Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07930-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07930-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07930-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07930-00
Accionante: Adriana Ramírez Camargo y otros1
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Niega, no se configura el defecto fáctico alegado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide
la acción de tutela2 instaurada por los señores Adriana Ramírez Camargo,
Mariana Trujillo Ramírez, Carolina Trujillo Ramírez y Álvaro Trujillo de la Cadena
quienes actúan a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia,
supuestamente ocurrida con la expedición de la sentencia del 27 de junio de
2025, al interior del medio de control de reparación directa con radicado 76001-
33-33-006-2021-00003-00/01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela se colige que la señora Adriana Ramírez Camargo
cayó en un bache3 de aproximadamente dos metros de profundidad cuando
conducía su vehículo4. La parte actora señaló que la vía se encontraba en mal
estado y la zona del hundimiento carecía de la debida señalización. Como
consecuencia, sufrió lesiones personales y se ocasionaron daños materiales en
su automotor.
3. Sostuvo que el día del accidente el agente de tránsito Gonzalo Sánchez
elaboró el informe núm. A000-8880815, describiendo la vía como: «asfalto con
huecos, superficie húmeda, visibilidad reducida por lluvia y ausencia de señales
y registró como hipótesis del accidente “301” (ausencia de señales) y “306”
1
Mariana Trujillo Ramírez, Carolina Trujillo Ramírez y Álvaro Trujillo de la Cadena.
2
Presentada el 15 de diciembre de 2025.
3
Índice 8 del aplicativo SAMAI, 035_RECEPCIONMEMORIALOAALDESPACHO_CORREO_ANDRESMAURI.
Las imágenes del hundimiento y del área del accidente son visibles en 25 fotografías que acompañan al informe
de tránsito.
4
El día 27 de noviembre de 2018 a las 5:30 p.m., en la intersección de la Calle 13 con Carrera 72 en la ciudad de
Cali- Valle del Cauca.
5
Ibidem, archivo 888081.pdf
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Accionante: Adriana Ramírez Camargo y otros
(huecos)».
4. En virtud de lo anterior, la accionante, una vez agotado el requisito de
procedibilidad de la conciliación6, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa, alegando una presunta falla del servicio atribuible
al Distrito Especial de Santiago de Cali por haber omitido la obligación de
garantizar el adecuado estado de las vías y prevenir el riesgo que ocasionó el
accidente. Como consecuencia, reclamó la existencia de un detrimento moral y
económico sufrido tanto por la señora Adriana Ramírez Camargo como por sus
familiares.
5. El Juzgado Sexto Administrativo Oral de Cali, mediante sentencia núm.
236 del 8 de noviembre de 20247, accedió a las pretensiones de la demanda y
declaró no probadas las excepciones presentadas por el Distrito Especial de
Santiago de Cali y las aseguradoras8 demandadas. La decisión fue apelada9 y
posteriormente, el 27 de junio de 202510, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca revocó11 la decisión anterior.
2.2. Fundamento jurídico
6. La parte accionante consideró trasgredidos sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, con
ocasión de la decisión proferida por la autoridad judicial accionada.
7. En sustento de lo anterior, la parte actora alegó la presunta configuración
de un defecto fáctico, al afirmar que el ad quem efectuó una valoración
irrazonable del acervo probatorio, al restar mérito a elementos que consideró
determinantes, tales como el informe de tránsito, el material fotográfico y las
declaraciones rendidas dentro del proceso, y al exigir la demostración de
circunstancias que, en su sentir, resultaron desproporcionadas para la víctima.
8. Así mismo, adujo la existencia de un defecto por desconocimiento del
precedente, señalando de manera general que la decisión cuestionada se
habría apartado de la jurisprudencia constitucional y de esta corporación en
6
Mediante acta del 18 de mayo de 2023 el comité concluyó que no existía material probatorio que permitiera establecer
la presunta falla del servicio por parte de del Distrito de Santiago de Cali por lo que no se presentó ánimo conciliatorio.
