Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07939-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07939-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07939-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
8 de mayo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07939-01
Demandante: Carmen Helena Rodríguez Aldana
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07939-01
Accionante: Carmen Helena Rodríguez Aldana
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial-carácter subsidiario del amparo. Requisitos
de procedencia. Improcedencia - Subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra de la sentencia
proferida el 19 de febrero de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Carmen Helena Rodríguez Aldana, en nombre propio, promovió acción de tutela con el
propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la
seguridad social, al trabajo y al acceso efectivo a la administración de justicia, los cuales
estimó vulnerados por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, con ocasión del auto de 5 de diciembre de 2025, mediante el cual se
revocó la medida cautelar de embargo decretada dentro del proceso ejecutivo identificado
con el radicado núm. 11001-33-35-016-2025-00090-00/01.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:
2.1. La señora Carmen Helena Rodríguez Aldana prestó sus servicios durante más de
una década en el sector salud del Distrito Capital, en labores permanentes y esenciales
para el funcionamiento de la entidad.
2.2. Con fundamento en lo anterior, promovió demanda ejecutiva contra la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., con el fin de obtener el pago de la sentencia
de 31 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual se reconoció la existencia de una
relación laboral encubierta en diversos contratos de prestación de servicios y se condenó
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07939-01
Demandante: Carmen Helena Rodríguez Aldana
a dicha entidad al pago de prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de
percibir entre el 16 de octubre de 2004 y el 17 de julio de 2016.
2.3. En el marco del proceso ejecutivo, la demandante solicitó como medidas cautelares
el embargo y retención de los dineros que la entidad ejecutada tuviera en la cuenta de
ahorros, así como el embargo y secuestro de un bien inmueble de su propiedad.
2.4. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de
Bogotá, bajo el radicado núm. 11001-33-35-016-2025-00090-00. Dicho despacho,
mediante auto de 20 de mayo de 2025, libró mandamiento de pago y, en providencia
separada de la misma fecha, decretó el embargo y retención de los dineros existentes en
la cuenta señalada, limitado a la suma de $230.000.000, al considerar procedente la
medida conforme a lo dispuesto en el Código General del Proceso, por tratarse de
acreencias de naturaleza laboral.
2.5. En relación con la medida cautelar sobre el bien inmueble, el Juzgado Dieciséis
Administrativo Oral de Bogotá dispuso requerir a la entidad ejecutada para que certificara
su destinación.
2.6. Inconforme con lo anterior, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE
interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación . En dicho escrito alegó que
se encontraba en riesgo de sostenibilidad financiera; que dicha situación obedecía, entre
otras causas, al incumplimiento en los pagos por parte de las EPS; y que la medida
cautelar vulneraba la inembargabilidad de los recursos destinados a la salud y afectaba
el derecho fundamental de sus usuarios, en tanto dichos recursos, por su naturaleza
parafiscal, no podían destinarse a fines distintos a los previstos en la ley.
2.7. Asimismo, sostuvo que la cuenta bancaria afectada no estaba destinada al pago de
sentencias judiciales, sino que correspondía a un fondo común orientado a la prestación
del servicio de salud, lo que la hacía inembargable.
2.8. Mediante auto de 8 de julio de 2025, el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de
Bogotá decidió no reponer la medida cautelar decretada; precisó que esta recaía
únicamente sobre recursos destinados al pago de sentencias, conciliaciones e ingresos
corrientes de libre destinación; y concedió, en el efecto devolutivo, el recurso de apelación
interpuesto.
2.9. Posteriormente, por auto de 5 de diciembre de 2025, la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, revocó la medida cautelar de
embargo, al considerar que la entidad ejecutada se encontraba en una situación
excepcional de sostenibilidad financiera, en la que debía privilegiarse la continuidad en
la prestación del servicio público de salud, sin desconocer la necesidad de garantizar el
cumplimiento de sus obligaciones cuando se lograra su estabilización económica.
