vulnerados por la
SECCIÓN SEGUNDA y su SECRETARÍA, por presunta mora judicial
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2017-00015-04, por
cuanto al parecer no se ha dictado sentencia de segunda instancia, lo
cual ha requerido mediante escritos de 12 de abril de 2024, 2 de
octubre y 18 de noviembre de 2025.
I.2.- Hechos
Indicó que su esposo JAIRO MORALES SOLANO (q.e.p.d.) laboró
como juez primero promiscuo de familia de circuito de Arauca desde
el 31 de octubre de 1983 hasta el 12 de enero de 2016.
Afirmó que, mediante Resolución núm. RDP 027099 de 2 de julio de
2016, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)2, le reconoció a su esposo la pensión
de vejez.
2
En adelante UGPP.
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Actora: MARÍA CAROLINA RUEDA MENA
Aseguró que, debido a la incorrecta liquidación de la pensión, el 23
de febrero de 2017, aquel promovió medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la UGPP, al cual le fue asignado
el número único de radicación 2017-00015-00 y le correspondió por
reparto al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA3 que,
mediante sentencia de 15 de septiembre de 2023, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Mencionó que, estando el proceso ordinario en curso, el 5 de
noviembre de 2019, el señor MORALES SOLANO (q.e.p.d.), falleció,
por lo que mediante Resolución núm. RDP 002933 de 4 de febrero
de 2020, la UGPP le reconoció pensión de sobreviviente.
Indicó que contra la sentencia de primera instancia presentó recurso
de apelación, el cual fue concedido por el TRIBUNAL, por lo que se
remitió el expediente a esta Corporación.
Resaltó que el expediente correspondió por reparto a la SECCIÓN
SEGUNDA e ingresó al despacho sustanciador para admitir el
recurso de apelación el 21 de febrero de 2024, es decir hace más de
un año y nueve meses sin que se haya proferido decisión alguna.
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En adelante TRIBUNAL.
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Arguyó que el 12 de abril de 2024, 2 de octubre y 18 de noviembre
de 2025, presentó solicitudes de prelación de fallo.
Manifestó que el 9 de diciembre de 2025, la SECCIÓN SEGUNDA
admitió el recurso de apelación.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurre en
la vulneración de sus garantías constitucionales, máxime si se tiene
en cuenta que es sujeto de especial protección constitucional, por lo
que se debe priorizar su caso y en el menor tiempo posible definir la
litis.
Señaló que la autoridad judicial accionada ha demorado de manera
injustificada el curso del proceso ordinario objeto de tutela, pues han
transcurrido más de 2 años y aún no se le ha impartido el trámite
correspondiente o proferido una decisión de fondo sobre el derecho
pensional reclamado.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la parte actora pretende lo
siguiente:
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“[…] III.- PRETENSIONES:
PRIMERA: Señor Juez Constitucional, respetuosamente solicito
que, EN FORMA DEFINITIVA, se tutelen mis derechos
Constitucionales fundamentales al DEBIDO PROCESO; A
ACCEDER A UNA RECTA, CUMPLIDA, EFICAZ Y EFICIENTE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y, A LA IGUALDAD. Como
consecuencia de lo anterior:
SEGUNDA: Ordenar a la SECCION SEGUNDA HONORABLE
CONSEJO DE ESTADO M. P. JORGE EDISON
PORTOCARRERO BANGUERA que, en el plazo improrrogable
de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación del fallo
de tutela o, en el lapso prudencial que Su Señoría estime
conducente, profiera sentencia de segunda instancia que
resuelva de fondo el asunto sometido a su conocimiento.
TERCERO: Se adopten las demás medidas legales que, en su
sabiduría, sean pertinentes, conducentes y oportunas para
salvaguardar a plenitud el núcleo esencial de los Derechos
Fundamentales invocados en protección. […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- la SECCIÓN SEGUNDA solicitó despachar
desfavorablemente las súplicas incoadas en la demanda. Para el
efecto, adujo que no existe mora judicial alguna dentro del proceso
ordinario objeto de tutela.
I.5.2.- La SECRETARÍA, pese a ser notificada en debida forma,
guardó silencio.