Índice 8 del aplicativo SAMA, 17_RECEPCIONMEMORIALOAALDESPACHO_ACTA330ACTACOM
7
Índice 83 del aplicativo SAMAI, exp. 76001-33-33-006 -2021-00003-00.
8
Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa, CHUBB Seguros Colombia S.A, SBS Seguros Colombia S.A.
y HDI Seguros.
9
El Distrito Especial de Santiago de Cali, índice 87- alegó la inexistencia de nexo causal entre lo ocurrido y la autoridad
distrital. Por su parte, las aseguradoras demandadas, alegaron principalmente la culpa exclusiva de la víctima -índices
88-96 del aplicativo SAMAI, exp. 76001-33-33-006 -2021-00003-00
10
Índice 13 del aplicativo SAMAI, exp. 76001-33-33-006 -2021-00003-01.
11
El Tribunal revocó la sentencia del a quo al concluir que, aunque se probó la ocurrencia del accidente y la existencia
del daño, no se acreditó de manera suficiente el nexo causal entre el hundimiento en la vía y el siniestro, pues una
vez analizó las pruebas allegadas, consideró que estas solo demostraron la presencia del vehículo en el lugar y la
existencia posterior del bache, pero no el modo preciso en que ocurrió el accidente ni que dicho hundimiento
hubiera sido la causa eficiente del daño. Asimismo, el ad quem consideró que no se demostró que el bache en la
vía fuera atribuible al Distrito de Santiago de Cali, pues no se probó que existieran obras en ejecución a su cargo
ni que la entidad tuviera conocimiento previo del supuesto peligro. Al respecto, valoró un oficio de la Secretaría de
Infraestructura que negó la realización de obras en la vía, una prueba que no fue desvirtuada ni controvertida
eficazmente por la parte actora. Finalmente, la Sala reiteró que en el régimen de falla probada del servicio la
carga de la prueba recae en el demandante, quien debía acreditar la falla, el nexo causal y la imputación, por lo
que indicó que, así las cosas, al existir insuficiencia probatoria sobre el hecho generador del daño, aplicó la regla
de la carga de la prueba, razón por la cual revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de la
demanda.
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Accionante: Adriana Ramírez Camargo y otros
materia de responsabilidad extracontractual del Estado por omisión en el
mantenimiento y señalización de las vías, sin profundizar ni desarrollar de
forma precisa la regla jurisprudencial presuntamente desconocida ni el
alcance vinculante de las providencias invocadas12.
9. De igual manera, el apoderado de la accionante alegó un presunto defecto
sustantivo por indebida aplicación del artículo 90 constitucional13. Sin embargo,
aunque identificó la normativa invocada, el cargo no precisó cuál de las reglas
que integran su contenido normativo habría sido desconocida ni explicó en qué
medida la interpretación efectuada por el Tribunal resultó manifiestamente
irrazonable o contraevidente, limitándose a expresar un desacuerdo con la
conclusión adoptada. En tal sentido, el reproche no supera el umbral mínimo de
argumentación exigido para habilitar su estudio en esta sede constitucional.
10. Igualmente, alegó la vulneración del principio de carga dinámica de la
prueba, al sostener que el Tribunal le exigió acreditar el origen del bache y el
conocimiento previo de la administración. Sin embargo, dicho reproche se
encuentra indisolublemente ligado a la valoración probatoria efectuada en la
providencia cuestionada, por lo que será analizado de manera conjunta en el
estudio del presunto defecto fáctico.
11. Finalmente, la parte actora alegó la existencia de un defecto por falta de
motivación suficiente, al afirmar que el Tribunal no desarrolló de manera completa
el análisis del artículo 90 constitucional14 ni explicó su apartamiento de la
jurisprudencia invocada; sin embargo, el reproche se formuló en términos
generales, sin identificar los apartes concretos de la providencia que
carecerían de fundamentación ni demostrar una ausencia de motivación
con relevancia constitucional.