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Demandante: Carmen Helena Rodríguez Aldana
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
3.1. La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital,
a la seguridad social, al trabajo y al acceso a la administración de justicia, al considerar
estos fueron vulnerados con ocasión del auto de 5 de diciembre de 2025, proferido por la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante el cual se revocó la medida cautelar de embargo decretada dentro del proceso
ejecutivo identificado con el radicado bajo el núm. 11001-33-35-016-2025-00090-00/01.
En consecuencia, solicitó dejar sin efectos dicha providencia y ordenar la adopción de
una nueva decisión que garantice la ejecución efectiva de la sentencia laboral, así como
el decreto de medidas cautelares sobre bienes o recursos no esenciales.
3.2. Si bien la parte actora no desarrolló de manera expresa los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ni identificó con
precisión los defectos alegados, la Sala advierte que de sus planteamientos es posible
inferir la presunta configuración de un defecto fáctico, en cuanto atribuye al Tribunal la
omisión en la valoración de elementos relevantes relacionados con la disponibilidad de
recursos, la destinación de la cuenta objeto de embargo, la existencia de bienes
susceptibles de afectación y el impacto de la decisión en sus derechos fundamentales.
3.3. En sustento de su solicitud, sostuvo que la autoridad judicial incurrió en una indebida
valoración probatoria, al asumir la inexistencia de recursos disponibles sin verificar la
ejecución presupuestal de la entidad, en particular lo relacionado con el Contrato
Interadministrativo 804 de 2025. Asimismo, indicó que no se analizó adecuadamente la
destinación de la cuenta bancaria objeto de la medida cautelar, identificada para el pago
de sentencias y conciliaciones, ni la existencia de recursos de libre destin ación o bienes
susceptibles de embargo sin afectar la prestación del servicio de salud.
3.4. Adicionalmente, señaló que el Tribunal omitió valorar el impacto concreto de la
revocatoria de la medida cautelar sobre su situación particular, en especial frente a su
mínimo vital, seguridad social y condiciones de subsistencia, así como la naturaleza del
incumplimiento, que, según afirma, no obedece a una imposibilidad real de pago. En ese
contexto, sostuvo que la decisión la dejó en una situación de indefensión material, al
privarla de mecanismos eficaces para obtener el cumplimiento de la sentencia, tornando
el proceso ejecutivo en un trámite meramente formal.
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 13 de enero de 20261, la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
admitió la acción de tutela; dispuso la vinculación del Juzgado Dieciséis Administrativo
Oral de Bogotá y del gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE; y
ordenó notificar a los sujetos procesales.
Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
1 Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado B8180860803B3726 E41F2E40C19B266D
8813BCD26C830FA7 09B91C5100D3D050.
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Demandante: Carmen Helena Rodríguez Aldana
4.1. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca2, sostuvo que los reproches formulados por la parte accionante carecen
de suficiencia argumentativa y probatoria, en tanto no precisó los bienes o recursos
susceptibles de embargo ni desvirtuó la presunción de legalidad de la decisión,
particularmente en lo relacionado con la destinación de los recursos.
Asimismo, indicó que la sola alegación de vulneración de derechos fundamentales no
resulta suficiente, y que no se acreditó una situación de especial protección que justificara
un tratamiento preferente, ni que la información proveniente de medios de comun icación
constituya prueba idónea.
En ese contexto, concluyó que la decisión cuestionada se adoptó con fundamento en el
material probatorio y en las normas aplicables, sin que se configure defecto alguno, por
lo que no se evidencia vulneración de los derechos fundamentales invocados.
4.2. El Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Bogotá 3, en atención a la acción de
tutela, efectuó un recuento del trámite procesal del proceso ejecutivo promovido por la
señora Carmen Helena Rodríguez Aldana, indicando que fue repartido el 7 de marzo de
2025, inadmitido y posteriormente subsanado, y que median te auto de 20 de mayo de
2025 se libró mandamiento de pago, decisión confirmada al resolverse
desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto.
Asimismo, señaló que en la misma fecha decretó la medida cautelar de embargo y
retención de dineros de la entidad ejecutada, decisión frente a la cual se interpuso recurso
de apelación, concedido el 8 de julio de 2025 y remitido al Tribunal Administrativo el 21
de octubre de 2025; añadió que durante el trámite se presentaron solicitudes de
suspensión y de reconocimiento de remanentes en otro proceso ejecutivo.