I.5.3.- la UGPP tercero con interés directo en las resultas del
proceso, solicitó ser desvinculada del presente trámite constitucional,
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por cuanto no tiene competencia para tramitar o adelantar las
actuaciones judiciales reclamadas, por lo que no cuenta con
legitimación en la causa por pasiva para actuar.
I.5.4.- El señor WINSTON JAIRO y HUGO ALBERTO MORALES
RUEDA, pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
La Sala advierte que la UGPP solicitó ser desvinculada de la presente
acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
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legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).
Ahora bien, comoquiera que la UGPP fue vinculada en calidad de
demandada dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho objeto de cuestionamiento, le asiste
interés directo en las resultas del proceso constitucional de la
referencia, razón por la cual la Sala denegará la solicitud de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
4
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el presente caso, la parte actora instauró acción de tutela con el
fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, los
cuales, a su juicio, les fueron vulnerados por la autoridad judicial
accionada por la presunta mora judicial injustificada en que ha
incurrido al no haber dictado fallo de segunda instancia dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2017-00015-04,
actuación que ha requerido mediante escritos de 12 de abril de 2024,
2 de octubre y 18 de noviembre de 2025.
En ese orden de ideas, a la Sala le corresponde determinar si la
autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la actora, al incurrir en una presunta mora judicial
injustificada dentro del proceso ordinario aludido, de igual forma si
se vulneró su garantía individual de petición al presuntamente no dar
respuesta a las solicitudes formuladas.
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Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala procederá a
determinar si la autoridad judicial accionada vulneró el derecho
fundamental invocado, pero, antes de abordar el estudio del caso
concreto, resulta pertinente hacer algunas precisiones respecto del
derecho de petición ejercido ante autoridades judiciales.
En relación con el derecho de petición que se ejerce ante autoridades
judiciales, la Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no
resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se
pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante
el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido.
De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la
obligación de determinar si el contenido de la solicitud persigue
cuestiones netamente judiciales o administrativas, pues en caso de
que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí
resulta procedente.
Así la Sala lo precisó en sentencia de 17 de julio de 20085, proferida
dentro de la acción de tutela radicada bajo el número 2008-00517-
00, en la que se indicó lo siguiente:
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C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
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“[…] En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe
resaltar que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que
no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal
frente a autoridades judiciales en el curso de un proceso, por
cuanto para ello el legislador ha establecido los procedimientos
pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos
de las partes en los procesos; y que acceder al reconocimiento
de derechos de petición por fuera de los cauces procesales
llevaría al caos a la administración de justicia, pues implicaría
destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la
de la actora en detrimento de la actividad judicial.
En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente
núm. AC-2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya,
Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso)6, la Sala
sostuvo:
“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata
precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado
en el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho
de petición en el caso de un proceso judicial.
Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte
Constitucional ha expresado:
“El derecho de petición no procede para poner en
marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor
público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya
que esta es una actuación reglada que está sometida a
la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial
puede existir transgresión del debido proceso y del
derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del
derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los
jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos
estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos
administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican
las normas que rigen la administración, esto es, el
Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las
peticiones en relación con actuaciones judiciales no
pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de
las actuaciones administrativas, como quiera que “las
solicitudes que presenten las partes y los intervinientes
dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados
con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las
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Criterio que contó con salvamento de voto de los señores consejeros doctores Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo y Camilo Arciniegas Andrade.
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reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)
Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto
de asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y
otra muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del
trámite de un proceso a su cargo.
En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho
de petición como tal, pues para ello el legislador ha
establecido los procedimientos pertinentes mediante los
cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los
procesos. Acceder al reconocimiento de derechos de petición
por fuera de los cauces procesales llevaría al caos de la
administración de justicia pues implicaría destinar gran parte
del tiempo a responder solicitudes como la del accionante en
detrimento de la actividad judicial.
Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:
“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es
aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los
procesos, ya que éstos se rigen por las normas legales
propias de cada uno, sin que sea lo adecuado impulsarlos
mediante la formulación de peticiones en cada uno de los
momentos procesales.”
(Sentencia T-178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ
GALINDO)”. [...]”.
