Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07931-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07931-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07931-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07931-00
Accionante: Marcial Bandera Beleño
Accionado: Sala Especial de Decisión núm. 14 del Consejo de Estado
Tema: Tutela contra providencia judicial. Recurso extraordinario de revisión.
Inmediatez. DECLARA IMPROCEDENTE.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor Marcial Bandera
Beleño en contra de la Sala Especial de Decisión núm. 14 del Consejo de Estado
con ocasión de la sentencia del 8 de mayo de 2024 proferida en el recurso
extraordinario de revisión, al que le fue asignado el radicado 11001-03-15-000-
2021-00506-00.
ANTECEDENTES
La parte actora pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
El accionante narró que instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la Contraloría Distrital de Barranquilla y del Distrito Especial, Industrial
y Portuario, para obtener el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías definitivas, por lo cual el 20 de octubre de 2016, el Tribunal
Administrativo del Atlántico profirió sentencia, en la que accedió parcialmente a las
pretensiones, pero el 16 de octubre de 2020, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado revocó la decisión recurrida y, en su lugar, declaró
probada la excepción de prescripción y negó las súplicas.
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Que interpuso recurso extraordinario de revisión por la incursión en errores de
valoración probatoria y omisión en el análisis de pruebas determinantes, pero el 8
de mayo de 2024, la Sala Especial de Decisión núm. 14 del Consejo de Estado lo
declaró infundado porque no encontró acreditados los yerros invocados.
Considera que la autoridad judicial previamente señalada incurrió en i) defecto
fáctico porque ignoró las peticiones radicadas ante la entidad en los años 2005 y
2008; ii) defecto sustantivo, pues aplicó de forma absolutista y literal el artículo 250
de la Ley 1437 de 2011, sin tener en cuenta que la prescripción se interrumpe con
cualquier reclamación del interesado y que la sanción moratoria tiene naturaleza
«patrimonial y protectora, y su prescripción debe interpretarse de forma pro
actione y pro operario»; iii) desconocimiento del precedente judicial de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, según el cual la reclamación administrativa
interrumpe la prescripción, la sanción moratoria se genera desde la tardanza y es
exigible sin formalismos, y el análisis de la interrupción debe ser amplio y material;
iv) defecto procedimental absoluto, por no verificar el expediente; v) violación directa
de la Constitución, ya que desconoció principios laborales y la primacía del derecho
sustancial, y vulneró el derecho al acceso a la justicia; y vi) decisión sin motivación
porque se limitó a afirmar que no encontró acreditado el error, sin un análisis
probatorio.
PRETENSIONES
Solicita que se deje sin efectos la sentencia del 8 de mayo de 2024 proferida por la
Sala Especial de Decisión núm. 14 del Consejo de Estado y se ordene a esa
autoridad judicial dicte una decisión de reemplazo, en la que efectúe una valoración
integral del expediente y una correcta interpretación del régimen de interrupción de
prescripción, y aplique el precedente.
ACTUACIÓN PROCESAL
El 30 de enero de 2026, se admitió la demanda; se vinculó al Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla y a la Contraloría Distrital de Barranquilla,
como terceros con interés; y se corrió el traslado respectivo.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
La Sala Especial de Decisión núm. 14 del Consejo de Estado expuso que la
providencia y el expediente del recurso extraordinario de revisión contienen los
argumentos y elementos necesarios para que se adopte la decisión que en derecho
corresponda.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla indicó que no ha
vulnerado los derechos fundamentales del accionante, sino que, por el contrario, ha
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desplegado las actuaciones pertinentes para su protección, de allí que haya
resultado exento de responsabilidad en el proceso.
Adujo que la autoridad judicial accionada es la competente para una eventual
salvaguarda de derechos, por lo que carece de legitimación en la causa por pasiva,
por lo cual solicitó su desvinculación; en todo caso, manifestó que la tutela no
cumple con el requisito de inmediatez.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. [...].
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. [...]
1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
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M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. [...]
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. [...]»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. [...]
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. [...]
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
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Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.
[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a
los argumentos propuestos por el accionante, [...]. Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
A esta Subsección corresponde verificar si se superan los requisitos generales de
procedencia que habilitan el estudio de la sentencia controvertida, pues solo en el
evento de encontrarse satisfechos habría lugar a examinar los disensos esgrimidos.
