RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07931-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07931-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07931-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo. La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07931-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

23 de abril de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07931-01
Demandante: Marcial Bandera Beleño

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 23 de abril de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07931-01
Demandante: MARCIAL BANDERA BELEÑO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SALA ESPECIAL DE DECISIÓN Nº 14.

Temas: Contra providencia judicial que declaró infundado un recurso
extraordinario de revisión. Defecto fáctico. Improcedencia de la acción
de tutela. Requisito de inmediatez.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 19
de febrero de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
que declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 11 de diciembre de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el
señor Marcial Bandera Beleño pidió la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 8
de mayo de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N.º 14,
que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión con radicado 11001-03-15-
000-2021-00506-00.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Se ampare mis derechos fundamentales vulnerados.
2. Se deje sin efectos la sentencia del 8 de mayo de 2024, proferida por la Sala Especial de Decisión
No. 14 del Consejo de Estado, dentro del expediente 11001-03-15-000-2021-00506-00.
3. Se ordene a la autoridad judicial accionada emitir una nueva sentencia, ajustada a:
• La valoración íntegra del expediente
• El precedente aplicable
• La correcta interpretación del régimen de interrupción de prescripción
• La doctrina constitucional sobre decisiones motivadas y debido proceso
4. Se adopten las medidas necesarias para garantizar la protección efectiva de los derechos laborales
y sancionatorios del accionante.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El tutelante promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el distrito
de Barranquilla y la Contraloría Distrital de Barranquilla para que se ordenara el pago de

1 Índice 1 de Samai, expediente de primera instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07931-01
Demandante: Marcial Bandera Beleño

la sanción moratoria prevista en el artículo segundo de la Ley 244 de 1995, por el pago
tardío de sus cesantías definitivas.

La demanda se adelantó bajo el radicado 08001-23-33-000-2015-90128-00 y
correspondió al Tribunal Administrativo del Atlántico que, por sentencia del 20 de octubre
de 2016, accedió parcialmente a las pretensiones al considerar que la entidad
demandada debió pagar las cesantías a más tardar el 31 de julio de 2004 y como ello no
ocurrió, se debía reconocer y pagar la sanción moratoria pretendida.

Que el demandante había presentado la reclamación administrativa el 28 de agosto de
2014, por lo que habían prescrito las reclamaciones anteriores al 28 de agosto de 2011.

Inconforme, la Contraloría Distrital de Barranquilla apeló y el 16 de octubre de 2020, el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, revocó la decisión para, en su lugar,
declarar probada la excepción de prescripción de la sanción moratoria, al estimar que la
reclamación administrativa se debía presentar dentro de los tres años siguientes a la
exigibilidad de la sanción moratoria, so pena de operar la prescripción.

Que la Contraloría Distrital de Barranquilla, a través de la Resolución CTR-RS 047 del 30
de junio de 2004, reconoció al demandante las cesantías definitivas, que esa resolución
fue notificada por edicto fijado el 12 de agosto de 2004 y desfijado el 27 de agosto de ese
mismo año. Que, por lo anterior, el término de exigibilidad de la sanción moratoria
empezaba a correr desde el 10 de noviembre de 2004, de acuerdo con el siguiente
cuadro:

Que, por lo tanto, el demandante debía presentar la reclamación administrativa a más
tardar el 10 de noviembre de 2007, que, sin embargo, se había radicado el 28 de agosto
de 2014, cuando ya había operado la prescripción, conforme con la sentencia de
unificación CE-SUJ-SII-022-2020 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
el 6 de agosto de 2020.

El 9 de febrero de 2021, el señor Marcial Bandera Beleño presentó recurso extraordinario
de revisión contra la sentencia del 16 de octubre de 2020, con fundamento en las
causales 1 y 5 del artículo 250 del CPACA.

Dijo que se le habían reconocido las cesantías definitivas con la Resolución 477 del 30
de junio de 2004, que ese acto administrativo había sido notificado por edicto desfijado
el 12 de agosto de 2004 y que había quedado ejecutoriado el 3 de septiembre siguiente,
por lo que el término de 45 días para el pago de la prestación reconocida vencía el 9 de
noviembre de 2004.

Que había solicitado el pago de las cesantías el 5 de abril de 2005, el 31 de marzo de
2008 y el 28 de agosto de 2014, pero que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, para declarar la prescripción, solo había tenido en cuenta la última
petición.

El recurso se adelantó bajo el radicado 11001-03-15-000-2021-00506-00 y correspondió
al Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión Nº 14, que, por proveído del 8 de mayo
de 20242, lo declaró infundado y la condenó en costas a la recurrente.