Asimismo, en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha
explicado que la jurisdicción en general ha sido entendida como la
potestad del Estado para administrar justicia en ejercicio de su
soberanía, mediante el conocimiento y decisión de diferentes
asuntos; por ello, es que todos los jueces ejercen jurisdicción en
nombre del Estado, pero en el marco de su competencia, la cual hace
referencia a la porción asignada a cada juez o Tribunal para su
conocimiento.
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Así lo consideró la Corte en sentencia C-154 de 2004:
“[…] Al respecto debe señalarse que la competencia de una
autoridad judicial ha sido entendida como la porción, la cantidad,
la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada
juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le
corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia,
cuantía, lugar, etc)7.
La Corte ha explicado, así mismo que la jurisdicción en general
consiste en la potestad que tiene el Estado para administrar
justicia en ejercicio de la soberanía de que es titular, mediante
el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles,
criminales, administrativas, etc.) y, en tal virtud, es única e
indivisible. Es por ello que todos los jueces ejercen jurisdicción
en nombre del Estado, pero circunscrita al ámbito propio de la
competencia8 que le asigna la ley9 […]”.
En ese entendido, la Sala observa que lo pretendido por la parte
actora en los escritos de 12 de abril de 2024, 2 de octubre y 18 de
noviembre de 2025, es que la SECCIÓN SEGUNDA profiera la
decisión de segunda instancia, lo cual implica una actuación del juez
ordinario dentro del proceso judicial objeto de estudio, razón por la
que se declarará improcedente el amparo solicitado respecto del
7
Sentencia C-040/97, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
8
Los factores y las condiciones especiales que debe reunir la asignación de una competencia en
particular, según lo anotado en la sentencia C-655 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, presentan las
siguientes características:
“La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza o materia del proceso
y la cuantía (factor objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo),
la naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor
funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor de conexidad.
La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley;
imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad
por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad,
ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden público puesto que se funda en
principios de interés general”.
9
Sentencia C-392/00 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
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derecho de petición alegado por la parte actora, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala determinará si la autoridad judicial
accionada incurrió en una mora judicial injustificada dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el número único de radicación 2017-00015-04.
Ello, por cuanto de acuerdo con el criterio adoptado por esta Sección
en sentencia de 17 de noviembre de 201710 -según el cual en estos
eventos el juez deberá abordar el estudio de la acción de tutela bajo
la égida de una posible afectación al derecho fundamental al debido
proceso como consecuencia de haberse incurrido en una mora
judicial- procede la Sala a analizar si en el sub examine se acreditó
la mora judicial injustificada.
De la mora judicial
Esta figura ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y
estructural […]”11 que impide el disfrute efectivo del derecho de
acceso a la administración de justicia y que se presenta como
10
Consejo de Estado, Sección Primera; M.P.: María Elizabeth García González; Núm. único de
radicación: 11001-03-15-000-2017-02583-00; Actor: María Eugenia Hernández Valenzuela;
Demandado: Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo del Huila.
11
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.:
María Victoria Calle Correa.
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resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la
capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la
solución de los procesos.
Sobre este tema, la Corte Constitucional12 ha sostenido que el no
cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no
implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida
cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar
los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar
prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar
irrazonablemente la justicia como valor superior y principio
constitucional.
En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora, para
determinar si esta es justificada o no, dado que es necesario que
concurran determinadas circunstancias para tenerla como
injustificada.
Al respecto, la Corte13 ha manifestado en forma reiterada que:
“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos
fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la
razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del
12
Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño
13
Ibidem.
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incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del
ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable,
lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente
y la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo
o justificación razonable de la demora14. Advirtió, además, que
(iv) el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de
todos los medios posibles para evitar el detrimento de las
garantías de acceso a la administración de justicia y debido
proceso, concluyendo que:
“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del
plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto
que son estos los criterios que se deben analizar para determinar
si acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y
por ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida,
la mora judicial se justifica cuando:
• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se
demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez
que los atiende.
• Se constata la existencia de problemas estructurales, de
exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser
catalogadas como imprevisibles e ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario
encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha
obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.”15.