2.3. Pretensiones
12. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo siguiente:
«. 1. Dejar sin efectos la sentencia del 27 de junio de 2025 del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
2. Ordenar que se profiera una nueva sentencia respetando el precedente
jurisprudencial sobre responsabilidad del Estado por huecos sin señalización.
3. Ordenar cualquier otra medida necesaria para restablecer los derechos
fundamentales vulnerados de mis poderdantes.» SIC en toda la cita.
12
Entre las cuales citó las siguientes SU-047 de 2019, SU-637 de 2015 – que la Sala verificó que no existen-,
así como la T-292 de 2006, MP Manuel José Cepeda Espinosa, que trata sobre la importancia del precedente
constitucional y la fuerza vinculante de la ratio decidendi en las decisiones judiciales.
13
Al igual que los artículos 4, 13, 29 y 230 constitucionales y la sentencias SU-447/11, - providencia trata sobre la
legitimidad de las entidades del Estado para interponer acción de tutela contra providencias judiciales, la caducidad
en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y el reconocimiento de que las personas jurídicas también
son titulares de derechos fundamentales protegibles vía tutela-, la SU-424/12, - que aborda la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales de la Corte Suprema de Justicia, cuando existe un “defecto fáctico”
en la valoración de pruebas- y la T-312/17.
14
Así como el de las sentencias SU-446 de 2011, - La cual tiene por temática la importancia del sistema de
carrera administrativa como pilar fundamental del Estado Social de Derecho, reafirmando que el acceso a
cargos públicos debe regirse por los principios de mérito, igualdad y transparencia, conforme al artículo
125 constitucional y las sentencia T-239 de 2013 y T-212 de 2019.
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2.4. Intervenciones
13. Mediante auto del 1615 de diciembre de 2025 se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca como accionado y al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cali, la
Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa, al Distrito Especial de
Santiago de Cali, a Chubb Seguros Colombia S.A., a SBS Seguros Colombia
S.A. y a HDI Seguros como terceros interesados en el resultado del proceso.
14. Adicionalmente, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado para lo de su competencia y se reconoció personería al
abogado Walberto Palomino Valenzuela con tarjeta profesional núm. 60.720 del
Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la parte actora.
2.4.1 El Juzgado Sexto Administrativo Oral de Cali16 remitió el expediente con
radicado 76001-33-33-006-2021-00003-00.
2.4.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca17 a través del magistrado
Jhon Erick Chávez Bravo sostuvo que la acción de tutela carece de relevancia
constitucional, toda vez que la parte actora se limitó a invocar la vulneración de
derechos fundamentales sin demostrar de manera concreta la configuración de
los defectos endilgados contra la providencia reprochada conforme a la
jurisprudencia constitucional.
15. Aunado a lo anterior, indicó que la sentencia cuestionada revocó
válidamente la decisión de primera instancia tras una valoración razonable del
acervo probatorio, al no acreditarse el nexo causal ni la imputación al Distrito, y
concluyó que la tutela pretendía reabrir el debate probatorio ya surtido ante las
instancias correspondientes.
2.4.3. Las aseguradoras HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.18, CHUBB
SEGUROS COLOMBIA S.A.19 y SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.20 por
conducto de su apoderado, sostuvieron que los hechos alegados en la tutela no
están plenamente acreditados, en particular las circunstancias de modo del
accidente, y precisó que el informe policial constituye solo un indicio, insuficiente
para demostrar que el hueco fuera la causa eficiente del daño, conforme a la
jurisprudencia constitucional y contenciosa.
16. Argumentaron que la acción de tutela es improcedente por falta de
relevancia constitucional, al pretender reabrir un debate estrictamente probatorio
ya resuelto en el proceso de reparación directa, sin demostrar la configuración de
los defectos endilgados, de acuerdo con los criterios fijados en la sentencia C-
590 de 2005 y reiterados por la Corte Constitucional.