Finalmente, indicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la medida
cautelar mediante providencia de 5 de diciembre de 2025 y, con fundamento en lo
anterior, solicitó negar o declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que ha
actuado conforme a la Constitución y la ley, sin vulnerar derecho fundamental alguno.
4.3. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE guardó silencio respecto de
la solicitud de tutela a pesar de haber sido notificada en debida forma.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 19 de febrero de 20264, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que no se superó el requisito de
subsidiariedad.
2 Índice 000008 del expediente digital de primera instancia, certificado B8189F847C13FC07 C7B2A76D3E2A1BB5
AD23EE6612ED0183 F9FEEE72C91E7FED.
3
Índice 000009 del expediente digital de primera instancia, AB2999B0268A4E32 3539934057978ED3
56B95FB7E012C9AF 746B7DFC35D83BEC.
4 Índice 00012 del expediente digital de primera instancia, certificado 6BE7355ABD7AC116 89F902DDAB94E221
8B4FE92546222820 A836EC0BF236892E.
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Demandante: Carmen Helena Rodríguez Aldana
La Sala constató que, del análisis del expediente y de la información registrada en el
aplicativo SAMAI, se trata de un proceso judicial en curso, respecto del cual no se ha
proferido una decisión definitiva, por lo que no resulta procedente la intervención del juez
constitucional en la órbita del juez natural.
En ese sentido, recordó que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los
mecanismos ordinarios constituyen el escenario principal para la protección de los
derechos fundamentales, y que la acción de tutela contra providencias judiciales ti ene
carácter excepcional. Asimismo, advirtió que no se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable que justificara la intervención urgente del juez de tutela, en tanto no se
demostró una situación de urgencia, inminencia o gravedad. Por el contrario, destacó que
el proceso ejecutivo continúa en trámite y que la parte actora cuenta con la posibilidad de
solicitar nuevamente medidas cautelares dentro del mismo.
6. Impugnación
El accionante presentó escrito de impugnación5 contra la decisión de primera instancia,
al considerar que la acción de tutela sí resulta procedente de manera excepcional cuando
una decisión judicial impide la ejecución efectiva de una sentencia o genera un perjuicio
irremediable. En ese sentido, sostuvo que, contrario a lo señalado por el a quo, en el
presente caso se configura un perjuicio grave, urgente e impostergable, dado que la
ausencia de medidas cautelares impide el pago de acreencias laborales de naturaleza
alimentaria y torna ineficaz el proceso ejecutivo.
Asimismo, indicó que existen elementos que desvirtúan la supuesta imposibilidad de
embargo, y que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico al revocar la medida cautelar sin
valorar adecuadamente la naturaleza de los recursos ni aplicar un análisis de
proporcionalidad. En consecuencia, solicitó revocar la decisión impugnada y conceder el
amparo; subsidiariamente, pidió ordenar a la autoridad judicial proferir una nueva decisión
debidamente motivada que garantice la efectividad de la sentencia.
El magistrado ponente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través de auto del
6 de marzo de 20266, concedió la impugnación interpuesta por la parte accionante.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.
5 Índice 00016 del expediente digital de primera instancia, certificado 0D0ECB9283843AE5 36CA400ABF74A8F0
390B46A62E1E9E6E B0E1490FE026B767.
6 Índice 00020 del expediente digital de primera instancia, certificado D3AC6C8630F9B839 2481FB535AA8D117
ECB4B925DC75E59D 0BB2496103D6A0A9.
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Demandante: Carmen Helena Rodríguez Aldana
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
Carmen Helena Rodríguez Aldana es la titular de las garantías constitucionales que
afirma fueron vulneradas, en su condición de demandante dentro del proceso ejecutivo
identificado con el radicado núm. 11001-33-35-016-2025-00090-00/01.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque la Subsección
B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es la autoridad
que dictó el auto dentro del proceso del proceso ejecutivo y que, según el tutelante,
vulneró sus derechos fundamentales.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
proferida el 19 de diciembre de 2025 por el Consejo de Estado-Sección Cuarta, que
declaró improcedente la acción de tutela.
Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20057 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela 8 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 9.
7 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
9 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos
o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna
de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico,
que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad
judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el
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Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”10.
4.1. Subsidiariedad.
El carácter subsidiario de la acción de tutela está definido expresamente en el artículo 86
Superior como presupuesto general de procedencia de la misma, al establecer que “solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su
vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de
1991.
Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es un mecanismo
principal de defensa de los derechos fundamentales, por lo tanto, se debe acudir a los
mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa que resulten idóneos y eficaces para
su amparo, con el fin de: i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta a la
que adelanta el proceso ordinario; ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta
los mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y iii) qu e los ciudadanos
observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la forma
de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas
al interior de un proceso judicial 11.
Sobre el particular, en la sentencia T – 053 de 2020, la Corte Constitucional precisó los
siguientes tres eventos que hacen improcedente la tutela contra providencia judicial por
no superar el requisito de subsidiariedad:
“[...] (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) si se usa
para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico” (La Sala subraya).
Por lo anterior, la Corte Constitucional precisa que la tutela no se puede emplear para
“obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las instancias ordinarias
de la respectiva jurisdicción”12, los tutelantes no pueden pretender que el juez
constitucional invada las competencias del juez ordinario para resolver el conflicto.
material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina
en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o
existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad
judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente co nstitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplic ación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
11 Ver sentencia de la Corte Constitucional T-017 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
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Corte Constitucional, Sentencia SU-599 de 1999, reiterada en la Sentencia T-610 de 2015.
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5. Caso concreto
La Sala anuncia que confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente el amparo, por cuanto no se supera el requisito de subsidiariedad,
conforme a las razones que se exponen a continuación:
5.1. Del análisis del escrito de tutela se advierte que la parte actora solicitó la protección
de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, al trabajo y al
acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados con ocasión del auto de
5 de diciembre de 2025, proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual se revocó la medida cautelar de
embargo decretada dentro del proceso ejecutivo.
En sustento de su solicitud, sostuvo que la autoridad judicial incurrió en una indebida
valoración probatoria, al asumir la inexistencia de recursos disponibles sin verificar la
ejecución presupuestal de la entidad. Asimismo, indicó que no se analizó de manera
adecuada la destinación de la cuenta bancaria objeto de la medida cautelar ni la
existencia de recursos o bienes susceptibles de embargo sin afectar la prestación del
servicio de salud. Igualmente, afirmó que la decisión cuestionada no valoró el impacto
concreto en su situación personal, en particular frente a su mínimo vital y a sus
condiciones de subsistencia, lo que, a su juicio, la dejó en estado de indefensión material.
5.2. Del estudio integral del expediente de tutela, del proceso ordinario y de los
documentos allegados, la Sala advierte que el proceso ejecutivo promovido por la señora
Carmen Helena Rodríguez Aldana contra la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
E.S.E., identificado con el radicado núm. 11001-33-35-016-2025-00090-00/01, se
encuentra en curso.
En efecto, se constató que, mediante providencia de 5 de diciembre de 2025, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca revocó la medida cautelar decretada en primera
instancia y dispuso la continuación del proceso conforme a las reglas legales aplicables.
En el referido auto, se determinó lo siguiente:
“La Sala analiza que la pretensión central se fundamenta en la sentencia que
reconoce el pago de acreencias laborales, los recursos para satisfacer esta
obligación repercuten en el patrimonio de la entidad, pertenecientes al Sistema de
Seguridad Social en Salud dada su naturaleza y circunstancia especial ya descrita.
De esta forma, acorde lo expuesto, este capital al cual se accedió a una
destinación puntual que no obedece al cumplimiento de su misión, de lo
desarrollado se tiene que, ante una circunstancia anormal, es un rubro que será
dispuesto para el funcionamiento de sanidad. Dado ese carácter especial,
enmarcado en lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 594 de la Ley 1564 de
2012, es de carácter inembargable pues son recursos destinado al sistema en su
integralidad para su funcionamiento, por lo tanto, para el mantenimiento de la
seguridad social y determinado al cumplimiento de otros derechos fundamentales.