2 Comunicado por correo electrónico del 30 de mayo de 2024, es decir, que quedó debidamente notificado el 3 de junio

siguiente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07931-01
Demandante: Marcial Bandera Beleño

Explicó que no se configuraron las causales alegadas, que, por un lado, respecto a la
causal 1 del artículo 250 del CPACA, la parte actora no invocó como fundamento una
circunstancia de fuerza mayor que le impidiera aportar alguna documental que pudiera
cambiar la decisión recurrida.

Que, por otro lado, con relación a la causal 5 del CPACA, la recurrente no expuso la
configuración de ninguna causal de nulidad que hubiera podido originarse en la sentencia
y que, al verificar la providencia objetada, tampoco observaba ninguna causal de nulidad
ni la violación al debido proceso que ameritara la procedencia del recurso extraordinario
de revisión.

Finalmente, que el juez de la revisión no se encuentra facultado para reabrir debates de
instancias ordinarias y que el recurso extraordinario de revisión no era una tercera
instancia.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En concreto, respecto del requisito de inmediatez, señaló que el 11 de
diciembre de 2025 le fue notificada la liquidación de las costas impuestas en el trámite
del recurso extraordinario de revisión, por lo que, a su juicio, la solicitud de amparo había
sido presentada dentro de un término razonable.

En cuanto al fondo del asunto, alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en los
siguientes vicios de fondo:

Defecto fáctico porque omitió valorar las reclamaciones administrativas que presentó en
los años 2005 y 2008 que interrumpían la prescripción, lo que implicó una falta de
apreciación de pruebas conducentes, una errada conclusión sobre la prescripción y el
quebrantamiento del principio de verdad material.

Defecto sustantivo por aplicación irracional del artículo 250 del CPACA, con lo que se
desconoció que la prescripción <<se interrumpe con cualquier reclamación del interesado>> y
que la sanción moratoria tenía naturaleza patrimonial y protectora, por lo que el fenómeno
jurídico de la prescripción debía interpretarse conforme con los principios pro actione y
pro operario.

Procedimental absoluto debido a que la autoridad judicial demandada no verificó el
expediente.

Violación directa de la Constitución, puesto que se desconocieron principios laborales,
se vulneró su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y se
desconoció la primacía del derecho sustancial.

Decisión con motivación aparente, ya que la providencia acusada se limitó a decir que
no se encontraba acreditado el error, sin realizar estudio del material probatorio, que,
además, no hubo análisis sobre documentos esenciales y se emitió una motivación
formal, insuficiente y vacía.

5. Intervenciones

La alcaldía de Barranquilla pidió que se declarara que no ha vulnerado los derechos
fundamentales de la parte actora y que se le desvinculara del trámite constitucional.
Adicionalmente, que se declarara improcedente la solicitud de amparo por incumplir el
requisito de inmediatez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07931-01
Demandante: Marcial Bandera Beleño

Dijo que no tenía vocación para proteger los derechos fundamentales reclamados y que
la autoridad judicial demandada era la competente para dar una eventual protección a la
tutelante, por lo que, a su juicio, carecía de legitimación en la causa por pasiva.

El magistrado del Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N.º 14, ponente de la
providencia acusada, señaló que en el expediente y en el proveído del 8 de mayo de
2024 se encontraban los argumentos y elementos necesarios para que el juez
constitucional adoptara la decisión que en derecho corresponda, por lo que estará presto
a atender lo que se disponga.

La Contraloría Distrital de Barranquilla no se pronunció, pese a que fue debidamente
notificada.

6. Sentencia Impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, declaró improcedente la acción
de tutela, al considerar que incumplía el requisito de inmediatez y porque no se expuso
ninguna justificación sobre la interposición de la solicitud de amparo de forma tardía.

7. Impugnación

La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, conceder el amparo solicitado.

Argumentó que la decisión impugnada efectuó una interpretación excesiva y restrictiva
del requisito de inmediatez. Que, de acuerdo con la sentencia SU-184 de 2019 dictada
por la Corte Constitucional, se debía tener en cuenta si existían motivos válidos para la
inactividad, si la vulneración era permanente y si la exigencia del término resultaba
desproporcionada.

Que en su caso la vulneración era actual y permanente, debido a que la negativa del
recurso extraordinario de revisión mantenía incólume una decisión que desconocía
derechos fundamentales de carácter laboral y prestacional.

Que la decisión que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión produjo
efectos permanentes y afectó sus derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

Que la sentencia impugnada no analizó ninguno de los defectos que alegó, al limitar su
análisis exclusivamente al requisito de inmediatez. Que la sentencia SU-215 de 2022
proferida por la Corte Constitucional precisó que, cuando se cuestionaban providencias
de altas cortes, el análisis debía ser estricto, pero no formalista, al punto de impedir el
examen de transgresiones evidentes.