15
Índice 5, del aplicativo SAMAI
16
Índice 8 del aplicativo SAMAI, certificado EC297ED9166E8632 7A4EACC9198344F4 9A9DB6888614F951
68580FD3EE27172D
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17. Concluyeron que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca valoró
correctamente el acervo probatorio y motivó adecuadamente su decisión de
revocar la sentencia de primera instancia, al no acreditarse el nexo causal ni la
imputación al Distrito, razón por la cual no se vulneraron derechos fundamentales
y debían negarse las pretensiones del amparo.
2.4.4. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
18. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el
Acuerdo 080 de 201921 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
19. Previo a abordar el estudio de fondo, la Sala precisa que la acción de tutela
contra providencias judiciales exige que los cargos formulados superen un
umbral mínimo de argumentación.
20. En el presente asunto, los reproches relativos al defecto sustantivo, al
desconocimiento del precedente y a la falta de motivación fueron planteados de
manera general, sin desarrollar de forma concreta los elementos normativos,
fácticos o decisorios que permitan su análisis autónomo en sede constitucional.
21. Por el contrario, el cargo por defecto fáctico fue sustentado a partir de la
valoración específica de medios de prueba obrantes en el proceso, así como de
la asignación de las cargas probatorias, lo que habilita su examen desde la óptica
constitucional.
22. En consecuencia, la Sala circunscribirá su análisis únicamente al presunto
defecto fáctico alegado, por ser el único cargo que, medianamente, satisface los
requisitos de claridad, especificidad y relevancia constitucional exigidos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
3.3. Problema jurídico
23. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con ocasión de la
providencia 27 de junio de 2025, al interior del medio de control reparación directa
con radicado núm. 76001-33-33-006-2021-00003-00/01 incurrió en un defecto
fáctico, y si con este, trasgredió los derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad y al acceso a la administración de justicia de la señora Adriana
21 Reglamento interno del Consejo de Estado .
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Ramírez Camargo y otros.22
24. Previo a lo anterior, es necesario establecer si la acción cumple con los
requisitos generales de procedencia.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
25. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
26. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.
27. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
28. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
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inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
el 15 de diciembre de 2025 se realizó dentro de un lapso «razonable y
proporcionado», pues no habían transcurrido más de seis meses desde la
ejecutoria de la providencia judicial cuestionada, ocurrida el 25 de julio de 2025.
Ello, teniendo en cuenta que la providencia fue dictada el 27 de junio de 2025 y
notificada el día 24 de julio de la misma anualidad.
3.4.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que
se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, como consecuencia de un
presunto defecto fáctico, el cual se encuentra fundamentado razonablemente.
Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
29. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional23 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa24, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa y sin razón valedera
da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende una indebida
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez.
23
Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-
567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
24
Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
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b. Una dimensión positiva25, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
30. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser,
de carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al
juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta
más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»26.
31. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por
el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico en el asunto
bajo examen
32. La Sala parte de precisar que el examen que se adelanta en esta sede
constitucional no comporta una nueva valoración probatoria ni persigue sustituir
al juez natural, sino pretende analizar si la providencia cuestionada edificó sus
conclusiones fácticas de manera razonable y coherente, conforme a las
exigencias del debido proceso.
33. Asimismo, la Sala advierte de entrada, que el defecto fáctico, como causal
excepcional de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
no se configura por el solo hecho de que el juez haya negado las pretensiones,
ni porque la valoración probatoria sea distinta a la pretendida por la parte actora,
sino únicamente cuando aquella resulte ostensiblemente contraevidente o
arbitraria.
34. En el presente asunto, se advierte que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca no incurrió en una valoración irrazonable del acervo probatorio, sino
que delimitó con precisión el objeto del debate, circunscribiéndolo a la
acreditación del nexo causal y de la imputación jurídica, elementos estructurales
del régimen subjetivo de falla probada del servicio.
35. En efecto, el ad quem partió de un hecho no controvertido, al reconocer
expresamente que:
«[…] la Sala solo logra colegir que efectivamente la señora Adriana Ramírez
Camargo padeció un accidente de tránsito el día 27 de noviembre de 2018»
En ese entendido, no puede afirmarse que la autoridad judicial desconoció la
ocurrencia del daño ni los elementos básicos del siniestro.