En consecuencia, si bien esta Corporación comprende la premura de la parte
ejecutante dada la situación de este particular sistema de salud distrital, la
jurisdicción ya ha reconocido su derecho tanto en sede declarativa como ahora en
el medio de control ejecutivo, en la medida que se dictó el correspondiente
mandamiento ejecutivo. De esta forma, se revocará la decisión proferida en
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Demandante: Carmen Helena Rodríguez Aldana
primera instancia negando el decreto de la medida y el a quo continuará dando el
trámite al presente asunto en los términos de ley.”
En dicha providencia, la autoridad judicial consideró que, si bien la obligación reclamada
corresponde a acreencias laborales reconocidas judicialmente, los recursos de la entidad
ejecutada están destinados a la prestación del servicio público de salud y h acen parte del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, por lo que, en las circunstancias del caso,
tienen carácter inembargable.
Asimismo, señaló que el análisis de la medida cautelar debe ser integral, atendiendo el
contexto financiero y funcional de la entidad, en tanto el embargo podría afectar de
manera desproporcionada la continuidad del servicio. En consecuencia, decidió revocar
la medida cautelar y ordenar la continuación del trámite ejecutivo.
5.3. Cabe precisar que, al encontrarse el proceso ejecutivo en curso y no haberse
proferido una decisión definitiva, la parte ejecutante dispone de mecanismos judiciales
idóneos dentro del trámite ordinario para la protección de sus derechos, en particular, la
posibilidad de solicitar nuevamente el decreto de medidas cautelares. En ese sentido, el
impulso procesal correspondiente debe surtirse ante el juez natural del proceso, esto es,
el Juzgado Dieciséis Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, en tanto es en
dicha sede donde se garantiza la ejecución efectiva de la sentencia.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 599 y siguientes del Código
General del Proceso, aplicables por remisión del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, el juez puede decretar el embargo y secuestro de
bienes del ejecutado como mecanismos para asegurar el cumplimiento de la obligación,
los cuales pueden ser solicitados durante el trámite del proceso ejecutivo, conforme a las
circunstancias del caso. En ese contexto, resulta procedente que la parte interesada
promueva nuevamente su decreto cuando se identifiquen bienes susceptibles de
afectación o se aporten nuevos elementos que permitan su procedencia.
Bajo ese entendido, la Sala no puede desconocer el carácter subsidiario y residual del
amparo constitucional, pues ello implicaría invadir la órbita de competencias del juez
natural y desplazar los mecanismos ordinarios previstos para la ejecución del crédito,
cuyo análisis aún se encuentra pendiente en la jurisdicción contencioso-administrativa.
5.4. Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que la parte actora incumplió el
requisito de subsidiariedad, en tanto el asunto planteado debe ser resuelto por el juez
natural dentro del proceso ejecutivo en curso. En ese contexto, no corresponde al juez
constitucional intervenir de manera anticipada, pues la acción de tutela no puede ser
utilizada como mecanismo alternativo o sustitutivo de los medios ordinarios de defensa
judicial, salvo que se acredite su ineficacia o insuficiencia, lo cual no se eviden cia en el
presente caso.
Aceptar lo contrario implicaría desconocer el carácter residual de la acción de tutela e
invadir la órbita de competencias del juez natural, a quien corresponde continuar el
trámite del proceso y adoptar las decisiones pertinentes conforme a derecho.
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Demandante: Carmen Helena Rodríguez Aldana
5.5. Finalmente, tampoco procede la acción de tutela como mecanismo transitorio de
protección, dado que la parte actora no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable
que justifique la flexibilización excepcional de la regla de subsidiariedad. En efecto, la
sola invocación de dicho perjuicio no resulta suficiente, pues este debe demostrarse de
manera concreta, circunstancia que no se evidencia en el caso bajo estudio.
5.6. De acuerdo con las particularidades procesales expuestas, se advierte que la acción
de tutela no supera el requisito de subsidiariedad, por lo que se confirmará la decisión de
primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de febrero de 2026 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de
tutela interpuesta por Carmen Helena Rodríguez Aldana contra la Subsección B de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
ECG
10
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