Que en la sentencia T-187 de 2012 la Corte Constitucional reiteró que cuando la
afectación es actual y produce efectos jurídicos adversos la acción de tutela puede
proceder aun cuando haya trascurrido un lapso considerable. Que en su caso la
afectación patrimonial subsistía, la vulneración al debido proceso permanecía y no existía
otro mecanismo judicial disponible.

Que la providencia impugnada privilegió un criterio temporal rígido sobre la protección
material de garantías fundamentales, con lo que se desconocía el principio pro actione,
de interpretación más favorable y de prevalencia del derecho sustancial.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07931-01
Demandante: Marcial Bandera Beleño

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela.

La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, por cuanto es cierto que la
solicitud de amparo no satisface el requisito de inmediatez, debido a que fue presentada
después de un año, seis meses y 11 días de haberse notificado la providencia objeto de
tutela.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la inmediatez y, finalmente, (iii) analizará el caso
concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos4 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La inmediatez

La inmediatez es un requisito de procedibilidad que el juez debe examinar, antes de
pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial, con el
fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna.

La inmediatez, en todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de la
acción de la tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un
término razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente, la
exigencia tiene razón de ser porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de derechos fundamentales y, por ende, se espera que el
interesado la ejerza en un tiempo razonable, prudencial, sin demora.

Ese mismo entendimiento ha sido expuesto por la Corte Constitucional, que ha señalado
que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en
riesgo de los derechos fundamentales del interesado y la presentación de la demanda5,
en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no solo tiene
que ver con la urgencia, sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a los
derechos de los terceros que pudieran resultar afectados.

Ahora, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses, contados a partir
de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término razonable para
ejercer la acción de tutela, en consideración a « la naturaleza del acto jurisdiccional, los
plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra
las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas

3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
5 Sentencia T- 123 de 2007.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07931-01
Demandante: Marcial Bandera Beleño

resueltas logren certeza y estabilidad»6.

4. El análisis del caso en concreto

En el sub lite, la Sala advierte que el demandante pretende que se deje sin efectos la
sentencia del 8 de mayo de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión Nº 14, que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión con radicado
11001-03-15-000-2021-00506-00.

Ahora bien, consultado el mencionado expediente en el aplicativo sistema para la gestión
judicial SAMAI, se advierte que la providencia del 8 de mayo de 2024 fue comunicada a
las partes por correo electrónico del 30 de mayo de 2024, de modo que fue efectivamente
notificada el 3 de junio siguiente, en atención al numeral segundo del artículo 2057 del
CPACA.

Por su parte, la demanda de tutela fue presentada el 11 de diciembre de 20258, esto es
luego de un año, seis meses y 11 días de haberse notificado la providencia objeto de
tutela, término que supera el plazo límite previsto por la Sala Plena de esta Corporación.

La Sala no desconoce que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al
juez a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir
circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la omisión que
vulnera los derechos fundamentales sean permanentes, persisten en el tiempo y hacen
que la violación sea siempre actual.

En este caso, sin embargo, no se advierte alguna circunstancia de modo, tiempo o lugar
que justifique la demora en presentar la acción de tutela.

Con mayor razón, si se tiene en cuenta que quien dictó la sentencia cuestionada fue el
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, evento en el que los
requisitos de procedibilidad son más estrictos. Así lo explicó la propia Corte
Constitucional, en la sentencia T-398 de 2017.

Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o del
Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los requisitos
de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos de cierre de
la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia.
Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el
alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e independencia
judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener
una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.

Si la parte demandante estimaba que la providencia del 8 de mayo de 2024 vulneró sus
derechos fundamentales, lo propio era que presentara la acción de tutela tan pronto como
fuera notificada. Cuando se cuestionan providencias judiciales, la oportunidad de la
solicitud de amparo se determina a partir del momento en que se notifica la providencia
acusada, pues la notificación supone que las partes tienen conocimiento de las
decisiones judiciales.

6 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Ex. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina

Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas: […] 2. La notificación de la

providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los
términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.
8 Índice 1 de Samai, expediente de primera instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07931-01
Demandante: Marcial Bandera Beleño

La Sala no desconoce que luego de que se dictó la providencia acusada se adelantó el
trámite de liquidación de costas, sin embargo, ello no tiene la virtualidad de alterar el
plazo razonable establecido por la Sala Plena de esta Corporación para interponer
acciones de tutela contra providencias judiciales. Máxime si se tiene en cuenta que ese
trámite de liquidación de costas no está relacionado con los fundamentos de la sentencia
del 8 de mayo de 2024 que pretende controvertir la tutelante.

Lo anterior es suficiente para confirmar la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la solicitud de amparo promovida por el señor Marcial Bandera Beleño.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.