25
Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
26
Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
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36. No obstante, el Tribunal sostuvo de manera fundada que la controversia
no se limitaba a la constatación del accidente ni a la acreditación de la existencia
de un bache en la calzada, sino a la imposibilidad de establecer con grado de
certeza suficiente el modo en que se produjo el siniestro27 aspecto central para
estructurar la imputación por falla del servicio.
37. Tal conclusión no fue el resultado de una inferencia caprichosa, sino de
una valoración conjunta de los medios de prueba, particularmente del informe
policial, al cual se le reconoció su existencia y contenido, pero se le atribuyó un
valor meramente indiciario, dado que el agente “no fue testigo presencial de los
hechos” y llegó con posterioridad al evento.
38. La misma lógica se aplicó al testimonio del guarda de tránsito Gonzalo
Sánchez, cuya declaración fue analizada críticamente, destacándose que sus
afirmaciones sobre el origen del bache se formularon en términos hipotéticos, al
punto de indicar que este probablemente se debía a una obra28, sin certeza
sobre su causa ni sobre la dinámica concreta del accidente.
39. De igual manera, el Tribunal valoró el interrogatorio de parte de la
demandante, quien afirmó que “el día anterior ese hueco no estaba”; no obstante,
al ser contrastada dicha manifestación con el acervo probatorio, esta no resultó
suficiente, por sí sola, para derivar una imputación de responsabilidad al ente
territorial.
40. A ello se sumó el análisis del oficio de la Subsecretaría de Infraestructura
del Distrito de Cali, en el cual se informó que no se adelantaban obras en el lugar,
precisando la providencia que dicha prueba “no fue tachada de falsa, ni se aportó
prueba que constate de forma positiva que la obra se estaba llevando a cabo”.
41. Con base en ese acervo probatorio, el Tribunal concluyó que “no existe
certeza sobre si el hueco tuvo como causa obras del distrito y este fue la causa
del accidente y el daño”, descartando con ello la imputación por ausencia de
demostración del nexo causal, inferencia que se ajustó a la jurisprudencia
reiterada del Consejo de Estado según la cual la simple demostración del mal
estado de la vía, por si sola, no resulta suficiente para estructurar la
responsabilidad patrimonial del Estado.
42. La Sala observa que esta conclusión no desconoció la carga dinámica de
la prueba, sino que aplicó correctamente la regla según la cual, en el régimen de
falla probada del servicio, corresponde a la parte actora acreditar el hecho
generador del daño y su imputación, de suerte que la incertidumbre probatoria
no puede resolverse en contra de la administración.
43. Por lo expuesto, en realidad, el reproche formulado en sede de tutela se
27
Toda vez que consideró respecto al informe de tránsito que: “no constituye prueba suficiente que logre demostrar
el modo en que se produjo el accidente”.
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Y también sugirió que “el bache pudo haber sido resultado de trabajos con tubería interna.”
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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07930-00
Accionante: Adriana Ramírez Camargo y otros
dirige a cuestionar el resultado del ejercicio valorativo del juez de segunda
instancia, pretendiendo que esta jurisdicción constitucional sustituya el criterio
probatorio del juez natural, finalidad que resulta abiertamente incompatible con
el carácter subsidiario y excepcional de la acción de tutela.
44. Así las cosas, la Sala concluye que la providencia del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca se edificó sobre una valoración probatoria
integral, razonada y coherente, sin omisión de pruebas determinantes ni
inferencias contraevidentes, por lo que no se configuró el defecto fáctico
alegado y, en consecuencia, se negará el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar el amparo de tutela invocado por la señora Adriana Ramírez
Camargo y otros por conducto de apoderado, de acuerdo con los argumentos
expuestos en la parte motiva de la presente providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero: En caso de que no sea impugnada, remitir el expediente de la actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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