13.5. En la providencia T-230 de 201316, que abordó un caso de
presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte
Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un
proceso ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una
sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario
a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia
cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos
señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii)
no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como
lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la
tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las
14
«Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T-297 de 2006 (MP Jaime
Córdoba Triviño - unánime)».
15
«En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la
providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el
sancionado se encontraba justificada».
16
«MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».
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funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala,
además, que ante casos de mora judicial injustificada, la acción
de tutela era procedente cuando (1) se cumpliera el requisito de
subsidiariedad y (2) se acreditara la existencia de un perjuicio
irremediable, advirtiendo que, (iii) el remedio, consistente en la
alteración del turno, era excepcional17.
También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la
mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la
Corte (i) niega la protección constitucional18, en otros, (ii) ordena
la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos
de especial protección y/o vulnerabilidad19; y, en otros, (iii)
dispone un amparo transitorio20.
13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente,
la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394
de 201621, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo
razonable, por desconocimiento del término, es objeto de
amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora
judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.
La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera
que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii)
no existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la
tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.
Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el
desconocimiento de los términos procesales, en un asunto particular,
conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el debido
proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida
17
«Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C-543 de 1992, en casos de
mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que
implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón,
Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)».
18
«Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T-
243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto -
unánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)».
19
«Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)».
20
«T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)».
21
«MP Gloria Stella Ortiz Delgado».
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es justificada o no, pero particularmente si tal situación es atribuible
a la falta de diligencia del funcionario encargado de la resolución del
litigio.
En virtud de lo anterior, se procede a examinar las actuaciones
procesales desarrolladas por la SECCIÓN SEGUNDA dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
identificado con el número único de radicación 2017-00015-04, en
aras de determinar si en el presente asunto se reúnen los
presupuestos que configuran la mora judicial injustificada.
En ese sentido, de conformidad con la información relacionada en el
aplicativo de consultas SAMAI22, se tiene lo siguiente:
• El proceso fue radicado el 23 de febrero de 2017 y
correspondió por reparto al TRIBUNAL que, mediante
sentencia de 15 de septiembre de 2023, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
• El 9 de octubre de 2023 la parte actora interpuso recurso
de apelación, el cual fue concedido por el TRIBUNAL el 1o.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=810012339000201700
22
015041100103
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de febrero de 2024 y se ordenó remitir el expediente al
CONSEJO DE ESTADO para lo de su competencia.
• El 8 de febrero de 2024 el expediente ordinario se envió a
esta Corporación, correspondiéndole por reparto al
despacho del magistrado JORGE EDISON
PORTOCARRERO BANGUERA que, mediante auto de 14
de noviembre de 2025, admitió el recurso de apelación
interpuesto, actuación que se notificó a las partes
mediante correo electrónico el 15 de diciembre de ese año.
• El 16 de enero de 2026 el expediente pasó al despacho
sustanciador para proferir sentencia.
En virtud de lo anterior, la Sala observa que si bien no se ha dictado
la providencia que decida la segunda instancia en el citado medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, el proceso se
encuentra en trámite y en espera de resolverse el recurso de
apelación interpuesto por la parte actora.
Aunado a lo anterior, cabe resaltar que no todo incumplimiento de
un término judicial constituye una vulneración al derecho
fundamental al debido proceso, pues sólo la tardanza injustificada
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acarrea su desconocimiento; situación que no es predicable en el
presente asunto, dado que como quedó acreditado, en el asunto en
cuestión se admitió el recurso de apelación el 14 de noviembre de
2025 y a la fecha se encuentra el expediente al despacho para
proferir sentencia de segunda instancia, tal y como se observa en el
aplicativo de consultas SAMAI, así:
“[…]
[…]”.
Igualmente, se debe tener en cuenta la congestión que enfrenta la
Rama Judicial, de la cual no escapa la autoridad judicial accionada,
lo que descarta la mora judicial injustificada alegada y, en
consecuencia, la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
De lo expuesto en precedencia, la Sala concluye que en el presente
asunto no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por
el actor, toda vez que la autoridad judicial accionada no ha incurrido
en una mora judicial injustificada, razón por la que se denegará el
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amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva
de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la UGPP, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado en lo
que respecta al derecho de petición ejercido ante autoridades
judiciales, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: DENEGAR el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de enero de 2026.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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