Al respecto, se advierte que en el presente asunto no se cumple la exigencia de
inmediatez, como se procede a explicar.
El requisito de la inmediatez ha sido establecido jurisprudencialmente por la Corte
Constitucional, con el objetivo de que no se sacrifiquen los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre de las decisiones de las
autoridades judiciales. Lo anterior teniendo en cuenta que, primero, una eventual
determinación en sede de tutela podría dejar sin efectos un proveído, y, segundo,
está de por medio la protección de un derecho fundamental; situaciones que exigen
una actividad pronta por parte de quien considera que se le ha transgredido o
amenazado un derecho con ocasión de la emisión de cierta providencia.
En ese orden de ideas, se ha entendido que, si bien la tutela no está sometida a un
término de caducidad, sí debe ser formulada en un plazo razonable y proporcionado.
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Sentencia SU-074 de 2022.
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Sentencia SU-074 de 2022.
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Sentencia SU-072 de 2018.
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Así, esta corporación ha estimado como término prudencial para instaurar la acción
constitucional referida para controvertir decisiones judiciales seis meses contados
desde la notificación o ejecutoria, según el caso, del respectivo auto o sentencia7.
No obstante, resulta pertinente aclarar que dicho plazo debe ser analizado según
las particularidades de cada asunto a efectos de determinar si el mecanismo de
salvaguarda de derechos fundamentales se formuló en un lapso razonable. Así las
cosas, el juez constitucional debe examinar si 1) existe un motivo válido para la
inactividad; 2) la tardanza injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión; 3) hay un nexo causal entre el ejercicio tardío
y la vulneración alegada; 4) el fundamento de la acción surge después de ocurrida
la actuación violatoria de los derechos fundamentales, en un plazo no muy alejado
de la instauración; 5) la vulneración es permanente en el tiempo y 6) la carga de la
presentación de la acción en un plazo razonable resulta desproporcionada, dada la
condición de debilidad manifiesta de la parte accionante8.
Esclarecidas las generalidades de esta exigencia, la Subsección advierte que el 30
de mayo de 2024 la Secretaría General del Consejo de Estado envió mensaje de
datos para notificar la sentencia del 8 de mayo de 2024 proferida en el recurso
extraordinario de revisión, objeto de esta acción. Sin embargo, se observa que el
accionante radicó esta acción el 11 de diciembre de 2025, esto es, transcurridos
más de un año y seis meses desde que la decisión controvertida en esta sede fue
notificada y adquirió ejecutoria, lo que evidencia el incumplimiento del requisito de
inmediatez.
Sobre el particular, el solicitante del amparo afirmó que el 11 de diciembre de 2025
fue notificado del auto mediante el cual se aprobó la liquidación de costas; sin
embargo, esa situación no tiene la naturaleza para modificar el término de
inmediatez, pues, de un lado, no está discutiendo dicho proveído y, de otro, como
se explicó, desde el 8 de mayo de 2024 el actor tenía conocimiento de la decisión
que pretende cuestionar en esta sede, sin que exista alguna justificación para la
instauración tardía de esta acción.
Además, revisado el expediente no se advierte que se presente alguna situación
excepcional que permita conocer de fondo la acción, ya que con la decisión
cuestionada en esta sede no se vulnera el núcleo esencial de derechos de terceros,
no existe un nexo causal entre el ejercicio tardío y la transgresión invocada, por lo
que la exigencia de la instauración de la acción en tiempo no resulta
desproporcionada para el accionante.
El incumplimiento del requisito de inmediatez y la inexistencia de alguna justificación
para ello impiden el estudio de los reparos expuestos, por lo cual se declarará
improcedente la acción.
7 Al respecto, ver, entre otras: Sentencia del 5 de agosto de 2014 dictada por la Sala Plena del Consejo de
Estado, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Demandante:
Alpina Productos Alimenticios S.A.
8 Ver, entre otras: sentencias SU184/19, T246/15 y T187/12.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR improcedente la acción, de conformidad con la parte motiva
de esta providencia.
Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
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